Humberto Pérez, autor invitado de este blog, Ministro- Presidente de la Junta Central de Planificación (1976-1985) y Vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba (1979-1985), hace observaciones críticas a las propuestas del autor del blog y sugiere una variante de revaluación del peso cubano que considera que permitiría aumentar los salarios estatales.
4 de julio de 2017
Estimado Pedro Monreal,
Me refiero a tus notas REVISADAS de ayer 3 de julio, en respuesta a las dudas y preocupaciones que te hice llegar sobre dos de tus últimos artículos relacionados con el nivel de los salarios en Cuba.
[Nota del blog:¨El mercado, lo privado y la desigualdad: del relato al dato¨ (El Estado como tal, 14 de junio de 2017, ver aquí) y ¨Los salarios estatales en Cuba ¿calculo residual o condición indispensable? ¨ (El Estado como tal, 23 de junio de 2017, ver aquí)].
Te reitero mi agradecimiento por el interés que has demostrado ante mis observaciones, por el tiempo que les has dedicado y por la profesionalidad que, como siempre, has mostrado al responderlas.
A partir de tu aclaración de que el segundo artículo no es realmente una propuesta sino una fundamentación de lo que debe entenderse por salario mínimo y sobre qué base determinar su monto aconsejable, me concentraré en las propuestas de tu primer artículo que ahora en estas notas desarrollas y apoyas con datos y cálculos de como tú entiendes que pudieran implementarse sorteando los desaguisados que generarían, en cuanto a su respaldo material y a importantes incongruencias con las cuentas nacionales del país.
Comienzo por reiterar que comparto conceptualmente el criterio de que el salario mínimo debía corresponderse como salario real con el costo a precios corrientes de la canasta básica correctamente calculada, sea este el de los 2000 pesos mensuales que arroja la encuesta en que te apoyas, o sea otro valor cualquiera.
Así mismo que los ingresos monetarios medios de los trabajadores deben corresponderse como ingreso real aproximadamente con el costo a precios corrientes del Producto Necesario, es decir de los bienes y servicios a comprar en el mercado minorista que permitan una reproducción normal del valor de la fuerza de trabajo del obrero y su familia, de tal manera que puedan sostener una vida “decente”.
En nuestro caso habría que tener en cuenta y deducir de ello el valor de los servicios educacionales y de salud que reciben gratuitamente y la cuota alimentaria subsidiada que se entrega mensualmente.
Comparto totalmente la apreciación de que en las condiciones actuales la pensión media de 270 pesos mensuales es insostenible en el contexto de nuestro modelo socialista. Yo recibo una pensión de 595 pesos mensuales (más del doble de la media) y apenas me alcanza para sufragar si acaso una cuarta parte de mis necesidades básicas.
Ahora bien, sigo considerando a tus propuestas concretas no suficientemente realistas, ni prácticas, ni ejecutables en el apremiante tiempo necesario en que debían aplicarse y comenzar a verse resultados, cosa que en bastante medida tú mismo reconoces.
Tus propuestas se pueden resumir en las dos fundamentales que planteas. Veámoslas por el orden en que las enumeras.
1) Reducir en 5 años la fuerza laboral empleada en el sector estatal pasando de los 3,5 millones con que cerró el 2016 a 1,75 millones al cierre del 2021, a un promedio anual de unos 350 mil que serían asimilados por el sector no estatal donde se pagan salarios varias veces mayores y en el que la productividad es más alta.
En relación con esta propuesta apunto los siguientes datos:
Al cierre del 2016, los trabajadores por cuenta propia (TCP) registrados eran 535 mil, cifra que se ha ido acumulando a lo largo de casi 25 años y de la que habría que descontar a los aproximadamente 150 mil que existían desde un inicio y que simplemente legalizaron su situación. El neto de nueva incorporación en esos más de 25 años es, por tanto, de solo unos 400 mil.
Si tomamos los últimos 5 años veremos que el total de TCP al cierre del 2011 era de 391,5 miles, al cierre del 2012 de 408,6 miles, al cierre del 2013 de 424,3 miles, al cierre del 2014 de 483,4 miles, al cierre del 2015 de aproximadamente 500 mil hasta llegar a 535 mil al cierre del 2016. Es decir, unos 143 mil de nueva incorporación en estos últimos 5 años a razón de unos 28 – 29 mil por año, siendo todavía menos de 40 mil en el 2016.
Si tomamos a todos los empleados del sector privado, que incluye a campesinos, empleados de las cooperativas no agropecuarias (CNoA) y otros, considerando la serie de datos desde el 2011 al cierre del 2014, que es hasta donde llega la información que dispongo, la cifra va de 928,5 mil en el 2011 a 1147,0 en el 2014. O sea, un aumento de 218,5 miles en 3 años a razón de unos 73 mil anuales.
Para lograr el traslado de 1,75 millones de trabajadores del sector estatal al no estatal en 5 años, cualquiera sea el año de partida que se tome, y que realmente puedan ser asimilados por este último, se requerirá una explosión en el desarrollo del mismo -medianas y pequeñas empresas (MYPYMES), TCP, cooperativas de producción agropecuaria (CPA), CNoA, sector campesino e inversión extranjera- de tal intensidad y magnitud, con los consiguientes y previos destrabes de todo tipo, diversificación de las actividades abiertas al sector no estatal y estimulación a su fomento y promoción, que no me parece realista y práctico como un objetivo alcanzable en 5 años y menos en estos próximos 5 años.
Subrayo lo de la diversificación de actividades abiertas a dicho sector porque, si partimos de la estructura actual de los TCP, vemos que la mayor concentración de los mismos se manifiesta en las actividades de “elaboración y venta de alimentos” (paladares), transporte de carga y pasajeros, salones de belleza y rentas de casas.
Los que actúan en estas cuatro actividades virtualmente no crean respaldo material en productos y servicios adecuado ni destinado a servir de contrapartida a los aumentos salariales que se produzcan en el sector estatal ni en general a los aumentos de la demanda solvente que reclame productos y servicios básicos para las familias.
En su mayor parte, y a veces exclusivamente, sus producciones y servicios están destinados a dar respuesta a un segmento limitado de los demandantes: a la demanda en divisas o en pesos cubanos convertibles (CUC) de los turistas y demás extranjeros que se mueven en el país, de los cubanos que reciben remesas suficientes o divisas directas por diferentes vías, a la demanda en CUC que se manifiesta horizontalmente en el circuito exclusivo y cerrado de los propios empresarios privados y cuentapropistas, es decir, no a dar respuesta principalmente a la demanda generada por la distribución primaria de ingresos a los trabajadores que no tienen acceso a CUC o lo tienen en pequeñas e insignificantes cuantías.
Asimismo, los TCP y demás privilegiados tenedores de suficientes divisas y CUC, ejercen una alta demanda solvente y absorbente en los mismos mercados minoristas y frente a los mismos surtidos de productos y servicios en variedad y cuantía que constituyen la oferta que debe dar respaldo material y respuesta también a la demanda solvente desfavorecida de trabajadores asalariados estatales y pensionados, debido a lo cual se explican y “justifican” económicamente, en la interrelación oferta-demanda, los desabastecimientos frecuentes y los altos precios solo al alcance de la minoría favorecida.
Por otro lado, no me parece saludable para nuestro proyecto socialista generar cambios y políticas tales que hagan tan atractivo laboralmente al sector no estatal en comparación con el estatal, que se provoque una fuga o estampida de trabajadores desde este último hacia el primero.
Para evitarlo, simultáneamente habría que hacer las reestructuraciones y cambios pertinentes en el sector estatal y sus entidades de tal manera que estas vayan alcanzando igualdad de condiciones en productividad, ingresos y estimulación en comparación con las del sector no estatal. Esto tampoco sería alcanzable en un período de 5 años a partir de la situación existente.
2) Propones ir elevando gradualmente el salario medio de los trabajadores del sector estatal desde los 740 del 2016 hasta llegar a 2800 en 2021, o sea en un periodo de 5 años, y elevar la pensión media hasta los 1000 pesos mensuales a partir de los 270 actuales.
Haces cálculos y partes de determinados supuestos que conducen a que el respaldo material neto necesario a los aumentos del salario en el sector estatal se vaya produciendo a la par que los incrementos salariales hasta que en el último año (en el 2021) el respaldo material neto que sería necesario haber incrementado en el quinquenio sería de unos 28 000 millones de pesos anuales, dentro de un fondo salarial total de 58,8 miles de millones de pesos.
Finalmente reduces este neto a 18 mil millones anuales, partiendo de la posibilidad de ciertos ahorros en subsidios, etc.
Lo primero que noto es que no has considerado en tus números el aumento de demanda solvente de los pensionados que para el 2021 deberá reclamar un respaldo neto adicional de unos 18 a 20 mil millones de pesos los que habría que sumar al neto ya reducido que has estimado como respaldo al incremento salarial. En total estaríamos en presencia de la necesidad de un respaldo material neto adicional de unos 36 mil millones de pesos anuales dentro de una demanda solvente total (sumando salarios y pensiones) de unos 70 mil millones de pesos.
Esta cifra representaría el 76% del PIB del año 2021 habiendo crecido este a un 3% promedio anual en los próximos 5 años. En los anteriores 5 años ha crecido a menos del 2,6% anual.
Claro que el PIB, por el solo efecto del aumento de los costos salariales en su composición, según tus números habrá crecido en 28,8 mil millones de pesos y seria, dando por constantes todas las demás variables, de un monto de unos 120 mil millones de pesos y ya, en relación con este monto, el de los salarios estatales representaría un 49%, aunque mucho mayor aun que el 42% actual. Si sumamos las pensiones a los salarios representarían un 67% del PIB frente a un 45% actualmente. ¿Sera lógico y soportable?
Además, este nuevo valor del PIB no significaría que en su contenido material haya más productos y servicios sino tal vez simplemente los mismos productos y servicios o solo un poco más, lo que sí es seguro es que serán mucho más caros haciendo descender el valor real de los ingresos.
Estimado Monreal, para lograr los objetivos en los cuales coincidimos totalmente y a los que me refiero en los párrafos del 5 al 8 del presente documento, de nuevo me remito a mi artículo publicado en la revista Temas de octubre del pasado año.
Mientras no se produzca, como primer nudo gordiano a desatar, la unificación monetaria, pero sobre todo la eliminación de la multiplicidad cambiaria devaluando al peso cubano (CUP) en las relaciones interempresariales y revaluando al peso cubano (CUP) en las CADECAS no considero posible acometer con éxito otras importantes y urgentes medidas en la implementación de nuestro modelo económico como es la referida a los aumentos de salarios y pensiones en el contexto de una Reforma Salarial integral a ser aplicada de manera estudiada y gradual, que contribuya a la consiguiente disminución de las desigualdades actuales ya demasiado notables, en proceso de injusto y peligroso crecimiento, tendencia que se hace necesario detener y hacer retroceder.
Tampoco podrá ser exitosa la indispensable reestructuración empresarial estatal, con la consiguiente descentralización real de la gestión económica dentro de un proceso de cambios en sistema, ni el también indispensable desarrollo urgente de la inversión extranjera y del sector empresarial no estatal.
Y estas cuatro grandes medidas, si me parece factible, práctico y realista implementarlas lo más rápido posible y en un plazo que no tiene por qué pasar de los próximos 5 años, y que empiecen a dar frutos tempraneros, aunque para la cosecha final de sus resultados haya que esperar varios quinquenios.
Después de la previa unificación monetaria, la revaluación del peso cubano en las CADECAS llevándolo, a manera de ejemplo, de la actual tasa de 1×24 a una tasa de 1×18, permitiría el traslado o transferencia de 18 mil millones de CUP de la actual demanda solvente anual del país, restándola de los ingresos de la minoría privilegiada que recibe ingresos abundantes en divisas y CUC y sumándola como aumento de salarios y pensiones a la gran mayoría hoy desfavorecida cuyos ingresos legales no les alcanzan para vivir. Basta suponer las entradas de remesas en efectivo que hoy se estiman en unos 3 mil millones de USD, o sea unos 72 mil millones de CUP o pesos cubanos a la tasa de 1×24 (sin incluir el resto de ingresos en divisas frescas que reciben personas naturales de ese segmento privilegiado procedentes de extranjeros concepto de propinas y otros pagos legales e ilegales por diferentes servicios servicios).
Esta rebaja de la tasa de cambio de 1×24 a 1×18 representaría un ahorro de emisión por parte de las CADECAS de unos 18 mil millones de pesos en el año sin que se modifique la demanda solvente total actualmente existente y que, casualmente, coinciden con los 18 mil millones netos que tu calculas se necesitarían en el 2021 para darle respaldo al incremento salarial del sector estatal.
Y esto podría producirse en un año, en el que se decida reducir la tasa de cambio, y sin que se requiera ningún incremento del respaldo material que actualmente existe.
No habrá que esperar por el crecimiento del PIB a un 5-7 % anual, ni de la productividad al 9,64%, ni del fondo de acumulación en 10 mil millones, ni por una inversión extranjera de 2500 millones de USD anuales.
Al contrario, ayudaría a crear condiciones en la masa trabajadora de estímulo y expectativas adecuadas para que aumente su eficiencia productiva y renueve sus esperanzas en el modelo socialista.
Solo habría que tener en cuenta las consecuencias políticas, su magnitud y efecto, en los segmentos privilegiados que resultarían afectados por esta medida, entre los cuales está el autor de este artículo que soy un modesto receptor de remesas y rentador de dos habitaciones.
Lamentablemente no existe información acerca de la estructura de ingresos de la población en general, sobre todo del sector particular o privado, para poder estimar el tamaño del sub conjunto poblacional afectado y la magnitud de dicha afectación.
Algunos estudiosos consideran, a partir de ciertas informaciones indirectas, encuestas y cálculos estimados que el 65% del total de nuestra población recibe remesas, o sea aproximadamente 7,28 millones de los 11,2 millones de habitantes del país, pero que solo un 25% vive total o parcialmente de las divisas que recibe. Para el resto es solo un complemento ocasional y parcial.
Si se consideran un total de 3 mil millones de remesas en el año ello arroja unos 412 CUC anuales per cápita para los que reciben remesas, o sea unos 34 CUC mensuales.
Una parte de este subconjunto está integrado por pensionados y trabajadores estatales que serían compensados por el correspondiente incremento de pensiones y salarios.
Sería conveniente conocer con el mayor detalle posible, por intervalos de ingresos en divisas, los sub segmentos de este segmento privilegiado.
De todas maneras, es cierto que se trataría de una medida de choque para esta parte minoritaria de la población, pero con el propósito y el resultado de favorecer a la gran mayoría que vive desde hace muchos años en situación crónica de choque permanente al no ganar lo mínimo que necesitan para vivir. Ello permitiría, además, disminuir desigualdades y mejorar algo nuestro Coeficiente Gini.
Y todo ello sin esperar por las calendas griegas.
Me es grato, estimulante y reconfortante intercambiar criterios, coincidencias y discrepancias contigo.
Un fuerte abrazo,
Humberto Pérez
NOTA SOBRE AL AUTOR:
Humberto Pérez González. Doctor en Ciencias Económicas. Ministro Presidente de la Junta Central de Planificación 1976-1985 (actual Ministerio de Economía y Planificación). Vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba 1979-1985. Director Ejecutivo de la Comisión Nacional para la implantación de la Nueva División Político Administrativa (DPA), de la organización de los Órganos del Poder Popular (OPP) y la aplicación del Nuevo Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SPDE) 19756-1976. Secretario Ejecutivo para la aplicación del Nuevo Sistema de Dirección de la Economía (SDPE) 1975-1985. Jefe de la Casa Financiera del Turismo (FINTUR) 2002-2006. Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular 1976- 1986. Profesor Titular Adjunto de la Universidad de La Habana. Autor de conocidos libros y artículos.
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