LA HABANA. La cruda coyuntura se ha convertido en el centro de atención. El cerco económico estadounidense se regenera y expande, y aprovecha las debilidades estructurales de la economía cubana para agudizar estragos. La política gubernamental del patio se concentra, ineludiblemente, en la administración de los impactos y en la búsqueda de soluciones a corto plazo, pero también debe retomar la continuidad del proceso de Actualización del modelo económico, iniciado en 2011.
Luego de décadas de bloqueos y amenazas de toda índole, la agresión externa es una variable que debe ser internalizada como una constante exógena; es un hecho que requiere permanente denuncia, pero se encuentra fuera de nuestro control. Lo que sí podemos decidir es el diseño interno de políticas internas.
La política económica en cualquier país suele enfrentar problemas que pueden, en principio, agruparse en dos tipos: circunstancias atípicas que alteran coyunturalmente el nivel de ciertos equilibrios parciales o globales; y estrangulamientos provenientes de distorsiones más esenciales y complejas que se ubican en el plano de la estructura económica, y que son verdaderamente determinantes en el desempeño y en la vulnerabilidad a la exposición a coyunturas adversas. Generalmente acometer las soluciones a los problemas estructurales requiere, además de un diseño coherente y oportuno, destinar cuantiosos recursos y esperar su maduración en el tiempo.
Pero las opciones de la política económica no se reducen a estos dos componentes. Existe un tercer conjunto, que contiene los principios del orden imperante en la economía nacional y establece la forma en que se constituyen y relacionan los agentes económicos. Lo que se entiende por Modelo de Funcionamiento Económico.
Ahí, donde radica la esencia del proceso iniciado con la llamada Actualización, que movilizó tantos sueños y que hoy se encuentra atrapado entre contradicciones y retrocesos conceptuales, sí se puede y se debe actuar con prontitud.
Muchas buenas ideas trajeron aquellos vientos de hace aproximadamente una década. Entre ellas, la necesidad de superar el excesivo estatismo de la economía hacia una mayor heterogeneidad de formas de propiedad. Para ello se aceptó y estimuló en sus inicios la emergencia de pequeños emprendimientos privados y a la vez se declaró la propiedad cooperativa como actor pretendidamente predominante dentro las formas no estatales. Además, termina por aceptarse el discurso respecto al papel fundamental de la Inversión Extranjera Directa en el desarrollo.
Sin embargo, la mayoría de estos objetivos arribaron a un callejón sin salida mucho antes de la actual coyuntura. Para el sector privado, por ejemplo, muchos puntos quedaron engavetados. Pero el más grave olvido fue la necesidad de dignificar al emprendedor no estatal y detener la construcción social de arquetipos negativos a su alrededor, tales como “negociantes”, “acaparadores”, “corruptores”, “embriones de capitalistas”, etc. De hecho, en algunos medios oficiales se verifica últimamente el reforzamiento de esos prejuicios, lo cual es absolutamente insano para la sociedad.
Tampoco se crearon las instituciones de apoyo para facilitar capacitación, asesoría, financiamiento y representación, que acompañaran un surgimiento “correcto” de este sector.
El promisorio desarrollo de las cooperativas no agropecuarias ha sido el aspecto más rezagado. Las que se autorizaron fueron generalmente las inducidas desde establecimientos estatales, en su mayoría asociadas a la gastronomía, servicios personales y construcción. En cuanto a la creación de cooperativas “autónomas” —por diferenciarlas de las “inducidas”— el experimento comenzó con unos plazos de aprobación cercanos a los 24 meses, la tasa de aprobadas por el Consejo de Ministros fue muy baja, y justo el pasado 30 de agosto acaba de ser detenido completamente con la entrada en vigor de las últimas normas jurídicas.
También la inversión extranjera realizó su gran campaña: lanzó en 2014 su zona especial con su nueva ley especial, pero a la vuelta de varios años no ha podido ofrecer resultados que soporten el crecimiento del PIB de un 5-6 por ciento anual que nos debemos como país. Cierto es que el asedio externo ha menguado los atractivos, pero entonces Cuba no ha pasado de la denuncia a la generación de nuevas y más osadas iniciativas para atraer el capital foráneo. Las restricciones de la agencia empleadora y los peligros de operar con una moneda que no garantiza sus funciones dinerarias parecen obstáculos demasiado elevados para los inversionistas que ya estaban resueltos a confrontar los riesgos de las sanciones. Mientras, la potencial ventaja de la inversión de cubanos del exterior no ha recibido el impulso merecido, a pesar del desafío que impondría al bloqueo.
Una de las buenas ideas consignadas proponía una recomposición de las fuentes de los ingresos personales, que buscaría la reducción paulatina de formas igualitarias de distribución y la aspiración de convertir los ingresos provenientes del trabajo en la vía fundamental para la satisfacción de las necesidades personales. En efecto, se extrajeron varios productos del sistema de racionamiento, se redujeron los precios de algunos productos de primera necesidad, y recientemente se ha experimentado un significativo incremento salarial en el sector presupuestado.
Pero persisten las mismas distorsiones del pasado: las diferencias remunerativas monetarias son muy pequeñas y no premian debidamente la complejidad, la responsabilidad y los resultados; la retribución ha estado lejos de satisfacer las necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo —aunque ahora mejorará— y por tanto las instituciones estatales han desarrollado complementos retributivos no monetarios que en muchos casos terminan adoptando la forma de prebendas, discrecionales y asimétricas. He ahí una reserva inestimable para el ordenamiento de los ingresos personales.
Otro de los ejes de acción del nuevo modelo económico estaba en la transformación de la gestión de las empresas estatales. El objetivo de empoderar a los empresarios para que definieran sus producciones, precios, plantillas, salarios, inversiones, entre otras facultades, avanzó con piernas muy cortas. Fue entorpecido por la distorsión emanada de la creación de las OSDEs, y por la persistencia de un mecanismo de asignación de recursos inconsistente con la descentralización aspirada.
El embotellamiento principal de esta reforma justo radica en el mecanismo de planificación. La emergencia de formas no estatales y la eventual autonomía con la que operarían las empresas estatales supone una mayor presencia de relaciones de mercado. Esto obliga a las autoridades a pasar de un modelo de asignación directa de recursos —como el que predomina hoy— a un mecanismo de conducción y manipulación de mercados.
Pero esta transformación nunca ocurrió. Con las normas publicadas en la Gaceta Extraordinaria 21 en 2014, se introducen elementos de flexibilización. Pero estas buenas ideas se estrellaron contra el mecanismo de asignación de divisas, que a la larga mantiene a las empresas dependiendo totalmente de su asignación central.
Gran parte de las tensiones coyunturales que cotidianamente se ven obligadas a manejar las autoridades resultarían atenuadas si se lograran desinflar los obstáculos al pleno despliegue de las fuerzas internas. En 2018, según las cifras de la ONEI, más de 2.3 millones de personas residentes en edad laboral —nada menos que el 33% de la población en edad laboral— no se encontraban empleadas, no estaban buscando empleo y tampoco formaban parte de los matriculados en la educación superior. Es de suponer que una parte no despreciable de ellas estuviera desempeñándose en el margen, o sea, en aquella franja de la “segunda economía” que el Estado no ha logrado incorporar al modelo.
No atender esto con prioridad y desperdiciar un tiempo ya irrecuperable atenta contra la sostenibilidad del proyecto de nación socialista, soberana y próspera. Circunstancias extraordinarias en los noventa nos llevaron a transformaciones sustanciales en el modelo de funcionamiento que condujeron a la recuperación económica. La difícil coyuntura y conformación de un nuevo gobierno el próximo octubre pareciera un contexto idóneo para relanzar la Actualización.
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