Por DELIA REYES GARCÍA e IGOR GUILARTE FONG
Fotos: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA
Javier Sánchez Díaz es un guajiro con los pies bien puestos en la tierra. Literalmente. Descalzo se le ve trajinando de un extremo a otro de su finca en Hoyo Colorado, localidad del municipio de Sagua la Grande, provincia de Villa Clara. “La gente dice que estoy loco, porque lo único que hago es trabajar, sin horario, ni días de descanso”, afirma con picardía.
“Menos ajo y cebolla he sembrado de todo. No es que sea un bárbaro, pero tengo una máxima: lo mucho mal atendido, da poco; lo poco bien atendido, da mucho”, asegura desde su experiencia curtida bajo agua, sol y sereno.
Este productor es uno de los mejores de la provincia por los rendimientos que alcanza y su contribución al programa de autoabastecimiento municipal, reconoce Héctor Luis Torna Martínez, delegado provincial de la Agricultura.
Como Javier hay cientos de miles de campesinos que dejan la piel en el surco. Fonsi Silva Pérez es otro de ellos. “Cuando pedí las tierras ociosas en usufructo, aquello estaba que daba espanto. El marabú me tapaba, y a hachazo limpio las fui limpiando. Cogía 50 metros cuadrados y hasta que no los dejaba sembrados no seguía para los otros 50. Comencé con la siembra del plátano, por eso le puse a la finca El Banano, luego fui incorporando otros cultivos, incluso probé con el café intercalado y los resultados son muy buenos”, rememora el campesino.
Hoy este productor es de referencia en el territorio por el trabajo que hace multiplicando viandas, café, frutales y hortalizas, refiere Yoany Naranjo Luis, delegado de la Agricultura en el municipio especial de Isla de la Juventud.
Su coterráneo, Nelson Correa Álvarez, también tuvo que pegarse duro en la limpia de las tierras que pidió en usufructo para la ganadería, igual infestadas de marabú. Él, además, es presidente de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC), Carlos Reyes Agramonte, que tributa una variedad de productos del agro y leche para la alimentación de la población.
Ellos tienen en común la tenacidad y coinciden en que son los primeros en “tirar de la carreta”, pero el ritmo de este programa no solo depende de los productores.
Anhelos
Limitaciones con el combustible y otros insumos tensan la soga del programa de autoabastecimiento local.
En el Ministerio de la Agricultura (Minag), Miguel Morales Román, director de Agricultura, subraya que el programa de autoabastecimiento municipal tiene como objetivo estratégico llegar de forma irreversible con los productos agrícolas a toda la población en bateyes, consejos populares, y la meta es alcanzar las 30 libras per cápita mensuales de viandas, hortalizas, granos y frutas. Este autoabastecimiento, puntualiza, no incluye lo que se recibe por la canasta familiar normada.
El directivo del Minag expone las principales premisas que sostienen el programa: abarca a todos los cubanos, de acuerdo con los datos del último Censo de Población y Vivienda; la composición de los genéricos (productos para distribuir) se adecua a las características y condiciones de cada lugar, teniendo en cuenta los hábitos alimentarios de la localidad; la necesidad de realizar un balance de tierra y calcular los rendimientos medios para precisar los estimados de producciones; la selección de productores especializados en cada cultivo, y la contratación sin límites de lo que sean capaces de producir.
Además de tales premisas, indica Morales Román, cuando se ideó este programa se planteó la urgencia de fortalecer la gestión comercializadora, por eso surgió el Grupo Empresarial de Acopio (GEA), el único autorizado a certificar los montos de entrega en cada municipio e informar al Minag.
“El GEA tiene la misión de velar por el cumplimiento de este programa. Mensualmente recibimos la información de lo que entregó cada municipio. Es un proceso auditable porque puede verificarse mediante las facturas de venta”, sostiene Emilio López Barrios, vicepresidente de la agrupación.
Por su parte, Miguel Morales insiste en la necesaria transparencia del programa, no se pueden falsear las cifras, “para decir ya llegamos a las 30 libras per cápita, y quitarse el golpe de encima en una reunión. No se trata de correr, sino dar pasos sólidos para que de verdad la población tenga al alcance esas producciones”.
Infografía: Carlos Manuel Rodríguez
Ambos directivos recuerdan que estas libras se ofertan a la población a precios topados por el Ministerio de Finanzas y Precios, o por las empresas del GEA. También los gobiernos provinciales tienen facultades para hacerlo.
El director de Agricultura subraya que controlar este programa implica un trabajo arduo, sistemático, y reconoce que todavía existen problemas organizativos a los que hay que cerrarles el paso.
A la propuesta de las 30 libras por persona, que comenzó a implementarse en junio de 2018, se le agregaron posteriormente cinco kilogramos de proteína animal, que incluye la carne de cerdo, carneros, chivos, conejos y aves de corral. La distribución de estos alimentos será a más largo plazo, en tanto primero tienen que crearse las condiciones para obtener los pies de cría, esencialmente criollos, que no dependan en su alimentación de piensos importados, explica Yoandri Abad Escobar, vicepresidente de Producción del Grupo Empresarial de la Ganadería (Gegan).
Según expuso Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, en la primera sesión plenaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el programa de autoabastecimiento municipal oscila en el país entre 17 y 20 libras per cápita mensuales. Mientras que el de proteína animal solo alcanza el 0.1 por ciento de lo previsto.
Los per cápita mensuales fueron validados por el Ministerio de Salud Pública (Minsap) teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales que necesita la población, asegura Morales Román.
Durante la realización de este reportaje solicitamos con insistencia al Minsap una entrevista para profundizar en los fundamentos científicos que validaron las libras per cápita mensuales establecidas dentro del programa de autoabastecimiento municipal, para ampliar información a nuestros lectores. Pero hasta el momento de escribir este texto no tuvimos respuesta.
Puntos de vista
Gracias a que era lluvioso el día escogido por el equipo de BOHEMIA para visitar la Empresa Agroindustrial Comandante Jesús Montané Oropesa del municipio especial de Isla de la Juventud, pudo encontrar a su director general, Tomás Betancourt López, detrás de un buró revisando papeles. Él prefiere recorrer la industria, visitar a los campesinos, o chequear los puntos de venta que atienden.
Acerca del tema de este reportaje comenta que se trata de una política correcta, con fines nobles en tanto benefician al pueblo. Sin embargo, algunas cosas deberían reevaluarse.
Por ejemplo, “aunque se hayan cumplido las producciones y estén ya en los mercados, hasta que no se vendan, no lo cuentan dentro del per cápita establecido para el autoabastecimiento. Tampoco se consideran las ofertas de los organopónicos, o lo que se lleva a los hogares de ancianos, escuelas, círculos infantiles. Y son alimentos que el pueblo se come”.
Lo otro, y quizás más preocupante, agrega el director general, “dentro del plan técnico económico que se le aprueba a la empresa, este programa no tiene respaldo en recursos materiales como fertilizantes, plaguicidas, combustible.”
Solo el siete por ciento de las áreas dedicadas a los cultivos varios cuenta con sistema de riego, lo que limita los rendimientos.
Lo corrobora el delegado de la Agricultura en el municipio especial. “En el plan técnico-económico el programa no está respaldado en fertilizantes, ni en plaguicidas, ni en combustible”.
Similar criterio comparte Juan Carlos Borges Estévez, director general de la Dirección Provincial de la Agricultura en Mayabeque. “Objetivamente, no tiene respaldo. El fertilizante es para el cultivo de la papa y el tabaco, que no entran dentro de este programa”.
Sin embargo, Morales Román aclara acerca del tema. “Cuando hacemos el plan de la economía, se planifican los insumos para este programa de autoabastecimiento, como mismo sucede con el tabaco, el arroz y los demás cultivos. Pero la situación del país es compleja. Por eso en la actual campaña de frío está previsto sembrar 416 000 hectáreas de cultivos varios, y solamente un 32 por ciento recibirá protección, las prioridades son para el tabaco, el arroz, y el tomate con destino a la industria”.
Viejos dilemas
Un asunto de suma valía para el avance del programa es la contratación con las bases productivas. Sin embargo, hasta la fecha, este proceso de conciliación ha estado lleno de problemas.
Así lo reconoce Miguel Morales Román, director de Agricultura del Minag. “No hemos sido capaces de contratar el potencial que tienen las fincas, y no le llegamos a todos. La mayor debilidad es que las empresas no acompañan el proceso de contratación”.
Para intentar enderezar las cosas, el Minag empleó las tecnologías de la información y creó un Sistema Informático de la Producción Agropecuaria (SIPA) que registra los datos personales, lo que producirá cada cual, los destinos (industria, acopio, Comercio Interior…). A partir de ahora, será muy difícil hacer trampas en la contratación, considera Morales Román.
Con vistas a fortalecer este proceso en el terreno se aprobó la presencia de los gestores de acopio, encargados de conciliar con los campesinos y darles seguimiento a los compromisos contraídos. Según Emilio López Barrios, vicepresidente del GEA, ya hay más de 2 300 gestores en el país, aunque todavía esa plantilla no está cubierta en todas las UEB de Acopio de los municipios.
Aunque las expectativas con este sistema son grandes, algunas de las provincias visitadas reconocieron dificultades con el acceso a las redes informáticas, atrasos en el proceso de conciliación y falta de condiciones para el trabajo de los gestores.
Otra asignatura pendiente para la agricultura en Cuba es la poca cantidad de tierras cultivables bajo riego. En la Isla de la Juventud, por ejemplo, apenas se beneficían entre un cuatro y un cinco por ciento, y en las que poseen los campesinos la cifra es menor aún, precisa Yoany Naranjo Luis, delegado de la Agricultura.
“En los cultivos varios solamente el siete por ciento de las tierras están bajo riego. Hay un programa con el Ministerio de Industrias para el ensamblaje de máquinas de pivote central en la Empresa Mecánica Bayamo, pero existen limitaciones por los financiamientos”, sostiene Morales Román, director de Agricultura.
¿Qué me compraré?
Con la multiplicación de las especies criollas de cerdo se potenciará el consumo local.
A la UEB de Placetas le dicen “la locomotora porcina del país”, tanto por los resultados productivos, como por la introducción de innovaciones que se han extendido al resto de los criadores de cerdo en Cuba. Para ilustrarlo, José Ramírez González, su director, comenta que ellos hacen en un mes lo que otros municipios de la provincia villaclareña alcanzan en un año.
“Nosotros comenzamos a tributar también para el programa de proteína animal que impulsa el Minag, pero el lugar donde se sacrifican los animales no tiene las condiciones idóneas. Igual sucede con la nave de recepción”, asegura.
José y el resto de los trabajadores de esta UEB, subordinada al Gegan, se sienten insatisfechos porque a pesar del esfuerzo colectivo, no acaban de resolverse esos problemas que los aquejan.
A Héctor Luis Torna Martínez, delegado provincial de la Agricultura, la situación de Placetas no le es ajena. “Hay varios proyectos, pero requieren de financiamiento en moneda libremente convertible para importar una línea de matadero de acero inoxidable.
“El grupo ganadero está buscando una vía, pero tiene que ponerle recursos a la producción porcina, a la ganadería que está muy atrasada, importar equipos de ordeño mecánico y techos para las naves, comprar medios para limpiar los potreros que están infestados con marabú. Entonces, cada vez que les entra algún financiamiento es como el cuento de la cucarachita Martina, con este centavito, ¿qué me compraré?”.
Aun en medio de esa disyuntiva, asegura, no están cruzados de brazos, con esfuerzos propios buscan mejorar los corrales de los cerdos, ampliar y techar la naves de la UEB de Placetas.
En el programa porcino que impulsa la Agricultura hoy se reporta una producción de 200 000 toneladas, sin embargo, para cumplir con el de proteína animal per cápita es necesario duplicar esa cifra. Como bien señala José, “no solo los criadores de cerdo tienen que ponerse las pilas”
Este campesino defiende que las trampas que se hacían en las contrataciones queden en la prehistoria de la agricultura cubana.
Entre col y col… faltan lechugas
Cadena de impagos, ilegalidades, pérdidas de cosechas tensan la cuerda de la comercialización de los productos agrícolas
Diciembre a la vista y Osmany Cordero Alfonso, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Antero Regalado, del municipio artemiseño, ya no sabe cómo explicar a sus asociados por qué desde el mes de octubre no les pagan.
“La empresa de Artemisa nos debe alrededor de un millón 500 000 pesos, dice que no puede pagarnos porque a su vez la Empresa Provincial de Mercados de La Habana no ha liquidado sus deudas. Entonces hay una cadena de impagos”, indica el presidente de la CCS, una de las mejores de la provincia.
Con igual incertidumbre está el campesino Jorge Medina, de San José, provincia de Mayabeque. “Ya entregamos malanga y yuca, y si pasa como en 2018, habrá que esperar hasta abril para que nos paguen. Hay veces que nos deben hasta 20 000 pesos”, dice contrariado. De su finca La Chivería salen también frijoles, ajo, plátano para el programa local y para los envíos a la capital.
En el territorio, considera Juan Carlos Borges Estévez, director general de la Dirección Provincial de la Agricultura de Mayabeque, “puede haber algún caso aislado de un productor que se le deba, pero en todos los municipios y a nivel provincial se hacen las reuniones de impagos para evitar eso”, asegura.
“Aquí las más afectadas son las entidades. La Empresa Provincial de Mercados de La Habana ahora mismo, en noviembre, le debe a las empresas de Mayabeque 35 millones de pesos. Las más perjudicadas son las de Nueva Paz y Batabanó”, precisa Borges Estévez.
Los dolores de cabeza por los impagos desaparecieron por completo de Villa Clara, afirma Héctor Luis Torna Martínez, delegado provincial de la Agricultura. “Nuestra empresa de acopio tiene un ciclo de pago a los productores de siete días, a lo máximo. Hoy está moviendo más de 50 millones de pesos en créditos para esos adeudos y no tiene problema ninguno”.
¿Un mal necesario?
La cadena de impagos desestimula al productor.
Para William Ernesto Hernández González, productor del poblado Las Cañas, en Artemisa “acopio es un intermediario que comoquiera que sea encarece los precios de venta a la población, pero es un mal necesario. No quiero que se elimine, pero los campesinos individuales también debemos tener la posibilidad de llevar directamente nuestras producciones a otras provincias. Sugiero que se revisen los mecanismos de comercialización”, dice el joven asociado a la CCS Tomás Álvarez Breto.
Vale aclarar que en el caso de este territorio y de la provincia de Mayabeque, la actividad de acopio y comercialización se realiza por las propias empresas agropecuarias locales, y no por el Grupo Empresarial de Acopio.
Yoany Naranjo Luis, delegado de la Agricultura en la Isla de la Juventud recuerda que con el redimensionamiento del transporte que se hizo hace algunos años, las empresas quedaron totalmente desprovistas de camiones. Y aunque desde 2017 los mercados agropecuarios que pertenecían al Comercio Minorista en el municipio pasaron a ser abastecidos por la empresa agroindustrial del territorio, no retornaron los equipos motores. Por tal motivo a esta entidad se le disparan los costos al tener que alquilarlos.
En bandeja de plata
Ni con una bola mágica de cristal se pudiera conocer la cantidad de producciones que se desvían y dejan de sumarse al per cápita establecido en el programa de autoabastecimiento. La falta de seguimiento y control de las autoridades de la Agricultura a las contrataciones, las deficiencias organizativas en la comercialización, las violaciones a la disciplina de pago a los campesinos y la ausencia de un mercado mayorista que abastezca de manera regular a los mercados de oferta y demanda y a los carretilleros, son el caldo de cultivo para que se produzcan ilegalidades.
Borges Estévez, director general de la Agricultura en Mayabeque reconoce que “hoy muchos camiones sacan productos del agro ‘por la izquierda’, y salen de esta provincia. Por eso usted ve los mercados agropecuarios estatales desabastecidos, mientras los de oferta y demanda son una postalita. Igual sucede con los carretilleros, que son legales, pero adquieren lo que venden de manera ilegal porque no tienen mercado mayorista. En La Habana se están abasteciendo con lo que nos roban”.
El directivo recuerda cómo en operativos conjuntos con el Ministerio del Interior para atajar las ilegalidades se han detenido también camiones que vienen hasta de Santiago de Cuba con producciones agrícolas. “Si se captaran por el sistema establecido, los productos llegarían a la población con un precio asequible y pudieran contabilizarse dentro del programa de autoabastecimiento”.
Con el fortalecimiento del control interno en el Grupo Empresarial de Acopio han disminuido considerablemente los robos, sostiene su vicepresidente Emilio López Barrios. Sin embargo, a partir de las fiscalizaciones sistemáticas que realizan, en ocasiones “salta la liebre”. Cuenta que recientemente detectaron un hecho de corrupción en Consolación del Sur, cuando un comprador desvió una rastra llena de frijoles. “El hecho se detectó al revisar el contrato con el productor que vendió esa mercancía”, refiere.
Una de las normas financieras del grupo empresarial es la obligación de depositar en el banco el dinero de las ventas diarias. “Pero hay algunas personas que no lo hacen, así fue el caso de Cienfuegos, donde quien debía realizar el depósito se apropió del dinero, falló el control”, reconoce López Barrios.
Otro modus operandi para robar, añade, son las altas mermas. Normalmente estas se miden en valores para cada una de las producciones, antes se permitía entre un 5 o 6 por ciento, hoy solo se permite 1.5. “O sea, se han tomado medidas. Las empresas del grupo venden unos dos mil 500 millones de pesos anuales y, al descontar ese por ciento, da una cifra considerable de pérdidas”.
Atasco en las cosechas
Del control a todos los niveles también depende cerrar las grietas a las ilegalidades.
“Difícil no es sembrar ni cosechar, lo más complejo es la comercialización, porque cuando fallan las cajas perdemos mucha cantidad de producciones”, asegura el campesino Leandro Almeida Medina, en su finca de frutales Olimpo, de la CCS Sierra Maestra, en el municipio de Artemisa.
Bajo el frescor de los frutales de la finca Olimpo, el presidente de esta CCS, Jorge Méndez Valdés, corrobora que en 2019 perdieron 400 quintales de frutas por falta de cajas. “Además de tales contratiempos, asegura, con medios propios llevamos las producciones hasta el centro de acopio, pero cuando llegamos allí con los picos de cosecha, nos dicen que no los pueden recibir porque no tienen condiciones para comercializarlos”.
Frutas como la piña y la fresa, que antaño eran producidas por esta CCS en importantes cantidades, allí están en vía de extinción.
Al productor Javier Sánchez Díaz la idea de perder un solo quintal de las hortalizas que siembra y cosecha con tanto desvelo, le pone los pelos de punta en su finca Hoyo Colorado del municipio de Sagua la Grande, provincia de Villa Clara. “Por eso, cuando el tomate está sato, por ejemplo, prefiero bajar el precio de venta a acopio para beneficiar a la población, porque la estrategia debe ser ofertar más y no que las producciones se pudran en el campo”.
Para Torna Martínez, delegado de la Agricultura en Villa Clara, el talón de Aquiles está en la falta de industrialización, porque los picos de cosecha tensionan mucho a los productores. Se pierde mango, tomate… En tal sentido, aboga por ponerle tecnología a la agricultura.
Para ponerle tecnología al agro también hay que pensar en las fuentes renovables de energía y en la agroecología que ahorran recursos.
Lo que está en tarima
La inestabilidad en los suministros motiva quejas de la población y persisten fisuras en el cálculo para el per cápita de alimentos
“Por favor, pudieran orientarnos dónde queda algún mercado agropecuario aquí en San José”, interrogan los reporteros a dos agentes del orden público estacionados delante de una vivienda.
“¿Mercado agropecuario?”, se miran con cierto desconcierto, y le preguntan a la anfitriona de la casa, “¿conoces alguno?”
“No, ninguno”, dice la joven.
“Muchas gracias, seguiremos indagando”.
El sol alegra la mañana en la joven provincia de Mayabeque, mientras de los hogares se desprende un suave aroma a café, y los pequeños alistan sus pañoletas para ir a la escuela. Después de varias vueltas, finalmente alguien precisa al equipo de BOHEMIA: “al final de la calle, doblen izquierda, y encontrarán el punto de venta La Gomera”.
Al llegar, está cerrado, pero justo al frente, en un amplio portal, una sexagenaria se balancea en el sillón. La vecina se llama Ivia Rodríguez Díaz, y comenta que la presencia allí de los productos del agro es irregular. “Hay días en que está vacío, en otros, aparecen algunas ofertas como malanga, yuca, boniato, col, tomate en tiempo de cosecha. Desde que abrió este punto hace más o menos un año, solamente una vez entró ajo. Los precios están buenos y la calidad no siempre es aceptable”, asegura.
Los aportes que realizan los organopónicos deben tenerse en cuenta a la hora de sacar el per cápita.
Este Mercado Agropecuario Estatal (MAE) La Gomera es abastecido por la Empresa Agropecuaria Nazareno. Carlos Manuel Ravelo, su administrador, precisa que en total hay 10 mercados agropecuarios en San José, pero es más la demanda que la oferta, por eso todo lo que entra vuela. Los precios de venta son topados.
Al filo del mediodía, unas ancianas hacen cola en las afuera del MAE El Canal, suministrado por la Empresa Agropecuaria Batabanó. “Estoy aquí desde las 9 de la mañana, esperando por la malanga para mis nietos. El camión ya llegó, pero ahora los dependientes se fueron a almorzar. Los productos entran martes y jueves a cualquier hora. Ofertan plátano, yuca, malanga, fruta bomba, acelga, pepino… Los precios están bien, sin embargo, los productos se acaban pronto”, expone Estervina Quintana.
A pocos metros del punto de venta, en una carretilla particular se exhiben producciones agrícolas, frijoles, cebolla, ajo…y las malangas que Estervina no puede comprar por los altos precios.
Son las 4:30 de la tarde y el recién inaugurado MAE climatizado del municipio de Artemisa está cerrado. En la esquina, un viejo caballo tira de un carretón abarrotado de espléndidas hortalizas. ¡Vaya lleva tu col a 10 pesos! pregona el vendedor ambulante.
Una vecina que pide mantener el anonimato revela en voz baja a estos reporteros que la administración del mercado cierra temprano cuando no tiene mercancías, o cuando conoce que viene una visita. El abastecimiento es intermitente y no satisface para nada la demanda de la población. Los frijoles, por ejemplo, hay que comprarlos en las ferias agropecuarias.
Sobre las insatisfacciones de sus coterráneos en Mayabeque, Juan Carlos Borges Estévez, director general de la Dirección Provincial de la Agricultura, acentúa: “Con los niveles productivos que tenemos, ya hubiéramos logrado alcanzar las 30 libras per cápita establecidas en el autoabastecimiento municipal. Sería una provincia digna de vivir por la cantidad de comida que se le ofertaría a la población. Pero nosotros aportamos alimentos para un millón 300 mil personas de la capital, tres veces la cantidad de pobladores de nuestra provincia. Y en algunas oportunidades hemos tenido que mandar también para otros territorios”.
Cruzando el mar Caribe, en el archipiélago de los Canarreos, también existen opiniones. “El autoabastecimiento no se ha comportado todo lo favorable que se quisiera, porque los niveles productivos aún no satisfacen la demanda de los 85 mil habitantes que tiene el municipio especial de la Isla de la Juventud”, valora Yoany Naranjo Luis, delegado de la Agricultura.
Estadísticas a debate
Algunos entrevistados por esta revista tienen preocupación con las fisuras que presenta el programa de autoabastecimiento municipal, pues solo se tienen en cuentan las cifras que certifica Acopio en su sistema de comercialización, mientras quedan fuera otras fuentes que tributan también a la alimentación.
Entre estas, el autoconsumo familiar de los productores, las entregas de productos a sus trabajadores en las distintas formas productivas, estatales o privadas; las producciones que se desvían por la izquierda hacia los mercados de oferta y demanda, y los carretilleros; las ofertas en las ferias agropecuarias que se realizan en los territorios, las ventas de los organopónicos; las entregas al consumo social de centros hospitalarios, asistenciales y educativos; así como las producciones destinadas a la industria.
A juicio de Borges, “¿creen que las 26 libras per cápita que entrega Mayabeque es lo que de verdad come la población? Claro que no. Es más. Pero no tenemos cómo recoger esa información”.
No deja de tener razón Borges Estévez en su apreciación, pero nos parece que lo único que no pudiera cuantificarse es el autoconsumo familiar de los productores, el resto de las producciones sería posible medirlas si finalmente se lograra hacer un proceso de contratación objetiva, como se quiere este año a partir de la introducción del Sistema Informático de la Producción Agrícola (SIPA), orientado desde el Ministerio de la Agricultura.
Mientras más realista sea la contratación, la fórmula para medir el autoabastecimiento local quizás fuera mucho más sencilla: volúmenes totales producidos en cada municipio, divididos entre la cantidad de habitantes. Si el objetivo de este programa es garantizar de manera irreversible la alimentación de la población en cada territorio, con precios asequibles, y evitar el sobreconsumo de combustible llevando producciones de un lado para el otro, habrá que apretar muy bien las clavijas del control a todos los niveles, fundamentalmente en las delegaciones municipales de la agricultura, y repensar las maneras de accionar y los alcances que debe tener el balance central de las producciones agropecuarias.
