Actores del sector no estatal estiman que las nuevas medidas aumentan las restricciones a su desarrollo económico y social.
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En el actual debate sobre la Resolución 225, que regula los precios de determinados productos de alto impacto en la población y exonera del pago del impuesto aduanero por sus importaciones, no se logra aún “construir un consenso justo tanto para comercializadores como consumidores”, dice la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS
| Este producto periodístico forma parte de la cobertura especial Nuevos actores económicos y desarrollo local en Cuba (2023-2025). #DesarrolloLocalParaCrecer |
La Habana, 26 jul.- Las nuevas medidas económicas sobre la regulación temporal de precios minoristas, la exención de pagos de impuestos aduaneros y el uso de divisas, entre otras, mantendrán la inflación y reducirán las ofertas, opinan diversas voces especializadas y del sector no estatal.
Publicada el pasado 27 de junio en la Gaceta Oficial, la Resolución 209, del Ministerio de Finanzas y Precios establece que las entidades estatales, en el proceso de contratación con las formas de gestión no estatal, “para la adquisición de bienes y servicios, conciertan precios y tarifas cuya tasa de utilidad máxima no exceda del 30 % sobre el total de los costos y gastos”.
De acuerdo con el ministro del sector, Vladimir Regueiro, se trata de una “norma de complementariedad” pues, en la medida que “se ajusten” los precios y estos “sean más racionales”, se podrán “adquirir más bienes y dinamizar más lo que se compra del sector no estatal”.
A partir de la aprobación por el Consejo de Estado de seis decretos leyes, se espera el anuncio de modificaciones en varias disposiciones jurídicas para los actores económicos no estatales:
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Al comentar en su perfil de Facebook sobre esa resolución, Yulieta Hernández, presidenta de la pequeña empresa privada πlares Construcciones SRL, sostiene que, “como han explicado varios economistas cubanos, no va tener un impacto positivo en disminuir el déficit presupuestario”.
Además plantea: “Se afectarán encadenamientos y alianzas públicas-privadas. Peligran productos como el pan de la canasta básica y otros que el Ministerio de Comercio Interior compra hoy a los empresarios privados”.
Consumidores se quejan del desabastecimiento resultante de los productos con precios topados, sobre todo de la leche en polvo, luego del anuncio de la medida, en un mercado que se afecta por el dominio de las importaciones con ofertas limitadas y la escasez de producciones locales.
De los 11 288 nuevos actores económicos aprobados hasta el momento en Cuba, solo 12,7 % se dedica a la producción industrial de alimentos y bebidas, indican datos oficiales.
En el registro del Ministerio de Economía y Planificación, que no se actualiza desde el pasado 9 de mayo, figuran 11 064 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas y 209 estatales, además de 71 cooperativas no agropecuarias.
Entre las principales limitaciones de las formas de gestión no estatal, economistas mencionan la restringida capacidad financiera y de acceso a recursos para hacerle frente a la demanda, la producción y la comercialización.
¿Precios “discriminatorios”?
Puesto que no se explicita en la Resolución 209, Hernández cuestiona si los márgenes de utilidad se van a aplicar a productos y servicios que las empresas estatales comercializan a las privadas. “¿O es en una sola dirección? Dígase materias primas, arrendamiento de locales y medios de producción”, apunta.
Asimismo pregunta si la medida tendrá algún efecto en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), que son entidades estatales.
En su análisis comparativo entre los precios de las mipymes privadas y de las tiendas en MLC durante mayo y junio de este año, el economista Omar Everleny Pérez Villanueva demuestra que las privadas tienen precios por debajo de los del sector estatal.
Advierte el especialista que el Estado debe “estimular mejores precios de las mipymes, no debe demorarse en hacer los cambios a establecer en la política de precios de las tiendas en MLC, que siguen siendo los de antaño”.
Aunque se implementa desde inicios de julio la Resolución 225 de 2024, del Ministro de Finanzas y Precios, que establece la regulación temporal de precios minoristas máximos a productos de alto impacto en la población (pollo troceado, aceites comestibles, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo), no se logra lo esperado, aseguran autoridades.
Según el primer ministro, Manuel Marrero, “los precios definidos para una selección de productos de alta demanda todavía son altos y distan de los que el pueblo espera, pero la regulación temporal aplicada es un paso, una medida necesaria para contener el alza de los precios en esos mismos surtidos”.
Por su parte, la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez, insiste en la necesidad de “continuar los intercambios con los actores económicos sobre las realidades que enfrentan en sus procesos de importación, transportación y comercialización, así como de atender los estados de opinión de la población”.
Aunque hasta inicios de julio se realizaron más de 3400 encuentros con trabajadores por cuenta propia, personas socias de cooperativas no agropecuarias y representantes de mipymes, todavía no se logra “construir un consenso justo tanto para comercializadores como consumidores”, sostiene Rodríguez.
Desde el sector privado de la economía cubana se emiten demandas tales como:
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Exoneraciones de aranceles aduaneros
La Resolución 225 también se refiere a la necesidad de “contener los niveles de precios de determinados productos de alto impacto en la población, mediante la exoneración del pago del impuesto aduanero por sus importaciones”, incluidas las del sector no estatal.
En un post en su página de Facebook, el abogado Remberto Sánchez destaca que “urge ganar en coherencia” porque, en lo que va de año, “en un contexto de escasez”, el país ya tiene aprobadas tres medidas de ese tipo: “las dos primeras para aumentar los impuestos aduanales a la importación de determinados productos para favorecer la producción nacional”.
Explica el experto en Desarrollo Constitucional y Administrativo que tales disposiciones contravienen uno de los principios rectores del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, de la Organización Mundial del Comercio: la reducción de los aranceles y la prohibición de obstáculos no tarifarios.
“Llama la atención que se insiste con regular los sujetos económicos (empresa estatal, formas de gestión no estatal), como si la actuación de estos no se interrelacionara en aquellas áreas en que concurren. La Constitución de la República (2019) fue la piedra angular que entronizó esta `distorsión´ normativa al decantarse por regular los sujetos a partir de la clasificación de las formas de propiedad”, señala.
Resalta Sánchez que “pretender verdaderos `encadenamientos´ entre los sujetos estatales y privados de la economía es una tarea compleja pues cada uno llega con sus propias reglas, aunque se dediquen a la misma actividad”.
Otros cambios, mayores derroteros
Durante una sesión ordinaria del parlamento cubano, el 17 de julio, el primer ministro informó sobre la implementación de un nuevo mecanismo para la asignación y gestión de las divisas, que deroga la Resolución 115/2020, del Ministerio de Economía y Planificación.
Como principales modificaciones relacionadas con el sector no estatal, mencionó las siguientes:
- Todas las transacciones a lo interno de la economía se realizarán en pesos cubanos (CUP), con excepción de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, las entidades autorizadas de comercio minorista y mayorista en divisas, las entidades extranjeras y otras que se aprueben.
- Para las importaciones del sector no estatal se establece el pago de aranceles en divisas.
- A partir de eliminar la facultad a 24 de las 73 empresas aprobadas para importar a las formas de gestión no estatal de la economía, “por bajo nivel de actividad y mal funcionamiento”, se decidió implementar desde cuentas en bancos cubanos los cobros y pagos del sector privado, que ahora está obligado a declarar el origen de los fondos.
Mediante varias publicaciones en redes sociales, la presidenta de la mipyme privada πlares Construcciones SRL compartió sus conclusiones sobre las nuevas medidas económicas: “para los negocios habrá menos demanda solvente, vamos a tener una nueva ola inflacionaria, pero nos adaptaremos. Tendremos más (personas) vulnerables”.
Otras probables consecuencias que enumeró son la reducción de las importaciones y la inevitable subida de los precios. (2024)
