¿En qué medida tienden a converger hoy, dentro y fuera de la isla, socialistas reformistas, socialdemócratas de la economía social de mercado, comunistas del socialismo con características chinas o vietnamitas?
Por Rafael Hernández
Tantas propuestas se han ido amontonando en todas partes acerca del camino que debe tomar Cuba que se nos han ido olvidando. Diríase, como en aquel famoso bolero, que “se agolpan unas con otras”, y se nos pierden en una niebla de mala memoria.
Quizás valga la pena entonces volver a sintonizar algunas de ellas, aunque solo sea para refrescarnos el camino que no llegamos a tomar, o que iniciamos a medias, o que no tomaríamos a pesar de “las penas que nos matan”.
Una mirada hacia atrás: los Lineamientos
Cuando la era postsoviética hizo eclosión en Europa del Este y la URSS, una de sus primeras resacas fue una ola de proyectos, eventos y publicaciones sobre la transición cubana. Reseñarlos brevemente llevaría resmas de papel.
Mientras esta especie de ciencia comparatista identificada como transitología proliferaba acerca de Cuba, el país había dejado de caer en picada durante 1990-1994 e iba saliendo de manera lenta e inestable del Periodo Especial en Tiempo de Paz, según lo nombró entonces la jerga militar.
Aunque las medidas de emergencia habían impedido que el techo se siguiera cayendo, estas quedaron como en suspenso, sin decidirse a remodelar estructuralmente el edificio. Y así estaban cuando Raúl, al tomar posesión, se propuso relanzarlas en una política de reformas (palabra proscrita, pero con esa intención) llamada la Actualización del Modelo, y en un plan llamado los Lineamientos económicos y sociales, que cristalizaron bajo el VI Congreso del PCC, en abril de 2011.
Muchos conceptos y propuestas de los Lineamientos abordaban temas que ya estaban en el debate. En efecto, aun antes del VI Congreso, en eventos públicos y publicaciones de ciencias sociales, numerosos estudiosos habían acumulado una agenda de problemas muy abarcadora: la cuestión estratégica de la descentralización; la concepción de la propiedad social como algo distinto de la estatal; la ampliación del sector no estatal, además de la agricultura, a los servicios y la pequeña manufactura, no solo en la pequeña empresa privada, sino en las formas de producción y distribución cooperativas; el problema del “paternalismo” estatal y de lo que se ha dado en llamar el “igualitarismo”; la necesidad de reforzamiento del orden jurídico y el papel fundamental de la ley en el funcionamiento de las instituciones del sistema; la cuestión de “la doble circulación monetaria”; etcétera.
Los principales temas políticos que abordaron los Lineamientos eran la descentralización, la legitimación del sector no estatal (con un fuerte acento en la extensión de la cooperativización), la determinación de hacer valer la ley y el orden constitucional, y la reducción neta del aparato del Estado.
“Desigualdad”, solo una vez; “pobreza”, ninguna
En el documento base o borrador de los Lineamientos, los términos descentralizar y descentralizado se mencionaban solo cinco veces; pero en ese mismo campo semántico (territorio, territorial, local, municipal), recurrían otras 34; no estatal, 16 veces; cooperativa y cooperativista, 21; los términos asociados a la norma legal (ley, legal, legislación, contrato) aparecían 15 veces.
Sin embargo, otros asuntos emergentes en ese debate público prestablecido no aparecían reflejados en este documento. Socialista solo se usaba como sinónimo de estatal (ej. empresa socialista); propiedad social aparecía solo una vez; participación se usaba 16 veces, pero solo dos en el sentido de participación social o ciudadana; colectivo y autonomía, una sola vez. El concepto igualdad prácticamente se usaba solo al hablar de igualitarismo, en un sentido negativo. Desigualdad se mencionaba solo una vez; pobreza, ninguna. La ausencia más notoria era la de sindicatos.
Fue de capital importancia que el debate democrático sobre los Lineamientos, más allá de las filas del PCC, expresara en su momento la voluntad de construir consenso en torno a un nuevo modelo. Aunque no era la primera vez que una legislación o una política eran sometidas a consulta popular, sí era que se convocaba a discutir políticas fundamentalmente distintas a las vigentes desde 1976.
Entonces anoté que la mayor carencia, tanto del documento base como del texto definitivo aprobado en el VI Congreso, era que los Lineamientos no reafirmaban lo suficiente el papel de la participación de los trabajadores y sus organizaciones en el nuevo ordenamiento económico, en el control social y en la toma de decisiones en la producción y los servicios.
También apunté que el componente estratégico clave de la reforma cubana era la descentralización.
Resultaba inconcebible entonces —y ahora— que la participación, la desburocratización, la liberación de las fuerzas productivas, el incremento de la eficiencia, el desarrollo de prácticas que redujeran la corrupción y el despilfarro, la renovación del papel de la planificación y del Estado en la economía, y especialmente el fomento del sentido de la responsabilidad de cada trabajador y de sus colectivos laborales, pudieran ocurrir plenamente sin descentralización.
Entonces —como ahora— se insistía, con razón, en la importancia de allegar “recursos externos”, “capital fresco”, “renovación del parque tecnológico”, como palanca imprescindible del crecimiento. Sin negar que la inversión extranjera directa fuera importante, también lo era una política que desuniformizara las reglas estrictas de funcionamiento que se le imponían a cada una de las diversas regiones, provincias y localidades del país, lo que permitiría maximizar el recurso principal con que cuenta la sociedad, es decir, el talento y la capacidad de sus ciudadanos.
Foto: Otmaro RodríguezBurocracia y PCC
No cabía duda de que el sistema del Poder Popular, como lo describía la Constitución de 1976, era lo más democrático del mundo, ya que representaba nada menos que la máxima instancia de poder del Estado. Pero en términos reales, el poder en cada municipio y provincia —para no mencionar la autoridad efectiva de la Asamblea Nacional— se concentraba en “los órganos de la administración central”, es decir, en la burocracia estatal, y en el PCC.
Los Lineamientos reforzaban la responsabilidad y jurisdicción de la administración frente a las instancias políticas, tratando de separar, una vez más, funciones que se han solido solapar crónicamente en el sistema político cubano. Sin embargo, no se reafirmaba con el mismo énfasis la autoridad y capacidad del Poder Popular para prevalecer sobre los aparatos burocráticos. Hubo que esperar a la nueva Constitución, en 2019, para volver a ponderar, ampliar y desarrollar su rol en un sistema democrático, en términos conceptuales, políticos y jurídicos.
Los Lineamientos anunciaban políticas que hoy se consideran novedades. Por ejemplo, que se organizarían servicios bancarios especializados en líneas de crédito al sector no estatal y mercados de suministros mayoristas, sujetos a controles eficaces que no se revirtieran en la reproducción del mercado negro, así como otros dispositivos técnicos para formalizar institucionalmente el mercado de “libre formación de precios”.
Junto a la supercentralización, la hipertrofia burocrática y la participación ciudadana declinante, la cuarta debilidad principal del modelo vigente, como se ha señalado, era el uniformismo. Uno de cuyos síntomas es lo que se criticaba como “igualitarismo”; el otro era el subsidio generalizado.
Por otro lado, los Lineamientos eran omisos en enfoques novedosos sobre la gestión en sectores clave para el desarrollo, como la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente natural y construido. Como si pudiera haber una economía más adelantada y próspera sin asegurar personas sanas, educadas, cultas y con un hábitat decoroso.
El discurso económico prevaleciente consideraba a estos sectores como “subsidiados”, es decir, casi “parasitarios”, en vez de “inversiones en capital humano”, para decirlo en un lenguaje en boga.
Finalmente, algunos comentaristas del patio confunden el Estado socialista con la burocracia, de manera que proponen acotarlo o restringirlo, en vez de hacer que su columna vertebral sea realmente el Poder Popular, con plenos poderes. Sin esa capacidad real, delegados y representantes de la ciudadanía y de sus intereses no podrían desempeñar su papel en el control social; y resultaría difícilmente concebible un sistema más democrático.
Criticar al Estado socialista porque no se difumina no solo es un ejercicio de abstracción estéril respecto a los problemas reales del país, además de ajeno a las experiencias de otros modelos socialistas considerados exitosos, sino una práctica políticamente ineficaz. Se requiere, naturalmente, poner esa burocracia bajo control de los órganos de representación del Estado, sujetarla a la autoridad del orden jurídico y el imperio de la ley y, sobre todo, exponerla a la vigilancia ciudadana, mecanismo irremplazable en un orden social y político democrático.
Convergencias y divergencias
Los comentarios anteriores recogen reflexiones de hace 15 y 10 años en torno a la política económica. No las he retomado solo para refrescar la memoria sobre los problemas que discutíamos y algunos de los enfoques compartidos, sino para poner en perspectiva los debates actuales.
Si entendemos por política económica la que planean, formulan e implementan gobiernos, instituciones del Estado y organismos internacionales, y por propuestas de política las que diseñan y promueven think tanks, organizaciones, corporaciones, centros académicos y partidos políticos, podríamos advertir de entrada, en ese amplio arco que abarca la cosa cubana, que hoy hay más coincidencia de la que hubo al terminar la Guerra Fría, y muchísimo más de la que hubo cuando se iniciaron las reformas en la era de Raúl Castro.
¿En qué medida tienden a converger hoy, dentro y fuera de la isla, socialistas reformistas, socialdemócratas de la economía social de mercado, comunistas del socialismo con características chinas o vietnamitas?
Cuba enfrenta una crisis estructural, no solo coyuntural, para la cual no bastan remedios, sino que se requiere la transformación del “ecosistema económico y social”. Hay que priorizar el crecimiento de la producción nacional, especialmente alimentos, industria, energía y exportaciones; y expandir al mismo tiempo el sector privado y el estatal, otorgándoles a todas las empresas mayor autonomía de gestión.
Es necesario descentralizar las decisiones y el acceso a los recursos, delegar poder a empresas y gobiernos locales. Se requiere una presencia creciente de capital con ganas y posibilidades de invertir, no nada más una miríada de micro y pequeño comercio. Aplicar reformas monetarias, financieras y fiscales para estabilizar la economía; incrementar la productividad; proteger a los sectores más vulnerables, haciendo uso de mecanismos nuevos y más eficaces.
En buena medida, se comparte la visión sobre una economía cubana que necesita transformaciones profundas; por ejemplo, mayor autonomía empresarial, inversión, incremento de la producción y fortalecimiento de actores no estatales.
Junto a esas proximidades, hay divergencias de fondo entre los bordes de este consenso, que no contradicen la validez de un diálogo, pero que tampoco sería prudente soslayar.
Foto: Otmaro RodríguezEl papel del Estado
Desde el Gobierno, y también desde buena parte del debate interno en los medios cubanos, el papel del Estado en el socialismo requiere actualizarse, pero preservando su papel sobre el sistema en su conjunto, y en particular, en la planificación económica estratégica y en la defensa de la soberanía nacional.
Se trata de construir una economía mixta —aunque no se le llame así— donde el mercado tenga un papel mucho más amplio, y el Estado cumpla una función como regulador y garante de políticas sociales, y también generador de iniciativas y estímulos a la redistribución del ingreso y a la reducción de la pobreza.
Digamos que la diferencia principal no radica solo en “el grado de apertura”, en el espacio que esa economía mixta le otorga al mercado y la iniciativa privada; sino en el signo político del sistema. Una economía capitalista social de mercado y un socialismo con mercado y economía mixta son dos animales diferentes.
Una cosa es superar el antiguo concepto de socialismo, atado a la experiencia estadocéntrica de los países del Este de Europa; otra bien distinta es rechazar las ideas matrices del socialismo, ligadas a sus orígenes emancipadores en la Cuba revolucionaria, y reivindicar una economía social de mercado que solo existe en determinados países históricamente privilegiados.
Una cosa es cuestionar la eficiencia y el verticalismo de las megacorporaciones estatales, promover la pequeña y mediana empresa como actor más ágil y menos burocratizado en el propio sector público; otra es confundir la eficiencia y horizontalidad con atributos naturales de la empresa privada, no importa su índole o naturaleza, o la condición inherente al clima empresarial prevaleciente.
Una cosa es fomentar una agricultura privada, cooperativa o comunitaria; otra es cifrar en la propiedad de la tierra la clave de su productividad. Una cosa es favorecer los encadenamientos productivos, nacionales y transnacionales; otra es concederles a las megaempresas privadas cualidades excepcionales de eficiencia y racionalidad, sin salvaguardas antimonopólicas.
Una cosa es legitimar la presencia de inversionistas cubanos emigrados en la economía de la isla, en igualdad de condiciones con otros extranjeros y con los propios emprendedores nacionales residentes; y otra es poner todos los huevos en la canasta de una emigración muy heterogénea, pero caracterizada históricamente como rehén de la política de EE.UU. hacia Cuba. Etcétera.
EE.UU. no es una contingencia externa más
La segunda gran diferencia está en el factor EE.UU., tanto en su lugar en el diagnóstico como en la estrategia de salida.
EE.UU. no es una contingencia externa más, una variable a tomar en cuenta, sino una constante en la ecuación cubana. No es posible desvincularlo de ninguno de los males del funcionamiento del sistema económico y político; y eso no significa para nada quitarle responsabilidad al Gobierno y al Estado en las deficiencias del sistema.
Una mayoría de intelectuales cubanos que criticamos ese funcionamiento y hacemos responsables a las instituciones de su mal manejo, somos los mismos que enfatizamos la necesidad imperiosa de no olvidar al bloqueo como premisa en el diseño de todas las políticas. En primer lugar, por un gesto elemental de lucidez, porque olvidarlo sería un acto suicida, de confusión entre el ser y el deber ser, entre la realidad y el deseo.
Claro que las reformas tienen que implementarse bajo la presunción de que el bloqueo continuará. Y garantizar la resiliencia es el ABC de una política de seguridad nacional. No se trata de exhortaciones o consignas, sino de una estrategia económica realista, que no puede hacerse dependiente de un cambio en la política estadounidense hacia Cuba.
Porque ninguno de los momentos de inflexión en ese conflicto se ha derivado, hasta ahora, de concesiones cubanas, adoptadas al margen de procesos negociadores, ni de un cambio en la actitud ante la posibilidad de hacerlo; sino de factores de política doméstica y de problemas internacionales que Cuba no controla.
Transformar la economía a pesar del bloqueo no es lo mismo que transformar la economía haciendo caso omiso al bloqueo. Juzgar que este puede ignorarse al proponerse diversificar las relaciones internacionales en función de fortalecer la economía, acceder al financiamiento internacional, atraer la inversión extranjera, o incluso ampliar el intercambio con la emigración en EE.UU. equivale a subestimar su alcance multilateral y su efecto intimidatorio sobre empresas y gobiernos de cualquier país.
Nada de eso justifica o ata las reformas y su alcance a la aprobación de los EE.UU. o al cese de su hostilidad. Todo lo contrario, contribuye a inyectar realismo a las decisiones y estrategias cubanas. Si el levantamiento del bloqueo o su disminución fuera un requisito para avanzar en las reformas, estas podrían posponerse indefinidamente. Y defender esa política conllevaría la parálisis, y equivaldría al suicidio.
Considerar que la relación con EE.UU. es la única opción para Cuba, porque ya de hecho absorbe una parte importante de sus intercambios e intereses, revela una especie de razonamiento teleológico. Equivale a tomar, por ejemplo, el patrón migratorio cubano hacia EE.UU., como un fenómeno natural, en vez de condicionado por su política de erosión y desestabilización hacia Cuba. Lo mismo que sus derivaciones, en particular, la alta concentración de emigrados cubanos en territorio estadounidense, su estatus relativamente privilegiado, el peso de esos vínculos familiares en la sociedad cubana actual, la recepción de remesas y donaciones en la isla, la presencia de esos emigrados en el flujo de turismo.
Derivar de lo anterior que la economía cubana está atada a gravitar en torno a los EE.UU., resulta un planteo contrafáctico muy discutible. Según esa ecuación más bien determinista, ningún país de la cuenca del Caribe podría tener relaciones económicas importantes con otros actores extrahemisféricos, puesto que muchos de ellos también tienen allá a sus emigrados, y han mantenido ese mismo patrón comercial, que, sin embargo, se ha vuelto cambiante en la última década, especialmente con la creciente presencia del factor China.
Esta lógica les daría a las reformas el sentido de una concesión unilateral a Washington, en busca de una supuesta reconciliación, no de una voluntad política de transformación basada en las necesidades e intereses de la sociedad cubana y su desarrollo. Y encadenaría los cambios económicos y políticos deseables en la isla a facilitar ese reacoplamiento.
En esta misma columna he argumentado por qué esa presunción de reacoplamiento es un wishfull thinking, que ignora los móviles y patrones de comportamiento del Estado y de la élite del poder estadounidense hacia la isla a lo largo de 130 años.
Para terminar, valdría la pena interrogar un conjunto de premisas que se dan por sentadas sin detenerse a dudar de ellas. Digamos, identificar al Gobierno cubano con un grupo político en su último cuarto de hora, como si hubiera otro en ciernes que lo pudiera reemplazar; aludir a la “oposición cubana” como si representara un movimiento, un liderazgo y una armadura equivalente a la Solidaridad de los polacos; hablar de “la diáspora” como si el mero uso del lenguaje bíblico trazara genéticamente a la gran mayoría asalariada de nuestros compatriotas en la emigración con los acaudalados personajes del lobby judío; alertar contra “la letra pequeña” en las medidas del Gobierno cubano, pero no en la tesis de “negociar el embargo” como requisito para cualquier política viable para salir de la crisis.
Persona espera en un sillón durante un apagón este viernes, en La Habana. Foto: Ernesto Mastrascusa/EFE.
Políticas económicas: “Un jardín de senderos que se bifurcan”
No quiero terminar esta larguísima conversación con otras visiones sacando conclusiones finales, sino más bien proponiendo avenidas que las atraviesen.
Dentro de pocas horas animaré un debate que intenta desenredar algunos nudos de la política económica cubana, y he tratado de discernir algunas de esas avenidas. Las presento a continuación porque sospecho que no las vamos a poder recorrer de una vez, y quizás puedan servir a otros para un ejercicio parecido. Ahí les van, tal como se las presentaré a los participantes del debate. Son seis nudos, y tienen la forma de tesis, por aquello de la polémica.Una economía mixta: que fomente al máximo y articule los distintos sectores (público, privado nacional y extranjero, cooperativo, social, comunitario).
Un mercado libre regulado: que funcione hacia adentro y hacia afuera, de manera coherente, y que guarde una relación nueva con la planificación, de carácter estratégico.
Un sector público descentralizado en un sistema político descentralizado: que haga valer esa cualidad en la gestión y el control empresarial e institucional, y en la autonomía territorial.
Un papel clave de la ley para el funcionamiento de la economía, en particular, y el orden social en general: que tenga como cuerpo de referencia los postulados de la Constitución de 2019 (y algunos más).
Un sector trabajo revitalizado: que preserve la participación de los trabajadores y sus organizaciones en la gestión de la economía en todos los sectores.
Un orden económico, social y político consolidado en torno a la soberanía nacional: que restaure y recupere los daños causados a esa soberanía en términos materiales y culturales, por la crisis y otros factores; que mantenga la voluntad de convivencia con todos los países, incluido EE.UU.; y sin el tipo de apoyo una vez existente con algunos aliados.
Se las enseñé a un amigo mío que sabe mucho del tema y me respondió con su acostumbrado humor que daban para 20 años de discusiones.
Parafraseando a Jorge Luis Borges, podríamos considerarla una red de senderos que se conectan entre sí o se bifurcan más allá. Y den para una buena conversación.
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