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miércoles, 3 de junio de 2026

Estrategia de Seguridad Nacional 2025: lo que dice y lo que oculta

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26 mayo, 2026 7:20 am

Por Fernando M. García Bielsa

 El 4 de diciembre de 2025, la administración del presidente Donald Trump publicó la ESN 2025, con unas 33 páginas de extensión.  Se trata de un documento que cada nueva administración presidencial estadounidense da a conocer para detallar sus prioridades, aunque evidentemente es la parte pública de supuestas definiciones estratégicas del gobierno.

Es un documento importante a considerar, aun cuando está muy marcado por la particular visión del mundo de Trump, quien como varios analistas reiteran está rodeado por un equipo de incondicionales, en su mayoría, incompetentes, y que ejercen escasos controles sobre el presidente. 

En tales condiciones no es posible asegurar que el documento en cuestión esté completamente consensuado con la élite del poder, ni cuánto podría quedar del mismo, más allá de este segundo mandato de Trump. Este es un documento de comunicación pública, ajustado a tal fin y que, en breve, en unos tres años, será “actualizado” por la próxima administración de gobierno. 

Presentan el documento pretenciosamente como “una hoja de ruta destinada a garantizar que Estados Unidos siga siendo la nación más grande y próspera de la historia de la humanidad, así como la cuna de la libertad en la tierra”. El mismo articula una visión geopolítica donde la seguridad hemisférica se fusiona fuertemente con sus intereses económicos.

Esta ESN debe ser leída también en el marco de la particular distancia entre los dichos y los hechos que viene moldeando la política exterior más bien incierta y poco predecible de esta administración. Ha sido emitida, además, en un contexto en el cual la elite yanqui padece una percepción de asedio e incertidumbres, y cuando buena parte de la conducción de la política exterior pretende contrarrestar la pérdida de hegemonía y el declive relativo del imperio mediante un militarismo arrogante y sin ataduras.

A todas luces, Trump no es aislacionista. No quiere retirar por completo a Estados Unidos de sus relaciones internacionales, y en el documento emitido por su administración, y que aquí analizamos, se adapta a la base política MAGA donde la seguridad nacional se plantea casi exclusivamente a través de las obsesiones trumpistas: inmigración, guerras culturales y nacionalismo. Pero “proteger al pueblo estadounidense”, según Trump, implica una política exterior activa.

Este tipo de documentos es redactado periódicamente por los sectores más poderosos de las administraciones estadounidenses, sobre todo los militares. Al compararlo con dos de los documentos de ese tipo más recientes, el publicado en 2015 por la administración Obama, y el del propio Trump en 2017 durante su primer mandato, puede comprobarse que este nuevo legajo contiene algunos elementos de continuidad, pero también no pocas “novedades”.

 

La ESN-2025 ante la marcada declinación de la hegemonía yanqui

Esta “nueva estrategia” vuelve a evidenciar lo que verdaderamente está en juego para Estados Unidos: el riesgo creciente de perder la supremacía económico-financiera ante los sólidos avances de China y el surgimiento de nuevos sujetos estatales. De ahí la primacía del interés nacional absoluto, la redefinición contractual de las alianzas, una geopolítica en la cual se jerarquiza lo económico como herramienta de coerción, y una proyección internacional que relega lo multilateral priorizando lo bilateral de forma calculada.

Tal como su nombre indica se trata de una cuestión de seguridad nacional, según un término utilizado abusivamente y a conveniencia, tal como en los documentos de ese tipo emitidos por anteriores administraciones. Así, otorgan carácter de amenazas a su seguridad nacional a situaciones políticas que podrían ser resueltas mediante la negociación y acuerdos verificables.

El documento refleja una considerable tensión entre el pragmatismo económico y la línea dura estratégica. Las partes más detalladas del mismo se refieren a la política económica, e implica que su relación con el mundo debería generar un beneficio tangible, inmediato y mensurable para Estados Unidos.

Quizás el aspecto más llamativo de la ESN 2025 es una aparente redefinición radical de prioridades geográficas. Trump promete “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”.

Se eleva a la América Latina y el Caribe a la categoría de “prioridad máxima, cuyos países son tratados como espacios de proyección del poder, una “zona de exclusión para actores extra hemisféricos, y como un espacio de acceso preferencial a recursos que son catalogados como propios por Estados Unidos y esenciales para su seguridad nacional.

Quiere esto decir, “en otras palabras, que afirmaremos y aplicaremos un «corolario Trump» a la doctrina Monroe”.

En ese sentido se precisa pretenciosamente que cualquier inversión china en infraestructura crítica, telecomunicaciones o energía constituye una amenaza directa a su seguridad.

Asimismo, hay como una amenaza de reiniciar una nueva época de intervenciones. En el documento se dice: “Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región”.

Y agrega:

“Para un país cuyos intereses son tan numerosos y diversos como los nuestros, no es posible adherirse rigurosamente al no intervencionismo. Sin embargo, esta predisposición debería establecer criterios elevados para determinar qué constituye una intervención justificada”.

Los países latinoamericanos son tratados como espacios de proyección del poder exclusivo.  Se les ofrece una suerte de “protección” contra la influencia extra hemisférica (léase China, Rusia) a cambio de subordinación estratégica y acceso preferencial a sus recursos naturales y sus mercados.

 

Un documento ambiguo y engañoso

– La administración estadounidense proyecta una imagen de recuperación nacional que busca restaurar su fuerza mediante el aislamiento selectivo y el nacionalismo económico, luego de haber experimentado, y sufrir aun, un período de inestabilidad interna y fracasos en su política exterior y en sus aventuras militares.

– La nueva ESN de Trump aparente querer distanciarse de los objetivos e intereses estratégicos tradicionales estadounidenses y pretende proyectar en lo adelante algunas de las políticas emprendidas en el primer año de su segunda administración. Y explícitamente elude gran parte de lo que – en la perspectiva yanqui – era una “responsabilidad de Estados Unidos con el orden global”, asumida por cada uno de quienes le antecedieron en la presidencia en la era posterior a la Guerra Fría.

– En el documento se llega a esbozar una intención de cambio, evidentemente engañosa, cuando se dice: “Nuestras élites se equivocaron gravemente al suponer que Estados Unidos estaría dispuesto a asumir indefinidamente responsabilidades globales… y sobreestimaron la capacidad de Estados Unidos para financiar simultáneamente un Estado del bienestar, regulador y administrativo masivo, así como un complejo militar, diplomático, de inteligencia y de ayuda exterior igualmente masivo”

– Las partes más detalladas del documento se refieren a la política económica. Se hace hincapié en la importancia de la seguridad económica, lograble – según dicen – mediante la reorientación de las balanzas comerciales, las políticas industriales, el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la autosuficiencia en sectores críticos, la independencia energética y una base industrial de defensa amplia y productiva (léase, el sector armamentista y de tecnologías de punta que lo integran). Se condena el robo de propiedad intelectual, el espionaje industrial y las prácticas comerciales desleales.

– La política exterior deja de ser una empresa orientada a la construcción de un orden internacional basado en reglas (con todas las hipocresías que ello implicaba) para convertirse en una serie de operaciones comerciales donde el poder del mercado y la capacidad coercitiva de Estados Unidos se utilizan para obtener concesiones concretas.

– El pacto transatlántico, la OTAN, que solía equilibrar –en favor de la primacía de Estados Unidos- los intereses comunes compartidos, ahora está fundamentalmente en entredicho. Se rompe con décadas de una política declarada de Estados Unidos. En varias de sus partes aparece como un ataque frontal contra Europa, la cual – señalan -, deja de ser crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos.

– Por lo que se deja de decir (NSS) aparenta un distanciamiento del “Giro hacia Asia”, dominante entre los círculos de política exterior estadounidense desde la administración Obama. Aunque este texto es menos agresivo hacia Pekín al compararlo con la ESN de Trump de 2017, esa es una apariencia engañosa respecto al curso real, actual y perspectivo, de la política estadounidense. Incluso ha llevado a algunos analistas internacionales a interpretar erróneamente que se estaría suavizando la postura estadounidense hacia China.

No hay promesa de cese de la hostilidad; se sigue identificando a China como su principal competidor según el consenso bipartidista que considera a ese país como la única potencia con capacidad sistémica para desafiar la arquitectura global, financiera y militar, del imperio.

Hasta aquí estos apuntes, aunque evidentemente se podrían apuntar otras interrogantes acerca de ese documento.

 

Antes de concluir, es importante recordar que todas esas “estrategias de seguridad” son vulnerables a quedar rápidamente obsoletas ante los acontecimientos, y que pocas administraciones se han ceñido fielmente al texto.

 El documento calla mucho más de lo reflejado en su contenido y evade algunas cuestiones de mucho peso e interés. No obstante, la NSS 2025 ofrece cierta guía tentativa —aunque contradictoria— para intentar comprender y afrontar los próximos dos y medio años bajo la presidencia de Trump (¡si es que este logra concluir su mandato!).

lunes, 26 de agosto de 2024

Kamala Harris y la campaña electoral en Estados Unidos. Algunas interrogantes

Por Fernando M García Bielsa

El Partido Demócrata de Estados Unidos acaba de nominar a su candidata presidencial.

Hace apenas dos meses, después de la desastrosa actuación del presidente Joe Biden en su debate televisado frente a Donald Trump, entonces virtual candidato republicano, era extendido el criterio de una muy probable victoria de este en las presidenciales de noviembre. Unos días después, eso se convirtió en aparente convicción unánime luego de la apariencia providencial y el halo con que Trump emergió al sobrevivir el atentado de mediados de julio y de su pomposa “coronación” en la subsiguiente Convención Republicana.

En las últimas semanas el panorama ha mostrado un notable giro, y ello se debe en buena medida a la no del todo esperada e impetuosa irrupción de la vice presidenta Kamala Harris como la candidata demócrata que enfrentara a Trump en las elecciones presidenciales. Como veremos, ella no es tan desconocida y nueva en estas lides como pudiera parecer.

No me detengo en en cómo fue orquestada la unidad de facto que se nucleó en torno a ella, las acciones gestadas en secreto por algunos [1], o el acomodo pragmático logrado entre las diversas y divergentes facciones del Partido Demócrata que dieron luz verde a la nominación adelantada e incontestable de Kamala Harris como la candidata del partido.

Sobre esa base ésta emprendió una inmediata y dinámica gestión ante líderes políticos, dirigentes en los estados y muchos de los más significativos donantes de fondos de campaña, con los que ya tenía conexión. Pronto pudo reportar cifras record de recaudación y apoyos.

La Convención del partido este mes de agosto en la ciudad de Chicago, con mucho bombo, ambiente festivo y con notable cobertura de prensa, selló por todo lo alto su nominación como candidata presidencial demócrata. De hecho, ya se la considera competitiva ante Trump y con posibilidades de victoria en las presidenciales.

¿Que se ha dicho o se sabe sobre Kamala Harris?

Pese a sus años como fiscal de distrito y luego Fiscal General en California, el estado más poblado y de mayor potencia económica del país, su breve función como senadora, y sus casi cuatro años en la vicepresidencia, Kamala era bastante poco conocida (fuera de los círculos de poder) hasta hace unas semanas.

Datos básicos. Kamala nació en Oakland, California, el 10 de octubre de 1964, en una familia de inmigrantes: una madre originaria de India (etnia tamil) y un padre nacido en Jamaica. En la sociedad estadounidense esto la ubica como parte de la llamada comunidad negra. Harris en su autobiografía The Truths We Hold dice que su madre "sabía que su país de adopción vería a mi hermana Maya y a mí como niñas negras y estaba decidida a asegurarse que nos convertiríamos en mujeres negras orgullosas y con confianza en nosotras mismas". Al parecer ambos padres proveían un ambiente familiar de cercanía con las causas progresistas de la época.

Kamala estudió leyes en la prestigiosa Universidad de Howard (radicada en la capital del país) uno de los prominentes e históricos centros afro estadounidenses de estudios superiores del país, algo que ella describió entre las experiencias más formativas de su vida.

Tras cuatro años en Howard, Harris se trasladó a la Universidad de California, en Hastings, para conseguir un título en Derecho y empezar su carrera en la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Alameda, en 2003. Más tarde devino la primera mujer y la primera mujer negra en ganar, primero, el puesto de fiscal de Distrito en San Francisco y luego la primera en asumir el puesto de fiscal general de California.

En 2017 asumió como senadora por California, segunda mujer negra en integrar el Senado estadounidense en su historia. Y, como todos sabemos un nuevo hito fue llegar a ser la primera mujer en asumir la vicepresidencia del país.

En el Senado se destacó durante una serie de célebres interrogatorios de comités a funcionarios de la administración Trump (y al futuro juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh) que le dieron cierta notoriedad en las filas del Partido Demócrata.

Se ha señalado que Harris podría sorprender a los votantes escépticos. Tiene serias desventajas políticas, pero también fortalezas significativas (¡y subestimadas!). Su cara exageradamente risueña podría resultar engañosa. Se ha dicho que, históricamente, en los debates Harris ha tenido un mejor desempeño cuando es atacada.

 

Resulta interesante repasar algunas informaciones y cuestionamientos que se reflejaron en órganos de prensa y sitios digitales cuando la entonces senadora y ex fiscal del estado de California fue foco de una mayor atención al lanzarse a una campaña presidencial allá por 2019, y aún más cuando fue escogida por el entonces ex vicepresidente Joe Biden como compañera de fórmula para las presidenciales del siguiente año.

Se ha señalado que, como Fiscal General de California, defendió enérgicamente la aplicación de la pena máxima, en un estado que tiene la segunda población más grande de condenados a muerte después de Texas... También apoyó la criminalización de la posesión de drogas en California.

 

Se mencionan asimismo sus fuertes vínculos y donantes en los círculos empresariales, así como sus críticas al entonces presidente Trump por no ser lo suficientemente agresivo, tanto en lo que respecta a Corea del Norte como a Rusia.

 

Otro interesante comentario de comienzos de 2020, por la destacada periodista de izquierda Caitlin Johnstone, llamaba la atención sobre las habilidades de Kamala Harris para el debate. Decía: ella ”ganará todos los debates en los que participe… Ha estado cultivando sus habilidades para debatir durante décadas; primero en el equipo de debate de la Universidad Howard…, después como fiscal, luego como política, y será capaz de replicar el mismo calibre de desempeño en todos los debates posteriores”.

 

En el propio artículo Johnstone hizo la afirmación que “Harris es todo lo que el establishment de poder no electo del imperio estadounidense quiere en un político: carismático, autoritario y completamente carente de principios”.

Interesantes vínculos con los Clinton

Recordemos que, al momento de Biden abandonar su candidatura a fines de julio, tanto Bill como Hillary Clinton estuvieron entre los primeros de dar respaldo a Kamala para la nominación. El respaldo de Obama se produjo casi dos días después.

Cito algunas referencias a los tempranos vínculos entre Kamala y los Clinton, con gran peso como ala centro-derecha del Partido Demócrata:

+ Alfredo Jalife-Rahme: “No obstante la terrible conducción como vicepresidenta ciclotímica, KH, quien estaba destinada a vuelos más altos, sigue siendo la “favorita” de los demócratas para competir en la presidencia de 2024 y quien todavía goza del conspicuo apoyo de la cada vez más impopular Hillary Clinton”). Periódico La Jornada, 9 de enero de 2022

El periodista Caleb Maupin, autor del libro Kamala Harris y el futuro de Estados Unidos: un ensayo en tres partes, también sostiene que Harris probablemente fue preparada para su papel actual como compañera de fórmula de Biden por el ala clintoniana del Partido Demócrata una vez que se hizo evidente que Hillary no estaba en condiciones de postularse nuevamente en 2020.

+ Varios miembros de la CBC (Caucus Negro del Congreso), afiliados desde hace mucho tiempo a la dinastía Clinton, acudieron a su lado incluso cuando Barack Obama avanzaba en lo que eventualmente conduciría a su elección histórica como el primer presidente afroamericano del país.

+ Rodion Raskolnikov: “Por lo que veo, los grandes inversores se están pasando al bando de Kamala Harris. Como fiscal del condado de Alameda y luego fiscal general de California, siempre fue amiga de las élites financieras... Ha sido amiga de George Soros. Muchos de los inversores de Hillary Clinton han apoyado a Harris durante mucho tiempo”. (comentario al articulo “After Biden's Sharp Decline, Investors Are Reassessing Other Blue Chips, de Norman Solomon, Reader Supported News, 1 July 2019).

Caitlin Johnstone“Harris fue una de las candidatas presidenciales de 2020 que fue objeto de críticas a principios de año cuando se informó de que había estado contactando a ejecutivos de Wall Street para averiguar si apoyarían su campaña. Entre los ejecutivos nombrados en el informe se encuentran el multimillonario director ejecutivo de Blackstone, Jonathan Gray, Robert Wolf de 32 Advisors y el fundador de Centerbridge Partners, Mark Gallogly. En 2017 se informó de que Harris ya estaba cortejando a los principales donantes y organizadores de Hillary Clinton. No lleva mucho tiempo en la política, pero sus contribuciones a la campaña como senadora han venido de numerosas instituciones plutocráticas”. (“Kamala Harris Is An Oligarch’s Wet Dream”, Jun 28, 2019)

Hay muchas otras referencias. Solo agregar que su hermana, Maya Harris, trabajó para la campaña de Hillary Clinton, y que Philip Gordon, que actualmente se desempeña como asesor de seguridad nacional de Harris, comenzó trabajando en el personal del Consejo de Seguridad Nacional bajo Bill Clinton (enero 1993-2000). Recientemente ejerció como subsecretario de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos bajo la secretaria de Estado Hillary Clinton de 2009 a 2013.

Como se deduce de estas y otras informaciones, la progresión de la carrera política de Kamala Harris estuvo acompañada desde fechas tempranas con apoyos de círculos de poder y empresariales, e incluso parece haber sido visualizada y habría legado a ser posicionada en la Casa Blanca junto a Joseph Biden para el caso que este no pudiera seguir asumiendo sus funciones, tal como se afirma en algunas de las opiniones citadas.



[1]  Caben algunas interrogantes: ¿Cuál fue el papel en eso del llamado “Estado Profundo” ?, ¿cuál el de los Clinton?, ¿fue una trampa tendida a Biden llevarlo a un muy inusual temprano debate con Trump antes de su nominación?”

miércoles, 12 de junio de 2024

Leonard Peltier: el preso político con más años de encarcelamiento en Estados Unidos.

Por Fernando M. García Bielsa

Leonard Peltier es un muy destacado líder indígena de ese país, dirigente del American Indian Movement y preso político que lleva más de 49 años tras las rejas. Está recluido actualmente en una prisión en el estado de la Florida, luego que fuera acusado falsamente por el asesinato de dos agentes del FBI durante un enfrentamiento en la Reserva india de Pine Ridge, Dakota del Sur en 1975, cuando el FBI alimentaba las tensiones en la reserva como parte de una campaña encubierta para reprimir las actividades del Movimiento. Pasados 15 años de la anterior vista de su caso, le fue programada y se efectuó en días recientes (10 de junio), una nueva audiencia para optar, una vez más, por la libertad condicional.

La audiencia se llevó a cabo ante un examinador de la Comisión de Libertad Condicional de los Estados Unidos dentro de la Penitenciaría Coleman, una prisión de alta seguridad, en Coleman. Florida. Según testimonios la audiencia adquirió por momentos como una atmosfera de enjuiciamiento e incluyó la presentación de un fuerte argumento del director del FBI, Christopher Wray, en contra de cualquier benevolencia en el caso.

Este importante dirigente indígena fue encarcelado después de un juicio amañado, mal conducido, basado completamente en testimonios de personas que habían sido amenazadas e intimidadas por el FBI y plagado de faltas y errores que nunca se sostendrían hoy en un tribunal de los propios Estados Unidos. Los fiscales ocultaron pruebas claves. Un miembro del jurado admitió que estaba en contra de la raza de Peltier en el segundo día del juicio, pero se le permitió quedarse de todos modos.

Son numerosas las agrupaciones y personalidades estadounidenses y del mundo que han expresado preocupaciones y cuestionamientos no resueltos sobre aquella condena, la injusticia del encarcelamiento y que han reclamado su excarcelación. Ya el hombre tiene 79 años y la solidaridad que recibe en su país, que no es poca, apenas trasciende.

Es casi increíble que una persona pueda estar encarcelada durante casi medio siglo cuando todas las evidencias señalan que fue un juicio amañado y que varios presidentes yanquis, emplazados a otorgarle clemencia, le han zafado el cuerpo al asunto, por cálculos políticos o miedo al poder del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Por otra parte, es sabido que – en el país que se llena la boca pretendiendo dárselas de modelo de democracia y de derechos humanos - son muchos los presos que han sido condenados a la cámara de gas o a la silla eléctrica y que después se ha conocido que eran inocentes.

La resistencia ante la opresión de los indígenas en Estados Unidos no ha cesado. Por momentos cobra fuerza, como en la segunda mitad del pasado siglo. Leonard Peltier es uno de quienes encabezaron esas luchas y por ello fue blanco de las acciones del gobierno federal.

Esos pueblos originarios de América del Norte reaccionan en reclamo de sus derechos. Aunque desde hace más de dos siglos comenzaron a ser despojados de sus territorios ancestrales y concentrados en las llamadas reservaciones, todavía empresas mineras y otras explotan y se benefician de las tierras que habitan. Todavía algunas tribus o naciones indias enfrentan ocasionales desalojos.

En la actualidad son aproximadamente cinco millones de personas; varias veces más que en 1900, cuando se calcula quedaban unos 300 mil, luego de los brutales exterminios y del desarraigo forzado de sus terruños originales. Casi un tercio de ellos residen actualmente en tres estados: California. Arizona y Oklahoma.

Los sobrevivientes de las naciones indígenas derrotadas fueron internados en reservas, en terrenos áridos; muchos de sus hijos les fueron arrebatados y enviados a internados y casas de pensión, donde sus cabellos fueron cortados y sus lenguas y ceremonias fueron desterradas, en una especie de genocidio cultural. Durante décadas perduró la práctica de fragmentar muchas familias indias y entregar a sus hijos en adopción.

No obstante, la penetrante y desgarradora influencia de la dominante ‘modernidad’ capitalista, del consumismo y de la cultura gringa, mucha de la identidad de los nativo-americanos perdura.

Sus derechos humanos y lugares de culto tradicional son violados sistemáticamente por las autoridades estatales y enfrentan altos niveles de marginación y discriminación, así como un acceso restringido a la educación, la atención médica y la vivienda. Los pueblos indígenas tienen más probabilidades de vivir en pobreza extrema y sufrir tasas más altas de falta de tierras, desnutrición y desplazamiento interno que otros grupos. A menudo ocupan los primeros lugares en cuanto a proporción de reclusos, analfabetismo y desempleo, mientras que su esperanza de vida es hasta 15 años menor en comparación con los no indígenas.

Los defensores de los derechos humanos indígenas son intimidados, atacados y, en ocasiones, incluso asesinados, a menudo con el apoyo del Estado.

Pero Peltier es un luchador y todavía está vivo; ahora tiene 79 años y está enfermo en una penitenciaría de Florida. Es quizás el prisionero político más antiguo de Estados Unidos. Su historia todavía mueve a miles de personas a firmar peticiones en apoyo de su liberación. Muchas personalidades y líderes de derechos humanos han instado a su liberación a lo largo de los años, incluidos el Papa Francisco, el Dalai Lama, la Madre Teresa, Nelson Mandela y Coretta Scott King. Artistas destacados como Willie Nelson, Bonnie Raitt, Jackson Browne y Rage Against The Machine han realizado conciertos en su nombre. Los líderes tribales electos y el Congreso Nacional de Indios Americanos han aprobado resoluciones en las que instan al indulto.

Entre quienes se alinean ahora en favor de Peltier esta James Reynolds. Este fue el fiscal de los Estados Unidos que ayudó a poner a Peltier en prisión en la década de 1970. En una carta extraordinaria de julio 2021 a Biden que no se ha hizo pública inicialmente, Reynolds dice que se ha dado cuenta a lo largo de los años de lo injusto que fue el juicio de Peltier, y que haría justicia dejarlo irse a casa.

“Escribo hoy desde una posición poco común para un ex fiscal: suplicarle que conmute la sentencia de un hombre a quien ayudé a poner tras las rejas”, escribió. “Con el tiempo, y el beneficio de la retrospectiva, me he dado cuenta de que el enjuiciamiento y el encarcelamiento continuo del Sr. Peltier fue y es injusto. No pudimos probar que el Sr. Peltier cometió personalmente ningún delito en la Reserva Pine Ridge ".

Otra personalidad en su favor es el representante Raul Grijalva (D-Ariz.). Ese propio año encabezó a otros 10 demócratas de la Cámara de Representantes en una carta al presidente y al fiscal general Merrick Garland donde instaban a una liberación acelerada de Peltier. Por otra parte, en declaraciones a la prensa, Grijalva dijo que Peltier ha sido castigado por mantener su inocencia. Tenía la oportunidad de ser liberado en 2009 pero solo si hubiera admitido que asesinó a los dos agentes del FBI. Peltier rehusó y se le negó la libertad condicional.

En una carta enviada este año a los miembros de la comisión de libertad condicional, el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional-Estados Unidos, Paul O'Brien, reiteró su preocupación por el proceso legal que condujo a la condena y sentencia de Peltier, señaló la edad de Peltier, el tiempo cumplido, y sus críticos problemas de salud, instando a la comisión a que le conceda la libertad condicional.

Sin embargo, el caso de Peltier apenas se conoce. Casi de espaldas al mundo, dentro de unos 20 días, la Comisión de Libertad Condicional de Estados Unidos debe tomar una decisión para determinar el destino de Leonard Peltier.

Aunque un poco tardíamente es hora que esa injusticia resuene, que sea expuesta la falsedad de la pretensión a la sociedad yanqui de mostrarse como modelo, y que se manifieste una mayor solidaridad con este líder de los pueblos originarios de la América del norte.

martes, 14 de mayo de 2024

Alineamiento prosionista y mano dura contra quienes protestan

Cámara de Representantes aprueba ley que manipula el término antisemitismo para imponer mano dura a quienes manifiestan su rechazo a los vínculos de las universidades y la administración Biden con Israel sionista

 Publicado: Sábado 11 mayo 2024 | 08:43:52 pm.

Autor: Fernando M. García Bielsa

digital@juventudrebelde.cu



La Ley de Concientización sobre el Antisemitismo afirma que es antisemita llamar racista a Israel o protestar contra el genocidio que comete contra el pueblo palestino. 

A la par que se intensifica la represión al levantamiento estudiantil opuesto al apoyo de Washington al genocidio israelí contra Palestina y que exige la suspensión de los vínculos de sus universidades con entidades sionistas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este 1ro. de mayo, y por amplia mayoría bipartidista, un proyecto de ley para ampliar la definición federal de antisemitismo.

La Ley de Concientización sobre el Antisemitismo (Anti-Semitism Awareness Act) afirma que es antisemita llamar racista a Israel o protestar contra el genocidio que comete contra el pueblo palestino.

Son muchos los que en Estados Unidos señalan que dicha ley, pendiente aún de consideración senatorial y de la aprobación del Presidente, es violatoria de la primera enmienda constitucional que protege el derecho a la libre expresión.

Esa pieza legislativa está siendo impulsada apenas semanas después de que fuera reautorizada otra ley violatoria de los derechos constitucionales que da luz verde y visos legales a la intromisión en la vida de las personas y sirve de instrumento para los controles sociales y represivos que aplican los órganos de espionaje estadounidenses.

Resulta impresionante cuán entronizado está en el discurso político y mediático en Estados Unidos la narrativa sionista acerca del Estado de Israel como un afable y acogedor hogar para el disperso pueblo hebreo y cómo han tergiversado y manipulado, para propósitos viles, el significado del holocausto que se cometió contra el pueblo judío por la Alemania nazi hace 80 años.

Hace unos días, la conocida escritora y activista canadiense Naomi Klein decía: «No necesitamos ni queremos el falso ídolo del sionismo. Queremos liberarnos del proyecto que comete genocidio en nuestro nombre… El sionismo es un ídolo falso que ha tomado la idea de la tierra prometida y la ha convertido en un acto para vendernos un etno-estado militarista».

Se aprovecha la enraizada existencia de un legítimo sentimiento de rechazo al racismo y a cualquier expresión antisemita, así como la simpatía hacia las víctimas del nazismo, y ahora se les instrumentalizan para desacreditar y envilecer a manifestantes y a todo aquel que se atreva a criticar las políticas del Estado de Israel o se exprese contra los horrores e injusticias que enfrentan los palestinos.

Al propio tiempo, muchos estudiantes han sido blanco de correos de odio y amenazas en las redes sociales, mientras que la masacre en Gaza, como tal, pierde cobertura ante el discurso histérico sobre el antisemitismo.

En ese contexto tildar a alguien de antisemita deviene un instrumento con el que se pretende descalificarlo y paralizar sus acciones. Se pervierte el significado de término referido a «discriminación, prejuicio, hostilidad o violencia contra los judíos como tales». Se llega hasta el punto de etiquetar expresiones en pro de Palestina como «discurso de odio antijudío», y de catalogar como «antisemitas» hasta los diversos sectores judíos que ahora, en el mundo entero, protestan contra los crímenes de Israel. Es una manera de promover su impunidad ante todo lo que hagan.

Eso es lo que está detrás de esta «Ley de Concientización sobre el Antisemitismo» que avanza en el ámbito legislativo en Washington, precisamente en el contexto de la agresión brutal contra el pueblo palestino y del repudio generado en todo el mundo.

Detrás de la mano dura y represiva contra los estudiantes están también, y fundamentalmente, el poder que tiene el lobby proisraelí en la política interna de Estados Unidos, sus vínculos con el complejo militar industrial, así como la utilidad y el papel geopolítico y estratégico que para Estados Unidos tiene su alianza con ese enclave en el Medio Oriente.

Un aspecto cardinal de la protesta estudiantil es el reclamo del cese de las inversiones y relaciones de las universidades con empresas militares estadounidenses vinculadas y proveedoras de la maquinaria de guerra industrial israelí.

Es un asunto sensible, pues el dinero opera silenciosamente y son lazos protegidos y casi impenetrables. Exigir la desinversión de industrias específicas es una tarea complicada por la opacidad de los acuerdos de financiación e inversión del sector universitario, así como asignaciones federales para investigaciones y proyectos militares.

Desde su surgimiento el Estado de Israel requirió del robo de tierras coloniales, hojas de ruta para la limpieza étnica, produjo la expulsión masiva de palestinos de sus tierras ancestrales, y consideró a los niños palestinos como amenazas demográficas.

El genocidio que ahora se produce en Gaza le ha abierto los ojos a buena parte del estudiantado y del pueblo estadounidense. Ante ello algunas autoridades universitarias llaman a la policía y se atrincheran contra la amenaza que representan sus propios estudiantes y sus incómodos emplazamientos.

No son solo los cada vez más militarizados departamentos de policía los que utilizan las porras contra los estudiantes, sino que se hace evidente que la mano dura y la intolerancia tienen respaldo y son incentivadas por gobernadores estaduales y desde el Gobierno federal.

La administración y el Congreso se enfrentan a un mayor escrutinio público, mientras que el presidente Biden puja por calmar a la opinión pública y trata de evitar, con incoherencias, que las manifestaciones contra su contubernio con la masacre israelí en Gaza impacten sobre el electorado demócrata y afecten sus pretensiones reeleccionistas.

Las manifestaciones y los arrestos se han extendido a los campus universitarios de todo el país en un grado que recuerda las protestas contra la guerra de Vietnam. Ya son más de 40 los centros universitarios donde son masivas las protestas y se estiman en más de 2 000 los arrestos.

En California, la policía antidisturbios invadió el campamento de solidaridad con Gaza en el campus de UCLA, realizó arrestos y desmanteló violentamente el lugar de la protesta pacífica. Los estudiantes informaron de heridas graves cuando los agentes dispararon balas de goma y granadas aturdidoras.  La policía también realizó decenas de arrestos en los campamentos de solidaridad con Gaza en Dartmouth College, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Arizona y en muchas otras.

El alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, defendió las redadas policiales y aludió al manido argumento de supuestos «agitadores externos» que, según él, tratan de «radicalizar a los jóvenes». En algunos lugares, las falsas narrativas de los políticos atraen a turbas enojadas de extrema derecha a las puertas de los recintos.

Por otra parte, asambleas administrativas de varias ciudades han votado a favor de resoluciones que piden un alto el fuego.

Tal fue el caso, entre otros, de los ayuntamientos de Boston en Massachusetts, y de Tacoma, en la costa oeste, y el de Bloomington, Indiana. En California, el Ayuntamiento de Richmond votó a favor de desinvertir en Israel.

Internamente se extienden las expresiones de apoyo al estudiantado, como es el caso de los sindicatos de la industria automotriz (UAW), y de la educación (SEIU), dos de los más grandes del país. Este último afirmó que «la supresión de la libertad de expresión sienta un precedente peligroso para todos los que buscan justicia, ya sean estudiantes que exigen responsabilidad institucional o trabajadores que se organizan para obtener mejores condiciones laborales».

Desde Europa, especialmente Francia y Alemania, llegan las mismas imágenes de dura represión policial contra campamentos estudiantiles, detenciones y expulsión de estudiantes y profesores.

Al respecto, la relatora de derechos civiles de la ONU recientemente expresó: «La crisis de Gaza se está convirtiendo en una crisis mundial de la libertad de expresión, especialmente en Occidente».

Independientemente de la firmeza con que EE. UU. y la mayoría de los gobiernos europeos respaldan el sionismo israelí y de la tibieza de algunos gobiernos árabes sunitas para definir sus posiciones, los acontecimientos en Gaza, y las fuertes protestas que han generado, debilitan considerablemente la imagen y la situación internacional e interna del Gobierno de Israel, y se han convertido en un hueso atravesado en la garganta del presidente Biden en sus aspiraciones de reelección este próximo noviembre.   

 


domingo, 24 de marzo de 2024

La marcada injusticia del sistema judicial y carcelario de Estados Unidos (I)

Por Fernando M. García Bielsa

El abismo entre los principios sobre los que se fundó este gobierno… y los que se ponen en práctica a diario al amparo de la bandera es muy amplio y profundo

W.E.B. Dubois, sociólogo, historiador, activista, 1897




En contra de la imagen que se trasmite al mundo y las pretensiones de los gobernantes de Estados Unidos de mostrarse como modelo de democracia y como paladín defensor de los derechos humanos en el mundo, son notables las injusticias y los abusos que se cometen a diario contra amplios sectores de su población.

Las luchas del pueblo afroamericano han puesto en evidencia el racismo institucional y la represión sistemática al que son sometidos, los asesinatos y la brutalidad policiaca en sus comunidades y la discriminación que sufren desde hace doscientos años en muy disímiles ámbitos. Es solo la punta del iceberg.


Aquí pretendemos aproximarnos a lo que concierne a la injusticia y abusos de su sistema judicial y al régimen de prisiones, donde también se manifiesta el arraigado racismo de esa sociedad, la vulnerabilidad generada por la pobreza y el color de la piel, así como por el carácter clasista y la excesiva dureza contra la disidencia política. Solo en instalaciones penitenciarias se gastan aproximadamente 80 mil millones de dólares cada año.


Un factor muy influyente ha sido la naturaleza lucrativa que se extiende entre esas entidades con la multiplicación de prisiones privadas: empresas guiadas por el afán de ganancias, siempre necesitadas de más fuerza de trabajo a la que explotar. Por otra parte, más de 7 millones – aproximadamente uno de cada 40 estadunidenses– estaban bajo supervisión judicial (presos, con libertad condicional, o en un proceso judicial). Una vez que están en el sistema de justicia penal, a menudo es difícil salir.


La opresión social, económica y política de los no blancos por parte del sistema establecido han significado que las minorías raciales tienen muchas más probabilidades que los blancos de ser encarceladas y de convertirse en víctimas de prácticas discriminatorias del sistema de justicia criminal y de la sociedad estadounidense en general. Las vías de avance y autoexpresión abiertas a los miembros de la mayoría blanca dominante no lo están para estas minorías. 

 

La desigualdad racial perpetuada por las estructuras institucionales dominantes también aumenta la probabilidad de que los afroamericanos, los indios americanos, los puertorriqueños, los mexicoamericanos, las personas de ascendencia musulmana, se involucren en actividades delictivas, o que luchadores sociales de esas procedencias resulten criminalizados por razones políticas.

 

EL SISTEMA JUDICIAL


Sin que llegue a negar la carga adversa con que el peso de la ley y el racismo se ensañan contra las personas de piel negra o mestiza, resulta interesante citar la afirmación del Dr. Paul Craig Roberts, subsecretario del Tesoro en la administración Reagan y columnista del Wall Street Journal, cuando  en  enero de 2017 afirmó “…. Lo que nos ciega el énfasis en el racismo es que el sistema de justicia es corrupto porque la justicia no juega un papel en él”


En mi criterio da fuerza a la evidencia de que el sistema de instituciones judiciales es mucho más despiadado al relegar y ser en general incapaz de impartir justicia.


Se ha dicho que quizás la peor de las instituciones fallidas de Estados Unidos sea el sistema de justicia penal, que en su integración es bastante masculino y blanco. En sus niveles intermedio y alto ha imperado siempre un claro predominio de juristas de derecha y de centroderecha, generalmente anglo-sajones procedentes de las clases altas y de importantes bufetes donde antes han servido a grandes empresas capitalistas.


El sistema de justicia penal es visto como una maquinaria en contra de los pobres debido a sus complejas y arcanas maniobras procesales que requieren asistencia legal calificada, experimentada y costosa, que da pie a una distorsion de la justicia y básicamente niega a sus ciudadanos más vulnerables la posibilidad de obtener un juicio justo.


Uno de los aspectos que muestra que la justicia está ausente en el sistema de justicia, o que se produce una gruesa distorsión de la misma, es que los acusados, aun siendo inocentes y para evitar altas condenas, se ven obligados a aceptar un “acuerdo de culpabilidad” fuertemente manipulado en el cual el acusado queda en franca desventaja.


Alrededor del 97 por ciento de los casos penales se resuelven sin juicio, mediante tales acuerdos que en realidad son una forma de extorsión. Se ha vuelto rutinario que la policía falsifique pruebas, que los fiscales sobornen el perjurio y retengan pruebas exculpatorias. En un acuerdo de culpabilidad, el fiscal normalmente ofrece una pena de prisión reducida si el acusado acepta renunciar a su derecho a un juicio con jurado y admitir su culpabilidad en un procedimiento sumario ante un juez. Por lo general el abogado defensor, especialmente si es designado por el tribunal o es un defensor público, instará al sospechoso a aceptar una sentencia menor en lugar de arriesgarse a una mucho más larga.


Los factores que han llevado a un aumento múltiple de casos en el sistema de justicia penal federal son la federalización del derecho penal, el mayor tamaño y la composición cambiante de la lista penal federal, altos porcentajes de convictos sentenciados a prisión, y penas de prisión promedio más largas. Sumados a los cambios en las penas mínimas obligatorias, todos estos factores explican la gran cantidad de casos que está abrumando a los tribunales y haciendo que los acuerdos de culpabilidad sean una solución muy atractiva para el sistema.


Los fiscales pueden procesar a más personas, ser más productivos en el procesamiento de casos y más efectivos para obtener condenas mediante una declaración de culpabilidad. En tales casos la policía no tiene que presentar pruebas, y a los jueces se le aligera la tarea.


Para lograr sus fines, el gobierno impone rutinariamente una pena severa a los individuos procesados que si, por el contrario, deciden ejercer su derecho constitucional en un juicio con jurado. Con ello se incentiva un sistema masivo de negociación de sentencias que está fuertemente manipulado contra el ciudadano acusado.


Dado que declararse culpable elimina el jurado que sería designado para un juicio a gran escala, los jueces, pero especialmente los fiscales, obtienen un poder mucho mayor sobre la conducción del caso… Para el acusado, queda la ilusion de que se puede negociar. Con base en este eficiente sistema de justicia tipo “cadena de montaje”, el gobierno puede agregar más delitos al código penal para que la vida de los ciudadanos esté aún más controlada y regulada.


El sistema de justicia penal es en gran medida indiferente a la culpabilidad o inocencia del acusado. Es la razón principal por la que hay tantas condenas falsas en Estados Unidos y tantos estadounidenses condenados injustamente en prisión. De hecho, incluso los culpables son condenados injustamente, ya que es más fácil incriminarlos que condenarlos basándose en las pruebas.


Las malas conductas policiales y judiciales rara vez conllevan algún costo. La “ley” protege a los policías, fiscales y jueces que habitualmente la violan. Se han dado muchos casos en los que, por ejemplo, tribunales estatales y federales han eximido de responsabilidad a fiscales cuyas conductas atroces han resultado en el envío de personas inocentes al corredor de la muerte.


Numerosos han sido los casos de ejecuciones por error judicial. Personas inocentes de haber cometido un crimen tienen mayor predisposición a ser sentenciadas a muerte en Estados Unidos en aquellos estados en los que se aplica con fervor la pena capital, que generalmente tienen mayor índice de población negra y los juicios se efectuan bajo presión política. Florida, Georgia, Tejas y Alabama son los Estados que mayores errores cometen a la hora de aplicar sentencias a muerte.


Según el Centro de Información sobre Pena de Muerte, 17 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2020. Desde 1976, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos restableció la pena de muerte, los estados han ejecutado a 1.534 personas, incluyendo algunos por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Por su parte, el gobierno federal ha ejecutado cerca de otra veintena de reclusos en esos años.


Aunque aproximadamente la mitad de los 50 estados han abolido la pena capital, hay centenares de reclusos en el país en espera de ejecución. Actualmente hay unas 50 mujeres condenadas a muerte en Estados Unidos.


RACISMO Y REPRESION POLITICA


Las comunidades de color, especialmente los afroamericanos, son las que se ven más afectadas negativamente por políticas y prácticas sesgadas que incluyen las relaciones entre la policía y los ciudadanos, la detención preventiva, el peso que los antecedentes penales pueden tener en las sentencias y los cargos procesales desiguales.


Aunque los afroamericanos representan sólo alrededor del 12% de la población total de Estados Unidos, representan el 33 por ciento de la población penitenciaria federal y estatal. Eso se compara con los blancos, que constituyen el 64% de los adultos estadounidenses pero solo el 30% de los que están tras las rejas, según un análisis de Pew Research de los datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia.


Los Estados Unidos siguen ocultando que mantienen presos políticos, porque no queda bien para la imagen de una nación que se autodefine como líder del mundo libre. No dudan en levantar acusaciones sobre derechos humanos en otros confines, pero se niegan a limpiar su propio terreno.


Una nota discordante y significativa provino del embajador del gobierno Carter ante Naciones Unidas, Andrew J. Young, cuando en julio de 1978 dio una famosa entrevista al diario francés Le Matin. Dijo entonces: “Todavía tenemos cientos de personas en nuestras cárceles que podrían ser clasificadas como presos políticos”, aludiendo a los activistas que habían sido encarcelados en los años 60 y 70. Por sus dichos fue fuertemente impugnado por el Congreso y otros en su país.


Otro testimonio significativo provino de Ramsey Clark, quien había sido Fiscal General y encabezara el Departamento de Justicia entre 1967 y 1969. Declaró en 2015:  


“Los presos políticos no tienen reconocimiento legal, son tratados como enemigos del Estado”, expresó, en voz baja y pausada, traicionada a cada sílaba por el acento texano. “El objetivo es que sirvan de ejemplo para las nuevas generaciones, estableciendo el precio que se debe pagar si recurren a la rebelión y a la insubordinación.”


Ciertamente, a lo largo de su historia y hasta el presente, Estados Unidos ha retenido con excesivas condenas de cárcel a personas cuya detención se llevó a cabo sustancialmente por motivos políticos. Entre los prisioneros políticos estadounidenses destacados se encuentran socialistas pacifistas, activistas del movimiento de derechos civiles, objetores de conciencia y detenidos de la Guerra contra el Terrorismo.


La mayoría de los presos está formada por minorías raciales o nacionales, buena parte de ellos integrantes de la organización de los Panteras Negras y sus ramificaciones. Varios de estos reclusos están tras las rejas hace más de 40 años.


Tal es el caso, por ejemplo, de Leonard Peltier, preso político y ex líder del American Indian Movement, encarcelado desde hace 47 años después de un juicio amañado. La solidaridad que recibe en su país y desde el exterior, que no es poca, apenas trasciende. Peltier, de casi 80 años, ha estado en prisión durante 47 años por un crimen que se dice no cometió. Su juicio estuvo mal conducido y plagado de faltas y errores que nunca se sostendrían hoy en un tribunal de los propios Estados Unidos. Los fiscales ocultaron pruebas claves; el FBI amenazó y obligó a los testigos a mentir. Un miembro del jurado admitió en el segundo día del juicio que estaba en contra de la raza de Peltier, pero se le permitió quedarse de todos modos.


Otro ejemplo notable es Mumia Abu Jamal, de 70 años, es uno de los presos políticos más emblemáticos del mundo, ex Pantera Negra, activista y periodista revolucionario que ha sido victima de la injusticia estadounidense. Arrestado en 1981 bajo falsas acusaciones, fue condenado a muerte al año siguiente, lo que le mantuvo largos años en el pabellón de la muerte. Posterior al juicio, en declaración jurada, una taquígrafa del Tribunal afirmó haber escuchado al juez del caso decir en la antesala del lugar “Voy a ayudarlos a ejecutar al negro”.  En 2011, luego de 30 años y de muchos esfuerzos que demostraron irregularidades en su procesamiento, la condena le fue conmutada por la de cadena perpetua, cuando un tribunal federal de apelaciones declaró por segunda vez dicha condena como inconstitucional.


Son ilustrativos también, entre otros, los casos de Sundiata Acoli (miembro de los Pantera Negras y del Black Liberation Army) y de Ed Poindexter y Mondo We Langa (nombre africano de David Rice), ex líderes de los Panteras Negras en Omaha, en el Estado de Nebraska, encarcelados durante unos 45 años. Langa murió el 11 de marzo de 2016. Acoli fue condenado a cadena perpetua junto a Asata Shakur luego de un tiroteo en 1974 en Nueva Jersey y después de habérsele denegado repetidamente el parole, fue liberado ya enfermo a fines de 2023 con casi 87 años de edad, y después de permanecer en prisión durante 49 años (!)


Realmente son muchos los casos de personas quienes padecen por años la espera de su ejecución y sobre los que, bien antes o después de ejecutados, se demuestra que eran inocentes. Desde 1973 han sido salvadas de la muerte cerca de 90 personas porque a último momento fueron reconocidas inocentes. Otros muchos no tuvieron igual suerte.


“Hay muchas condenas fabricadas, con presión sobre los testigos y supresión de evidencias favorables para los acusados”, dice abogado Robert Boyle, quien se dedica a la defensa legal. “Los presos políticos casi nunca reciben el beneficio de la libertad condicional que les corresponde. Además es enorme la presión de las asociaciones de policías para impedir la liberación de los que son acusados de la muerte de algún compañero.”


A menudo para las condenas se utiliza el término de “conspiración sediciosa” (basado en una añeja ley de 1861) como un instrumento de criminalización de la contestación popular”. “Esa regla deniega prueba material del crimen y lleva a la cárcel quien comete el delito de intención”


Todo empeoró notablemente después de los atentados de 2001 y de la declaración de la llamada “guerra contra el terrorismo”, con la aprobación de la Ley Patriota, que debilitó aún más las salvaguardias legales para los sospechosos de actuar contra el Estado. Nuevas olas de prisioneros, en su mayoría de origen musulmán, se convirtieron en blanco de esa suerte de “justicia”.


(Continua en una segunda parte…)