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"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz

lunes, 5 de febrero de 2024

Ingenios de Granma estabilizan su producción. Comentario HHC

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Estabilizan producción en centrales de Granma »

5 febrero, 2024




Granma, Cuba. – Especialistas de Azcuba reconocen que los cortes cañeros estables y la eficiencia fabril, han permitido que las industrias del sector en Granma incrementen sus volúmenes de sacarosa y sus derivados.

Los ingenios Arquímedes Colina, de Bayamo y Enidio Díaz, de Campechuela, van cumpliendo su responsabilidad de entregar la demanda de azúcar que exigen la canasta básica, la Industria Alimentaria y los Organismos de la Administración Central del Estado.

En permanentes recorridos de las principales autoridades de Granma por las fábricas azucareras locales, se ha constatado urgencia y eficacia para solucionar problemas puntuales en labores de corte, alza y tiro de la caña y roturas de la maquinaria industrial.

Los azucareros de Granma tienen la misión de producir unas 25 mil toneladas de la sacarosa y adecuados volúmenes de mieles.

Comentario HHC: Una buena noticia de la zafra azucarera entre tanto desastre. En Granma parece que no falta combustible, mano de obra, etc como dicen que falta en otras partes ¿?. Pero los dirigentes de la provincia estan pendientes y seguramente resolveran o facilitaran las solución de los problemas, esa es la diferencia.

Mientras AZCUBA y su sitio web no dicen nada de la producción de azúcar del país. Muchas efemérides. Y el último Boletin  data de marzo del 2023.




Mientras el MINISTERIO DE FINANZAS les da mas " oxigeno" aunque los rendimientos sean bajos y la producción menor.  ¿ Se acuerdan de todo lo que dijo el Presidente de AZCUBA en la Mesa Redonda? . Vi el video completo de la misma, y de lo poco que se ha informado, no se cumple con lo expresado por el compañero  Julio García Pérez.  Deberian  volverlo a invitar cuando se acabe la zafra, para ver que tiene que decir. 

La zafra anterior se equiparó por volumenes de TON de azúcar a la de 1830, esta parece que será menor aún. Si no cambian a los dirigentes de AZCUBA, preocupados eso si, por terminar ¿o ya terminaron ? sus casas en Nuevo Vedado ( son constructores además), así no vamos a remontar la caída en la producción de azúcar jamás. Hay que producir de 3 a 4 millones de TON de azúcar por zafra, para cubrir la demanda interna y exportar la otra producción e invertir el dinero (USD) en fertilizantes, piezas de repuestos, combustible , etc. 

" Se actualiza precio base máximo de acopio de la caña de azúcar para la zafra 2023-2024.


Atendiendo a las facultades del Consejo de Ministros, le corresponde aprobar los precios y tarifas de la nomenclatura de productos y servicios en pesos cubanos, dispuestos en el Anexo Único del Decreto 24 “Facultades para la aprobación de precios y tarifas”, del 25 de noviembre de 2020.

En tal sentido, la Gaceta Oficial de la República No. 11 del 2 de febrero de 2024, publica el Acuerdo 9802 del 10 de enero de 2024, que establece el precio base máximo de acopio, en pesos cubanos por toneladas métrica, de la caña de azúcar.

La zafra azucarera 2023-2024 se desarrolla en un complejo escenario, con bajos rendimientos agrícolas e industriales, derivado entre otras causas de las dificultades en el abastecimiento de recursos e insumos necesarios, fundamentalmente por la no disponibilidad de divisas y los efectos directos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos a Cuba.

Como parte del programa aprobado por el Gobierno para salvar la agroindustria azucarera, se ejecutan 93 medidas, que fundamentan como prioridad incrementar la siembra de caña para las próximas zafras, y se ratifica la aplicación en AZCUBA del nuevo modelo económico financiero para la comercialización y aprobación de precios, que permite destinar el incremento de los ingresos por ventas de meladuras y alcoholes, mediante la aplicación del impuesto especial, al pago de deudas y compensar resultados de actividades irrentables.

En la actualización de precios de la caña de azúcar, se han considerado entre otras, las premisas siguientes: reconocer los incrementos de gastos de fertilizantes e insumos a los precios actuales; actualizar los importes de anticipos y salarios a pagar al productor; mantener la argumentación del precio con base a un rendimiento agrícola promedio de 40 toneladas por hectáreas, aun cuando el estimado para la zafra 2023- 2024 es de rendimiento de 31,2 toneladas por hectáreas; incrementar la masa de utilidad por tonelada de caña, que permita un 15 % de utilidades sobre el total de gastos, lo que puede revertir en mejores pagos a los trabajadores en unidades productoras que eleven rendimientos o disminuyan los costos y gastos de la producción.

Entre los impactos de la actualización de precios se prevén una mayor estimulación al productor, al reconocer gastos incrementados de los insumos y un mayor anticipo a pagar a los trabajadores, y se mantienen en el Presupuesto del Estado gastos corrientes a financiar a AZCUBA, en similares magnitudes al año 2023, en respaldo a las 93 medidas aprobadas para salvar la agroindustria azucarera, según los niveles de actividad.

Consecuentemente, se emiten por el Ministro de Finanzas y Precios, las resoluciones que modifican los precios mayoristas de azúcares, mieles y alcoholes, y adecúa el impuesto especial a producto.

En aras de evitar la dispersión legislativa, se deja sin efectos el Acuerdo 9550 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, del 31 de marzo de 2023.

MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS"


Políticas sociales en Cuba: de la Conceptualización a la práctica. Principales desafíos. Miradas 2023 (Vi)

Por Juan Carlos Albizu-Campos Espiñeira, Dayma Echevarría León y Mayra Tejuca Martínez

Introducción

Las políticas sociales han representado un elemento distintivo y un eje de desarrollo dentro del proceso socialista cubano. Han tenido como pilares básicos los principios de inclusión, igualdad y justicia social. Los servicios que de ella se derivan tratan de garantizar cobertura universal y acceso gratuito a servicios sociales básicos a toda la población, con un tratamiento preferencial hacia las mujeres, la niñez, la ancianidad y la población rural. Para lograrlo ha sido central el Estado en su gestión (Álvarez y Mattar, 2004).

Dada su relevancia dentro del proyecto de nación, la política social mantiene un peso significativo dentro de la Conceptualización en sus dos versiones (2017 y 2021), donde se presentan como un capítulo específico el cual aborda sus características a partir de la los derechos y deberes económicos y sociales y apunta, en un epígrafe, el rol del trabajo como fuente principal de prosperidad y bienestar. En esta sección, se identifica a la política social como una fortaleza en términos de garantía de derechos para el acceso a educación, salud, cultura y deportes; la seguridad y asistencia sociales, y la defensa contra la discriminación.

Si bien no se observan modificaciones sustantivas entre las dos versiones del documento programático, algunos elementos se añaden en la propuesta de 2021, como la inclusión del principio de «la dignidad» en las políticas sociales, junto con «el ser humano y su desarrollo integral». Se concibe el alcance de la prosperidad a partir «…del aumento de la productividad del trabajo y la eficiencia económica , de modo que se incrementen las riquezas para su distribución con equidad y justicia social, elevar la calidad y el nivel de vida material y espiritual del pueblo, sobre la base de sus principios y valores» (Partido Comunista de Cuba, 2021).

Esta idea ya se había presentado como tal en los Lineamientos que vieron la luz pública en 2011 y se actualizaron en 2016 y 2021. Destaca la intención explícita de eliminar cualquier trato igualitarista y el énfasis en la sostenibilidad económica de la política social, como consecuencia del incremento de las riquezas para distribuirlas. Este cambio de enfoque se expresa en un uso más eficiente de los recursos y la reducción de gastos innecesarios —entre ellos la eliminación de las llamadas gratuidades indebidas y subsidios excesivos—, mayor espacio a la focalización, mayor equilibrio entre aporte individual y gasto público —a partir de un sistema tributario que garantiza una mejor gestión de los fondos para la seguridad social— y la ampliación de la participación de individuos, familias y comunidad en la cobertura de necesidades. La mayor presencia de la familia y el mercado como actores de la política social se encuentra como uno de los principales elementos de cambio.

En la versión de 2021 se añade, a los factores para garantizar el bienestar y la prosperidad, un mayor acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a favor del desarrollo del gobierno y el comercio electrónicos y la gestión del conocimiento, con el propósito de elevar la cultura general integral de los ciudadanos y su calidad de vida. Esto dentro del factor «Comunicación social veraz y oportuna, y la Informatización de la Sociedad».

Otros factores relevantes que garantizan este concepto de país son la justicia y equidad social, la igualdad de oportunidades y de acceso a las mismas, la no discriminación por cualquier distinción lesiva a la dignidad humana, la eficacia y calidad de los sistemas de educación, salud, seguridad y asistencia social, cultura y deportes, el fomento del trabajo creativo y el ambiente laboral sano, la responsabilidad y sentido de pertenencia individual y colectiva en la creación de la riqueza y la participación en su justa y equitativa distribución.

En el presente capítulo se aborda el comportamiento de las políticas sociales relacionadas con la salud, el acceso a la educación superior y el empleo, y el salario. Si bien existen otras políticas sociales en el análisis del modelo socialista, en las políticas seleccionadas Cuba se ha constituido como referente internacional por los resultados alcanzados en estos ámbitos y reflejados en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) logrado. A su vez, estos tres componentes representan ejes que configuran una estructura social específica. De ahí su relevancia para el análisis sobre la coherencia de estas políticas en su diseño, implementación y resultados alcanzados, con el modelo socialista que se plantea en la Conceptualización, concebida como visión deseada de país.

La salud en la política social cubana: su expresión en la Conceptualización

La voluntad política ha sido siempre clave en la reconfiguración de la salud pública en virtud de su inserción en el diseño y la implementación de la política social en el país. La universalización del acceso a los servicios, su gratuidad, la adopción del principio de que la salud de la población es responsabilidad del Estado, la implementación de diferentes campañas sanitarias y un sinnúmero de programas específicos para la atención a diferentes procesos mórbidos, se combinó con los considerables avances realizados en el campo de la educación y la reducción del analfabetismo a niveles mínimos, la promoción de los grupos sociales históricamente desprotegidos, en particular los de las zonas rurales, y la desconcentración de los servicios de salud de la capital a partir del desarrollo de la infraestructura médica en todo el país.

Como resultado, hacia el final de la década de 1980, la esperanza de vida al nacer, indicador resumen de las condiciones de supervivencia y salud de una población, había registrado importantes ganancias en los últimos treinta años del siglo xx, al superar la barrera de los 75 años, para ambos sexos. La Habana ya no ocupaba el primer lugar, como muestra del nivel de desarrollo económico general alcanzado en el país.

Así, en el documento de Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista para el período 2016-2021, la salud y su eficacia y calidad, fueron reconocidas como uno de los pilares fundamentales de garantía del bienestar y la prosperidad de la población, aparece así refrendado en la propuesta de 2021. Sin embargo, en términos de indicadores, luego del notable avance comentado con anterioridad, que concluye hacia el trienio 2011-2013, en que las mujeres alcanzan 80.60 años y los hombres 76.50 años, se observa en el país un proceso de deterioro gradual de la esperanza de vida al nacer que aún se mantiene, como consecuencia del incremento sostenido de la mortalidad y cuyo inicio estuvo concomitado con «el despliegue de un proceso de “Reorganización, concentración y regionalización de los servicios de salud”» (Íñiguez, 2012, pág. 110), el cual había sido anunciado en 2010.

Durante el período 2011-2016, el sector experimentó un proceso de transformaciones llamado «compactación de los servicios de salud», en el cual «se racionalizaron las estructuras de dirección en 57 municipios y se compactaron 46 policlínicos que atendían a poblaciones de menos de 5000 habitantes, la cual se redistribuyó en las áreas de salud cercanas para no afectar la cobertura de los servicios» (Ojeda y otros, 2018, pág. 4). Además, «el gasto dedicado a la salud se ha mantenido por debajo de 10.4 % del Producto Interno Bruto per cápita anual» (Ojeda y otros, 2018, pág. 4), proceso acompañado por una sostenida reducción de las inversiones en el sector, cuyo peso dentro del total de inversiones en el país, pasó de 3.6 % en 2016 a 0.8 % en 2021 (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2020),1 mientras que desde 2015 se registraba una disminución de los gastos de salud por habitante (Íñiguez, 2021).

Este proceso de transformación del sector, tuvo como resultados la reducción del número de trabajadores, así como la redistribución de los servicios, en especial en la atención primaria, en poblaciones de menos de 5000 habitantes —por lo general zonas rurales— el cual afectó los servicios de rehabilitación, endoscopia, regulación menstrual, imagenología, cirugía menor y de urgencia. La mayoría de estos servicios habían sido puestos en funcionamiento en años anteriores. También este proceso implicó la reducción de hospitales y su reconversión a otras funciones, como asilos de ancianos, o policlínicos con camas, así como la fusión, en el 24 % de los municipios del país, de los policlínicos y las Direcciones Municipales de Salud, allí donde solo existiera uno de cada uno, mientras que en el caso de los consultorios del médico y la enfermera de la familia, se redefinió la población a atender, el número de los que brindarán servicios estables, y los recursos humanos necesarios en ellos, al fijarse como máximo una población de hasta 1500 habitantes en consultas y labores de terreno, lo cual significó un cambio en el principio de «un médico cada 120 familias», incrementándose la lejanía relativa en que quedaron algunos servicios y ello entrañó serias limitaciones de acceso en la medida en que aumentó las distancias a recorrer (Íñiguez Rojas, 2012, pág. 120), sobre todo en un contexto con un deterioro sostenido de los servicios de transporte.

Más allá de que, en su diseño, la política de salud se atiene a las definiciones establecidas en la Constitución de la República de Cuba de 2019, la actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social para el período de 2016-2021, Ley n.° 41 de 1983 de la Salud Pública, así como a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del MINSAP (Bombino y Echevarría, 2019), los cuales le aportan el marco jurídico no solo a su definición, sino también a su implementación; la sostenibilidad económica del sector perdió protagonismo en las inversiones que se realizan en el país, así como se produjo una clara contracción de los gastos en salud por habitante.

Uno de los indicadores que más influye en la esperanza de vida es la mortalidad infantil; su descenso actuó como factor de consolidación del avance de la esperanza de vida al nacer hasta el trienio 2011-2013. Sin embargo, entre 2012 y 2020, ese descenso ya no pudo compensar el incremento de la mortalidad de los mayores de un año, en particular en las adultas y las senescentes, tal y como ocurrió en la década de los años 1990, y como lo refrenda la bibliografía (Albizu-Campos, 2014), la esperanza de vida al nacer registró un descenso sostenido en todo ese período.

Lo ocurrido en términos de la reducción de la esperanza de vida en Cuba durante los noventa, daba cuenta de la consolidación de un conjunto de ejes articuladores en el patrón de mortalidad cubano (Albizu-Campos, 2003), en particular lo que se llamó «fragilidad demográfica»: reducción de los niveles de esperanza de vida en presencia de coyunturas económicas adversas, en las que se evidencia un elevado deterioro de la calidad de vida de la población. En el período más reciente, este comportamiento se une a los procesos descritos de compactación del sector salud.

La caída de la capacidad de supervivencia es sostenida desde 2012 hasta la actualidad y afecta a ambos sexos. Un hallazgo en ese sentido es que el diferencial por sexos del indicador se incrementó y superó el umbral de 4 años, pero no debido al mejoramiento de las condiciones de mortalidad de las mujeres que supera al de los hombres, sino a que el deterioro en los hombres fue más rápido y amplió el diferencial, aún en presencia de reducción de la mortalidad infantil al menos hasta 2017. Luego, también en ese tramo de la vida se verificó un incremento notable de mortalidad, que se agudizó en 2021, cuando se situó en casi 7 defunciones por cada 1000 niños menores de un año,2 cuando ya había caído por debajo de 4.

El rasgo más distintivo de este proceso es que la reducción de la esperanza de vida al nacer afecta a toda la población cubana, con independencia del color de su piel, pero es más grave en la población no blanca, dentro de la cual la población negra es la más afectada, lo cual se evidencia además en la mortalidad infantil.3 En contraste, es notoria la similitud en la tendencia de la mortalidad infantil —tanto en hombres como en mujeres— de la media nacional y de la población blanca. En otro caso, la tendencia de la población no blanca se distancia con claridad, debido no solo a un nivel mayor, sino al sentido de su tendencia en el tiempo, pues en diversos años, la mortalidad infantil de la población negra aumenta mientras que en la blanca y la media nacional, disminuyen.

Es algo que también se distingue tanto en uno como en otro sexo. Pareciera que se trata de patrones de mortalidad de poblaciones expuestas a diferentes conjuntos factores de riesgo, o sujetos a prácticas de salud diferenciadas, lo cual corroboran la evidente influencia de evoluciones socioclasistas opuestas, que han impreso una marca indeleble en la manera de morir de las subpoblaciones involucradas, lo cual configuró en cierto momento un escenario de supervivencia de la población que se ha dado en llamar «polarización epidemiológica» (Albizu-Campos, 2008) y que se mantiene aún.

Las estimaciones realizadas señalan al color de la piel como un discriminante, en términos de capacidad de supervivencia de la población cubana y ofrece una evidencia clara de las brechas sociales. Esto puede/debe ser resultado de condiciones de vida diferenciadas que determinan un igualmente diferenciado nivel de exposición al riesgo de morir. Pareciera que el mejoramiento de las condiciones de supervivencia de la población no blanca, en general, y de la población negra en particular, es más lento como resultado de condiciones de vida que introducen gravámenes en términos de acceso a prácticas modernas de salud, lo cual se da tanto en uno como en otro sexo.

Es el caso de las mujeres no blancas, en las que el diferencial de mortalidad, es más notable; como expresión última de condiciones de género en las cuales la combinación de la feminidad con el color de piel no blanco, parece mostrar ser particularmente desventajosa. En este grupo se da cuenta de una brecha socioeconómica, donde la esperanza de vida al nacer de estas mujeres supera por muy poco —apenas algo más de 2 años— a la de los hombres blancos.

Aun cuando el avance fue notable hasta 2012 y muestra una singular reducción de la brecha social en torno a la capacidad de supervivencia según el color de la piel, puede afirmarse que la población no blanca está todavía en desventaja con respecto a la blanca. Esta es una desventaja persistente que se ha ampliado de modo significativo en la última década, la cual afecta a toda la población y sobre todo a la de personas no blancas.

Este proceso mórbido ya se verificaba previo a la entrada de la pandemia de la covid–19 en el país y en 2021 aceleró su deterioro. Parecía incluso que la desaceleración neta observada en 2020 en la caída de la esperanza de vida al nacer podría haber estado anunciando una estabilización de las condiciones de mortalidad de la población cubana. Sin embargo, lo ocurrido durante 2021, aún en ausencia de covid–19, muestra que la pérdida de capacidad de supervivencia en las mujeres habría sido de 4.03 años, mientras que en los hombres alcanzaría 4.54 años.4 Sin embargo, lo que en realidad ocurrió fue que el incremento del número real de defunciones en el país alcanzó 167 645 como resultado de un aumento de más de 55 000 defunciones por encima de las 112 439 de 2020 (Centro de Estudios de Población y Desarrollo, 2022). De ese exceso, solo 8177 fueron atribuidas a covid–19.

Al tomar el efecto compuesto del incremento de la mortalidad por todas las causas de muertes y el impacto generado por la epidemia de la covid–19, la esperanza de vida al nacer fue en los hombres de 68.94 años y en las mujeres de 73.90 años, los cuales experimentaron pérdidas de su capacidad de supervivencia, con relación a 2020, ascendentes a 6.34 y 5.96 años, respectivamente. Si se mide todo el retroceso experimentado por el indicador en la última década (2012-2021), se tendrían pérdidas de 7.6 años en hombres y 6.7 años en mujeres.

Al introducir el impacto combinado de la interacción de la mortalidad directa por covid–19, con la relacionada con las descompensaciones de comorbilidades posteriores a padecer la enfermedad, así como al efecto de interacción que provocó la reorganización del sector de salud para enfrentar la pandemia y la posposición en el tiempo de los tratamientos y maniobras quirúrgicas considerados no urgentes; la magnitud del impacto fue significativa.

El número de años de la esperanza de vida al nacer potencialmente perdidos por la covid–19 en los hombres, se situó en un intervalo entre 2.83 y 3.00 años, mientras que en las mujeres alcanzó entre 3.11 y 3.29 años. El 60 % de ese impacto se concentró en las edades entre 15 y 59 años, en las cuales se verificó una sobre exposición al contagio. De la misma manera, la relación de feminidad de los nuevos contagios diarios fue, en promedio, de 120:100, o sea, 120 mujeres por cada 100 hombres, y llegó a ser mayor durante la oleada de la variante Delta, en el período junio-diciembre de 2021, etapa de la epidemia de mayor letalidad del virus.5

Estos procesos de pérdida de expectativa de vida de la población cubana son absolutamente inéditos en la historia epidemiológica del país de los últimos 120 años. Incluso, la mortalidad materna, que alcanzó una razón de 176.6 defunciones de madres por cada 100 000 nacidos vivos da cuenta de un retroceso a un nivel que solo puede encontrarse hacia mediados de la década de 1930.

Como se ha argumentado con anterioridad, este comportamiento se relaciona con el retroceso que, en términos de mortalidad, experimentó la población cubana y la implementación del proceso de «reorganización, concentración y regionalización de los servicios de salud».6 No se trata de una falla en términos del diseño de una política de salud, la cual continúa anclada en los principios de universalidad, gratuidad y acceso amplio; que dieron lugar a los avances. Se trata de aquellas decisiones que, en búsqueda de la racionalidad económica, llevaron a la contracción de la accesibilidad de los servicios, lo cual en un contexto de crisis económica sostenida, y agravada por una situación pandémica, se une a la fragilidad demográfica de la población.

Las políticas de acceso a la educación superior y la Conceptualización: congruencias y divergencias

La eficacia, la calidad y la igualdad de oportunidades de acceso a la educación son factores imprescindibles para garantizar la prosperidad y el bienestar de los seres humanos. En Cuba la educación ha sido foco de atención desde el triunfo revolucionario y los logros en esta esfera han sido reconocidos con amplitud en todo el mundo .

A más de 10 años de iniciada la Actualización, el análisis de las políticas relacionadas con el acceso a la educación superior y su relación con la Conceptualización permite identificar dos etapas. La primera se caracterizó por fuertes restricciones en el acceso al nivel de enseñanza, en plena concordancia con el lineamiento del 6to. Congreso del PCC encaminado a corregir las deformaciones que presentaba la estructura de la formación de especialistas de nivel superior, técnicos de nivel medio y obreros calificados. Dicha estructura había sido heredada de la etapa precedente de la Universalización de la Educación Superior en el contexto de la Batalla de Ideas.

La política de amplio acceso que caracterizó a la Universalización dio lugar a un notorio desbalance en la formación de personal calificado a favor de los egresados universitarios (Echevarría y Tejuca, 2015) el cual fue corregido en los primeros años de la Actualización. Sin embargo, tal corrección se acompañó de una reducción de la Tasa Bruta de Escolarización (TBE) 7 del nivel de enseñanza hasta alcanzar el 16.0 %. Este valor es muy próximo al rango de TBE (inferior al 15 % de TBE) que clasifica la educación superior de un país como de élites según la cobertura del acceso (Rama, 2009), que en el caso cubano se reflejó con claridad en las características sociodemográficas del alumnado.

La segunda etapa, sin desatender la exigencia de que la formación de la fuerza de trabajo calificada se corresponda con la demanda exigida por el desarrollo socioeconómico del país (lineamientos 172, 143 y 94 del 6to., 7mo. y 8vo. congresos del Partido Comunista de Cuba, respectivamente) se ha centrado en el incremento de matrícula. Para ello, en un inicio fue flexibilizado el sistema de ingreso a las modalidades Curso por Encuentro (CpE) y Educación a Distancia (EaD) y se incorporaron a la oferta los Técnico Superior de Ciclo Corto (CC). De manera más reciente, en el contexto de la pandemia de la covid–19, se modificaron los requisitos de ingreso a los Cursos Regulares Diurnos (CD).

A continuación, se presenta con mayor detalle cada etapa comentada.

La Actualización iniciada de manera formal en 2011 tuvo su impacto en el acceso a la educación superior a partir del curso 2010-2011. Después de una etapa de amplio acceso —enmarcada en el período 2001-2009— se estableció a partir del mencionado curso la obligatoriedad de aprobar exámenes de Español, Matemática e Historia para acceder a cualquiera de las modalidades de estudio de la educación superior cubana.

Esta medida formó parte de un proceso de perfeccionamiento general del sistema educacional cubano y tuvo el propósito declarado de elevar la calidad de la enseñanza universitaria a partir de garantizar que quienes accedieran a ella tuvieran dominio de los contenidos mínimos establecidos en las materias fundamentales de la enseñanza media superior (MES, 2009). Al mismo tiempo estuvo en consonancia con el lineamiento 172 del 6to. Congreso del PCC que orientó proyectar la formación de fuerza de trabajo calificada en correspondencia con las demandas del país, para lo cual era preciso corregir las deformaciones que presentaba la estructura de la formación de especialistas de nivel superior, técnicos de nivel medio y obreros calificados.

La aplicación de este requisito si bien aumentó la eficiencia general del nivel de enseñanza, en especial la del primer año (Tejuca, Gutiérrez, Hernández y García, 2017), contribuyó también a la reducción de matrícula que ya se había iniciado desde el curso 2008-2009 y tuvo un impacto muy negativo en las modalidades CpE y EaD.8 Por otro lado, impactó de manera significativa la composición sociodemográfica del alumnado, y afectó a quienes tenían puntos de partida menos favorables (Tejuca, Gutierrez y García, 2015).

Con posterioridad, en el curso 2016-2017, de nuevo fueron modificados los requisitos de ingreso a las modalidades CpE y EaD.9 Se eliminó la exigencia de aprobar los exámenes de ingreso para acceder a estas alternativas de estudio, al trasladarse al primer año de la carrera la evaluación de los objetivos que medían estos exámenes. Esto, junto a la apertura de los programas de Técnico Superior de Ciclo Corto (CC) en el 2018-2019, flexibilizó el acceso a este nivel de enseñanza.

Su consecuencia inmediata fue un aumento de la matrícula, unido a la recuperación de las modalidades CpE y EaD. La medida tuvo un efecto favorable en la composición social del alumnado de estas modalidades, a partir de su diversificación, pero se apreció una estratificación sociodemográfica del estudiantado que accedió a las diferentes por modalidades de estudio (Tejuca, 2018).

Para el ingreso al curso 2021 —en el contexto de la pandemia de la covid–19— se realizaron nuevas adecuaciones de los requisitos de ingreso. En las modalidades CpE y EaD se eliminó en su totalidad la exigencia de aprobar las asignaturas de Matemática, Español e Historia de Cuba. Para los CD se mantuvieron los exámenes de ingreso, pero se realizó una sola convocatoria10 y tres otorgamientos de carreras: el primero para los aprobados, el segundo para los aspirantes que se presentaron y no aprobaron los exámenes de ingreso y un tercer otorgamiento a los egresados de IPU interesados, aunque no se hubiesen presentado a los exámenes de ingreso. Con esta adecuación quedó eliminado el requisito de aprobar los exámenes de ingreso para acceder a la educación superior. El impacto de estas adecuaciones se reflejó en un nuevo salto en el ritmo de crecimiento del acceso al nivel de enseñanza, así como de su matrícula general, pero relacionado, en lo esencial, con las modalidades CpE, EaD y CC.11

En adición, para el ingreso al curso 2022, se añadió un cuarto otorgamiento, en este caso para los aspirantes egresados de la Enseñanza Técnica y Profesional, de la Facultad Obrero Campesina y de Preuniversitario de cursos anteriores.

Las modificaciones realizadas en el contexto de la pandemia de la covid-19 parecen haber llegado para quedarse dado el reclamo de incrementar el acceso de aquellos grupos que en los últimos años habían quedado excluidos de las aulas universitarias. Al mismo tiempo, reflejan que la preocupación por la calidad que originó la obligatoriedad de aprobar exámenes de ingreso para acceder a cualquier modalidad de estudios en el curso 2010-2011 ya no se expresa igual en las exigencias de ingreso a la educación superior.

Sin embargo, la baja permanencia en las aulas universitarias representan todavía un serio problema. El Dr. José Ramón Saborido, ministro de Educación Superior, reconoció la baja eficiencia del nivel de enseñanza el cual, como promedio, alcanza entre el 59 % y el 60 % (Alonso, Figueredo, Sifonte y Rodríguez, 2021).

Si bien incrementar el acceso a la educación superior es, sin dudas, una política a favor de garantizar la prosperidad y el bienestar de los cubanos como parte consustancial del modelo de sociedad próspera y sostenible la cual nos proponemos construir, es importante no perder de vista la calidad en el acceso por su vínculo con la permanencia y el egreso exitoso del nivel de enseñanza. Investigaciones recientes han evidenciado que la selección de estudiantes con puntos de partidas más favorables persiste en las aulas universitarias (País, 2022 y Tejuca, 2022).

Por otro lado, si en realidad se pretende avanzar en términos de equidad y justicia social es importante llamar la atención sobre el hecho de que con las últimas modificaciones del sistema de ingreso los aspirantes en desventaja accederán mayoritariamente a las carreras y modalidades menos demandadas, lo cual reproduce condiciones de desigualdad.

Las políticas de trabajo, empleo y salarios: coherencia y distanciamiento respecto a la Conceptualización

En los documentos de Conceptualización aprobados en 2016 y 2021, se dedica un epígrafe específico al trabajo como fuente principal de prosperidad y bienestar en el modelo socialista. Para ello, en el período 2010-2020 se han aplicado un conjunto de políticas, cuya meta explícita persigue este objetivo y conlleva el reconocimiento de nuevos actores económicos que han impuesto desafíos para la gestión del trabajo remunerado en el escenario laboral.

Entre las principales transformaciones del período se encuentran: el reordenamiento del sector estatal civil, la creación de cooperativas no agropecuarias; la ampliación y flexibilización de las formas de gestión no estatal, incluido el trabajo por cuenta propia; la entrega de tierras en usufructo y el fomento de la inversión extranjera directa, con la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Este proceso de cambios ha continuado con otras medidas como la aprobación de las micro, pequeñas y medianas empresas en 2021. Además, la Tarea Ordenamiento iniciada en 2021, incluye entre sus aspectos esenciales, la transformación de los ingresos de la población, lo cual supone también un cambio significativo en las relaciones de trabajo.

Esta reforma y las medidas adoptadas en medio de la pandemia de la covid–19 representan los cambios más recientes que implican modificaciones en las relaciones de trabajo y las cuales adoptan características específicas según territorio, edad, sexo, color de la piel, entre otros ordenadores sociales.

En este período, el empleo, comprendido como trabajo formal y remunerado, se ha caracterizado por una tendencia a la disminución de la tasa de actividad económica, con ligeros incrementos entre 2018 y 2020. También se ha observado una disminución de la ocupación en el sector estatal civil, el cual, aunque continúa como mayoritario en 2020 con el 66.6 % de las personas ocupadas, comparte espacio con un sector no estatal creciente y dinámico, en especial en el sector privado.

Dentro del sector privado, el número de personas ocupadas en el trabajo por cuenta propia (TCP) ha tenido un incremento: pasaron de representar dentro de los privados 23 % en 2007 hasta 59.8 % en 2021 (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2022). La ampliación de las facilidades para solicitar alguna licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia, así como los ingresos asociados por lo general a este sector, hacen que se mantenga como una opción de empleo atractiva.

Tras la aprobación de las mipymes privadas y estatales en 2021, como un actor más de la economía, es de esperar que aquellas personas con licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia, con más de tres personas empleadas,12 y consolidadas, escalen sus negocios hacia esta forma de gestión y propiedad, por lo cual continuará creciendo su peso dentro de la ocupación.

En el período, en general, ha predominado la ocupación en el sector de agricultura, caza y silvicultura con alrededor del 17 % —16.8 % de la ocupación en 2021—, aunque se ha mantenido como una economía cuyo empleo se centra en lo fundamental en los servicios: salud pública y asistencia social, comercio, reparación de efectos personales y educación, destacaban como otros sectores con mayor peso en la ocupación, que en 2021 alcanzaron el 11.6 %, 10.5 % y 10.5 % respectivamente.

La política salarial dentro de la Actualización, ha buscado acercar los salarios a los resultados de quienes trabajan, y, por esta vía, constituirse en un mecanismo de estimulación a la productividad y la eficiencia. En términos de ingresos asociados al trabajo, se puede afirmar que en los últimos diez años ha ocurrido un incremento sostenido del salario medio nominal mensual. Sin embargo, estos incrementos han ocurrido al mismo tiempo en que ha ocurrido un incremento de los precios de los productos agropecuarios más representativos de la dieta cubana y en general de los precios al consumo, los cuales superan el incremento de los salarios, como ya venía ocurriendo en años anteriores (Anaya y García, 2018).

La Tarea Ordenamiento si bien incrementó el fondo de salarios y pensiones en casi cinco veces, no alcanzó el propósito explícito de «lograr que el salario se convierta en la fuente principal para financiar el consumo del trabajador y su familia. Permitir a su vez, que el salario mínimo garantice el costo de la canasta de bienes y servicios que satisfaga los requerimientos nutricionales mínimos del trabajador y su familia» (Ministerio de Justicia, 2020, pág. 513). El proceso inflacionario aumentó en un 39.07 % en diciembre de 2022 respecto a igual mes del año anterior,13 con una variación mensual del 3.74 % (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2023). Este incremento está asociado a una significativa escasez de ofertas, costos elevados, espacios de mercado para bienes esenciales en moneda libremente convertible y una tasa cambiaria del dólar que responde a la especulación en el mercado informal ante la imposibilidad estatal de generar un mercado

Las condiciones para la generación de empleos son complejas en la actualidad si se tiene en cuenta la contracción de la economía en los años precedentes. En 2020, el PIB se redujo un aproximado de 11% (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2021). Esta contracción estuvo precedida por una desaceleración del PIB anual que entre 2008 y 2013 promedió un 2.7 % de crecimiento y solo el 1.6 % entre 2014 y 2019. Las inversiones también decrecieron en 4.4 % respecto al 2019 (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2021). En 2022 este escenario no mejoró de manera significativa: un 2 % de crecimiento del PIB respecto al año anterior, la no recuperación de ingresos por turismo y la lenta recuperación de las exportaciones y la producción nacional no son favorecedoras de nuevas ofertas laborales, a lo que se suma la existencia de casi 500 empresas con pérdidas (Figaredo y otros, 2022).

En este contexto, será difícil lograr el propósito planteado en la Conceptualización y continuará como asignatura pendiente el situar el trabajo, y los ingresos a él asociados, como principal fuente para satisfacer las necesidades de vida y acceder al bienestar.

La política social y el desarrollo humano

Uno de los indicadores más utilizados para mostrar el bienestar de un país es el Índice Desarrollo Humano (IDH). En el caso de Cuba, su comportamiento muestra también la coherencia entre lo que propone la visión de país esbozada en la Conceptualización y los resultados, los cuales han posicionado al país en el grupo de países con IDH alto.

En 2007 el IDH de Cuba alcanzaba su máximo histórico: 0.838, puesto 51 (PNUD, 2009, pág. 181). Sin embargo, diez años después se había reducido a 0.778 (UNDP, 2018, pág. 23), incluso pasó entre 2012 y 2014 por los valores más bajos de apenas 0.767 y 0.768, respectivamente (UNDP, 2018, pág. 27). Esta reducción ocurría de manera similar en numerosos países, asociada al efecto de la crisis económica de 2008 y sus consecuencias. Si bien en 2014 Cuba conservaba el mismo puesto dentro del listado de países, el 51, el valor del índice acusaba una reducción próxima a 10 % respecto a 2007 (Albizu-Campos, 2019, pág. 130).

En 2017, Cuba cayó 22 lugares respecto a 2007, al colocarse en el lugar 73. Cinco años después, en 2021, se perdieron otros diez lugares y Cuba se posicionó en el puesto 83, luego que el índice general disminuyera a 0.764 (UNDP, 2022, pág. 278) una reducción de 1.8 % respecto al valor de 2017.

Este retroceso es el resultado de la combinación de factores externos como el recrudecimiento del bloqueo económico y comercial que los Estados Unidos le imponen a Cuba, junto con el agravamiento de las condiciones de vida que trajo consigo la pandemia de la covid–19. Sin embargo, el deterioro de la posición de Cuba en el listado de países según el IDH, se debe de manera significativa al comportamiento de indicadores aquí comentados y sus causas, y que se expresan en el análisis del IDH como se muestra a continuación.

Se produce un retroceso, tanto en la extensión de la esperanza de vida al nacer, como en la calidad de la supervivencia. El índice que lo sintetiza si bien aumentó de 0.879 a 0.922 entre 2007 y 2017 (Albizu-Campos, 2019, pág. 130), en el informe más reciente (UNDP, 2022) bajó a 0.826 en 2021, disminución de más de 10% en los últimos cuatro años. El valor de la esperanza de vida al nacer para ambos sexos fue estimado en 73.7 años (UNDP, 2022, pág. 273), un valor cercano al presentado en el epígrafe sobre Salud en este artículo y que representa un importante descenso, 2.6 años, con relación al nivel de 79.9 años informado en 2018 (UNDP, 2018, pág. 23).

El cambio del índice global de educación, que refleja el comportamiento del número esperado de años de escolaridad en comparación con los niveles mínimo y máximo de todos los países, se redujo de 0.952 a 0.782, entre 2007 y 2017 (Albizu-Campos, 2019, pág. 130), y en 2021 aumentó a 0.817, un aumento de 4.5 % en el cuatrienio 2017-2021, dado que el número esperado de años de escolaridad y el número medio de años de escolaridad, que en 2017 alcanzaron 14 y 11.8 años, respectivamente (UNDP, 2018), en 2021 se situaron en 14.4 y 12.5, lo cual mostró una ligera mejoría, probablemente relacionada con las políticas de ampliación del acceso a la educación en el último período, comentadas con anterioridad.

La disminución del índice de ingresos, el cual bajó de 0.683 a 0.653 entre 2007-2017, no ha mostrado signos claros de mejoría. Sin la influencia negativa del bajo índice de ingresos que incluso en 2007 mostraba el país, Cuba habría ocupado un mejor lugar en el listado de países, el 44 y no el 51 que ocupó en aquel entonces. Para 2021, el índice de ingresos quedó estimado en 0.660, lo que pareciera mostrar una recuperación con relación a 2017 pero en realidad es el resultado de una sobrestimación del ingreso per cápita (Paridad del Poder de Compra, PPP) ya que no tiene incluido el efecto inflacionario registrado en el país en este año y que anuló los efectos del aumento del salario medio mensual nominal implementado en el país, comentado en el epígrafe anterior.

Resulta clave comprender que el desarrollo humano requiere una visión integral y sostenible de los componentes arriba analizados. El mejoramiento sostenido de las condiciones de vida y de la calidad de la supervivencia, incluye mejores niveles de salud y de educación y también mejores condiciones económicas que los garanticen. Esta visión, expresada en la Conceptualización, debe incluirse en el centro de las políticas.

Conclusiones

La plataforma programática de cambio dentro de la Actualización del modelo socialista cubano, y en especial la visión deseada de país que se muestra en la Conceptualización, continúan otorgándole alta prioridad a la política social en el desarrollo cubano.

Al analizar tres de las políticas sectoriales que conforman la política social se observa la coherencia en sus principios y normas con lo que refrenda la Conceptualización, sin embargo, el comportamiento de indicadores claves en cada una de ellas no ha estado acorde con lo deseado. En el caso de la política de salud, pareciera que el proceso de compactación, regionalización y reordenamiento de los servicios de salud tuvo costos en la esperanza de vida de la población, previos a la pandemia de la covid–19. En el acceso a la educación superior, aunque se identifican dos etapas en los últimos 10 años, aún quedan espacios de mejora en términos de lograr la coherencia entre lo que plantea la política y lo que se observa en los indicadores, en especial en lo relativo a garantizar el acceso equitativo a la oportunidad de cursar y concluir la educación superior. Por otra parte, aún el trabajo no logra constituirse como la principal fuente de ingresos de quienes trabajan y sus familias.

El énfasis hecho por la Actualización en la sostenibilidad económica, si bien urgente y necesaria, y que resaltó una dimensión no valorada con suficiencia en décadas precedentes, trajo como consecuencia costos para los niveles de bienestar antes alcanzados, sin lograr los desempeños económicos esperados.

Uno de los aprendizajes de estos diez años dentro de la Actualización radica en la necesidad de articular la política económica con la política social a través de diferentes instrumentos económicos de distribución y redistribución.

También se ha hecho evidente la importancia de implementar procesos de monitoreo sistemático de los efectos e impactos de los cambios en el ámbito social. El modelo de sociedad socialista planteado en la Conceptualización y la política social en ella contenida continúa siendo una meta a alcanzar, para lo cual se requiere un abordaje integral de visiones y políticas que favorezcan un socialismo próspero y sostenible.

El papel de las políticas sociales y su contribución a la sociedad que se vislumbra en la Conceptualización, resulta clave y no solo debe ser abordado con la intención de mantener los niveles de desarrollo humano alcanzados con anterioridad y expresados en sus indicadores.

En un contexto regional donde un grupo importante de países ha continuado avanzando,14 se debe cuidar porque el país rompa la tendencia al deterioro de su posicionamiento, producto del cual ha retrocedido 32 lugares en 15 años. De mantenerse esta tendencia, el país continuará moviéndose de manera descendente, hacia la franja de desarrollo humano medio, un comportamiento claramente contrario a los propósitos declarados en la Conceptualización en términos de la política social.

Citas

1 Entre 2016 y 2020, el monto total de las inversiones en salud cayó de 232.6 a 84.5 millones de pesos, su peso proporcional igualmente se redujo de 3.6 % a 0.9 %, en esos años (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2020), mientras que en 2021 fue de 0.8 % (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2022, págs. 7-8). Esto contrasta con las inversiones realizadas en la actividad turística, la cual recibió 45.6 % de todo lo invertido en el país, en plena oleada de la pandemia de la covid-19.

2 Se trata de la mortalidad infantil como la probabilidad de muerte de la población menor de un año y no de la tasa calculada a partir del cociente de defunciones de menores de un año entre el número de nacimientos que, en la actualidad y en el caso de la población cubana, sobreestima el nivel real de riesgo de muerte en esa edad.

3 Actualización en preparación de los resultados publicados, en el artículo: Albizu-Campos, J. C. «Esperanza de vida en Cuba hoy: diferenciales y coyunturas». En Teoría y Crítica de la Psicología, 12 (2019), págs.143–162, en: http://www.teocripsi.com/ojs/.

4 Es un ejercicio de simulación en el que se construye la esperanza de vida, como expresión de la capacidad de supervivencia, quitando las defunciones de una causa específica de muerte para poder evaluar tanto su impacto como la evolución de los indicadores refinados de mortalidad.

5 Estimaciones propias basadas en la información ofrecida en los partes de cierre diario, publicados en el sitio oficial del Ministerio de Salud Pública y en la información oficial de población y defunciones, por edades y sexos, publicada en: Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Anuario Estadístico de Cuba 2021. La Habana: ONEI, 2022.

6 Íñiguez Rojas, Luisa. «Aproximación a la evolución de los cambios en los servicios de salud en Cuba». Revista Cubana de Salud Pública, vol. 38, n.° 1, 2012, págs. 109-125 y Íñiguez Rojas, Luisa. «El sistema de salud y la salud pública en Cuba. Avances y tensiones». En Miradas a la Economía Cubana: elementos clave para la sostenibilidad. La Habana: Ruth Casa Editorial, 2021, págs. 143-156..del diseño de una política de salud, la cual continúa anclada en los principios de universalidad, gratuidad y acceso amplio; que dieron lugar a los avances. Se trata de aquellas decisiones que, en búsqueda de la racionalidad económica, llevaron a la contracción de la accesibilidad de los servicios, lo cual en un contexto de crisis económica sostenida, y agravada por una situación pandémica, se une a la fragilidad demográfica de la población.

7 Término que expresa, en porcentaje, la relación entre la matrícula total de estudiantes de la educación superior y la población cubana en el rango de edades de 18 a 24 años.

8 En el curso 2015-2016, las modalidades CD, CpE y EaD representaron el 80 %, 17 %y 3 % de la matrícula, respectivamente.tenían puntos de partida menos favorables (Tejuca, Gutierrez y García, 2015).

9 En el curso 2016-2017, las modalidades CD, CpE y EaD representaron el 63 %, 34 % y 3 % de la matrícula, respectivamente

10 Hasta el curso 2019-2020 se realizaban dos convocatorias de exámenes de ingreso: la ordinaria y la extraordinaria para los estudiantes suspensos en su primera presentación.

11 En el curso 2021, las modalidades CD, CpE, EaD y CC representaron el 46 %, 45 %, 4 % y 5 % de la matrícula, respectivamente.

12 El Decreto Ley n.° 44 de 2021 establece que para ser TCP no se puede contratar a más de tres trabajadores, por tanto, cuando se incumpla este requisito los titulares o dueños del negocio deberán ajustar sus empleados a tres, reconvertir su negocio en una empresa (mipyme o CNA), o cesar en el ejercicio del trabajo por cuenta propia.

13 En diciembre de 2021 el Índice de Precios al Consumidor alcanzó un 77.33 % respecto a igual mes del 2020 (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2022). Este dato se aproxima al informado por Gil (2021) del 70 %, pero es notablemente inferior al 1840% publicado por Peña (2022) para ese año. En cualquier caso, el incremento de los salarios no pudo —ni puede— absorber el incremento de los precios.formal para esta moneda en el corto plazo, todo lo cual anula el papel del salario como medio fundamental para satisfacer las necesidades de la vida diaria.

14 Notablemente los países de la región de América Latina y el Caribe se sitúan como promedio a la altura de las regiones de Europa y Asia Central. En este contexto Chile y México (pertenecientes ambos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE) fueron las naciones que más avanzaron en el período 2010-2017. Chile, Argentina, Bahamas, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Uruguay y Panamá se ubican en la franja superior, la de Desarrollo Humano muy Alto y países como Granada, Barbados, y Antigua y Barbuda, ya hoy superan a Cuba (UNDP, 2018, pág. 3 y UNDP, 2022, pág. 272-273).

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La responsabilidad fiscal de todo contribuyente exige disciplina y transparencia. Comentario HHC

El incumplimiento de las obligaciones fiscales califica como una infracción administrativa tributaria, que se agrava al incurrir en conductas fraudulentas, dolosas, tendentes a no pagar o pagar menos de lo debido, las que pueden llegar a constituir un presunto delito de evasión fiscal


Por conductas evasivas, en 2023 se aplicaron 3 016 retiros de autorizaciones para ejercer la actividad y 2 746 cierres de establecimientos. Foto: Endrys Correa Vaillant

La intensificación de las acciones de la Oficina de la Administración Tributaria (ONAT) durante 2023, fundamentalmente en el segundo semestre del año, resultó en la identificación de 124 millones de pesos en conductas evasoras, concentradas en un grupo de contribuyentes a quienes se les iniciaron informes de denuncias por posibles delitos de evasión fiscal, a tenor de lo tipificado en el Código Penal.

Al cierre del año 2023 –comentó a Granma Sonia Fernández Ramírez, vicejefa de la ONAT–, se trabajaron 210 expedientes por posibles delitos de evasión fiscal, y se presentaron 173 a los grupos de análisis de los territorios.

Sin embargo, reconoció, el nivel de actuación aún no se corresponde con las conductas evasoras que se manifiestan en el escenario económico actual.

Es por ello que la Administración Tributaria continúa trabajando en el procesamiento de otros casos, entre los que se encuentran informes de denuncia contra personas jurídicas relacionados con los nuevos actores económicos, ante la existencia de manifestaciones de falsificación de factura y contabilización de las operaciones.

Y es que, además de las funciones de asesoramiento y asistencia, la ONAT tiene el deber de hacer cumplir lo establecido legalmente en materia tributaria.

Fernández Ramírez explicó que los incumplimientos de las obligaciones fiscales de carácter formal son sancionables, y resaltó las relacionadas con la inscripción en el Registro de Contribuyente y la presentación de la Declaración Jurada, esta última con la particularidad de que, independientemente del resultado –puede concluir o no con un pago–, siempre debe ser presentada.

«Esto es trascendental para la transparencia de los ingresos y para el control. Cada contribuyente asume sus responsabilidades fiscales desde que se inscribe y comienza a operar», señaló. 

INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y DELITOs DE EVASIÓN FISCAL

El incumplimiento de las obligaciones fiscales califica como una infracción administrativa tributaria, que se agrava al incurrir en conductas fraudulentas, dolosas, tendentes a no pagar o pagar menos de lo debido, las que pueden llegar a constituir un presunto delito de evasión fiscal.

Fernández Ramírez explicó que la infracción tributaria y el posible delito de evasión fiscal tienen un alcance y actuación diferente por la ONAT.

En el ámbito de la administración, las infracciones –dijo– se refieren cuando los contribuyentes incumplen las obligaciones tributarias relacionadas con el pago, las que deben ejecutarse en tiempo, cantidades debidas y con los conceptos adecuados.

La ONAT actúa conforme a principios y normas legales, por lo que, ante incumplimientos de las citadas obligaciones, se califica una infracción tributaria sancionada a tenor de la Ley 113 del Sistema Tributario de 2012, tal como establecen los artículos 438 y 439, por tipos de infracción, los niveles de sanciones.

  • De hasta el 30 % del principal adeudado o pagado fuera del término establecido.
  • En cuantías fijas de hasta 10 000 pesos, en dependencia de la gravedad y la circunstancia.

Por otra parte, acotó, existen sanciones de carácter no pecuniario, que en el año 2023 se aplicaron con rigor, y en lo cual destacan los 3 016 retiros de autorizaciones para ejercer la actividad y 2 746 cierres de establecimientos, con carácter temporal o definitivo.

Asimismo, se aplicaron 8 706 embargos a personas naturales, de ellos 8 682 a cuentas bancarias y 22 embargos salariales a deudores que cumplen condenas penales en libertad.

Agregó que la ONAT detecta conductas de contribuyentes que son dañinas, social y económicamente, las que trascienden la corrección de la Administración por su gravedad.

Entre estas conductas dolosas, ejecutadas con intención, se encuentran las falsedades o las falsificaciones de las informaciones, la doble facturación, inconsistencias de la contabilidad y el control de los ingresos y gastos, ocultar la identidad o utilizar identidades de otras personas para realizar operaciones y desarrollar actividades económicas, tanto de producción como de prestación de servicio y ventas de bienes, entre otras.

Subrayó que otras conductas son no utilizar la cuenta bancaria fiscal por las personas naturales o la cuenta corriente de las personas jurídicas, dado que pueden inducir a la subdeclaración de ingresos; y el empleo ilegal de fuerza de trabajo, sin las protecciones laborales y los beneficios de la seguridad social, además de no contribuir como establecen las normas tributarias.

«Todas estas manifestaciones permiten aseverar que estamos en presencia de conductas evasoras que pueden constituir el delito de evasión fiscal», precisó.

Ante este escenario, remarcó, la ONAT presenta los informes de denuncias ante las autoridades correspondientes para el debido proceso penal.

Ejemplificó que un contribuyente puede tener una conducta evasora cuando es un deudor reconocido, pero se niega a proceder con el pago, por lo que la administración está en el deber de denunciar ante las autoridades penales.

En la sustanciación del proceso por un posible delito de evasión fiscal, significó, se presentan los elementos y hallazgos detectados y se ponen a disposición de la investigación criminal.

Las conductas evasoras pueden manifestarse tanto en personas naturales como en el actuar de los representantes legales de personas jurídicas.

En ambas, remarcó, la ONAT las identifica e inicia la presentación de la denuncia.

Es por ello que este organismo desempeña un importante papel en estos procesos, de conjunto con la Fiscalía y el instructor penal, en el cual participan los peritos y testigos, ejecutores de las acciones de control.

De forma general, acotó, las conductas evasoras dañan a la sociedad, a la ciudadanía, van contra el orden económico, generan una competencia desleal entre los contribuyentes y causan perjuicios al Presupuesto del Estado, razón por la que pueden ser sancionables hasta con privación de libertad. 

SANCIONES ANTE CONDUCTAS DELICTIVAS

La gama de sanciones penales varía en dependencia de las manifestaciones de la conducta y, como toda norma penal, tiene principios de graduación tomados en cuenta por los jueces.

En el Código Penal –Ley 151 de 2022–, la evasión fiscal está comprendida como delito contra el orden económico nacional, en el cual se establecen las modalidades delictivas para los deudores y otras figuras agravadas cuando hay conductas más peligrosas.

  • Negarse a pagar, firme que sea la deuda, de uno a tres años de privación de libertad, o multas,
  • Utilizar ardid, engaño, intencionalidad y falsificaciones en la contabilidad, de dos a cinco años,
  • Causar un grave perjuicio a la economía, de tres a ocho años. 

OTRAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Fernández Ramírez recalcó que la ONAT tiene facultades para aplicar otras medidas, en aras del cumplimento de las obligaciones fiscales y su control; entre ellas, la regulación migratoria, para asegurar el cobro de los adeudos sin que las personas burlen y abandonen el territorio nacional, y en determinados casos se aplican los avisos de entrada al país de personas que salieron sin regulaciones y poseían deudas.

Hasta el mes de diciembre de 2023, significó, se regularon 2 664 contribuyentes con una deuda determinada de 1 126 millones de pesos, mientras que se desregularon 224 contribuyentes por haber realizado el pago de la deuda en su totalidad, por un importe ascendente a 251 millones de pesos.

Otras medidas administrativas, añadió, se centran en los embargos de cuentas bancarias para lograr que no se dilapiden los importes y se usen con otros destinos, pues la prelación de pago –según dispone la Ley– son los importes al Presupuesto del Estado.

En este sentido se pueden aplicar regímenes de embargo de manera preventiva por 30 días, establecido en el artículo 418 de la Ley Tributaria.

La Vicejefa de la ONAT hizo un llamado a todos los contribuyentes a cumplir sus responsabilidades tributarias en el término establecido, y en correspondencia con su verdadera capacidad económica, lo que les permite transparentar sus ingresos y, al Gobierno, a asumir los gastos sociales comprometidos para el año en la Ley del Presupuesto.

Sobre esta Ley, remarcó que aun en las complejas condiciones de la economía cubana, asegura la continuidad y desarrollo de los programas, políticas económicas y sociales, y el acceso a los servicios básicos por la población.

Destacó que resulta necesario consolidar el desempeño del sistema tributario como principal fuente de recursos financieros.

Comentario HHC: Si esta es la principal fuente de ingreso del estado, pues hay que dotarlo de mas tecnología y autoridad, que permita detectar a los evasores, que no solo son los que no pagan, sino además los que subdeclaran que ahi esta la mayor " reserva".

En el mundo ya estan utilizando Inteligencia Artifical para detectar rapidamante triangulaciones de dinero, empresas facturadoras, etc. 

Hay que exigir que se facture todo para las entidades fiscalizadoras puedan ademas verificar. Me puedo imaginar los cientos o miles de millones de pesos fueran del control de la actividad legal, por ejemplo en el sector de comercio y la agricultura.  En otros países se factura hasta los estacionamientos de carros.

Hay que aspirar a que todas las transacciones y movimientos de dinero relacionado con una actividad económica , se registren contablemente, y que esto sea digital y se integre a los estados financieros y pagos de impuestos mensuales y anual.