Libro. MIRADAS A LA ECONOMÍA CUBANA .Un plan de desarrollo hasta 2030 (X)

La gobernabilidad municipal en Cuba: principales desafíos 

Por LISSETTE PÉREZ HERNANDEZ y ORESTES J. DÍAZ LEGÓN*

Introducción 

En los análisis sobre la gobernabilidad se develan, de forma particular, los contenidos, contradicciones y retos entre las estructuras de poder público político y la sociedad, en sus múltiples interacciones. Cuando los estudios giran en torno al espacio local, en particular al municipal, la importancia se multiplica de forma exponencial, en tanto el municipio es el ámbito territorial, político, económico y social, en el que de forma más directa y cercana se concretan las relaciones entre los individuos, las decisiones de poder y las evaluaciones y percepciones de la efectividad que las mismas pueden alcanzar. Se erige el municipio como el espacio primario de autoridad política donde se gestionan los problemas y asuntos que más repercuten en la cotidianidad y las relaciones de vecindad. 

En tal sentido, este trabajo se centra en los principales desafíos de la gobernabilidad municipal en Cuba, desde un enfoque político-jurídico; con el objetivo de proponer fundamentos para una regulación jurídica municipal que desarrolle los principios derivados de la Constitución de la República, de 10 de abril de 2019, para el municipio y el eje estratégico «Gobierno socia- lista, eficaz, eficiente y de integración social» contenido en el Plan 2030. Para alcanzar ese propósito se tendrán como referencia los principios de centralización-descentralización y autonomía municipal. 

Breves notas sobre gobernabilidad, descentralización y autonomía municipal 

La gobernabilidad puede entenderse como una cualidad a partir de la cual el actuar de las instituciones de gobierno de determinada comunidad es considerado eficaz por la ciudadanía. 

La gobernabilidad se relaciona, además, con componen- tes cruciales de la vida social: la capacidad de una sociedad de resolver de modo pacífico los conflictos internos, la importancia central del papel de los ciudadanos en la toma de decisiones y el control de las mismas, la calidad de vida de las personas, así como, la seguridad y salvaguarda del Estado. Sobre este particular, consideramos que los niveles de gobernabilidad y efectividad de la gestión del gobierno deben estar determinados por la democracia y la participación real y consciente que esta traiga consigo, expresadas en términos formales sobre la base de los condicionamientos propios de la institucionalidad. 

Otras aristas de la gobernabilidad resultan de las siguientes interrogantes: ¿está organizada de modo debido la vida en sociedad?, ¿se cumplen las obligaciones jurídicas por los gobernantes y por los gobernados?, ¿existen vías para el ejercicio y defensa de los derechos subjetivos?, ¿hasta qué punto la arbitrariedad y la falta de control, rigen o se excluyen de la vida en sociedad?, ¿se satisfacen las necesidades y expectativas ciudadanas? 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, asume que la gobernabilidad se refiere a los procesos mediante los cuales se toman e implementan decisiones de políticas públicas, como resultado de interacciones, relaciones y redes entre los distintos sectores e implica decisiones, negociación y distintas relaciones de poder entre las partes interesadas para determinar quién, cuándo y cómo se obtiene qué (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2007). 

En tal sentido, adentrarse en el ámbito de la gobernabilidad local, en este caso municipal, comporta valorar aspectos como la legitimidad, eficacia y estabilidad de la labor de las autoridades políticas para el cumplimiento de los fines que desde la Constitución tiene asignado el municipio. Para tal empeño, es necesario tener en cuenta, entre otros elementos, el papel que tiene fijado el municipio dentro de un marco de actuación política-administrativa mayor, como lo es el estatal; la capacidad de decisión que ostentan las autoridades administrativas municipales para establecer políticas públicas locales que conecten con los problemas y prioridades para el desarrollo; y la existencia de canales de interacción entre los órganos políticos y administrativos con el tejido de actores locales. 

Si bien gobernabilidad, descentralización y autonomía municipal no son una tríada inseparable, lo cierto es que atribuirle al municipio, como requisitos básicos, un espacio de actuación propio, capacidad de decisión y recursos suficientes —humanos, materiales y financieros— coadyuvarían a la funcionalidad municipal y, por esa vía, a la gobernabilidad. 

El reconocimiento del principio de autonomía municipal puede considerarse de capital importancia para la gobernabilidad en tanto sugiere la capacidad jurídica de los municipios para gobernar en función de los intereses de la localidad, con subordinación al orden jurídico constitucional y a los vecinos de la comunidad. La autonomía supone algunas cuestiones fundamentales: que los municipios puedan autoorganizarse, lo que incluye la elección de sus autoridades; que tengan capacidad para actuar dentro de su ámbito de competencias, con arreglo a la Constitución y las leyes; que tengan personalidad jurídica, lo que supone a su vez, contar con la capacidad de ser sujetos de derechos y obligaciones y asumir responsabilidad de sus propias decisiones, acciones u omisiones; que dispongan de recursos para ejecutar sus atribuciones y cumplir sus objetivos; y, puedan tomar acuerdos y decisiones dentro del marco de la localidad, con alcance y efectos obligatorios. 

El reconocimiento de la autonomía municipal tiene como punto de partida la existencia de acciones descentralizadoras previas, que refuercen la autoridad municipal, permitan una gestión individualizada de cada municipio a partir de sus prioridades y peculiaridades locales, para la solución de sus propios problemas y la satisfacción de las necesidades locales. 

Que los municipios sean autónomos no significa que actuarán de forma totalmente independiente. Los municipios son entes políticos, integrantes del todo estatal, y en consecuencia, para que el Estado pueda cumplir con finalidades comunes, los municipios, como partes integrantes de ese todo estatal deben ejercer la autonomía de conformidad con los principios de solidaridad, coordinación y colaboración con el resto de los territorios del país, y sin detrimento de los intereses superiores de la nación. 

Cuba en clave de gobernabilidad municipal: entre el ayer y el mañana 

El desarrollo del espíritu constitucional en materia de gobernabilidad municipal implica la operacionalización de variables normativas y funcionales, como ruta para el perfeccionamiento. En este sentido, como fortalezas del modelo cubano continúan siendo las siguientes: el diseño estructural de los municipios y los niveles de representatividad; reconocimiento normativo de mecanismos participativos; la presencia de infraestructura básica de servicios; la instrucción de los recursos humanos en cualquier lugar del país con el acceso a universidades, centros de investigación y otras organizaciones; y, la existencia de reservas productivas que pueden movilizarse y manejarse en la escala municipal (Guzón, 2006, págs. 67-68). 

Por su parte, las principales barreras presentes en el contexto actual, que deben superarse, pueden plantearse en términos de: limitada capacidad de los gobiernos municipales de fomentar iniciativas que incrementen el nivel de vida de los habitantes, así como planificar, regular, controlar y fiscalizar actividades y procesos; superposición y falta de claridad de roles de cada escala; falta de capacidades institucionales, mecanismos de gestión e integración y visión estratégica en los gobiernos municipales; insuficiente articulación de herramientas de planificación municipal y la ausencia de perspectiva local-territorial; estilos y métodos de trabajo que responden a un funcionamiento vertical y sectorial en el municipio; los conocimientos para formular proyectos y estudios de factibilidad son limitados; escasa definición de indicadores para medir y evaluar procesos; insuficiente introducción de resultados de ciencia y tecnología obtenidos en centros de investigación y universidades de todo el país; y, la existencia de un marco jurídico caracterizado por la falta de flexibilidad (Guzón y Hernández, 2015, págs. 114-116), además de lagunas y contradicciones normativas. 

En la actualidad, desde un prisma político-jurídico, entre los elementos que requieren perfeccionamiento en aras de la gobernabilidad municipal pueden citarse los siguientes: 

1. La articulación del pronunciamiento constitucional de acatar por los órganos locales las disposiciones de los órganos estatales superiores, con el reconocimiento de la autonomía municipal. 

2. La determinación de las competencias municipales. 

3. La asunción de las políticas públicas locales como herramienta de gestión gubernamental propia y para adecuar las políticas nacionales en función de las particularidades del territorio. 

4. La determinación del sentido y alcance de los ingresos propios que conformarán la hacienda local. 

5. El reconocimiento de capacidad a las autoridades locales para generar una cesta de incentivos a los sujetos económicos, estatales y no estatales, radicados en sus límites territoriales. 

6. La regulación de las relaciones entre los órganos y organismos centrales y provinciales con los órganos municipales del Poder Popular. 

7. La incorporación en los métodos de trabajo de visión estratégica de los órganos municipales para el desarrollo municipal. 

8. La determinación de los vínculos de los órganos municipales con las entidades de la economía, la producción y los servicios radicados en la demarcación, independientemente del nivel de subordinación y la forma de propiedad y gestión. 

9. La efectividad de los mecanismos de control de los órganos municipales del Poder Popular a la gestión de la Administración. 

En sentido general, superar el carácter centralizado de la organización y funcionamiento estatal, los problemas de institucionalidad, el sesgo sectorial de las decisiones político-administrativas y la falta de cultura organizacional, entre otros factores contribuirían a fortalecer la gobernabilidad municipal. 

Los cambios de paradigmas en el Plan 2030  y la Constitución 

El reconocimiento en la Constitución de la República, de que Cuba es un Estado socialista de derecho,1 ofrece un marco novedoso para el diseño de la institucionalidad y la gobernabilidad y la implementación del eje estratégico «Gobierno socialista, eficaz, eficiente y de integración social» comprendido en el Plan 2030. 

Una primera aproximación al contenido y alcance del Estado socialista de derecho, puede enmarcarse en el cumplimiento de los fines y las reglas. No es posible hoy día imaginar la gestión estatal sin el derecho. Algunas razones pueden ser las siguientes: establece el origen formal del Estado mismo; las estructuras estatales; la división política-administrativa; los niveles y estructuras que corresponden;delimita y distribuye las competencias; formula las atribuciones y funciones de los órganos; e instituye el alcance y contenidos de las relaciones que de forma coordinada y/o subordinada deben darse entre los mismos. El derecho es también indispensable en la realización de la propia gestión estatal, al crear las normas que transforman la toma de decisiones en fórmulas obligatorias que salvaguardan su actividad y los intereses comunes. Por último, el derecho es imprescindible como regulador de las relaciones que se entablan entre el Estado y los individuos, al regular los derechos, los deberes y las garantías que posibilitan el disfrute y la defensa de estos. 

Por ese camino, la concepción de Estado socialista de derecho, demanda institucionalidad, en tanto ofrece cauce para el desempeño ordenado de los órganos estatales y la sociedad y proyecta los fines sociales que persigue. De la misma forma, apegado al contenido socialista, convoca a la gobernabilidad desde el prisma de un Estado democrático, organizado «con todos y para el bien de todos». 

Como primer intento académico, un Estado socialista de derecho debe responder a los siguientes parámetros: 

1. Supremacía constitucional. Todos están obliga- dos a cumplir la Constitución. Las disposiciones y actos de los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, se ajustan a lo que ella prescribe. 

2. Jerarquía legislativa. Respetar la jerarquía normativa al dictarse las normas jurídicas, es fundamento de la coherencia del sistema de Derecho y presupuesto de la legalidad. 

3. Legalidad socialista. Todos los órganos del Estado, directivos, funcionarios y empleados y la sociedad en su conjunto están sujetos a su cumplimiento. La legalidad se puede manifestar como patrón, control, prevención, proyección, límite y fuente de educación; en tanto interviene en la juridificación de los marcos de actuación del mecanismo estatal y de los ciudadanos, debe amparar la realización jurídica desde el mismo origen de las normas. Bajo sus presupuestos se establecen políticas y conforme a sus resultados se guarda un vínculo estrecho con la realización de la democracia. 

4. Democracia socialista. Los órganos del Estado se integran y desarrollan su actividad sobre la base de los principios constitucionales que le dan contenido. 

5. Equilibrio entre la centralización y la descentralización en la gestión estatal. 

6. Participación individual y colectiva del ciudadano cubano en el ejercicio y control del poder. 

7. Respeto y garantías para todos del ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con el principio de progresividad y sin discriminación. 

8. Gobernabilidad democrática. Se acentúa como expresión de institucionalidad, la funcionalidad de los órganos estatales y los vínculos estructurales y de funcionamiento que se dan entre ellos y la ciudadanía. 

9. Responsabilidad pública. El respeto al derecho en los marcos de la gobernabilidad también requiere que las autoridades respondan por las consecuencias de las decisiones políticas, las acciones y la inactividad administrativa, en lo que a cada uno le concierna. 

10. Transparencia gubernamental. El ejercicio transparente del poder público posibilita que la sociedad comparta ciertas responsabilidades estatales y participe deliberando de forma colectiva, acerca de los temas de interés común, de la misma forma que puede contribuir a reducir los riesgos de corrupción. 

En la medida que dichos parámetros cobren vida en el actuar gubernamental se contribuirá a la implementación del eje «Gobierno socialista, eficaz, eficiente y de integración social». Claro está, en tanto el municipio es Estado, pero con una iurisdictio diferenciada, la efectividad del eje y la gobernabilidad municipal pasan, entre otras cuestiones, por la articulación de iniciativas y recursos de distintos actores, estatales y no esta- tales; la mejora de las políticas, programas y proyectos de carácter público; el reconocimiento de mecanismos de participación para el diseño y evaluación de las políticas públicas; el establecimiento de indicadores pertinentes para evaluar la gestión pública municipal. 

Propuesta preliminar de fundamentos para el diseño de un régimen jurídico en función de la gobernabilidad municipal en Cuba 

De cara a la gobernabilidad municipal, urge un reposicionamiento de la función del Estado y los municipios, lo cual obligará a repensar muchas de las instituciones y maneras de hacer en el país. Es importante lograr la arti culación vertical debida, por ejemplo, que la provincia al realizar acciones de control y coordinación no suplante la capacidad decisoria de los municipios. 

En ese empeño de establecer reglas claras para la gobernabilidad municipal puede considerarse como punto de partida esencial—o si se quiere, de llegada—, que se dicte una Ley de Municipios, la cual permitiría integrar la legislación dispersa sobre el tema, legalizar prácticas necesarias para el buen funcionamiento de los municipios e introducir modificaciones con el objetivo de regular de manera coherente en una sola disposición, con rango superior, los principios que deben regir el actuar, las competencias y la estructura municipales, las atribuciones de cada órgano y, en especial, los distintos tipos de relaciones que se dan entre los diferentes órganos y entre ellos y la ciudadanía. 

Algunos de los fundamentos para el perfeccionamiento pueden ser:2 

1. La determinación de manera clara de las competencias municipales. 

Es un requisito para estructurar de modo orgánico al municipio y, con posterioridad, establecer las atribuciones de cada uno de los órganos de manera coherente. El ámbito de actuación administrativa es punto de partida para la claridad de las competencias en materia de hacienda pública local, en particular, para el diseño del modelo de financiación municipal y la definición de los niveles de responsabilidad de las autoridades locales en materia de gastos. 

Las competencias municipales se determinan, en lo fundamental, a través de tres sistemas: el de los poderes enumerados, lista numerativa o enumeración concreta; el de los poderes no enumerados o cláusula general; y el sistema mixto. A partir de los criterios ofrecidos por la teoría y la práctica jurídica, a favor y en contra de estos, se considera que la articulación de un sistema mixto es pertinente para el escenario cubano. Por un lado, junto a los asuntos que se le atribuirían al municipio para su específica atención, se permitiría su intervención y se ampliaría la variedad de actividades a desarrollar en todos los asuntos públicos que se materializan en la localidad; y por otro, si se toma conciencia de las diferencias inter e intramunicipales, la atribución de competencias no debe hacerse de manera uniforme y rígida, lo cual permitiría que cada municipio, en función de sus necesidades peculiares, de sus medios humanos y técnicos y modelos de gestión, tenga un margen de maniobra en función del desarrollo de su espacio territorial. 

2. La asunción de un sistema de trabajo del poder popular basado en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas locales, como herramienta de gestión gubernamental propia y para adecuar las políticas nacionales, provincia- les y sectoriales a las características específicas de cada territorio municipal. Es imprescindible que en cada fase se franqueen mecanismos de participación popular. 

3. La articulación de las estrategias de desarrollo municipal, las políticas públicas locales, el plan de la economía y el presupuesto municipal. 

4. El perfeccionamiento de los mecanismos de participación popular. 

Lo anterior precisa de niveles medios de formación cívica de los ciudadanos. La limitada información sobre los temas que conforman la participación y el desconocimiento acerca de las posibilidades que ofrece el marco jurídico restringen su realización. No todos los ciudadanos conocen el alcance del derecho que tienen de participar en la vida política del país y las distintas vías a través de las cuales poder hacerlo. 

Para garantizar la participación, resulta necesario perfeccionar, en el marco jurídico, el principio de transparencia. Este permite el acceso a la información pertinente y tiende a fortalecer la confianza en las instituciones, sobre la base del conocimiento de su funcionamiento y sus resultados; también incrementa el nivel de exigencia en las instituciones públicas. 

El perfeccionamiento de las vías de participación popular puede realizarse en atención a las siguientes ideas: 

• Fortalecer los mecanismos de control directo y real que permiten la supervisión de la gestión y la evaluación de los resultados de la labor política y administrativa de las autoridades locales. 

• Producir cambios en el proceso de rendición de cuentas de los delegados a sus electores. Estas reuniones no han logrado constituirse como espacios de debate sobre las políticas públicas, ni se ventilan o valoran en ellas resultados concretos o decisiones a tomar. En este empeño de vincular de manera activa a los ciudadanos  y avanzar en la transparencia, información y publicidad de los actos de gobierno y administración, en las reuniones de rendición de cuenta, pueden introducirse análisis en cuanto a recursos monetarios se trata; en tal sentido los delegados podrían ofrecer información acerca del estado de la hacienda pública municipal —en cuanto a los ingresos, vías de obtención y monto de los ingresos, estado de la recaudación y perspectivas de cumplimiento, posibilidad de obtención de nuevos recursos; en cuanto a los gastos, volumen del gasto municipal, destino de los recursos, prioridades, estado de la ejecución—. 

• El análisis y prácticas de experiencias de consejos consultivos, unidades de gestión local, presupuesto participativo y audiencias públicas. 

5. El reconocimiento del asociativismo municipal. La descentralización hacia los municipios supone el reto de asumir nuevas funciones, en algunos casos, estas pudieran exceder su capacidad de gestión. Por tal razón, una de las alternativas de solución ha sido recurrir a la articulación de relaciones de colaboración intermunicipales. 

6. La transferencia a las autoridades locales de nuevas funciones, responsabilidades y competencias en el diseño y manejo de los ingresos y gastos municipales. De forma sintética, lo anterior precisa del reconocimiento a las autoridades locales de potestades para la búsqueda de nuevas fuentes de financiación sobre la base de su capacidad y responsabilidad, de la ampliación de la capacidad de decisión en la configuración y distribución de los gastos locales, teniendo en cuenta el sentir y decir de los habitantes de cada municipio. 

La nueva Constitución de la República estable- ce que el municipio para lograr la satisfacción de las necesidades locales cuenta con ingresos propios y asignaciones que recibe del gobierno de la República. 

Este mandato constitucional precisa de la determinación del sentido y alcance de los ingresos propios, ¿es desde un punto de vista cuantitativo, cualitativo o ambos? En la actualidad, los ingresos locales se clasifican en ingresos cedidos, participativos y transferencias —generales o de nivelación o con destinos específicos—. En ningún caso, las autoridades municipales tienen facultades para variar algún elemento esencial de la cesta de tributos que se le atribuyen al territorio. En ese camino, también es necesario revisar los ingresos, por la fuente, que serán atribuidos a cada nivel de gobierno en función del volumen de competencias. 

El análisis de las leyes anuales presupuestarias y resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios que han regulado la Contribución Territorial para el Desarrollo Local, ingreso cedido con afectación específica, contribuiría a valorar aspectos negativos y positivos y generar nuevas propuestas para su efectiva implementación. 

Por otra parte, dicho texto constitucional al momento de establecer el alcance de la autonomía municipal prevé como uno de sus ámbitos la facultad para decidir sobre la utilización de los recursos. Esto implica la precisión de cuestiones básicas, como pueden ser: ¿se trata de recursos materiales, humanos y financieros?, ¿cuáles?, ¿cómo aprovecharlos y movilizarlos? 

7. La determinación de un sistema económico municipal, encaminado a regular aspectos como: el régimen de economía; el patrimonio municipal; los servicios públicos locales y las formas de gestionarlos; los principales instrumentos para actuar en materia económica; las relaciones que se establecen entre las autoridades locales y los sujetos económicos, estatales o no. 

8. La regulación, de forma expresa, de la facultad normativa de los municipios y crear un espacio divulgativo de sus decisiones con ese carácter. Con ese propósito sería viable rescatar las Ordenanzas Municipales por el papel histórico y de tradición municipal que pueden representar para la institucionalidad, así como, la creación del Boletín Municipal para la publicación de las disposiciones normativas que se dicten en la localidad. 

Gutiérrez Sánchez, quien fue profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana, sentenció: «el principio de que el Municipio es la célula del gran conglomerado social que se integra en el Estado, no admite contradicción. Como en biología, a células sanas corresponden organismos sanos: el enervamiento de la célula municipal en lugar de beneficiar al Estado, produce la anemia del Estado» (Gutiérrez Sánchez, 1938, pág. 7). El reto está planteado: fortalecer la gobernabilidad municipal para, por ese camino, fortalecer la gestión gubernamental del Estado en su conjunto. 

Reflexiones finales 

La diversidad y complejidad de los espacios municipales cubanos precisan del otorgamiento de cuotas de autonomía a las autoridades locales, de manera que sea posible aprovechar al máximo la creatividad de los sujetos políticos y, a su vez, generar iniciativas capaces de incrementar la participación de los actores sociales en función de la gobernabilidad. 

Para fortalecer la gobernabilidad municipal es importante armonizar los procesos centralizadores con procesos de descentralización a favor de los órganos municipales, y con ello, acercar el poder a la base, como necesidad ineludible para el logro efectivo de los fines estatales reconocidos jurídicamente, para lo cual se demanda elevar los niveles de cultura jurídica.Alcanzar niveles superiores de gobernabilidad municipal requiere que se formen capacidades, propósito en el que las universidades y los centros con ese mandato estatal, pueden contribuir. 

En el ámbito municipal, la gobernabilidad tiene un contenido importante de «buen gobierno», que encierra demandas de resultados eficaces de la administración, la prestación de servicios públicos de calidad, procedimientos para la toma de decisiones, con inclusión, y rendición de cuentas como medidas de control democrático. 

En Cuba, la proyección de gobernabilidad local, mirada desde la institucionalidad, se encuentra vinculada al establecimiento jurídico y ejercicio de las competencias municipales, y a la autoridad y poder real que debe alcanzar el poder popular en ese nivel. Es importante que las autoridades municipales comprendan el papel activo y protagónico que les concede la norma constitucional y se preparen para asumir nuevas atribuciones, actuar de forma decisional más independiente, modificar métodos y estilos de trabajo y ganar conciencia sobre la responsabilidad que asumen. 

Bibliografía 

Asamblea Nacional del Poder Popular. «Acuerdo No. VII-60». Gaceta Oficial de la República de Cuba, 31 de agosto de 2011, edición extraordi- naria: págs. 819-820. 

Asamblea Nacional del Poder Popular. «Constitución de la República de Cuba». Gaceta Oficial de la República de Cuba, 10 de abril de 2019, edición extraordinaria: págs. 69-103. 

Diputación de Málaga. Guía de Indicadores sobre el Buen Gobierno Local. Málaga: Diputación de Málaga, 2013. 

Gutiérrez Sánchez, Gustavo. «El régimen municipal democrático funcional». Primer Congreso Panamericano de Municipios. La Habana: Editorial ALFA, 1938. 

Guzón Camporredondo, Ada. «Estrategias municipales para el desarrollo». En Desarrollo Local en Cuba, de Ada Guzón Camporredondo. La Habana: Academia, 2006. 

Guzón Camporredondo, Ada y Rider Hernández Márquez. «A propósito del desarrollo local en Cuba». En ¿Qué municipio queremos? Respuestas para Cuba en clave de descentralización y desarrollo local, de Lissette Pérez Hernández y Orestes J. Díaz Legón. La Habana: UH, 2015. 

Partido Comunista de Cuba. Documentos del 7mo. Congreso del Partido aprobados por el III Pleno del Comité Central del PCC el 18 de mayo de 2017 y respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de junio de 2017. Contiene la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Visión de la Nación, ejes y sec- tores estratégicos y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021. La Habana: Editora Política, junio 2017. 

Pérez Hernández, Lissette y Orestes J. Díaz Legón. ¿Qué municipio queremos? Respuestas para Cuba en clave de descentralización y desarrollo local. La Habana: UH, 2015. 

Pérez Hernández, Lissette y Orestes J. Díaz Legón. «Municipio y desarrollo local: continente y contenido. Apuntes en pos del perfecciona- miento del régimen jurídico municipal en Cuba». En Administración pública y derecho local, de Hiram Marquetti Nodarse. La Habana: UH, 2017. 

Pérez Hernández, Lissette y Orestes J. Díaz Legón. «Municipio, desarrollo local y Derecho. Notas para el perfeccionamiento del Régimen Jurídico Municipal en Cuba». En Anuario Iberoamericano de Derecho Administrativo Local, de Armando Rodríguez García. Buenos Aires: Ius Publicum Innovatio, 2018. 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Guía del usuario para medir la gobernabilidad local. Oslo: PNUD, 2007. 

Torres-Melo, Jaime y Jairo Santander. Introducción a las políticas públicas. Conceptos y herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía. Bogotá: EIMP Ediciones, 2013.

Citas-

1 Ver artículo 1 de la Constitución de la República de Cuba, proclamada el 10 de abril de 2019. 

2 Constituyen una síntesis, revisión y actualización de trabajos publicados con anterioridad por los autores y que constan en la bibliografía. 

* LISSETTE PÉREZ HERNANDEZ

Doctora en Ciencias Jurídicas, Universidad Estatal de Moscú. Profesora Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Vicepresidenta del Consejo Científico de la Universidad de La Habana y miembro del Consejo Científico de la Facultad de Derecho. Coordinadora del programa Doctoral en Ciencia Jurídica. Investiga temas relacionados con el Derecho Público, en particular sobre el Derecho Municipal y el desarrollo territorial.

 ORESTES J. DÍAZ LEGÓN

Doctor en Ciencias Jurídicas, Universidad de La Habana. Doctor en Derecho Público, Universidad Paris-Nanterre, Francia. Profesor Auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. En la Facultad, Jefe del Departamento docente Asesoría Internacional. Desarrolla investigaciones en temas de desarrollo local, hacienda municipal y fiscalidad y sujetos económicos en Cuba.

Continuará

Un desastre estadounidense anunciado

Trump es como el pregonero de “La caza del Snark” de Lewis Carroll: “Lo dije tres veces: lo que te diga tres veces es verdad”. China no sería más dueña de los Estados Unidos de Biden de lo que los Estados Unidos de Trump poseen Groenlandia.

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Mike Pompeo, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington, el 20 de marzo de 2020. (Erin Schaff/The New York Times)

The New York Times

París, Francia

Este mes, Henry Kissinger llamó a François Delattre, el exembajador de Francia en Estados Unidos que ahora es el secretario general del Ministerio del Exterior. Kissinger estaba preocupado por el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China, y el riesgo de que la situación pudiera salirse de control.

Delattre me contó que tiene sus propias preocupaciones sobre el tema. En octubre, el presidente Donald Trump podría dar una sorpresa que involucre un incidente militar en el mar del sur de China para demostrar la determinación estadounidense en contra del presidente de China, Xi Jinping. En un discurso de 70 minutos celebrado en el prado sur de la Casa Blanca, Trump aseguró que esa determinación supuestamente iba a desaparecer en el caso de una victoria de Joe Biden, tras lo cual “China se adueñaría de nuestro país”.

Trump es como el pregonero de “La caza del Snark” de Lewis Carroll: “Lo dije tres veces: lo que te diga tres veces es verdad”. China no sería más dueña de los Estados Unidos de Biden de lo que los Estados Unidos de Trump poseen Groenlandia.

“Hoy ser europeo es una sensación solitaria”, reflexionó Delattre. Rusia es hostil. China es hostil. Las potencias emergentes consideran las organizaciones multilaterales de la posguerra que tienen un valor para Europa como reliquias de un mundo hecho por y para las potencias occidentales… y quieren cambiarlas. En cuanto a Estados Unidos, se encuentra ausente.

Cada vez es más frecuente escuchar a los europeos hablar sobre la necesidad de una “contención” de Estados Unidos si Trump es reelegido; el término lo acuñó el diplomático estadounidense George Kennan para definir la política de Estados Unidos hacia la Unión Soviética comunista durante la Guerra Fría. Ese sería un acontecimiento impactante, salvo que ya nada es impactante.

No en un mundo en el que las falsedades presidenciales que se repiten tres veces, o más, se vuelven “verdad”.

No después de una Convención Nacional Republicana durante la cual Mike Pompeo, el lambiscón secretario de Estado, coreó alabanzas para la “visión de ‘Estados Unidos primero’” desde un techo de Jerusalén, desafiando abiertamente la Ley Hatch, la cual les prohíbe a los empleados federales involucrarse en actividades políticas mientras están trabajando.

“Pompeo es el peor y el más corrupto secretario de Estado en la historia”, me comentó Norman Ornstein, un académico residente del American Enterprise Institute.

No después de que Trump preparó la escena para la demolición de la democracia estadounidense al decir, en el día inaugural de la convención, que “la única manera en que pueden quitarnos esta elección es con una elección amañada”.

No después de que Trump, en un discurso de aceptación que, siguiendo el modelo de Pompeo, requisó la Casa Blanca por motivos políticos, advirtió de forma pesimista: “Si la izquierda obtiene el poder, demolerá los suburbios”. No después de que Trump ha convertido al Partido Republicano en un culto a la personalidad. No después de que Trump, a partir de los procesos del juicio político, llegó a la conclusión de que se puede salir con la suya cuando quiera.

Le pregunté a Ornsetin, quien no es propenso al histrionismo, cuán real es la amenaza para la democracia estadounidense, a 67 días de las elecciones. “No estamos en DEFCON 1, pero estamos muy cerca”, respondió, para referirse al nivel más alto de amenaza en el registro de identificación que usan las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Los europeos ya conocen esta historia. Viktor Orban, el primer ministro derechista de Hungría, ha creado una plantilla para el sistema autoritario que Trump querría en caso de ser reelegido: neutralizar un poder judicial independiente, satanizar a los inmigrantes, asegurar que “la voluntad del pueblo” invalida los sistemas constitucionales de controles y equilibrios, restringir los medios libres, exaltar un heroísmo nacional mitificado y, por último —como Orban, Vladimir Putin o Recep Tayyip Erdogan de Turquía—, amarrar una forma de gobierno autocrático que conserva un revestimiento de democracia mientras distorsiona lo suficiente la competencia para asegurar que produzca un solo resultado.

De hecho, claro está, Trump ya lleva por ese camino desde hace tiempo. Tiene en el bolsillo al Departamento de Justicia del fiscal general William Barr. Como lo presumió en su discurso, está en vías de nombrar más de 300 jueces federales. Ya tiene en la mira al dueño de The Washington Post, Jeff Bezos.

Está trabajando duro en la supresión del voto e intenta descalificar los votos legítimos. “En las boletas por correo, hacen trampa”, asegura el presidente. Las boletas por correo son “sustancialmente fraudulentas”. Las boletas por correo “serán impresas en el extranjero”.

Lo que te diga tres veces es verdad. Es como decir una y otra vez que una victoria de Biden llevará a la destrucción o que ha hecho más por los afroamericanos que cualquier otro presidente desde Lincoln. Trump está orquestando el caos para mantener el trabajo que probablemente sea el único medio que le permita evadir a los fiscales de Nueva York y una sentencia en prisión. Las encuestas sugieren que es mucho más probable que los demócratas con mascarilla voten por correo que los republicanos sin mascarilla. De ahí la porfía de Trump y la reciente eliminación acelerada de las máquinas clasificadoras de correo.

Funcionarios cercanos a Biden están analizando varios escenarios ominosos: Trump canta victoria antes de que se cuenten por completo los votos en los estados pendulares, un conteo que podría demorar muchos días o incluso semanas a causa de la alta probabilidad de que haya una gran cantidad de boletas de voto en ausencia; Trump, con el respaldo de Barr, quien ha asegurado que gobiernos extranjeros han producido boletas falsas para votar por correo, se niega a admitir la derrota y desafía la validez del conteo de los votos por correo; algún intento de Trump de usar las fuerzas armadas para ayudarle a ganar; Trump impugna el resultado en uno o más estados, así ni Biden ni Trump tienen los 270 votos electorales necesarios y la elección es determinada con un voto por estado por delegaciones que tienen una mayoría republicana.

Sin un triunfo aplastante de Biden, y no veo que vaya a ocurrir uno, cualquiera de estas opciones es posible… y Europa querrá “contener” ese Estados Unidos. Como a Kissinger y Delattre, me preocupa China. Sin embargo, tal vez lo que más me preocupa es que Su Necesidad vea un modelo potencial en la maniobra que realizó Xi de eliminar los límites a los periodos presidenciales para convertirse en emperador de por vida.

La pandemia de incertidumbre

Sep 3, 2020 KENNETH ROGOFF

CAMBRIDGE – Los próximos meses nos dirán mucho respecto de la forma de la futura recuperación global. Pese a la ebullición de las bolsas, subsiste una incertidumbre generalizada en torno de la COVID‑19. De modo que cualquiera sea el curso de la pandemia, es probable que lo hecho hasta ahora en la lucha contra el virus siga afectando el crecimiento, el empleo y la política por mucho tiempo.

Comencemos por (tal vez) la mejor parte. En un escenario optimista, de aquí a fin de año se habrán aprobado al menos dos vacunas de primera generación contra la COVID‑19; y gracias a un extraordinario apoyo regulatorio y financiero de los gobiernos, entran en fase de producción incluso antes de que terminen los ensayos clínicos con sujetos humanos. Dando por sentada su eficacia, las firmas biotecnológicas tendrán unos 200 millones de dosis listas a fines de 2020, e irán camino de producir miles de millones más. Pero la distribución será una vasta empresa, en parte porque habrá que convencer a la población de que una vacuna surgida de un desarrollo acelerado es segura.

Con suerte, los ciudadanos de los países ricos que quieran vacunarse habrán podido hacerlo antes de que termine 2021 (momento en el cual ya casi todos habrán sido vacunados en China). Un par de años después la vacuna habrá llegado al grueso de la población mundial, incluidas las economías emergentes y en desarrollo.

Es un escenario creíble, pero su concreción no está garantizada. Podría ocurrir que el coronavirus oponga más resistencia que la esperada, y que las vacunas de primera generación sólo sean eficaces por un breve período o tengan efectos secundarios de una gravedad imprevista.

Incluso en ese caso, una mejora de los protocolos de testeo, el desarrollo de tratamientos antivirales más eficaces y un mayor respeto de la población y (ojalá) de los políticos a las recomendaciones sanitarias llevarían a una normalización gradual de las condiciones económicas. Cabe recordar que la horrible pandemia de gripe de 1918‑20 (que mató al menos a 50 millones de personas en todo el mundo, muchas de ellas en una letal segunda ola como la que hoy se teme con la COVID‑19) terminó cediendo y desapareció sin ninguna vacuna.

Pero en un escenario más pesimista, puede ocurrir que antes del final de esta crisis se produzca otra (un marcado agravamiento de las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China, un ataque ciberterrorista o una ciberguerra, una catástrofe natural relacionada con el clima o un terremoto de alto poder). Además, incluso el escenario optimista no implica necesariamente un regreso rápido a los niveles de ingreso de finales de 2019. Tal vez se necesiten años para que la expansión pospandemia (si es que la hay) se corresponda con la definición moderna de «recuperación» después de una recesión profunda (un retorno al ingreso per cápita inicial).

La pandemia puso de manifiesto el enorme problema de la desigualdad en las economías avanzadas, pero la peor parte se la están llevando los países pobres. Es probable que muchos mercados emergentes y economías en desarrollo se pasen años luchando contra la COVID‑19, con la posibilidad real de una década perdida para el desarrollo. Al fin y al cabo, pocos gobiernos tienen una capacidad similar a la de Estados Unidos, Europa y Japón para proveer apoyo fiscal de emergencia. Es probable que recesiones prolongadas en los países de bajos ingresos lleven a una epidemia de crisis de deuda e inflación.

Pero las economías avanzadas no están exentas de sufrir efectos duraderos. Puede que las empresas se vuelvan reacias a invertir y contratar personal, por temor a un retroceso sanitario o a otra pandemia (por no hablar de la inmensa volatilidad política amplificada por la crisis).

Dejando a un lado la posibilidad de que las economías avanzadas experimenten una recuperación inicial del gasto derivada del consumo postergado, a más largo plazo es de prever un aumento del ahorro privado. En un interesante artículo presentado en el reciente Simposio Económico de Jackson Hole, Julian Kozlowski, Laura Veldkamp y Venky Venkateswaran sostienen que para la economía estadounidense, la acumulación de costos a largo plazo de la pandemia superará con creces los efectos a corto plazo (en parte por un aumento duradero de intranquilidad entre la población).

El análisis de los autores, que examiné durante el simposio, es especialmente convincente en lo que atañe a los consumidores. Toda persona cuyos padres o abuelos hayan vivido la Gran Depresión de los años treinta sabe de qué manera esta experiencia marcó para siempre sus conductas.

Además del impacto directo sobre la inversión y el empleo, la COVID‑19 tendrá efectos más duraderos sobre la productividad. Cuando la pandemia haya terminado, una generación de niños, en particular los de familias de menores ingresos, habrá perdido en la práctica un año de escolarización. Y los adultos jóvenes en busca del primer trabajo en un mercado laboral todavía moribundo pueden anticipar una reducción de sus ganancias futuras.

Pero no todo es negativo. Pese a que la pandemia provocó en muchas ciudades una enorme desvalorización de los locales comerciales, también puede generar una inmensa ola de construcciones e inversiones en áreas suburbanas y en ciudades pequeñas y medianas deprimidas. En general, empresas que antes eran renuentes a permitir el teletrabajo hoy reconocen su practicidad y sus muchos beneficios. Y aunque no debemos hacernos falsas expectativas, tal vez la pandemia aliente a los gobiernos a buscar modos de proveer Internet de banda ancha universal y mejorar el acceso de los niños desfavorecidos a computadoras personales.

La economía global está en una encrucijada. La tarea más importante para las autoridades es tratar de reducir la enorme incertidumbre subsistente y seguir dando ayuda de emergencia a las personas y sectores económicos más afectados. Pero es probable que la inseguridad generada por la COVID‑19 siga afectando a la economía global incluso mucho después de haber superado lo peor.

Traducción: Esteban Flamini

KENNETH ROGOFF, Professor of Economics and Public Policy at Harvard University and recipient of the 2011 Deutsche Bank Prize in Financial Economics, was the chief economist of the International Monetary Fund from 2001 to 2003. He is co-author of This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly and author of The Curse of Cash.

Opinión de Lectores

Por Humberto Herrera Carlés

A partir del presente voy a incluir con la frecuencia que se generen, las opiniones cada vez más frecuente  de los lectores, que desde mi punto de vista transmiten preocupaciones  y valiosas sugerencias.

1- La creación de las OSDE debería facilitar el avance de la Empresa Estatal Socialista. Sin embargo, si «cada entidad diseña su sistema organizativo como un traje a “su” medida» sin pauta alguna desde arriba y no se hace un control eficaz para evitar desviaciones ocurre lo que donde trabajé por más de 30 años. 

Actividad diferente que no obtiene beneficios de sus propios resultados productivos o productos y su Calidad y eficiencia se refleja en los resultados que obtiene el cliente y por ende en la Economía Nacional por los servicios prestados: una Empresa de Proyectos. En éstas cualquier “traje” debe garantizar que los servicios tengan la máxima calidad porque si los proyectos contienen malas soluciones o incumplimientos de las normas técnicas indican un modo erróneo de ejecutar las obras lo que provocaría pérdidas a la Economía Nacional.

En los años 2000, se implementó el Perfeccionamiento Empresarial en esta Empresa con un Sistema de Pagos no idóneo, porque estimulaba la cantidad, pero no la calidad de la producción. Los resultados fueron mejores porque dicho Sistema de Pagos se contrarrestó con un novedoso Sistema de Control de la Calidad en el Proceso, que permitió que hasta finales del año 2011 la Empresa cumpliera las tareas contratadas y no perdiera la condición de Perfeccionamiento. A partir del año 2012, con la entrada de un nuevo Director General, se hicieron cambios en los Sistema de pagos y de Calidad con el objetivo de vender más en menos tiempo. El apoyo a la gestión de la calidad fue disminuyendo hasta que en junio del 2016, no se permitió la rectificación de  65 errores detectados (28 graves), en el proyecto de un objeto importante, lo que motivó que el Especialista responsable de la calidad, reclamara ante el Órgano de Justicia Laboral de Base que se declaró incompetente y la administración le prohibió revisar además que los objetos restantes, presumiblemente también con errores, también en el Taller donde detectó las faltas, además limitó su responsabilidad en el resto de los Talleres y en septiembre de 2017 erradicó la Plaza que ocupaba el Especialista facilitando el aumento de errores.

En todo este tiempo ni las auditorías externas realizadas, incluyendo la que debía dar fe para el otorgamiento del Premio Nacional de Calidad, y tampoco los controles del OSDE GEDIC detectaron ninguna anormalidad. Cuando los problemas fueron de dominio del Órgano Superior de Dirección (OSDE GEDIC), declararon SIN RAZÓN las evidencias presentadas.

Lamentablemente la absolución de la falta por el OSDE GEDIC no evitó el daño a la economía, sino facilitó el acortamiento en ¡10 o más años! de la vida útil de un Hotel importante para la Economía Nacional.

La incompetencia del alto mando fue tal que por el “trabajo” de la Empresa en ese mismo año 2016, que fueron detectados y no rectificados los errores referidos, en vez de castigo, se le otorgó a esta Empresa el Premio Nacional de Calidad y poco tiempo después la Condición de Vanguardia Nacional… 

Partiendo de este ejemplo tanto la OSDE GEDIC como los otorgantes de tan meritorias distinciones ignoraron que las estadísticas señalan que los proyectos sin calidad son responsables del mayor por ciento de los problemas patológicos en la construcción, porque las cuestiones no previstas en el diseño se deben decidir y adaptar de forma apresurada durante la ejecución, lo cual incide en que la obra tenga un mayor costo. No tomaron en cuenta tampoco que lo más valioso en el proyecto es su efecto en la economía de la inversión, por lo que es preferible el incumplimiento de los plazos en la entrega de un proyecto si a su vez se logra una reducción del presupuesto de inversión o se alcanza una solución que acorte los plazos de construcción y montaje, lo cual es más importante para el Cliente y la Economía Nacional.

Al parecer los favorables cumplimientos de los indicadores económicos, fruto de la venta de Proyectos sin calidad, definió para el otorgamiento de estos galardones.

Al poner este ejemplo, de lo que NO DEBE seguir ocurriendo, no significa que esté en contra de la Empresa Estatal Socialista. Todo lo contrario, pues veo en ella el mejor modo de administrar y fomentar los recursos de “Los pobres de la tierra”.

Las OSDEs deben formarse con un grupo reducido de personal idóneo (los mejores en el país de cada rama), que, si bien deben tener salarios dignos, estos no pueden depender de los resultados de las Empresas subordinadas. En las auditorias de cualquier nivel debe incluirse una encuesta, a una población representativa de cada Empresa, que indague cómo se cumple el Concepto Revolución de Fidel. La dirección de este equipo más que experiencia en la actividad, deben saber oír y guiarse por las buenas prácticas en cada rama de la economía, las normativas vigentes y los avances de la Ciencia y la Técnica, no por decisiones improvisadas.

Revolucionariamente,

Ing. Jorge Miranda Olivera

Para aclaraciones necesarias pueden contactarme por las siguientes vías:  Calle Fidel Céspedes (San Martín) # 762 entre calles Roosevelt y Bembeta Rpto. América Latina (Boves) Camagüey Zona Postal: 70107; Teléfono: 32281821 o correo: jmiranda51@nauta.cu

2- Roxana Badosa Rodríguez 72090848/ 53582376

PROPONGO QUE:

- Tiendas Virtual debe ser una empresa independiente con un mando único y sucursales en cada provincia y/o municipios (según territorio y población). Con toda su logística independiente de transportes, almacenes, Inventarios, Atención al Cliente, Puntos de entregas (según solicitudes) etc.

- Como alternativa de transporte pudieran insertar en el proyecto a los TCP con Licencia Mensajería que deseen integrarse con su transporte.

- Las tarifas de Mensajería deben aumentar y de ahí obtener el beneficio de los mensajeros TCP y/o el d la tienda.

- La Plataforma debería mostrar 1 sola tienda por Municipio o Provincia, es decir, 1 por cada sucursales creada.

- Cada Sucursal (Tienda Virtual) tendría su propio punto de entrega para los que opten por esta variante

- El cliente solo podrá comprar en su municipio de residencia según datos brindados al sistema.

- Reduzcan los pasos para el pago. En estos momentos son como 7 y dificulta la operación

- Conformen Combos con perioricidad mensual, quincenal, semanal y diarios. Limitando el uso de un solo período y no mas d uno. Con tarifas de mensajerías según período. Y por supuesto que mientras el período sea mayor mayor será su costo. De ese modo ahorran también combustible. Facilitan a los TCP con negocios gastronómicos y el que pueda se hace de una factura adecuada y balanceada.

- No conformen Combos con objeto de lucro. No mezclen bebidas con comidas o aseos, tampoco artículos de baja demanda. Esos se pueden vender en puntos directos al público que por tanto no provocarán colas.

- Si quieren rentabilidad lleven mas productos a las bodegas. Al fin de cuenta pudieron llevar refrescos a 10 pesos.

- Aumenten el precio de la mensajería, la comida se paga y el combustible y las horas hombre, también cuesta.

- Garanticen cárnicos como pollo y otros aunque sea en pequeñas proporciones en los Combos de alimentos

- Los paquetes deben ser sellados totalmente y nadie pueda abrirlo durante la transportación

- Una vez se trabaje correctamente, necesitarán menos personal, líneas telefónicas y correos para atender las quejas.

- Cuando un envío tenga diferencia o faltante avisar con antelación, el cliente tiene derecho a rechazarlo si no está de acuerdo.

3- Hola soy de Cárdenas ,matanzas me gustaría mucho apoyar a esta causa por el bienestar del estado y la población aunque sea con una producción que abastezca en un inicio a mi ciudad, tengo buen conocimiento sobre la cría de pollos de engorde pues me he dedicado a estudiar bastante todos los métodos de crianza que existen lo que pasa es que para eso necesitaría la ayuda del estado que me venda la materia prima para emprender en este mundo de la cebada de pollos ya que es casi imposible acceder a estos por fuera ,me gustaría mucho poder hacer un convenio con el estado donde yo pudiera comprar desde los materiales para hacer el galpon hasta la comida ,cosa tan esencial que no puede faltar y aqui es muy difícil conseguir.

 Mi punto de vista es que si el estado me da la posibilidad de emprender tanto a mi como a cada ciudadano que se sume con gran interés y dedicación a esta complicada labor de poder criar pollos de cebada esto ayudaría en gran magnitud a la economia del pais porque reduciría en gran medida las importaciones y le daría vida al pueblo.pero esto no pasa porque no hay un lugar donde yo pueda adquirir nada de lo necesario para emprender ,muchas gracias y espero mis palabras puedan ser leídas he interpretadas de buena manera , gracias.

4- Raúl Cabrera Nuñez 1 de septiembre de 2020, 12:10 La redolarización parcial: una mirada desde el mediano plazo.

No creo haber leído un artículo al que considere más abarcador y con el que esté más de acuerdo a pesar que leo muchos que me parecen excelentes y que señalan pautas y recomendaciones certeras. Creo firmemente en la idea de que la reciente introducción del dólar como moneda de compra, es más que una excepcionalidad, una acción "desesperada" provocada por las circunstancias actuales, no la critico y comprendo perfectamente las razones que motivaron tomarlas. Pero el camino correcto es que nuestro centenario peso cubano tome el mando. Acelerar la tenencia de una sola moneda y con ello resolver algo tan importante como la absurda tasa de cambio que rige para el sistema empresarial estatal tantas veces dicho por todos y que evidentemente se aprecia será realizado en breve.

En cuanto a las ahora llamadas tiendas de ventas en divisas, vender los productos en moneda nacional, pero a los precios equivalentes a los dólares con que se venden hoy. Hay que acabar de reconocer públicamente lo que todos sabemos y explicado muy bien en este artículo. CON EL SALARIO ACTUAL NO SE PUEDE ADQUIRIR ESTOS PRODUCTO. Quien adquiere estos y la mayoría de los que se adquieren en CUC, lo hace con la ayuda de sus familiares en el exterior. Me parece mejor que todo el que reciba divisas vaya al banco la cambie y si quiere comprar filete de res, lo pague al precio que tiene hoy allí en divisas, pero en su equivalencia en CUP, así de sencillo. Por tanto viéndolo desde abajo, como un ciudadano más, coincido que la dolarización hay que eliminarla lo más rápido posible. Y dejo para finalizar, decir algo muy claro, los productos racionados que me tocan, incluyendo el pollo, los huevos, etc, me impiden pasar hambre. Eso no lo puede decir mucha gente ni en los países más desarrollados. Por tanto seguir destrabando la economía con pasos de futuro, con acciones sólidas, algunas dolorosas pero necesarias, como cuando se curan heridas graves, constituyen el único camino. Gracias a los autores de este esclarecedor y responsable artículo.

A quién vacunamos primero?

Filósofos y expertos en ética de la salud alertan contra el riesgo de un reparto injusto de las vacunas

MIGUEL ÁNGEL CRIADO

05 SEP 2020 - 00:30 CEST

A medida que se acerca la obtención de una o varias vacunas contra el coronavirus, emerge una realidad: no habrá para todos, al menos al principio. Eso plantea el dilema de cómo repartir las primeras dosis. También explica los movimientos de muchos Gobiernos por hacerse con millones de viales de las candidatas mejor colocadas. Ahora, una veintena de expertos en ética de la salud pública y filósofos alertan contra la emergencia de un nacionalismo sanitario y propone un modelo para un reparto justo de las vacunas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto que, mientras no sobren, las vacunas se distribuyan en tres fases y de forma proporcional a la población de cada país: un 3% en una primera oleada, lograr inocularla al 20% en una segunda y llegar al 60% de la población en la tercera fase. Con este porcentaje se estima que se lograría la inmunidad de grupo, con los vacunados protegiendo a los que aún no lo hayan sido.

Un reparto según la población parece justo pero plantea dos problemas. Por un lado, los países más densamente poblados se llevarían la mayoría de las vacunas. Más importante aún, la pandemia no está golpeando igual en todos lados. Mientras España, con sus 47 millones de habitantes, se está acercando al medio millón de casos, Polonia, con 38 millones, apenas tiene 68.000, según datos de la OMS.

La otra gran propuesta para distribuir las primeras vacunas de forma equitativa plantea un reparto más cualitativo que cuantitativo. En estos planes, los primeros en recibir la inmunización deberían ser los más expuestos al virus y los que pueden sufrir la versión más dura de la covid: el personal sanitario que está en la línea de defensa, los mayores de 65 y los que tienen una enfermedad o condición (comorbilidad) que podría agravar el curso de la enfermedad. Parece razonable.

El reparto de las vacunas según población no refleja el desigual impacto de la pandemia

“Probablemente, así es como los países deberían asignarlas internamente, aunque hay razones para pensar que con [la mayor disponibilidad de] equipos de protección personal, podría no ser necesario”, dice Ezekiel Emanuel, responsable de ética médica y salud pública en la Escuela Perelman de Medicina de la Universidad de Pennsylvania (EE UU). “Pero sería un error hacerlo entre los países, ya que daría menos a las naciones con menos ingresos y menos trabajadores de la salud”. Además, también en los Estados menos desarrollados la población mayor de 65 años es significativamente más reducida, así como la incidencia de algunas patologías que, como las cardíacas o respiratorias, agravan el curso de la covid. “Todo esto sesgaría el reparto en favor de los países ricos”, concluye.

Junto a una veintena de colegas, Emanuel ha publicado en la revista Scienceun artículo que destaca los errores que, a su juicio, contienen los distintos modelos planteados hasta ahora para repartir la vacuna cuando llegue. El texto, en cuya redacción han intervenido expertos en ética de la salud, filósofos y salud pública, alerta de la emergencia de una especie de nacionalismo sanitario en el que los países con la ciencia y tecnología suficientes para investigar con vacunas y aquellos que tienen más dinero para pagarlas amagan con acaparar la producción.

“Este nacionalismo de las vacunas es muy real”, apunta Emanuel. Y menciona la polémica entre Francia y Sanofi, una farmacéutica gala que investiga su propia vacuna, por sus negociaciones con el Gobierno de EE UU. Durante toda la pandemia no han dejado de surgir ejemplos. Al principio, con el acaparamiento de ventiladores, mascarillas y hasta guantes. En verano, el Gobierno estadounidense se hizo con casi todas las existencias mundiales de remdesivir, un fármaco que parecía servir contra la enfermedad. “Los Gobiernos legítimamente quieren proteger a sus ciudadanos, pero hay una obligación mayor con el resto de la población del planeta”, afirma.

En su artículo, Emanuel y sus colegas dan una cifra para limitar ese nacionalismo. Consideran moralmente inaceptable acaparar más vacunas de las necesarias para mantener la ratio de transmisión de la enfermedad por debajo de 1, indicador que llevaría a la reducción del alcance de la epidemia.

Este grupo de investigadores plantea su propio modelo justo de repartir las vacunas a escala global. Según su artículo, se apoyaría en tres pilares. Por un lado, habría que priorizar allí donde se puede reducir mas la cifra de muertes prematuras o secuelas graves de la enfermedad. Pero su propuesta va más allá de lo sanitario e introduce otra variable, el impacto social y económico que esté teniendo la pandemia en determinado lugar, por lo que apuestan por dar prioridad a los más desfavorecidos. Por último, creen que el reparto debe guiarse por el principio de igualdad radical, con la misma preocupación moral por cada persona.

“El punto de nuestro artículo es llevar a tomar conciencia de la importancia de realizar una asignación equitativa y mostrar cómo se debe tener en cuenta a los países que están en peores condiciones y que solo repartiendo a todos podremos volver a la condición pre-pandemia”, sostiene en un correo la directora del programa de bioética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la argentina Florencia Luna.

En la pandemia de gripe A de 2009, la vacuna llegó en apenas siete meses pero los países ricos acapararon el 90% de la producción

Los antecedentes no soplan en favor de este internacionalismo sanitario. En 2009, con la pandemia de la gripe A que acabó con la vida de casi 300.000 personas, se logró una vacuna en siete meses. Pero los países ricos se quedaron con toda la producción. En aquel nacionalismo sanitario desatado, los llamamientos a la solidaridad lograron que unos pocos acaparadores cedieran el 10% de sus vacunas pero solo después de asegurarse las dosis suficientes para vacunar a los suyos. Ahora, desde la OMS y otros organismos se intenta que haya un acuerdo internacional vinculante.

“Lo más cerca que estamos de ese acuerdo es Covax”, dice el director de análisis y desarrollo global de ISGlobal Rafael Vilasanjuan. Covax es una plataforma que busca desarrollar vacunas o su compra centralizada y repartirlas de forma equitativa. Está impulsada por la alianza para la vacunación GAVI, de cuyo consejo de dirección forma parte Vilasanjuan. “Estamos asistiendo a comportamientos muy nacionalistas”, dice. Pero recuerda que no se sabe el grado de eficacia que tendrán unas vacunas u otras ni si valdrán para toda la población. La de Oxford, por ejemplo, no se ha probado en mayores de 65 años. Así que recuerda a los nacionalistas sanitarios que “vacunar a los tuyos no significa que toda tu gente esté protegida”.

En la edición de este mes de la revista política Foreign Affairs aparece un artículo cuyo titular (traducido) dice La tragedia del nacionalismo de las vacunas. Y su subtítulo resume la conclusión: Solo la cooperación puede acabar con la pandemia. Uno de sus autores es Thomas J. Bollyky, director del Programa de Salud Global del Consejo de Relaciones Exteriores, un prestigioso laboratorio de ideas (think tank) con sede en Washington, EE UU.

Bollyky teme que el reparto de las vacunas sea desigual e injusto, en especial si falla la iniciativa Covax. “Los países que no hayan participado en los acuerdos de compra anticipada y que no fabriquen dosis en casa tendrán que esperar. Los Estados de nivel medio tendrán que hacerlo aún más, ya que no tienen los recursos para asegurarse [el suministro] con la compra anticipada y no son lo suficientemente pobres para que las iniciativas impulsadas por donantes les den prioridad”. Y cada día cuenta. Cada 24 horas mueren más de 6.000 personas, según la OMS. Bollyky concluye: “ya en cada país, la distribución puede ser igual de desigual si los Gobiernos no adoptan los principios alumbrados por la ciencia para un reparto justo”.