Libro. MIRADAS A LA ECONOMÍA CUBANA .Un plan de desarrollo hasta 2030 (XI)

 Prosperidad y sostenibilidad: necesidad de encontrar (descubrir) la empresa estatal

Por ILEANA DÍAZ HERNANDEZ

Introducción 

Cuba necesita de un enfoque estratégico mucho más que cualquier otra nación, por ser un país subdesarrollado, bloqueado y con un largo camino de vaivenes económicos. En los años ochenta se elaboraron planes quinquenales e incluso uno de larga data hasta el año 2000 como parte de la coordinación entre países en los marcos del Consejo de Ayuda Mutua Económica. Sin embargo, disímiles razones, que no es propósito de este capítulo analizar, no permitieron alcanzar los objetivos propuestos y la estructura económica de Cuba ha continuado sin cambios sustantivos. 

La crisis de los noventa provocó inmensos problemas, pero también impulsó transformaciones en la dirección económica del país que le permitieron crecer, y a partir de ese momento comenzar un lento, pero sin pausa, movimiento hacia la recentralización de la economía —quizás de las más potentes hasta el momento— que, unido a un excesivo gasto social, condujo al país a una crítica situación económica. 

Raúl Castro asume la presidencia del país el 24 de febrero de 2008 —de modo interino desde año y medio antes— y en 2010 comienza el proceso de actualización del modelo económico y social. Después de transitar di- versas etapas en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 2016, se aprueban dos documentos trascendentes, la Conceptualización y el Plan 2030. 

Al analizar ambos documentos pareciera que la Conceptualización es la estrategia ya que define los objetivos estratégicos —visión de país—, los principios y las principales transformaciones requeridas, mientras el Plan 2030 es el medio para alcanzarlo. El Plan 2030 define seis ejes estratégicos que vienen a ser los puntos claves transversales a cualquier sector. Se declara que tienen un carácter sistémico, pero esa sinergia no se ve refleja- da ni en los objetivos generales, ni específicos de los ejes —que son bastante ambiguos— y mucho menos en la elección de los once sectores estratégicos, expresión de falta de claridad en el enfoque estratégico para el país. 

Una ausencia importante son los actores productivos, elemento esencial para el logro de la sostenibilidad y prosperidad que enarbola la visión de país. Sin dudas, los equilibrios macroeconómicos son indispensables, ellos incentivan al sector empresarial, pero los niveles de eficiencia, eficacia y la productividad, que tanto se necesitan, dependerán también de la forma en que se estructure, gestione, interrelacione y sea real depositario de la propiedad —cualquiera que esta sea— todo el sistema empresarial. 

La Unesco en su Informe sobre la ciencia hacia el 2030, precisa al sector empresarial, de conjunto con crecimiento inclusivo y la sostenibilidad medioambiental, como los tres elementos centrales de los planes de los años 2020 y 2030 de los diferentes países; sin embrago, Cuba no incluye como un eje estratégico al sistema empresarial, el cual ha sufrido todo tipo de reestructuraciones y justo se encuentra abocados a una nueva. 

El objetivo del presente capítulo es realizar propuestas que contribuyan a la transformación del sistema empresarial estatal. La presente introducción nos conduce a un breve diagnóstico de la empresa estatal, que será el objeto de estudio del capítulo, donde se enfatizará en los aspectos que la autora considera centrales de la situación actual de tales organizaciones. Más adelante, se penetra en el segmento de las propuestas, la cual se inicia con los aspectos generales a ser modificados para crear las condiciones propicias a las empresas estatales. Continúa con la presentación de los cambios que se deberían realizar en las empresas en correspondencia con cada uno de los ejes del Plan 2030. 

Diagnóstico del sistema empresarial 

Antes de presentar un esbozo de la situación actual de la empresa estatal, se impone esclarecer qué se entiende por ese tipo de organización según la Conceptualización (Partido Comunista de Cuba, 2017). Los rasgos planteados son: Entidades empresariales propiedad de todo el pueblo. El Estado actúa en beneficio del propietario que sería el pueblo; personas jurídicas con deberes y derechos; encargadas para la producción de bienes y servicios de carácter mercantil y obtener utilidades y cumplir responsabilidades sociales; cubre sus gastos con los ingresos; desempeña un papel activo en la elaboración, ejecución y control de los planes y presupuestos; y dotadas de autonomía para la administración o gestión empresarial. 

También se señala que el Estado: regula los destinos de las utilidades y está facultado para autorizar la retención de parte de las mismas por las empresas; y norma sus relaciones con las empresas y las atiende. Además, no interfiere en la necesaria autonomía en la gestión de las entidades y adopta las decisiones principales y estratégicas que le competen como titular y evalúa y controla integralmente los resultados. 

De la concepción de empresa expuesta dos aspectos problemáticos a destacar: la propiedad y la autonomía. 

Si el pueblo es el propietario, en qué momento y de qué forma cumple su rol. ¿Mediante la Asamblea Nacional del Poder Popular?, solo el 50 % de sus integrantes es propuesto por el pueblo en las circunscripciones, según la Ley Electoral de 1992.1 Tampoco se ha delimitado de forma clara la función del Estado como dueño, ni qué entidad actúa como tal — ¿designado, juntas de gobierno?—. Las juntas de gobierno no la integran trabajadores, ni siquiera el sindicato. 

El Estado es quien «adopta las decisiones principales y estratégicas que le competen como titular y evalúa y controla integralmente los resultados» (Partido Comunista de Cuba, 2017, pág. 7), ¿de qué entidad?, ¿de las empresas o del país? pareciera que de las empresas ya que es la sección dedicada a ellas en la Conceptualización, y se corresponde con el artículo 66, del Decreto-Ley 281: «La empresa que aplica el Sistema de Dirección y Gestión tiene gestión económica, financiera, organizativa, técnica, productiva, comercial, laboral y contractual, con autonomía controlada en cumplimiento de lo establecido por el gobierno y el Estado» (Consejo de Ministros, 2013, pág. 226). ¿Debe ser el Estado como dueño quien defina la estrategia y decisiones «principales» —nada acotadas— de las empresas? ¿qué le queda a la empresa?, pareciera que solo administrar lo que otros disponen. 

Los datos oficiales que se publican sobre las empresas son muy pobres, por lo que se intentará ofrecer una panorámica que nos aproxime a la situación de las empresas estatales y se tomará como referencia la entrevista concedida por Yovana Vega Matos2 (Izquierdo, 2018). 

1. Las empresas se han convertido en entes intermedios entre las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y las Unidades Empresariales de Base (UEB). Las OSDE son alrededor de ochenta3 y agrupan más del 80 % del total de empresas, el 45 % poseen más de veinte empresas subordinadas y seis de las OSDE cuentan con más de cincuenta entidades subordinadas. Por ejemplo, el Grupo Empresarial de la Industria Alimenticia tiene subordinado noventa y cuatro empresas y estas alrededor de 2800 UEB. El Ministerio de la Agricultura (Minag) «atiende» y posee el mayor número de OSDE — un total de diez— y de unidades presupuestadas —llegan a 158— que cualquier otro ministerio. Entre el Minag y las administraciones del Poder Popular concentran el 40 % de las empresas del país, es decir, en áreas de baja productividad.4 

2. La cantidad de empresas se ha reducido en un 50 % desde el año 2000, y según la entrevista a Vega Matos, «en el período de 2011 hasta el año 2017 hubo una reducción de 400 entidades y muchas fueron extinguidas y fusionadas porque tenían pérdidas». Las empresas con pérdidas pasaron de 403 en 2010 a 43 en el 2018; las mismas se han extinguido, fusionado o pasado a UEB. ¿Extinción o quiebra?, y más adelante dice: «[había empresas] que no se justificaban como empresas por sus dimensiones y niveles de operaciones. Presentaban procesos de dirección económica y de controles suma- mente mayores a la generación de riquezas. En su mayoría estas fueron las que se convirtieron en UEB». Pareciera ilógico que empresas con pérdida se fusionen —se transfiere la enfermedad— y otras, cuyos procesos eran mayores en grado sumo a la generación de riquezas se con- viertan en UEB, que es donde se crea la riqueza, ¿no es un contrasentido? 

3. Según la entrevista, las empresas muestran magníficos indicadores —aunque no homogéneos para todos los sectores—; sin embargo, el PIB muestra en los últimos tres años que ha crecido a niveles bajos y más del 45 % del mismo es aportado por la industria manufacturera —sin incluir el azúcar—, el comercio y la salud pública —a precios de mercado—. Las dos primeras actividades en los tres últimos años —hasta 2017— han decrecido y poseen el 37 % del total de empresas, esto no significa que todas ellas sean ineficientes, pero, sin dudas, una buena parte de ellas debe serlo. 

4. Un hecho que evidencia problemas en las empresas es el financiamiento que otorga el presupuesto a las producciones que sustituyen importaciones o que se exportan, en alrededor del 15 % del total de gastos del presupuesto. Para 2019 se ha planteado que: «se reducen 1606 millones de pesos con respecto a las demandas solicitadas por la actividad empresarial, con el objetivo de disminuir los altos importes que en los últimos años se le han asignado, esto debe compulsar a mayor racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos, y así disminuir los gastos presupuestarios» (Figueredo y otros, 2018). 

5. Es significativo que los ingresos provenientes de las utilidades solo representan el 21 % del total de ingresos del presupuesto. De ellos, el impuesto sobre utilidades ha crecido desde 2012 hasta 2016, con un ligero decrecimiento en 2017. Sin embargo, el aporte de las empresas estatales —el 50 % de las utilidades después de impuestos—, decrece cada año —con excepción de 2017—; ¿qué significa esto?, ¿decrecen las utilidades en las empresas, hay menos empresas con suficientes utilidades? 

Sin embargo, es contradictorio respecto a la preocupación mostrada por la entonces ministra de Finanzas y Precios con la obtención de utilidades por las empresas sin contra valor material, es decir, por incremento de precios (Pedraza, 2018). Tales precios en muchas ocasiones son el fruto de la condición de monopolio de la empresa estatal —¿un efecto de la «superconcentración» empresarial?—, que le permite establecer altos precios por acuerdo en las ventas que excedan el encargo estatal. Por otra parte el mecanismo de formación de precios —que debe cubrir todos los costos y gastos—, unido a la utilización del indicador de valor agregado bruto para el pago de salario, puede condicionar utilidades excesivas. La solución propuesta por la ministra de Finanzas y Precios a los sobrecumplimientos de las utilidades por encima del 20 % es un aporte adicional al presupuesto. Es decir, se ataca el efecto, no la causa, provocada por el propio mecanismo económico que afecta el funcionamiento del mercado. 

Razones para que las empresas no mejoren su desempeño hay muchas, se puede enfatizar en el bloqueo, la difícil situación de las finanzas externas, fenómenos meteorológicos, entre otras; sin embargo, también habría que señalar la sobrevalorada tasa de cambio que desincentiva la economía, centralización del mecanismo económico, un sistema de dirección basado en el control mediante el plan, es decir el plan como medio de control y no de dirección, así como otras regulaciones que dificultan que las empresas puedan ser creativas, emprendedoras, innovadoras y, por tanto, que desaten las fuerzas productivas. 

Solo a modo de ejemplo se analiza —ver, al final del capítulo, la tabla 1— lo que dispone el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) sobre El Procedimiento para las relaciones financieras entre las empresas estatales, sociedades mercantiles y OSDE con el Estado —según la Resolución 138/2017—. 

El contenido de la resolución muestra con nitidez dos aspectos importantes: la intervención en la gestión de las empresas y el control que se ejerce sobre ellas e incluso sobre las propias autoridades facultadas. 

Según planteó la Contralora General de la República, el control es como una pirámide que comienza con el control interno en la base y apuntaba más adelante: 

«Luego están en otro nivel los organismos de la Administración Central del Estado (OACE), que tienen funciones rectoras de control. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el rector en Cuba de la política salarial y de trabajo; el Ministerio de Economía y Planificación es el estado mayor de la economía y la planificación en nuestro país. Estos y los demás organismos proponen políticas, y una vez que se aprueban son los encargados de aplicarlas y controlarlas. No solo en sus ministerios, sino en todo el sistema... Digamos entonces que estos órganos, organismos e instituciones del Estado ejercen un control externo…Y por último la Contraloría» (Rodríguez, 2012). La empresa es la base sobre la cual recae toda la pirámide de control ¿es posible operar con tantos controles? 

Propuestas para mejorar la gestión de las empresas estatales 

No es posible realizar propuestas sobre las empresas estatales, si no se modifican aspectos esenciales que condicionan el actuar de las mismas. Se toman los ejes estratégicos del Plan 2030 (Partido Comunista de Cuba, 2017) como guía para exponer, de modo muy sintético, algunos cambios necesarios. 

Eje: «Gobierno socialista, eficaz, eficiente y de integración social» 

Es indispensable definir, de manera clara, las reglas de juego del Estado como regulador de la economía y como representante del dueño y las relaciones con el dueño y con las empresas. 

De igual manera, es menester precisar qué entidad será quien asuma las responsabilidades del dueño por el Estado. En tal sentido un estudio de la Corporación Andina de Fomento sobre diferentes enfoques de subordinación muestra que las empresas públicas o estatales en el mundo están subordinadas al Estado bajo la forma de tres modelos: descentralizado, dual y centraliza- do, siendo este último el que se adopta en su mayoría —Polonia, China, Vietnam, Bélgica, Francia, entre otros (Corporación Andina de Fomento, 2010)—. En opinión de esta autora, el modelo centralizado sería el más apropiado y subordinado al Consejo de Estado, pero rindiendo cuentas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se supone es el máximo representante del Estado elegido por el pueblo. 

Reducir el aparato burocrático de la administración pública: OACE, Poder Popular, Organizaciones de masa y el propio Partido, de modo de reducir gastos del presupuesto y reorganizar los procesos para que sean más ágiles y eficientes, que unido al desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones permita un gobierno más abierto y participativo, rapidez y eficacia en la solución de los problemas de la población y de los negocios. 

El establecimiento de una ley de empresa y de quiebra es indispensable. De igual forma un sistema de dirección de la economía basado en un plan flexible —quizás pensar en la forma utilizada en los años noventa ajustada a la actualidad— y descentralizado —incluido el comercio exterior—. El sistema debe cumplir sus funciones de planificación, organización, mando y control, no solo este último. 

Eje: «Transformación productiva e inserción internacional» 

Definir los sectores estratégicos,5 ya que considerar estratégicos a once sectores, por demás clasificados por su oferta y no por la necesidad a satisfacer, demuestra que no existe un propósito estratégico claro y preciso. Hacia estos sectores es que deben dirigirse las grandes inversiones, la cartera de negocios para inversión extranjera —propuesta por el gobierno— y las necesidades materializadas en el encargo estatal. 

Las políticas de desarrollo productivo deben partir de modificar la tasa de cambio e incentivar los negocios intensivos en conocimiento, así como los encadenamientos entre las diversas formas de propiedad. 

Eje: «Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación» 

La eliminación de las categorías ocupacionales a nivel nacional que prefijan los niveles de salarios, pues la supuesta igualdad se convierte en igualitarismo y desigualdad. 

Políticas de incentivos a la innovación de las empresas. El Estado debe dedicar recursos a las ciencias básicas estratégicas y la correspondiente educación superior que apoyen las innovaciones en los sectores estratégicos. Estructurar el marco de financiamiento para innovación, mediante diversas fuentes y agencias. Se puede tener en cuenta diversos instrumentos de interacción de actores (Botella y Suárez, 2012). 

Eje: «Desarrollo humano, equidad y justicia social» 

Indispensable que los sindicatos se convierta en la real contrapartida de las administraciones y defiendan los derechos de los trabajadores. Implica una necesaria la evaluación de las políticas públicas, que ante todo deben ser públicas y que no son solo las normas jurídicas que la amparan y legitiman. Esta evaluación debe ser ex ante y ex post. 

Las propuestas de cambios para la empresa estatal estará referida a cuatro aspectos: gobernanza corporativa, inversiones y productividad, innovación y mercado y relaciones sociales. Ellas se aproximan a los ejes del Plan 2030 siguientes: gobierno eficaz, transformaciones productivas, potencial humano, ciencia, técnica e innovación y equidad y justicia social. 

Gobernanza corporativa 

Lo primero es reestructurar los grupos empresariales como ya se ha comprendido por las autoridades, el dilema es cómo se realizará este nuevo proceso. Este es casuístico, para nada homogéneo o igual para todos, y se debe tener presente el portafolio de competencias que dominan las organizaciones subordinadas a cada grupo, de modo de decidir si la estructura se conduce por compatibilidad tecnológica o de mercado. Las empresas deben poseer solo aquello que aporta al valor para el cliente o la sociedad, el resto de las actividades traspasarlo a entidades de cualquier tipo de propiedad. De igual forma, en este proceso debe precisarse qué organizaciones quedan subordinadas a nivel nacional y cuáles a nivel territorial, muy relacionado con el alcance de sus producciones o servicios, tipos de encadenamientos, entre otros aspectos. Uno de los objetivos a alcanzar con esta reestructuración es la reducción de los monopolios, ya que los mismos no son expresión de eficacia, ni eficiencia e innovación. 

Es nuestro criterio, donde sea conveniente crear corporaciones debe analizarse qué tipo de modelo seguir, si el de grupo o de islas. En cualquiera de los dos casos las funciones de los grupos deben ser de facilitador, negociador y coordinador para generar condiciones que le permitan a las empresas crear y mantener su ventaja competitiva. 

La gobernanza en sí misma se basa en la teoría de agencia, la relación contractual entre el principal —dueño— y el agente —gestor o directivo—, los intereses de ambas partes y los aspectos de riesgo, asimetría de la información y control que trae asociado (Díaz, 2016). Entonces, ¿cómo organizar las relaciones entre dueño y agente? Dueño el pueblo, la asamblea de accionistas sería la Asamblea Nacional del Poder Popular, a quien se le rinde cuentas —sobre todo de lo estratégico— por la organización centralizada a quienes se subordinan Grupos y empresas independientes. 

Los consejos o juntas directivas serían las juntas de Gobiernos, pero se debe cambiar la nomenclatura y forma de elección de sus miembros. Discutirían la estrategia, las inversiones y las utilidades y sus destinos. Por último el consejo de administración o de dirección de las empresas, con total autonomía de gestión para proponer estrategias y lograr los objetivos aprobados. Deben existir contratos claros para cada agente, así como para los órganos colectivos. Los principios, formas de organización, composición de sus miembros y forma de integrarlos, así como otros aspectos deben ser parte de los estatutos específicos para cada empresa. 

Inversiones y productividad 

La estrategia de la empresa debe aportar a la estrategia de desarrollo del país y discutirse en las juntas de gobierno. La estrategia debe ser la brújula de la empresa y la base para la elaboración del plan, el cual solo debe tener como directivo el encargo estatal, las exportaciones y algún indicador de rendimiento. La empresa debe buscar fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras y generar asociaciones con capital privado o estatal, nacional o extranjero, sobre la base de la legislación de empresa, de inversión extranjera y de quiebra que se establezca. 

El incremento de la productividad debe estar basado en mejoras tecnológicas y de concepto de negocio, así como en la motivación de los trabajadores y en ello el salario, el estímulo y los beneficios son muy importantes. 

«Si el salario es la expresión de la cantidad y calidad del trabajo aportado y tiempo real laborado, como indica el Código del Trabajo, entonces no debe ser sancionado por el cumplimiento de determinados indicadores de nivel empresarial y no específico de cada trabajador, ni limitado más que por la disponibilidad de fondos para ello» (Díaz y Echevarría, 2017, pág. 22). El estímulo a partir de las utilidades y otros beneficios deben ser decididos por las empresas. 

Es indispensable crear un ambiente de competencia entre empresas estatales y entre estas y el sector no estatal, así como de cooperación y alianzas cuando sea oportuno, que no permita precios de monopolio y por tanto que la población pueda elegir en la diversidad de productos. 

Innovación y mercado 

El posicionamiento en el mercado interno y externo y posibles necesidades estratégicas del país, pueden ser incentivos para la innovación. Cualquier modelo de emprendimiento corporativo está relacionado con la estrategia y el mercado. Se requiere una estructura organizativa que estimule la creación de redes y alianzas con otras empresas y centros generadores de conocimiento. También se debe desarrollar una cultura del aprendizaje de modo que el conocimiento se socialice dentro de la organización y proponerse un sistema de innovación abierta que aproveche también el conocimiento externo, todo con un enfoque hacía los objetivos estratégicos u oportunidades del mercado. 

Las empresas deberían replantearse sus modelos de negocios y evaluar la posibilidad de utilizar tecnología digital o un enfoque circular, lo cual reduce la necesidad de fuerza de trabajo y los residuos, respectivamente. La innovación es la base de la ventaja competitiva y la que permitiría competir en el mercado. 

Relaciones sociales 

Crear mecanismos de participación de los trabajadores y rendición de cuentas de los ejecutivos sobre todo en los aspectos estratégicos; es indispensable para que los trabajadores se sientan en rigor como dueños. Sobre este particular, se habla mucho, pero se especifica poco sobre las formas que se pudieran adoptar. En ocasiones la vía propuesta es asociativa o por acciones, pero sin todo el fundamento. No obstante, la autonomía si bien debe crear margen a la participación, esta «debe organizarse, sin formalidades en comités consultivo de trabajadores seleccionados de modo democrático —integrados por los de más experiencia en el sector, conocimiento técnico de especialistas retirados y en activo—» (Martín, 1998). 

Reflexiones finales 

El desarrollo y prosperidad del país requiere definición en el patrón de especialización que permita determinar el propósito estratégico a largo plazo y las visiones de mediano plazo, viables y específicas. Ello permitiría que la planificación fuera la expresión del desarrollo proporcional, que las políticas macro y messo se enfocaran hacia los sectores de negocio que son en realidad estratégicos, la justicia social y el mercado tuviera el espacio para la actuación de las empresas de cualquier tipo de propiedad. Un sistema de dirección económica y social en el cual la empresa sea el centro y se conjuguen todas las funciones de dirección es condición necesaria para el logro de cualquier cambio en el sistema empresarial. 

Las condiciones institucionales con un enfoque de negocio y equidad, deben permitir que las empresas estatales, junto a todo tipo de entidad de cualquier forma de propiedad, puedan desempeñarse con autonomía. 

Las empresas reestructuradas siguiendo principios de negocio y no administrativos, deben gestionarse mediante la definición precisa de las reglas de juego para el gobierno corporativo, dónde se legitime al pueblo como dueño. 

La gestión autónoma de la empresa estatal por la eficiencia, eficacia y satisfacción de las necesidades del mercado, deben se incentivos para el incremento de la productividad y la innovación, unido a la motivación y participación de los trabajadores en las decisiones. 

Las cuatro dimensiones estudiadas para las empresas estatales interactúan y se refuerzan mutuamente. El gobierno corporativo crea las bases de la dirección empresarial e impacta en las restantes dimensiones. La innovación debe incrementar la productividad y las condiciones de vida de los trabajadores. Por su parte la cohesión social apoya el gobierno e impulsa la productividad y la innovación. La productividad implica sostenibilidad, recursos para inversiones e innovación. 

Tabla 1. Contenidos esenciales y comentarios acerca de la Resolución 138/2017.

Bibliografía

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Izquierdo, L. Sistema empresarial cubano: cambios necesarios. 2018.

Martín, Juan Luis. La experiencia transformativa del CAI Camilo Cienfuegos. La Habana: CIPS, 1998.

Ministerio de Finanzas y Precios. «Resolución 138/2017. Procedimiento para el sistema de relaciones financieras entre las empresas estatales, las sociedades mercantiles de capital ciento por ciento (100 %) cubano y las organizaciones superiores de dirección empresarial, con el Estado». Gaceta Oficial de la República de Cuba, 2017, Edición Extraordinaria: págs. 308-317.

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Rodríguez, Antonio. «Ningún acto de corrupción sucede en un día». Juventud Rebelde. 18 de febrero de 2012. http://www.juventudrebelde. cu/index.php/cuba/2012-02-18/ningun-acto-de-corrupcion-sucede-en-un-dia.

Citas 

1 Durante el proceso de edición de este libro, fue aprobada una nueva Ley Electoral (la no 127) que, en este aspecto, conserva la misma formulación que la de 1992 (Nota de la Edición)

2 Segunda Jefa del área de Perfeccionamiento a entidades de la Comisión de Implementación y Desarrollo. 

3 Salvo que se indique lo contrario la información se extrae de Anuario Estadístico 2017. Cuentas Nacionales y Organización Institucional. Principales Entidades, octubre-diciembre 2018. Aunque respecto a la cantidad de OSDE, en la entrevista de Cubadebate a Yovana Vega Matos, plantea, 83. 

4 La agricultura como actividad económica representa el 4 % del PIB, 17 % del empleo. Si se agrega el empleo de las unidades presupuestadas, aproximadamente el 25% del total de empresas del Minag no clasifican la actividad económica de agricultura, ganadería y silvicultura.

5 Al entender por sectores, los llamados sectores de negocio, de competencia e industrial, según Porter, que agrupa a los negocios que satisfacen una misma necesidad y aunque puedan pertenecer a diferentes sectores según el clasificador de actividades económicas.  

* ILEANA DÍAZ HERNANDEZ

Investigadora titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Doctora en Ciencias Económicas. Profesora del Instituto superior de Dirección de la Economía y del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana. Recibió una beca de investigación en la Universidad de Columbia, los Estados Unidos. Las áreas de experiencia están relacionadas con los temas empresariales e innovación. 

Posee diversas publicaciones sobre las empresas estatales cubanas, la innovación empresarial y el em- prendimiento, en revistas indexadas. Coautora de tres libros premiados por la Academia de Ciencias de Cuba. Miembro del Tribunal de Grado Científico en el Doctorado en Ciencias Económicas en la especialidad de Economía Aplicada, desde 2006 hasta la actualidad. Vicepresidenta del Consejo Científico de la Universidad de La Habana desde 2007.

Continuará

En Placetas, proyecto de desarrollo local para multiplicar peces

REDACCIÓN ACN | FOTO: FOTO: RODOLFO BLANCO CUÉ 19 SEPTIEMBRE 2020

La Habana, 19 sep (ACN) Un proyecto de desarrollo local que enlaza la producción de peces de agua dulce, su procesamiento y comercialización, desarrolla la Empresa Pesquera de Villa Clara, Pescavilla, en Placetas, uno de los municipios más poblados y, también, más envejecidos de esa provincia del centro de Cuba.

Hecho a la medida de las necesidades alimentarias de los placeteños, el proyecto se corresponde con la estrategia económica del país y la búsqueda del encadenamiento y el cierre de ciclos de producción-comercialización, que tengan en cuenta las realidades y potencialidades de cada territorio, afirmó al diario Granma Alfredo Pérez Rojas, presidente del Gobierno municipal, y añadió que para su concreción fue aprobado un financiamiento inicial de más de 700 mil pesos.

En tanto, René Peña Carrazana, director de Pescavilla, ve en esta alternativa una vía rápida y eficiente para incrementar el suministro de proteínas a la población, y señaló a Leonides Pérez López y Omar Cano Obregón, como los productores privados iniciadores en Placetas de la cría de peces de agua dulce mediante convenios con esa entidad, cifra llamada a crecer en un futuro no lejano.

Nosotros les garantizamos los alevines y la mayor parte de la comida que consumen las clarias y las tilapias, mientras ellos crean las condiciones y se encargan de su crianza y atención, con el compromiso de entregar el ciento por ciento de la producción al Estado, explicó el directivo.

Añadió que toda la “cosecha” va a parar a un moderno centro de procesamiento construido en Placetas, donde se elaboran filetes de pescado, croquetas, picadillo, hamburguesas y otros productos, que a diario se expenden en la pescadería para beneplácito de los pobladores de la localidad.

Al respecto, Luis Orlando Venegas Cepeda, administrador de la mini-industria procesadora de pescado de la Villa de los Laureles, recalcó que en estos momentos los cuatro trabajadores de la planta elaboran una variedad de productos muy por debajo de su potencial real, que seguirá creciendo en la medida en que aumente, también, la cantidad de pescado entregada por esos acuicultores y otros que se incorporen al proyecto.

Con ellos conversó Granma, y también con clientes de la pescadería, muy satisfechos por el surtido, la calidad, los precios bastante asequibles y esta posibilidad de ampliar y diversificar la comida que a diario ha de llevarse a la mesa en el hogar.

Aún más entusiasmados con el proyecto están los productores privados, y Leonides Pérez López, uno de ellos y perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios Horacio Rodríguez, se alista para, al estanque en producción de clarias que ya tiene, sumar otros e incrementar de este modo sus entregas al municipio.

En esta primera siembra pretendo aportar unas ocho toneladas de pescado, cantidad que seguirá creciendo en la medida en que consolide la experiencia, afirmó el campesino, que aspira a aportar en cada ciclo de cría unas 100 toneladas, algo posible si no faltan la comida, los alevines y, por supuesto, un manejo adecuado de su parte.

El otro productor privado, Omar Cano Obregón, residente en la finca Vega de Lana, próxima al poblado de Falcón, no quiere ser segundo de nadie en eso de criar peces de agua dulce, en especial la claria.

La idea ha sido muy gratificante para la familia. Aquí tengo a mi hermana Lidia, que es profesora de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, y a mi hijo Leandro, que me ayudan en todo lo que pueden para salir adelante, aseguró el agricultor, enamorado de este nuevo oficio.

Significó que son animales de muy fácil manejo, aunque, claro está, su cría artificial lleva varios requisitos técnicos que no pueden ser violados, y añadió que, de acuerdo con el convenio, el ciclo debe ser de 180 días, pero la práctica le ha demostrado que puede acortarse y en tres y medio o cuatro meses comenzar la cosecha de lo sembrado, cuando se alcanza un kilo o más de peso por animal.

Que un municipio produzca la mayoría de los alimentos que necesita es una meta realizable si en la filosofía de sus autoridades está alcanzar tal propósito que, de concretarse, significaría aliviar una de las pesadas cargas que carga sobre sus hombros el Estado y facilitaría, además, el desarrollo local.

Experiencias como la emprendida por la Empresa Pesquera de Villa Clara en Placetas, constituye un excelente ejemplo de cuánto puede lograrse cuando se juntan todas las manos.

La peligrosa obstinación de Trump contra la mascarilla

La artimaña más reciente del presidente es tratar de convencer de que la amenaza de la covid está superada

PAUL KRUGMAN

18 SEP 2020 - 17:30 CDT

Una mujer con mascarilla favorable a la reelección del presidente Trump.APU GOMES/AFP/GETTY IMAGES

Lo crean o no –y sé que muchos se negarán a creerlo–, en estos momentos la ciudad de Nueva York podría ser uno de los mejores lugares de Estados Unidos para evitar contagiarse de coronavirus. En todo el Estado de Nueva York, la cifra de personas que fallecen a diario de covid-19 es solo un poco más elevada que la de fallecidos en accidentes de tráfico. En la ciudad de Nueva York, solo dan positivo en torno al 1% de las pruebas de coronavirus, frente a, por ejemplo, más del 12% en Florida. ¿Cómo ha logrado Nueva York llegar hasta aquí después de los espeluznantes días de abril? No es ningún misterio: puede que la inmunidad de rebaño influya un poco pero, principalmente, el Estado ha tomado medidas sencillas y obvias para evitar la transmisión del virus. Los bares están cerrados; servir comidas en lugares cerrados sigue estando prohibido. Y, sobre todo, es obligatorio usar mascarilla, y la gente en general obedece.

Nueva York no es el único lugar donde las cosas van bien. Al principio, el gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, lo hizo todo mal; no solo mantuvo los bares abiertos, sino que se negó a permitir que los alcaldes de las ciudades más grandes del Estado (en su mayoría demócratas) impusieran el uso obligatorio de mascarillas. La consecuencia fue un enorme aumento de los contagios: en julio hubo varias semanas en las que morían casi tantas personas al día en Arizona, con una población de siete millones de habitantes, como en toda la Unión Europea, con 446 millones.

Pero para entonces Ducey había cambiado de rumbo, cerrando bares y gimnasios. No impuso el uso obligatorio de mascarilla en todo el Estado, pero permitió a los Ayuntamientos tomar medidas. Y tanto los contagios como los fallecimientos cayeron en picado.

En otras palabras, sabemos qué funciona. Y eso hace que resulte extraño y aterrador que Donald Trump haya decidido pasar las últimas semanas de su campaña desincentivando y cargando contra el uso de mascarillas. La conducta de Trump se tilda a veces de rechazo de la ciencia y, hasta cierto punto, es verdad. Después de todo, el escepticismo que muestra hacia las mascarillas no solo choca con lo que afirman casi todos los expertos independientes, sino que entra en conflicto directo con lo que dicen sus propios funcionarios de sanidad —personas como Robert Redfield, el jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, nombrado por él—. Apenas pasaron unas horas entre la declaración de Redfield ante el Congreso, en la que afirmó que las mascarillas son “la herramienta de salud pública más potente e importante que tenemos” para luchar contra la pandemia, y la afirmación de Trump de que “hay muchos problemas con las mascarillas”.

Pero también me parece importante entender lo que yo pretendía señalar con los ejemplos de Nueva York y Arizona: el argumento a favor de las mascarillas no se basa únicamente en una investigación científica. A estas alturas está confirmado por la experiencia de regiones que han sufrido brotes graves de coronavirus y han logrado controlarlos.

De modo que, ¿cómo es posible que la agitación antimascarillas siga siendo un factor importante que inhibe la capacidad de Estados Unidos para enfrentarse a la pandemia? A veces se oye a la gente insinuar que el uso de la mascarilla contradice de alguna manera la cultura individualista estadounidense. Y si eso fuera cierto, supondría una condena de esa cultura. Al fin y al cabo, hay algo profundamente erróneo en una definición de la libertad que incluye el derecho a exponer gratuitamente a otras personas al riesgo de enfermar y morir, que es a lo que equivale negarse a llevar mascarilla en una pandemia.

Pero no creo que este sea un fenómeno cultural muy arraigado. Algunos podrían rechazar el cumplimiento generalizado que veo a mi alrededor alegando que Nueva York no representa al verdadero Estados Unidos. Pero incluso dejando a un lado el hecho de que el Estados Unidos del siglo XXI es principalmente urbano, ¿dirían lo mismo de Arizona?

Y tengan en cuenta que, hasta donde logro recordar, muchas tiendas y restaurantes tienen en sus puertas carteles que afirman no shirt, no shoes, no service [no se sirve a quien no lleve camisa ni zapatos]. ¿Cuántos de estos establecimientos han sido atacados por multitudes de manifestantes a pecho descubierto?

En resumen, la agitación contra las mascarillas no trata realmente de libertad, ni de individualismo, ni de cultura. Es una declaración de lealtad política, impulsada por Trump y sus aliados. ¿Pero por qué convertir en una cuestión partidista algo que debería ser lisa y llanamente política de salud pública? Una respuesta bastante obvia es que estamos asistiendo a los esfuerzos de un político amoral por rescatar su endeble campaña.

La recuperación parcial de la economía tras la caída experimentada a principios de año no ha reportado a Trump los dividendos políticos que esperaba. Sus intentos de hacer que cundiera el pánico con afirmaciones como que los activistas radicales iban a destruir las zonas residenciales no han cuajado, y los votantes en general ven a Joe Biden como el mejor candidato para mantener la ley y el orden. Y probablemente sea demasiado tarde para cambiar la opinión de la mayoría de los votantes que creen que el presidente ha renunciado a luchar contra el coronavirus.

De modo que su artimaña más reciente es tratar de convencer a la ciudadanía de que la amenaza de la covid-19 está superada. Pero el uso generalizado de la mascarilla es un recordatorio constante de que el virus sigue suelto. De ahí los renovados ataques de Trump contra la precaución sanitaria más sencilla y sensata. Probablemente esta artimaña no funcione como estrategia política. Pero provocará muchas muertes innecesarias.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía. © The New York Times, 2020. Traducción de News Clips

EL HORIZONTE IMAGINARIO Y LA ECONOMÍA REAL

 Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

Un hipócrita de los negocios creyó la necesidad de decirle al escritor y humorista estadounidense Mark Twain: “Antes de mi muerte pienso hacer una peregrinación a Tierra Santa; quiero subir a lo alto del monte Sinaí para leer en voz alta Los diez mandamientos”. Podría hacer usted una cosa mejor todavía —replicó Mark Twain—: quedarse en su casa de Boston y cumplirlos.

Las buenas intenciones suelen ser solo eso, buenas intenciones. Y más aún, cuando ingresan dentro de inciertos debates teóricos originados por presuntas alternativas económicas producidas de la pandemia. La idea de brindar aportes económicos alternativos a la ortodoxia reinante que generen la “percepción”, aunque mal no sea, de construir un mundo más justo, son precisamente eso, buenas intenciones.

Estamos hablando de contribuciones teóricas que, a conveniencia del establishment, diluyen las políticas económicas neoliberales que llevaron al mundo a un paso de la catástrofe, y el Covid-19 se encargó de mejorar. Su intento es desorientar a la población, librarse de pagar el costo político de la ejecución de medidas como concentración del ingreso, desempleo y pobreza, proponiendo en su lugar extraviar el borrador de la ortodoxia económica que tanto dolor causó con políticas de austeridad, fomentando restaurados debates teóricos que generen alguna esperanza.

Mientras las controversias por la percepción simbólica y la guerra cultural se llevan a cabo en la trinchera de las conjeturas, los indicadores económicos consolidados muestran que el relato de un mundo mejor y más justo no solo no existe, sino que está completamente fracturado, extraviado y empobrecido, con una población que recibió el impacto de lleno de una nueva ola de pobreza, cuya situación actual la muestra mucho más expuesta y frágil y ¿con menores posibilidades?

Antes del advenimiento del Covid-19, oleadas de malestar social se estaban extendiendo por los países de renta media. Con algunas excepciones, en general, los principales impulsores del descontento eran los países de América Latina. Sus reclamos están basados en un crecimiento mediocre de sus economías, la falta de movilidad ascendente, mayor pobreza, concentración del ingreso, limitada o insuficiente salida laboral. Incluso en economías con mejor prensa, como la chilena, su gobierno sobrevivió gracias a militarizar las calles, pero la población volverá a manifestarse cuando la hibernación de la pandemia se diluya.

Si la disputa es entre realidad de indicadores y horizontes de teorías inciertas, deberíamos comenzar a ponerle número al debate para entender hacia donde nos dirigimos. Con cifras teóricas y generadas por organismos internaciones, que son portadores de expectativas positivas, tendríamos una contracción del PBI mundial del orden del 5.5%; el desempleo en el primer semestre dejó sin trabajo a 450 millones de personas en el mundo; en América Latina las especulaciones acerca de la caída del producto son cercanas al 10%, y el desempleo aumentó en 50 millones de personas.

Siguiendo con los términos conservadores, en este caso del Banco Mundial, y dependiendo de sus juegos de ingresos entre 2 dólares por día o 3.20 o 5.50, los vaivenes de pobreza alcanzarían los 177 millones de personas en el mundo, y unos 90 millones aumentarán la pobreza extrema. El comercio mundial, según la OMC, caería entre un 13% y 32%, y la inversión extranjera directa, según la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), que en su Reporte de Inversiones 2020 estima la caída en un 40%, y para el 2021 un 10% más, en América Latina las contracciones estarán por encima del 55%.

Comencemos a darle un toque latino a la ilustración: la región representa solo el 6% de la población mundial, con América del Norte el 13% de la población del planeta y el 53% de los contagios mundiales de Covid-19 y, quizás lo más aterrador, el 55% de la muertes globales, con Estados Unidos incluido, y 35% sin el país del norte. Podríamos agregar a Estados Unidos en nuestro relato, lo que sería toda una licencia, ya que nunca en la historia se pareció tanto a su patio trasero, con olas de desempleados, contagios y muertes descontroladas, pobreza a granel y asesinatos callejeros como en las mejores épocas de los golpes militares. Lo haremos solo parcialmente.

Las medidas de cuarentena y distanciamiento social en América Latina, necesarias para frenar la propagación del coronavirus y salvar vidas, generaron pérdidas de empleo que se estiman para 2020 en 50 millones de desocupados más que en 2019. La merma de ingresos afecta a las personas que trabajan en actividades más expuestas a despidos y reducciones salariales en general, o sea, en condiciones de precariedad laboral. En la región los mercados laborales son frágiles: existe una alta proporción de empleos informales, un 53,1%, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018), por lo que estamos hablando de pérdidas de empleo y mayor pobreza de las personas registradas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otros organismos internacionales elaboran informes conservadores de pérdida de crecimiento, empleo y aumento de pobreza, y consideran que alcanzaría a 250 millones de personas, cifra cercana al 40% en Latinoamérica para el año 2020. Las indulgentes y convenientes proyecciones pasean sus escenarios numéricos en escritos y debates en redes sociales. Entretanto, en algún lugar de ciudad Gótica ocurren hechos concretos, beneficios tangibles, y números esperados pero inapropiados, como lo muestra el cuadro.

Fuente: El Tábano Economista en base a datos oficiales

Mientras la economía real se descompensa de manera alarmante, el mercado financiero y las ganancias de las grandes corporaciones se pasean por el mundo. No ocurre lo mismo en América Latina, ya que tanto en Brasil como en México, los mayores mercados de capitales de América no tuvieron ganancias anuales. Extrañamente, la bolsa de valores de Caracas (IBC) Venezuela aumentó 745% en el año y el Merval argentino lo hizo en 67.24%. Maduro supero a Tesla y los arreglos de deuda a Facebook. Cuando se generan buenos negocios no importa ni el presidente ni el riego país.

Los números de la pandemia demuestran cómo, por definición, el poder es desigual, ya sea privado o público, la idea es que sea acentuadamente asimétrico, por lo tanto, sería una medida razonable pedirles colaboración a los mayores ganadores de la pandemia donde las desigualdades se han profundizado y acarician lo obsceno. Los dueños de los beneficios han aceptado el convite y participan de la farsa, hasta proponiendo pagar más impuestos, siempre y cuando todo siga igual.

Pondremos unos ejemplos de esta idea, que abarcan al bloque occidental, a la disputa por los beneficios antes del Covid-19 con sus ganancias, sus compulsiva evasión impositiva y la dantesca realidad de lucros actuales. La idea de participar es para tratar de desviar la atención, no sin dar batalla. Antes de que el virus se alojara en el planeta, Europa se debatía por cobrar una tasa a las grandes empresas GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) y con el arribo de la pandemia, muchas economías entendieron que el estado tendría que estar más presente, y hasta el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó la adopción de medidas fiscales que involucren el aumento de las alícuotas para los tramos más altos de impuesto a las ganancias y bienes personales y colaboraciones de las mayores riquezas.

La idea germinó en Argentina, después de tres meses de espera, y con una cautela inusitada, el gobierno presentó al parlamento un proyecto que llamó Aporte Solidario Extraordinario, para que el establishment no se sintiera agredido con falsas ideas de cargas fiscales. No importa demasiado su falta de coherencia e inclusión con el conjunto de los aportes fiscales, solo tomaremos el relato de los “afectados”. Los damnificados son las empresas o dueños de las mismas que fugaron 90.000 millones de dólares durante el gobierno anterior, y se estiman unos U$S 500.000 millones desde la dictadura militar.

Pero la idea es pedirle una aporte solidaria para que el Estado, que, en general, les paga el 50% de los haberes, salarios que ellos redujeron con el gobierno anterior en un 20% y que ahora acordaron, para no cerrar sus empresas, degradarlo otro 15%, pueda atender las ingentes necesidades. Que se abandona la idea de investigar la legalidad de la deuda, y que quienes más aporten sean el sistema financiero, que ganó U$S 25.000 millones, las empresas energéticas, que alcanzaron U$S 7.000 millones, o el agro, con bajas en la retenciones, que obtuvo unos U$S 5.000 millones. No, solo que colaboren un poco.

Su respuesta a través de los medios concentrados de difusión, de los cuales son dueños o socios, es que resulta contradictorio pedirle colaboración a la inversión privada, que es el motor del crecimiento del PBI, la generadora de empleo y promotora del consumo del país, algo así como matar a la gallina de los huevos de oro. Por lo que ante un alegato tan consistente, uno busca las fluctuaciones de estos indicadores en el gobierno anterior, con el cual las grandes empresas tenían uniformidad de pensamiento en el rumbo económico y lógica política del país. Las tres variables son: una caída del -5% del PBI, un incremento del 60% del desempleo y una disminución del 40% del consumo.

El otro ejemplo es el europeo con las grandes empresas tecnológicas, que, como muestra el cuadro anterior, han tenido ganancias extraordinarias en plena depresión económica, llegando al extremo de incrementar en un solo día la fortuna del evasor Jeff Bezos en U$S 13.000 millones. Antes de la pandemia las empresas tecnológicas tributaban en países de baja fiscalidad, con la posterior remisión de dichas utilidades a paraísos fiscales.

Para evitar este saqueo de sus arcas, muchos países europeos tomaron la iniciativa de gravar estas rentas dentro del Impuesto a las Sociedades, que se enfrentó a la falta de consenso en el seno de la OCDE, tratando de dilatar el impuesto por la oposición de Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia. El fracaso de la imposición multilateral solo dejaba el camino de la imposición unilateral, y así lo hizo Francia. Coloquialmente se lo denominó tasa GAFA, porque pretendía gravar los ingresos de Google, Amazon, Apple, y Facebook, aunque están incluidas en su objeto una treintena de empresas multinacionales digitales, siendo las principales de origen norteamericano.

Lo cierto es que, ante la amenaza de aranceles a los productos franceses por parte de Estados Unidos, el Estado galo postergó el tributo para el 2020. Pero la avalancha de beneficios de las grandes empresas tecnológicas dejó al mundo helado y la iniciativa cobró vida nuevamente. Rauda y veloz, y de manera sorprendente, la OCDE informó su intención de retomar en su calendario y en plena pandemia, la definición de un plan de acción común frente al impuesto GAFA. O sea, ante la inminente desvergüenza empresaria y su falta de empatía, la patética Organización para la Cooperación pretende debatir la incorporación del “digital tax” en pleno rebrote del Covid-19.

Como se ve, cuando las desmesurados y abusivos beneficios de las grandes compañías se ven afectados, rápidamente los organismos intervienen y proponen prolongados debates. Cuando necesitan ayuda para mantener sus ganancias, rápidamente los bancos centrales intervienen facilitando liquidez. Cuando hay que afrontar deudas y ayudas sociales, el Estado es un buen deudor. Mientras tanto, la distribución del ingreso se sigue acelerando a su favor. Cuando la pandemia se licúe, la calle será nuevamente el indicador de qué tanto podemos traer para nuestros bolsillos. No nos podemos quedar en casa, porque ellos no van a cumplir los mandamientos.

Estados Unidos en 2020: La más seria fractura social desde la Guerra Civil

Por: José R. Oro, Cubadebate
19 septiembre 2020 

 

Una caravana de partidarios de Trump avanza hacia el centro de Portland, Oregón, donde ha habido grandes protestas por 100 días consecutivos. Intimidar es la orden de Trump a sus seguidores: Foto: AFP.

Se viven días muy graves para la sociedad estadounidense. Una gran cantidad de problemas internos que han sido ocultados durante mucho tiempo por el así llamado “estado de bienestar” en algunos países capitalistas altamente desarrollados, no han progresado en Estados Unidos (en muchos casos, ni empezado a tratar de mejorarlos), como ha ocurrido en mucha mayor proporción en los países escandinavos, o en Canadá, por ejemplo.

Esto se agrava extraordinariamente con la presencia de Donald Trump en el sillón presidencial, encabezando el más ultraderechista Gobierno que se recuerde en ese país. Con una pobrísima administración pública, además.

El contrato social –siguiendo el concepto de Jean-Jacques Rousseau– actualmente vigente en Estados Unidos, se originó y estableció principalmente en la época presidencial de Franklin D. Roosevelt (1933-45). Ha llegado en la actualidad a formas extremas de obsolescencia y distanciamiento de la práctica generalizada, y en vez de ser mejorado (en lo posible dentro de una sociedad clasista e inherentemente injusta), ha retrocedido con respecto al New Deal de los años treinta. Sin mencionar que este contrato social no incluyó –o lo hizo solo limitadamente– a minorías, mujeres y otros sectores de la población.

La desigualdad actual no solo se expresa en la incongruente distribución económica, sino que en muchos casos incluye el rechazo social, discriminación racial y de género, menores oportunidades de desarrollo personal o de acceso al sistema de salud para las minorías. La desigualdad con respecto al 1% de la población que posee el 36% de la riqueza es, en muchos casos, menos evidente e insultante, porque no hay “contacto visual” frecuente con los miembros del “selecto club” Forbes 500, ni tampoco los menos favorecidos requieren de mansiones o de jets privados. El 20% de la población estadounidense posee aproximadamente el 75% de la riqueza, mientras que el restante 80% posee el 25%. Esa es la medida de la desigualdad, evidente y humillante, en una nación de tan grandes recursos.

El índice de Gini para los Estados Unidos en la ACS de 2019 (0.485) fue significativamente más alto1 que la estimación de la ACS de 2017. EE.UU. ocupa el lugar 109 entre 159 países, siendo más desigual que Turquía, Catar, Costa de Marfil, Filipinas o El Salvador, por poner unos pocos ejemplos cercanos al índice estadounidense. Solo Israel y Hong Kong están reportados como de más desigualdad que Estados Unidos entre los países desarrollados. Cinco estados (California, Connecticut, Florida, Luisana y Nueva York), el Distrito de Columbia (la ciudad de Washington) y Puerto Rico tuvieron índices de Gini más altos que el de todo el país, y 36 estados tuvieron índices más bajos que el promedio.

Está claro que en los sectores que tienen ingresos mucho menores o que poseen significativamente menor riqueza en los Estados Unidos están masivamente representados las minorías étnicas y otros sectores populares mencionados arriba.

Datos de la Oficina del Censo (julio, 2019). La tabla muestra la desigualdad de ingresos entre algunos grupos poblacionales de los Estados Unidos.

Estos datos muestran la desigualdad, pero de una forma engañosa y, de hecho, la reducen en medida considerable. En realidad, la desigualdad en la distribución de la riqueza es mucho mayor. Entre los factores de ese incremento están:

–Un porcentaje muy alto de la población no blanca carece de propiedad sobre sus viviendas (inquilinos) u otras propiedades y no tienen negocios propios. Dedican una parte significativa de sus ingresos, ya de por sí  mas bajos, a pagar alquileres de viviendas y arriendos de autos.

–Considerables diferencias intragrupales. Por ejemplo, entre negros e hispanos ricos y pobres. De nuevo no es solo en ingresos, sino en no tener seguros de salud, peor acceso a la educación, etc.

–La desigualdad se refuerza cuando vamos más allá de los factores tangibles o cuantificables, incluyendo el rechazo social, la observación y abuso policial, entre otras manifestaciones “invisibles” o invisibilizadas.

Las capas de la población más afectadas por la desigualdad son relegadas a una posición marginal en la sociedad estadounidense, a un bajo nivel educativo y a un estándar de salud más bajo; su poder de contribución al conjunto de la sociedad queda limitado y, por lo tanto, sus posibilidades de crecimiento en etapas subsiguientes permanecen cada vez más restringidas. Todo un círculo vicioso que les coloca en una situación de desventaja cada vez mayor.

Economistas han argumentado que el origen de este problema podría radicar en que una parte creciente del beneficio captado por rentas extremadamente altas es utilizada para operaciones financieras improductivas (comúnmente especulativas) y, por lo tanto, no es reinvertida en la economía productiva o en sectores estratégicos como educación, sanidad e infraestructuras, fundamentales para la mejora de la renta real.

Esta especialización de la economía hacia las finanzas ha sido relacionada por esos autores con una mayor desigualdad, reducción de rentas de trabajo y un menor crecimiento económico. En parte tienen razón, aunque la causa esencial de la desigualdad es obviamente la sociedad clasista en sí misma.

Las desigualdades se han incrementado desde el inicio del Gobierno ultraderechista de Donald Trump en 2016, sobre todo en los elementos invisibilizados o poco visibles antes mencionados, y han tenido un reflejo en las estadísticas durante la pandemia de COVID-19.

La pandemia como factor de incremento de la desigualdad

La vulnerabilidad de los sectores humildes de la población en muchos países, incluso los muy desarrollados económicamente, ha sido evidenciada dramáticamente por la pandemia de COVID-19.

El contagio y los fallecimientos han sido significativamente más altos entre los pobres y las minorías. El índice de desempleo ha explotado entre los trabajos menos remunerados, y las quiebras masivas de cadenas de tiendas, restaurantes, bares y otros centros del sector de los servicios han hecho que estos índices de desempleo estén pasando de temporales a permanentes. Esto ha sido particularmente evidente en Estados Unidos, que sufre dos pandemias: la generada por el SARS-CoV-2 y la que representa la Administración Trump en el poder.

La pandemia ha evidenciado que la desigualdad no es solo económica. Imagen con datos de APM RESEARCH.

Enjuiciar la desigualdad, en definitiva, nos permite discurrir en qué medida los modelos económicos adoptados por la sociedad estadounidense en las últimas décadas responden a progresos sociales, aunque sean limitados, o a retrocesos destinados a incrementar la desigualdad y a perpetuar los privilegios de los pudientes, lo que resume de una manera simple toda la “doctrina” económica de Trump. Cuando él dice “Hagamos a América grande de nuevo”, se refiere a quienes tienen más de lo que necesitan y no a quienes carecen de ello.

Trump, promotor del miedo y la fractura social

No hay una forma racional para negar la necesidad de hacer cambios que reduzcan la desigualdad en Estados Unidos, desde el punto de vista económico, político, social, ético o incluso religioso. Por ello, el Gobierno de Donald Trump y quienes le apoyan acuden a un arma terrible: el miedo, muchas veces apoyados en fake news y rumores, afirmaciones o teorías sin sustento que echan a volar en discursos, declaraciones y redes sociales sin la más mínima responsabilidad política y con total desparpajo.

Por ejemplo, Trump y sus seguidores pretenden inculcar a los granjeros blancos de menor educación que los miembros de las minorías y masivas olas de inmigrantes van a afectar su status, o hacer creer que los profesionales anglosajones que tuvieron que pagar en las universidades estadounidenses enormes sumas en educación se van a ver suplantados por médicos hindúes o ingenieros latinos; que la fuerza de trabajo hispana o negra va a estar bien retribuida y con seguros de salud, mejores pensiones y otros beneficios que harían que los pequeños negocios se vuelvan inviables. Buscan que los policías teman que no van a recibir suficiente presupuesto para su trabajo, y que, por consiguiente, la población suburbana tema que no tendrá protección frente a minorías “violentas y vengativas”.

Para el complejo militar-industrial el mensaje es claro: el presupuesto militar tendrá que ser amputado en 20% o más para poder pagar mejoras sociales. Y es indiscutible el peso de esa industria en la economía y la política estadounidenses. En otras palabras, se busca inculcar miedo a cualquier acción que tenga como fin reducir la desigualdad social. Como se busca hacer creer que con Biden y los demócratas entrará en crisis la ley y el orden, o que llegará a EE.UU. el socialismo, un término que acumula décadas de propaganda contraria y manipulación política y mediática en ese país.

El miedo al “socialismo” es otra de las fobias en que se insiste a diario, para crear pavor entre personas que han oído por décadas que el socialismo es “lo peor”, aunque no sepan absolutamente nada del socialismo.

Franklin D. Roosevelt, el presidente (1932-1945) más progresista de Estados Unidos desde la época de Abraham Lincoln (1860-1865), dijo el 4 de marzo de 1933, en medio de la Gran Depresión (una crisis que con frecuencia comparamos con la pandemia), que “a lo único que hay que temer es al miedo”. Lo repitió en su famosa alocución de enero de 1941, conocida como el “discurso de las cuatro libertades”. Los fascistas odian patológicamente a FDR.

Es un hecho que los líderes progresistas (o simplemente responsables) trabajan contra el miedo, lo exorcizan. En cambio, la ultraderecha y el fascismo lo alimentan hasta niveles irracionales y criminales. Así lo hace Donald Trump, por supuesto.

La intimidación física directa, complementando el miedo subliminal

La brutalidad policial está destinada a provocar miedo, tanto a los discriminados como a los que los discriminan, diciéndoles que si la policía no fuera brutal, entonces no se podría vivir por la violencia de quienes los “envidian y odian”, quienes quieren quitarles lo que poseen y hasta violar a sus hijas. A cualquier exageración y desfachatez puede llegar esa propaganda.

Es otro caso de intento de invertir la relación causa-efecto: decir que la brutalidad policial es consecuencia de la violencia popular (sobre todo, la de los negros). Sin embargo, históricamente, y durante la ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial, ha quedado demostrado con hechos y números que la violencia en las calles –y en manifestaciones que comenzaron siendo pacíficas– ha sido consecuencia, y no causa, de la brutalidad y la agresividad de los cuerpos policiales. Una tendencia estimulada y justificada en numerosas ocasiones por Donald Trump.

Es todo un círculo vicioso del miedo y la violencia, dirigido a entronizar aún más la desigualdad.

Las caravanas de partidarios de Trump (armados muchos de ellos), ensalzados, incitados y protegidos por la policía y nada menos que por el propio presidente, constituyen un factor de una importancia profunda, que no se debe omitir de ninguna manera.

Utilizar el arma del miedo –a la par de la división– es consecuencia del entendimiento por parte de Trump y el fascismo estadounidense de cuán grandes son sus posibilidades de perder las elecciones el 3 de noviembre y ver surgir un Gobierno con una cierta responsabilidad social, que tomaría medidas en campos como la salud, educación y el acceso a oportunidades, entre otros, prácticamente imposibles de retrotraer en el futuro. También en el campo de la política internacional o incluso en temas medioambientales.

Toda la propaganda, las fake news y los rumores infundados que propagan a diario Trump y quienes lo apoyan parecen fácilmente refutables, son endebles –muchas veces al nivel del absurdo– y cualquiera pensaría que basta una negación. Pero es más complejo en medio de la polarización política, en un escenario en que se mezclan el pensamiento de derecha y sus expresiones extremas con la confusión, la desinformación, los prejuicios políticos y sociales y hasta el más rampante egoísmo. A pesar de todos sus desmanes, ilegalidades y mentiras, Donald Trump dispone aún de decenas de millones de partidarios.

Una de las características del miedo es que limita nuestra capacidad de pensar y analizar. Y eso es lo que busca Trump, como lo quiso Hitler.

El 3 de noviembre es el momento de la verdad. Hasta ahora todo indica que Joe Biden aventaja a Trump. Todas las acciones contra las minorías harán mayor esa brecha. Es muy probable que, aun siendo derrotado, Trump se niegue a entregar el poder o descalifique el resultado. En ese caso, la “fractura social” en Estados Unidos puede acarrear consecuencias imprevisibles.

 

Nota:

1. El índice Gini es una medida económica que trata de expresar la desigualdad de ingresos. Un puntaje de 0.0 equivale a la igualdad perfecta en la distribución de ingresos. Un puntaje de 1.0 indica una desigualdad total, donde un hogar tiene todos los ingresos de un país. Siempre se ha argumentado que el índice Gini muestra más bien la desigualdad de ingresos, no de riqueza. El índice Palma, desarrollado por el economista chileno José Gabriel Palma, más moderno y abarcador, muestra mejor la desigualdad, a juicio de los expertos. Uno de los valores más altos del índice Palma entre los países de alto desarrollo lo “ostenta” EE.UU., con 1.75. Ello indica que el 10% más rico supera en 75% la riqueza del 40% más pobre.