El modelo de economía centralmente planificada surge en la Unión Soviética como resultado del triunfo de la Revolución de Octubre de 1917. Luego de las fases de Comunismo de Guerra (1917-1921) y Nueva Política Económica (1922-1928), ese modelo comienza a tomar forma en 1928. A partir de este año se implementan los planes quinquenales, que dieron forma al modelo de economía planificada centralmente, que luego fue ensayado en los países de Europa del Este, China, Vietnam y Cuba, aunque con características específicas y duración variable en cada caso.
Las economías centralmente planificadas mostraron en su momento éxitos indiscutibles en la industrialización, al asignar los recursos desde un centro hacia las metas propuestas. El modelo centralizado otorga al Estado discrecionalidad en la asignación de recursos para el cumplimiento de los planes. El alto nivel de centralización permite movilizar rápidamente recursos económicos a gran escala para ejecutar proyectos masivos, crear la base industrial y cumplir objetivos sociales, lo que puede restringir el consumo a favor de una mayor inversión de capital para el desarrollo económico.
Sin embargo, el exceso de centralidad hasta los mínimos detalles reduce la flexibilidad y las posibilidades de resiliencia que requiere una economía. Al comparar los resultados económicos de estos países con economías de mercado, se observa que las ganancias de productividad fueron modestas, aspecto que limitó el progreso subsiguiente.
Las economías centralmente planificadas se han caracterizado fundamentalmente por tres aspectos esenciales: la propiedad estatal como forma de propiedad dominante, la coordinación burocrática o planificación central como mecanismo dominante de coordinación y de asignación de recursos, y en el orden político, la existencia de un grupo que ejerce liderazgo, mediante un partido único, que asegura la permanencia del modelo (Fernández, Torres, 2020; Kornai, 2016).
La propiedad estatal es la primera característica central de una economía planificada, donde los medios de producción y distribución son controlados y dirigidos por el Estado en representación de los intereses de todos los ciudadanos. Asimismo, todas las actividades económicas (producción, distribución, intercambio y consumo) son planificadas y coordinadas por una autoridad central del Estado para racionalizar y evitar excedentes, principio entendido como “coordinación administrativa”. La economía no está impulsada por leyes de oferta y demanda como ocurre en el capitalismo, sino que responde a un sistema de instrucciones verticales que transcurren fundamentalmente desde la autoridad central hacia todos los actores. Estas instrucciones toman la forma de planes anuales y quinquenales mediante los que se establecen los objetivos económicos y sociales para cada empresa, sector y región del país. Entre otros aspectos no menos importantes de la coordinación centralizada se encuentran las relaciones laborales, el sistema de precios, el sistema financiero y las relaciones económicas externas.
Las relaciones laborales en cuanto a organización de los salarios y de la fuerza de trabajo, como norma se encuentran orientadas centralmente mediante normativas y procedimientos que fijan escalas salariales (bajo el principio de igual puesto de trabajo igual compensación) y se establecen clasificadores de cargos que disponen las exigencias formales y la descripción del puesto de trabajo, todo esto incrementa la cantidad de empleados más allá de lo que es racional. Al mismo tiempo a las empresas les resulta prácticamente imposible despedir a sus trabajadores.
Los precios cumplen una función contable, pues son fijados centralmente y no reflejan el movimiento de bienes y servicios, normalmente escasos. El mercado de bienes y servicios está condicionado por la planificación y asignación de recursos y solo funciona de modo muy limitado el mercado de consumo final. También coexisten mercados oficiales y paralelos legales e ilegales. El sistema bancario es estatal, con un elevado control sobre los flujos monetarios y financieros. Es un sistema altamente regulado y limitado, que no está abierto a flujos externos de financiamiento. En las relaciones económicas externas prevalece el monopolio estatal al comercio exterior, que se combina con un mecanismo cambiario basado en tipo de cambio único, fijo, rígido, que no expresa las condiciones reales de competitividad externa de la economía.
El modelo socialista posee un grupo características, algunas ya descritas, que favorecieron la consecución de metas sociales en las primeras etapas. Pero la propia dinámica del sistema genera un grupo de problemas que obligan a los organismos planificadores a sortear obstáculos constantemente para buscar alternativas que favorezcan el impulso económico necesario. Entre las características que se pueden reconocer como problemas están las restricciones por los recursos, la reproducción de la escasez y la economía de succión.
El impulso a la expansión, característico de este modelo, es una regularidad conductual común a planificadores y gerentes, motivados por la autoidentificación con sus instituciones, lo que pasa es que no existe una autorrestricción financiera al impulso a crecer (Kornai, 1981). Los gerentes solicitan recursos a menudo más de lo que realmente necesitan para el cumplimiento y sobrecumplimiento del plan, como principal objetivo de las empresas, dejando para un segundo plano otros indicadores como productividad, rentabilidad y beneficios. Esto sin tener en cuenta la optimización de capacidades productivas y recursos puestos a disposición de la producción.
En este tipo de economías el crecimiento es en lo fundamental por vía extensiva, pero paulatinamente es menos productivo y tiende hacia el estancamiento y la crisis. El crecimiento se caracteriza por la ineficiencia y las dificultades para generar endógenamente avances tecnológicos. Las autoridades centrales definen la distribución de los insumos que permiten cumplir las metas, teniendo en cuenta los requerimientos de cada unidad, la disponibilidad, sus prioridades y ne- cesidades, en ausencia de parámetros de eficiencia. Si finalmente las empresas incurren en errores de cálculo, sufren algún contratiempo o por alguna otra razón no se alcanzan los objetivos económicos y no se cumple el plan, la empresa no es capaz de autofinanciar su funcionamiento para el próximo ciclo económico y el Estado auxilia en última instancia a estas unidades en problemas (Erquizio, 1991).
Este comportamiento de las autoridades centrales, rescatando y manteniendo a flote empresas insolventes, que deberían ser disueltas y en cambio son subsidiadas o refinanciados sus déficits, evidencia una actitud “paternalista” del Estado con respecto a las empresas. Esto es consecuencia de la ausencia de restricciones presupuestarias fuertes (Erquizio, 1991), que obliguen a cada institución a dar el máximo esfuerzo, optimizar recursos, invertir en nuevas tecnologías, productos o servicios, aumentar la eficiencia con la que se produce y disminuir costos. La falta de incentivos adecuados provoca una gran lentitud en los procesos de cambio tecnológico y las necesidades de innovación, que se vuelven una constante en el sistema. El alcance de los efectos de las restricciones presupuestarias blandas se convierte en una característica distintiva en estas economías, lo que permite mantener su funcionamiento, pero con bajos estándares de eficiencia.
Esta suma de fenómenos provoca que la restricción por los recursos físicos sea el aspecto limitante del crecimiento del sistema socialista, derivando en una economía restringida por la oferta, con mercados dominados por los oferentes. Esto deriva en una extrema tensión de los recursos reales existentes, con los que se pueda contar ya sean capital, fuerza de trabajo, materias primas, energía, capacidades productivas instaladas, importaciones, piezas de repuesto, entre otros. Esto genera la posibilidad de que constantemente se produzcan incapacidades, expresión crónica de la economía de escasez, conocida como “reproducción de la insuficiencia”. Los niveles de producción nunca alcanzan a satisfacer la demanda y necesidades de la población. Como resultado, esta situación propicia el efecto de “economía de succión”, ya que la demanda prácticamente insaciable de recursos tiende a vaciar los inventarios tanto de productos terminados, bienes intermedios como de insumos productivos. Los niveles de producción son tales que antes de poder renovar los inventarios ya estos fueron puestos en función del siguiente ciclo productivo o simplemente a la venta (Erquizio, 1991).
4.1. Las empresas estatales
La empresa estatal es el actor económico fundamental en este modelo. Está encargada de llevar a cabo las funciones de producción, distribución e intercambio de bienes y servicios para el funcionamiento de la economía nacional, con la misión de asegurar el desarrollo económico y beneficio social del país, según el nivel de optimización de recursos y rentabilidad que sea capaz de alcanzar, siguiendo las normativas de nivel central, con la meta principal de cumplir el plan.
De forma general, las decisiones productivas relevantes para la empresa se toman a nivel central. Se verifica la existencia de un principio rígido de jerarquía en los planes económicos, correspondientes a una estructura vertical de relaciones entre las distintas unidades, agentes, instituciones y áreas económicas, por tanto, la transmisión de las decisiones del nivel superior al inferior. Por último, la función relativamente pasiva de la moneda en el ámbito de la propiedad estatal, en las relaciones entre los órganos de la administración económica y las empresas, e incluso en las propias relaciones interempresariales.
Cualquiera que sea el mecanismo utilizado para la toma de decisiones, las de tipo macroeconómico se toman a nivel centralizado y las de consumo y elección de empleo las toman, como norma, los individuos de forma descentralizada (Brus, 1978). El problema reside en dónde se toman las decisiones corrientes. Si es a nivel central se considera un modelo de socialismo centralizado o la “forma clásica de economía socialista” según Jànos Kornai. Si en cambio se toman desde las unidades productivas, en el marco de relaciones de mercado, es entonces un modelo descentralizado de socialismo, conocido como “socialismo de mercado” (Erquizio, 1991).
4.2. Agente y principal
El aumento de tamaño de las empresas complejiza las tareas de gestión, por lo que los propietarios se van separando de estas funciones, dándoles paso a empleados profesionales que poseen conocimientos y habilidades. Este proceso hace referencia a la llamada “teoría de agencia” la cual postula que “una relación de agencia es un contrato en virtud del cual una o más personas –el propietario– le encarga a otra persona –el agente– realizar algún servicio en su nombre, que implica delegar alguna autoridad para que el agente tome decisiones” (Jensen, meckling, 1976: 308). La teoría postula que, si ambas partes toman decisiones para maximizar su bienestar, lo más probable es que en muchos casos las decisiones del agente no sean coherentes con el máximo bienestar alcanzable para el principal.
En el socialismo, las empresas tienen un dueño, todos los ciudadanos (el principal original), que delega las decisiones sobre la adminis- tración de aquellas en el Estado (el agente intermedio), quien a su vez encarga a otras personas –empresario/directivo– para que las dirijan (los agentes últimos), por tanto, el fenómeno de la separación está presente, ya que la propiedad social se materializa a través del Estado como un representante de la ciudadanía.
El postulado central de la teoría de agencia es que el principal –el dueño– delega autoridad en el agente y sus relaciones se basan en el control, debido a que los intereses de los agentes frecuentemente difieren de los intereses del principal y que los agentes generalmen- te poseen mejor información sobre sus acciones que los principales (Kiser, 1999). Otra característica es que la teoría se inclina más a ver los problemas del lado de la agencia que del principal, sin analizar los aspectos de cooperación y coordinación (Díaz, 2016). En el socialismo la alineación de intereses entre los directivos y el Estado como repre- sentante del dueño (los ciudadanos), como agentes que velan por el bienestar del pueblo se da por descontada, pero en la práctica se ha verificado una desalineación. Lo cierto es que no se ha logrado la con- jugación de intereses individuales, colectivos y sociales.
Las organizaciones son dirigidas por encargo de los propietarios, mediante un contrato, por el que se le otorga autoridad para la toma de decisiones y deben proponerse incentivos para alinear los intereses y reducir las asimetrías de información, al tiempo de que exista control de parte del propietario. La asimetría de información entre directivo y propietario es muy clara, aunque poco se refleje como beneficio para el empresario, pues puede que los directivos tengan mejor información sobre su sector de negocio, pero como los planes son decididos desde niveles superiores, parece entonces que el Estado (la burocracia en este caso) tiene más y mejor información que los empresarios.
Por último, el contrato entre las partes –propietario/estado y agente/directivo– en la práctica no existe formalmente. El plan establece los objetivos que el directivo debe cumplir, pero los incentivos no es- tán reflejados legalmente en ninguna parte y lo que se verifica es un tratamiento igualitario que no permite definirlos de forma diferencia- da. El contrato es un aspecto central en la relación entre las partes, la esencia radica en cuál es el mejor contrato posible teniendo en cuenta las características personales, de la organización y la información. El tipo de contrato ideal puede incluir incentivos orientados al comportamiento o los resultados y no solo el salario, sino también atributos de promoción (Díaz, 2016). En general las empresas estatales poseen, como norma, múltiples principales intermedios, ya que no existen re- glas claras de quién asume el papel de dueño y tanto entidades reguladoras como sectoriales adoptan tal condición.
Un elemento importante es el control y el riesgo, el principal aporta patrimonio o capital a riesgo y debe controlar la gestión del agente. La aversión al riesgo por temor a perder el patrimonio es muy fuerte, aunque no excluye la posibilidad de tomar decisiones no fundamentadas. El control es condición de este sistema, ya que el mecanismo administrativo es por naturaleza controlador y además no existe confianza en los agentes, en su mayoría designados por confiabilidad política, más que por condiciones técnicas y profesionales.
4.3. Restricciones presupuestarias débiles
El término “restricciones presupuestarias blandas” se refiere a un conjunto de fenómenos que fueron identificados por el economista húngaro Jànos Kornai en la década de los años setenta del siglo xx. Este economista describió por primera vez este síndrome a raíz de la introducción de algunas reformas de mercado en la economía húngara.
Como norma, las empresas enfrentan una restricción presupuestaria que se origina a partir de que deben cubrir todos sus gastos con sus ingresos y patrimonio inicial. Esta restricción es “blanda” si existen otras organizaciones (externas a la empresa) que están dispuestas a cubrir todo o parte del déficit que estas pueden generar. La restricción es “dura” si la empresa solo puede gastar tanto dinero como tiene. Es decir, debe cubrir sus gastos con los ingresos de sus ventas. Las empre- sas pueden acudir al crédito, pero el banco aplica criterios uniformes y conservadores para otorgar préstamos y lo hace estrictamente como un adelanto de las ventas futuras.
La “dureza” de la restricción se aprecia en dos dimensiones fundamentales: sobrevivencia, si las dificultades financieras persistentes conducen a la empresa a la bancarrota entonces la restricción es dura; crecimiento, la empresa se expande sobre la base de sus propios recursos, o tiene una posición y perspectivas tales que ante acreedores conservadores es capaz de asegurar un préstamo para inversiones.
Si la restricción se expresa y es percibida como dura, se constituye en un requisito ex-ante, que moldea las expectativas de los administradores. Estas no se forman de manera aislada a corto plazo, sino que se estructuran sobre la base de la experiencia adquirida en un periodo de tiempo suficientemente largo. Cuando la mayoría de los administradores están convencidos de que la salud financiera de la empresa no determina su futuro, entonces se afirma que la restricción es “blanda”.
En el estudio que realiza Kornai y el análisis de otros economistas se observa que las empresas estatales se muestran desinteresadas por mejorar sus resultados económicos a pesar de la introducción de mecanismos de mercado, producto de la protección estatal. Incluso si estas empresas incurren en pérdidas, el presupuesto central cubre estas deficiencias con subsidios u otros instrumentos de transferencia. Evidentemente es difícil mantener indefinidamente empresas con déficits permanentes sin afectar el comportamiento de la economía en su conjunto.
Algunas las razones que explican los rescates y ayudas continuas son:
· Por intereses económicos de la entidad al rescate: ya sea un banco, un inversor o el propio gobierno central. El hecho de seguir invirtiendo en una empresa no solvente puede tener múltiples razones, como mantener el ciclo productivo, porque produce algún componente necesario para otro producto final; porque las pérdidas serían mayores si se disolviera la empresa luego de la inversión inicial por costos hundidos que son irrecuperables, lo que evita efectos de derrame económico.
· El paternalismo: sobre todo cuando las empresas son de propiedad 100 % estatal. El Estado se siente en la obligación de rescatar estas entidades, antes de desprenderse de estas. Mantienen a flote estas empresas, porque consideran que cumplen una función realmente necesaria, a pesar de sus resultados económicos. Por lo general son empresas que tiene un fin social (directo o indirecto o al menos así entendido), por tanto, el gobierno necesita de su funcionamien- to, aunque sea deficiente desde el punto de vista económico, para cumplir premisas y conquistas sociales, como servicios públicos o abastecimiento de alimentos. Y así evita situaciones de desempleo o despidos masivos.
· Motivaciones e intereses políticos: del grupo encargado de tomar las decisiones, por lo general el partido comunista o el grupo que ejerce liderazgo, asegura así el funcionamiento del modelo y mantiene el control en sectores específicos, o estratégicos. Igualmente, se aplica a ejes económicos de importancia para los ingresos externos.
· Motivos de reputación: en empresas multinivel, si alguna unidad en específico termina sus operaciones con déficit por motivos de reputación, los líderes o directivos superiores se ven interesados y comprometidos en rescatarlas, pues su colapso afecta la imagen de la entidad en general. En esta situación es preferible asumir sus pérdidas como propias, antes de sacrificar esta parte del sistema. Este es un motivo interesante, ya que, hasta cierto punto, limita la autonomía en empresas de base, a la hora de tomar decisiones arriesgadas, en la búsqueda de mejoras, sabiendo que serán respaldadas por organismos superiores, que se encargarán de solventar sus problemas en caso de no obtener beneficios económicos.
Los canales para “ablandar” las restricciones se pueden separar en tres grandes grupos, con funciones y mecanismos diferentes, pero con el mismo objetivo de rescatar una empresa improductiva: instrumentos fiscales –subsidios estatales–, medios crediticios y métodos indirectos.
El primero de estos grupos, y con mayor peso, consiste en medios fiscales, ya sean en formas de subsidios para la empresa estatal o concesiones sobre las obligaciones impositivas, que puede ser una reducción, una posposición e incluso una exención de impuestos. El segundo medio es el crédito, en sus diferentes expresiones. El Estado se encarga de compensar a los bancos que extienden créditos a empresas que bajo criterios conservadores no pueden obtener préstamos. Los bancos, en última instancia, también son empresas estatales.
Un último grupo de instrumentos se basa en varios medios indirectos para el mantenimiento de la actividad de una empresa de interés gubernamental. Consiste en la aplicación de medidas, que no son necesariamente para salvar a una empresa de la bancarrota, sino más bien, para asegurar su actividad comercial o su dominio en un cierto mercado. Con este fin el gobierno puede aplicar diferentes políticas ya sean comerciales, como restricciones administrativas al comercio de un cierto producto de importancia social o estratégico o arancelarias, como el aumento de impuesto a las importaciones, aumentando las barreras a la entrada al mercado nacional de productos extranjeros, lo que favore- ce la producción y realización de productos nacionales o simplemente limita la capacidad de otras entidades que operan en este sector.
4.4. Efecto trinquete
El término “efecto trinquete” fue acuñado por el economista Joseph Berliner en 1952 en su análisis del comportamiento gerencial en empresas soviéticas. En estas empresas los directivos recibían bonificaciones, que aparentaban ser fuertes incentivos para cumplir los planes de producción, incluso para el sobrecumplimiento. Cada punto porcentual sobre el objetivo era recompensado con bonificaciones adicionales. Sin embargo, la actitud de los gerentes era conservadora a pesar de los incentivos, los planes no se sobrecumplían más allá del 2 %. La explicación de Berliner para este comportamiento conservador era que los gerentes temían que, con un aumento de la producción, el objetivo del próximo año aumentase en una proporción similar. Produciendo un 10 % más, realmente sus bonificaciones serían mayores, pero también sus planes de producción para el próximo periodo, y esto debido a las prioridades de la dirección central del país de financiar o subsidiar otras empresas que contrariamente no alcanzan a cumplir sus planes. En este escenario, los bonos tienden a ser menores a mediano plazo.
Esto no generaba incentivos positivos, más bien desmotivación en directivos y trabajadores, conscientes de que sus excedentes a final del periodo son expropiados para cubrir otras demandas y no para el propio desarrollo y crecimiento de la empresa. De esta forma el efecto trinquete y las restricciones presupuestarias suaves están conceptualmente relacionados por su capacidad de potenciarse uno al otro, por las necesidades crecientes que tienen empresas ineficientes de succionar y extraer más recursos provenientes de empresas exitosas.
4.5. Reforma de la empresa estatal
En economías socialistas planificadas, una reforma económica a nivel de empresas de propiedad estatal, no es más que la introducción de medidas en favor de un cambio estructural necesario en el entramado empresarial. Para mejorar su funcionamiento económico se introduce la necesidad de hacer énfasis en principios de eficiencia en la gestión, como la meta principal de cada entidad. Para alcanzar este objetivo, hay que tener en cuenta aspectos fundamentales, que representan una transformación respecto al funcionamiento y la mentalidad socialista, que permitan cambios reales en el mecanismo de dirección de la economía centralizada y, en última instancia, la modificación de su modo de funcionamiento.
El principio más importante es lograr que las decisiones corrientes sean tomadas de forma descentraliza, desde la empresa, por las juntas directivas, por los gerentes y con la participación de los trabajadores. De esta forma se acercan las decisiones importantes a los centros productivos, donde tiene lugar realmente el hecho económico. Esto permite que las partes implicadas, tanto directivos como trabajadores, se sientan verdaderamente comprometidas con su trabajo, con los ob- jetivos planteados por estos mismos, creando un mayor compromiso con sus funciones personales y con los objetivos económicos de la empresa, más allá de tener que cumplir el plan.
El segundo principio a tener en cuenta es lograr que la interacción entre empresas se dé en condiciones de mercado y con uso activo del dinero (Erquizio, 1991). Es necesario entender la necesidad de que las empresas puedan coincidir en espacios de mercado, tanto para la obtención de insumos como para la realización de la producción. Lo que favorece negociaciones entre estas, donde cada entidad defiende sus propios intereses. Por tanto, la unidad productiva se ve necesitada de disminuir costos y optimizar recursos para ser competitivas, rentable y aumentar sus beneficios. Estas medidas tienden a disminuir el gra- do de paternalismo por parte del Estado respecto a las empresas, con un consecuente aumento de la autonomía empresarial para la toma de decisiones, endureciendo las restricciones presupuestarias para las empresas.
A partir de la experiencia de reestructuración en Hungría, Jànos Kornai reflexionó sobre las dificultades de una reforma, exponiendo que la necesidad de establecer principios de eficiencia económica como contenido fundamental de la reforma en economías planificadas, entra en contradicción con los principios éticos del socialismo. Su razonamiento permite examinar críticamente las reformas en economías planificadas.
Se puede decir que cualquier sistema económico se caracteriza por cinco principios de eficiencia (Bauer, 1978):
· Eficiencia 1: los incentivos materiales y morales son necesarios para estimular el mejor desempeño de administradores y trabajadores en la producción.
· Eficiencia 2: el cálculo de beneficios y costos debe ser cuidadoso; los escasos recursos deben ser usados racionalmente. Las producciones no eficientes deben terminar.
· Eficiencia 3: se debe procurar un rápido y flexible ajuste a las condiciones externas.
· Eficiencia 4: los administradores deben estar dispuestos al riesgo y la innovación.
· Eficiencia 5: en cualquier decisión los administradores deben asumir responsabilidad personal, tanto en asuntos que están a su cargo como en las decisiones tomadas.
En contraposición se encuentran los principios de ética socialista (Erquizio, 1991):
· Ética 1. Principio de salario socialista: todos deben tener empleo y a igual trabajo, igual pago.
· Ética 2. Principio de solidaridad: los débiles deben ser ayudados.
· Ética 3. Principio de seguridad: todos los miembros de la sociedad deben sentirse seguros, es básica la garantía de pleno empleo permanente.
· Ética 4. Principio de interés general: este tiene prioridad sobre el interés particular, igualmente tienen prioridad los intereses de largo plazo.
La contradicción entre ambos grupos de principios puede ser estudiada a partir de la introducción de incentivos ligados a la ganancia o criterios para la sobrevivencia y crecimiento de la empresa estatal, que generalmente caracterizan las reformas económicas en el socialismo. Si se introducen primas que incrementen los salarios ligados a mayores ganancias (eficiencia 1), esto puede entrar en contradicción con el principio de que, a igual trabajo, igual pago (ética 1), puesto que las ganancias pueden diferir por factores ajenos a los trabajadores, como un mejor manejo gerencial o mejores equipos, lo que provoca frecuentemente presiones políticas y sindicales para nivelar los ingresos nuevamente, provocando una pérdida de efectividad en la reforma.
Si en cambio se aplica el segundo principio, que implica una restricción presupuestaria fuerte para las empresas mediante un estricto cálculo de costos y beneficios (eficiencia 2), las quiebras pueden ser inevitables en contra de los principios de solidaridad y seguridad (ética 2 y ética 3), puesto que en el socialismo no se puede dejar a su suerte a una empresa débil, ni ningún trabajador debe temer por su futuro. Esto implica que no habrá quiebras, que de una forma u otra el Estado rescatará estas empresas. Lo cierto es que la vigencia de los principios ética 2 y ética 3 conducen a una actitud perezosa por parte de todo el personal, pues si la supervivencia de la empresa está garantizada, la responsabilidad de los administradores no es clara, lo que va contra el principio de responsabilidad (eficiencia 5). De esta forma es difícil imponer disciplina a los trabajadores, pues en condiciones de pleno empleo estos pueden conseguir otro trabajo (Erquizio, 1991).
Toda reforma económica en el socialismo necesariamente encuentra estos dilemas y contradicciones. Para Kornai cualquier sistema real es construido con base en compromisos prácticos entre principios y requerimientos mutuamente contradictorios. La búsqueda de la perfección hace de la reforma un proceso continuo (Kornai, 1980).
Es un proceso continuo preñado de contradicciones, pero donde la única forma de ofrecer “garantías sociales”, es si el sistema es capaz de lograr eficiencia y crear riquezas y es un proceso que en su contradicción debe generar un círculo virtuoso a favor del crecimiento y desarrollo de toda la sociedad.
Bibliografía
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Continuará
