Imagen tomada de El Universal
LA HABANA. La Feria Internacional de La Habana atrae cada año a un buen número de empresas extranjeras, en su rol de proveedores o inversionistas. En años recientes, su atractivo aumentó debido a la adopción de una nueva Ley de Inversión Extranjera (Ley 118 del 2014), y la presentación anual de una nueva cartera de oportunidades de inversión.
Una revisión mínima de la política económica del gobierno muestra que la atracción de inversión extranjera constituye prácticamente el único ámbito relevante donde no ha habido retrocesos desde que se lanzó la reforma.
Se puede decir que es la mayor apuesta actual para modificar el decepcionante desempeño económico del país. Un giro sorprendente si se recuerda el panorama hace unos años atrás. Que genere el efecto deseado, o que la apuesta sea estratégica es harina de otro costal.
De acuerdo a las últimas cifras anunciadas en el marco de FIHAV 2018, desde la adopción de la nueva Ley se han establecido 175 nuevos negocios con capital foráneo (41 en la Zonal del Mariel), con un capital comprometido de 5 500 millones de dólares. Es decir, a razón de 1 200 millones por año, la mitad de lo que se ha reconocido que es inicialmente necesario. Una cantidad mucho menor ha sido invertida realmente.
Los análisis contemporáneos sobre el papel de la Inversión Extranjera Directa (IED) en los países en desarrollo revelan algunas lecciones bastante claras: Ha ido quedando atrás el paradigma de que la IED es la panacea del desarrollo; cualquier efecto positivo no es ni automático ni espontáneo. Los beneficios de la actividad de multinacionales en un país determinado dependen en grado sumo de su nivel de involucramiento en el tejido productivo de la economía receptora, es decir, del volumen y calidad de los relacionamientos que establezca con las empresas domésticas.
En demasiados casos, los países no realizan adecuados análisis de costo-beneficio. Se ha logrado probar que los recursos cedidos por el anfitrión en términos de deducciones fiscales, financiación en condiciones ventajosas e inversiones inducidas en infraestructura y capital humano sobrepasan en mucho los réditos globales para el país anfitrión. En el lado doméstico, las externalidades positivas y otros efectos dependen de la capacidad de absorción de las empresas del país sede, y no se obtienen de forma espontánea. Al contrario, dependen de un costoso proceso de aprendizaje y formación de capacidades.
Este rol de la inversión extranjera, es un fenómeno relativamente nuevo en el contexto cubano. Una de las consecuencias más importantes de la selectividad aplicada desde los noventa fue que el desarrollo de capacidades en los funcionarios e instituciones vinculadas directamente a la promoción de la inversión extranjera fue lento y diferencial en los distintos ministerios del país.
La llegada de inversores foráneos a Cuba encuentra una realidad que presenta notables desafíos. La información necesaria para elaborar un diagnóstico de las condiciones económicas del país y sus perspectivas de crecimiento es dispersa e insuficiente. Esto se ve agravado por la ausencia de información actualizada sobre Cuba en la mayor parte de las bases de datos internacionales. Lo anterior deriva en la no incorporación del país en los escalafones de evaluación de desempeño económico más importantes del mundo, como el Ease of Doing Business Index, Índice Global de Competitividad o de Innovación, por solo citar los más conocidos. La escasez de datos es todavía peor cuando se trata de sectores o actividades específicas.
A su vez, la existencia de mecanismos no convencionales para la formación de precios claves (tipos de cambio, salarios) y la asignación de factores productivos generan distorsiones significativas en estas áreas, que constituyen aspectos de primera importancia para la decisión de implantación en cualquier mercado. El manejo cambiario, por ejemplo, tiene una incidencia directa en la rentabilidad esperada de la inversión y en la habilidad efectiva de repatriar los dividendos. Hasta el momento se han ensayado soluciones ad hoc, pero estas no serían la solución del problema.
Una vez en el terreno, el inversionista extranjero debe lidiar con un proceso de toma decisiones cuya transparencia puede mejorarse notablemente, lo cual ayudaría a crear confianza. Es, además, generalmente dilatado y altamente burocrático y administrativo, y esto contribuye a elevar el costo de oportunidad del tiempo y los recursos invertidos. Esto trasluce un elevado grado de discrecionalidad, y a ratos, escasa seriedad. La propuesta que uno hace determina en gran medida el tipo de socios que deciden aproximarse. La contraparte no es el enemigo que debe ser derrotado en una negociación, es el socio que compartirá los riesgos de cualquier inversión, mucho más en el mercado cubano.
Un país tan pequeño no debe tener tantas prioridades desde el punto de vista productivo. Hasta hoy, no hay una definición clara en relación a las apuestas fundamentales y qué se considera un sector prioritario. Al menos tres documentos oficiales usan taxonomías diferentes con definiciones de sector imprecisas (Ley de Inversión Extranjera, Bases del Plan Nacional de Desarrollo hacia 2030, Cartera de Oportunidades de Inversión —a nivel de proyectos—). La posibilidad de que entidades cubanas (de cualquier tipo) pueden establecer una relación comercial con contrapartes extranjeras está sujeta a grandes restricciones de tipo legal, administrativo y económico (a partir de la operación en diferentes monedas, etc.). El ejemplo extremo en este caso sería el sector privado (cuentapropismo). No hay ninguna experiencia exitosa documentada sobre la IED en la que no se haya promovido con igual o mayor empeño a las entidades nacionales.
El sistema productivo cubano está dominado por las empresas estatales, y un relativamente pequeño sector cooperativo y privado, confinado en su mayor parte a actividades muy básicas, con escaso contenido de conocimientos y pocas posibilidades de alcanzar nuevos mercados. No pocos emprendimientos pueden ser considerados de supervivencia. No está prevista la participación del capital extranjero en el sector no estatal, al menos de manera formal, aunque se admitió la posibilidad de considerarla para las cooperativas.
Las empresas estatales cubanas operan en un entorno que supone que en la práctica se verifiquen pocos o ningunos incentivos para aprovechar las oportunidades que promovería la llegada de un inversor extranjero. Mucho menos para programar estratégicamente las inversiones físicas y en capital humano que las harían posibles. Es poco serio hablar de escasez de recursos cuando no se usan plenamente las posibilidades en la propia casa. El mayor activo de este país es el talento y la energía de sus ciudadanos. ¿Cómo se puede atraer a los mejores empresarios del mundo con el esquema que tenemos para los de casa? Esta es una contradicción insalvable a los efectos del desarrollo económico a largo plazo.
A partir de las cifras compartidas anteriormente, ¿cuánto movilizó el sector privado y cooperativo desde 2010? No sé sabe con certeza, lo que es peor, no queremos enterarnos. ¿Cuánto de los millones que se gastan hoy en el contrabando de hormiga pudieran invertirse productivamente en el país?
Las sanciones desde Estados Unidos constituyen un obstáculo formidable, pero es recomendable concentrarse en lo que puede ser mejorado a partir de nuestras propias decisiones. Sin una visión clara sobre la estrategia de desarrollo, es difícil encontrar el lugar adecuado para la IED. Cuba compite en el mercado mundial de capital extranjero, y tenemos contendientes formidables en el área. A aquellos que se han animado a llegar a estas latitudes, ¡bienvenidos!
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Foto: Omara García
