La Empresa Estatal Socialista: eficiencia vs gestión y autonomía

Por Luis Aparicio Cruz

“Nadie remienda un vestido viejo

con un paño de tela nueva,

 porque la tela nueva estira la tela vieja

 y la rotura se hace peor”

Jesús de Nazaret

Marcos 2.22, siglo I

 El pasado 19 de febrero el Vice Primer  Ministro y Ministro de Economía y Planificación, refiriéndose al Trabajo por Cuenta Propia, expresó:

“Nosotros estamos implementando transformaciones profundas en el sector empresarial.”

“Todo se pone en el mismo contexto, perfeccionamiento del sector empresarial estatal, sector presupuestado, trabajo, sector no estatal, ampliación del trabajo por cuenta propia, creación de las micro, pequeñas y medianas empresas y ampliación al trabajo de las cooperativas. “

Ha sido muy buena noticia esta decisión referida al Trabajo por Cuenta Propia; también lo es el proyecto mencionado por el Vice Primer  Ministro y Ministro de Economía y Planificación. Hemos dicho que el tejido empresarial lleva un diseño y posterior desarrollo que incluya a todos los actores haciendo que la Empresa sea la Empresa, con una filosofía reguladora que estreche los límites de lo “no permitido” y abra las puertas a las iniciativas individuales y colectivas.

La empresa es el medio a través del que se unen las fuerzas productivas para satisfacer las necesidades demandadas por su entorno a través del mercado,  contribuir al desarrollo social y crear un margen de utilidad para beneficio de la propia empresa y de la sociedad, resultado final: crear riqueza.

Es incuestionable el papel que le corresponde a la Empresa Estatal Socialista para la creación de la riqueza social; Si a los recursos que mueve no se les extrae el máximo de resultados, será difícil lograr aumentos en el nivel de vida.

El ARTÍCULO 27 de la Constitución de la República expresa:

“La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional. Dispone de autonomía en su administración y gestión; desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales.”

Para lograr este objetivo debe organizar los procesos de gestión a fin de ejercer un uso eficiente y efectivo de los recursos y de la innovación tecnológica; en suma: elevar la productividad, obtener adecuada tasa de Rentabilidad y ofertar sus productos y/o servicios a la sociedad mediante un precio a través del mercado, interactuando con el resto de los actores económicos. Ante tal obligación es necesario que la empresa actúe con independencia, valentía y aire emprendedor para tomar las decisiones oportunas a fin de cumplir sus objetivos. Dicho esto, lo podemos reducir a un sistema de ecuaciones con tres variables: eficiencia, gestión empresarial y autonomía empresarial.

La eficiencia se traduce en reducción de costos y de costos comparativos, sobre todo si tratamos de sustituir importaciones, lo cual quiere decir que nuestro Costo de Producción debe ser inferior a lo que costaría importar el producto en cuestión, si no es así no tiene sentido; del mismo modo y por la otra cara las exportaciones.

De lo que se trata es igualar o superar los niveles de rentabilidad logrados por otras empresas de la misma rama, dentro del país y en el extranjero, ninguna empresa puede estar ajena a la competencia, no se trata de ser rentable en función de precios tutelados o de monopolio, hay que atender las señales del mercado.

La empresa estatal cubana al día de hoy está enfrentando un panorama totalmente nuevo, amaneció el 1 de enero multiplicando el valor de una parte de sus insumos por 24 e incrementó el gasto de mano de obra por la Reforma Salarial; ¿cuál es el Costo ahora? Es altamente probable que con los precios del 31 de diciembre de 2020 cualquier empresa resulte irrentable en enero de 2021, la tendencia inmediata es a subir precios para compensar los efectos del Ordenamiento Monetario. Me pregunto: ¿sólo es este el camino?, ¿cuánta eficiencia o ineficiencia encubierta existía hasta el 31 de diciembre de 2020 y que por la vía de subir precios estamos trasladando a la nueva realidad?

No cuestiono los nuevos precios que se hayan aprobado, sean centralizados o no, el objetivo de este trabajo no lo es. Solamente son dos preguntas para pensar; los precios tienen un límite en el mercado.

La mayoría de las empresas estatales que hoy operan en el país tienen una vida superior a las cuatro décadas, fueron fundadas para producir, la Rentabilidad no estaba en primer plano, han pasado por varios procesos de reorganización, sumado o restado actividades por decisiones netamente administrativas, desde su origen han tenido una protección excesiva por parte del Estado, ni siquiera el Contrato reunía preeminencia, la producción estaba vendida desde la concepción del Plan, cobrar era importante pero no trascendente, entre los resultados una extensa cadena de impagos a la que se dieron soluciones tales como netear las deudas entre empresas del propio Organismo Central; son sólo ejemplos que muestran la ausencia de una concepción financiera y de negocios en nuestras empresas estatales, en sus orígenes no hubo un Plan de Negocios que diera la factibilidad de una u otra empresa, al menos en la mayoría, es posible alguna excepción.

Con los antecedentes mostrados, el proceso de transformaciones en marcha y como parte del mismo, resulta de imperiosa necesidad efectuar un estudio integral de todo el sistema empresarial estatal, partiendo de un Plan de Negocios que exponga la factibilidad de la empresa y trace su estrategia a corto y mediano plazo. Hecho esto la Empresa Estatal Socialista estará en condiciones de ponerse un traje nuevo.

La eficiencia, no se  logra por decreto y mucho menos por la exhortación; crear un producto con calidad para el mercado al mínimo de costos es el resultado de un Sistema de Gestión que tenga en cuenta la estrategia trazada por el Plan de Negocios y actúe sobre los diversos factores que son determinantes, tales como la estructura del mercado, las regulaciones sobre su actividad, la tecnología, la toma oportuna de decisiones. No existe duda alguna de que la conducción colegiada de este Sistema le corresponde a un equipo de profesionales presidido por un directivo, llámese Gerente o Director, es el empresario, designados por el representante de la propiedad (el Estado)

Algunos se preguntan si los directores actuales de las empresas estatales están preparados para asumir esta responsabilidad. Lo primero es acercarnos a las características de este profesional.

El empresario, como profesional dedicado a la gestión, debe reunir algunas aptitudes indispensables para llevar adelante la estrategia de la empresa, entre ellas: conocer en detalle la tecnología con la que se trabaja, poseer el dinamismo que le permita aprovechar todas las oportunidades para encausar la estrategia, ser un líder capaz de elaborarla e insertar en ella al colectivo que dirige, ser lo suficiente creativo para buscar fórmulas que respondan a los reclamos del consumidor, gozar de responsabilidad y valentía para asumir los riesgos de la toma de decisiones, Ser consciente de su responsabilidad social ante el Estado y los consumidores.

Considero que en el sistema empresarial estatal existen muchos profesionales muy bien preparados y con muchos años de experiencia con las aptitudes mencionadas, sólo hay que hacerles saber que no tienen que pedir permiso ni esperar orientaciones, que el representante de la propiedad le va a controlar por los resultados, entonces se pondrá el nuevo traje de empresario Tampoco niego la superación constante que necesita este profesional, como todos.

Corresponde al Estado como representante de la propiedad, mediante sus órganos, evaluar y designar a estos profesionales de la gestión; depositando en ellos las funciones empresariales con plena autonomía, no basta con que esté articulada en la Constitución, tiene que ser real y efectiva; así mismo es necesario un adecuado control que no interfiera la insoslayable autonomía y evite las posibles desviaciones. Es una responsabilidad muy alta para los ejecutivos, con objetivos precisos a alcanzar.

El Control no convertir la a la empresa, como lo está hoy, en una administradora de recursos subordinada a otra entidad estatal a la que tienen que tributar y rendir cuentas por todo su quehacer.

Durante años ha existido y existe la tendencia por parte de los O.A.C.E. a decidir en las cuestiones que son competencia ejecutiva de las empresas, a través de una orientación y supervisión vertical utilizando diferentes estructuras administrativas, llámense Delegaciones Territoriales, Uniones de Empresas, Grupos Empresariales y más reciente las OSDE, todas con un sello común: organizaciones supra empresariales a las que se les subordinan y tributan empresas.

Procede preguntar acerca del objetivo por el cual está constituido cada Grupo Empresarial y cada OSDE de los existentes al día de hoy:

¿Es una concentración vertical de empresas con el objetivo de propiciar encadenamientos productivos, buscando además economías de escala?

Ejemplos hay de que sí existen Grupos Empresariales en función de estos objetivos y con resultados, uno de ellos pudiera ser BIOCUBAFARMA. En este caso el Grupo cumple una importante función empresarial, tiene sentido el vínculo directo y la rendición de las empresas a la dirección del mismo porque todas y cada una de ellas incide en los resultados de una o más empresas del Grupo, hay un objetivo común que estimula el sentido de pertenencia.

Las OSDE están definidas con precisión por el DECRETO No. 335/2017: “las organizaciones superiores de dirección empresarial surgen por necesidad de la dirección del Gobierno en sus diferentes instancias o para sustentar la separación de las funciones estatales de las empresariales,…”

Si son simples concentraciones horizontales configurando un nivel intermedio del gobierno con fines administrativos tanto los Grupos Empresariales como las OSDE se convierten en una traba burocrática de control administrativo.

Es válido, necesario e ineludible el interés del Estado en controlar la actuación de la empresa para que ésta cumpla los fines para los que fue creada, pero el control no puede ser tal que corra el peligro de asfixiar la vida misma de la empresa con un corsé burocrático, la empresa necesita flexibilidad para desenvolver su actividad con la agilidad y prontitud que le son inherentes.

Refiriéndose al sistema empresarial estatal la Conceptualización del Modelo Económico cubano determina las jurisdicciones de cada uno de los actores: El Estado representante de la propiedad y el empresario representante de la empresa.

No deja espacio para la duda, la Conceptualización proclama un sistema de control integral del Estado a la empresa por la calidad de los resultados, no administrativo, en correspondencia con los objetivos trazados a la empresa; en lo fundamental es un control económico financiero que no puede excluir: Uso adecuado de los recursos, gastos de inversión, endeudamiento, objetivos financieros, proyección al mercado

A ello se agrega el control externo que pueden ejercer los Organismos del Estado, la Contraloría General de la República e instituciones especializadas en Auditorias, estas últimas contratadas por la propia empresa para alguna investigación o para la certificación de su Contabilidad.

El Estado establece las normas de control para evitar las posibles desviaciones, pero éstas no pueden hacer de la Empresa una administradora.

El Estado debe controlar que la empresa cumpla los objetivos para los que fue constituida, sin una rienda centralizadora y burocrática que limite la necesaria autonomía empresarial para realizar sus funciones productivas o de servicios y comerciales, lo cual no excluye la necesaria rendición de cuentas de los empresarios ante los representantes de la propiedad, facilitando las informaciones que correspondan, estadísticas, contables y financieras. Para ello se debe crear un Órgano, no administrativo, no intermediario, sí calificado que represente al Estado, pueden ser las Juntas de Gobierno por medio de un nuevo Decreto.

El Gobierno está dictando medidas que van dirigidas a otorgarle mayores facultades a los empresarios, fundamentalmente las “15 nuevas medidas para fortalecer a la Empresa Estatal Socialista”.

De estas me refiero en especial a la No. 10 que dice textualmente:

“Perfeccionar las funciones de las OSDE, empresas y UEB. Integrar y modificar los actuales Decreto Ley 252 y los Decretos 281, 335 y 336. Definir la existencia de OSDE subordinada a otra OSDE."

Llamo la atención porque con estos decretos vigentes y las OSDE funcionando, tenemos los problemas que vemos a diario, creo que mientras no llega la ley de empresas el paliativo no puede ser integrar estos Decretos, se necesita un Decreto Nuevo que abra las puertas a la iniciativa, la creatividad y la innovación; que no sea uniformista, no podemos tropezar con la misma piedra. La Empresa Estatal Socialista necesita un traje nuevo.

Rebajan más de 600 precios en Sancti Spíritus

La mayoría se concretó en el Comercio y la Gastronomía, así como en las empresas Cárnica, Láctea y Alimentaria

MARY LUZ BORREGO

27 febrero, 2021 

La Empresa Alimentaria ha concretado importantes rebajas de precios. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Desde que las nuevas tarifas aplicadas como parte del proceso de ordenamiento monetario dispararon múltiples cuestionamientos de la opinión pública, especialistas y directivos del territorio emprendieron una acuciosa revisión de los precios formados en la provincia y hasta ahora ya se han rebajado más de 600.

Yudiana Afonso, coordinadora de Programas y Objetivos en el Gobierno Provincial, detalló a la prensa que aquí se formaron cerca de 3 100 precios descentralizados, tanto mayoristas como minoristas.

Durante estos dos meses los Consejos de la Administración han realizado concertaciones con varias empresas y más de 18 300 trabajadores por cuenta propia para revaluar los precios propuestos.

Además, se conformó un equipo de trabajo integrado por profesores de la Universidad, especialistas de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC) en el territorio y de la Dirección de Finanzas y Precios, que se encarga de realizar una revisión de las tarifas establecidas.

Según puntualizó la coordinadora, la mayoría de las rebajas se concretaron en el sector del Comercio y la Gastronomía —293 productos—, a partir de que se les ha exigido a las entidades mayoristas (sobre todo a las empresas Cárnica, Láctea y Alimentaria) que disminuyan los precios mayoristas y eso ha permitido reducir los minoristas.

A partir de que estas entidades disponen de facturas actualizadas de las materias primas y una ficha de costo de sus diferentes productos con datos concretos, se ha logrado la disminución de varios precios, lo cual evidencia que sí se podían reducir, reflexionó Yudiana Afonso.

En el Sistema de Atención a la Familia y en la Industria Alimentaria se rebajaron casi 40; en el Cárnico, 159; en el Lácteo, 96; en la merienda escolar y la empresa de bebidas y refrescos alrededor de 30, entre otros ejemplos, y se continúa esta necesaria revisión.

Algunos precios mayoristas y minoristas centralizados aún continúan en revisión a nivel nacional —fundamentalmente en la agricultura y los materiales de la construcción—, lo cual pudiera incidir en una futura rectificación aquí de otros importes derivados de estos.

También se le ha dado continuo seguimiento a las principales inquietudes e insatisfacciones de la población: a partir de ello se recogieron 21 incidencias, la inmensa mayoría de las cuales se elevó al Grupo Nacional y se encuentran relacionadas con las producciones agrícolas y las nuevas escalas salariales aplicadas; mientras que en la provincia continúa el seguimiento, sobre todo, a las inquietudes referidas a la calidad del pan y el yogur, y el enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos.

Fuerte caída del PBI en el 2020 y preocupación por el futuro mediato

Por Julio C. Gambina

Para el 2020, según el INDEC, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) acumuló una caída de -10,0%.[1] El último dato del FMI para la evolución económica en el mundo señala una reducción del -3,5% para todo el pasado año.[2] El promedio mundial de la caída incluye el crecimiento chino del +2,3%, incluso Vietnam +2,9%, por encima del registro de China, aunque también es fuerte la caída de España con -11,1%, Reino Unido con -10%, Italia con -9,2%, Francia con el -9%, Alemania con -5,4%; Japón con -5,1% y EEUU con -3,4%. El dato de caída para América Latina y el Caribe es de -7,4%, siendo del -8,5% para México y de -4,5% para Brasil.

Resulta evidente que la pandemia y el cierre de la actividad económico afectó al conjunto de la economía mundial, pero sus efectos han sido diferenciados, con países con mayor potencialidad para controlar el impacto, algo que se mide, entre otras cuestiones, en el nivel de actividad. China y Vietnam aparecen con los mejores registros, y aun con baja en torno al promedio mundial, EEUU tuvo un menor impacto que los países europeos y Japón en el capitalismo desarrollado. Los datos para la región muestran matices entre los principales países, con mayor impacto en la Argentina (-10%), respecto de México (-8,5%) y de Brasil (-4,5%).

En el informe mencionado del INDEC se señala respecto de la comparación interanual que:

“…sólo dos sectores exhibieron un incremento: Intermediación financiera (+2,1%) y Electricidad, gas y agua (+0,8%). El resto de los sectores económicos registraron caídas en el año, entre las que se destacó la disminución de Hoteles y restaurantes (-48,6%) y la de Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-37,5%), a raíz del impacto de la pandemia de la COVID-19.”

Respecto del futuro, si es que se extiende satisfactoriamente la aplicación de las vacunas, algo que aún está por verse, las expectativas pueden ser levemente auspiciosas y los pronósticos del FMI apuntan a un repunte del 5,5% en la economía mundial. En la Argentina se anticipa una mejora en torno al 6%, claro, si es que se confirma un abastecimiento adecuado de las vacunas y su generalizada aplicación a la población con un plan que destierre toda favoritismo, tal como se verificó en estas horas.

Por ello, el propio FMI llama la atención sobre el futuro próximo en lo que llama las “divergencias” entre los países para enfrentar el problema de la pandemia. La tendencia en contagios y muertes es a la baja, y existen expectativas por las vacunas, pero la producción no alcanza a satisfacer la demanda, y según Naciones Unidas, 10 países concentran el 75% del stock de vacunas. Es una concentración de vacunas en momentos en que el virus emerge bajo nuevas cepas y puede postergar un tratamiento global adecuado. Dice el Fondo:

“El FMI proyectó recientemente un crecimiento del PIB mundial de 5,5% para este año y de 4,2% para 2022. Sin embargo, va a ser una recuperación larga e incierta. La mayor parte del mundo se enfrenta a una lenta distribución de las vacunas mientras se propagan nuevas mutaciones del virus, y las perspectivas de recuperación presentan peligrosas divergencias entre países y regiones.”[3]

El Fondo llama la atención en esta nota sobre el “acceso desigual a las vacunas”, pronosticando que la vacunación recién podrá generalizarse hacia fines del 2022. En rigor, destaca que no alcanza con los esfuerzos fiscales actuales, elevados en el capitalismo desarrollado, con un aporte del:

“24% de su PIB en medidas fiscales, frente a tan solo 6% en los mercados emergentes y menos de 2% en los países de bajo ingreso.”

Se trata de un problema global y las respuestas siguen siendo “nacionales”, con ausencia de cooperación, sobre la que se aludió en la reciente visita del presidente argentino a México. La cooperación regional y mundial resulta imprescindible en tiempos de amenazas globales. La mercantilización de la salud y por ende de las vacunas no favorece una tendencia necesaria a la cooperación regional y global.

La deuda complica

Un interrogante que nos hacemos se asocia con el gran problema del endeudamiento público que sufre la Argentina, especialmente con el FMI, cuando este está sugiriendo eliminar las deudas interestatales y con organismos internacionales de los países con problemas. También se sustenta una ampliación de los Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda de cuenta de las operaciones del FMI, con lo que se especula poder atender vencimientos próximos de los países deudores con el organismo.

¿Estará Argentina entre esos países con problemas, o su dimensión y potencial económico lo excluye? Es interesante ver la respuesta dada por Bolivia en estos días, que rechazó el prestamo asumido por el gobierno golpista de ese país con el Fondo. Vale detenerse en la información de las autoridades bolivianas al respecto[4]:

“El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que en defensa de la soberanía económica del país y el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), realizó la devolución de 346,7 millones de dólares estadounidenses al Fondo Monetario Internacional (FMI), equivalente a 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), mismo que fue gestionado irregularmente por el gobierno de facto en abril de 2020.”

Agrega el comunicado del BCB al respecto que se:

“…efectuó el pago total de 351,5 millones de dólares estadounidenses de los cuales, 346,7 millones son el pago de capital, (19,6 millones de dólares estadounidenses por variación cambiaria) y 4,7 millones de dólares estadounidenses por intereses y comisiones, generando un costo financiero total al Estado Boliviano de 24,3 millones de dólares estadounidenses en sólo 9 meses de haberse desembolsado dicho instrumento.”

“Finalmente, la actual administración del BCB en el marco de sus competencias y la normativa vigente, realizará las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan en contra de todos los servidores y ex servidores públicos que resultasen con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación, suscripción y operación del mencionado financiamiento con el FMI.”

Se trata de un acto soberano que sienta un importante antecedente, que la Argentina debiera imitar, incluso para consolidar posiciones regionales, las que podrían hacerse extensivas a Ecuador y a otros países que en la región recibieron asistencia financiera del FMI en este año afectado por la recesión y la pandemia. Es más, el propio FMI está haciendo una evaluación interna, que se anticipa crítica a la operación suscripta entre el organismo y el gobierno Macri en 2018. Los senadores del Frente de Todos (39) emitieron una carta dirigida a quienes en el FMI están investigando el préstamo.[5] Se reclama allí el otorgamiento:

“a nuestro país un préstamo de magnitud desproporcionada en relación a las reales posibilidades financieras de repago, sin cumplir con los requisitos mínimos de legalidad exigidos por las normas vigentes en nuestro país y vulnerando el Art. 6° del Estatuto del FMI.”

En rigor, sobre fines del 2020 se remitió una carta en sentido similar a la titular del FMI. Los senadores indican en la actual misiva que nunca recibieron, siquiera el aviso de retorno de la Directora Gerente. Resulta interesante el envío de ambas notas, y la enfática demanda al FMI para “investigar”. Lo curioso, es que muchos de los interrogantes están contestados en el informe del 14 de mayo pasado emitido por el BCRA, donde se demuestra la funcionalidad del préstamo del FMI con la fuga de capitales.[6] La actitud soberana de la Argentina debiera asumir la misma decisión del hermano país de Bolivia, y como demanda la auto-convocatoria por la suspensión de pagos de la deuda pública y su auditoria, avanzar decidida y soberanamente en ese sentido. Eso no impide el diálogo con el FMI, pero no de renegociación, sino de investigación, especialmente de los principales responsables involucrados en la operación, tanto las autoridades locales, los funcionarios del FMI y los operadores privados intervinientes en este accionar ilegitimo, ilegal y odioso.

De modo diverso empezaron las clases en la Argentina, con retorno parciales a clases presenciales, manteniendo el mecanismo de apoyo pedagógico virtual, con mucha incertidumbre, del mismo modo que comienza en marzo el periodo legislativo. Todo parece encaminarse hacia cierta “normalidad”, que contiene en su seno inmensas decepciones y expectativas no cumplidas de un tiempo mejor. La gran demanda social es en contra de la inflación y su impacto en el mayor empobrecimiento de la población. El horizonte de repunte económico no satisface las expectativas de contrarrestar lo perdido luego de tres años de recesión y pérdida de ingresos populares. La institucionalidad está desafiada a resolver las reivindicaciones sociales más ampliadas, de lo contrario, será el conflicto el que marque el sentido y rumbo de los acontecimientos.

Buenos Aires, 26 de febrero de 2021

[1] INDEC, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emae_02_21B55CD1AC34.pdf

[2] FMI. Actualización de las Perspectivas de la economía mundial a enero 2021, en: https://www.imf.org/es/~/link.aspx?_id=B52E2E0927854FC8823D98E147138A43&_z=z

[3] FMI, en: https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=15057

[4] Banco Central de Bolivia, 17/02/2021, en: https://www.bcb.gob.bo/webdocs/11_comunicados/CP_%2010_%20DEVOLUCION_CREDITO_FMI1.pdf

[5] Oscar Parrilli, en: https://oscarparrilli.medium.com/carta-del-bloque-de-senadores-del-frente-de-todos-al-fondo-monetario-internacional-32730c996965

[6] BCRA, en: http://www.bcra.gob.ar/Noticias/publicacion-de-informe-mercado-cambios-deuda-2015-2019.asp

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Julio C. Gambina

Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

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¿Cómo maximizar el impacto de una buena decisión? Un contexto cambiante para el sector privado cubano

Por Ricardo Torres

LA HABANA. La flexibilización del ejercicio del “cuentapropismo” es una decisión cuya lógica ha sido ampliamente discutida en el marco de la “actualización”. Sus principios ya estaban codificados en los documentos políticos centrales, pero su implementación efectiva solo fue retomada en julio de 2020 en una intervención del presidente de la República. El enfoque de “lista negativa” fue comentado brevemente por la Ministra de Trabajo y Seguridad Social en septiembre de ese mismo año. Durante estos largos meses, las preguntas por excelencia han sido ¿cuándo y exactamente cómo? No pocos han querido ver a través de la “lista” una declaración de principios de parte de las autoridades. Quizá no les falta razón. El análisis siguiente se enfoca en las implicaciones económicas de este paso y sus ramificaciones hacia la sociedad.

A partir de lo que ha trascendido públicamente, algunos aspectos merecen comentarios específicos. En primer lugar, la comparación directa entre las 127 categorías permitidas hasta ahora y el conjunto de posibilidades que ofrece un listado negativo relativamente acotado (aunque con ausencias notables) puede ser engañosa. La anterior era básicamente una colección de oficios, mayormente simples. El hecho de que el alcance del negocio esté determinado por las características del proyecto crea condiciones para la emergencia de emprendimientos más complejos, que pueden involucrar potencialmente a una amplia variedad de oficios y profesiones. Es una modificación no menor que establece un precedente positivo para otros desarrollos interesantes con las PYMES y las cooperativas.

En segundo lugar, si bien algunas actividades han quedado prohibidas en la lista provisional (aspecto sobre el que volveremos más adelante), parece sensato asumir que incluso bajo esas restricciones se amplían las oportunidades para los profesionales, siendo esta una demanda de larga data. Por otra parte. el proceso de establecimiento del negocio contiene mejoras interesantes. De acuerdo a las autoridades, la aprobación de las licencias debe hacerse “de oficio”. O sea, si el solicitante cumple los requisitos exigidos, su proyecto debe ser aprobado. Esto reviste gran importancia para reducir la discrecionalidad de los funcionarios del sector público, y ello es clave para asegurar agilidad y blindar el proceso frente a la corrupción. Por último, la propuesta de utilizar el concepto de “Ventanilla Única” es un acierto. Aunque es conveniente recordar que el salto cualitativo fundamental no radica en la entrega de los documentos en un solo lugar sino en reducir la cantidad de permisos necesarios al mínimo imprescindible, y en que la información y datos relevantes sean requeridos sin redundancia.

Sin embargo, para comprender su verdadero alcance es imprescindible colocar esta decisión en el marco más general de su significado para la reforma y el desarrollo económico de la nación. No pocos analistas han llamado la atención sobre la conexión de este paso con la ansiada posibilidad de constituir empresas privadas verdaderas de capital nacional. Las diferencias entre esto y lo que se propone para el “trabajo por cuenta propia” no son menores. El análisis a fondo de las implicaciones de la creación de las PYMES no es objeto de este trabajo, baste decir que es un nivel superior de formalización de la actividad productiva, cuyas implicaciones van desde la contratación de fuerza de trabajo, integración del tejido productivo hasta las posibilidades de movilizar capital para inversión. La decisión de ampliar el ejercicio del cuentapropismo ni es equivalente ni sustituye aquel otro paso. De hecho, lo mejor sería que el lapso entre uno y otro fuese corto. La brevedad en este caso daría cuenta de determinación para acelerar la reforma y la recuperación económica, junto a la emergencia de una verdadera concepción estratégica sobre la transformación productiva.

Un ángulo muy controvertido de la “lista” es su propia definición. La naturaleza de las actividades prohibidas es una característica esencial de la propuesta, y sí tiene implicaciones para su impacto económico. Existen dos rasgos estructurales del sistema productivo cubano que tienen que transformarse sustancialmente en los años venideros si se aspira a un aumento sostenido de la productividad y a un mejor funcionamiento de los mercados. Estas son la composición del sistema empresarial atendiendo al tamaño de las unidades, y la especialización productiva.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en países de mediano y alto ingreso, las empresas con hasta nueve (9) trabajadores representan 32-38 por ciento del empleo total, mientras que otro 42 por ciento trabaja en unidades que tienen entre 10 y 49 empleados. Este panorama contrasta enormemente con el contexto cubano, particularmente en el sector público, urgido de una restructuración impostergable. El nuevo marco para el cuentapropismo debe ser calibrado frente a la necesidad de facilitar ese reacomodo.

Por otro lado, la especialización en los servicios es una condición que va a continuar reforzándose, más allá de cualquier mejora en el desempeño industrial y agropecuario. Ya se completó la primera etapa de esa transición, que ha descasado en turismo, servicios sociales universales y exportación de servicios profesionales (mayormente de salud). La próxima etapa requiere el despliegue de servicios más complejos, integrados en el tejido productivo y con una proyección hacia los mercados foráneos. Para ello será necesario la incorporación de la mayor cantidad de profesionales posibles, especialmente aquellos de mayor calificación. Esto, junto a las profesiones que nutren la era digital. No hay marcha atrás, o se es digital, o no hay oportunidades de desarrollo en el siglo XXI. A diferencia de otros países que acometieron transformaciones similares, Cuba no contará con una fuerza de trabajo joven en crecimiento, sino que depende esencialmente de la especialización de sus trabajadores. La política de desarrollo productivo tiene que reconocer estos matices y diseñarse en consecuencia.

La experiencia de la última década es aplastante. A pesar de la pesada red de restricciones y prohibiciones, casi todos los ejemplos de transformación productiva innovadora surgieron en el sector privado. Y ello incluyó tanto a sectores tradicionales como a la alta tecnología y las industrias creativas. En esa lógica, demasiadas actividades que son claves para desatar la dinámica antes descrita permanecen vetadas. Una economía cuyo tejido productivo se hace más denso y variado requiere una gran cantidad de juristas y contadores, arquitectos e ingenieros, o economistas. Si un sector está dominado por el trabajo autónomo y por negocios de pequeña escala, ese es el de los servicios profesionales y técnicos. Mucho peor sería prohibir por el mero hecho de proteger intereses creados, naturalizando la falta de competencia. Una industria turística diversa y en constante cambio es una que siempre dejará mayores dividendos.

Además de la necesaria reducción de las áreas prohibidas, otros aspectos deben empezar a figurar con mayor prominencia en la agenda de transformación (que no necesariamente existe). Entre ellos estaría la definición y alcance del trabajo autónomo con regulaciones específicas; la necesidad de que las políticas hacia el sector privado distingan entre emprendimientos de subsistencia y empresas dinámicas; el diseño de una estrategia coherente hacia el sector privado que se integre plenamente a los planes de desarrollo (esto no se trata de “incorporar” el sector al plan de la economía nacional); el reconocimiento de las diferencias obvias entre empleado y dueño; la conveniencia de establecer canales formales de comunicación con este sector; el papel del sistema bancario en el acompañamiento del crecimiento de los emprendimientos; así como la aplicación de la legislación contentiva de derechos sociales y la protección del medio ambiente.

Este pliego de necesidades sobrepasa con creces las claras omisiones y ambigüedades de los documentos que brindan soporte político o incluso práctico a estos cambios. Por ello, quizá es un buen momento para considerar la necesidad de acoger un debate político y técnico más complejo y específico que el que hemos tenido hasta ahora.

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La paradoja del partidismo en la pandemia

Creer que Biden robó la presidencia y apoyar sus políticas no es una contradicción, pero es extraño

PAUL KRUGMAN
26 FEB 2021 - 17:30 GMT-6

Capitolio de Estados Unidos fotografiado tras la valla que lo protege.J. SCOTT APPLEWHITE / AP

El plan de ayudas presentado por Biden para amortiguar el impacto de la covid-19 sigue siendo increíblemente popular; y más, si cabe, a medida que prosigue a toda velocidad su paso por el Congreso. Múltiples sondeos muestran que aproximadamente un 70% de los estadounidenses aprueba el plan de 1,9 billones de dólares. Su popularidad casi duplica la de la rebaja de impuestos republicana en 2017; es más popular que el estímulo de Obama en 2009; y aunque cueste creerlo ahora, el plan de Biden es más popular que el Medicare en los meses anteriores a su aprobación, en 1965. Las grandes empresas también se han sumado: más de 150 altos ejecutivos de importantes compañías han escrito a los líderes del Congreso, instándolos a que aprueben el plan del presidente.

No es muy difícil ver por qué a los demócratas y a los independientes les gusta el plan. Lo que intento entender es algo que parece una paradoja política. O sea, ¿cómo es posible que tantos republicanos le den su aprobación? ¿por qué produce perplejidad el apoyo republicano a los planes económicos de Biden? Porque en las bases republicanas, la mayoría cree (basándose solo en mentiras) que las elecciones fueron un robo. De modo que estamos en una posición peculiar, en la que un número considerable de votantes no cree que Biden tenga derecho a dirigir el país, pero aprueba de hecho su forma de dirigirlo, al menos en lo que a política económica se refiere.

Un sondeo reciente llevado a cabo por The Economist y YouGov lo deja claro. Según sus resultados, solo el 16% de los que se declaran republicanos creen que Biden ganó las elecciones limpiamente, mientras que el 71% cree que se las robaron a Donald Trump. Pero el 39% de los republicanos se muestra a favor del gasto de 1,9 billones de dólares propuesto por el presidente. Un sondeo de Morning Consult sitúa el apoyo de los republicanos al plan en el 60%.

Vale, creer que se robó la presidencia y apoyar las políticas del hombre en cuyo nombre piensas que se produjo ese robo no es literalmente una contradicción. Pero sigue siendo muy extraño. También contrasta claramente con lo ocurrido durante la presidencia de Obama. Lo que recordamos quienes participamos en los debates económicos durante los primeros años de Obama fue la constante avalancha de advertencias de que las políticas del nuevo presidente causarían un desastre. El estímulo de Obama fue considerablemente más pequeño que el plan de Biden (demasiado pequeño, de hecho, pero esa es otra historia). Pero no transcurría una semana sin que se afirmara alto y claro que la hiperinflación y una crisis de deuda estaba a la vuelta de la esquina. Y los republicanos también se pasaron años tachando el Obamacare de tiránico y destructor de puestos de trabajo, mientras que apenas han mencionado que la propuesta de Biden contiene una ampliación significativa de la ley de Obama.

¿Qué tiene de diferente esta vez? Ya he escrito antes que las ayudas para paliar las consecuencias de la pandemia posiblemente sean más fáciles de entender y más intuitivas que el estímulo económico keynesiano. Y a lo mejor los republicanos están pagando el precio de su hipocresía pasada, tras declarar la deuda una amenaza existencial durante el mandato de Obama y hacer caso omiso de ella durante el de Trump.

Sospecho también, aunque no tengo pruebas sólidas, que el Partido Republicano está por fin pagando el precio por su déficit de analistas, su desdén por los conocimientos en, bueno, todo, lo cual ha echado del partido a los expertos. La verdad es que los republicanos llevan mucho tiempo sin escucharlos. Y si no, que se lo pregunten a Fauci. Pero el partido solía tener gente capaz al menos de interpretar el papel. ¿Se acuerdan de Paul Ryan, el expresidente de la Cámara de Representantes? No era realmente un experto en política fiscal. De hecho, si te fijabas bien, era un fraude, pero se le daba bastante bien interpretar el papel de experto político en la televisión. En el Partido Republicano actual resulta difícil encontrar a alguien capaz siquiera de hacer eso. De hecho, cuesta incluso encontrar a alguien que esté realmente machacando el plan económico de Biden. ¿Quién es el rostro de la oposición republicana al Plan de Rescate Estadounidense? No me viene nadie a la mente. Pongámoslo así: los republicanos parecen estar perdiendo el debate económico en parte porque no se molestan siquiera en hacer acto de presencia.

Y otro pensamiento más: tal vez una consecuencia inesperada de la “gran mentira” sobre las elecciones sea que debilita la oposición republicana a las prioridades políticas demócratas. El complejo de medios de comunicación de derechas, aun siendo enorme, tiene que lidiar con la capacidad de atención limitada de sus espectadores y oyentes. Cada hora dedicada a promulgar las teorías conspiratorias sobre el fraude electoral y las falsas operaciones de los antifascistas es una hora que no se dedica a asustar a sus audiencias con la muerte inminente del dólar a manos de los derrochadores demócratas.

De modo que supongo que el espectáculo del amplio apoyo republicano a las políticas de un hombre al que consideran un usurpador tiene sentido en cierta manera extraña. Pero tiene que implicar por fuerza muchísima disonancia cognitiva, lo cual sin duda no será sostenible a lo largo de los años.

Lo que nadie sabe es en qué sentido se derrumbará la disonancia. La mayoría de los economistas del sector privado prevén una rápida recuperación económica el próximo año, probablemente combinada con una enorme sensación de alivio a medida que la pandemia pierde fuerza. ¿Servirán los acontecimientos positivos para poner a los republicanos de parte de Biden? ¿O decidirán que todas las cosas buenas que ocurran son noticias falsas? El futuro político de Estados Unidos depende de la respuesta.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía. © The New York Times, 2021. Traducción de News Clips.

La construcción es pico y pala, y también ciencia (+Video)

 El Presidente de la República indicó que el sector de la construcción debe plantearse como acciones inmediatas, que la ciencia y la innovación estén en la planeación estratégica como un área clave, y desarrollar conexiones entre ciencia, innovación, formación de potencial humano y desarrollo local

Autor: René Tamayo León | internet@granma.cu

26 de febrero de 2021 22:02:55

«Si quienes dirigen los procesos no tienen una cultura de la innovación, no habrá innovación», subrayó el Presidente de la República en el encuentro con científicos e investigadores del sector de la construcción. Foto: Estudios Revolución

Los encuentros del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con científicos y expertos de las más disímiles áreas del conocimiento –incluyendo periódicos intercambios en universidades y centros de investigación–, han sido muy frecuentes desde que inició su mandato. Y serán más sistemáticos y recurrentes a partir de ahora.

Son una necesidad (la impone la urgencia de estos difíciles y complejos tiempos), pero también representan estrategia de futuro. La gestión de Gobierno, basada en la ciencia y la innovación, es en sí misma una visión y un actuar innovadores.

Constituye uno de los tres pilares del ejecutivo nacional, además de la informatización (y dentro de ella el gobierno electrónico –y el comercio «digital»–) y la comunicación social. Y estos dos también son ciencia constituida.

El valor «per se» que tiene presentar propuestas de innovación a la dirección del país «en vivo y en directo» no admite discusión. El sentido común indica que hacerlo supone obligación de implementar, barriendo trabas y viejos hábitos.

Pero la práctica liderada por el máster en Ciencias Miguel Díaz-Canel Bermúdez también debe inducir –por conciencia, mímesis o «imposición»– a un nuevo método de trabajo en todas las instancias estatales, gubernamentales y empresariales a escala nacional, provincial y municipal.

El mandatario comparte por estos días una ponencia sobre el Sistema de Gestión de Gobierno, basado en la Ciencia y la Innovación que debe aplicarse en Cuba. Ofreció el análisis a directivos ministeriales y a científicos e investigadores de la construcción, y horas antes al consejo de dirección y a expertos del ramo de energía y minas. Y anunció que esta práctica se generalizará hacia otros sectores de la producción de bienes y servicios.

 LADRILLO, PIEDRA Y CIENCIA

En la reunión del Jefe de Estado con científicos e investigadores de la construcción, participaron el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, los vice primeros ministros Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez e Inés María Chapman Waugh, y los titulares de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, y de la Construcción, René Mesa Villafaña.

Los representantes del Ministerio de la Construcción (Micons) expusieron que «aplicar ciencia a la industria constructiva y a la producción nacional de materiales de la construcción, para responder a demandas internas y sustituir importaciones, es prioridad hoy en Cuba».

Conceptuaron como objetivos de su programa de ciencia e innovación dar seguimiento a los temas de mayor trascendencia para el desarrollo del sector de las construcciones y la industria de materiales, y tributar a la Estrategia de desarrollo económico-social del país.

También buscan promover la reconversión y el desarrollo sostenible de las industrias del sector «con un mayor empleo de tecnologías de avanzada y una mayor eficiencia y efectividad en el uso de los recursos financieros, materiales y humanos».

Pusieron énfasis así en la «búsqueda de soluciones para introducir nuevas tecnologías en el diseño, las investigaciones, sistemas constructivos de alta productividad y eficiencia, producción y uso de materiales, con plena preservación del medioambiente y la utilización racional de la mano de obra en estrecho vínculo con las universidades y los centros de investigación científico-técnicos».

En el encuentro con Díaz-Canel, la Dirección del Micons presentó los principales proyectos de investigación, desarrollo e innovación (i+d+i) en los que se ha estado trabajando, en aras del desarrollo de la producción de morteros especiales en Cuba, para lo que se han creado capacidades de producción con recursos propios de unas 40 000 toneladas.

También se investiga la sustitución de la fibra de asbesto en la producción de tejas, a partir de fibras naturales como las de coco, henequén, cáscara de arroz, aserrín, bagazo de caña y otras, y la producción de la fibra de polietilenotereftalato (Pet), obtenida a partir de los pomos reciclados de este material para mezclar con colas de la producción niquelífera y hasta un 30 % de fibra de celulosa.

Otros proyectos son el uso de combustibles alternativos en hornos de cementos, la elaboración de polvos abrasivos para la fabricación de muelas para el pulido de losas y terrazos, la producción de elementos de yeso, la obtención de cloruro de hierro iii hexahidratado, la producción de cementos con adición, el desarrollo de la producción de cal, y la utilización de la asfaltita para el bacheo de calles a nivel local.

POR UNA CULTURA DE LA INNOVACIÓN

El Presidente de la República indicó que el sector de la construcción debe plantearse como acciones inmediatas, que la ciencia y la innovación estén en la planeación estratégica como un área clave, y desarrollar conexiones entre ciencia, innovación, formación de potencial humano y desarrollo local.

Orientó aplicar el sistema de gestión de ciencia e innovación a problemas complejos del sector, como ha hecho el Gobierno en el enfrentamiento a la covid-19; consolidar los vínculos con la Educación Superior y las entidades de ciencia y tecnología; y fortalecer el funcionamiento de los consejos técnicos asesores, donde no se eludan las críticas, los cuestionamientos y las contradicciones.

Llamó a sistematizar el diálogo con los científicos; aprovechar las nuevas normas jurídicas para potenciar la ciencia y la innovación; y promover en la preparación y superación de los cuadros, una cultura de la innovación: «Si los que dirigen los procesos no tienen una cultura de la innovación, no habrá innovación», sentenció finalmente el Jefe de Estado.