Este ensayo recorre los hechos ocurridos antes, durante y después del ataque al Congreso de Estados Unidos el pasado 6 de enero, analiza las medidas en proceso para castigar a los sediciosos y a su incitador, y hace recomendaciones de política para impedir que estos hechos se repitan.
14 enero 2021
Introducción
En 1800, John Adams, el segundo presidente de E.U., perdió su reelección para otro mandato contra Thomas Jefferson y entregó pacíficamente su cargo en 1801. En los siguientes 220 años ningún presidente que perdió la relección intentó perpetuarse en el poder contra la voluntad de los votantes. Donald Trump interrumpió esa arraigada tradición en 2020.
En 1814, el secretario de guerra John Armstrong descartó la posibilidad de que, debido a la guerra iniciada dos años antes, 4 mil tropas británicas que se aproximaban a Washington la invadieran, por su escasa importancia militar, así que no había una adecuada preparación para la defensa, aunque 5 mil 500 milicias estadounidenses acampaban cerca. Los ingleses ocuparon la ciudad y quemaron el capitolio que contenía el Senado, la Cámara de Representantes, la Corte Suprema y la biblioteca del Congreso. Por más de 200 años no ocurrió otro ataque al Congreso. El 6 de enero de 2020, alentada por la instigación de Trump, una turba de miles de fanáticos creyentes en las mentiras del presidente sobre unas elecciones fraudulentas, se enfrentaron a un escaso grupo de policías del capitolio, invadieron el edificio causando numerosos destrozos, interrumpieron las sesiones de las dos cámaras que discutían la certificación de la elección legítima de Joseph Biden (contra la impugnación de una minoría de republicanos de extrema derecha), forzaron la huida precipitada de cientos de legisladores y provocaron cinco muertos y decenas de heridos. A pesar de abundantes señales de que podría ocurrir esa tragedia, no había preparación, al igual que en 1884, para defender el capitolio y garantizar el proceso constitucional.
Dos semanas después de proclamar su candidatura presidencial, el autor de este ensayo y el historiador mexicano Enrique Krauze publicamos una declaración en la que criticábamos los rasgos autocráticos de Trump: su discurso de odio apelando a las más bajas pasiones, intolerancia política, xenofobia, autoritaria actitud contra sus opositores, acusación y expulsión de periodistas por hacer preguntas incómodas, agresiones físicas de sus guardaespaldas y secuaces contra manifestantes pacíficos, y ataques verbales no basados en pruebas sino en su opinión infundada La declaración fue firmada por 68 prestigiosos hispanos intelectuales, científicos, académicos y artistas (incluyendo dos premios Nobel) y publicada en Estados Unidos, México y España.
El carácter autoritario de Trump fue ampliamente comprobado en sus cuatro años como presidente. Él expresó su admiración por autócratas como Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de China, Kim Jong-un de Corea del Norte, Víktor Orban de Hungría, Recep Tayyip Erdogan de Turquía y Rodrigo Duterte de Filipinas, por su habilidad de actuar decisivamente sin los controles de un gobierno democrático. Por el contrario, Trump peleó con varios líderes democráticos occidentales, incluyendo a la Unión Europea y Canadá, dijo que la OTAN era obsoleta y tachó de “enemigos del pueblo” a los medios de comunicación opositores (una frase usada por Stalin). Despidió a decenas de altos funcionarios estadounidenses porque no se plegaron a sus deseos y tornó secretarías y agencias federales en instrumentos de su poder, incluyendo al fiscal general que se convirtió en su abogado personal. En la primera cima de la pandemia declaró que él tenía “autoridad total” sobre los estados y durante sus cuatro años de gobierno insistió que rechazaría como espuria una elección que no le diera la victoria, también amenazó que podría prorrogarse en el poder e incluso tener un tercer mandato presidencial. Desde que fue inaugurado hasta mediados de 2020 había dicho más de 20 mil mentiras, la gran mayoría para avanzar sus intereses y quebrar la democracia, pero la peor fue alegar que le robaron las elecciones. A fines de 2019, Trump fue encausado por el congreso (impeachment) acusado de intentar subordinar la ayuda militar estadounidense a Ucrania por millones de dólares, a cambio de que su presidente le entregase evidencia para desacreditar la candidatura de Biden; todos los senadores republicanos votaron en contra salvo Mitt Romney. Estas acciones han sido calificadas como modelos del autoritarismo en el siglo XXI por Ruth Ben-Ghiat (Hombres fuertes de Mussolini a Trump, 2021).
Este ensayo resume la incitación de Trump a las turbas violentas que atacaron al congreso y sus consecuencias, discute si fue sedición, insurrección, terrorismo interno o intento de golpe de estado, evalúa los efectos internos y externos de la intentona trumpista, analiza las medidas en proceso para castigar a los sediciosos y a su incitador, y hace recomendaciones de política para impedir una repetición de estos hechos.
La incitación y el intento de sedición
Por dos meses después de las elecciones del 6 de noviembre, Trump tildó las mismas, sin prueba alguna, de fraudulentas y de “robo histórico”. Con su desacreditado abogado Rudy Giuliani (que exhortó a “tener un juicio por combate”, una práctica medieval) y otros letrados, presentó más de 60 demandas en tribunales de la nación, todas las cuales fueron desestimadas por falta de evidencia, incluyendo a la Corte Suprema con los votos de los tres nuevos miembros conservadores nombrados por Trump. Su campaña generó donaciones por 250 millones de dólares que probablemente se embolsará el mandatario.
Los republicanos apoyaron incondicionalmente a Trump, primero en la creencia de que podrían controlarlo y beneficiarse de él (como ocurrió en Alemania con Hitler), después se plegaron al mandatario cuando entendieron el enorme poder que tenía y que, si lo criticaban, los denunciaría como traidores y perderían el apoyo de su base fanática, lo cual les costaría la elección. El día anterior a la insurrección, la representante republicana Mary Miller de Illinois, en un discurso en el capitolio, alabó a Hitler por su campaña de adoctrinamiento de la juventud alemana (NYT, 9/1/21).
El 2 de enero, Trump tuvo una conversación telefónica (grabada) con el republicano secretario de Estado de Georgia Brad Raffensperger y por una hora lo presionó para que “consiguiera 11 mil votos” (algo más del margen con que ganó Biden), alegando que había habido diversos fraudes y repitió 30 veces que él había ganado la elección; además le advirtió que, si se negaba, estaría cometiendo una ofensa criminal. Raffensperger recusó con pruebas, una por una, las falsas alegaciones del presidente y aseveró que las elecciones habían sido limpias (CBS “60 minutes”, 10/1/21). Al día siguiente, después que Trump tuiteó una versión falsa de la conversación, un resumen de la grabación fue publicada en la primera página del NYT. El presidente igualmente apeló sin éxito a los gobernadores republicanos de Georgia y Arizona, convocó a la Casa Blanca a los legisladores republicanos de Michigan para que cambiasen los resultados electorales, y al líder republicano de la Cámara de Representantes de Pennsylvania con igual objetivo. Trump también presionó al vicepresidente Mike Pence para que este apoyara en el Congreso la impugnación de varios republicanos contra la elección legítima de Joseph Biden (tanto por siete millones en el voto popular como de 306 votos electorales versus 232 Trump), bajo su creencia errónea de que el vicepresidente tenía el poder para bloquear la certificación por parte del Congreso de la victoria de Biden en los 50 estados de la Unión, revertir el resultado electoral y darle un segundo mandato presidencial. De hecho, esa acción era imposible porque requería el voto mayoritario de las dos cámaras y los demócratas controlaban la de Representantes, como le advirtió el propio Pence.
En la mañana del día 6, un iracundo presidente exhortó a sus partidarios intransigentes, reunidos en la Elipse cerca de la Casa Blanca, a que marcharan hacia el Congreso, a unas cinco manzanas de distancia, a fin de revertir la elección de Biden; a que apoyaran a los congresistas republicanos que objetaban dicha elección en algunos estados, castigaran a los republicanos traidores que se oponían a la impugnación (criticó a Pence calificándolo de “flojo”): “Tienen que luchar mucho más duro… mostrar más fuerza… para parar el robo… si no pelean como demonios, no tendremos un país… voy a marchar junto a ustedes al congreso”, lo cual por supuesto no hizo (NYT, 11/1/21). Sus hijos mayores también participaron en la instigación: Donald llamó a los secuaces a “luchar contra una elección corrupta”, mientras que Eric declaró “nunca, nunca dejaremos de pelear”. Ivanka primero envió un tuit calificando a los sediciosos de “patriotas americanos” pero, al tornarse más violentos, pidió que cesaran y exhortó a su padre a que apelase a la calma (Kate Bennett, CNN, 8-1-21).
Una turba de decenas de miles de personas predominantemente blancas, algunas armadas (se encontraron bombas y once cocteles Molotov), portando banderas (incluyendo confederadas y trumpistas), varios con camisetas antisemitas o neonazis (“Camp Auschwitz”), atacaron a una parca escolta que defendía el Capitolio, rompieron ventanas e irrumpieron en el recinto, donde destrozaron muebles y objetos de arte, sustrajeron “trofeos”, dispararon al aire, se sentaron en las sillas presidenciales de las dos cámaras y en la oficina de la líder de la Cámara (tomando auto fotos), en la que regaron documentos en el piso y robaron dos computadoras portátiles con información clasificada. Además, intentaron entrar al recinto donde se reunían los legisladores, pero la puerta fue atrincherada por guardias capitolinos armados, los cuales escoltaron el escape de los congresistas a un lugar seguro. Un ayudante rescató las dos cajas que contenían los certificados de los votos, asegurando que los vándalos no robasen –literalmente– los resultados de la elección. Cinco personas murieron debido a los incidentes (incluyendo dos policías) y decenas fueron heridas; un policía fue arrastrado escaleras abajo en el Capitolio y golpeado brutalmente por la horda. Fue un milagro que ningún legislador fuese asesinado y que no hubiese más bajas. También hubo ataques armados y asaltos a varias capitales estatales.
Un video tomado dentro de una carpa en los jardines de la Casa Blanca muestra a Trump y sus tres hijos mayores junto con unas 20 personas, todos siguiendo alborozados en varios televisores la turba que se dirige al Congreso. En un ambiente de fiesta general, Donald hijo se dirige a la cámara y observa que la manifestación está cerca del monumento en Washington, dice que debe haber 100 mil personas, les da las gracias por su apoyo y amor, “algo increíble, una belleza”; la novia de Donald los califica de “patriotas” (Video-2021-01-07-22-05).
A pesar de los desmanes subsiguientes y la invasión del congreso por la turba, Trump no llamó a la Guardia Nacional para que terminase el caos. Esta actitud fue contraria a la que tomó en junio del año pasado cuando, frente a una multitud con predominio de afroamericanos (no de blancos sediciosos) que protestaba pacíficamente frente a la Casa Blanca contra el asesinato del afroamericano George Floyd por la policía (el movimiento Black Lives Matter), ordenó a 5 mil tropas militares que disolvieran brutalmente la manifestación con gases lacrimógenos, a fin de él poder salir y tomarse una foto en una iglesia cercana con una biblia en la mano. La candidatura de Trump se basó en “la ley y el orden”, pero él auspició el mayor caos y la peor violación constitucional en la historia de la república.
En la tarde del día 6, un apesadumbrado Biden se dirigió a la nación por televisión pidiéndole calma y exhortando a la unidad, pero afirmó que lo que ocurría no era protesta sino una “insurrección”. “Nuestra democracia está siendo asaltada, como nunca antes en tiempos modernos”, dijo, y conminó a Trump a que cumpliera con su juramento de defender la constitución y terminara con el “asedio” (NYT, 7/1/21). Varios republicanos influyentes también rogaron al presidente que lo hiciese. Fue Pence, que presidía la interrumpida sesión del Senado, quien condenó la violencia y ordenó a la Guardia Nacional que la terminase, lo que provocó la crítica de Trump y gritos de “cuelguen a Pence” por los sediciosos. El presidente, al fin, hizo una breve alocución en video en la que pidió a los sediciosos que volvieran a sus hogares, pero alegando que el vandalismo había sido provocado por el fraude electoral, advirtiéndoles que sus acciones estaban siendo usadas por el “enemigo” (los demócratas), y alabándolos como “especiales”. Después de esto, Twitter bloqueó a Trump el acceso a su cuenta, primero por 12 horas y después permanentemente (debido al peligro de que el presidente instigara nueva violencia), una acción también implementada por Facebook, Google, Amazon, Apple e Instagram, la cual sacó cerró las principales vías de comunicación del mandatario, algo sin precedente en la nación.
Una vez que los atacantes fueron evacuados del Congreso y restaurada la calma por la Guardia Nacional (poco antes de que comenzara el toque de queda, a las 6 de la tarde), los legisladores reanudaron la sesión de certificación. En la misma, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, un devoto aliado de Trump, imploró a los senadores que no continuasen obstruyendo los resultados de las elecciones y provocasen un voto divisor, porque no tenían posibilidad de triunfar. El senador por Utah y excandidato presidencial Mitt Romney condenó la incitación de Trump y a los republicanos que objetaban la elección de Biden. Debido a todo esto, y abrumados por lo ocurrido, un grupo pequeño pero importante de republicanos que habían apoyado la objeción cambiaron su postura inicial, incluyendo al devoto Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur quién proclamó la legitimidad de la elección de Biden y Harris, aunque, debido a la fuerte crítica de los trumpistas, dos días después retomó su diatriba contra los demócratas. Solo ocho senadores republicanos (15% del total) y 139 representantes republicanos (dos tercios del total) votaron en favor de la impugnación de Biden, la mayoría procedente de los estados de Texas (17) y Florida (13). Entre ellos estuvo el senador Josh Hawley de Missouri, que había dado la bienvenida a los sediciosos y, después del asalto, fue el primero en “defender el derecho de enfrentar el fraude” en Pennsylvania, aduciendo falazmente que no habían podido recurrir a la corte suprema del estado (de hecho, lo hicieron y la demanda fue denegada por falta de evidencia).
También mantuvo su impugnación el senador Ted Cruz de Texas: “hemos visto alegaciones sin precedente de fraude en el voto”, dijo sin mostrar evidencia alguna; esto a pesar de que él y su familia habían sido difamados por Trump durante la campaña de las elecciones primarias en 2016.
La sesión legislativa terminó a las 3:30 de la madrugada con una aplastante derrota de los republicanos objetantes y la proclamación de Biden como presidente.
Al tiempo que ocurría la insurreción, los dos candidatos demócratas al Senado en la elección de Georgia fueron elegidos: el pastor bautista afroamericano Raphael Warnock –primer senador negro por un antiguo estado confederado– y el cineasta judío Jon Ossoff, símbolos de la diversidad tan odiada por los trumpistas. Ellos dieron el 50% de los votos en el Senado a Biden, que sumados al de la vicepresidenta Kamala Harris le dan la mayoría, en un triunfo doble de la democracia. Con su egolatría, insistente reclamación que le había sido robada la elección y descrédito del voto como fraudulento, Trump contribuyó a la derrota de los dos candidatos republicanos y la pérdida del Senado.
Al día siguiente (jueves 7) debido a la derrota en el Congreso, la crítica generalizada a su incitación, demandas de renuncia y el peligro de que fuese declarado “incapaz” para continuar en su cargo o juzgado de nuevo por el congreso, Trump cambió radicalmente su retórica, leyendo un mensaje del teleprompter; en el mismo condenó a la violencia y la destrucción de la propiedad como una violación a la ley y el orden (“los que violaron la ley serán castigados”), afirmó falsamente que él había llamado a la Guardia Nacional (fue Pence quien lo hizo), aseguró que habría una transición pacífica y ordenada (sin admitir su derrota ni mencionar a Biden), y clamó por unidad y reconciliación para enfrentar la pandemia y reconstruir la economía; sin embargo, reiteró que la elección le había sido robada, dijo que amaba a los sediciosos, y les prometió: “nuestra increíble jornada está solo comenzando”, o sea, que continuaría su tortuosa conducta (CNN, 7/1/21). En otro cambio de opinión (tres veces en tres días) el viernes 8, volviendo a su tono desafiante, Trump aseveró que seguiría siendo una fuerza potente en la política norteamericana, agregó que no renunciaría y repudió su video moderado del día anterior en que condenó la violencia y prometió una transición pacífica, pero declaró que no asistiría a la inauguración de Biden, el primer presidente en 150 años en hacer esto. El día 12, en una visita al muro anti-inmigratorio en Texas, un jactancioso Trump declaró que su incitación al motín había sido “totalmente apropiada” (NYT, 13/1/21).
Periodistas de la conservadora Fox News, como Sean Hannity y Laura Ingrahan, han justificado la conducta de Trump y la insurrección como una reacción contra “antifa” (activistas de izquierda antifascistas), afirmando falsamente que había infiltrado a los manifestantes, y también han culpado al movimiento Black Lives Matter (Fox News, 6/1/21 y 8/1/21). Igualmente han alegado esto Sarah Palin, excandidata republicana a la vicepresidencia en 2008, y el archiconservador representante por Florida Matt Gaetz (NYT, 8/1/21)
¿Cómo pudo ocurrir la “toma” del Congreso?
Una clarísima señal de peligro fue la ocupación del capitolio de Michigan el 30 de abril de 2020, tras la incitación de Trump “liberen Michigan”; él antes había exhortado a sus prosélitos a que apresaran a la gobernadora Gretchen Whitmer y hubo un intento fallido de secuestro y de colocar explosivos en el capitolio. Una pandilla de blancos portando armas automáticas y en atuendo militar irrumpieron en el recinto cuando los senadores estaban en sesión. La senadora Sylvia Santana, quien sufrió el asalto, expresó que “Michigan fue el precursor de lo que ocurrió [en el Congreso en Washington]” (NYT, 10/1/21). No hubo mayores incidentes con la policía y solo dos arrestos.
El 4 de enero, la policía metropolitana arrestó al líder de la milicia de extrema derecha Proud Boys por quemar una bandera de Black Lives Matter robada de una iglesia afroamericana, y le confiscó armas. En la noche siguiente, la víspera de la insurrección, 2 mil levantiscos se reunieron en Washington en la concentración llamada “Save America”, respondiendo al exhorto de Trump para la marcha al congreso el día 6. El orador principal expuso las teorías falsas del robo electoral y atacó a los “enemigos”: los demócratas, los republicanos traidores, los comunistas y los satanistas; otro orador clamó “es hora de hacer la guerra”. Varios de los asistentes portaban garrotes, cuchillos y pistolas, entre ellos miembros de la milicia neofascista cuyo jefe había sido arrestado, los cuales gritaban “ya no retrocederemos más” (NYT, 10/1/21). Otras plataformas informáticas, incluyendo a las que apoyan conspiraciones como QAnon, habían enviado a lo largo de semanas miles de mensajes convocando a la concentración, organizándola y anunciando que pelearían por su causa. Numerosos autobuses transportaron a activistas de varios estados, y se habían expedido permisos para 30 mil manifestantes; ya se ha descrito la instigación de Trump y sus hijos para que marchasen al capitolio.
Seis días antes del asalto, Maxine Waters, representante demócrata por California, interrogó por espacio de una hora al jefe de la policía del Capitolio, Steven Sund, sobre su preparación para una probable revuelta: si las azoteas estaban seguras, si las calles serían bloqueadas, si sabía que grupos violentos estaban preparados para sembrar el caos: “Él me aseguró que todo lo tenían bajo control y que estaban preparados contra cualquier evento” (NYT, 8/1/21)
Más aún, la policía del capitolio rechazó ofertas de ayuda de la Guardia Nacional y el FBI, alegando que querían evitar usar la fuerza federal contra estadounidenses, como había ocurrido en junio. Las fuerzas del “orden” estaban preparadas para la supuesta violencia de los afroamericanos que se habían manifestado pacíficamente en Washington en junio, pero asumieron que la marcha de extremistas blancos trumpistas sería pacífica, un evidente doble estándar racista. Aunque muchos policías del Capitolio lucharon valientemente contra los agresores y defendieron a los legisladores, se ha iniciado una investigación contra al menos 12 de ellos, que colaboraron o fueron amistosos con los sediciosos: varios policías se tomaron fotos con los asaltantes, otro abrió una puerta del congreso a la turba (ha sido acusado por ello), uno que portaba una gorra trumpista dio direcciones a los asaltantes y varios condujeron calmadamente a los invasores fuera del Capitolio. Los dos sargentos encargados de la seguridad en el Senado y la Cámara renunciaron, acusados de rechazar el pedido de protección por la guardia capitalina (Kellie C. Jackson, “The inaction of capitol police was by design”, The Atlantic, enero 2021; NYT, 12/1/21).
El presupuesto de la policía del Congreso excede los 460 millones de dólares anuales y cuenta con 2 mil oficiales que protegen dos millas cuadradas; dichos oficiales son la mitad de la fuerza policíaca entera de Washington D.C. Supuestamente, el congreso es uno de los edificios más seguros en el mundo. Las hordas que arribaron primero no eran mayores que las que la policía enfrenta de forma rutinaria. Pero en minutos la cerca externa colapsó y los oficiales estaban en franca retirada, y después parecieron evaporarse, cediendo el edificio a los atacantes. No hubo inteligencia ni estrategia previa, y la policía no portaba armas automáticas. “Es el mayor fracaso policíaco en la historia de los Estados Unidos” (Stephen Voss, “Behind the strategic failure of the capitol police”, Politico, 8/1/21). La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, que decretó el toque de queda en la capital el 6 de enero, telefoneó a la 1:30 de la tarde al secretario del Ejército, Ryan McCarthy pidiéndole refuerzos de la Guardia Nacional. Los oficiales del Pentágono pidieron detalles sobre capacidades y para qué quería los refuerzos, “tiene que haber un determinado sentido de urgencia, no de pánico”; además alegaron que la petición debería ser hecha por la guardia del Capitolio. Pasaron 90 minutos antes de que se cumpliesen estos increíbles trámites burocráticos y aún más tiempo para que llegase al Congreso el equipo de protección (Scott Calvert et al, “In capitol riot…”, Wall Street Journal, 9/1/21). Después del análisis anterior, es iluso creer que todo fue negligencia o ineptitud: la conclusión lógica es que Trump estuvo activamente implicado en la fallida defensa del Capitolio.
Los oficiales encargados de la seguridad del congreso intentaron explicar su fracaso, alegando pasmosamente que no tenían señales de que la manifestación se tornaría violenta. Debido a la protesta de los legisladores por la brecha inexplicable en la seguridad del congreso y la obvia falta de preparación para contener a la muchedumbre que lo asaltó, el jefe de la policía del Capitolio renunció.
El desastre podría repetirse en los últimos días de la administración de Trump si no se toman las precauciones necesarias. Grupos de extrema derecha estaban enviando mensajes por plataformas informáticas (Parler, Telegram, TheDonald.win, las mismas empleadas en la rebelión del 6 de enero y que proclaman como “héroes” a los insurrectos), convocando a otro atentado violento el 20 de enero, el día de la toma de protesta de Biden. “Regresaremos el 19 de enero, portando armas, en apoyo de nuestra misión, ¡lo cual el mundo jamás olvidará! Iremos en tal número que ningún ejército ni policía podrá contener… La segunda ronda será el 20 de enero. Esta vez no habrá piedad…. queremos la guerra”. Trump no asistirá a la ceremonia de investidura y ha renunciado el secretario interino de Seguridad Interior, que incluye al Servicio Secreto, lo cual facilitaría un atentado contra Biden en ese día. Según Frank Figliuzzi, exdirector asistente del FBI: “Hay preocupación creciente de que los extremistas violentos, envalentonados por el asalto al Capitolio, actúen de nuevo” El Servicio de Parques Nacionales que otorga los permisos para manifestaciones en Washington, ha informado que hay 16 solicitudes de trumpistas para realizar protestas. El Servicio Secreto dijo estar supervisando la seguridad para la ceremonia de toma de protesta (Anna Schecter, NBC News, 8/1/21). La alcaldesa de Washington D. C. envió una fuerte carta al Departamento de Seguridad Interior, pidiendo que los preparativos de protección se implementasen el 17 de enero en vez del 19 como estaba planeado. Más aún, hay amenazas de ataque contra las capitales de los 50 estados. Las autoridades del Distrito de Columbia han declarado el estado de alerta, creado una coordinación entre todas las agencias de seguridad, movilizado a 15 mil elementos de la Guardia Nacional para proteger el capitolio, y erigido una zona de protección alrededor del edificio con puntos de control de vehículos, detectores de metales, revisiones de seguridad, etc.; También capitales estatales han tomado precauciones.
Insurrección, sedición, terrorismo interno o golpe de Estado
La definición legal de sedición prescribe: “quienquiera que incite, asista o se implique en una rebelión o insurrección contra la autoridad de los Estados Unidos o sus leyes o provea ayuda, será multado o sancionado a prisión por no más de diez años o ambos y será incapaz de ocupar cualquier oficina de los Estados Unidos”. Muy similar es la descripción de insurrección: “Un levantamiento o rebelión contra el gobierno, usualmente manifestado por actos de violencia contra el Estado y sus funcionarios. Bajo la ley federal es un crimen incitar, asistir o implicarse en tal conducta; el castigo es igual al de la sedición (18 US Code, sección 2383, West enciclopedia of American Law, 2008).
En su alocución el día del asalto, Biden dijo que este “circundaba la sedición” y la Asociación Nacional de Manufactura recalcó: “es sedición”.
Un golpe de Estado es un intento ilegal de tomar el poder usando la fuerza, usualmente con participación militar o tropas de seguridad o grupos organizados; técnicamente eso no es lo que ocurrió en los E.U. Pero, cada vez con mayor frecuencia en el mundo, las democracias colapsan gradualmente, por ejemplo, en Rusia, Turquía, Hungría y Venezuela, un gobernante elegido democráticamente de forma sistemática coarta las libertades y después cambia la ley para reelegirse y perpetuarse en el poder; la primera parte de este enfoque se aplica perfectamente a Trump y la segunda parte podría haber ocurrido si hubiese triunfado en su intento de revertir la elección presidencial (Amanda Taub, “Tumultuous day, but a coup attempt?, NYT, 8/1/21).
El columnista Thomas Friedman, un conservador crítico de Trump, opinó que este “intentó el primer golpe de estado legislativo en la historia de E.U.”, acusó a los senadores Hawley y Cruz de “golpistas” y predijo que Trump continuará creando graves conflictos (“Never forget Republicans plotted a coup”, NYT, 6/1/21). El periodista Andrés Oppenheimer calificó el asalto al congreso como “un ejemplo clásico de ‘autogolpe’” como el que intentó para un cuarto mandato Evo Morales en Bolivia en 2019 (“Donald Trump y su intento de autogolpe de Estado”, El Nuevo Herald, 6/1/21).
Terrorismo doméstico es un crimen definido desde 2001 como “actos violentos cometidos dentro de los Estados Unidos en violación de leyes criminales federales o estatales, con la intención de intimidar o coaccionar a la población civil, influenciar la política del gobierno por intimidación o coacción o afectar la conducta del gobierno por destrucción masiva, asesinato o secuestro” (Chicago Tribune, 7/1/21). El director de comunicaciones del Comité Nacional Republicano calificó los sucesos como “terrorismo interno” (AP, 6/1/21).
Las definiciones legales anteriores no dejan dudas en cuanto a que Trump cometió los crímenes de insurrección, sedición y terrorismo interno, mientras que estuvo a punto de realizar un golpe de Estado, aunque no pudo completarlo.
Efectos de la fallida intentona en Estados Unidos y en el exterior
El día posterior al motín, varios ayudantes de la Casa Blanca renunciaron en protesta (aunque se especula que algunos lo hicieron en el último minuto para salvar su reputación): el asesor y ex jefe de gabinete Mick Mulvaney, el asesor adjunto de Seguridad Nacional Matthew Pottinger, el jefe del Consejo de Asesores Económicos Tyler Goodspeed, el asesor de seguridad Robert O’Brian, la secretaria social Rickie Niceta y la jefa del equipo de la primera dama Stephani Grisham, así como las secretarias de Educación Betsy DeVos y de Transporte Elaine Chao (la esposa del líder republicano del Senado McConnell); más tarde renunció el secretario de Seguridad Interior Chad Wolf. Otros funcionarios decidieron permanecer en sus cargos para evitar daños y peligros mayores. Por otra parte, el oficial de prensa del departamento de Estado Gabril Noronha fue despedido de inmediato tras enviar un tuit en el que afirmaba que Trump “está totalmente incapacitado para permanecer en la presidencia y tiene que renunciar” (NYT, 9/1/21). La senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski declaró que estaba considerando dejar el partido Republicano: “Quiero que salga Trump, ya ha causado bastante daño”; mientras que la senadora republicana por Maine Susan Collins dijo que se sentía insultada por el rol de Trump en la violencia.
El peligro que representaba Trump para la nación y el mundo en sus últimos días en la Casa Blanca era substancial, pues estaba dispuesto a cometer cualquier crimen o promover una conflagración internacional para mantenerse en el poder. Bastan dos ejemplos. Su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, condenado por graves delitos confesados y perdonado después por el presidente, se reunió con este en la Casa Blanca e hizo un llamado para imponer la ley marcial, levantando el temor de que la usase para recontar los votos en varios estados que Trump perdió o respaldar una intervención armada en Irán. Simultáneamente, el secretario de Defensa interino Christopher Miller informó que Irán podría atacar tropas o diplomáticos estadounidenses en el Golfo Pérsico. El 3 de enero, los diez ex secretarios de Defensa vivos firmaron una carta urgiendo a la nación y a los militares a que aceptasen que la elección estaba hecha y que había pasado el tiempo para cuestionar sus resultados, así como que los militares no deberían ser usados para fines políticos. La directora del programa de Estados Unidos en Chatham House en Londres comentó que esos funcionarios claramente advirtieron a los agentes del Pentágono que era esencial mantener su juramento a la Constitución y no intervenir en política. Igual advertencia hizo la directora en Berlín del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Sophia Gaston: que los ex secretarios de Defensa “vieran una razón para escribir esa carta es espantoso” (NYT, 6/1/21). Para evitar que un presidente mentalmente inestable pudiese cometer otro acto peligroso, Nancy Pelosi la líder de la Cámara, tuvo que pedir al jefe del equipo militar de la Casa Blanca que impidiese al presidente el acceso a los detonadores nucleares.
Richard Hass, presidente del Consejo de Relaciones Extranjeras de Estados Unidos, declaró: “Hemos visto imágenes que nunca pensé que ocurrirían en este país…Nadie en el mundo probablemente respetará, temerá o dependerá en nosotros de la misma manera en el futuro. Si la era post-americana tiene una fecha de inicio, es ciertamente hoy” (NYT, 9/1/21). El ex secretario de Defensa James Mattis afirmó que Trump había fomentado la rebelión de la turba, aupado por los seudo líderes políticos republicanos “cuyos nombres quedarán en la infamia como cobardes” (CNN, 7/1/21).
Mientras tanto, el FBI y otras agencias federales han arrestado a 55 sospechosos y han iniciado procesos al menos contra 13 atacantes, incluyendo al Derrick Evans, delegado elector republicano de Virginia Occidental, y a Richard Barnett, quien colgó en internet su foto sentado en la silla del escritorio en la oficina de Pelosi, así como al supremacista blanco que salió en múltiples videos con su cara pintada y un casco vikingo con cuernos. Se investiga a 170 sospechosos, varios conectados con organizaciones terroristas internas, basados en 100 mil pistas (incluyendo fotos y videos del asalto). La reacción contra la traición de Trump ha tenido repercusiones económicas para este y su emporio: grandes corporaciones, como Coca Cola y Marriot, han declarado que no harán donaciones políticas a los republicanos (a pesar del enorme recorte de sus impuestos por Trump); bancos que le prestaban sumas sustanciales han cortado sus lazos, y sus hoteles están sufriendo fuertes pérdidas. Entre sus aliados, Rudy Giuliani está siendo investigado por la Asociación de Abogados de Nueva York para expulsarlo.
En el exterior, los países amigos de los EE.UU. lamentaron la insurrección trumpista y el daño moral que ha causado para la defensa de la democracia mundial contra regímenes tiránicos o autocráticos, mientras que los enemigos la aprovecharon para proclamar el declive de la democracia (NYT, 7/1/21 y 9/1/21).
En Alemania, la canciller Angela Merkel, objeto de múltiples ataques por Trump, trazó paralelos con el incendio al parlamento en Berlín (Reichstag) por los nazis en 1933, manipulado por Hitler para tomar el poder, así como el ataque a dicho edificio el pasado agosto por una turba de extrema derecha que protestaba por una supuesta restricción a las libertades necesaria debido a la covid-19. La portada de la revista Der Spiegel (7/1/21) mostró a Trump con una cerilla prendida en su mano y un trasfondo de llamas, con el cintillo “El diablo incendiario: El presidente incendia su país”. El presidente Emmanuel Macron, que intentó sin éxito establecer una relación amistosa con Trump, expresó: “el templo de la democracia americana ha sido atacado y sus ideas universales han sido subvertidas”. El primer ministro Boris Johnson, un fuerte aliado de Trump, criticó las “desgraciadas escenas en Washington”. El principal periódico austriaco dijo: “la más antigua y perdurable democracia estuvo al punto del abismo… si esto pudo suceder en Washington, con sus fuertes instituciones democráticas, nadie es inmune”. El periódico israelí Haaretz: “Los dictadores y hombres fuertes en todo el mundo están ahora eufóricos celebrando lo ocurrido”. O Globo (Brasil): “los Estados Unidos ha caído al nivel de países latinoamericanos”.
Por otra parte, el presidente iraní declaró que lo sucedido en Washington “demuestra lo frágil y vulnerable de la democracia occidental”. A pesar de la estrecha relación entre Putin y Trump, el canal estatal Rossiya 24 dijo que los E.U. ahora sufría en carne propia el fruto violento de sus intervenciones en el extranjero. El ministerio de Asuntos Exteriores chino se mofó: “Los mismos dirigentes americanos que ahora condenan la turba en Washington habían exaltado como héroes a los manifestantes que invadieron la legislatura en Hong Kong”. En Cuba, el periódico Granma, órgano del partido Comunista, destacó en un titular de primera plana: “Rompen las vitrinas de la ‘democracia’ con que Estados Unidos ha pretendido dar lecciones al mundo”, mientras que Juventud Rebelde, el segundo en importancia de la prensa oficial, destacó “Colapsa la democracia en los Estados Unidos” (7/1/21).
¿Será juzgado Trump por su intento de insurrección o sedición?
Tres medidas pudieran despojar a Trump de la presidencia. La primera es su renuncia; Pelosi apeló, sin éxito, a los legisladores republicanos para que lo exigieran a Trump; el conservador diario Wall Street Journal en un editorial demandó que Trump renunciase (7/1/21). La segunda es aplicar la Enmienda 25 de la Constitución, que dispone reemplazar al presidente cuando sea “incapaz de desempeñar los poderes y obligaciones de su cargo”; este proceso deber ser iniciado por el vicepresidente y ser aprobado por la mayoría del gabinete del presidente; más de cien legisladores apoyaron esta acción y Pelosi intentó hablar por teléfono con Pence, pero este la tuvo 20 minutos esperando y no respondió (entrevista a Pelosi, “60 minutes”, CBS, 10/1/21). Los representantes republicanos rechazaron la medida.
El martes 12, la Cámara pasó una resolución dando 24 horas a Pence y al gabinete para que invocase la Enmienda 25. La tercera acción es el encausamiento presidencial por el Congreso (“impeachment”), que ha convertido a Trump en el primer presidente en la historia estadounidense en ser encausado dos veces, basado en un artículo por su “incitación violenta contra el gobierno de los Estados Unidos”. En caso de ser condenado, no podría postularse de nuevo a la presidencia. El miércoles 13, todos los demócratas y 10 republicanos en la Cámara (232 contra 197) aprobaron el encausamiento, pero este requiere el voto de dos tercios de los senadores (hasta el momento, solo 12 senadores republicanos han dicho que votarían en favor, y se necesitan 17). Dicho cuerpo está en receso hasta el día 19, por lo que tendría que ser convocado de emergencia. McConnell ha dicho que apoyará el encausamiento. Si no hay tiempo suficiente para concluir el proceso antes de que termine el período de Trump, puede ser legalmente continuado después; a partir del día 20 entrará el nuevo senado con mayoría demócrata.
Biden ha dicho que él no se involucrará en el encausamiento, pero tampoco lo impedirá. No obstante, dicho proceso durante los 100 primeros días de su mandato sería una seria distracción para las acciones que el nuevo presidente debe tomar de inmediato (también para el Congreso), como implementar su estrategia para contener la covid-19, incluyendo acelerar las tareas de vacunación; aprobar un paquete mayor de ayuda para reavivar la economía; retornar al acuerdo mundial contra el calentamiento global; negociar un nuevo tratado nuclear con Irán; renovar el acuerdo a punto de expirar de control de armas nucleares con Rusia; y revertir las políticas inequitativas de Trump como la reducción de impuestos a los más ricos, establecer un mayor salario mínimo y crear un sistema de salud universal. Para resolver el obstáculo, se ha propuesto que el encausamiento inicie, pero se suspenda hasta pasados los primeros 100 días de la nueva administración; también una “bifurcación” en el Congreso que dedicaría la mitad de su tiempo a las medidas de Biden y la otra mitad al juicio.
Una experta legal opina que fue el Congreso el atacado y es el Congreso quien debe actuar; el poder ejecutivo no debería intervenir, pues esto sería adjudicar el poder de la rama legislativa quien tiene la responsabilidad constitucional de vigilar la violación de la ley por el presidente, “la alternativa de ir despacio, o peor, de no tomar acción, creará un sentido de impunidad” (Jamelle Bouie, NYT, 9/1/21). Varios republicanos que sin justificación legal impugnaron la elección legítima de Biden, causando profunda división en su partido, ahora imploran en nombre de la unidad que no haya encausamiento.
Otras alternativas tendrían que esperar a que Trump pierda su inmunidad. Una es que sea encausado por el Fiscal General. Biden ha propuesto para el cargo a Merrick Garland (nominado por Obama a la Corte Suprema y bloqueado por los republicanos), otorgándole absoluta independencia –a diferencia del anterior fiscal, William Barr, quien se convirtió en el abogado de Trump y su defensor incondicional– aunque ha dicho que no se opondría si el fiscal encausase a Trump. El presidente podría en sus días finales perdonarse a sí mismo y a otros miembros de su familia involucrados en varios delitos. No hay antecedente de esa acción, que no ha sido puesta a prueba por la judicatura, y existe división sobre su legalidad entre los juristas, pero estos concuerdan que sentaría un peligroso precedente. El perdón protegería a Trump de acusaciones federales, pero no contra demandas estatales de responsabilidad criminal o civil, como están interpuestas, entre otros, por el distrito de Nueva York.
El premio Nobel Paul Krugman nota que la historia nos enseña que el apaciguamiento de los fascistas solo los envalentona para ir más lejos: “La lección de los extremistas trumpistas es que ellos pueden atacar las instituciones clave de la democracia americana sin sufrir sus consecuencias, lo cual los anima a nuevas violaciones… es esencial que haya ‘toma de cuentas’ por los crímenes cometidos en los últimos cuatro años” (“Appeasement got us where we are”, NYT, 8/1/21). Según la ley, la incitación a la insurrección o la sedición por Trump es sancionable hasta 10 años de prisión y este crimen no debe quedar impune; es fundamental que sea procesado de una forma u otra para desterrar la Gran Mentira del fraude electoral, evitar una repetición de sus transgresiones, impedir su potencial candidatura en 2024, y prevenir que otros autócratas como él se atrevan a intentar una insurrección futura.
Aprovechar las lecciones pasadas para proteger mejor el futuro
De la sedición y la trayectoria ignominiosa de Trump hay que extraer lecciones para impedir que se repitan las transgresiones a la democracia estadounidense. Siguen algunas acciones esenciales que podría implementar la administración de Biden y el nuevo congreso demócrata:
- Reemplazar la elección presidencial a través del Colegio Electoral por el voto directo de los ciudadanos. En los últimos 20 años, dos candidatos presidenciales perdieron a pesar de ganar el voto popular.
- Terminar con las prácticas que restringen el acceso al voto a minorías, como afroamericanos e hispanos, así como la división injusta y arbitraria de distritos electorales para conseguir ventajas electorales (el llamado gerrymandering).
- Hacer el voto obligatorio, garantizar el voto temprano, en ausencia y por correo, regulándolos para erradicar cualquier posibilidad de fraude.
- Registrar a todos los votantes elegibles de forma automática, usando su número de seguridad social, licencia de conducir o, aún mejor, a través de una identificación universal.
- Asegurar la transición presidencial ordenada y pacífica, obligando a la administración saliente el acceso a la información de todas las secretarías y agencias federales, sancionando fuertemente las transgresiones, incluso con la prohibición de ocupar puestos públicos en el futuro.
- Obligar a todos los presidentes y altos funcionarios federales a entregar sus declaraciones de impuestos de al menos los cinco años previos, así como todos los documentos que se consideren necesarios cuando declaren sus candidaturas con el fin de asegurar la transparencia.
- Establecer reglas claras y estrictas para que el presidente y otros altos funcionarios separen por completo sus negocios a fin de evitar que se beneficien de los mismos y generen conflictos de interés.
- Garantizar la independencia absoluta de las secretarías y agencias federales, incluyendo a los inspectores generales, así como la seguridad de los funcionarios que denuncian violaciones, para impedir que sean despedidos o se conviertan en servidores del presidente.
- Crear normas para controlar el financiamiento de las campañas electorales, incluyendo el retorno de topes a las grandes contribuciones, así como a los alabarderos que ejercen su influencia a través de donaciones.
- Prohibir al presidente perdonarse a sí mismo y a sus familiares y establecer reglas claras para otorgar perdones con el propósito de imposibilitar que delincuentes puedan testificar (o negarse a ello) con miras a obtener un perdón presidencial.
- Reforzar a la Office of Government Ethics, dándole poder para imponer fuertes sanciones a los transgresores.
