¿De qué formas el Covid-19 impacta sobre diferentes sectores sociales? Aquí una serie de datos que dan cuenta de la profundización de las desigualdades.
7 JUNIO, 2020
La del Covid-19 puede ser considerada también una pandemia de la desigualdad. Su llegada está generando un profundo daño sobre las condiciones de existencia de millones de personas con medios de vida enormemente precarizados y una elevada pobreza en América Latina y el Caribe. De acuerdo con los últimos datos de la CEPAL, unos 186 millones de latinoamericanos y caribeños viven por debajo de la línea de pobreza, y 67,5 millones se encuentran en condición de indigencia. Estas cifras podrían incrementarse ampliamente por el crecimiento económico negativo y el aumento del desempleo[i].
¿De qué formas la Covid-19 impacta sobre diferentes sectores sociales? Este artículo pretende reflejar una serie de datos numéricos que dan cuenta de la profundización de las brechas entre los sectores populares y las clases medias-altas de la población que viven por estas latitudes a partir de la puesta en práctica de la cuarentena como principal estrategia de los gobiernos para minimizar en forma progresiva la cantidad de contagios.
El peculiar impacto de esta pandemia en las formas de vida de los sectores más empobrecidos y marginados en nuestra región fue abordado a partir de 7 ejes de análisis: la informalidad laboral, el endeudamiento de los hogares familiares, las brechas digitales, el tamaño de las viviendas, el acceso al agua potable, el trabajo doméstico realizado principalmente por mujeres y, por último, la cuestión étnica en la determinación de las consecuencias que trae aparejadas la pandemia.
1. Cuando informalidad es igual a ingresos cero
En América Latina y el Caribe hay al menos 140 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa alrededor del 50% de la masa laboral. De acuerdo con un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pandemia causará en América Latina y el Caribe la pérdida de 5,7% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que equivale a 14 millones de trabajadores a tiempo completo[ii].
Entre los hogares dependientes de la economía informal, los primeros dos meses de aislamiento social obligatorio significaron en muchos casos la reducción de su flujo de ingresos a cero.
A continuación, presentamos el impacto socio-económico en tres países con cuarentena extendida:
Argentina: De acuerdo con una encuesta realizada entre el 7 y 10 de mayo por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 57,6% de las familias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrió una caída en sus ingresos como resultado del parate económico que generó la pandemia. El sondeo releva que el 18,8% de los hogares vieron reducidos sus ingresos en más de un 50% y el 38,8% los vio reducidos hasta un 50%. La inseguridad alimentaria severa (experiencia de hambre) tuvo un gran salto: afecta ahora al 8,6% de los hogares, cuando a fines del año pasado abarcaba al 5,8% de las familias[iii].
Perú: La encuesta Pulso Perú (Datum), difundida el pasado 6 de mayo, reveló que entre febrero y abril los ingresos de los trabajadores peruanos se redujeron en un 48%, pues se pasó que en promedio ganen S/ 1.733 a S/ 909. La incidencia de esta situación fue aún mayor en los niveles socio-económicos bajos (D/E), donde se encuentran principalmente los trabajadores informales, ya que la reducción fue del 58% al pasar de percibir en promedio S/ 1.017 en febrero, mes previo al confinamiento obligatorio, a sólo S/ 425 en el mes de abril[iv]. Previamente, una encuesta de Ipsos había develado que el 42% de los peruanos se quedó sin trabajo o sin percibir ingresos por lo que era su trabajo[v].
Colombia: La Escuela Nacional Sindical subrayó en un informe titulado “El trabajo en crisis” que “unos 15 millones de trabajadores informales y ¨cuenta propia¨ (la mayor fuerza laboral del país) ya han perdido total o parcialmente sus ingresos debido a la crisis[vi]. Una encuesta hecha por el Observatorio Pulso de Consumidor de SINNETIC, con el apoyo de la Universidad del Rosario, dio cuenta que los hogares colombianos perciben con mayor preocupación el costo de afrontar la canasta básica: frutas y verduras (84% de los entrevistados), productos de cuidado del hogar (73%), servicio público de agua (70%), mercado de despensa o granos (70%) y servicio público de luz (67%)[vii].
2. Se acrecientan las deudas familiares
Los estudios económicos aplicados en la población de América Latina indican que entre los años 2013 y 2016 -no existen cifras más recientes- el endeudamiento de los consumidores creció del 15 al 20% como porcentaje del Producto Bruto Interno (PIB). Allí aparecían Chile, Panamá y Costa Rica como los tres países con mayor nivel de endeudamiento por hogar de la región[viii]. Estos datos se vinculan con los planteos que realiza Thomas Piketty en “El Capital en el Siglo XXI” haciendo alusión a una mayor desigualdad de ingresos, puesto que las familias más perjudicadas por las deudas son, precisamente, las que perdieron toda posibilidad de ahorrar. En ese sentido, el economista francés señala que “la participación de los salarios que van al percentil superior, que estaba a menos de 6 por ciento en los años 1980 y 1990, comenzó a aumentar a finales de 1990 y llegó a 7,5-8 por ciento del total a principios de los 2010s”[ix].
La actual coyuntura agrava esta situación de desigualdad y el nivel de endeudamiento de las familias latinoamericanas más vulnerables ha crecido al compás de la merma en los ingresos que genera la extensión de las medidas de confinamiento social por razones sanitarias.
Argentina: La deuda total de las familias alcanzó al 22 de mayo los $1.821.704 millones, afectando a 12,1 millones de hogares, lo cual equivale al 87,7% de los hogares del país. El informe de la consultora Cerx señala que, en relación a abril, 955.000 nuevos hogares pasaron a tener deudas, principalmente no bancarias. En promedio, cada familia adeudaba en mayo 150.686 pesos. Ese monto no incluye los costos asociados a moras y retrasos, que crecieron durante la cuarentena y podrían incrementar esa cifra en más de un 50%[x].
Perú: El 69,7% de las personas afirma tener deudas que se le han acumulado durante la cuarentena. La mayor incidencia se ve en Lima Metropolitana con 71,2% y en las regiones se registra un 68,4%, según la última encuesta de CPI. El 58,6% tiene deudas por préstamos bancarios y el 49,8% debe el pago de servicios básicos, como agua y luz. El 10,6% arrastra deudas acumuladas por tarjetas de crédito y 3 de cada 10 peruanos tiene deudas pendientes con algún familiar o conocido[xi].
Ecuador: La Asociación de Bancos Privados del Ecuador estima que en todo abril 1,8 millones de clientes tuvieron que diferir el pago de sus deudas. Prácticamente un tercio de las deudas quedaron pendientes, pues el total de cuotas que se debían pagar hasta el 15 de abril era de $10.000 millones y no se pagaron $3.500 millones. El 66% de las deudas diferidas fueron en el segmento de consumo: 845 mil clientes. En microcréditos fueron 400 mil personas las que dejaron las cuotas pendientes por un total de $1.300 millones (esto representa el 90% del total que debía pagarse en ese segmento). Otros 27.600 deudores de crédito productivo postergaron sus pagos, mientras que el diferimiento en créditos inmobiliarios alcanzó a 12 mil clientes[xii].
3. Brechas digitales al rojo vivo
América Latina y el Caribe están posicionados en un nivel de desarrollo intermedio respecto a otras regiones del mundo en términos de desarrollo de su ecosistema digital. Con un índice de 49.92 (en una escala de 0 a 100), se encuentra en una posición más avanzada respecto a África (35.05) y Asia Pacífico (49.16). Sin embargo, todavía muestra un rezago significativo en relación a Europa Occidental (71.06) y América del Norte (80.85)[xiii]. Pese a los avances en la cobertura de Internet en los últimos años, sólo 4 de cada 10 hogares cuentan con una conexión de banda ancha fija y los accesos individuales a Internet móvil no superan el 50%[xiv].
Teletrabajo
Los sectores más afectados por las medidas de distanciamiento social son los de servicios y las actividades informales, que dependen en gran medida de contactos interpersonales. Precisamente, las ocupaciones con una puntuación baja en teletrabajo o una puntuación alta en escala de proximidad personal (como el comercio minorista, la construcción y los restaurantes), son comúnmente realizadas por trabajadores y trabajadoras económicamente vulnerables: con menos años de educación, un acceso limitado a seguros de salud y salarios que se sitúan en la parte inferior de la distribución de los ingresos[xv]. En Colombia, por ejemplo, actualmente un ingeniero puede trabajar desde su casa y ganar 6.500 dólares por mes[xvi], mientras que el salario mínimo quedó estipulado en apenas 267 dólares y el 44% de los trabajadores ganaba menos de esta cifra antes de la llegada de la pandemia[xvii].
El uso de soluciones tecnológicas para continuar las tareas laborales frente al aislamiento que demanda la lucha contra el Covid-19 está exponiendo la brecha digital existente al interior de los países, y sus consecuencias en términos de igualdad. Veamos algunos casos:
Argentina: de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el porcentaje de trabajos que tienen el potencial para realizarse desde el hogar se encuentra entre un 27 y un 29% de los totales. Si se considera la cantidad de hogares con uso efectivo de computadoras, esta cifra se reduce a 18%. Menos de 3 millones de trabajadores (sobre un total de casi 12 millones) tienen la infraestructura necesaria para realizar sus tareas de forma remota[xviii].
Chile: Según una encuesta online realizada por la Universidad de Chile, entre un 76 y 78% de personas en hogares con ingresos menores a $600.000 se siguió desplazando para trabajar entre el 16 y el 22 de marzo, situación que fue diametralmente opuesta en los hogares de mayores ingresos, en que cerca de un 80 por ciento realizó teletrabajo[xix]. El “Estudio Longitudinal Empleo-Covid19: Datos de empleo en tiempo real”, de la Universidad Católica (UC), refleja una tendencia similar: un 63,4% dijo que no puede adoptar la modalidad de teletrabajo, mientras que apenas un 8,7% sostuvo que puede realizar de manera igualmente efectiva sus labores a la distancia y un 6% de manera más efectiva[xx].
Ecuador: El Ministerio de Trabajo dio a conocer el pasado 21 de abril que 365.832 empleados (261.557 en el sector público y 104.275 en empresas privadas) se acogieron a la modalidad del teletrabajo en Ecuador. La cifra actual representa apenas el 12% de las 3,1 millones de personas que tenían empleo “adecuado/pleno” -es decir, con ingresos iguales o superiores al salario mínimo- en diciembre de 2019. Esto no incluye, por supuesto, a las 4.641.600 personas ligadas al subempleo en el país[xxi].
Perú: A partir de una encuesta que contó con la participación de 40 grandes compañías de diversos sectores del mercado peruano, la consultora Mercer estimó que la herramienta del teletrabajo fue incorporada a raíz de la coyuntura por el 58% de las empresas, pero previamente ya existía un 40% que lo tenía implementado de manera efectiva[xxii]. No obstante, según Ipsos, el universo total de teletrabajadores es ínfimo: apenas un 14% lo hace a distancia inclusive en contexto de pandemia.
En todos los casos, el teletrabajo resulta posible para una porción minoritaria de la población ocupada -en especial se ven beneficiados los roles directivos de mayores ingresos- porque existen en toda la región gran cantidad de rubros incompatibles con esta modalidad: el personal doméstico, la construcción, la agricultura, el transporte, los servicios de comida, de mantenimiento edilicio, entre otros.
Educación a distancia
En cuanto al acceso a Internet en el nivel primario y secundario de la educación, la CEPAL sostiene que alcanza al 56% y el 81% del total de estudiantes, respectivamente. Esto devela que casi la mitad de los niños de la región no puede acceder a la educación a distancia y un 19% de los adolescentes tampoco.
Bolivia: Según datos oficiales, sólo el 16% de los 3,3 millones de hogares del país tiene conexión a Internet fija. El 90% de las conexiones a Internet se efectúa a través de teléfonos móviles, lo cual dificulta la realización de tareas a distancia[xxiii]. Las desigualdades se profundizan aún más en las zonas alejadas de las grandes urbes. De acuerdo con una encuesta realizada por el magisterio rural, el 75% de los profesores tiene el manejo necesario para dar una clase virtual, pero la mayoría de los estudiantes no posee computadoras ni Internet. Hay otros a los que ni siquiera les llega la señal de televisión o radio[xxiv].
Chile: Mientras los alumnos del sector privado acceden a guías impresas, buena conexión a Wifi, clases por videollamada de lunes a viernes y evaluaciones virtuales, se vuelve complejo aplicar estas modalidades en el sector público por la falta de dispositivos móviles para conectarse y el ambiente de estudio, tanto físico como familiar. 380 mil estudiantes de primero básico a cuarto medio asisten a escuelas rurales y viven en zonas con bajo acceso a Internet. Una encuesta realizada por el Ministerio de Educación arrojó que sólo el 32% de los establecimientos a nivel nacional está implementando la modalidad de clases virtuales[xxv].
El Salvador: 170 mil estudiantes no cuentan con acceso a Internet. El Ministerio de Educación calculó que, al 25 de abril, aún 33 mil estudiantes no contaban con los respectivos cuadernillos de estudio. Eso dificulta el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo lectivo[xxvi].
Paraguay: El 92% de los alumnos matriculados en el sector público no posee acceso a Internet en los hogares, mientras que sólo el 50% de los alumnos inscriptos en establecimientos privados cuenta con acceso a Internet (DGEEC, 2019)[xxvii]. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) propuso una plataforma para las clases virtuales que deja al descubierto la brecha digital en este país: en el Alto Paraguay, por ejemplo, directores de algunas instituciones educativas advirtieron que con las clases virtuales el 60% de los matriculados quedará fuera del sistema educativo este año, considerando que apenas el 40% de los alumnos del departamento accede a Internet[xxviii].
4. Viviendas poco aptas para el aislamiento
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las malas condiciones de habitabilidad pueden exponer a las personas a una serie de riesgos para la salud y son uno de los mecanismos por los que las desigualdades sociales y ambientales se traducen en inequidades sanitarias que, a su vez, afectan aún más a la calidad de vida y el bienestar. La principal medida de acción contra el coronavirus es el aislamiento social; sin embargo, esto es de difícil cumplimiento para el 45% de la población -alrededor de 55 millones de hogares- en América Latina, que vive en condiciones de precariedad habitacional.
Dada la necesidad de los Estados de poner en práctica fuertes medidas de prevención contra el Covid-19, resulta pertinente la pregunta por el tamaño de las viviendas en nuestra región y sobre cómo repercuten en forma negativa las restricciones severas del espacio físico para efectuar el aislamiento. En un estudio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) titulado “Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desafío para América Latina”[xxix] (agosto de 2017), se comparan los hogares ubicados en asentamientos informales con aquellos formalizados en las metrópolis de Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia), Caracas (Venezuela) y Fortaleza (Brasil). El informe constata un nivel de hacinamiento más alto en los asentamientos informales, “que se refleja en la medida tradicional de proporción de hogares con más de tres personas por ambiente, así como en un consumo más bajo de metros cuadrados por integrante del hogar”. Éstas fueron las principales conclusiones a partir de las características de los hogares en los asentamientos informales:
Buenos Aires: la cantidad promedio de miembros por hogar es de 4,7. Hay una (1) persona cada 13 metros cuadrados y los hogares con más de 3 personas por ambiente llegan al 7%.
Bogotá: la cantidad promedio de miembros por hogar es de 4,2. Hay una (1) persona cada 18,4 metros cuadrados y los hogares con más de 3 personas por ambiente llegan al 6%.
Caracas: la cantidad promedio de miembros por hogar es de 4,3. Hay una (1) persona cada 14,7 metros cuadrados y los hogares con más de 3 personas por ambiente llegan al 5%.
Fortaleza: la cantidad promedio de miembros por hogar es de 4,1. Hay una (1) persona cada 12,2 metros cuadrados y los hogares con más de 3 personas por ambiente llegan al 3%.
El contraste de estos datos es abismalmente notorio si se compara con las viviendas lujosas de las clases altas en la región: apartamentos de 240 metros cuadrados en el barrio Recoleta (Ciudad de Buenos Aires)[xxx] o de 400 metros cuadrados con 4 habitaciones y al menos 5 baños en Chicó, al norte de Bogotá[xxxi].
5. La falta de agua, otro agravante para la salud de millones
La OMS informó que una de las principales formas de prevenir el coronavirus es el lavado de manos, que debe efectuarse con agua y jabón en una duración de entre 40 y 60 segundos. Sin embargo, a pesar de disponer del 31 por ciento de las fuentes de agua dulce en el mundo, América Latina y el Caribe tiene más de 13 millones de habitantes urbanos sin acceso a fuentes mejoradas de agua y casi 61 millones sin instalaciones mejoradas de saneamiento, situación que en el sector rural se agrava. Si se consideran los criterios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estas brechas son aún más evidentes: tan sólo el 65% de la población latinoamericana y caribeña tiene acceso al agua potable y 22% al saneamiento[xxxii].
La población no atendida se concentra en sectores pobres de las grandes ciudades y en el área rural, los cuales presentan coberturas significativamente inferiores al resto, constituyendo otra manifestación de la inequidad social de la región. Al dificultar la implementación de las medidas de higiene recomendadas para la prevención del Covid-19, la escasez de agua resulta un agravante para la salud de millones de familias.
Argentina: De acuerdo con los últimos indicadores de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el 10% de los hogares en centros urbanos carece de acceso al agua de red. Además, se estima que unas 7 millones de personas en este país no cuentan con servicio de agua potable y casi 20 millones no tienen cloacas, con una cobertura más baja en zonas rurales que en áreas urbanas[xxxiii].
Colombia: El último informe de la Superintendencia de Servicios Públicos (2018) sostiene que la cobertura de acceso al agua potable en el área urbana a nivel nacional alcanza al 87,5%, mientras que en la zona rural es de apenas el 34,9%. No obstante, al menos 153 barrios populares en la periferia de Bogotá -conforme con los cálculos realizados por la Escuela Jurídica Popular Espora- tendrían problemas en materia de acceso al agua potable[xxxiv].
México: Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un habitante de zona residencial (2% de la población) en la ciudad capital consume alrededor de 567 litros de agua por día, frente a los 128 litros de un residente en las zonas populares (77% de la población)[xxxv].
6. Trabajo doméstico redoblado para las mujeres
Si bien hasta el momento no existen cifras oficiales, diferentes sondeos evidencian que durante estas circunstancias excepcionales de cuarentena las tareas de cuidado han recaído aún más sobre las mujeres.
Argentina: Una encuesta realizada por el Estudio Tiara (CEDES) -hecha de manera online, auto administrada y anónima- entre el 30 de marzo y el 12 de abril dio cuenta que las mujeres están más preocupadas que los varones por todo lo que sucede a raíz de la pandemia del coronavirus: desde la enfermedad o la soledad de un familiar, la falta de remedios, quedarse sin dinero para la comida o el desabastecimiento de alimentos. Este combo de mayores responsabilidades trae aparejado un costo físico y psíquico: según la encuesta, contestada por 24.595 mujeres, éstas manifestaron dormir “peor o mucho peor” que los varones (52% vs. 36%). Los síntomas de depresión, cansancio, nerviosismo, irritabilidad y ansiedad fueron también tres veces mayores para las mujeres en comparación con los varones[xxxvi].
Chile: Según el estudio “Claves 2020” (Ipsos) sobre la cuarentena en Chile, las mujeres se ocupan en mayor medida del trabajo doméstico: cocina (56% contra 30% de los varones), tareas de limpieza (53% versus 27%), lavado de ropa (53% contra 22%) y cuidado de los hijos (51% versus 18%). A esto se suma una mayor preocupación por la suma de responsabilidades y la grave situación sanitaria. Un 31% aseguró sentirse agobiada por la cantidad de tareas que debe realizar en la casa, contra el 17% de los varones que tiene este problema[xxxvii].
Colombia: Un sondeo impulsado por el concejal Diego Cancino tuvo lugar entre el 7 y 10 de abril para conocer la carga de trabajo doméstico en Bogotá durante la cuarentena. De las 334 personas que respondieron la encuesta, una de cada dos mujeres (51%) afirmó que este aumento ha sido de más de 3 horas al día. “Las mujeres de los estratos 1, 2 y 3 consideran en menor medida que tienen tiempo libre; los hombres consideraron en mayor medida tener más tiempo libre que las mujeres; los estratos 4, 5 y 6 fueron quienes afirmaron tener más tiempo libre”[xxxviii], concluyó este trabajo realizado en la ciudad capital colombiana.
7. Afros e indígenas, más vulnerables frente a la pandemia
El último censo del año 2010 estimó que vivían en América Latina y el Caribe cerca de 45 millones de habitantes pertenecientes a los pueblos indígenas, lo que representa el 8,3% de la población total. Al mismo tiempo, constituyen aproximadamente el 14% de los pobres y el 17% de los indigentes en la región. Además, viven por estas tierras unas 200 millones de personas afrodescendientes, que sufren en igual medida graves desigualdades en el acceso a la educación, el empleo, la vivienda y la salud.
En ese marco, la pandemia de la COVID-19 debe pensarse también en términos de sus consecuencias socio-económicas sobre grupos raciales históricamente invisibilizados y/o marginados, cuyo padecimiento cotidiano se intensificó en este último período:
Bolivia: La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) informó el pasado 18 de mayo que, desde abril, se registraron 35 casos de indígenas contagiados con COVID-19 en Beni, Santa Cruz y La Paz, de los cuales 13 -en su mayoría ancianos- perdieron la vida por la pandemia; además, la Cidob reportó a 103 aislados en sus casas o sedes sindicales que no cuentan con atención de las alcaldías, las gobernaciones ni del gobierno central[xxxix]. Al mismo tiempo, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) sostuvo a mediados de mayo que dos de las seis comunidades aisladas voluntariamente en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba ya tienen casos de coronavirus[xl].
Brasil: Un estudio de la Universidad de Cambridge, en asociación con la Universidad Federal del estado Espíritu Santo (UFES), reveló que “ser negro es el segundo factor de riesgo más importante después de la edad” en el contexto de la pandemia. Los negros sin escolaridad tienen hasta 3,8 veces más posibilidades de morir por el coronavirus en Brasil. Negros y mulatos poseen en promedio un riesgo de agonizar 37 por ciento mayor que los blancos en el mismo rango de escolaridad. Según informaciones de la Secretaría Estadual Sanitaria, más del 70 por ciento de los infectados en el estado Espíritu Santo (nordeste) son negros. Por último, un análisis de la Pontificia Universidad Católica-Río, publicado el 27 de mayo, reveló que -entre unos 30 mil casos graves de coronavirus- casi el 55 por ciento de los negros y mulatos hospitalizados fallecieron. Para los blancos, ese total resultó del 38 por ciento[xli].
Ecuador: Hasta el 27 de mayo, diez personas fallecidas y alrededor de 185 contagios de coronavirus se reportaban en seis nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana: 100 en la nacionalidad Kichwa, 13 en la Achuar, 7 en los Siekopai, 46 en los Waorani, 12 en la Shuar y 7 en los Shiwiar. Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), en total ya se cuantificaban 408 personas afectadas por la COVID-19[xlii]. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió recientemente al Estado ecuatoriano por “la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas” frente al avance de la pandemia[xliii].
[v] https://elc omercio.pe/economia/peru/covid-19-el-42-de-peruanos-estan-sin-trabajo-o-ya-no-perciben-ingresos-a-causa-de-la-cuarentena-por-el-coronavirus-desempleo-informales-trabajo-noticia/?ref=ecr
Licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y diplomado en Comunicación Política y de Gobierno por la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Francia crea un comité de expertos con eminencias como Blanchard, Tirole, Summers o Krugman
Una economista catalana tendrá un papel clave en la comisión encargada de proponer al presidente francés Emmanuel Macron un plan para el mundo posterior a la covid-19. Mar Reguant (Súria, 1984), profesora en la Northwestern University de Chicago, capitaneará junto a su colega belga Christian Gollier el grupo de trabajo sobre el clima, uno de los tres que componen la comisión. “Queremos hacer un manual con propuesta concretas y que puedan adoptarse para abordar la urgencia del campo climático”, avanza Reguant. “Una propuesta que ya ha recibido mucho apoyo entre economistas es poner una tasa al carbono y redistribuir lo recaudado para compensar a las personas que se vean afectadas negativamente por estas políticas”. Es una cuestión que toca de lleno en el área de investigación de Reguant: la economía de la energía. E incide en el tema que, antes de la irrupción del coronavirus, más complicó la presidencia a Macron: la revuelta de los chalecos amarillos, que en su origen fue una revuelta de las clases medias empobrecidas, en la Francia de provincias, contra el aumento del precio del carburante. Reguant conocía a Olivier Blanchard y a Jean Tirole —los directores de la comisión— del Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde ella se formó. Y había trabajado con Gollier en la Escuela de Economía de Toulouse. Fueron Tirole y Gollier quienes la invitaron a participar en la comisión. La primera reunión se celebró por videoconferencia el 29 de mayo: a un lado, en el Palacio del Elíseo, Macron; en frente, los 26 economistas. “Duró dos horas y el presidente estuvo todo el tiempo. Nos escuchó. Hizo comentarios constructivos, bien pensados, y claramente estaba improvisado”, resume Reguant. “Nos animó a no limitarnos a hacer un resumen de lo que la gente piensa sino a ser más ambiciosos, a dar un paso más y, básicamente, a intentar cambiar el mundo”. ¿Cambiar el mundo? “Así es. Tal cual”, responde. “Dijo: ‘Tenemos una oportunidad de cambiar el mundo, a ver si la aprovechamos’. Así que tenemos trabajo”. Macron pidió a los sabios y sabias que no se limitasen a decir qué era lo ideal sino a centrarse en lo factible. “Evidentemente, él no se compromete con ninguna de las recomendaciones”, dice Reguant. “Pero, si son razonables, se compromete a estudiarlas”.
