Al presentar los resultados del cumplimiento de las directivas generales para enfrentar el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, destacó que no se alcanza el impacto necesario en la transformación de los problemas existentes.
En el enfrentamiento a las violaciones de precios, puntualizó, se reflejan deficiencias que van desde su concertación, con muestras poco representativas de productores y prestadores de servicios.
Existen, además, debilidades en la efectividad de los mecanismos de atención y control sobre los actores económicos no estatales, los que comercializan productos de alto impacto para la población; así como falta de gestión de las empresas de Comercio y Gastronomía, las que de manera general están comprando productos de forma mayorista a las Mipymes y las comercializan a elevados precios buscando les garanticen rentabilidad.
Asimismo, en la elaboración de las fichas de costos se constata falta de gestión, ausencia de análisis integrales y oportunos, además de fallas en la preparación de sus especialistas.
Valdés Mesa destacó que constituye una limitante para prevenir, enfrentar y transformar la situación antes descrita, el bajo nivel de completamiento y fluctuación de agentes de orden público, jefes de sectores de la Policía Nacional Revolucionaria, inspectores integrales y de otros organismos, gestores de cobros, auditores, fiscales, jueces, trabajadores sociales, entre otros.
Estas consideraciones, resaltó, vienen de un proceso de seguimiento y control, con análisis en reuniones con gobernadores en visitas gubernamentales, y los resultados de las visitas de las comisiones conformadas por el Secretariado y la estructura auxiliar del Comité Central del Partido. Esto devino en más de 100 acciones de comprobación, 1 275 reuniones de intercambio en organizaciones y se contactó con alrededor de 40 000 personas.
SITUACIÓN ACTUAL
Transcurrido ocho meses, la implementación de las Directivas se realiza en medio de una compleja situación agudizada por el bloqueo, los impactos de la crisis internacional y la guerra mediática dirigida por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.
A lo anterior, dijo, se unen problemas internos –muchos objetivos, pero también algunos subjetivos– entre los se encuentran el mal uso de la tierra que ha provocado escasez de productos agropecuarios e industriales, limitados servicio a la población, problemas organizativos y de dirección, falta de accionar de algunos directivos y funcionarios para escuchar, atender, informar y accionar en la búsqueda de soluciones.
Valdés Mesa señaló que dentro de las principales distorsiones se destacan las que afectan la política de precio con referencia al tipo de cambio informal de la divisa, la especulación financiera en el mercado informal, la retención de fondos financieros por remesadores ilegales en el exterior y su desvío para pagos y a favor de actores económicos no estatales fuera del control del Estado, pagos indebidos, baja productividad del trabajo y pocas ofertas con el incumplimiento de producciones físicas y el empleo de recursos locales.
A pesar de lo anterior, expresó que no han sido las políticas de choque las soluciones a nuestro problema; se han aprobado y aplicado diversas medidas que deben contribuir a la producción de más alimentos, mejora de los servicios y resultados superiores de con impacto en las políticas sociales.
«Aun existiendo esto, se garantizan los servicios básicos de salud a la población, el funcionamiento del sistema de educación y se aseguran oportunidades de estudio, se ejecutan acciones en comunidades identificadas para su transformación social», destacó.
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
El Gobierno dispone de un Sistema de Evaluación y Control de este proceso, que atañe a todas las actividades, estructuras y niveles, precisó el vicepresidente.
En este sentido, explicó, los Grupos de Prevención y Atención Social en los consejos populares, deben fortalecer su papel en el seguimiento intencionado a personas que requieren tratamiento para su reinserción social.
Además, se requiere incrementar y sistematizar la información de contenidos dirigidos a fomentar la cultura de respeto a la convivencia social, acatamiento a la legalidad y rechazo a las conductas negativas.
Valdés Mesa precisó que se potencia la identificación y el control sobre categorías de personas dentro de la delincuencia, en especial asociadas a delitos y conductas antisociales reincidentes o agravadas.
«El registro delictivo, en general, aumentó comparado con igual periodo de años anteriores. En su comportamiento, influyen la tolerancia por parte de la población de no siempre la repudia ni informe a las autoridades responsables de enfrentar estos hechos», manifestó.
Por otra parte, señaló que la no erradicación y continuo surgimiento de las indisciplinas y violaciones urbanísticas en todo el territorio nacional y el incumplimiento de los planes de ordenamiento territorial, atentan contra la calidad y sostenibilidad de servicios básicos como el abasto de agua, electricidad y el saneamiento.
En la compleja situación descrita, corresponde a cada órgano, organismo y entidad un papel más dinámico y efectivo en la prevención y enfrentamiento a partir del encargo estatal.
Comentó que se debe incrementar el accionar e influencia de las organizaciones políticas, sociales y de masas en la comunidad, contribuyendo en la formación de las nuevas generaciones, y en ejercer presión o control social en contra de las acciones delictivas, las ilegalidades e indisciplinas sociales.
PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACCIÓN DE LAS DIRECTIVAS
- Se aprecian debilidades en el control interno y la protección de los recursos de todo tipo.
- Están identificados por los trabajadores 313 739 personas en condiciones de estudiar y trabajar, aunque 61 605, el 20%, lo hacen de manera informal y violan, además, el fisco.
- Se avanzó en la evaluación de los barrios y focos precarios, aunque los problemas asociados a la vivienda no alcanzan el ritmo necesario.
- No se han generalizado las rendiciones de cuentas de los directivos con la sistematicidad y la calidad requerida, especialmente de aquellos con recursos materiales y financieros a su cargo
- No se han concluido las aplicaciones informáticas para la comercialización de productos y en algunos territorios no se han ampliado los horarios de venta
-No es suficiente en enfrentamiento a los vendedores ilegales, trabas en los trámites que realiza la población
Por otra parte, Valdés Mesa destacó que se han aplicado alternativas para la mejor comercialización de los productos regulados y controlados y se requiere de su consolidación a partir de una mayor y mejor oferta con precios razonables.
Asimismo, no se ha concluido la digitalización de las Oficodas, en el proceso, acotó, se han detectado 364 000 personas que indebidamente recibían productos de la canasta familiar normada; existe falta de ofertas de productos agropecuarios con precios abusivos, asuntos que generan irritación y malestar a la población.
Señaló que no se publican los listados de precios, los irrespetan o no los cumplen y existen problemas con el funcionamiento de los comités de contratación de precios.
Es necesario, abordó, revertir los bajos niveles de efectividad de las direcciones de inspección y supervisión, alcanzar la eficacia en la gestión de cobros de multas y una disciplina tributaria que incluya la subdeclaración y evitar la evasión fiscal.
Valdés Mesa dijo, a modo de resumen, que los resultados de la implementación de las Directivas, no alcanza la efectividad que se necesita.
No obstante, apuntó que se han realizado acciones que irán contribuyendo a eliminar las causas y condiciones que favorecen la ocurrencia de estos fenómenos, por ejemplo:
- Son protegidos 22 280 núcleos por la asistencia social; de ellos, 21 379 con prestaciones monetarias.
- Vinculación laboral de personas desvinculadas aptas para el empleo.
- Entrega de 5 074 subsidios para acciones constructivas y legalización de viviendas.
PROYECCIONES EN LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO CON LAS DIRECTIVAS
- Incrementar las acciones de las administraciones, organizaciones políticas y de masas, en las comunidades, demarcaciones de los consejos populares y municipios, con impactos en la contención y reducción del delito.
- Concluir por el Ministerio de Finanzas y Precios la conceptualización de precios abusivos y especulativos.
- Concluir el perfeccionamiento y explotación de la aplicación informática para el control y gestión del cobro de las multas.
- Incrementar los ingresos tributarios como resultado de mayor control y exigencia, perfeccionar las aplicaciones informáticas que tributen a este objetivo.
- Incrementar el rigor y la efectividad de las acciones de enfrentamiento por los órganos y organismos especializados.
- Incrementar la divulgación y comunicación de las acciones de enfrentamiento, para disuadir, prevenir y movilizar a la población en función de la contención y reducción del delito.
- Promover el acceso a empleos de calidad e incrementar el control popular para enfrentar los precios abusivos.
- Aplicación de diferentes alternativas para la mejor comercialización de los productos regulados.
