Por: Aniela Dumas Rojas
El acceso a los productos básicos de la dieta diaria y las frutas de estación representa uno de los ejes centrales en el presupuesto de la familia cubana actual.
Mientras en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional se aprobaron medidas urgentes para “modernizar el sistema bancario” y “eliminar la carrera de obstáculos” que sufrimos los cubanos, en Alamar la realidad sigue dictando sus propias leyes.
Marcia lleva la cuenta. Tiene anotadas veintitrés fechas. Veintitrés días en los que ha intentado comprar algo en algún negocio de Alamar por transferencia. Veintitrés veces le han dicho que no. La última fue ayer. La penúltima, anteayer. La del viernes pasado, también.
Llevo más de dos meses haciendo lo mismo que ella. Visitando puntos de venta. Preguntando. Escuchando las respuestas. Un año atrás, las negativas eran casos aislados. Ahora son la norma.
He visitado más de veinte lugares en las zonas 6, 7 y 8 de Alamar, Habana del Este, entre agromercados y Mipymes, los mismos que, según las estadísticas oficiales, concentran el mayor volumen de ventas minoristas del país. En cada uno pregunto lo mismo: “Buenas, ¿puedo pagar por transferencia?”
Ha sido una cadena de negativas, una acumulación de excusas.
Apenas unas semanas previas de la publicación de este reportaje, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció que el país necesita bancos “más ágiles, más digitales, más cercanos a la gente” para que gestionar dinero no sea “una carrera de obstáculos”.
El diagnóstico es certero, pero la calle ya ha edificado su propio sistema financiero paralelo. Por tanto, este trabajo no deja de ser urgente.
Las caras de la negativa
La negativa a aceptar transferencias no es monolítica. Los comerciantes en Alamar han desarrollado un repertorio de excusas, todas igual de efectivas para dejar al consumidor sin opciones.
“La tarjeta está llena” es la excusa técnica por excelencia. Ese argumento no tiene sustento real porque las tarjetas magnéticas no almacenan dinero; solo guardan información para identificar la cuenta bancaria, donde el banco registra el saldo. Es una forma de decir “no quiero”.
“Es que el dueño dijo que solo hasta 1 000 pesos por cliente”. No hay forma de negociar, porque el dueño, casualmente, nunca está presente. Esta limitación convierte lo que debía ser una herramienta de inclusión financiera en un obstáculo. Si el tope es 1 000 pesos, ¿cómo pagar una compra que casi siempre supera esa cifra?
“No tenemos electricidad”. Con la crisis energética que vive el país, esta excusa tiene poder de convicción. Es real hasta cierto punto: los cortes afectan la conectividad necesaria para las transferencias. Pero incluso cuando hay electricidad, la excusa persiste. Se ha convertido en un recurso cómodo, difícil de refutar porque los apagones son cotidianos.
Horarios limitados: “solo por la mañana”, “hasta las 12 del día”. A veces, a las 10 de la mañana ya se encontraron con “el tope”. ¿Cuál es el tope? La justificación es que las transferencias colapsan, que el sistema se satura, que el banco impone límites. La realidad es menos técnica: los comerciantes temen acumular saldo digital porque después no pueden convertirlo en efectivo.
“Mi proveedor no recibe transferencia”. Este es el argumento más revelador del problema estructural. Los mayoristas, los distribuidores, se mueven en efectivo. Mientras eso no cambie, el comerciante minorista estará atrapado.
A principios de agosto de 2023, el Banco Central de Cuba (BCC) argumentaba que la bancarización buscaba proporcionar acceso y uso de servicios bancarios y financieros —pagos, ahorro, crédito— mediante canales electrónicos, en lugar de depender del efectivo.
“Ningún comercio se puede atribuir el derecho de no aceptar el pago por la vía que el cliente decida”, dijo Alberto Quiñones Betancourt, vicepresidente del BCC, en el podcast Desde La Presidencia, publicado el 20 de junio de 2024.
A casi dos años de la resolución, se presumía que los problemas de falta de efectivo en sucursales y cajeros se aliviarían. En la práctica, el tiro ha salido por la culata.
La visión del que emprende: ¿Por qué el efectivo sigue mandando?
Fernando Rodríguez es dueño de una Mipyme con tres meses de actividad en La Habana Vieja.
“Yo acepto transferencias para todo”, dice. “En mi caso, como mi venta no es tan grande, cuando voy a comprar, me libro de todo lo que tengo en la cuenta.
Pero esa posibilidad, explica, no existe para todos los productos. “Solo en los líquidos: refrescos, cerveza, agua, jugo. Ahí es donde único puedo pagar por transferencia.
El problema de fondo, según Fernando, está en la cadena de suministro. “Los proveedores mayoristas tienen almacenes con contenedores enteros. Ellos no aceptan transferencia porque compran en dólares. ¿Cómo van a pagar a otro país por transferencia en CUP? No pueden. Tienen que comprar en dólares para traer el contenedor.
Y el círculo se cierra cuando el minorista intenta convertir su saldo digital en efectivo. “El banco no te deja sacar lo que necesitas. Una Mipyme tiene una cuenta fiscal, pero el límite de extracción es el mismo que el de una cuenta natural. No importa que seas un negocio, te permiten sacar lo mismo que a cualquier persona”.
Fernando confirma que muchos códigos QR que aparecen en los negocios no son de cuentas fiscales, sino personales. “Nadie usa la cuenta de la ONAT. Todo el mundo usa su cuenta personal. Eso se llama evasión de impuestos, pero nadie lo controla”. Y admite que la declaración de impuestos es una ficción: “Tú declaras lo que quieres. Puedes declarar 10 mil pesos en un mes, y ya. Nadie sabe cuánto vendiste realmente. Nadie controla la venta que tienes en un día”.
“Yo no soy el enemigo”, insiste. “Si acepto todo por transferencia, luego no puedo sacar el efectivo para pagar a mis proveedores. Estamos todos atrapados en un ciclo”.
Por otra parte, Raúl Bejerano, dueño de otra Mipyme en la zona 8, acepta transferencias pero solo hasta cierto 1 000 pesos.
“Yo no soy el enemigo. También soy un trabajador. Pero si acepto transferencia por todo, el banco me limita cuánto puedo sacar, y luego no puedo pagar a mis proveedores. Eso no es culpa mía”, comenta.
Para él, la solución no es solo multar. Es también crear condiciones para aceptar el pago electrónico. Eso significa:
●Eliminar o reducir las comisiones por extracción de efectivo.
●Aumentar el límite de extracción para los TCP que demuestren necesidad comercial.
●Obligar a los proveedores mayoristas a aceptar transferencias.
La cadena de suministro que abastece a estos comercios se mueve en efectivo. ¿Quién pone esa regla? ¿Quién exige que el dinero salga en billetes y no por un código QR? ¿Quién es el último eslabón de esa cadena que, sin decirlo, obliga al Mipymero a decirle "no" al ciudadano?
¿Qué dice el Banco Central de Cuba?
Ahora bien, en busca de respuestas acerca de los actores económicos no estatales, este medio envió un cuestionario directo al Banco Central de Cuba. Las interrogantes ponían el foco en:
●¿Cuál es el límite real de extracción diaria para un TCP?
●¿Ese límite está desfasado con los precios actuales?
●¿Existen beneficios para un TCP al extraer el efectivo en el banco?
●¿Cómo funciona la comisión fiscal?
La institución dijo que, como parte del programa de gobierno, ya se han tomado un conjunto amplio de decisiones que implican de forma directa al sector bancario y a los particulares. Aunque las normativas actuales siguen vigentes, las autoridades bancarias instaron a mantener la expectativa, ya que en los próximos días se harán públicas nuevas disposiciones que reconfigurarán las decisiones vigentes para este sector.
Cifras de una desbancarización de facto
En 2019, la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) reportaba una circulación monetaria en manos de la población de cerca de 59 493 millones de pesos. En el año 2020, el efectivo en circulación representaba el 57,66% del dinero total del país, mientras el resto permanecía en depósitos bancarios.
En 2022, esa cifra alcanzó los 287 319 millones. Las alarmas se encendieron en el bienio 2020-2022, cuando el promedio escaló al 64 % anual.
Para el cierre de 2024 el efectivo circulante saltó de 56 606 millones a 336 701 millones de pesos. Es decir, que de 2020 a 2024, apenas cuatro años, el papel moneda en la calle se multiplicó por casi seis veces, devorando el terreno virtual y pasando a concentrar el 72,62% de toda la liquidez nacional.
A pesar de los decretos, la economía cubana ha vivido un proceso acelerado de desbancarización de facto.
Por tanto, al ver limitado el acceso a sus propios fondos legales dentro del banco, los comerciantes se ven obligados a saltarse el canal digital. Para poder subsistir, operar y reaprovisionarse en un mercado mayorista que se mueve exclusivamente en billetes, necesitan retener el efectivo antes de que cruce la ventanilla bancaria.
Todo este engranaje opera, además, bajo la presión constante del Índice de Precios al Consumidor. Con una variación mensual sostenida del 2.19% y una variación interanual del 13.42%, la inflación exige volúmenes de billetes cada vez más densos para adquirir la misma canasta de bienes.
Los cambios estructuralesde los que se habló en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional llevan tiempo. La cultura del billete físico, forjada en décadas de desconfianza bancaria y reforzada por la inflación galopante, no se desmonta en semanas. Obligar a los mayoristas a aceptar transferencias requiere reconfigurar toda la cadena de suministro. Mientras ese engranaje macroeconómico se pone en marcha, el ciudadano de a pie seguirá topándose con el cartel de “solo efectivo”.
La liquidez bancaria, ese oxígeno que los TCP (trabajadores por cuenta propia) necesitan para extraer sus fondos, se resuelve con divisas y transformaciones profundas que tomarán meses. Por eso, aunque el diagnóstico del presidente sea esperanzador, la espera para una solución definitiva puede ser larga.
En redes sociales, la frustración de la población es el termómetro de esa insuficiencia: “¿Cada cuánto revisan que los negocios acepten transferencias? ¿Dónde están los inspectores? ¿Dónde están las multas?”, reclamaba una usuaria en Facebook.
En Alamar, el ecosistema comercial es vasto, pero la presencia del control es residual. El trabajador estatal o el pensionado que recibe su salario íntegro en una tarjeta magnética no tiene capacidad de negociación; no puede importar un contenedor ni pactar con un proveedor mayorista. Es el eslabón más vulnerable de la cadena: el que se queda sin el pan, sin el pollo, sin el arroz.
Por ello, el anuncio gubernamental de dotar a las nuevas medidas de “responsables, plazos e indicadores” se vuelve una urgencia humanísima. No basta con diseñar políticas a mediano plazo; se requiere un control inmediato, sorpresivo y disuasorio en la acera que impida que el minorista traslade su asfixia financiera al plato del consumidor.
Alamar es un nombre, una coordenada
Alamar es un nombre, una coordenada, la excusa para no decir los otros lugares. Porque el fenómeno ya está en el Cerro, en Marianao, en Diez de Octubre, en Guanabacoa. Está en Santiago, en Camagüey, en Holguín. En todo el país. La negativa viaja con las mismas palabras y el mismo tono.
Tomemos Alamar, entonces, como se toma una muestra. Como se señala un síntoma.
Cuba atraviesa las horas más complejas de su historia reciente. Desatar los nudos de la crisis energética, contener la inflación y reconfigurar una cadena de suministros que hoy se mueve en billetes físicos obligará al país a un ejercicio de transformación profunda, lento y complejo.
Sin embargo, mientras el nuevo sistema financiero aprende a caminar, la prioridad de la fiscalización tiene que ser proteger al que está abajo, asegurando que el trabajador pueda comprar sus productos básicos hoy con el dinero de su cuenta, en lo que llega la solución definitiva.
(**Este reportaje es el resultado de más de dos meses de trabajo de campo en Alamar, con visitas a más de veinte establecimientos comerciales, entrevistas a trabajadores estatales, comerciantes privados y ciudadanos.)
