. Cuba Posible | 2017-07-04
¿Considera Ud. que los tres documentos básicos que delinean la estrategia económica oficial (Lineamientos, Conceptualización, y Plan hasta 2030), definen bien la función diferenciada de un “sector público” y de un “sector privado” en Cuba?
En los tres documentos, de una u otra manera, se habla de sector “estatal”, y de “otras formas de propiedad”. En los “Lineamientos” aprobados para el período 2016/2021 se reconoce que es la “propiedad socialista de todo el pueblo” la forma principal de la economía, y se habla de “propiedad cooperativa, mixta y privada de personas naturales o jurídicas”. Es decir, se reconoce un mayor espacio a las relaciones monetario-mercantiles, pero atada a la frase “predominará la planificación estatal socialista”.
En la conceptualización del modelo, se define el papel preponderante de la propiedad estatal en el modelo económico a seguir, pero se refleja la posibilidad de separación de la propiedad y la gestión de la misma, elemento complejo de materializarse en la Cuba actual. Se explica el papel que debe jugar la cooperativa como forma de propiedad social. Se plantea que las personas naturales pueden constituir empresas privadas, pequeñas y a micro escala, según el volumen de la actividad y cantidad de trabajadores y que sean reconocidas como personas jurídicas.
Lo curioso es que aparece con fuerza el término “no se permitirá la concentración de riqueza” cuando se refiere a las formas privadas, tema ambiguo en cuanto a su definición, porque habría que analizar qué es lo que en el caso cubano se consideraría ese término.
El plan hasta el 2030, sin embargo, recoge en torno a sus ejes estratégicos los sectores estratégicos, pero no se hace mención o no aparece claramente cómo podrán entrar a los mismos el sector no estatal de la economía, específicamente los privados.
Lo que es evidente es que, en los tres documentos presentados, no queda muy claro si el gobierno está pensando en empresas estatales (a la vieja usanza) o en empresas públicas, que son cosas diferentes. Sí queda muy definido que las otras formas de propiedad, especialmente las privadas, tendrán una posición subordinada y “achicada”, con respecto a las estatales o públicas si llegara a ser el caso en que se piensa.
Tomando en cuenta la relevancia que le conceden los especialistas al mercado laboral en materia de inclusión social, ¿cómo debería evaluarse integralmente la expansión de la actividad privada, la cual es frecuentemente asociada con procesos de desigualdad social?
Aunque comprendo que en mucha literatura se expresa que una mayor presencia del mercado en la actividad económica, trae aparejados procesos de desigualdad social, hay muchas economías que demuestran que no necesariamente es así (como las economías escandinavas, algunas asiáticas como Singapur, solo a modo de mención), ya que pudieran existir otros ejemplos. Pero no es el tema a debatir ahora.
En el caso de la economía cubana, se ha estado en presencia de un crecimiento de la actividad privada imperfecta, con muchas restricciones desde el punto de vista legal, ya que no se consideran a muchas actividades de servicios con un peso determinado, como una empresa jurídica, a la cual se le pudieran aplicar determinadas regulaciones, incluso de tipo laboral. Con carencias de recursos productivos necesarios para su actividad, es decir, sin mercados mayoristas en rigor. Son limitaciones en las actividades que se pueden ejercer privadamente. En el caso de ampliarse podrían absorber un grupo de empleados que hoy reciben muy bajos ingresos estatales, y evitarían la brecha social que los separan de aquellos que sí pueden ejercer privadamente.
En un escenario donde un alto por ciento del empleo y de los ingresos familiares se originaría en el sector privado, ¿qué tipo de nuevas funciones debería asumir el sector público para garantizar la equidad social?
En ese escenario ‒suponiendo que el 50 por ciento de la población laboral del país esté vinculada al sector privado‒, creo que el sector público debería jugar una función de contrapeso, primero logrando por supuesto ingresos al presupuesto proveniente de impuestos a esa actividad productiva, y a través de impuestos de circulación, que no pueden ser tan elevados como los que existen en las tiendas recaudadoras de divisas actualmente.
El Estado debería eliminar las gratuidades generales para todos, excepto la salud y la educación, restringiendo las ofertas de la libreta de abastecimiento, dejándolas solo para los grupos vulnerables, decididos sobre la base de los ingresos que reciben, especialmente jubilados y ancianos, madres solteras y casos de asistencia social. Se pudieran crear bonos de comida, que se darían para ser consumidos en cualquier mercado existente, y que les complementaría los bajos ingresos que reciben.
Esas ideas se ven truncadas si el país no se enrumba por la senda del crecimiento económico que necesita, superior al 5 por ciento anual, sin dualidad cambiaria y monetaria, con déficit fiscal por debajo del 2 por ciento, con elevado superávit comercial de bienes y servicios.
Ya me he referido a esto en muchas ocasiones, pero si no se crean riquezas, es muy difícil pensar en garantizar equidad social. La pobreza o la carencia de ingresos o con población en riesgo, es la mayor desigualdad social que se puede tener en un país.
Usualmente se aborda lo político en relación con el sector privado desde la perspectiva del eventual “impacto” de este sobre la vida política. ¿Habría necesidad de considerar algún “impacto” en sentido inverso –de la política hacia la economía‒ para asegurar que el sector privado pudiese cumplir su función en un modelo socialista “actualizado”?
Creo que solo el análisis de dos experiencias históricas (de origen similar a la nuestra) le pudieran dar respuesta a esa pregunta. Son los casos de la economía china y vietnamita, donde el sector privado emergió con mucha fuerza en la economía, especialmente en los servicios, la construcción, la agricultura, la industria ligera y en otras actividades. Sin embargo, son países que han emergido con fuerza en la economía mundial, con mucho apoyo de sus ciudadanos al proceso, y han estado todos vinculados a ese modelo socialista con sus características propias.
