Kevin Frayer/Getty Images
10 de mayo de 2024 DANI RODRIK
Los gobiernos deberían dejar de denunciar las políticas industriales verdes de los demás como violaciones de normas o transgresiones peligrosas de las normas internacionales. Todos los argumentos morales, ambientales y económicos favorecen a quienes subsidian sus industrias verdes, no a quienes quieren gravar la producción de otros.
CAMBRIDGE – Se está gestando una guerra comercial por las tecnologías limpias. Estados Unidos y la Unión Europea, preocupados de que los subsidios chinos amenacen sus industrias verdes, han advertido que responderán con restricciones a las importaciones. China, a su vez, ha presentado una queja ante la Organización Mundial del Comercio por las disposiciones discriminatorias contra sus productos en virtud de la histórica legislación climática del presidente estadounidense Joe Biden , la Ley de Reducción de la Inflación (IRA).
En un viaje reciente a China, la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió directamente a China que Estados Unidos no se quedaría impasible ante el “apoyo gubernamental a gran escala” de China a industrias como la solar, los vehículos eléctricos y las baterías. Al recordar a su audiencia que la industria siderúrgica estadounidense había sido diezmada anteriormente por los subsidios chinos, dejó clara la determinación de la administración Biden de no permitir que las industrias verdes corran la misma suerte.
China ha ampliado sus industrias verdes a una velocidad asombrosa. Actualmente produce casi el 80% de los módulos solares fotovoltaicos del mundo, el 60% de las turbinas eólicas y el 60% de los vehículos eléctricos y las baterías. Solo en 2023, su capacidad de energía solar creció más que la capacidad instalada total en Estados Unidos. Estas inversiones fueron impulsadas por una variedad de políticas gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal, lo que permitió a las empresas chinas descender rápidamente en la curva de aprendizaje para dominar sus respectivos mercados.
Pero hay una gran diferencia entre las células solares fotovoltaicas, los vehículos eléctricos y las baterías, por un lado, y las industrias más antiguas, como las del acero y los automóviles que funcionan con gasolina. Las tecnologías verdes son cruciales en la lucha contra el cambio climático, lo que las convierte en un bien público global. La única manera de descarbonizar el planeta sin socavar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza es pasar a las energías renovables y las tecnologías verdes lo más rápido posible.
Los argumentos a favor de subsidiar las industrias verdes, como lo ha hecho China, son impecables. Más allá del argumento habitual de que las nuevas tecnologías proporcionan conocimientos y otras externalidades positivas, también hay que tener en cuenta los costos inconmensurables del cambio climático y los enormes beneficios potenciales de acelerar la transición verde. Además, debido a que los derrames de conocimiento cruzan las fronteras nacionales, los subsidios de China benefician no sólo a los consumidores de todo el mundo, sino también a otras empresas a lo largo de la cadena de suministro global.
Otro argumento poderoso se deriva del segundo mejor razonamiento. Si el mundo estuviera organizado por un planificador social, habría un impuesto global al carbono; pero, por supuesto, no existe tal cosa. Aunque existe una variedad de esquemas regionales, nacionales y subnacionales de fijación de precios del carbono, solo una pequeña proporción de las emisiones globales está sujeta a un precio que se aproxima a cubrir el verdadero costo social del carbono .
En estas circunstancias, las políticas industriales verdes son doblemente beneficiosas: tanto para estimular el aprendizaje tecnológico necesario como para sustituir el precio del carbono. Los comentaristas occidentales que sacan a relucir palabras aterradoras como “exceso de capacidad”, “guerras de subsidios” y “shock comercial 2.0 de China” han entendido las cosas exactamente al revés. Un exceso de energías renovables y productos ecológicos es precisamente lo que recetó el médico climático.
Las políticas industriales verdes de China han sido responsables de algunos de los triunfos más importantes hasta la fecha contra el cambio climático. A medida que los productores chinos ampliaron su capacidad y cosecharon los beneficios de la escala, los costos de la energía renovable se desplomaron. En el espacio de una década, los precios cayeron un 80% para la energía solar, un 73% para la energía eólica marina, un 57% para la energía eólica terrestre y un 80% para las baterías eléctricas. Estos avances sustentan el creciente optimismo en los círculos climáticos de que tal vez podamos mantener el calentamiento global dentro de límites razonables. Los incentivos gubernamentales, la inversión privada y las curvas de aprendizaje demostraron ser una combinación muy poderosa.
Con el IRA, Estados Unidos ya tiene su propia versión de las políticas industriales verdes de China. La ley proporciona cientos de miles de millones de dólares en subsidios para facilitar la transición a las energías renovables y las industrias verdes. Si bien algunos de los incentivos fiscales favorecen a los productores nacionales frente a los importados (o están disponibles sólo con estrictos requisitos de abastecimiento), estas deficiencias deben verse en el contexto de los compromisos políticos necesarios para garantizar la aprobación de la legislación. Puede que sean un pequeño precio a pagar por lo que muchos analistas ven como un “ cambio de juego ” en materia de política climática .
Por supuesto, los países tienen otros intereses además del clima. Pueden albergar preocupaciones legítimas sobre las consecuencias de las políticas industriales verdes de otros países para el empleo y la capacidad innovadora interna. Si juzgan que estos costos superan los beneficios climáticos y para los consumidores, deberían tener libertad para imponer aranceles compensatorios a las importaciones, como ya lo permiten las reglas comerciales. Sería mejor para el mundo en general si no reaccionaran de esa manera, pero nadie puede ni debe detenerlos.
De hecho, antes de que la globalización y el endurecimiento de las normas comerciales se aceleraran en la década de 1990, no era raro que los países negociaran acuerdos informales con los exportadores como una forma de moderar los aumentos repentinos de las importaciones y mantener a los exportadores razonablemente contentos. Recordemos el Acuerdo Multifibras para prendas de vestir en los años 1970, y las restricciones voluntarias a las exportaciones de automóviles y acero en los años 1980. Si bien los economistas denunciaron estos planes como proteccionistas, tales acuerdos causaron poco daño a la economía mundial. Básicamente actuaron como válvulas de seguridad: al permitir que escapara la presión, ayudaron a mantener la paz comercial.
Lo que los gobiernos no deberían hacer es denunciar las políticas industriales verdes como violaciones de normas o transgresiones peligrosas de las normas internacionales. Los argumentos morales, ambientales y económicos favorecen a quienes subsidian sus industrias verdes, no a quienes quieren gravar la producción de otros. HHC: negritas nuestras
Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Harvard Kennedy School, es presidente de la Asociación Económica Internacional y autor de Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy (Princeton University Press, 2017).
