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martes, 2 de junio de 2026
“Fanáticos de la intervención del Estado”
miércoles, 15 de diciembre de 2021
El mito de achicar al Estado
Por Juan Paz-y-Miño Cepeda, Historia y Presente
Existe una enorme diferencia de conceptualizaciones en América Latina sobre el papel del Estado en la economía, con respecto a lo que se formula y se sigue en los países del “primer mundo”.
Los EEUU, tanto como Canadá, así como los países de la Unión Europea, además Rusia, Japón, incluso los “tigres asiáticos” y, sin duda, China, tienen fuertes Estados, con enormes capacidades para controlar sus economías y varios para expandirlas e incursionar en las geoestrategias del mundo. Esos Estados poseen recursos gigantescos, varios sostienen ejércitos poderosos, realizan inversiones en obras públicas y servicios, financian la investigación científica y técnica, destinan dinero a la educación y a múltiples actividades de cultura (museos, cine, teatro, artes, etc), tienen medios de comunicación públicos, manejan empresas propias, algunos han llegado al espacio sideral.
A diferencia de los EEUU o Japón, con economías de libre empresa, los más importantes países europeos y el Canadá se distinguen por su economía social y entre los nórdicos de Europa se habla de “socialismo del siglo XXI”. En este tipo de economías se mantienen la seguridad social, la educación pública y la atención médica, como servicios universales y gratuitos, conquistados después de la II Guerra Mundial, cuando tomó auge el modelo de economía social de mercado con Estados de bienestar. En Europa, a fin de atender la recuperación económica a raíz de la pandemia del Coronavirus, se ha comenzado a hablar de “economía del nuevo bienestar”, con elevación de fondos presupuestarios, nuevas normas de protección a derechos laborales y conquistas sociales, incremento de salarios, ayudas a las empresas con diversos subsidios y también variados bonos para las familias, que implican enormes inversiones estatales. Hasta 2020, el gasto público en relación con el PIB era del 61.60% en Francia; y en los países europeos, en general, supera el 50%, en tanto en los EEUU es del 45.45%; pero es necesario el examen por países, a fin de advertir cuánta importancia dan a las inversiones en los servicios sociales antes señalados (https://bit.ly/3DJiNGE).
Los estudios académicos más serios sobre el rol del Estado en las economías mundiales coinciden en tres puntos clave: 1. Gracias a los Estados y no exclusivamente a las empresas privadas, los países del “primer mundo” lograron crecer y desarrollarse; 2. Sólo al llegar a cierto nivel de desarrollo, los Estados abrieron más campos al mercado libre y a las empresas privadas; 3. La desregulación estatal ha conducido, inevitablemente, al deterioro de los servicios públicos de carácter social (educación, medicina, seguridad social) y al desmejoramiento de las condiciones de vida y trabajo. En una “vieja” entrevista (2016), el economista coreano Ha-Joon Chang, especialista en economía del desarrollo, fue contundente en sostener que el simple crecimiento del PIB no implica mejoramiento social y que Corea, junto con los otros “tigres” asiáticos, no se desarrolló, como suele creerse, por el mercado libre y la empresa privada, sino gracias a la decisiva acción de los Estados (https://bit.ly/3DK01ix). También Mariana Mazzucato (ítalo-estadounidense) demostró, en El Estado emprendedor (2013), el papel de las inversiones públicas para la biotecnología, la inteligencia artificial o la telecomunicación, además de su rol regulador general; y en otra obra reciente: El valor de las cosas (2021), discute el mito de la exclusiva generación privada de valor. Y el norteamericano Joseph Stiglitz (Nobel de economía 2001), ha estudiado el papel del Estado en el desarrollo de los EEUU y cuestiona, en Capitalismo progresista (2020), cómo desde Ronald Reagan (1981-1989) esa nación dejó los logros del New Deal de la época de F.D. Roosevelt (1933-1945), perdiendo el camino hacia una economía social de bienestar, que afectó a los norteamericanos.
Existe una enorme diferencia de conceptualizaciones en América Latina sobre el papel del Estado en la economía, con respecto a lo que se formula y se sigue en los países del “primer mundo”. Sin embargo, la historia latinoamericana igualmente demuestra que solo cuando el Estado ha intervenido, regulado y promocionado la economía, se han producido adelantos, modernizaciones y mejoramientos en la calidad de vida y trabajo de la población. Durante el siglo XIX ese intervencionismo no es generalizado y el desarrollo dependió del sector privado, incapaz de producirlo porque estuvo constituido por una clase terrateniente oligárquica, comerciantes y banqueros especuladores, en condiciones precapitalistas. En el siglo XX el capitalismo es lento en la mayoría de países y despega desde mediados del siglo gracias a las políticas desarrollistas, que implicaron la promoción estatal de la industria y del empresariado moderno, que de otro modo no crecía. Una vez formada la burguesía contemporánea, durante las dos décadas finales del siglo y los inicios del nuevo milenio, bajo la era de la globalización, los condicionamientos del FMI y de la expansión de la ideología neoliberal, se lanzó al retiro y privatización de los Estados, un “modelo” que desestructuró antiguos logros sociales, afectó las condiciones de vida y trabajo y desfavoreció la industrialización. Ha-Joon Chang no ha dudado en señalar que Chile, convertido en el ejemplo exitoso del neoliberalismo latinoamericano, equivocó el camino, perjudicó su desarrollo y afectó a la sociedad. El primer ciclo de gobiernos progresistas durante los tres lustros iniciales del siglo XXI, que fue una reacción contra la hegemonía neoliberal, demostró, en cambio, el indudable mejoramiento social con la edificación de economías basadas en roles fundamentales del Estado, nuevamente golpeadas con la restauración de los modelos empresariales neoliberales en el último lustro, que hoy confrontan con cierta recuperación del camino social entre los gobiernos del segundo ciclo progresista. Esa confrontación se ilustra bien en Chile entre los dos candidatos que pasan al balotaje final del 19 de diciembre (2021): José Antonio Kast propone la economía neoliberal y Gabriel Boric una economía social de bienestar (https://bit.ly/3DO0Bvs).
La diferenciación conceptual sigue marcando la historia del presente. En los países europeos que relanzan el nuevo bienestar, es prioridad la atención a la sociedad, mientras en la América Latina neoliberal se prioriza a las empresas. Entre los primeros, a nadie se le ocurre privatizar la educación, la atención médica universal o la seguridad social que atiende a todos, incluyendo a los empresarios. Sería inimaginable la exigencia de “achicamiento” de los Estados. El financiamiento proviene, sobre todo, de los altos impuestos; y si bien existen áreas privatizadas y concesionadas, además de gigantescas empresas privadas, los Estados no dejan de recibir fuertes regalías u otras ventajas. La presión fiscal (impuestos sobre rentas) no baja del 35% y en Dinamarca es del 47.4% (https://bit.ly/3oMuIz6). Desde luego, se vigila severamente la evasión. Italia cuenta con una Guardia di Finanza, escrupulosa fuerza policial-militar especializada en materia económica y financiera. Pero en América Latina es conocido que los ricos no quieren pagar impuestos. De acuerdo con la CEPAL, el 10% más rico posee el 71% de la riqueza y tributa solo el 5.4% de su renta (https://bbc.in/3IDtw9f), un promedio que esconde realidades como la de Ecuador, donde la evasión tributaria alcanza a 7.6 miles de millones de dólares, monto equivalente a los subsidios de combustibles entre 2015 y 2020 (https://bit.ly/30h4LOZ); 965 personas propietarias de Grupos Económicos (25 empresas en promedio) tienen ingresos superiores a 60 mil dólares mensuales (datos de 2019, https://bit.ly/3dGX9s5); y 214 de esos grupos apenas causaron impuestos equivalentes al 2.6% del total de sus ingresos (https://bit.ly/3DMzCRd).
En América Latina, las derechas económicas han tenido éxito en convencer que los déficits presupuestarios deben solucionarse mediante la reducción del gasto público. Pero una economía social requiere incrementar los ingresos públicos, lo cual conlleva la necesidad de aumentar impuestos a los ricos y cobrar a los evasores. El estrangulamiento al Estado explica la imposibilidad de los gobiernos para atender reclamos urgentes y variados sobre rentas que permitan financiar medicinas, universidades, obras de infraestructura, actividades culturales, investigación, seguridad, etc. Si algo adicional han demostrado los “Panama Papers” (https://bit.ly/3dDuh45) así como los “Pandora Papers” (https://bit.ly/3IFQbBX) es que la región tiene unas elites económicas ricas, que controlan incluso el poder político y que son campeonas mundiales en esconder sus capitales en el exterior, eludir el pago de impuestos y, al mismo tiempo, quejarse y reclamar a los Estados que achiquen su tamaño, reduzcan o exoneren impuestos a sus clases empresariales y flexibilicen el trabajo para reducir “costos” que supuestamente impiden sus inversiones.
viernes, 7 de mayo de 2021
¿Quién debe financiar al Estado?
Por Julio C. Gambina
El presidente de EEUU
habilitó un debate sobre el financiamiento del Estado al presentar en el
Congreso de su país el "Plan de Familias Estadounidenses", con un
costo de 1,8 billones de dólares.
La salud y la educación
aparecen privilegiados en el discurso, tanto como la recuperación del empleo. Aunque
vale señalar que todo se argumenta en función de retomar el liderazgo mundial,
desafiado por China, por lo que importa el crecimiento económico, el
restablecimiento del empleo y la capacidad de acción del Estado estadounidense.
Por ello, discutir el
financiamiento estatal resulta estratégico, especialmente si se analizan los
objetivos de cada Estado Nación.
Resulta de interés leer con
detenimiento el discurso sobre el estado de la Nación ante el Congreso, a 100
días de su mandato, porque Biden explicita la crisis heredada, no solo por el
COVID, y el problema que supone para EEUU la amenaza sobre el liderazgo
internacional.
En ese marco es que pone en
primer lugar la disputa del consenso interno de la población para intentar
recomponer el imaginario colectivo que le permita a EEUU disputar la primacía
mundial.
Por eso, existe un mensaje
directo hacia China, pero también hacia Rusia, Irán o Corea y con ello, la
justificación del gasto y el despliegue militar, tanto como el involucramiento
del país en los debates contemporáneos, especialmente el cambio climático.
Si para Trump la consigna el
“América Primero”, para Biden es “EEUU está de vuelta”. La pretensión imperial
se desnuda con toda crudeza en el discurso presidencial ante el Congreso.
Todos esos propósitos requieren
de financiamiento y no solo se trata de cheques para alimentos o alquiler,
jardines maternales, escuelas, universidades o hospitales, sino para sustentar
la hegemonía en el sistema mundial.
El interrogante es la fuente
del financiamiento, y aun cuando es conocido el crecimiento de la emisión
monetaria y de la deuda pública, Biden se concentró en el régimen tributario.
Señaló que “podemos hacerlo
sin aumentar el déficit”, que no impondrá “ningún aumento de impuestos a las
personas que ganan menos de 400.000 dólares. Pero es hora de que las empresas
estadounidenses y el 1 % más acaudalado de los estadounidenses empiecen a pagar
su parte justa. Sólo su parte justa.”[1]
Es una definición
contundente en réplica al discurso y práctica de reducción de impuestos a los
más ricos instaurado por la gestión republicana de Trump.
Al mismo tiempo denunció la
elevada evasión impositiva del capital más concentrado, indicando que “Un
estudio reciente muestra que 55 de las mayores corporaciones del país no
pagaron impuestos federales el año pasado. Esas 55 corporaciones obtuvieron más
de 40.000 millones de dólares de ganancias.”
El mensaje denuncia la
evasión de impuestos en “paraísos fiscales en Suiza, Bermudas y las Islas
Caimán”, obviando, claro está, los propios instalados en territorio
estadounidense.
Desde esa argumentación sustentó
la necesidad de “reformar el impuesto de sociedades para que paguen lo que les
corresponde y ayuden a pagar las inversiones públicas”. Para ello se propone
elevar la carga tributaria del “1 % de los estadounidenses más acaudalados, los
que ganan más de 400.000 dólares o más, hasta donde estaba cuando George W.
Bush era presidente, cuando empezó, el 39,6 %.”
Agregó que “sólo vamos a
afectar a tres décimos del 1 % de todos los estadounidenses.”
Polemizó con el relato que enuncia
que con la baja de impuestos a los más ricos se “generaría un gran crecimiento
económico”, para luego enfatizar que ello desfinanció al Estado agravando el
déficit fiscal y solo sirvió para “una enorme ganancia inesperada para las
corporaciones estadounidenses y los que están en la cima.”
Ejemplificó sus dichos con
la referencia de que “los directores ejecutivos ganan 320 veces lo que gana el
trabajador medio de su empresa”, cuando antes estaba por debajo de 100. Señaló
que “La pandemia sólo ha empeorado las cosas. 20 millones de estadounidenses
perdieron su empleo” y en contrapartida “650 personas aumentaron su riqueza en
más de 1 billón de dólares durante esta pandemia. Y ahora tienen más de 4
billones de dólares.”
Interesante escuchar de boca
del titular del ejecutivo estadounidense que el gasto fiscal debe sustentarse
con aportes de los más ricos. Es algo que debiera instalarse en el debate de
los países con menor desarrollo relativo, remisos a gravar la renta del capital
concentrado.
Es importante destacar que
no se trata de resolver las inequidades del mundo actual, sino de sustentar las
bases materiales y de conciencia social estadounidense para mantener la
hegemonía y la dominación en el capitalismo contemporáneo.
Por eso, resulta de interés
el reciente análisis de Michael Roberts[2],
marxista británico, quien describe el aumento de la desigualdad, no solo de
ingresos, sino que es aún mayor en términos de distribución de la riqueza.
Al respecto destaca que “El
1% más rico de los hogares estadounidenses ahora posee el 53% de todas las
acciones y fondos mutuos en poder de los hogares estadounidenses. ¡El 10% más
rico posee el 87%! La mitad de los hogares estadounidenses tienen poco o ningún
activo financiero; de hecho, están endeudados. Y esa desigualdad ha ido en
aumento en los últimos 30 años.”
Sostiene Michael Roberts que
el tema se agrava en las naciones más pobres del mundo. Ejemplifica con
Sudáfrica, en donde la situación empeoró desde el fin del régimen del
apartheid. “Hoy en día, el 10% superior posee aproximadamente el 85% de la
riqueza total y el 0,1% superior posee cerca de un tercio.”
Claro que el problema, dice
Roberts, más que los impuestos a la renta o a la riqueza, la cuestión de fondo
continúa siendo “la concentración de los medios de producción y las finanzas en
manos de unos pocos” y concluye que “debido a que esa estructura de propiedad
permanece intacta, cualquier aumento de los impuestos sobre la riqueza no
llegará a cambiar irreversiblemente la distribución de la riqueza y la renta en
las sociedades modernas.”
Como indicamos al comienzo,
Biden habilita un debate sobre quién debe financiar al Estado, al tiempo que
nos invita a discutir medidas de fondo para socializar la riqueza producida
colectivamente por el trabajo social.
Buenos
Aires, 4 de mayo de 2021
[1] La Casa Blanca. Declaraciones del Presidente Biden Durante Sesión
Conjunta del Congreso, 29 DE ABRIL DE 2021, en: https://www.whitehouse.gov/es/prensa/discursos-presidenciales/2021/04/29/declaraciones-del-presidente-biden-durante-sesion-conjunta-del-congreso/
[2] Michael Roberts. “Desigualdad de Riqueza” del 2 de mayo del 2021,
en: https://thenextrecession.wordpress.com/
miércoles, 28 de abril de 2021
¿La mano invisible o la intervención estatal?
Por Julio C. Gambina
Interesante debate se transitó en una reunión virtual de ministros del Mercosur el pasado lunes 26. La polémica la protagonizaron los titulares de Economía de Argentina y de Brasil. Se trató de un debate teórico y político que trasciende la preocupación relativa a la institucionalidad del Mercosur y se proyecta sobre el orden cotidiano. El tema es que Paulo Guedes, en defensa de la liberalización de la economía, aludió en su intervención a Adam Smith y a la “mano invisible” como organizador de la actividad económica. La respuesta de Martín Guzmán no se hizo esperar y en tono académico respondió “que la mano invisible de Adam Smith es invisible porque no existe”. La réplica del ministro de Brasil se sustentó como criterio de verdad en que más de la mitad de los “Premios Nobel” obtenidos fueron para economistas referenciados en la Escuela de Chicago, obviando la caracterización de la entidad que ofrece los galardones.
Hay que recordar que desde 1969 se otorga el premio del “Banco de Suecia en homenaje a Nobel”, intentando un símil a los galardones otorgados por la Fundación Nobel desde 1901. Tal como sostiene el ministro del Brasil, por abrumadora mayoría fueron beneficiados por el Banco de Suecia, referentes de la corriente principal en la disciplina, o sea, neo-clásicos o liberales y entre ellos destacan los ortodoxos. Solo en momentos muy especiales de crisis económica mundial, recibieron los galardones referentes de la heterodoxia. A modo de ejemplo puede citarse en plena crisis del 2001 estadounidense, a Joseph Stiglitz, con quien trabajó Guzmán en el equipo de investigación de la Universidad de Columbia en Nueva York hasta su designación en el Ministerio de Economía de la Argentina. Stiglitz es conocido como ex directivo del Banco Mundial y crítico de los organismos internacionales y las políticas de ajuste ortodoxo. Últimamente se lo ve cercano al Papa Francisco y convergen en visiones críticas del orden hegemónico, con especial dedicación en el tema del endeudamiento externo, asunto al que se asoció Guzmán como investigador y ahora como funcionario del gobierno argentino. También fue premiado por los banqueros suecos en 2008 el estadounidense Paul Krugman, columnista del “demócrata” New York Times. El año de la premiación remite al apogeo de la gran crisis desplegada entre 2007 y 2009, la que aun condiciona la perspectiva de recuperación de la economía mundial. Ni en 2001, ni en 2008 se podía premiar a ortodoxos y por eso era el tiempo de premiación de la heterodoxia.
Ambos contendientes, Guedes y Guzmán, expresan un debate actual en el sistema mundial, entre quienes pretenden recuperar al orden capitalista desde una lógica sustentada en la ortodoxia liberal, y aquellos que imaginan superar el momento actual retomando tiempos de reformas progresivas. Los primeros actúan y piensan con una orientación favorable al régimen de la ganancia y las aspiraciones del sector privado concentrado de la economía, por lo que sustentan políticas de “libre mercado”. Los segundos imaginan un escenario de reformas progresistas desde la “intervención estatal”, reiterando en esta tercera década del Siglo XXI las condiciones que estaban presentes hace un siglo. Eran aquellos, tiempos de desafío al orden capitalista desde la Rusia soviética, que provocaba un imaginario social a la ofensiva de la conciencia social crítica y anticapitalista. Esa situación hoy no existe, por eso, junto a la irrealidad de la liberalización sustentada por derecha, existen dudas sobre la posibilidad de ejecutar reformas progresivas en el orden contemporáneo.
Lo que no está en el horizonte del Banco de Suecia y menos en el debate entre los funcionarios del Mercosur es la posibilidad de un enfoque teórico en contra y más allá del capitalismo.
Sentido y destino de la integración
No es ocioso el debate de las posiciones sustentadas por los ministros, que de alguna manera recoge la discusión protagonizada hace un mes entre el Presidente uruguayo y el argentino. En aquella ocasión, en un cónclave conmemorativo de los treinta años de la creación del Mercosur (1991-2021), Lacalle Pou, titular del ejecutivo uruguayo, sustentó la necesidad de abrir la institución y sus integrantes a las variadas formas de la liberalización económica. Fernández, gobernante de la Argentina, replicó con dureza en su calidad de Presidente pro tempore de Mercosur, invitando a retirarse a quienes no comulguen con las decisiones compartidas.
La polémica sobre el sentido y destino del Mercosur y de la integración regional está sobre la mesa de discusión. El tema es que Brasil y su Ministro, o el Uruguay y su Presidente, expresan políticas económicas de liberalización del orden económico. Sustentan un discurso con base en un diagnóstico y propuestas en dónde el eje se asienta en la liberalización y por ende, privilegian el mercado. Desde la Argentina, el Ministro y el Presidente, parten de la crítica a la orientación del gobierno anterior de Mauricio Macri, de orientación liberalizadora, entre 2015 y 2019, y sustentan un imaginario de corte desarrollista, o si se quiere, neo-desarrollista.
Más allá de la polémica y las especificidades de los gobiernos de Brasil y de Argentina, por lo menos desde el 2003, con sintonía ideológica y política (Lula y Dilma, con Kirchner y Cristina Fernández), hasta el desembarco por elecciones de gobiernos de derecha en ambos países (Macri y Bolsonaro), lo real es un desarrollo asociado a los límites estructurales de la economía en la región latinoamericana y caribeña. Sin perjuicio de los discursos, lo que se despliega es el orden capitalista con predominio en ambos países de un modelo productivo asociado al agro negocio y la producción primaria de exportación, en donde la hegemonía es detentada por el capital transnacional más concentrado, los que impulsan una lógica liberalizadora que impregna los procesos de integración.
Resulta de interés recuperar el momento histórico de surgimiento del Mercosur, cuando hacia 1991 estaba en pleno apogeo la propuesta neoliberal, potenciada en nuestros territorios por el llamado Consenso de Washington, de estímulo a la iniciativa privada, la liberalización y la apertura de las economías. Solo las condiciones políticas derivadas de la lucha popular y su expresión en gobiernos con discursos críticos a la hegemonía neoliberal hicieron posible ciertas y relativas adecuaciones a la institucionalidad del Mercosur y su concepción originaria de integración subordinada. Ahora, con otras condiciones políticas, más afines al clima político de comienzos de los noventa, los debates sobre la integración y el papel del Mercosur retoman los objetivos originarios de libre comercio.
La discusión de fondo es sobre el arancel externo y la potencialidad de cada país para suscribir acuerdos de libre comercio. Es una concepción hegemónica por décadas, tributaria de la Iniciativa para las Américas promovida por Bush padre en 1990 y recreada como ALCA entre 1994 y 2005, incluso las iniciativas de las Cumbres de Presidentes Iberoamericanos desde 1991, cuya última versión se acaba de realizar, de modo virtual, bajo la presidencia de Andorra. Sea desde EEUU o desde España, puerta de ingreso a Europa, la preocupación es por la subordinación de los bienes comunes de la región a la dominación capitalista y su disputa en el sistema mundial. En rigor, en los últimos años quien apura acuerdos económicos en la zona es China, lo que evidencia la importancia de la América Latina y el Caribe, desafiada a encontrar caminos propios de integración no dependiente ni subordinada a la lógica de la ganancia.
Cuba y el intento de ir más allá
La CEPAL insiste es que estamos a punto de vivir una nueva década perdida en toda la región, memorando la de los años ochenta del siglo pasado. Sin perjuicio de ello, la UNCTAD pone de manifiesto que hace por lo menos una década que la región no está en la mira de inversores externos, motores de la inversión y el crecimiento económico, base de cualquier posibilidad de distribución del ingreso o la riqueza según el ideario capitalista.
Hace años, los transcurridos desde los tempranos setenta del siglo pasado, que la discusión está contenida en la visión “liberal” o la “neo-desarrollista”, por lo menos en gran parte de los procesos nacionales. La excepción ha sido Cuba y su experiencia por el socialismo desde hace sesenta años (1961-2021), la que se entusiasmó con las novedades que trajo el nuevo siglo en materia de recreación de proyectos en contra y más allá del capitalismo. En estos días, Cuba reafirmó el rumbo por el socialismo en el VIII° Congreso del PC, con las expectativas de acompañamiento en otros países de la región.
Resulta de interés el debate, porque no solo existe “mercado” o “estado”, en tanto que ambas constituyen relaciones sociales y, por lo tanto, vale incluir una interrogación sobre el tipo de mercado o de estado. No es lo mismo la relación mercantil asentada en el lucro derivado de la producción y circulación capitalista, que en un sistema de relaciones mercantiles asumidas desde los bienes de uso y no de cambio. En el mismo sentido opera el debate sobre el estado. Una cosa es la institución de sustento a la lógica del capital, de la explotación y del saqueo, que aquella que asuma un estado para la transición del capitalismo hacia otro rumbo, el socialista o si se quiere en la lógica de algunas constituciones recientes, las que sustentan sociedades del “buen vivir” o el del “vivir bien”.
Hay que seguir los debates de la calle, la prensa y en el gobierno de Cuba con relación a estos temas. ¿Qué tipo de relaciones monetario-mercantiles son las que deben impulsarse en la Cuba actual? ¿Cuál es la función del estado en estos momentos de cambio económico y reordenamiento monetario? ¿Cuál es el espacio para la autogestión y protagonismo de los sujetos concretos en el proceso de producción y circulación de la economía cubana? Las respuestas son diversas, de quienes imaginan un fuerte estímulo a la iniciativa privada, incluidos sectores estratégicos, hasta quienes, con base en algunas experiencias concretas impulsan la mejora de la productividad sustentada en la cooperación y la autogestión.
Es un debate abierto el que existe en Cuba y vale la pena seguirlo de cerca porque es la experiencia regional que en condiciones adversas intenta la construcción de un proyecto de transformación social en condiciones de bloqueo. Solo hay que constatar que el proyecto socialista cubano se formuló en asociación con un bloque que sostenía ese rumbo por treinta años, entre 1961 y 1991. Eran tiempos de bipolaridad del sistema mundial, facilitando expectativas de cambios. Desarticulado el bloque socialista, el camino tortuoso de Cuba, entre 1991 y 2021, se despliega en la búsqueda de una dinámica de la lucha de clases global que pueda restablecer una contraofensiva por la emancipación social. Por eso, la vista está puesta en la dinámica interna y la que acontece en todo el mundo.
Por ello es que tiene sentido el debate sobre el “mercado” y la función del “estado”. En la polémica que inicia esta nota está el rumbo del capitalismo ante la emergencia sanitaria y económica, y al traer a Cuba a la discusión, pretendemos instalar la potencia de un discurso y una propuesta para imaginar una sociedad en contra y más allá del capitalismo.
Buenos Aires, 28 de abril de 2021
Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Montevideo 31, 2º Piso CP 1019ABA. Ciudad de Buenos Aires.
Teléfono: (54 11) 4551 6869 / 4381 5574
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Celular whatsapp: +54 9 11 5502 0283
visitá mi blog www.juliogambina.blogspot.com
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domingo, 14 de marzo de 2021
La "gran política" y la revolución digital
Por Raúl Zibechi
En los Cuadernos de la cárcel Antonio Gramsci diferenciaba entre la "gran política" y la "pequeña política". La primera se concentra en las funciones que desempeñan los Estados y en las estructuras económico-sociales. La segunda aborda la política del día, parlamentaria, de corredores, de intriga.
La gran política es necesariamente creativa. La pequeña es conservadora y apenas busca mantener los equilibrios prexistentes. En el mundo actual, la alta política la definen las grandes multinacionales, las fuerzas armadas y sus think tanks estratégicos, y grupos de presión y de poder como el deep State en Estados Unidos.
De la pequeña política se ocupan los gobiernos, en particular los progresistas que no tienen posibilidades de influir en la gran política, ya que no se proponen cambios estructurales y, por tanto, se limitan a cuestiones de maquillaje y estética políticas, sobre todo utilizando los medios de comunicación de masas.
Lo más común es que propongan como gran política cuestiones que no pasan de ser políticas de lo cotidiano, a menudo rescatadas de fracasos anteriores. La represa Belo Monte que promovió el gobierno de Lula en Brasil fracasó casi medio siglo antes por la oposición de los pueblos amazónicos a la obra faraónica que propuso la dictadura militar. El Tren Maya entra en la misma categoría de la política de intriga, que se quiere hacer pasar como obra estratégica.
El desarrollo digital forma parte de la gran política que los gobiernos, en general, tratan con los modos de la pequeña política. Se limitan a bendecirla como si fuera un proceso inevitable en la vida humana, como el nacimiento y la muerte, como el amanecer y el crepúsculo.
Sin embargo, la digitalización es considerada como la tercera revolución antropológica, luego de la creación del lenguaje articulado y la invención de la escritura, como estima el sicoanalista y epistemólogo franco-argentino Miguel Benasayag en La tiranía del algoritmo, aún inédito en castellano.
Miguel es un compañero cuyos análisis son agudos y penetrantes. Pertenece a la generación de 1968, estuvo tres años en las cárceles de la dictadura por pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo y ahora participa en el colectivo francés Malgré tout (A pesar de todo). Sigue comprometido con causas colectivas y se ha focalizado en estudiar las consecuencias de las nuevas tecnologías en la sociedad.
Su libro anterior, El cerebro aumentado, el hombre disminuido (Paidós, 2015), señala que, a diferencia de los inventos anteriores, desde la rueda a los antibióticos, "la digitalización no termina de producir un nuevo modo de ser en el mundo para el hombre, sino que aleja al hombre del mundo y su poder de actuar, a pesar de que desencadene un poder muy fuerte en lo tecnológico"(p. 116).
Sostiene que la revolución de la digitalización ha llevado a que 95 por ciento del conocimiento que tenemos sobre el mundo sea indirecto. Pero ese conocimiento indirecto no se suma al conocimiento que nace de la experiencia corporal, sino que lo remplaza y lo cancela. Por eso considera la digitalización como violencia, porque niega y suprime la diferencia (y a los diferentes) y las identidades singulares.
La rapidez y la omnipresencia caracterizan la revolución digital, estima Benasayag. En el mundo del algoritmo no existe la alteridad, pero la delegación de las decisiones políticas en los algoritmos suspende el conflicto, lo bloquea y lo inhibe. "La negación del conflicto puede producir la barbarie", sostiene en Elogio del conflicto, escrito con su compañera Angélique del Rey (Brueghel, 2018).
La tiranía del algoritmo coloniza la vida, al eliminar la singularidad de los seres y, en consecuencia, suprimir el conflicto. De ese modo nos deja inermes, nos desmaterializa y descorporiza, convertidos apenas en datos binarios inscritos en chips, lo que nos inmoviliza al enrejarnos en lo individual.
Para evadir esta tiranía, sostiene Benasayag, debemos resistir la supresión de la diferencia y del conflicto, algo que parecen estar deseando los gobiernos, en general, y los progresistas en particular. Por eso se engalanan con las prendas de los pueblos originarios y esgrimen sus bastones de mando haciendo creer que todo es lo mismo, que es igual arriba que abajo. Las diferencias y los diferentes son sentidos como amenazas por un sistema incapaz de procesar los conflictos, como hizo la humanidad en su historia.
La pequeña política gubernamental se muestra impotente ante la gran política de las grandes empresas de la información, esas que pueden hasta bloquear y cancelar las cuentas de los presidentes del imperio. Lo peor que podemos hacer es ignorar la potencia de esta tiranía, su capacidad de anular a los seres humanos.
Aún no hemos encontrado los modos de actuar capaces de enfrentar la revolución digital, no para negarla, sino para evitar que destruya la vida. Lo que vamos aprendiendo es que nada puede cambiar si nos limitamos a la pequeña política de palacio.
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La Jornada
La Jornada
viernes, 2 de octubre de 2020
Estado y sociedad
Por Rafael Alhama Belemaric
El análisis de los problemas estruturales de la economía, de las necesarias reformas o transformaciones, de los modelos de desarrollo económico, lleva inevitablemente, a la par y de conjunto, un abaníco de temas acerca de la organización del Estado, y sobre todo, la real situación de la economía política, tan poco o nada tratados. Más claro aún, sin muchas elaboraciones, es la economía política, vinculada a la organización del Estado y las intervenciones que realiza el gobierno, las que posibilitan unas relaciones de producción, la producción de bienes materiales, la regulación de la producción social, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en la sociedad.
Debatir
acerca de estos problemas es hablar de economía política, tan perdida u olvidada
en los últimos años, y es hablar de la necesaria reorganización del Estado. Se
discuten, escriben y proponen medidas y acciones con mayor o menor prioridad,
sin entrar al análisis del fundamento. No es posible hablar ni discutir de
política económica que puede afectar y modificar el comportamiento de distintos
actores económicos y sociales, sin tener en cuenta el comportamiento de (los)
individuos y la sociedad. (www. cubayeconomia.blogspot.com › 2020/09 individuo y
sociedad...)
La realidad es que toda
estrategia, política y las acciones que no tengan en cuenta esto, que no tenga
en cuenta las relaciones políticas, o las minimize, el problema de fondo de la
distribución del poder y su interelación con la estructura económica y social. no
hará más que posponer las transformaciones integrales.
Por supuesto que existe un desarrollo, concepción, leyes, prácticas, instituciones legítimas, instituciones parlamentarias respetables, una justicia operante, todo un estado de arte sobre el Estado. Pero más allá de eso, el desarrollo político de la nación, como parte de la construcción del Estado, debe demostrarse a diario en el conjunto de las instituciones que operan en beneficio del interés general, en su efectividad.
Si el Estado como relación social refleja la distribución
del poder económico y político, entonces se debe reflejar de manera efectiva la
influencia de los diferentes sectores sociales y grupos de interés, frente a
los cuales el Estado debe ejercer un adecuado arbitraje. Con los nuevos
procesos de globalización que llevan, se quiera o no, a nuevas interconexiones
globales más allá y por encima del Estado-nación, pero al propio tiempo las
tecnologías de información potencian nuevos retos, en nuestro caso, de
socialización de los procesos, no es posible desconocerlo, o evitarlo, y no es
posible desconocer que ello conlleva a transformaciones de las estructuras del
Estado, su funcionamiento, sus mecanismos. Unos y otros procesos están
interconectados. Exigen mayor dinámica que la que se concibió con los esquemas
tradicionales de subordinación cuando se crearon las bases del Estado
moderno de principios del siglo XX. Debe llevar a la consolidación democrática
de las instituciones estatales.
No se trata de perfeccionar la burocracia existente, con
más o menos niveles, más o menos cargos, mayores o mejores controles. Se trata
de construir nuevas relaciones de poder con mayor exigencia sobre responsabilidad individual y colectiva, y
confianza mutua. Martí, que fue precursor de ideas, pionero del meollo
democrático, que anticipó retos en su tiempo, que quedan por superar, diría
¿Cómo insuflarle a la formalidad democrática un espíritu ciudadano? ¿Cómo
lograr que el bienestar sea de todos y no de unos pocos privilegiados?
Se
requiere “Una concepcion y vision diferente del Estado, no solo a traves de
estructuras administrativas y politicas, sino entendido como múltiples
interacciones sociales conflictivas, con diversidad de orientaciones
formales e informales de cómo actuar, impulsadas por diversas agrupaciones,
formales e informales. Asi se rompe con el esquema mental y las practicas de
mas de siglo y medio de concebir al Estado como “creador“ y a la Sociedad como
“receptor“. Las influencias que se producen son influencias mutuas, y esta
nueva dimension social le otorgaria mayor cohesion al Estado. ¿Es que acaso no
ocurre nada importante a nivel individual y grupal en una sociedad que produce
y promueve constantes cambios, con independencia de los resultados, y medios, o
precisamente por los medios utilizados y los resultados demorados en el tiempo
?“ . (www.nodo50.org ›
cubasigloXXI › encuentro-entre-estado-sociedad..)
Como antídoto surgen
los enfoques de gobernabilidad, promociones desde principios de los años 90,
con muchas y variadas elaboraciones y propuestas, hasta convertirse en
normativas de organimsos internacionales, de tal manera que se confunde al
propio Estado sobre su práctica política, y se justifica a través de variables,
índices e indicadores administrativos. La relación entre Estado y el ejercícico
de gobierno se redujo, con intención, a la “racionalidad administrativa“, y se
acompaña, con racionalidad también, junto a la idea y concepto de “capital
humano“, como ejercicio financiero y contable. ¿Que tiene que ver con el Estado
y sus transformaciones? Bueno, en el mejor de los casos, que capital humano,
pierde su connotación política como sujeto de actuación activa.
Termino
recordando un texto tan citado, pero poco instrumentado, de “El Estado y la
revolución“, de 1917,considerada como doctrina marxista del Estado, congelado
en el tiempo, que en definitiva examina la doctrina de Marx y Engels sobre el
Estado, deteniéndonos de manera especialmente minuciosa en los aspectos de esta
doctrina que ha sido largamente tergiversada de un modo oportunista. Tal
pareciera que se refería en aquellos
momentos a tiempos futuros. No es objetivo la profusión de citas. Sólo bastaria
el propio recordatorio de las palabras de Engels de “El origen de la familia,
de la propiedad privada y del Estado“: “El Estado —dice Engels, resumiendo su
análisis histórico— no es, en modo alguno, un Poder impuesto desde fuera a la
sociedad; ni es tampoco ‘la realidad de la idea moral’, ‘la imagen y la
realidad de la razón’, como afirma Hegel [3]. El Estado es, más bien, un
producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo; es
la confesión de que esta sociedad se ha enredado consigo misma en una
contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos irreconciliables, que
ella es impotente para conjurar. Y para que estos antagonismos, estas clases
con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no devoren a la
sociedad en una lucha estéril, para eso hizo necesario un Poder situado,
aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto,
a mantenerlo dentro de los límites del ‘orden’. Y este Poder, que brota de
la sociedad, pero que se coloca por encima de ella y que se divorcia cada vez
más de ella, es el Estado”(el subrayado es nuestro)
Y las tantas veces repetida “extinción“ del
Estado, Lenin explica así:
“Las
palabras de Engels sobre la “extinción” del Estado gozan de tanta celebridad y
se citan con tanta frecuencia, muestran con tanto relieve dónde está el quid de
la adulteración corriente del marxismo por la cual éste es adaptado al
oportunismo, que se hace necesario detenerse a examinarlas detalladamente.
Citaremos todo el pasaje donde figuran estas palabras: “El proletariado toma en
sus manos el Poder del Estado y comienza por convertir los medios de producción
en propiedad del Estado. Pero con este mismo acto se destruye a sí mismo como
proletariado y destruye toda diferencia y todo antagonismo de clases, y, con
ello mismo, el Estado como tal. La sociedad hasta el presente, movida entre los
antagonismos de clase, ha necesitado del Estado, o sea de una organización de
la correspondiente clase explotadora para mantener las condiciones exteriores
de producción, y por tanto, particularmente para mantener por la fuerza a la
clase explotada en las condiciones de opresión (la esclavitud, la servidumbre o
el vasallaje y el trabajo asalariado), determinadas por el modo de producción
existente. El Estado era el representante oficial de toda la sociedad, su
síntesis en un cuerpo social visible; pero lo era sólo como Estado de la clase
que en su época representaba a toda la sociedad: en la antigüedad era el Estado
de los ciudadanos esclavistas; en la Edad Media el de la nobleza feudal; en
nuestros tiempos es el de la burguesía. Cuando el Estado se convierta
finalmente en representante efectivo de toda la sociedad, será por sí mismo
superfluo“. (el subrayado es nuestro)
“Cuando
ya no exista ninguna clase social a la que haya que mantener en la opresión;
cuando desaparezcan, junto con la dominación de clase, junto con la lucha por
la existencia individual, engendrada por la actual anarquía de la producción,
los choques y los excesos resultantes de esta lucha, no habrá ya nada que
reprimir ni hará falta, por tanto, esa fuerza especial de represión, el Estado.
El primer acto en que el Estado se manifiesta efectivamente como representante
de toda la sociedad: la toma de posesión de los medios de producción en nombre
de la sociedad, es a la par su último acto independiente como Estado. La
intervención de la autoridad del Estado en las relaciones sociales se hará
superflua en un campo tras otro de la vida social y se adormecerá por sí misma.
El gobierno sobre las personas es sustituido por la administración de las cosas
y por la dirección de los procesos de producción. El Estado no será ‘abolido’;
se extingue. Partiendo de esto es como hay que juzgar el valor de esa frase
sobre el ‘Estado popular libre’ en lo que toca a su justificación provisional
como consigna de agitación y en lo que se refiere a su falta absoluta de
fundamento científico“.
Realmente,
lo único que ha pasado, además de tergiversaciones, es un congelamiento del
concepto o doctrina, o “adormecimiento“ como diría Engels, sin desarrollos
posteriores, pero sobre todo alejándose cada vez más de la “extinción“, lo
mismo del sentido corriente, que del científico.
Porque, como dijera Marx, y Lenin lo recordaba al final, “el proletariado sólo necesita un Estado que se extinga, es decir, organizado de tal modo, que comience a extinguirse inmediatamente y que no pueda por menos de extinguirse...“. Y extinción significa aqui transformación, no abolición, como muchos oportunistas responden muchas veces cuando se señala la imperiosa necesidad de las transformaciones.
miércoles, 17 de junio de 2020
El Estado, la pandemia y el péndulo de la “comunidad ilusoria”
“La institucionalidad que se insuflaba de haber creado una globalización por encima del Estado ahora tiende su mano en busca de dádivas gubernamentales”.
Por primera vez en la historia humana, tantas personas de tantos países han aceptado abandonar sus actividades remuneradas, dejar de concurrir a encuentros públicos y recluirse en sus domicilios durante semanas y meses. Vivimos una especie de “huelga general” planetaria que ha paralizado la mayor parte del transporte, el comercio, la producción y los servicios. Se calcula un decrecimiento de la economía mundial en el orden de un 3 al 9%1.
La gente ha acudido al confinamiento ante el llamado de sus instituciones estatales, que justifican la medida como modo de frenar la expansión del virus Covid-19, de elevada incidencia letal entre las personas. Dos preguntas relevantes ante este hecho social planetario son, en primer lugar, ¿cómo es que la gente ha aceptado suspender abruptamente la mayor parte de sus actividades laborales remuneradas, recreativas y sociales ante este llamado del Estado? Y, más intrigante aún, ¿cómo es que el Estado, que se supone está subordinado para reproducir el orden económico dominante2, decide suspender la reproducción ampliada del capital, colocando por “encima de la acumulación económica, la salud”? La mayor parte de nuestras definiciones sobre lo que es el Estado no ayudan a comprender este hecho extraordinario que involucra enteramente la relación estatal. Es como si la crisis hubiera hecho estallar también muchas de las categorías con las que analizamos la realidad.
Ciertamente, la información sobre la existencia de una enfermedad letal apareció primero en los medios de comunicación y salió también de especialistas médicos que explicaban sobre la peligrosidad y rapidez de la expansión del virus detectado en otros países. Periodistas, instituciones internacionales de salud y académicos3 hablaban de las distintas maneras de contener el virus; incluso mencionaban la técnica del confinamiento como una respuesta de urgencia. Sin embargo, eran eso: comentarios sin fuerza vinculante.
Aun cuando los contagios comenzaron a presentarse en muchos otros países, ni la alarma de los especialistas y líderes de opinión se tradujo en una reclusión voluntaria. Todos esperaban la voz autorizada del Gobierno para asumir la medida extrema. En algunos países, como Estados Unidos4, Brasil5 e Inglaterra6 sucedió que mientras todas las referencias médicas reconocidas planteaban la cuarentena inmediata, sus gobernantes optaron por la ambigüedad o el rechazo a implementar el aislamiento. Semanas después, fruto de una presión social contra gobernantes y de los trabajadores contra los empresarios, la cuarentena se efectivizó; pero solo cuando las autoridades oficiales del Estado así lo anunciaron.
1. El Estado como comunidad
¿De qué resorte, de qué poder se valió el Estado para lograr algo aparentemente imposible, como es colocar el freno al vértigo enloquecido de las sociedades modernas? No cabe duda que el pánico al riesgo de muerte ha catalizado la eficacia estatal. Pero el acatamiento del aislamiento social decretada por los gobiernos no tiene que ver solo con la información centralizada que ellos poseen, pues los argumentos que usaron para justificar la cuarentena ya habían sido usados anteriormente por los especialistas médicos y por otros gobiernos afectados tempranamente por el virus, sin que ello repercuta en el autoaislamiento de las sociedades con un número de infectados aún pequeño. Por lo que la idea de que el poder del Estado nace de la centralización o ventaja informativa no funciona.
Claramente se advierte que los recursos y el personal dedicados a centralizar la información de la sociedad (sobre la propiedad, los ingresos, las deudas, los delitos, sobre el funcionamiento económico, sobre movilidad social o actividades políticas, entre otras), hacen funcionar el engranaje estatal, pero no lo definen.
El análisis weberiano respecto al monopolio de la coerción7 tampoco ayuda mucho, porque cerrar fábricas y comercios paraliza la generación de ingresos económicos familiares de toda una sociedad, es una medida que interrumpe la única fuente que tienen las personas para garantizar sus medios materiales de vida y bloquea sus apuestas de trayectoria personal labradas durante décadas. Y para que más de 3.000 millones de personas8 acepten la parálisis temporal de su destino social sin más argumento que la coerción y la cárcel si no lo hacen, requeriría 3.000 millones de policías y militares que estén detrás de cada ciudadano obligándolo a acatar la cuarentena, lo que es imposible. La magnitud social de la atrofia mundial es de tal magnitud que ningún monopolio de la coerción tiene los medios ni el personal para imponerla por su cuenta. El añadido de “legítima” a la coerción tampoco es suficiente, porque si bien se requiere una tolerancia social al uso centralizado de la violencia para obligar a los cumplimientos decididos por el Gobierno, ella solo puede ejercerse si se aplica a una parte de la sociedad por motivos de “orden público” (subversión, delincuencia y demás); pero es insostenible si se aplica a toda la sociedad pues ya no hay sujeto de legitimación que avale el uso de la coerción. La violencia siempre ha sido y será un modo, de última instancia, de resolución de conflictos sociales; su monopolización brinda al que lo posee muchas mayores probabilidades de dirimir a su favor las controversias colectivas. Sin embargo, no se desprende de ello que un orden estatal pueda sostenerse, y mucho menos organizarse en el tiempo, por medio exclusivo de la violencia desnuda.
La tradición jurista germánica, que centra el poder de Estado en la existencia de un ordenamiento jurídico9 o en la asociatividad de voluntades políticas dotadas de poder de dominación10, tampoco alcanza para explicar los sucesos, ya que la mayor parte de la actual suspensión del mundo social se ha hecho sin el apoyo de leyes, e incluso en algunos casos, congelando las propias garantías constitucionales de desplazamiento. Como pocas veces sucede, la ley y las normas han sido licuadas por la velocidad de los acontecimientos políticos sin que por ello se hayan extraviado los visos de legalidad de las decisiones del Estado ante la valoración moral de los ciudadanos. La ley se muestra hoy de manera descarnada, ante la emergencia sanitaria, como un consagrador de segundo término de una relación de creencias de legalidad producidas por las tolerancias y licencias compartidas por la mayor parte de las personas.
Ciertamente, no hay Estado sin ordenamiento legal, pero no son los ordenamientos legales los que dan lugar a los Estados.
La propuesta de Jessop de que el Estado sería el conjunto de instituciones cuya función socialmente aceptada es de aplicar decisiones vinculantes11, no explica precisamente el fondo del problema de la realidad estatal actual, de por qué esas instituciones tienen la “aceptación” social de aplicar decisiones vinculantes. ¿De dónde salió esa atribución, quién y por qué se les otorgó ese poder? Bourdieu trabaja el mismo elemento decisivo de la concentración de los consentimientos básicos de una sociedad al proponer que, además de la coerción, el “monopolio de la violencia simbólica”12 sería la característica de la forma estatal; pero al margen de que el Estado no es la única fuente de violencia simbólica -pues ella está presente en otros nodos sociales como las empresas, la familia y otros-, lo central radica en responder cómo es que el Estado logró y logra permanentemente administrar, reactualizar su capacidad de definir los esquemas dominantes de comprensión de la realidad con los que la sociedad se relaciona con el Estado. ¿Por qué la sociedad lo permite? La referencia a una violencia dura, fundadora de la imposición luego sedimentada, olvidada y reactualizada como violencia blanda reduce el poder de Estado a un viejo abuso, luego olvidado, que requeriría de falacias, imposturas reactualizadas para mantenerse en el tiempo. Si el Estado solo fuera un engaño permanente, bastaría con desengañarnos para hacer desaparecer el Estado, lo que es una lectura ingenua de la realidad del poder político.
No cabe duda de que el Estado somete a la sociedad a modos lógicos y morales de ordenar jerárquicamente el mundo con los cuales la misma sociedad, en parte, se vincula con el Estado reconociendo instantáneamente su autoridad; pero esto no explica cómo es que las sociedades han obligado a algunos Estados a decretar la cuarentena, cuando en principio no deseaban hacerlo. Si el monopolio del poder simbólico fuera tan constitutivo, el desencuentro entre creencias sociales y emisiones estatales no se hubiera producido.
No es suficiente, por tanto, hallar el núcleo del funcionamiento estatal ni en sus monopolios de coerción ni en su decisionismo territorialmente vinculante, sino en la autorización social para poder, precisamente, monopolizar decisiones vinculantes.
El miedo a la muerte producido por un microorganismo de material genético tiene, pues, más razón explicativa de la autorización de la autoridad del Estado.
Elías se fija en la contención a los miedos a la muerte inducidos externamente como el hecho articulador de la aceptación a la formación de los monopolios coercitivos y tributarios del Estado moderno13. Pero esta explicación es aplicable como mucho a la generación marcada por permanentes guerras de saqueo territorial; mas no ayuda a explicar por qué la formación estatal es reproducida por los actos y expectativas de nuevas generaciones distantes del estruendo de las batallas de exterminio.
En el caso de la actual pandemia, la contención del miedo que genera podía haber sido canalizada, por ejemplo, por la compra o alquiler temporal de espacios hospitalarios para los que tienen dinero, y la reclusión y represión para los que interfieran esta asignación de cuidados. De hecho, esta es la respuesta propiamente de mercado a una pandemia. Pero lo más seguro es que hubiera desencadenado levantamientos populares muchísimo más peligrosos para las familias acaudaladas que el riesgo de contraer el virus.
La salida ante el riesgo común fue, entonces, demandar y esperar una salida estatal. ¿Por qué?
Porque el Estado es, precisamente, la creencia compartida del resguardo de todos a través de recursos que son públicos; la esperanza de la protección colectiva contra las guerras, las invasiones, la muerte violenta, antes; y de manera frecuente, contra las desgracias colectivas, las catástrofes económicas, los riesgos de perder las posiciones; hoy contra el riesgo de muerte por el virus.
Y es que en las respuestas colectivas ante los miedos constitutivos de los que nos habla Duby14 es donde podemos hallar pistas decisivas sobre los orígenes y funcionamiento de los Estados. Pero el miedo no es el Estado. El miedo a las invasiones, a la miseria, a la pérdida de lo poseído, a la peste, dan lugar a una comunidad de afectados que deviene en una comunidad política cuando todos deciden aceptar un modo de organización de recursos comunes que permita efectivamente detener, atenuar, derrotar los temores primarios inminentes o percibidos. No es el miedo ni la defensa ante él lo que hace de una aglomeración una comunidad política. Es precisamente la creencia y la acción práctica de consolidar una organización de medios comunes para sobrellevar esa u otra adversidad la que da lugar al momento político de la sociedad.
Es precisamente la creencia y la acción práctica de consolidar una organización de medios comunes para sobrellevar esa u otra adversidad la que da lugar al momento político de la sociedad.
No es, por tanto, solo una creencia de bienes colectivos para la protección común; es también una realidad material de organizar una forma de gestión de lo común (Gobierno, Parlamento, ministerios, aparato legal, aparatos coercitivos permanentes); es una realidad material de poseer recursos y bienes comunes para la protección (inicialmente impuestos, luego bienes públicos, servicios, ahorros, entre otros), por tanto, de dirección de lo común; y modos discursivos de delimitar territorialmente la comunidad de creencias (sistema escolar, identidad nacional, sistemas de reconocimientos, legitimidades estatales).
No estamos ante cualquier creencia sin materialidad verificable. Son creencias performativas que crean el orden institucional y material de lo que enuncian, pero también son creencias derivadas de realidades materiales en desarrollo. Son, por ello, creencias de un tipo de comunidad política validadas por realidades materiales territoriales de dicha asociatividad. De ahí que podamos hablar del Estado, en un primer momento, como una comunidad política de creencias y acciones sobre la vida en común objetivada por derechos y recursos materiales comunes dispuestos para ese objetivo, con efecto vinculante unívoco en todas las personas de un territorio específico.
Por eso, ante el riesgo de muerte o catástrofe, se da el vínculo formativo del Estado y entre los miembros de la sociedad, y es a lo primero que se interpela: medidas firmes y efectivas de protección médica, garantía de acceso a servicios básicos, alimentos, apoyo a las actividades económicas, créditos, donaciones. El Estado surgió de la demanda de protección colectiva; cada mes se aporta económicamente para sostenerlo; custodia los bienes considerados comunes a los integrantes de la sociedad, y, entonces, es el Estado al que de manera inmediata se acude cuando existe un riesgo que amenaza a todos.
Nadie escapa a este principio de protección social primario, ni siquiera aquellos que días atrás demandaban el Estado mínimo y el triunfo final de los mercados sobre el populismo estatista. A pesar de su soberbia y riqueza privadas son seres con miedo ante la democracia de una oleada de contagios sorteada entre todos con relativa igualdad.
Nadie escapa a este principio de protección social primario, ni siquiera aquellos que días atrás demandaban el Estado mínimo y el triunfo final de los mercados sobre el populismo estatista.
Con todo, más allá de los miedos constitutivos que develan descarnadamente el núcleo de la relación estatal, el Estado en su regularidad funciona como realidad material y creencia normativa porque gestiona recursos socialmente compartidos y colectivamente poseídos, como los servicios básicos, los sistemas de salud pública, la educación oficial, el medioambiente, los recursos naturales, la moneda, la seguridad ciudadana, la protección de la propiedad, los impuestos, los ahorros sociales, las empresas públicas y demás; por eso los momentos de mayor cohesión social o grado de adherencia de la sociedad a las estructuras estatales se han dado al momento de la expansión de los derechos o modo de democratización de bienes y reconocimientos públicos obtenidos por el incremento de la participación del Estado en la generación del Producto Interno Bruto. En el caso del llamado Estado de Bienestar del siglo pasado, los estados del mundo llegaron a administrar entre el 35 y el 40 % de la renta nacional,15 en tanto que el capital público llego a ser entre un 20-30% del capital total16.
Lo recortes presupuestarios, las privatizaciones de empresas públicas, de la salud, la educación o la propia pérdida de soberanía monetaria que ha vivido gran parte del mundo en los últimos 40 años no contradicen esta hipótesis de la fuente del orden estatal; lo muestran en movimiento, como proceso de expansión y reversibilidad. Y es que las privatizaciones y recorte de los gastos sociales nunca se hicieron a nombre de hacer más ricos a unos cuantos ricos, como en realidad sucedió; sino bajo el emblema de salvar a la sociedad de unas empresas públicas supuestamente “deficitarias” que solo beneficiaban a algunos dirigentes; o en el caso de la salud y educación, a título de que los ciudadanos se merecen un sistema educativo y médico más eficiente, fruto de la competitividad entre ofertas médicas y la “libre” elección del gasto de los ciudadanos. En los hechos, esto significó el abandono médico de millones de personas y la devaluación de la educación pública en el mercado laboral; pero hasta que estos resultados se vieran dramáticamente, no cabe duda que la ideología del “mérito personal”, del entusiasmo con la “libre elección”, de la ilusión de que todos podían enriquecerse compitiendo individualmente, del emprendedurismo privatizante, no solo se instaló como un prejuicio popular, sino como una certidumbre de que era la mejor forma de “democratizar la riqueza”.
En este ambiente cultural, cuando el Estado mismo desmontó la riqueza del Estado, en realidad lo hizo a nombre de la misma naturaleza social protectora del Estado: se dijo que era mejor vía para garantizar el bienestar de todos. Cuando la retórica neoliberal argumentaba que una empresa pública hace llegar tarde, poco y a lo largo de mucho tiempo sus réditos a todos y que es mejor ser propietario privado de un pedazo de esa empresa o, mejor, tener hoy por adelantado las ganancias de mañana, lo hicieron apelando al beneficio de todos, que es la llave del acceso de las legitimidades estatales; solo que ahora en clave o lenguaje individual y ya no colectivo.
Así, la época de las privatizaciones no significó un desplazamiento del Estado, sino una nueva forma de Estado caracterizado por la jibarización de los derechos sociales, la ampliación de sus acciones coercitivas, el reforzamiento de sus funciones discursivas y la patrimonialización clasista de sus bienes.
La época de las privatizaciones no significó un desplazamiento del Estado, sino una nueva forma de Estado caracterizado por la jibarización de los derechos sociales, la ampliación de sus acciones coercitivas, el reforzamiento de sus funciones discursivas y la patrimonialización clasista de sus bienes.
Según Piketty, en 1980 el capital público (empresas, inmuebles, participaciones, suelo, activos financieros) que representaba el 18% del capital total en EE. UU., el 28% en Inglaterra, el 30% en Alemania, el 18% en Francia; para el 2018 había caído a -5%, -8%, 5% y 2%, respectivamente17.
Y es que fue el Estado el que organizó, defendió y legitimó la expropiación privada de los bienes públicos; fue el Estado el que transfirió fondos resultantes de deuda pública a manos privadas; es el Estado el que desmanteló el sistema protectivo del trabajador; fue el Estado el que disparó la inflación para castigar los salarios y confiscó los aportes de los pensionistas; fue el Estado el que gastó millones y millones de dólares para transformar los esquemas lógicos, procedimentales y morales de la sociedad en apego al individualismo competitivo y, por supuesto, la contención de las clases sociales descontentas. Lo que pasa es que los mercados y los inversionistas privados no tienen la fuerza territorialmente vinculante de las decisiones oficiales y las legitimidades políticas. Eso lo tiene el Estado y por ello es que los estados fueron el soporte organizativo imprescindible del ciclo neoliberal mundial.
Que esta trama de expropiación privada de lo público haya sido una apuesta para llevarla hasta el límite, ha sido una temeraria forma de tentar el abismo, porque con el tiempo vacía de contenido material verificable la creencia sustantiva del Estado como administrador de bienes comunes; y eso es algo que iba a estallar a inicios del siglo XXI en América Latina, y ahora en el mundo entero.
Los pregoneros del libre mercado y “la aldea global” hoy, ante la pandemia y la recesión económica mundial, aparecen como unos fervientes keynesianos advenedizos18. Está claro que no es un acto de arrepentimiento tardío, sino de lucidez estratégica, pues la clase social en la que se agrupan también será afectada en los volúmenes de su riqueza acumulable, por lo que requerirá del Estado para relanzarla a mediano plazo. Pero, además, el inevitable desencuentro catastrófico entre expectativas de ayuda económica a los sectores populares demandantes de bienestar colectivo y los limitados recursos disponibles puede desencadenar protestas que pongan en riesgo una parte sustancial de sus ganancias, e incluso, su propio patrimonio.
Así, en medio de las catástrofes y la concentración de expectativas sociales en las acciones gubernamentales, el Estado se evidencia inicialmente como una comunidad política de protección y dirección colectiva garantizada en derechos, recursos materiales, instituciones y creencias en torno a ese resguardo, con carácter vinculante y soberano en un territorio del planeta. Comunidad de creencias performativas, comunidad de bienes materiales colectivos, comunidad de instituciones que organizan la gestión de esas ideas y bienes comunes dan, pues, cuerpo ideal y material al Estado. Ahí radica el impulso de irresistibilidad o modo de adherencia social del Estado.
2. La comunidad como ilusión material
Pero no es una comunidad plena sino una comunidad que se organiza por monopolios, y en esta paradoja reside su determinación de artefacto de dominación indisociable de su irresistibilidad.
La forma Estado existe porque hay bienes compartidos, pero administrados monopólicamente por un segmento específico, permanente o rotativo, de la sociedad.
Las ideas compartidas, principios morales, lógicos, procedimentales e instrumentales con los que las personas desenvuelven su cotidianidad de manera implícitamente coordinada con otras personas, son enunciadas y administradas de manera monopólica por un pedazo reducido de la sociedad, en formatos exclusivos, llamados “enunciación oficial del Estado”. La fuerza pública protege la propiedad, grande, pequeña, material o incorporada como fuerza laboral, pero es una fuerza especializada, permanente y dependiente del Ejecutivo gubernamental que se atribuye para sí la exclusividad del manejo de la violencia. El Parlamento da cuerpo normativo a la estructura legal de la sociedad, pero monopoliza la exclusividad de la deliberación con efecto obligatorio en todo el territorio de soberanía. A los impuestos los pagan todos como base de los fondos compartidos, pero los gestiona monopólicamente una burocracia centralizada que asigna por decisión propia, y en función de intereses específicos, las maneras y el uso de esos fondos públicos. La inversión pública y el endeudamiento que involucra el destino de, al menos, dos generaciones, establece gastos para todos; pero quién de “todos” saldrá más beneficiado y quién será contratado para ejecutar ese desembolso, se decide monopólicamente por el Ejecutivo del Estado.
La salud y la educación públicas están a disponibilidad de todos los miembros de la sociedad, pero los lugares de atención, los recursos disponibles, la calidad de los servicios o los contenidos educativos son decididos por un grupo de funcionarios portadores de miradas comprometidas con determinadas facciones de la sociedad. Las ideas sobre la identidad oficial, el idioma oficial, los rituales de representación del colectivo y la propia imaginación de la nacionalidad están acaparados en su construcción por pequeños bloques intelectuales articulados en torno a los recursos gubernamentales, que utilizarán esa misma irradiación molecular del Estado para consagrar universalmente esa particular manera de ver o significar la historia y el mundo. Las riquezas públicas de las que dispone la sociedad de manera colectiva, sociales y naturales, están para ser usufructuadas por todos bajo la forma de derechos; pero la manera de distribuir el usufructo está monopólicamente organizado, normado y justificado por un aparato gubernamental que priorizará el acceso a unos sectores en detrimento de otros, o mejorará las oportunidades para acceder a esos recursos, de otros frente a unos.
Normas especiales, procedimientos complejos, plazos, garantías, temporalidades, sellos, laberintos administrativos, todo ese universo de micropoderes burocráticos utilizados para simular imparcialidad crean, en la práctica, un túnel oscuro en cuyo final quedan distribuidos los privilegios de unos frente a otros como fruto de una “neutralidad administrativa”. Los procedimientos burocráticos son, en realidad, sofisticadas tecnologías que transmutan voluntades e intereses particulares en universales. Este laberinto se hace aún más complejo si, además, tomamos en cuenta que los monopolios estatales no son plenamente piramidales, sino que también presentan divisiones horizontales entre el Legislativo y el Ejecutivo; entre el Ejecutivo y el Judicial; al interior del Ejecutivo existen submonopolios con sus autonomías relativas y liturgias especializadas, como el de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y demás; y en lo vertical, entre las distintas maneras de descentralización territorial del poder, que habilitan entre todos otro espacio de luchas interiores del Estado para expandir sus respectivos monopolios. De cierta manera, el Estado es también internamente un mundo político fragmentado en múltiples núcleos de poder que exigen acuerdos y concesiones para actuar coordinadamente, en determinados tiempos y en específicos temas.
En conjunto, y salvando las diferencias de dimensión geográfica y temas involucrados, el Estado es una relación de poder, como lo es la familia, la iglesia o el mercado, en la que intereses, miradas, criterios y acciones particulares se transmutan en intereses, miradas, criterios y acciones universales, generales, de todos. La diferencia es que el Estado tiene un poder territorializado con la capacidad de demarcar o, llegado el caso, de inmiscuirse en la gestión de los otros poderes. Este también es otro monopolio fundamental: el monopolio de las decisiones con efecto vinculante en todas las personas que están en el territorio demarcado como estatal. El Estado es, por tanto, el monopolio de los grandes monopolios de una sociedad.
Esta facultad, aparentemente mágica, misteriosa, de convertir en universal todo lo particular que toca, proviene de la manera de instrumentalizar esta, su realidad paradojal, de ser monopolio de bienes y recursos comunes. Entonces, la dimensión comunitaria del Estado está invertida como decisionismo de pocos sobre los bienes de muchos. Por ello, entonces, comunitarismo fallido. De ahí que Marx definiera al Estado como una “comunidad ilusoria”19.
La dimensión comunitaria del Estado está invertida como decisionismo de pocos sobre los bienes de muchos. Por ello, entonces, comunitarismo fallido.
Y es por esta mediación política constitutiva del Estado que los derechos comunes a todos para instituirse, ejercerse o aplicarse han de estar regulados por una estructura de influencias sociales de clase.
Claro; un derecho estatal es una facultad individual aplicable a todos los integrantes de una sociedad sin discriminación alguna, pero la influencia de clase está presente desde el mismo momento de selección de las potestades. Desde la priorización de un potencial derecho frente a otro, pues no es lo mismo convertir en derecho la salud gratuita que requerirá una gigantesca inversión y beneficiará principalmente a los más humildes, que instituir el derecho a remitir las ganancias al extranjero, que, si bien es una facultad ejercible por cualquiera, en los hechos solo favorecerá a un puñado de empresas extranjeras. O en la redacción legal del mismo derecho que, en sus especificaciones, características, requisitos, plazos y procedimientos, ha integrado reparaciones a los afectados, puesto condicionantes para su aplicación y ha tomado en cuenta condiciones de favorecimiento para unos en detrimento de otros; es decir, ha comprimido en la norma legal del derecho una intensa conflagración jerarquizada de intereses de distintas clases sociales y segmentos de clase.
Cada ley y decreto estatal lleva inscrito en la redacción de cada párrafo un resumen comprimido de las jerarquías de intereses e influencias políticas, económicas y culturales que los distintos sectores de la sociedad tienen en la burocracia estatal en particular y en el Estado en general. La legalidad es, pues, una gramática de los intereses y capacidad de presión que poseen las clases sociales en el Estado y que, por tanto, ejercen el poder de Estado, la dominación de Estado.
La legalidad es, pues, una gramática de los intereses y capacidad de presión que poseen las clases sociales en el Estado y que, por tanto, ejercen el poder de Estado, la dominación de Estado.
Que en las sociedades capitalistas, los poseedores de grandes fortunas tengan mucho más poder de influencia que el resto de las clases sociales, se desprende de tres componentes relacionales: el primero surge de la propiedad de mayores volúmenes de dinero, del representante “general de la riqueza” moderna, cuya cantidad es directamente proporcional a su “fuerza de atracción sobre todas las riquezas materiales”20, incluida la fuerza de trabajo política burocrática y, con ello, de mercantilizar criterios morales, designios administrativos, lealtades políticas, lo que les permite influir, comprar, presionar, dialogar, con mayor eficacia en los distintos segmentos del Estado, desde la Presidencia, el Poder Judicial, pasando por las Fuerzas Armadas y la administración intermedia de la burocracia. El segundo viene estrictamente de la misma materialidad administrativa del Estado en cuanto monopolio de decisiones, de apropiación en manos de pocos de las decisiones, lo que produce de manera inmediata una afinidad lógica y procedimental con la propiedad y los propietarios del dinero que funcionan también como forma de monopolio de la riqueza. Y, en tercer lugar, de la congruencia cognitiva y de expectativas sobre las evidencias del mundo posible entre la mayor parte de los funcionarios del Estado y las élites económicas dominantes-dirigentes del país y el mundo. Educados desde su nacimiento en el sentido común de un mundo dominado por la propiedad privada y la abstracción de la “objetividad espectral”21 del valor de cambio como medida de la riqueza, los administradores del Estado han de ejercer la eficacia decisional del Estado, por lo general, mediante el encuadre del sentido común político al sentido común socialmente dominante. De ahí la pertinente reflexión de Marx sobre la necesaria transformación de la propia maquinaria estatal, mediante procesos de socialización de decisiones sobre los asuntos comunes, para viabilizar procesos de emancipación22.
Mas, la relación entre el poder del dinero y el poder político no es una relación directa, como de una propiedad más del dinero sobre el Estado, ya que él tiene que preservar permanentemente su cualidad de administrador de bienes y derechos de todos para seguir ejerciendo su atracción y reconocimiento por el resto de la sociedad. De ahí que siempre haya una relación de mediación y negociación entre el poder económico y el poder de Estado.
El monopolio estatal es, por ello, el escenario donde se despliega una economía política de la construcción de derechos que prioriza, jerarquiza, promueve, viabiliza o segmenta unos, y contiene, ralentiza, obstaculiza o deroga otros. Esto es a lo que se puede llamar la “condensación material” de la correlación de fuerzas sociales del Estado23, que es la sustancia social de la que se componen los actos estatales. No es que el Estado existe y luego se envuelven en él jerárquicamente las distintas fuerzas. El Estado mismo es una jerarquización viviente y en movimiento de la trama de correlación de fuerzas sociales que varía históricamente en su composición, dependiendo cuál grupo o clase social es capaz de postular sus intereses particulares mediante la integración de los intereses del resto de la sociedad; es decir, de entender la alquimia social de lo particular en lo universal. Por eso, aunque siempre hay una afinidad electiva de clase, ningún Estado es de clase en el sentido de que le pertenece como propiedad; porque por naturaleza solo existe como realidad social si integra los cuidados, riquezas y expectativas de todos; ahí radica la fuente de su necesidad práctica y legitimidad moral. Igualmente, no existe correlación de fuerzas hechas Estado con una única fuerza. Lo que es de clase es la conducción, la administración, las creencias dominantes, es decir, la materialidad organizativa e imaginada del Estado.
El Estado mismo es una jerarquización viviente y en movimiento de la trama de correlación de fuerzas sociales que varía históricamente en su composición, dependiendo cuál grupo o clase social es capaz de postular sus intereses particulares mediante la integración de los intereses del resto de la sociedad.
Los procesos históricos de construcción de monopolios que cristalizan continuamente las correlaciones de fuerza sociales no fracturan el Estado, porque precisamente se hace a nombre del principio de estatalidad primario que es la protección de los bienes y derechos de todos. Y es por medio de esta inversión de lo común donde se asienta el poder de Estado y, por tanto, la lucha por el poder de Estado.
Los monopolios hablan ciertamente de una forma y de procesos de apropiación de lo que es de todos, pero que se lo hace a nombre de la protección de esos bienes de todos. Es una ilusión, pero es una ilusión bien fundada, es decir, objetivamente sostenida por la persistencia, pequeña o grande, de esos bienes colectivos. Por ello “comunidad ilusoria”, porque lo común permanece concentrado en pocos como capacidad de mando y dirección de esos bienes o a veces como propiedad privada de una parte de ellos. Por todo ello, el Estado puede ser definido como una forma de organización procesual del gobierno de los recursos colectivos, las creencias comunes y los derechos de una sociedad por medio de monopolios de decisión con efecto vinculante a todas las personas que habitan un territorio definido.
La fascinación que el Estado provoca proviene de esta constitución paradojal de ser para todos, pero administrado por pocos. Todo Estado involucra a todas las personas de la sociedad; los involucra desde el pago de impuestos, el acatamiento a las normas, desde las más simples como las reglas de tránsito o las más complejas como el uso de un papel oficial en calidad de representante general de la riqueza. En ese sentido, nadie escapa a la relación estatal, ni siquiera la comunidad agraria más alejada ni el anarquista más ensimismado; al usar el dinero, al registrar una propiedad, al mandar a los hijos a la escuela, al pagar impuestos, al ejercer un derecho o la propia lucha para ampliar derechos siempre una parte de sus acciones están enmarcadas en una lógica estatal de la vida en común. Pero esto no significa que todos seamos Estado. Eso está reservado para los que ejercen el monopolio. Todos estamos atravesados por la trama estatal, de su correlación de fuerzas, alimentándola deliberada o inconscientemente. Pero solo los que administran los monopolios del Estado pueden atribuirse la representación del Estado.
En resumen, el Estado nunca será una realidad sociopolítica plenamente socializada, una comunidad real, porque siempre, aun en momentos de máxima presencia protagónica y dirigente de las clases populares en el Estado, habrá un sector que monopolice el mando. Pero a la vez, nunca será plenamente un monopolio privado, porque la realidad estatal solo funciona si hay bienes, derechos y riquezas comunes.
Lo que puede suceder dependiendo de los contextos históricos es que cada una de estas dos tendencias, la de la socialización real o la privatización de clase, una en detrimento de la otra, se acerquen a su máxima expresión, pero sin llegar a ser absolutas, como las asíntotas de una parábola o los extremos de los brazos de una herradura. Así, a más comunidad de decisiones, menos monopolio estatal; y a más monopolio de decisiones, menos presencia social en ellas.
El monopolio estatal cohesionador
De todos los monopolios estatales que se van construyendo en el tiempo existe uno que, sin tener una carga material institucionalizada pesada, de cierta forma cohesiona a todos. Se trata de las palabras e ideas con poder político, esto es, que influyen de manera irresistible y de manera vinculante sobre todos los miembros de la sociedad. No solo se trata de la violencia simbólica a la que se refiere Bourdieu y que logra que las personas piensen y actúen en relación al Estado y la sociedad con los parámetros que el propio Estado ha instituido arbitrariamente como esquemas de comprensión práctica de la realidad; sino también de la capacidad performativa de instituciones24 que poseen esas ideas y palabras.
Nos referimos al poder deóntico que tienen las declaraciones oficiales de los personeros oficiales del Estado en hechos objetivamente estatales vinculantes territorialmente. Es el caso de una ley, decreto o instrucción presidencial que, una vez emitida, inmediatamente se convierte en una montaña de informes, estudios, procedimientos, desembolsos financieros, actividades laborales, hechos institucionales todo ello con efectos prácticos sobre toda la sociedad.
Ya sea que se trate de una nueva inversión, la contratación de una deuda pública, la aprobación de un nuevo derecho, toda una maquinaria de acciones, creencias y consecuencias materiales se pone en funcionamiento para implementarlo. El Estado es uno de esos pocos lugares donde la idea y palabra oficial devienen en materia social; en donde el mundo de las ideas antecede al mundo de la materia con efectos duraderos en toda la sociedad. Se trata de relaciones de dominación por actos de decisión gubernativa.
Las creencias con poder producen, por ello, dos formas de dominación: por inducción, cuando por autoridad estatal dejan ver e inhiben determinados cursos de acción posible que pudiera optar la sociedad; y por decisión, cuando las palabras estatales crean una realidad obligatoriamente vinculante para todos, incluidas a veces las siguientes generaciones, como en el caso de las deudas públicas, las guerras, los acuerdos comerciales, entre otros.
Claramente se advierte que este efecto de verdad y de materia social que contienen las enunciaciones estatales no tienen fuerza por sí mismas, en cuanto enunciaciones. Dichas por cualquier ciudadano normal son solo un deseo o dichas por un funcionario público como comentario, son declaraciones de una intencionalidad sin poder. Para que tengan efecto de poder necesitan ser enunciadas desde un lugar específico, el Estado, y en el marco de la ritualidad y liturgia oficial del Estado. Es un poder derivado, y es el poder de Estado más directo y cotidiano. Es por esta efectividad, versatilidad e impacto que es uno de los bienes más preciados por el cual compiten los bloques políticos con ambición estatal.
Pero este monopolio, además, cierra el círculo de las creencias como fuerza política sustantiva. Como vimos al principio, en un primer momento las creencias vinieron desde la sociedad como expectativa de protección y derechos hacia la comunidad política. Ahora las creencias vienen desde el Estado hacia la sociedad para imponerse, pero ya no como ideas de la sociedad sobre sí misma, sino de algo que aparece diferente de la sociedad porque monopoliza cosas de la sociedad. Es el fetichismo político del Estado como realidad social.
Se trata, sin embargo, de un fetichismo incompleto, fisurado, como todo fetichismo incluido el de la mercancía. Porque siempre hay espacios y actividades sociales que no se desdoblan directamente del orden de reproducción del capitalismo25, en este caso, creencias sociales sobre el Estado que no provienen del Estado, emergen de la sociedad que ha optado objetivamente por la protección y derecho a bienes comunes. Es el principio de realidad material de las creencias sobre el Estado; sin ellas el poder de Estado sería un artificio, un hábil engaño que no tendría fundamento objetivo de comunidad. Los fetichismos siempre tienen fragilidades, huecos, que es por donde se filtra la materialidad comprobable del mismo poder fetichizado.
Junto con ello, la fuerza de inducción de creencias del poder del Estado tampoco es una fuerza plenamente propia, emergente únicamente de la relación estatal. En realidad, es una fuerza de creencias que se sostiene sobre la utilización o colonización por parte del Estado de otros nodos de producción de lealtades, de otras instituciones sociales y relaciones de poder no estatales, pero que en momentos específicos y sobre temas específicos son acopladas por las emisiones discursivas del Estado para replicar, amplificar o validarlas. Hablamos de la familia, de las iglesias, de la “opinión pública”, de los medios de comunicación, de centros de investigación privados, de asociaciones cívicas, de empresas que son centros privados generadores de creencias colectivas ante las cuales el Estado establece interfases temáticos de mutuo aprovechamiento fundados en el orden establecido; de tal manera que esas instituciones se sirven del Estado para irradiar territorialmente sus preceptos, en tanto que el Estado se sirve de las clientelas poseídas por esas instituciones privadas para expandir su propio discurso. Se trata de un acople de legitimidades que le permite al Estado aumentar a su legitimidad pública la legitimidad de esos institutos privados dando lugar a un tipo de “externalización” de la producción de legitimidad política gubernamental.
No es que el Estado abarca toda la sociedad, sino que el Estado, temporal y temáticamente, se sirve de toda la sociedad para imponer sus fines y objetivos.
De ahí la lúcida definición gramsciana de que el Estado es “la sociedad política más la sociedad civil” o cuerpos “privados” de hegemonía26. El Estado es, pues, por momentos sociedad civil, en la medida en que se apoya, gatilla, utiliza relaciones de poder e instituciones de la sociedad civil diferenciadas del Estado para producir una densa red de ensambles cognitivos que funcionan como estructura.
Son los discursos y lógicas de poder patriarcal, o las relaciones despóticas de las fábricas, o los prejuicios racistas de una parte de la sociedad o, llegado el caso, los impulsos solidarios de los sindicatos y comunidades, o las propuestas de igualdad social de centros de producción de conocimiento, o en general de retazos del “sentido común” con los que, para determinados fines gubernamentales, el Estado se enlaza para crear un sentido común dominante. Esto vuelve la emisión estatal en prejuicio social, otorgándole al Gobierno mayor fuerza de legitimidad para actuar monopólicamente en la dirección de ese prejuicio colectivo.
Esta interdependencia entre Estado y “sentido común” no debe llevarnos a confundir el uno con el otro. El Estado no tiene el monopolio del sentido común, pues de tenerlo ya no habría sociedad civil y ella sería una autoreferencia del propio Estado. El Estado es uno de los productores de sentido común en la medida en que sedimenta en la sociedad modos lógicos, morales e instrumentales de largo plazo de la vida en común regida por el Estado; pero existen ámbitos de la vida social, más o menos expandidos, como el sindicato, los barrios, las empresas, las iglesias, los medios de comunicación, las agrupaciones políticas, las instituciones culturales que crean sus propias lógicas de acción, sus propios juicios morales social y clasistamente segmentados, que, con el tiempo, crean también sentido común. Cuando ambas construcciones se superponen, estamos ante el sentido común dominante.
Así, la fuerza estatal tiene en la propia fuerza de la sociedad civil una fuente de renovada retroalimentación que la muestra como una realidad ideal-material en movimiento, en permanente proceso de construcción. Y precisamente por eso, por estas continuas renovaciones de emisiones discursivas de la sociedad civil, fruto de modificaciones moleculares de las correlaciones de fuerzas en su interior, hay o puede haber lógicas de la acción, valoraciones morales de las cosas que excepcionalmente desborden la lógica estatal y que, por su cuenta, vayan creando modos distintos de imaginar lo común de la sociedad; formas diferentes de organizar sectorialmente la gestión de problemas comunes y que, con el tiempo, disputen la estructura de orden, las jerarquías sociales y las creencias presentes en el Estado. En esa excepcionalidad radican las conformaciones de fuerzas sociales movilizadas portadoras de proyectos de reforma moral e intelectual capaces con efecto de transformación estatal.
3. ¿Qué viene ahora?
La pandemia ha develado la composición básica de la relación estatal al presentarla como el único y último espacio social de protección ante el riesgo de muerte y la catástrofe económica. Los organismos internacionales han abdicado de sus prerrogativas ante el Estado; los mercados se desploman despavoridos y las empresas hacen fila para cobijarse en el endeudamiento público. La institucionalidad que se insuflaba de haber creado una globalización por encima del Estado ahora tiende su mano en busca de dádivas gubernamentales.
La institucionalidad que se insuflaba de haber creado una globalización por encima del Estado ahora tiende su mano en busca de dádivas gubernamentales.
No se trata de un regreso triunfal ni mucho menos un renacimiento del Estado, que como vimos, fue parte del comando de la implementación del neoliberalismo.
Lo que sucede ahora es que es un momento de inflexión histórica que abre una nueva fase de los procesos de estatalización de la vida social.
Y lo ha hecho desde el momento en que el Estado ha tenido poder para paralizar la acumulación capitalista de ganancias en la mayor parte del mundo.
Detener no es igual que sustituir el capitalismo pero, aun así, el que el Estado haya podido suspender temporalmente la producción capitalista, en algunos casos, presionado por la propia sociedad, como en Inglaterra y Estados Unidos, habla de un poderío estatal pocas veces visto como también de sus límites, porque hay momentos en los que la sociedad puede imponerse sobre el Estado. De hecho, hoy en algunos países, el propio relajamiento de la pandemia o -en algunos casos- su desconocimiento, está emergiendo de sectores de la sociedad civil por encima de las decisiones estatales.
La disputa por el monopolio estatal fundamental
Con todo, un Estado exigido en su papel de protector de las personas y financiador de recursos económicos para atenuar la recesión económica es la cualidad de la época que se ha abierto.
De manera instantánea, entre el 5 y 15 % del Producto Interno Bruto de los países ha sido movilizado bajo la forma de nueva deuda pública y garantías27. Se trata del inicio de una serie de recurrentes endeudamientos que se incrementarán en los siguientes meses. En realidad, el monopolio del gasto fiscal y endeudamiento público es el monopolio fundamental del Estado que impulsa el movimiento de los otros monopolios; y este será el más visible al menos en lo que dure el tiempo de repago de lo prestado. Está en marcha una auténtica querella planetaria por el excedente económico de destino incierto sometido a intensas luchas sociales.
Está en marcha una auténtica querella planetaria por el excedente económico de destino incierto sometido a intensas luchas sociales.
Como los ingresos del Estado van a disminuir sustancialmente por la caída de los tributos, debido a la parálisis productiva, tres serán los sujetos sociales que tensarán dramáticamente las correlaciones de fuerzas para direccionar los usos de los nuevos recursos y para distribuir los costos históricos de esa deuda: las clases adineradas, los sectores populares y la burocracia estatal que absorbe entre el 10 al 30 % de la fuerza laboral en la mayor parte de los países del mundo.
Ante ello, los Estados van a oscilar a una de las asíntotas de la parábola estatal o brazos de la herradura conformada entre más democratización social o más monopolio. El que el desempeño estatal se incline por uno u otro polo ha de depender de las luchas de clases que refuercen su presencia y su fuerza de influencia en los administradores de los monopolios estatales. Y no se trata solamente de qué bloque social está o estará ejerciendo el poder de Estado, frutos de victorias electorales o golpes de Estado. Sino que ha de depender simultáneamente de la lucidez estratégica de influir en los otros bloques y segmentos sociales con capacidad de movilización y emisión discursiva que, como hemos visto, pueden direccionar las propias acciones del Estado sin ser necesariamente bloque de poder.
La crisis de las hipotecas subprime del año 2008 o de la caída de las materias primas de los años 2015-2016 muestran que los recursos públicos extraordinarios pueden ser transferidos a las élites empresariales para recomprar acciones, elevar ganancias privadas y nacionalizar pérdidas29, todo a nombre del “bien común”, pero recortando derechos y estabilidad para la mayoría. Ello se dio allá donde los gobiernos eran neoliberales, la sociedad estaba desmovilizada y el ambiente cultural del competivismo darwinista predominaba. Hoy, ante mayores pérdidas en la rentabilidad empresarial y mayores volúmenes de deuda, no tendría que ser diferente si es que las tres condiciones mencionadas se mantienen. Por ejemplo, la mayor parte de los dos billones de dólares dispuestos por el Estado norteamericano están destinada como liquidez para la recompra de acciones y subvenciones a las compañías privadas30. En tanto que la ayuda social no es para una ampliación de derechos, sino para no caer temporalmente en la indigencia.
Para los capitalistas se trata de una nueva modalidad de la patrimonialización de clase de los bienes públicos que inevitablemente, para sostenerse, tiene que ir acompañada de renovadas modalidades de disciplinamiento social, de estrategias de contención de la ira popular ante estas injustas distribuciones de los recursos públicos. La racialización de los peligros sociales junto con el control de la pandemia mediante la monopolización de todos los actos digitalizados de las personas, incluidas conversaciones, mensajes, desplazamientos, preferencias personales, ahora comienzan a ser empleados en el control e inducción política algoritmizados desde el Estado. Un ejemplo de esto, y sin tanta sofisticación, viene sucediendo en plena cuarentena en Bolivia, donde el uso de los bienes públicos como patrimonio de clase o prolongación de la hacienda, junto con el encarcelamiento de personas que protestan por las redes sociales tienen más éxitos que la contención del virus.
Pero allá donde la correlación de fuerzas políticas se incline del lado de los sectores populares, donde hay gobiernos progresistas y una opinión pública inclinada hacia políticas de igualdad, probablemente los recursos públicos reafirmen antiguos derechos sociales y se amplíe a nuevos.
De hecho, el segundo aspecto relevante del nuevo momento histórico es que, ante el estupor cognitivo global del pensamiento conservador frente a la velocidad de la pandemia y parálisis productiva, las ideas y propuestas gestadas marginalmente en el seno de los colectivos de izquierda son los que se presentan hoy como las únicas plataformas de acción que están alimentando los debates públicos y las decisiones de los Estados ante el Covid-19 y la crisis económica, incluidos los gobiernos de derecha.
Protagonismo económico del Estado, inversión pública acrecentada, condonación del pago de la deuda externa, supresión del pago de interés bancarios de los pequeños ahorristas, renta básica universal, ecologismo social, cadenas cortas de valor y reindustrialización en áreas esenciales, proteccionismo selectivo, nacionalización de actividades económicas estratégicas, selectividad de mercados globales y ampliación de derechos sociales planetarios, distribución de la riqueza para reducir desigualdades, ampliación de derechos sociales, desmercantilización de la salud, repatriación de fortunas de paraísos fiscales, impuesto planetario a las empresas transnacionales para una red universal de salud, impuesto progresivo a las emisiones de carbono a países, empresas y personas, que lo hagan por encima de un `promedio acordado, etc., propuestas hechas hace años por la izquierda y practicadas de manera parcial por los gobiernos progresistas latinoamericanos a los que se los acusó de “populistas irresponsables”, ahora resultan que son la plataforma mínima del debate público, de acciones de los Estados y de un nuevo sentido común planetario.
Este es el tercer aspecto relevante del momento: la porosidad de las maneras de pensar, representar y actuar de la sociedad que, por lo general, son de alta resiliencia a los cambios. Hoy, los esquemas dominantes de ubicarse en el mundo, de juzgar las acciones de la gente que acompañaron los 40 años de neoliberalismo están paralizados ante el miedo y los riesgos catastróficos; las personas se muestran aturdidas para garantizar certidumbres duraderas a las sociedades. Esto habilita un espacio de apetencia colectiva de nuevos significantes para estabilizar el orden del mundo de cada persona. Se trata de una disponibilidad a escuchar nuevas razones morales y nuevos artefactos lógicos sobre la manera de estar en el mundo.
Pero esta disponibilidad de revocar creencias habilita un abanico cognitivo y práctico para todos los lados: desde horizontes más autoritarios, injustos y racistas, hasta horizontes más comunitarios; o, en el otro extremo, de huida hacia placebos mágicos y providenciales de “justo castigo” para enderezar la humanidad. No ha de pasar mucho tiempo para que esta apertura cognitiva de la sociedad, esta reconfiguración del sentido común, se clausure dando paso a un nuevo largo periodo de representaciones lógicas, morales e instrumentales predominantes.
Ante ello, el pensamiento crítico, las izquierdas tienen la obligación política de ayudar a construir un nuevo sentido común sobre una manera diferente de organizar la vida en común hoy y en el futuro, sustentados claramente en la justicia, la igualdad, la democratización permanente y la comunidad. Por ahora cuenta con una ventaja efímera que, con el tiempo, puede ser un lastre, al ser sus ideas las que marcan los ejes de discusión generalizados sobre cómo afrontar la crisis. Pero la demanda de horizontes de acción posibles es mucho mayor a lo propuesto hasta ahora; y lo que es peor, existe una creciente expropiación de sus ideas por parte de fuerzas conservadoras y reaccionarias que, al tiempo de inevitablemente desvirtuarlas, pueden quitar la iniciativa histórica a las izquierdas.
El pensamiento crítico, las izquierdas tienen la obligación política de ayudar a construir un nuevo sentido común sobre una manera diferente de organizar la vida en común hoy y en el futuro, sustentados claramente en la justicia, la igualdad, la democratización permanente y la comunidad.
El que el neoliberalismo tardío se arrope en fragmentos del pensamiento progresista lo menos que puede provocar es sospecha. Sociológicamente se da un desplazamiento del eje espacial de posiciones políticas que está llevando a las derechas a ubicarse, en algunos temas, en el antiguo lugar de las izquierdas. La apertura al gasto estatal, al endeudamiento público no es por convencimiento sino por conveniencia a sus propios intereses particulares. Lo más seguro es que se trate de reducir costos de la masa salarial mediante las subvenciones estatales a los trabajadores, en tanto que los flujos de caja asignados por el Estado al capital se traduzcan enteramente en ganancias y no en inversiones.
Ante ello, las izquierdas tienen que estirar y radicalizar el eje espacial de la posición de los discursos creando un nuevo “centro” y una nueva “izquierda” más a la izquierda, capaz de desplazar a la sociedad y al Estado hacia formas de mayor democratización de la riqueza social. Como siempre, democracia y propiedad son los dos pilares en los que se sostiene cualquier programa de igualdad.
Democratización de decisiones sobre todos los espacios de la vida en común, comenzando por la toma de decisiones sobre los derechos de todos, sobre la riqueza pública que es de todos; culminando en la gigantesca riqueza que está en manos de pocos y que tiene que servir para solventar los ingentes gastos que el Estado deberá realizar por décadas para garantizar el bienestar de la población. Y la izquierda que quiera ir más allá del Estado no lo puede hacer sino por esta vía de mayor democratización social. Claramente, todo ello depende de dos cosas mutuamente vinculadas: horizontes de futuro capaces de unificar las esperanzas prácticas de las personas y fuerza colectiva movilizada, territorial y temáticamente, con efectos de reorganización de la vida en común en torno a algunos nuevos principios morales, instrumentales, lógicos y procedimentales. No se trata de realidades que hay que inventar; sino de reforzar, de visibilizar e interunificar formas de acción colectiva, de creencias movilizadoras y expectativas ya presentes en los intersticios plebeyos de la sociedad actual.
En definitiva, el orden lógico y práctico de las sociedades y de las formas estatales están en suspenso táctico; por tanto, en disputa. No asumir con apasionamiento esas luchas es un desprecio histórico que puede llevar, por fuerza de la inercia a una reactualización envilecida y vengativa del viejo orden social-estatal neoliberal.
El péndulo de la “comunidad ilusoria”: Discurso inaugural del Seminario sobre La topología del Estado, en el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 7 de mayo del 2020.
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia en el periodo 2006-2019 (Bolivia)
Por su militancia previa en movimientos de resistencia popular e indígena fue encarcelado durante cinco años, durante los cuales sufrió torturas y otras violaciones de sus derechos, según denunció Amnistía Internacional. En su estancia en prisión profundizó en sus estudios de sociología. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de…
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