De asegurar los ingresos y ahorrar los recursos materiales y financieros depende la ejecución presupuestaria en Cuba
Por DELIA REYES GARCÍA, Bohemia
Fotos: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA
Los desesperados coletazos del presidente Donald Trump no le quitan el sueño a nadie en la Isla. Sobre todas las cosas, porque los cubanos sentimos el respaldo de un Gobierno que, aun haciendo malabares para encontrar recursos financieros, mercados seguros y sortear muchas otras piedras en el camino, mantiene las garantías de los servicios básicos a la población.
Así queda demostrado, una vez más, con la aprobación de la Ley 130 del Presupuesto del Estado 2020, en la cual se destinan más de 33 390 millones de pesos a cubrir los costos de Salud Pública, Asistencia Social, Educación, Cultura, Deporte y Seguridad Social, cifra que representa más de la mitad de los gastos del presupuesto y denota su esencia eminentemente social. Pocos pueblos en el mundo tienen ese privilegio.
En un escenario similar al del pasado año, mediado por las restricciones que impone el cerco económico, financiero y comercial del gobierno norteamericano, la ejecución del presupuesto precisa de mayor rigor y control tanto en sus ingresos como en los gastos.
El ahorro es la palabra clave. Por eso, precisó Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero de Finanzas y Precios, “el punto crítico está en garantizar los niveles de ingresos previstos y movilizar todas las reservas que se identifiquen en las distintas formas de gestión, incluyendo las unidades presupuestadas”.
Aseguró Regueiro Ale que están identificado un grupo de medidas que se implementa en los sectores de la economía como son el ahorro de combustible, electricidad, gas y telefonía. El 30 de enero cerró el proceso de notificación del presupuesto, y el 15 de febrero culminará la desagregación a los distintos niveles (gobiernos locales, grupos empresariales, unidades empresariales y presupuestadas).
En materia de ingresos a las arcas del Estado para el actual año se aprobaron 66 291 millones de pesos, que representa un crecimiento en el orden del 11,5 por ciento con respecto al anterior año. Este incremento no tiene precedentes, ni siquiera cuando se implementó la Ley 114 del Sistema Tributario, aseguró el viceministro primero.
Una de las fuentes para nutrir esos ingresos está en los impuestos sobre las ventas y los servicios en la circulación mercantil minorista, que deberán garantizar las empresas de subordinación local del Comercio y la Gastronomía.
El sector empresarial es un eslabón principal en los aportes al erario público, encargado de asegurar el 85 por ciento de los ingresos, fundamentalmente estos se concentran en los impuestos sobre las utilidades, el rendimiento de la inversión estatal, la utilización de fuerza de trabajo, y los dividendos en los casos que corresponda.
Por tal motivo, los resultados empresariales están en la mirilla del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP). “Tenemos que prestar una atención diferenciada, especial, para que no nos sorprendan las empresas que planificaron ingresos y luego deterioran sus indicadores y comienzan a tener pérdidas en su gestión”, sostuvo el Regueiro Ale.
Las únicas modificaciones a los egresos previstos, puntualizó, serán las relacionadas con la implementación de una política aprobada, o una decisión del Gobierno, “hay que enmarcarse en las cifras ratificadas en el plan. No podemos demandar más recursos porque no existen. Los principios son el ahorro y la racionalidad en los gastos”. Así lo ratifica una de las normas complementarias a la Ley 130 del Presupuesto del Estado.
Recibir y aportar
Más de 1 600 millones pensionados tienen asegurados los beneficios de la Seguridad Social. El presupuesto para este fin recibirá ingresos por 6 400 millones de pesos, procedentes de los empleadores estatales, la contribución especial de los trabajadores, incluidos todos los del sector presupuestado, así como de las formas de gestión no estatal. Pero este financiamiento no será suficiente, pues solo cubrirá el 85 por ciento de lo necesario. Por tal motivo se subsidiará ese déficit desde el presupuesto central.
A la Salud Pública y la Asistencia Social se le planificaron gastos por 12 740 millones de pesos, lo cual representa el 28 por ciento del total de las erogaciones presupuestarias para el actual año.
En cuanto a los gobiernos provinciales y municipales se ratificó la atribución de hacer uso de la mitad de los montos financieros que se recauden por la contribución territorial para el desarrollo local. A este fin se planificaron 1 194 millones de pesos.
Como establece la Ley 113 del Sistema Tributario, en cuanto a introducir en la Ley del Presupuesto las modificaciones pertinentes en esta materia, precisó Regueiro Ale, para este 2020 se generalizó el pago de la contribución especial a la Seguridad Social y del impuesto sobre los ingresos personales a los trabajadores del sector presupuestado, en correspondencia con el aumento salarial que se realizó desde julio del pasado año.
Asimismo, comenzará a aplicarse el impuesto sobre ingresos personales a los atletas que se contraten en el exterior, y a la gente de mar (marinos y personal asociado a estas actividades), contratados por armadores extranjeros. Después de aprobadas las políticas para este fin, se emitirán las normativas con resoluciones específicas del MFP, indicó el viceministro primero.
De los beneficios… al control
En Cuba no podemos darnos el lujo de que se pierdan o desvíen los financiamientos que deben respaldar los gastos del presupuesto estatal. La salud de todos, la educación de nuestros niños, una calidad de vida mejor, no tienen que esperar por morosos o evasores. El pago de impuestos, tasas y contribuciones es un deber y responsabilidad compartida. Estos aportes representan el 74 por ciento de los ingresos totales.
La eficiencia empresarial es un eslabón principal para garantizar los ingresos a las arcas públicas.
Las autoridades del MFP tienen identificadas una serie de indisciplinas que atentan contra el erario público. En el caso del sector no estatal, prevalecen las evasiones en el pago por la fuerza de trabajo contratada y la subdeclaración de ingresos personales. Del pasado año quedaron multas pendientes por un monto de 1 100 millones de pesos, lo cual también exige un mayor rigor en la gestión de cobro, valoró Regueiro Ale.
En el sector estatal hay retrasos en la Declaración Jurada (DJ) con los impuestos sobre las utilidades, y el pago por el rendimiento a la inversión estatal. “Todavía –afirmó– no se paga en las fechas establecidas, y necesitamos que el dinero llegue de manera oportuna a las cajas del presupuesto”. Por tal motivo, para el actual año se realizará la fiscalización al ciento por ciento de las DJ del sector empresarial.
Las cadenas de impagos que existen dentro del sector del Comercio y la Gastronomía es otro problema a resolver, en tanto provoca la falta de liquidez de las empresas para cumplir con sus obligaciones tributarias, lo cual afecta los ingresos al presupuesto, sostuvo el viceministro primero.
También existen subdeclaraciones por parte de las personas naturales en los pagos de impuestos asociados a la trasmisión de viviendas y autos. En tal sentido, reconoció, “hay un bajo nivel de enfrentamiento a la ilegalidad”, lo que también se manifiesta en la comercialización de productos de forma ilícita en los territorios.
Déficit presupuestario
Para el año en curso, precisó Maritza Cruz García, vice titular del MFP, se prevén gastos totales por 73 186 millones de pesos, de los cuales 67 499 millones corresponden a gastos corrientes.
Además de los servicios básicos a la población, se respaldan los subsidios a la canasta familiar normada, a las personas con baja solvencia económica para realizar acciones constructivas en sus viviendas; el financiamiento para la exportación y sustitución de importaciones; los montos destinados a las inversiones materiales, entre las que se encuentra el programa de la Vivienda, obras de infraestructura que incluyen las fuentes renovables de energía, el sector turístico, la sostenibilidad del sistema hidráulico, los programas de enfrentamiento a la sequía y de la agricultura, así como en Educación y Salud Pública.
Los aportes que realizan las formas de gestión no estatal también son importantes para sostener el gasto social en el país.
La viceministra acotó que también se inscriben en el presupuesto las pérdidas a financiar dentro del sector empresarial por un valor de 531 millones de pesos, destinados al Grupo Empresarial Azcuba, al Comercio y la Gastronomía de Santiago de Cuba, a la Unión Cuba Petróleo y al Ministerio de la Agricultura.
Los ingresos brutos, aprobados en la Ley 130 del Presupuesto, ascienden a 66 291 millones de pesos, mientras que los gastos totales se estiman en 73 186 millones de pesos. La diferencia entre ingresos y gastos, o sea, 7 095 millones de pesos, es el déficit fiscal del presupuesto.
La demanda financiera, es decir, la deuda pública, asciende a 11 395 millones 600 000 pesos, e incluye el monto del déficit fiscal más las amortizaciones de créditos con vencimiento en el actual año, y que ascienden a 4 301 millones de pesos. El dinero para cubrir la demanda financiera se solicita al Banco mediante bonos soberanos.
Las autoridades del MFP reconocieron que en el presupuesto aprobado no pudieron incluirse todas las solicitudes que realizaron los organismos, pues fue preciso en la planificación mantener el equilibrio macroeconómico. Por eso, frente a la tensa situación que presenta el presupuesto, con una elevada deuda pública, la exhortación es a ahorrar los recursos materiales y financieros, evitar los gastos superfluos. Hacer más, con más ahorro y racionalidad en los gastos. Incrementar por todas las vías posibles los aportes al presupuesto porque el dinero no cae del cielo.
Novedades
Vice titular primero del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Vladimir Regueiro Ale /Foto: RHC
Sobre una nueva normativa, la Resolución 39 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), que beneficia la gestión empresarial, dio la primicia a la prensa Vladimir Regueiro Ale, vice titular del MFP. Se trata de una norma que regula las relaciones financieras entre las empresas y el presupuesto del Estado en tres aspectos novedosos.
Primero, el gasto en investigación, desarrollo e innovación de las empresas será considerado como una inversión, y por tanto no afectará el resultado final como sucedía con anterioridad. Segundo, se extiende la posibilidad de distribuir dentro de las utilidades empresariales hasta cinco salarios a los trabajadores, antes solo se permitían tres remuneraciones. Y por último, los dividendos que se obtengan por la participación en negocios con capital extranjero, o en entidades de capital ciento por ciento cubanas, podrán retenerlos las empresas como parte de sus ingresos. Estos dividendos se aportaban íntegramente al presupuesto del Estado.
“Estas medidas, reflexionó Regueiro Ale, deben influir en una mejor gestión por parte de las empresas estatales, y contribuye a mejorar la salud y las finanzas de estas entidades”.
Dentro de las principales modificaciones tributarias que se implementan con la Ley 130 del Presupuesto del Estado 2020, están las relacionadas con los productores individuales de productos agropecuarios, a los cuales se les simplificó el proceso de liquidación y pago anual del impuesto sobre los ingresos personales, con el objetivo de estimular e incrementar la producción de alimentos en el país.
-Hace dos años, cuando el MFP presentó el impuesto sobre la ociosidad de la tierra se explicó que tendría un carácter progresivo, aunque comenzaría de manera experimental en dos provincias. ¿Qué ha pasado con este tributo?
-Vladimir Regueiro Ale: Aunque sea necesario, hoy tenemos limitada la implementación del tributo sobre la ociosidad de las tierras, porque su objetivo más que sancionar a los incumplidores, es compulsar a que se pongan en explotación todas las áreas posibles. El programa de producción de alimentos es un asunto de seguridad nacional.
“Para la implementación del cobro de este tributo lo que más ha afectado son las condiciones técnicas y organizativas. Este impuesto requiere el conocimiento de quién es el tenente de la tierra, si es persona jurídica o natural; caracterizar o calificar los suelos en sus dimensiones y calidad también. Porque el impuesto se aplica en función de la categoría técnica-productiva que tienen.
“Luego hay que ver cuál es el nivel de explotación de la tierra, si es adecuado o no. Y todo eso hoy no está bien. Las provincias que comenzaron a aplicarlo en un primer año fueron Pinar del Río y Cienfuegos, y en el segundo año lo extendimos a Artemisa, Mayabeque y Matanzas. Para esto fue necesario desplegar en esos territorios un arduo trabajo con las delegaciones provinciales de la Agricultura y sus oficinas de control de la tierra. En la actualidad han avanzado en un proceso de informatización de sus registros, pero con anterioridad no se tenían.
“Para el presente ejercicio fiscal (año 2020) no fue posible incorporar a otras provincias en la implementación de este tributo. Tenemos los materiales para la capacitación, hemos ganado en experiencia, y se han estrechado los canales de comunicación con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), y con las delegaciones de la Agricultura en los territorios. Pero este impuesto requiere que apliquemos normas que luego podamos conducir y controlar, y eso no ha sido posible en este momento. Esta es una de las líneas a seguir trabajando para la extensión y aplicación de este impuesto.
-¿Con la Ley 130 del Presupuesto del Estado disminuyen los tributos a pagar por los productores individuales?
-Vladimir Regueiro Ale: Esta es una de las modificaciones que introduce la Ley 130 del Presupuesto del Estado. A los productores individuales de productos agropecuarios se les sustituyó la escala progresiva sobre los ingresos personales por un tipo impositivo fijo del cinco por ciento para el cálculo y pago anual del impuesto. Es cierto que hay una desgravación, es decir, disminuye la cantidad a pagar al realizar el proceso de Declaración Jurada (DJ) al cierre del año fiscal. Pero los tributos no solo cumplen una función recaudadora, también son instrumentos de regulación económica. Por eso, se evaluó la necesidad de incentivar la producción de alimentos en el país.
Para que exista equilibrio en la economía será necesario garantizar en la circulación mercantil minorista un incremento de los bienes y servicios que se presten a la población.
“No se pierde el principio de generalidad en la aplicación del impuesto tributario porque se ratifica la presentación de la DJ, en un formato más sencillo y comprensible al productor. Lo que se ha hecho es reducir la carga impositiva, porque el objetivo es estimular a los mayores productores para exportar y sustituir importaciones. También se evaluaron las limitaciones de la producción agropecuaria en 2019, y que se mantendrán para el actual año. Los beneficios fiscales se aplican con un criterio de temporalidad, de acuerdo a las condiciones que existan en el país.
“Ahora, si bien se reducen los montos totales a pagar, quienes más ingresos obtengan, aportarán más, porque el tipo impositivo del cinco por ciento tendrá una expresión absoluta superior mientras mayores sean los dividendos”.
-Generalmente los insumos que necesita el sector campesino son suministrados por entidades estatales. ¿Por qué entonces solamente se le permite deducir el 70 por ciento y no el total de los gastos en que incurren?
-Vladimir Regueiro Ale: De acuerdo a las evaluaciones realizadas por el MFP, se entendió que el 70 por ciento es suficiente para respaldar los niveles de gastos, de acuerdo a las fichas técnicas que tienen cada una de las producciones agropecuarias. Hoy no podemos decir que en todos los casos puedan justificarlos o cuenten con el respaldo documental necesario para hacer una deducción del ciento por ciento de los gastos en que incurren.
El presupuesto para la asistencia social precisa desagregarse para conocer con mayor exactitud cuánto se destinará a las personas más vulnerables que precisan la ayuda del Estado.
“Ciertamente existe un por ciento muy importante que pueden justificar a partir de los insumos recibidos por el canal de distribución estatal, de las empresas con las que ellos se vinculan. Pero los productores individuales se complementan con otras cooperativas, se prestan servicios mutuamente, como puede ser, por ejemplo, para la roturación de las tierras o la adquisición de alimentos para animales. Además contratan eventualmente o de manera fija fuerza de trabajo. Pero eso hoy no está bien integrado, falta cultura en la conservación de los comprobantes para el control de las operaciones y en la trazabilidad de las contrataciones.
“No obstante, hay un estímulo fiscal específico para el sector agropecuario al quedar exonerado del pago del impuesto por la utilización de fuerza de trabajo, y es válido tanto para las formas de gestión no estatal del ramo, como para las empresariales. Del 70 por ciento que se permite deducir de los ingresos brutos a los productores individuales, deben justificar documentalmente solo la mitad. La aspiración general dentro del sistema tributario es llegar, cuando las condiciones lo permitan, a aplicar los impuestos sobre las ganancias netas que tenga y pueda demostrar cada contribuyente, como una forma de medición mucho más objetiva”.
Otras dudas
Los ingresos brutos totales que se proyectan al presupuesto del Estado ascienden a 66 291 millones de pesos, y representan un crecimiento del 12 por ciento con relación al anterior ejercicio fiscal. Para esto, se proyectó un crecimiento sustancial en la circulación mercantil minorista a partir de incrementar las ofertas a la población y extraer la liquidez necesaria que garantice un adecuado equilibrio monetario-financiero en el país.
-¿Los impuestos por la venta de bienes y servicios, que representan el 37 por ciento del total de ingresos brutos al presupuesto, y proyectan crecimientos en un 14 y 25 por ciento respectivamente, afectarán a la población ante un posible alza de los precios?
-Vladimir Regueiro Ale: Aquí estamos hablando de un crecimiento de los impuestos sobre las ventas y servicios no por la actualización de las tasas impositivas. Se trata de un crecimiento asociado al incremento de la circulación mercantil minorista. Es importante recordar que muchos de los precios minoristas están regulados de manera centralizada por el MFP, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, o los grupos empresariales que pueden toparlos.
“De hecho el MFP para que no existiera una tendencia inflacionaria a raíz del incremento salarial en el sector presupuestado, emitió las resoluciones correspondientes en el mes de julio del pasado año e indicó que no se podían incrementar los precios que existían en el momento de aprobar esta medida.
“Por tanto, el incremento en los volúmenes de los impuestos sobre ventas y servicios no será porque se incrementen los precios, o los tipos impositivos, sino porque crecerá la cantidad de bienes, habrán mayores cantidades de mercancías comercializándose y más prestaciones de servicios, fundamentalmente gastronómicos, de alojamiento, de recreación, que realizarán las empresas de Comercio y Gastronomía”, concluyó.
