Desde el sábado 23 de febrero, día en que comenzó la producción acelerada, la Empresa de Aceites y Grasas Comestibles Habana ha entregado más de 700 toneladas de aceite.
“Si ves aceite en algún lugar cómprame tres o cuatro pomos”, se escucha en las calles de La Habana por estos días; también abundan los mensajes en las redes sociales sobre la “desaparición” del producto en las tiendas ¿qué pasa con el aceite y qué se hace para solucionarlo?
En declaraciones a la prensa, Harley Trujillo, director general de la Empresa de Aceites y Grasas Comestibles Habana, aclaró que desde inicios del año hubo una demora en los arribos de los buques de materia prima que necesita la empresa para su producción.
El directivo explicó que en cuanto se estabilizó la entrega de materias primas, se aceleró un proceso productivo continuo, de 24 horas, que posibilitará mayor presencia de aceite envasado en la red de tiendas.
Los establecimientos que venden en divisa así como también el sistema de comercio de la canasta básica familiar, se benefician actualmente con la producción de más de 130 toneladas de aceite que se ha ejecutado diariamente en las últimas cinco jornadas.
No existe dificultad para que se restablezca y se mantenga el aprovisionamiento en las tiendas, enfatizó Trujillo.
Informó que se cuenta con la capacidad tecnológica para suplir las necesidades de aceite de la población de la parte occidental del país; con la materia prima y la tecnología de nuestro lado, se puede estabilizar la situación, puntualizó.
Desde el sábado 23 de febrero, día en que comenzó la producción acelerada, la Empresa de Aceites y Grasas Comestibles Habana ha entregado más de 700 toneladas de aceite, afirmó Trujillo.
El directivo no definió el período de normalización de la entrega del producto, pero dejó claro que no hay motivo para esperar o “prepararse” para un período de escasez o desabastecimiento, que es, a todas luces, lo que le preocupa a la población.
De acuerdo con Trujillo, el plan de producción de la empresa está entre las mil 500 y mil 600 toneladas mensuales, en lo que va del año se han producido dos mil 965 toneladas (hasta el 28 de febrero), superior a igual período del año 2018 pero inferior a lo estimado.
Expresó que el acaparamiento por temor a la escasez, también tiene efectos sobre la disponibilidad del producto en las tiendas.
Sobre los meses por venir, Trujillo adelantó que la empresa tiene concebido un incremento de cinco mil toneladas en su producción con respecto a otros calendarios, en aras de dar respuesta a la elevación de las demandas de la población y de un sector emergente como el cuentapropista.
Terminar las largas colas en los supermercados no es cosa de dos días. El regreso del “perdido” al mostrador, depende de las contrataciones en tiempo, las importaciones, los financiamientos y la voluntad traducida en organización y control.
Si ustedes son como yo, seguramente les vendrá bien dejar de hablar al menos por un momento de Donald Trump. ¿Por qué no aprovecharlo para hablar de Ivanka Trump? Verán, recientemente dijo algo que habría sido extraordinario viniendo de cualquier republicano, pero que fue verdaderamente asombroso al proceder de la “Hija en Jefe”.
El tema objeto de debate era la propuesta, incluida en el Green New Deal [Nuevo Tratado Verde], de que el Estado ofrezca una garantía de empleo. La hija de Trump descartó la idea, afirmando que los estadounidenses “quieren trabajar por lo que reciben”, que quieren vivir en un país “en el que existe una posibilidad de ascenso social”.
Vale, esto denota una enorme falta de conciencia de uno mismo: el que una heredera cuya estrategia empresarial se basa en comerciar con el nombre de su padre te suelte un sermón sobre la importancia de depender de uno mismo es el colmo. Pero dejemos a un lado lo personal. Sabemos mucho de ascenso social en diferentes países, y los datos no son lo que los republicanos quieren oír.
La observación principal, basada en un corpus creciente de investigación, es que en lo que a ascenso social se refiere, Estados Unidos es verdaderamente excepcional, es decir, presenta unos resultados excepcionalmente malos. Los estadounidenses cuyos progenitores obtienen rentas bajas tienen más probabilidades de tener también rentas bajas y menos de ascender a la clase media o alta que sus homólogos de otros países avanzados. Y los que nacen ricos tienen, correspondientemente, más probabilidades de conservar su condición.
Ahora bien, no es así como nos gusta vernos. De hecho, existe una curiosa desconexión entre realidad y percepción: los estadounidenses tienen muchas más probabilidades que los europeos de imaginar que su sociedad está caracterizada por una elevada movilidad social, cuando la realidad es que tenemos mucha menos que ellos.
Buena parte de esto parece reflejar una desinformación sistemática. En algunos lugares, los miembros hereditarios de la élite se jactan de su linaje, pero en EE UU pretenden haber salido adelante por su cuenta. Por ejemplo, muchos estadounidenses creen, al parecer, que Donald Trump es un hombre hecho a sí mismo.
En cualquier caso, la movilidad social excepcionalmente baja de EE UU es distinta de su desigualdad de renta excepcionalmente elevada, aunque seguramente estén relacionadas. En los países avanzados existe una fuerte correlación negativa entre desigualdad y movilidad a la que en ocasiones se hace referencia como la “curva del Gran Gatsby”. Tiene sentido. Después de todo, las enormes disparidades de renta de los progenitores tienden a traducirse en grandes disparidades en las oportunidades de los hijos.
Y por cierto, la gente parece entender este argumento. Muchos estadounidenses no son conscientes de lo desigual que es realmente nuestra sociedad; cuando se les proporcionan datos sobre la desigualdad de la renta, se vuelve más probable que piensen que proceder de una familia acaudalada influye mucho en el éxito personal.
Pero volviendo al “potencial de movilidad ascendente”: ¿dónde tienen más posibilidades de salir adelante las personas de procedencia pobre o modesta? La respuesta es que Escandinavia lidera la lista, aunque a Canadá también le va bien. La cuestión es que los países nórdicos no solo tienen baja desigualdad, sino que también administraciones públicas mucho más grandes, y colchones de seguridad social mucho más amplios que nosotros. En otras palabras, tienen lo que los republicanos tachan de “socialista” (no lo es, pero da igual).
Y la asociación entre “socialismo” y movilidad social no es accidental. Por el contrario, es exactamente lo que cabría esperar. Para entenderlo, situémoslo en un contexto estadounidense, y preguntémonos qué le ocurriría a la movilidad social si la derecha republicana o los demócratas progresistas consiguieran llevar plenamente a la práctica sus programas políticos.
Si los tipos del Tea Party se salieran con la suya, veríamos recortes drásticos de la asistencia sanitaria a personas sin recursos (Medicaid), de los cupones para alimentos y de otros programas que ayudan a los estadounidenses de pocos ingresos, lo que en muchos casos dejaría a los niños de familias de rentas bajas con una sanidad y una nutrición inadecuadas. También veríamos recortes en la financiación de la educación pública. Y en el otro extremo de la escala, veríamos rebajas tributarias que aumentarían las rentas de los ricos, y la eliminación del impuesto de sucesiones, lo que les permitiría legar todo ese dinero a sus herederos.
En cambio, los demócratas progresistas piden una atención sanitaria universal, un aumento de las ayudas a los pobres y programas que ofrezcan matrículas universitarias gratuitas o al menos subvencionadas. Piden ayudas para que los progenitores con rentas medias y bajas puedan acceder a guarderías de calidad para sus hijos. Y proponen pagar estas prestaciones aumentando los impuestos a las rentas altas y a las grandes fortunas. De modo que, ¿cuál de estos programas tendería a afianzar nuestro sistema de clases, haciendo que a los hijos de los ricos les resulte fácil seguir siendo ricos y a los hijos de los pobres les resulte difícil salir de la pobreza? ¿Cuál nos acercaría más al sueño americano y crearía una sociedad en la que los jóvenes ambiciosos dispuestos a trabajar duro tendrían la oportunidad de superar sus orígenes?
Miren, Ivanka Trump seguramente tiene razón cuando afirma que la mayoría queremos un país donde haya posibilidades de ascender socialmente. Pero lo que necesitamos para asegurarnos de que somos ese tipo de país –las políticas asociadas con niveles elevados de ascenso social en todo el mundo– es exactamente lo que los republicanos tachan de socialismo.
La Habana, 25 feb.- El año recién concluido abrió con la entrada de una nueva generación al gobierno del país y cerró con la propuesta de una nueva Constitución, dos sucesos que marcan el rumbo de acontecimientos previsibles para la economía en 2019.
El pálido crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018 (1,2 %) redondea un año de desastres en la agricultura y la zafra azucarera por tormentas y huracanes, junto a conflictos agravados en el turismo por la creciente agresividad política de Estados Unidos.
Ante las dificultades financieras afrontadas, las autoridades insisten en una estrategia de desarrollo en la cual conviven fuertes inversiones nacionales con una ampliación gradual del capital extranjero. Pero, a la par, se distancian de las alternativas de crecimiento de la economía que impliquen un mayor endeudamiento externo. Las medidas adoptadas en 2018 intentan respuestas para el sector privado.
El 2019 no promete muchas sorpresas en la escena económica cubana, pero pudiera reservar momentos de interés. Aunque empezó con una curiosidad meteorológica de altos costos, el tornado de La Habana del 27 de enero, la economía anticipa resultados en una ruta similar a la de 2018 y la extensión del proceso de transformaciones por los caminos que emprendió hace varios años. En diciembre pasado se iniciaron medidas destinadas al sector privado, con repercusión en estos primeros meses, después de las modificaciones que prefirió hacerle el gobierno como remate de un debate social que desaprobó la propuesta inicial meses antes.
Un examen cuidadoso de la ruta desandada en 2018 dejaría ver con bastante fidelidad los rumbos que podría seguir el país en el presente año, aunque las declaraciones de diciembre del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, anticipan algún paso nuevo para acentuar el control del gasto fiscal.
El gobierno no se propone despegues en 2019. Lo dijo. Luego de ver crecer el producto interno bruto un pálido 1,2 por ciento en 2018, el Plan Nacional de la Economía programa solo 1,5 por ciento de crecimiento en el presente año. La contención es testimonio de la persistencia o agravamiento de dificultades externas e internas de la economía y quizás también del intento de planificar cada vez con mayor realismo por parte de las figuras que tomaron las riendas del gobierno el pasado año.
Tanto en 2018 como en 2017, las autoridades habían previsto un avance del dos por ciento de la economía, pero la cifra final siempre quedó por debajo: 1,8 por ciento en 2017, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), y 1,2 por ciento el año pasado, según el Ministerio de Economía y Planificación (MEP).
Pese a no alcanzar el resultado previsto, Gil consideró “meritorio” el crecimiento de la economía en 2018, debido al cúmulo de obstáculos que ha enfrentado el país y que prometen extenderse, incluidos los que se derivan de políticas fiscales y financieras.
Tensiones financieras
El gobierno se ha declarado explícitamente opuesto a políticas de crecimiento económico superior, si se basan en un endeudamiento externo que resulte después difícil de pagar. “Terminaría por hipotecar el futuro de la nación”, declaró Gil a los diputados.
“El nivel de endeudamiento que enfrentamos nos genera tensiones financieras con las que estamos trabajando para ir pagando gradualmente”, explicó el ministro. “Con ello se garantiza la continuidad de los suministros. Pero (…) ha tenido un impacto en el funcionamiento de la economía, porque no hemos podido respaldar todos los niveles de importación que estaban inicialmente previstos en el plan”.
Como alternativa para crecer 1,5 por ciento este año sin incrementar el endeudamiento, el gobierno vuelve a desplazar su atención hacia el empleo eficiente de recursos internos, incluidos los inventarios ociosos que las empresas y otros actores de la economía suelen almacenar como garantía frente a las irregularidades de los suministros externos. A la par, ganan terreno políticas económicas que dan mayor participación a la inversión extranjera directa y una alianza más eficaz con el sector no estatal de la economía.
El rechazo a los peligros del endeudamiento externo se derivaron de las complicaciones vividas por compromisos de pago asumidos por La Habana con sus acreedores, tras renegociar el gobierno en 2015 la deuda con 14 países del Club de París, como remate de renegociaciones similares con otros países, como Rusia.
En 2017 Cuba debió desembolsar 2.306 millones de dólares por estos acuerdos de pago, según informes oficiales. Pero expertos como José Luis Rodríguez estiman que los montos son mayores por el ordenamiento de deudas vencidas desde hacía años.
Como consecuencia del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, cualquier operación en el ámbito financiero externo se le enreda más a este país, al no pertenecer a organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Estrategia de desarrollo
Cuba mantuvo el pie sobre el acelerador en la actividad de inversiones en 2018. La incapacidad de crecer a mayor velocidad en un indicador general como el PIB no ha contenido los planes de desarrollo. Con una ejecución de 8.823 millones de pesos, las inversiones superaron el resultado del año anterior. Pero el gobierno no está contento, pues volvió a incumplir lo programado: solo alcanzó 85 por ciento del plan, de acuerdo con el informe del ministro de Economía a los diputados.
Pee a los nubarrones, el Plan de la Economía se propone un salto de 20,5 por ciento este año, para llegar a 11.300 millones de pesos, con lo cual retomarían el paso de 2017.
La actividad inversionista mantuvo mejor ritmo en 2018 en un grupo de sectores, entre los que se encuentra el programa ferroviario, liderado por la compra de locomotoras y otros equipos a Rusia; la adquisición de ómnibus para el transporte público; la terminal multipropósito del puerto de Santiago de Cuba; la ampliación de las líneas y servicios telefónicos, incluido el acceso a Internet como una de las novedades de mayor expansión en el año. Con un crecimiento económico de 5,7 por ciento, la actividad de comunicación fue una de las que más brilló.
Otras inversiones industriales y de infraestructura que han guardado prioridad son dos fábricas de cemento y otras plantas para la producción de materiales, a fin de incrementar la capacidad constructiva; el programa de trasvases y obras hidráulicas, la zona del Mariel y la industria biofarmacéutica y de medicamentos.
El programa energético y de fuentes renovables de energía, otro objetivo cuyo valor estratégico aumenta por las tensiones cotidianas del suministro petrolero, no pasó en 2018 de niveles discretos de participación (3,51 por ciento) en la generación de electricidad, a pesar de la inauguración permanente de nuevos parques fotovoltaicos. Inversiones en marcha para incorporar plantas de generación eólica y de bioelectricidad deben ampliar ese indicador hasta 5,41 por ciento en 2019, todavía distante del sueño de llegar a 24 por ciento en 2030.
La intensidad inversionista se ha convertido en eje fundamental en la estrategia económica cubana, a la que no renuncia el gobierno, a pesar del débil crecimiento del PIB y demás trabas.
El turismo alcanzó en 2019 uno de sus resultados inversionistas más sólidos de los últimos años. Incorporó más de 5.300 nuevas habitaciones, cifra superior a los planes, incluido el segundo hotel de lujo del país, el Grand Packard, en La Habana Vieja, administrado por la cadena española Iberostar. El salto lo dio pese a la combinación de las tormentas meteorológicas y políticas que desaceleraron la afluencia de turistas ese año.
El turismo, estratégico en los planes de desarrollo hasta 2030 –por su función de locomotora de otros sectores y de la economía en general–, cuenta con participación de 27 empresas de capital extranjero, que operan unas 5.000 habitaciones, de acuerdo con un informe del experto José Luis Perelló. Una veintena de compañías hoteleras de 10 países operan actualmente en este país insular caribeño.
Los programas de crecimiento del Ministerio de Turismo hasta 2030 abarcan 610 proyectos: 332 de alojamiento, 51 de recreación, 30 de inmobiliarias asociadas el turismo, 50 de naturaleza, 55 de campismo, 22 de náutica recreativa y 70 para actividades de apoyo.
Principio del formulario
Tormentas meteorológicas y políticas
El Ministerio de Turismo todavía confiaba en los primeros meses de 2018 en alcanzar cinco millones de visitantes, pero terminó con 4.750.000, un crecimiento anual mínimo, en torno a 1,3 por ciento, que contrasta con el alza meteórica que mantuvo durante tres años, a partir de 2015.
La afluencia de visitantes se enfrío por el efecto combinado del huracán Irma, que en septiembre de 2017, a las puertas de la pasada temporada alta del turismo, asoló gran parte de los principales polos de sol y playa en la costa norte cubana, y la agresividad de la Administración de Donald Trump contra Cuba y su economía.
Las medidas adoptadas en noviembre de 2017 por el presidente estadounidense para restringir aún más los viajes de ciudadanos de la nación norteña a Cuba provocaron una fuerte desaceleración en las visitas desde ese país: en 2018 llegaron 639.000 estadounidenses, un alza de 3,1 por ciento, que resultó pobre luego del salto de 217 por ciento un año antes, bajo el efecto todavía de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba que emprendieron en diciembre de 2014 los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Los mayores perjuicios del huracán Irma sobre la economía cubana se percibieron en 2018. No solo el turismo midió sus efectos. También la agricultura y la agroindustria azucarera sintieron el impacto, agravado por intensos aguaceros registrados, inoportunamente, durante la zafra 2017-2018. La tormenta subtropical Alberto, en mayo, hizo casi imposible una conclusión de la cosecha y molienda de caña.
De acuerdo con reportes del Grupo Empresarial Azcuba, apenas se logró algo más de un millón de toneladas de azúcar en esa zafra, una de las más pobres en un siglo y muy alejada de los ritmos que parecía recobrar en los años previos. A partir de 2010-2011 creció un promedio de 12 por ciento anual hasta la cosecha 2014-2015, cuando pellizcó los dos millones: 1.962.800 de toneladas de azúcar, según la ONEI. En 2016-2017 llegó a 1,8 millones de toneladas.
Por iguales daños del clima, agravados por la tormenta subtropical Alberto, les fue mal a otras producciones de la agricultura. Después de varios años castigados por la sequía, que llevó los niveles de agua almacenada en el país a niveles que desataron la alarma en el verano de 2017, intensas lluvias en la mayoría de las provincias pusieron a 141 de los embalses por encimas del 90 por ciento de su capacidad un año después, lo que obligó a aliviar agua, un ejercicio casi olvidado en algunos territorios.
El impacto inicial de las inundaciones maltrató no pocos cultivos, aunque tres rubros importantes en el balance de alimentos del país –arroz, frijoles y carne de cerdo— lograron crecimientos.
Los agricultores confían en ver beneficios en el presente año, por la garantía de un riego más seguro. En contraste con la deprimida zafra azucarera pasada, la cosecha 2018-2019 comenzó con buen pie, a juzgar por los primeros reportes de la llamada zafra chica –hasta diciembre-, que superó ampliamente los planes actuales y también la cosecha anterior.
Además del impacto social negativo, previsible por constituir un servicio que llegaba a territorios apartados de Brasil o con difícil situación social, la cancelación del programa corta un ingreso importante en divisas para Cuba, que en los últimos años había convertido la exportación de servicios profesionales, médicos en primer lugar, en la principal opción de ingresos cubanos en moneda dura.
Tras el capital extranjero
Cuba modificó en agosto normas jurídicas para dinamizar las inversiones extranjeras, impelida por la necesidad de buscar capital en momentos de crisis en Venezuela, su suministrador principal de combustibles, además de aliada política. El ajuste constituye una reacción ante las insatisfacciones por la lentitud de entrada de inversiones foráneas, reconocida por el propio gobierno.
Las nuevas medidas –implementadas con un decreto y tres resoluciones- flexibilizan los trámites de evaluación y aprobación de los expedientes y los requisitos exigidos a la contraparte extranjera para aprobar un proyecto de inversión.
Desde que se aprobó la Ley de Inversiones Extranjeras, en abril de 2014, el país ha captado capitales por un monto inferior a lo que se propuso. En el período transcurrido entre la Feria Internacional de La Habana de 2017 y la de 2018, el gobierno autorizó unos 1.500 millones de dólares más en otros 40 proyectos. En el año previo pactó negocios por valor de 2.300 millones de dólares. Una parte importante radica en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, núcleo duro de la política inversionista cubana.
Pero la ejecución del capital, año por año, todavía permanece por debajo de los 2.500 millones de dólares estimados por el gobierno y numerosos economistas como necesarios para alcanzar un ritmo de crecimiento de la economía que permita hablar de desarrollo: entre cinco y seis por ciento. De acuerdo con estimados del economista José Luis Rodríguez, el flujo de inversiones extranjeras rondó unos 600 millones de dólares en 2017.
El ministro de Economía estima que las inversiones extranjeras ya tributan alrededor del 10 por ciento del total de las inversiones en el país, con un aporte en torno a mil millones de dólares. “No es un complemento, es un elemento esencial de nuestro desarrollo”, reiteró ante el Parlamento.
La Cartera de Oportunidades de Negocios presentada por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Mincex) en la Feria Internacional de La Habana (Fihav 2018) propone más de 525 proyectos de inversión, por un monto total de 11.609 millones de dólares.La amplitud del número de proyectos incluidos de año en año en esta Cartera constituye otra señal de la disposición del gobierno a encontrar salida a sus problemas con participación activa del capital extranjero.
La opción privada
Otro giro importante en las transformaciones desarrolladas por la reforma denominada Actualización del modelo económico y social cubano tuvo lugar con la publicación, en julio, de una veintena de normas jurídicas agrupadas en cinco decretos leyes, un decreto y 14 resoluciones de varios ministerios. Contentivas de nuevas regulaciones fiscales y funcionales para ordenar la actividad privada, identificada como trabajo por cuenta propia, el gobierno optó por modificar tales normas antes de que entraran en vigor, finalmente, en diciembre.
A raíz de la incomodidad que provocaron algunas de estas regulaciones, antes de la fecha límite el gobierno flexibilizó o suprimió algunas de las medidas que había anunciado en julio: eliminó la propuesta de limitar el otorgamiento de una sola licencia de trabajo por cuenta propia por persona y suprimió el límite de 50 capacidades estipulado para los negocios de gastronomía, entre otras.
Sobre la cuenta bancaria fiscal que las autoridades introducen como ejercicio de ordenamiento financiero de la actividad privada, una de las más polémicas, se redujo finalmente el saldo mínimo de operaciones de tres cuotas mensuales del contribuyente a dos y se flexibilizó hasta el 35 por ciento el monto del ingreso no obligado a depositar en dicha cuenta.
En otro ámbito de la actividad no estatal, la agricultura, el gobierno aprobó en agosto regulaciones para la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo a productores del campo, mediante un decreto-ley y un decreto, con el propósito declarado de garantizar un uso eficiente y racional de las tierras, uno de los ejes hacia los cuales el gobierno dirigió más temprano la mirada, cuando dio los primeros pasos de la Actualización del modelo económico y social, entre 2007 y 2008.
Nuevo gobierno, nueva constitución
El traspaso de la presidencia de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, en abril de 2018, constituyó un momento de repercusión social en Cuba, por representar el colofón de un cambio generacional en la dirección del país. En buena ley, el proceso había comenzado gradualmente en niveles de provincias y ministerios, desde hacía más de una década.
En términos económicos, el mayor cambio introducido por el nuevo gobierno quizás sea la adopción de políticas de comunicación como herramienta para gobernar y la redefinición de su valor estratégico. Al implementar prácticas de comunicación a través de redes sociales y espacios de internet, por parte de ministros y otros dirigentes, las autoridades introducen mayores opciones de transparencia y participación ciudadana.
Pero el momento de mayor impacto es la reforma constitucional que debe dirimirse con un Referendo Nacional, el 24 de febrero de este 2019. Aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre, tras un intenso debate social, la nueva Carta Magna introduce modificaciones sustantivas del sistema económico que otorgan valor legal a cambios previstos en documentos programáticos anteriores, como la Conceptualización del modelo económico y social y los Lineamientos de la Política Económica.
Con la nueva Constitución, avanza la sociedad en la aceptación de políticas y conceptos que eran objeto de polémica en Cuba en fecha reciente, como la diversificación de las formas de propiedad y la entrada en escena del sector privado y cooperativo como actores en un modelo económico que sigue descansando, fundamentalmente, sobre los hombros de las empresas estatales. También reconoce el papel importante que deben jugar las inversiones extranjeras en la economía cubana.
Pero quizás los cambios más innovadores de la Ley de leyes –y anticipo del nudo gordiano al que deben enfrentarse los cubanos este año– apuntan a una mayor descentralización de las competencias gubernamentales, al reordenar las estructuras políticas del país, otorgando mayor protagonismo a los gobiernos municipales. Las políticas para el desarrollo comenzarán a hablar, necesariamente, en términos diferentes.
En 2018 la nación estuvo sumida en el debate de asuntos complejos y polémicos que signarán, definitivamente, el camino de los próximos años.
Muchos economistas hemos comentado, de
manera reiterada, que la carencia de datos es uno de los principales obstáculos
para la calidad del debate “abierto” sobre la economía cubana. Por ejemplo, la
ausencia de información sobre los índices de pobreza y de desigualdad tiende a
enturbiar cualquier análisis fundamentado sobre las perspectivas del desarrollo
nacional.
Sin embargo, conviene aclarar que no se
trata únicamente de la falta absoluta de datos respecto a muchos componentes
económicos y sociales, sino también de la utilización de datos que no son adecuados
para explorar de manera rigurosa los temas que se analizan, aunque, a veces, intentan
presentarse como cifras a partir de las cuales pudieran validarse determinadas
afirmaciones que tienen implicaciones para el diseño de las políticas.
¿Es realmente la inversión extranjera
“comprometida” un indicador adecuado para analizar tendencias de inversión en
el país?
Para empezar, eso de “comprometida” no se
entiende bien qué cosa pudiera ser, pero más importante aún es que, siendo la
inversión extranjera un componente crucial para el desarrollo nacional, es
difícil entender por qué no existen series estadísticas confiables (a precios
reales y desagregadas por sectores y por componentes) sobre el capital
extranjero que opera en Cuba.
Otro ejemplo: ¿Puede ser tomada la
dinámica del salario promedio nominal de las empresas estatales como un
indicador confiable de la mejoría del nivel de vida de los trabajadores y de
sus familias?
Es sabido que el indicador relevante para
reflejar las dinámicas del ingreso de los trabajadores no es el salario
nominal, sino el salario real, es decir, el salario nominal ajustado al
incremento de precios. Es difícil entender la persistencia de las entidades
oficiales cubanas en no ofrecer series de salarios reales.
La publicación de una interesante nota
informativa publicada recientemente permite entender rápidamente la diferencia.
(1)
De hecho, el colega Juan Triana había publicado
recientemente un preciso análisis sobre los problemas que le plantean al
análisis empresarial algunos datos que se utilizan actualmente. (2)
El gráfico siguiente indica la tendencia
de los salarios nominales promedios de las empresas estatales que fue divulgada
en la nota periodística (en línea azul continua) y la tendencia de los salarios
reales (en línea roja discontinua). (3)
Ambas tendencias son ascendentes, pero la
curva de los salarios reales no solo es relativamente más “plana” sino que
hacia el final del periodo decrece.
Pero inclusive si se tomasen los salarios
reales, cabría hacerse la siguiente pregunta:
¿Pudieran ser considerados estos como un
indicador confiable de la mejoría del nivel de vida de los trabajadores y de
sus familias si no se le coloca al lado la relación proporcional del ingreso
familiar en relación con las necesidades de consumo de los hogares cubanos?
Los estudios realizados por las colegas
Anicia García y Betsy Anaya sobre ese tipo de relación en tres momentos
seleccionados (2005, 2011 y 2016) permiten entender claramente la importancia
del tema.
A pesar de que, desde 2016, se ha
observado una reversión de la tendencia anterior entre gastos de consumo e
ingresos, y de que estos últimos han crecido relativamente más que los gastos,
otros factores como la heterogeneidad de los salarios y el valor absoluto de
estos, hacen que “aquellas familias cuyos
ingresos dependen de un salario medio o de un salario y una pensión medios, no
están en condiciones de enfrentar estos gastos básicos… la situación se torna
difícil, incluso para familias con dos asalariados en su composición. Se
necesitan más que dos salarios en una familia de tres personas para cubrir los
gastos básicos.” (4)
Entonces el dato relevante no es el
salario medio nominal de los trabajadores estatales, ni incluso el salario real
cuando este se valora de manera aislada, sin considerar simultáneamente su
posible correlación con el nivel de gastos del hogar.
El análisis pudiera ser diferente en
dependencia de los datos que se utilicen y, en consecuencia, las posibles
recomendaciones de política económica para resolver los problemas también
pudieran ser muy distintas entre sí.
Finalmente, el problema mayor que pudiera
derivarse de la utilización de datos irrelevantes es la percepción que pudiera
crearse de que la reforma estatal va por buen camino porque se cuenta con un
indicador como el de “empresas con pérdidas” cuya magnitud ha decrecido
notablemente desde 2010.
La pregunta relevante pudiera ser la
siguiente: ¿se ha utilizado un estimado de tasa de cambio económicamente justificada para
el cómputo de la rentabilidad o simplemente se ha calculado la rentabilidad
empresarial utilizando la “gran ficción” de que 1 peso cubano (CUP) equivale a
1 dólar estadounidense?
Si hubiera ocurrido lo segundo –como todo
parece indicar- la cifra ofrecida sobre las “empresas con pérdidas” es uno de
los indicadores más descalificados que pudieran utilizarse para hacer análisis
empresarial en Cuba.
Siempre que se aborda ese tema me limito a
llamar la atención sobre dos cuestiones:
-Existe
un estudio académico de las economistas Vilma Hidalgo y Yaima Doimeadiós que
indica la magnitud del subsidio implícito por tipo de cambio que distorsiona la
rentabilidad empresarial en una muestra de empresas estatales de La Habana. Las
autoras afirman que “cuando se produzca
el ajuste del tipo de cambio, dicho subsidio afloraría, y al propio tiempo se
modificaría radicalmente el resultado contable de la empresa.Esta
situación se extiende al 38% de la muestra seleccionada”. (5)
-La
última cifra disponible sobre el monto de los subsidios empresariales estatales
para la exportación y sustitución de importaciones era de 14,465 millones de
pesos en 2017, un monto que era un poco inferior al presupuesto combinado de
educación y de salud. (6)
Conclusiones
El reclamo acerca de que el análisis
económico en Cuba necesita que estén disponibles datos verdaderamente
relevantes, y no simplemente estadísticas recopiladas acríticamente, no se basa
en la idea simplista de que si se tiene más datos ello resultaría
inevitablemente en mejores políticas públicas.
Lo que digo es algo distinto: la
disponibilidad de datos relevantes es una condición indispensable para hacer
análisis rigurosos. La cuestión sobre si el análisis se transforma, o no, en
decisiones de políticas es otra cosa.
De hecho, una parte del debate que debe
hacerse en Cuba consiste precisamente en explorar de qué manera pudieran
mejorarse las condiciones para que pudiera hacerse una utilización política más
efectiva de los datos para transformar la realidad.
En otras palabras, cómo promover y mejorar
lo que a veces se identifica como datos “accionables”.
Existen una serie de datos que hoy se manejan
en el discurso público que pudieran servir como “puerta de entrada” para una
discusión razonada del asunto. Aquí he identificado cuatro de esas posibles
“puertas”: inversión extranjera, salarios reales, correlación entre ingresos y
gastos de consumo, y “pérdidas empresariales”.
Tratar de hacer una discusión sobre el
sistema empresarial estatal cubano con datos “malos” no nos va a llevar muy
lejos. En realidad, pudiera conducirnos al lugar equivocado.
3 Las cifras sobre salario real se
obtuvieron aplicando a los salarios nominales el deflactor del PIB para el caso
del consumo del hogar. A falta de un deflactor específico para los salarios
empresariales estatales, esa una de las formas posibles (aproximada) de deflactar
salarios.