Libro "El CHE MINISTRO. TESTIMONIO DE UN COLABORADOR " 2ª Edición ( CapituIo I)

 Por Tirso W.Saenz

 

MI PRIMER ENCUENTRO CON EL CHE

 El triunfo de la Revolución Cubana, el 1^ro de enero de 1959, me llenó de alegría, como a la inmensa mayoría del  pueblo cubano, aunque nunca imaginé que me tocaría tan de cerca.

Inmediatamente, se produjo un extraordinario movimiento de profundas transformaciones y de reorganización de las actividades políticas, gubernamentales, sociales y productivas. Eran momentos muy agitados. Millares de personas salían del país, muchas por sus vínculos con la tiranía de Batista, otras por su oposición radical al nuevo gobierno y otras por desconocimiento y miedo del futuro que se iniciaba. Mientras tanto, la gran mayoría del pueblo, simpatizante de la Revolución, trataba de cooperar, al máximo de sus posibilidades, con las tareas exigidas por ella y retomaban sus actividades y responsabilidades en sus puestos de trabajo, con renovado entusiasmo. Al mismo tiempo, ese pueblo buscaba adaptarse a las nuevas condiciones y dificultades que se presentaban y comprender y asimilar los nuevos enfoques y directivas de la Revolución.

Entre los que salían, se encontraba un gran número de profesionales de elevada formación técnica y científica, representando una fuga de cerebros sin precedentes en el país. Ese hecho tornaría aún más ardua la tarea de reorganización de las actividades administrativas, sociales y productivas, entre otras. Era necesario, encontrar rápidamente personal para asumir cargos y responsabilidades de toda naturaleza, algunos de gran importancia estratégica. Eran necesarios técnicos capacitados y, al mismo tiempo, ideológicamente confiables. Eso no era fácil en aquel contexto.

Yo trabajaba desde 1954 en Sabatés S.A. filial de la Procter & Gamble, una famosa multinacional norteamericana. Antes me gradué como ingeniero químico en Rensselaer Polytechnic Institute en los Estados Unidos, gracias a una beca que obtuve al terminar mis estudios de bachillerato en el colegio De La Salle en La Habana. Mi empresa seguía su ritmo de trabajo, aunque ya comenzaba a ver caras preocupadas en sus altas jerarquías, quienes, cada vez más afirmaban: “esto es comunismo” y que la empresa sería nacionalizada.

A finales de 1959, se produjo un hecho que me pareció muy raro: la Procter&Gamble salió parcialmente de Cuba y dejó al  frente de la compañía a un grupo de cubanos. De los dirigentes norteamericanos sólo quedó Mr. Garber, Vicepresidente a cargo de las finanzas. O sea, se daba la impresión de que la compañía se había “cubanizado”, aunque las marcas principales seguían bajo su control desde la casa matriz. En aquellos momentos, no entendí el  sentido de la jugada. Altos funcionarios de la compañía me hicieron  ofertas para trabajar en los Estados Unidos, dentro de la empresa. Para mí, con mi formación católica que rechazaba la idea de comunismo; con reciente adquirido status de clase media – por cierto, nada alta, más bien baja -, que había sido promovido a cargos técnicos superiores en la empresa, y recibido en pocos años significativos aumentos de salario y que, por otra parte, aunque detestaba los actos criminales de la sangrienta dictadura de Batista, no había tenido ninguna participación, ni contactos con las actividades revolucionarías, pensé que mi futuro estaba en la Procter&Gamble, no en los nuevos y para mí inciertos rumbos de la Revolución.

De esa forma, el vicepresidente de la compañía me entregó una carta para el consulado norteamericano en Cuba pidiéndole que me otorgaran visa para viajar, ya que iría contratado para trabajar en la empresa matriz. Además me entregaron una tarjeta para entrar en la Embajada por la puerta central y no tener que hacer la larga fila de cubanos que acudían al consulado para solicitar su visa. Así, entré a la Embajada; varios funcionarios consulares estaban atendiendo a los numerosos solicitantes, esperé como una hora hasta que me llamaron.

Me llegó mi turno. El funcionario que me tocó era del tipo de norteamericano arrogante y prepotente; en forma muy irrespetuosa me preguntó si yo era graduado universitario.; sin embargo, en aquella desagradable conversación le mostré primero mi anillo de graduado en Rensselaer; me dijo que eso no era prueba suficiente y en gesto descompuesto me amenazó: “Si no me presenta una prueba, no le doy la visa”. Yo podía en aquellos momentos presentarle la carta que me habían entregado, pero me sentí tan profundamente ofendido en mi dignidad, que no la mostré; lo mandé a la mierda y me fui. Quemé las naves, no por revolucionario, ni tan siquiera antinorteamericano sino por propio respeto a mi persona. Me dije voy a quedarme, vamos a ver qué pasa.

Para tratar de entender mi posible futuro en Cuba, leí, con mi falta de cultura política el Manifiesto Comunista y la Encíclica papal Rerum Novarum. No entendí nada. Decidí entonces que la vida me mostraría el camino.

Mi empresa fue nacionalizada, el éxodo de sus técnicos fue enorme y unos pocos quedamos para cubrir todas las responsabilidades, El joven interventor, nos pidió nuestro apoyo, yo sentí que responsablemente tenía que dárselo. El bloqueo norteamericano había comenzado; mi misión consistía en lograr que, ante la falta de materias primas,  no le faltaran a la población los esenciales productos para la higiene que manufacturábamos. La tarea fue ardua, pero en general, los problemas se fueron resolviendo, de una u otra forma, con alguna o poca calidad, pero en general, los productos llegaban a la población. En poco tiempo y sin darme cuenta, me había incorporado al trabajo de la Revolución. Ya me consideraban un ingeniero revolucionario.

Algunos meses más tarde, fui indicado para ser Vicedirector de Refinación del Instituto Cubano del Petróleo (ICP), subordinado al recién creado Ministerio de Industrias; su ministro era el Comandante Ernesto Che Guevara.

Considerando la importancia del cargo al cual había sido promovido, en el cual tendría responsabilidades en un área altamente estratégica para la reconstrucción del país, juzgué necesario explicar mi situación profesional anterior y, sobre todo, las circunstancias de mi decisión de permanecer en el país. Ese era un acto de seriedad y lealtad frente a la confianza que estaban depositando en mí. Con ese objetivo, le solicité al Director de la Empresa Consolidada de la  Química[1], Mario Zorrilla, que me consiguiese una entrevista con el Che.

Días después, Manresa, el Jefe de Despacho del Che, me avisó que el Comandante me recibiría al día siguiente a las dos horas. Yo respondí que estaría sin falta a las dos de la tarde. Manresa me sacó del error: la entrevista sería a las dos de la madrugada. Ya me acostumbraría después a esos horarios “normales” del Che.

Yo no había visto nunca al  Che de cerca. Lo que me impactó inicialmente fue su mirada firme y serena. Fumaba un tabaco. Cuando le expliqué el motivo de mi entrevista, en particular la alta responsabilidad que se me asignaba a pesar de mi reciente intención de abandonar el país, él me dijo:

-     ¿Pero tú te vas del  país?

-      No.

-     ¿Tú estás dispuesto a trabajar con nosotros?

-     Sí.

- Chico, me parece que tú eres una gente honesta, Así que, ¡a trabajar!

Nos dimos un apretón de manos y terminó la entrevista. Debo decir que nunca más, en cerca de 5 años de trabajo con él, se volvió a tocar el tema de mi posible salida del  país. Esa confianza depositada en mí  ahora por el propio  Che, comenzó a hacerme sentir que me estaba convirtiendo en un revolucionario.

A partir de ese momento, pasé a llamarlo de “Che”, como era la costumbre entre sus colaboradores más cercanos.

 

[1] La Empresa Consolidada de la Química estaba subordinada al Departamento de Industrialización. Agrupaba todas las industrias de perfil químico: fertilizantes, productos farmacéuticos, pinturas, jabones y perfumería, entre otras. Además de Sabatés, donde yo trabajaba, estaba Crusellas (filial de la Colgate-Palmolive), Gravi, Max Factor, Shulton y otras.

Continuará

Colombia: ¿La Guerra o la Paz? 1ra y 2da parte.

Por: Tony López R.

La urgente necesidad de que Colombia logre la paz, está condicionada a que se realicen profundos e importantes cambios estructurales. Esa oportunidad la desperdiciaron cuando el gobierno de Iván Duque incumplió con los Acuerdos de Paz, firmados el 26 de noviembre del 2016 en Bogotá, Colombia.

No es el presidente Nicolas Maduro el causante de los acontecimientos en Colombia, como anunció desde Miami el presidente de Ecuador, Lenin Moreno sin ninguna ética, irresponsable y cobardemente, sin presentar una sola prueba todo para congraciarse con Estados Unidos. Tampoco el castrochavismo, ni Nicaragua, como señalan algunos derechistas medios de prensa en Miami y en América Latina. Analicemos seriamente los orígenes y las causas de este lamentable conflicto.

El verdadero origen y causa de la explosión social en Colombia se ha provocado por la propuesta del gobierno de la Ley Tributaria, pero no es la causa ni origen de estos grandes reclamos del pueblo. Estas deudas vienen de muchos años acumulados de injusticia social, política, económica y militar. La oligarquía colombiana está negada a realizar los cambios y la actual sublevación popular solo vienen de esa profunda crisis.

Los cambios que hoy exige la ciudadanía, se han venido planteando no solo a este gobierno, ha sido a la mayoría de los gobiernos, que tutelado por la oligarquía y apoyados por los grandes intereses de Washington, son los que llevan la rienda del poder, desde hace 190 años en Colombia. Basados en una Constitución, bipartidista (liberal-conservadora), aprobada en agosto de 1886, que reinó en Colombia por 105 años, la sociedad colombiana ha sido testigo de los más abusivos y horribles sucesos al amparo de ella.

La guerra de los mil días, un fratricida enfrentamiento entre liberales y conservadores, que dio paso a gobiernos conservadores y estos, entregaron a EEUU, el territorio istmeño y dio origen al nacimiento de la República de Panamá y a EE: UU de apropiarse del Canal de Panamá, que constituía su principal objetivo económico, comercial y militar y la razón por la que alentaron esa guerra.

En los 30 años que gobernaron los conservadores, a inicios del siglo XX, se provocaron graves enfrentamientos con los liberales, las masacres de cientos de obreros a fines del 20 en las bananeras costeñas y el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, un prestigioso líder liberal que abrazaba las ideas socialdemócratas, la violencia y odio caracterizaron estas tres décadas. El desprestigio conservador, facilitó el triunfo del liberal Enrique Olaya Herrera, que ganó la presidencia en 1930 y en 1934 le sucedió el liberal Alfonso López Pumarejo.

El gobierno liberal de Olaya se caracterizó por dictar varias leyes de carácter social, ganó la simpatía, pero también la fuerte oposición del senador conservador Laureano Gómez. La ley, que más preocupó a los conservadores y a sectores de la derecha liberal, fue la de dominio y posesión de las tierras. Esa ley abría las puertas a una reforma agraria, ley que fue aprobada en el gobierno de López Pumarejo (1934-38). La oligarquía latifundista feudal, liberal-conservadora, le declaró la guerra a la Revolución en Marcha, con una gran ola de violencia y el gobierno no pudo realizar su programa político social.

Los gobiernos de Eduardo Santos de 1938-42 y de Alfonso López Pumarejo de 1942-45 fueron sacudidos por las peleas internas dentro del Partido Liberal. Las contradicciones se hicieron tensas para elegir al candidato presidencial que por este Partido se presentaría en las elecciones para el periodo 1946-50. El prestigioso líder antimperialista, revolucionario y liberal Jorge Eliecer Gaitán, era uno de los dos candidatos, una maniobra de la derecha de ese Partido impidió que fuera Gaitán y llevaron como candidato a Gabriel Turbay Turbay, quien fue derrotado por el conservador Mariano Ospina Pérez.

Los gobiernos de Ospina Pérez, (1946-50) y de Laureano Gómez (1950-51) y Rafael Urdaneta (1951-53) fueron los gobiernos más horrorosos de aquella época en Colombia. La fuerte oposición a esos gobiernos conservadores, provocó miles de asesinatos contra los liberales gaitanitas, el punto más álgido de ese periodo y para impedir que Jorge Eliecer Gaitán ganara la presidencia de la república, el 9 de abril de 1948 fue asesinado.

Una conspiración de la oligarquía liberal conservadora, en total complicidad con Estados Unidos y en medio de una desenfrenada política macartista, bajo la “doctrina Truman”, decidieron eliminar al gran líder revolucionario Jorge Eliecer Gaitán. Su asesinato provocó una de la más grandes explosiones violentas y sociales que recuerde la historia colombiana, conocida como “El Bogotazo”. La falta de un liderazgo liberal y el arreglo de las elites político liberal-conservador, con el presidente Ospina Pérez y Laureano Gómez, puso en evidencia la complicidad en ese criminal magnicidio.

Luego de este luctuoso suceso, se arreciaron en Colombia las persecuciones y crímenes contra, el cada vez más creciente movimiento liberal gaitanista, fue una labor de exterminio a mano de los paramilitares, en esa época conocidos como “pájaros”, “chulavitas” y “aplanchadores” todos miembros de la fuerza pública, especialmente de la policía o para-policial. La política de odio, era tan grande que, hasta las mujeres embarazadas liberales gaitanistas, eran ejecutadas y sus fetos extraídos de sus vientres y acuchillados para que no sobrevivieran.

Mientras Juan de la Cruz Varela importante líder agrario, liberal y gaitanista, tomó distancia con la dirección liberal, cuando estos pactaron con el presidente Ospina Pérez. Frente a la gran represión los liberales gaitanistas y comunistas entre ellos Varela, organizaron en sus defensas las guerrillas liberales y comunistas que operaron en el Tolima, en el Sumapaz y los Llanos orientales. Mientras que en Santander del Sur y el Magdalena Medio las guerrillas el mocho Rafael Rangel enfrentaron las criminales acciones de la violencia oligárquica.

La ola de violencia y la continuidad y fortalecimiento de las guerrillas liberales y comunistas en ese periodo y las insatisfacciones de la sociedad y de un sector militar, facilitó el golpe de Estado Militar el 13 de junio de 1953, que llevó al general Gustavo Rojas Pinilla a encabezar el gobierno de facto.

El mandato de Rojas Pinilla, tampoco logró solucionar la crisis, a pesar de la amnistía que otorgo a las guerrillas que duró dos años, en abril de 1955 producto de una fuerte represión contra los campesinos de la zona en Villarrica, Tolima, los campesinos resistieron, y se abrió un frente guerrillero en la zona de Cabrera y la guerra se traslado al Alto Sumapaz, guerra donde Varela se convirtió en el líder y jefe de una guerrilla con militantes gaitanistas y comunistas.

Mientras que Guadalupe Salcedo con las guerrillas de los Llanos, continuo operando, hasta que Rojas Pinilla fue depuesto y la Junta Militar que asumió, dictó una amnistía y Juan de la Cruz Varela quien desde 1950 militaba en el Partido Comunista, aceptó parar la lucha armada, también lo hizo Salcedo, pero este fue engañado y le hicieron ir a Bogotá para negociar y fue asesinado.

Con la caída el 10 de mayo de 1957 del general Rojas Pinilla, se produjo un acuerdo con la Junta Militar, que formó un gobierno paritario entre liberales y conservadores, gracias primero a los acuerdos en 1956 de Benidorm, en Barcelona, España, que habían logrado el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez. Esos acuerdos dan lugar al Pacto de Sitges y conforman el Frente Nacional, que acuerdan la alternancia en el gobierno de ambos partidos. Las elecciones celebradas en 1958 eligen a Alberto Lleras Camargo, quien gobierna hasta 1962 y es sucedido por el conservador Guillermo León Valencia. El Frente Nacional solo duró 16 años, terminó en 1974.

En el gobierno del liberal Alberto Lleras Camargo, se producen dos hechos que deben ser recogidos, en el mismo año que fue elegido, se trató de una importante división en el partido liberal encabezada por Alfonso López Michelsen, corriente política progresista, que adoptó el nombre de Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y que cuestionaba fuertemente al Frente Nacional.

Por otra parte, los atropellos por ex guerrilleros liberales devenidos en bandoleros, liderados entre otros por Jesús María Oviedo, alias “Mariachi”, sirviéndole a los terratenientes, atacaba a los campesinos pobres. El líder comunista y miembro de su Comité Central, Jacobo Prias Alape c/p Charro Negro, los enfrentó, pero “Mariachi” le tendió una trampa y lo asesinó. Este acontecimiento producido en 1960, prendió las alarmas y atizó la violencia en ese periodo.

En ese periodo, siendo líder en el Congreso el conservador Álvaro Gómez Hurtado, apoyo a la oligarquía agraria y comienzan a crear conflictos con los campesinos de diversas zonas del país, pero principalmente en el Tolima, Huila, Cundinamarca y comenzaron a ser atacados por sicarios y paramilitares, en respuesta a esa política, se crearon las Autodefensas Campesinas.

El senador Álvaro Gómez acusó a estos campesinos de haberse convertido en unas “republiquetas independientes” y dio lugar a que en 1964, el gobierno de León Valencia con el apoyo del Congreso, decidió utilizar a las Fuerzas Militares, en esta ocasión con un fuerte apoyo de Estados Unidos, bajo el nombre del Plan LASO.

Esa intervención militar con un fuerte ataque a la zona de Marquetalia, y la heroica defensa de ese territorio, dio origen a que el 27 de mayo de 1964 surgiera el movimiento guerrillero FARC, (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) Mientras que un 4 de Julio, se fundó en la zona de Laputana, Santander del Sur, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Las FARC comandado por el legendario guerrillero Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda Vélez) y el ELN por el comandante Fabio Vázquez Castaño.

Hasta aquí una muy apretada síntesis de los sucesos de violencia, explotación, abusos contra el campesinado y el pueblo colombiano pueblo que, en Colombia de acuerdo a informaciones oficiales, entre los años 1948 y 58 en diez años, 300,000 mil muertos. Las investigaciones del Grupo de la Memoria Histórica, permiten confirmar que los muertos entre 1958 al 2012 ascienden a 220.000. Todas estas lamentables perdidas, solo recoge la de los fallecidos, pero no los miles de desaparecidos y heridos.

No fue hasta 1991 cuando luego de las negociaciones de paz con el movimiento revolucionario y guerrillero AD-M-19, que se iniciaron conversaciones con el gobierno liberal de Virgilio Barco y lo continuó César Gaviria. Nunca una negociación de la insurgencia había logrado tantos beneficios de carácter jurídico, civil y público. La Constitución del 91 puso fin al cinturón de hierro que representaba la vieja carta magna de 1886, que solo amparaba los intereses de la oligarquía.

La Constitución del 91 abrió el espacio democrático y el ordenamiento judicial del país. Se crearon las siguientes instituciones jurídicas, Fiscalía de la Nación, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral y Contraloría Nacional. Todo comenzó a funcionar muy bien en los primeros años, de su aplicación, pero está, se fue extinguiendo y deformando con el tiempo. En el periodo de mayores cambios internos a la Constitución, lo fue a partir del 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

En todos estos años, el país ha vivido de un conflicto en otro y es ahí donde están las causas y razones que vienen acumuladas desde hace muchos, pero muchos años, que se agudizaron luego del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948. En la segunda parte de este artículo, abordaré el periodo del 2000 hasta la fecha. Pero lo que sí queda claro, que no hay ninguna fuerza extranjera, ni militar ni política latinoamericana, que tenga que ver con este estallido social y político en Colombia. Las únicas fuerzas extranjeras y militares en Colombia, son las unidades de la 82 división, que Estados Unidos tiene posesionadas e ilegalmente ocupando parte del territorio en esa Nación. Si alguien tiene dudas de la ilegalidad que le pregunten a Tribunal Superior de Cundinamarca y al Senado de la Nación. De eso no habló en la CNN el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, solo culpo a la Disidencia de las FARC, al ELN, a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es la forma de los culpables y cobardes de desvirtuar la realidad y los medios de prensa como la CNN de proporcionar las falsas noticias.

-------------------------------------------------------------------------------------------

En la primera parte de este artículo entregué información que explica de manera resumida los orígenes y causas de conflicto interno en Colombia y se identifican claramente los culpables. Ha sido la oligarquía colombiana, que, basada en la Constitución de 1886, fue el blindaje jurídico para favorecer un Estado de Derecho al servicio de la burguesía. Con un dominio político bipartidista de Liberales y Conservadores.

Tal como ya señalé en el primer parte, los males de Colombia, su origen y causas vienen de una llamada democracia, que de ella solo tiene el nombre, porque realmente los llamados tres poderes, Judicial, Legislativo y Ejecutivo están en función de favorecer los intereses de la oligarquía nacional y trasnacional, muy especialmente las empresas estadounidenses y en detrimento de la nacionales.

El sistema judicial colombiano, aún no ha podido dar respuesta a lo sucedido con las familias campesinas que, en estos 75 años de guerra interna, han sido víctimas de una sistemática política de violación de sus derechos civiles y humanos. Del despojos y desplazamiento que han sufrido y sufren de sus tierras y que van a parar a manos de los terratenientes y de los narco-paramilitares, con la complicidad de los agentes del estado. Una política que se acrecentó luego que se firmaran los Acuerdos de Paz de La Habana.

La desmovilización de las FARC-EP y abandono de territorios que estaban bajo el dominio de esta organización y cuyos pobladores eran respetado y atendidos por la insurgencia. La mayor parte de ellos han tenido que abandonar sus tierras, acusados de colaboradores de la guerrilla y sus tierras han ido a parar a manos de los narco-paramilitares, quienes representan los intereses de los grandes terratenientes, la mayoría vinculados al negocio del narcotráfico.

Judicialmente no se toman medidas, ni se aclaran los hechos y más grave aún, quienes reclaman, los asesinan y desaparecen a sus familias, estos despojos y crímenes, sucedían desde hace muchos añosm pero se acrecentaron el gobierno de Uribe, Santos y suceden en el actual gobierno de Duque, a pesar de la llamada ley de Justicia y Paz.

Hoy cuando el presidente Iván Duque siguiendo los dictados de su protector el ex senador Álvaro Uribe Vélez, ordenó sacar a la policía y al ejército a la calle para reprimir al pueblo esta ha sido no solo brutal, sino siguiendo la orden del ex senador Uribe Vélez de tirar a matar, ha sido criminal. La represión ha sido despiadada, al día de hoy 15 de mayo que se conozca, han provocado más de 50 personas muertas, la mayoría jóvenes, abusos sexuales, al extremo que una niña de 17 años en Popayán, fue, vejada y violada, por cuatro miembros del ESMAD, ante tal humillación ella se suicidó. Paradójicamente esa niña resultó ser la hija de un policía. Descaradamente el jefe de la Policía en la 4ta región, el general Ricardo Alarcón, desmiente y señaló que es para mancillar a ese cuerpo armado. Pero la niña los acusa y dejo escrito lo que le hicieron.

Se calcula al día de hoy que unos 750 desaparecidos y más de 900 detenidos y de 1500 hechos de violencias contra ciudadanos y viviendas particulares, todo documentado. El senador Iván Cepeda, junto con un grupo de ONG, han presentado una acusación ante la Corte Penal Internacional, contra el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, y los Comandante en Jefe de la Policía y Ejército Jorge Vargas y Enrique Zapateiro y entregado esa documentación.

Lo sucedido ayer en el puente de Buga, que une a Cali, con el occidente, desde un helicóptero ametrallaron a la población, que tenían un bloqueo en el puente. Se desconoce los daños ocasionados tanto en personas como material. Ante la sublevación en Popayán por la violación de la niña, hoy, el ministro de defensa Diego Molano, arribó a eta ciudad, acompañado de 800 militares que llegaron en 10 vuelos de C-130, a la capital del Cauca, para controlar militarmente la cuidad, como el propio ministro declaró y precisó que él ha quedado a cargo de ese control.

El colmo del cinismo y el insulto a la inteligencia del pueblo colombiano, Ha sido lo publicado por la revista Semana, bajo el sugerente título: “Exclusivo” el documento de Inteligencia que advirtió en el 2019 lo que se está viviendo en Colombia. Un informe Secreto y de uso exclusivo del Estado y al cual tuvo acceso la directora de dicha publicación Vicky Dávila”.

Según esta publicación el Plan conocido por los servicios especiales colombianos, el objetivo es “desestabilizar al gobierno de Iván Duque, generando una crisis de gobernabilidad y donde se daba una proyección con vista a las elecciones del 2022, para favorecer a un candidato de izquierda”. El documento señala “un plan donde aparecen grupos armados, de seis organizaciones nacionales y 17 regionales afines al ELN y diez entidades de carácter nacional y 27 de orden regional afines a la “disidencia” de las FARC”.

Es un informe detallado, señala la periodista, de todo lo que está sucediendo y que busca con ello, tumbar el gobierno de Duque, creando dice “insurrecciones parciales” advierte el informe SECRETO. “Estas insurrecciones y movilizaciones provocarían la caída del gobierno y en su lugar promover el ascenso al poder de un candidato de izquierda”.

Resulta inaudito que con los graves incidentes provocados por la orden del presidente Iván Duque, de militarizar el país, y que siguiendo las ordenes de Álvaro Uribe Vélez, de tirar a matar contra los manifestantes, y que la policía y ejército hayan causado muertes, heridos, desaparecidos y abusos sexuales, vengan a utilizar la fabricación de una gran mentira que, en términos profesionales, de los servicios de inteligencia es lo que llaman una MEDIDA ACTIVA. La que se utiliza precisamente para contrarrestar o respaldar las acciones cometidas por la fuerza pública, culpando a terceros que es el objetivo de este documento.

Si fuera cierto que la inteligencia colombiana tenía esta información desde hace dos años, por razones de seguridad nacional, el carácter SECRETO pierde sentido, por estaba en peligro la estabilidad de la nación. El gobierno estába obligado a convocar a una conferencia de prensa y dar a conocer el plan, con sus detalles, políticamente confrontaba a los conspiradores y sin un solo disparo, lograba derrotarlos y obtenía redito político a su favor. Ese cuento no se lo cree ni la abuela. Como explica el Presidente, haber guardado un SECRETO COMO ESE POR DOS AÑOS. Sencillo, no podía, porque no existía la información y ahora con esta crisis, la fabricaron y Vicky Dávila les hizo el trabajo sucio.

Pero lo que si queda claro, es que utilizando a la revista Semana, la que desde hace un buen tiempo, ha venido sirviendo al Gobierno y a su servicio de Inteligencia, para divulgar Noticias Falsas es crear y afirmar la matriz de opinión de que lo que sucede en Colombia es culpa del terrorismo y al vincularlo al terrorismo y a los “vándalos” hay que usar a la fuerza pública y en esta ocasión, ha ido muy lejos, usando a la policía y al ejército contra el pueblo.

Duque y Uribe tienen que justificar su política, acusando a la insurgencia colombiana del ELN, de las FARC_EP, a las organizaciones sociales y políticas de la izquierda, al sindicalismo, y a los países que en la región no obedecen las ordenes de Washington, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, siempre lo hicieron. Son tan inconsecuentes y desagradecidos que cuando han tenido el agua al cuello, le han pedido ayuda a Venezuela y Cuba y eso lo sabe muy bien Álvaro Uribe Vélez, que acudió a ambos países a pedir apoyo en momento críticos que tuvo que afrontar.

Nunca reconocerán que la aplicación radical del modelo económico neoliberal, ha llevado a un país rico a empobrecerlo, a llevar a la ruina a la clase media rural y urbana, incluso afectando al campo y a la industria nacional, todo para favorecer a las transnacionales. De 50 millones de habitantes, el 42.5 por ciento vive en la pobreza y más de 10 millones en la extrema pobreza, un país donde los jóvenes no tienen futuro con graves afectaciones de vivienda y de servicio de salud. La Pandemia ha revelado el nivel de indefensión a que está sometido el humilde pueblo colombiano mas de 3 millones de infestados y más de 100, 000 fallecidos, así lo demuestran.

En el tercer y último artículo abordaré otros temas, que son muy importante conocer, para profundizar en las razones que tiene ese pueblo semejante demostración de movilización y fuerza de masas, pese a la criminal represión de la policía y el ejército.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

La Habana, Cuba, 15 de mayo del 2021. 22.00 hrs.

El ciberataque que exhibió la fragilidad de Estados Unidos

El parón del gran oleoducto de la costa Este, el más grave conocido contra una infraestructura energética del país, alerta del creciente riesgo de los grupos criminales que piratean sistemas. La pandemia ha impulsado la virtualización y los peligros

Por AMANDA MARS

Washington - 16 MAY 2021 - 03:34 CDT

Un surtidor de gasolina en Falls Church (Virginia), el pasado miércoles, cuando miles de estaciones de servicios se quedaron sin gasolina en la costa este de Estados Unidos.KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Estados Unidos ha revivido esta semana escenas que no veía desde las turbulencias del petróleo de los años setenta: colas interminables en las gasolineras y estaciones de servicio limitando las compras o anunciando que se habían quedado a cero. El gran oleoducto de la empresa Colonial, una de las principales arterias energéticas del país, cerró el 7 de mayo, viernes, como consecuencia de un ataque informático, y por primera vez tuvo que detenerse al completo, poniendo en jaque el 45% del suministro de fuel toda la costa Este del país. El pánico a quedarse sin combustible llevó a millones de ciudadanos y empresas de la costa Este a llenar sus tanques, lo que disparó la demanda y agravó los problemas de suministro.

Varios Estados, como Florida y Georgia, declararon el estado de emergencia para poder tomar medidas excepcionales. El precio medio del galón alcanzó los tres dólares (2,47 euros), el máximo desde 2014. Las autoridades se apresuraron a advertir a los consumidores que pretendían aprovisionarse de gasolina utilizando bolsas, en vista de que los bidones se estaban agotando, y el Gobierno federal tuvo que adoptar medidas de urgencia, como la suspensión de requisitos medioambientales y de la ley Jones de comercio marítimo -que exige que las embarcaciones sean estadounidenses- para solucionar los problemas de suministro.

Todo este embrollo tuvo lugar a pesar de que, como han publicado la agencia Bloomberg y el periódico The Wall Street Journal, Colonial pagó a los ciberdelincuentes un rescate de cerca de cinco millones de dólares en criptomonedas el mismo día del ataque para poder volver a operar. DarkSide, como se hace llamar el grupo detrás de la tropelía, es una de esas organizaciones criminales que se dedican al cibersecuestro de los datos críticos de una empresa o institución que solo liberan a cambio de un pago. Es lo que en la jerga tecnológica se conoce como un ataque de ransomware: utilizan programas maliciosos (malware) para penetrar en los sistemas, encriptan la información sensible y venden una herramienta para desencriptarla. Ocurren cada día sin que nadie lo sepa, a las empresas no les conviene revelarlos por motivos de reputación y a los criminales tampoco les conviene llamar la atención.

Pero el viernes de la semana pasada DarkSide se lanzó sobre Colonial y provocó el mayor ciberataque conocido sobre una infraestructura energética en Estados Unidos, una ofensiva que tuvo un aparatoso impacto en el mundo real. Logró paralizar más de 8.000 kilómetros (5.500 millas) de tubo que une Texas con Nueva Jersey, sacudir los mercados y la vulnerabilidad de la mayor potencia mundial ante una banda criminal civil, en principio no vinculada a ningún Gobierno, a pesar de la experiencia de los últimos años y de los esfuerzos en mejorar la ciberseguridad.

Padraic O’Reilly, uno de los fundadores de la firma CyberSaint Security, experto en el sector de la energía y otras infraestructuras críticas, advierte de que el peligro va a más. “El mundo real se está volviendo digital y la pandemia ha forzado además a una mayor virtualización del mundo tangible, que lo que hace es que expone los sistemas físicos a la red”, dice. A esto se añade que el 85% de las infraestructuras críticas de Estados Unidos “está en manos privadas, eso es mucho, y las empresas privadas tienen el incentivo de mirar en resultado en el corto plazo y no siempre vela por la seguridad tanto como necesitan”. En el caso del oleoducto, O’Reilly cree que “algo ha descarrilado esta vez, [los criminales] han ido demasiado lejos”. “Lo que choca de toda esta historia es que han tenido que cerrar el oleoducto”, explica, “una cosa es robar una película, o bloquear los historiales médicos de un hospital, pero eso no se propaga a todo un sector de la economía, como esta vez ha ocurrido en la costa Este”.

DarkSide, que presume de no atacar hospitales ni colegios, pidió una suerte de disculpa el lunes, asegurando que su objetivo es “ganar dinero, no crear problemas a la sociedad”. En un comunicado que evocaba al humorista español Miguel Gila, cuyo popular gag consistía en las llamadas telefónicas al enemigo para ponerse de acuerdo en a qué hora y dónde atacar, la banda planteó como compromiso “introducir moderación y comprobar cada compañía que nuestros socios quieran encriptar para evitar consecuencias sociales en el futuro”.

No han trascendido las entretelas de todo el episodio. Según la versión que recabó Bloomberg de fuentes conocedoras del proceso, bajo condición de anonimato, Colonial pagó el rescate a las pocas horas del cibersecuestro de los datos y DarkSide le entregó la herramienta informática necesaria para desencriptarlos, pero esta resultaba muy lenta y la compañía tuvo que utilizar también sus propias salvaguardas. En su momento, la empresa afirmó que había detenido la operación para evitar que el virus se extendiese por todo su sistema. Sobre el pago del rescate, claro, no ha dicho esta boca es mía. La cifra que ha trascendido, esos cerca de cinco millones de dólares, supone un salto exponencial a los casos más comunes hasta ahora.

Hay diferentes estimaciones sobre esta pequeña gran industria del cibersecuestro de datos. Según la información de la firma de seguridad Emsisoft, hay alrededor de dos docenas de grupos principales en el negocio y el año pasado movieron hasta 18.000 millones de dólares en rescates en todo el mundo, lo que supone un incremento del 80% respecto a 2019, espoleado en buena parte por este impulso virtual de la actividad económica y humana que ha supuesto la pandemia. Otra firma, Chainanalysis, estima que se pagaron 406 millones en criptomonedas, un balance tan dispar que da idea de lo difuso de este mundo. Hay, sin embargo, consenso en la tendencia: va al alza.

“Todo está cada vez más conectado y, por tanto, aumenta lo que llamamos la superficie de ataque. Estados Unidos es un país muy avanzado y por tanto también muy conectado, por eso ofrece una gran espectro. Cuando una empresa o una institución sufre una operación así, si no tiene buenos sistemas de salvaguarda [backup], bien actualizados, no tiene otra salida que pagar el rescate”, explica César Cerrudo, hacker y jefe de tecnología de la empresa de seguridad informática IOActive.

Para Biden, el caso abre diferentes frentes. La sacudida de estos días ha sido munición para la oposición republicana, que le reprocha la cancelación del proyecto del nuevo gran oleoducto Keystone, una obra controvertida por el impacto ambiental. Y el impulso al coche eléctrico, una de las medidas básicas de los planes medioambientales de los países, amplía eso que César Cerrudo llama “superficie de ataque” de los criminales. El demócrata tiene que lidiar con Rusia, pues se considera que el grupo criminal reside en este país y Biden quiere que el Kremlin tome medidas.

Esta semana firmó una orden ejecutiva sobre ciberseguridad que, grosso modo, obliga a las empresas contratistas a reforzar sus medidas. Se empezó a trabajar en ella precisamente a raíz del ciberataque masivo que el año pasado sufrieron varias agencias federales y Washington atribuye a Moscú. También Ucrania acusó a Rusia de atacar su sistema eléctrico en 2015 y 2016. Y el pirateo de los correos del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 2016 sigue muy presente. Esta vez ha sido un grupo de criminales con base supuestamente en Rusia, pero aparentemente independientes del Gobierno, y las acciones han trascendido al mundo físico.

De momento, la presión de Estados Unidos ha llevado a DarkSide a cerrar su operación. En un comunicado que envió a algunos medios este viernes, señaló que el grupo dejaría el ciberespacio en un plazo de 48 horas. Los expertos creen no obstante, que volverán bajo otra identidad. Al despedirse, DarkSide dijo: “Permanezcan a salvo y tengan buena suerte”.

Las nuevas variantes de la covid, más contagiosas, dificultan llegar a la inmunidad de grupo

Los principales indicadores de la pandemia evolucionarán de manera positiva, pero no será suficiente para eliminar restricciones o el uso de mascarillas

Vacunación masiva para mayores de 50 años en el Centre Civic Montserrat Roig, en Terrasa (Barcelona).CRISTÓBAL CASTRO

ORIOL GÜELL

Barcelona - 16 MAY 2021 - 03:12 CDT

El avance de la vacunación ha disparado el optimismo sobre el futuro de la pandemia en España. Con gran parte de la población vulnerable ya inmunizada y 14,9 millones de personas (el 31,4% de los ciudadanos) con al menos una dosis, los expertos dan por seguro que los principales indicadores de la evolución del coronavirus —incidencia, hospitalizaciones y fallecidos— descenderán de forma pronunciada en los próximos meses. Pero la inmunidad de grupo, avisan, no se alcanzará este año y, ahora mismo, resulta difícil prever si el planeta llegará a ella algún día ante la amenaza de las nuevas variantes y la falta de vacunas para inmunizar en el medio plazo a toda la población mundial.

“El virus no desaparecerá tan rápido, si es que llega a hacerlo”, advierte Antoni Trilla, jefe de servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínic (Barcelona). “Caminaremos hacia la normalidad, pero continuará habiendo contagios. En lugar de inmunidad de grupo, hablamos en este caso de control funcional de la pandemia. No vamos a poder despedirnos tan rápido de la mascarilla”, augura.

Desde el inicio de la pandemia se ha repetido que la inmunidad de grupo —también llamada de rebaño, situación en la que el porcentaje de personas inmunizadas impide al virus circular y, por tanto, protege también a las no vacunadas— se alcanzaría cuando el 70% de la población hubiera recibido sus dosis. Un momento para el que faltan solo “100 días” en España, según anunció esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El problema es que ese 70% ya no será suficiente a causa de las nuevas variantes. Quique Bassat, epidemiólogo e investigador del instituto ISGlobal (Barcelona), explica que “el porcentaje de gente que se necesita vacunar depende del número reproductivo básico de cada virus, la R”, que indica cuántos nuevos casos provoca de media cada positivo.

“Hace un año, se estimaba que la R del SARS-CoV-2 era de 2 a 3 y de ahí salió el objetivo del 70%. Pero ahora hay variantes más contagiosas y la R puede situarse entre 3 y 5. Una enfermedad más transmisible te obliga a vacunar a más gente. Quizá ahora sea necesario el 80% o el 90%”, explica Bassat. El sarampión, aún más contagioso —con una R superior a 12—, requiere vacunar a más del 95% de la población para alcanzar la inmunidad de grupo.

Más población a vacunar requiere más tiempo y esto repercutirá en el ritmo con el que el país irá hacia una vida sin restricciones ni mascarillas. “Será un proceso más lento y progresivo, no algo que pueda hacerse de un día para otro”, admite Clara Prats, investigadora en Biología Computacional de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), que está desarrollando un modelo para prever a qué velocidad esto podrá hacerse según distintos escenarios.

En España, un país conocido internacionalmente por su apego a las vacunas, no se considera descabellado que puedan alcanzarse porcentajes muy elevados de inmunización. Pero en Estados Unidos, paradójicamente el gran país donde más rápido se empezó a vacunar, crece la inquietud ante las reticencias a inmunizarse de algunos sectores de la población. Esto llevó a varios expertos a mostrar a The New York Times sus dudas de que sea posible alcanzar la inmunidad de grupo en ese país.

En todo caso, los expertos coinciden en que “lo importante ahora es avanzar y vacunar a cuanta más gente mejor”. Incluso sin alcanzar la inmunidad de grupo, explican, el impacto de la enfermedad puede quedar reducido a la mínima expresión y la vuelta a la normalidad ser casi completa. “Esto no es un todo o nada. Tampoco con el sarampión hemos logrado evitar que siga habiendo casos y convivimos con ello sin apenas problemas”, recuerda Trilla.

Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, considera que “es posible arrinconar el virus de forma que, si no se logra hacerlo desaparecer, sí quedará reducido a una mínima expresión, con pocos casos y casi todos ellos leves”.

Bassat prevé dos escenarios: “A medio plazo, con entre el 50% y el 80% de población vacunada, tendremos unos pocos cientos de casos al día y un desplome de hospitalizaciones y fallecimientos. En esta fase, aunque de forma más relajada, aún será necesario mantener algunas medidas de prevención”. “Más a largo plazo, habrá brotes localizados y con relativa poca trascendencia clínica. Los colectivos más vulnerables estarán protegidos y será posible localizar y aislar a todos los afectados, rastrear contactos, vacunar o revacunar....”, añade. Llegados a este punto, la normalidad ya estará muy cerca.

Los expertos declinan dar una fecha concreta sobre cuándo llegará este momento, aunque tienden a situarlo hacia finales de este año o la primera mitad de 2022. Hay coincidencia en que la mascarilla en espacios abiertos sin aglomeraciones, una medida cada vez más cuestionada, no tardará en caer. “La clave serán los espacios cerrados con mucha gente de orígenes distintos. Allí habrá que seguir llevando mascarilla y tendrá importancia el certificado vacunal”, sigue Bassat.

La desescalada vivirá en los colegios uno de sus momentos cumbre, con el fin de los grupos burbuja y el adiós a las mascarillas. Previsiblemente, según la evolución epidemiológica, esto debería ocurrir a finales de este año o inicios de 2022 a muy tardar. La primera propuesta remitida por Gobierno a las comunidades prevé el mantenimiento de ambas medidas en el inicio del próximo curso.

Bassat explica las razones. “En septiembre, los adolescentes de 12 a 16 años no estarán vacunados y el virus circulará entre ellos. Será prácticamente el último grupo en el que esto suponga un riesgo, ya que lo hace con una R cercana a 1. Así que el siguiente paso lógico es inmunizarlos. Estados Unidos ya lo ha aprobado y es previsible que Europa lo haga en junio”, añade.

Menos clara está la vacunación de los niños de primaria (de 6 a 12 años), un grupo poco transmisor —la R en ellos ronda el 0,3— y con afectación clínica mínima, por lo que el balance riesgo-beneficio es dudoso. “Pero deberían seguir llevando mascarilla para minimizar la circulación del virus hasta la vacunación de los adolescentes. Pero cuando esto ocurra, entonces sí que las mascarillas desaparecerán de las aulas”, concluye Bassat.

Los expertos, sin embargo, alertan de que estos criterios epidemiológicos razonables si se mira a un país como España, pueden cambiar si se amplía el foco. La cuestión clave en este caso es si es adecuado vacunar a personas cada vez más jóvenes y con menor riesgo en los países ricos, mientras en los menos desarrollados ni siquiera los más vulnerables han recibido una sola dosis.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó el pasado viernes a los países ricos a “reconsiderar” sus estrategias de vacunación. “En los países pobres, no hay vacunas disponibles ni siquiera para vacunar a los trabajadores sanitarios”, expuso el mandatario.

La petición de la OMS es que las vacunas que el mundo desarrollado tiene pensado administrar pronto a los adolescentes sean donadas a los países más necesitados. “A nivel global ha fallado la solidaridad”, considera el epidemiólogo Pedro Alonso, que dirige el programa contra la malaria de la OMS. “Todos hablamos de ella, pero corremos a vacunar primero a nuestras poblaciones. Y este es un asunto complejo, porque lo cierto es que tampoco es fácil reprochárselo a los gobiernos”, añade.

“Nadie está seguro si todo el mundo no lo está”. Es la frase que ha hecho fortuna para alertar de que si el mundo no se acerca a la inmunidad de grupo global —aunque no la consiga del todo—, no solo se enfrenta a duras cuestiones morales, sino que “crece el riesgo de que surjan variantes más contagiosas que también pueden afectar a España y demás países ya vacunados”, avisa Federico García, jefe de servicio de microbiología del Hospital San Cecilio (Granada).

El temor no es tanto a una supervariante inmune a todas las vacunas existentes., dice García. “No creo que dé tiempo a que surja algo así. E incluso si lo hiciera, hemos aprendido mucho y disponemos de la tecnología para adaptar rápido las vacunas existentes y acabar de desarrollar otras. En la carrera entre vacunas y variantes, ganarán las vacunas”, añade.

El objetivo, coinciden los expertos, es acortar al máximo esa carrera para reducir el enorme coste global de la pandemia. La humanidad no sabe aún si logrará acabar con el virus o tendrá que aprender convivir con él. Si la covid pasará a ser una enfermedad estacional o la causa de brotes cada vez más pequeños que acabarán por dejar de ser noticia. Trilla concluye: “Lo que sí sabemos es que tenemos que acercarnos al máximo a la inmunidad de grupo global. Hacerlo rápido es la única vía de minimizar el impacto del virus y el riesgo de las nuevas variantes. Este es el objetivo que el mundo tiene por delante en los próximos meses”.

Noruega, el gigante verde dormido

Por MARIANA MAZZUCATO, RAINER KATTEL

LONDRES – La respuesta a la emergencia climática es difícil para todos, pero en particular para los países cuyas economías dependen de la extracción o producción de petróleo. La descarbonización es una oportunidad de iniciar una revolución industrial verde, pero conforme más y más naciones se sumen a este camino hacia la prosperidad futura, los activos, las tecnologías y las capacidades que dependen de los combustibles fósiles irán perdiendo valor, y eso pondrá en riesgo el empleo, las exportaciones y la innovación industrial en las economías dominadas por el petróleo.

Una de estas economías, Noruega (tercer mayor exportador de gas natural del mundo) hoy enfrenta un desafío singular. Su estructura industrial y de inversiones está muy ligada a los sectores y servicios basados en los hidrocarburos (que en 2019 generaron el 36% del total de exportaciones), pero la energía que consume procede casi en su totalidad de fuentes renovables (conversión de la energía hídrica). De modo que tal vez la economía noruega ya esté lista para una transición industrial verde, con la salvedad de que la caída de la demanda global de combustibles fósiles trabará su principal motor de crecimiento.

La dependencia noruega de los hidrocarburos es un síntoma de la «enfermedad holandesa»: el problema que se da cuando un sector dominante prospera en detrimento del resto. La enorme disparidad de la inversión en hidrocarburos respecto de otras industrias atrae al sector de los combustibles fósiles a los profesionales más capacitados. Al mismo tiempo, la extraordinaria rentabilidad del sector gaspetrolero ha generado un crecimiento excesivo de precios y salarios en el resto de la economía, que crea dificultades para otros exportadores.

Por eso Noruega ha sido uno de los países de la OCDE que desde fines de los noventa perdió más cuota de mercado internacional en los sectores exportadores no vinculados con la energía. Durante la última década hubo en Noruega un crecimiento sostenido del déficit comercial no petrolero, y la participación del sector fabril en la economía se redujo a la mitad respecto de los otros países nórdicos.

Para colmo de males, un informe reciente de la Oficina Central de Estadísticas de Noruega prevé que durante la próxima década, la inversión en el sector energético noruego se reducirá. Mientras que la inversión anual promedio en el sector durante la década anterior superó los 170 000 millones de coronas noruegas (unos 20 000 millones de dólares), se calcula que entre 2025 y 2034 esa cifra disminuirá unos 60 000 millones de coronas (incluso sin políticas de restricción a la producción de petróleo).

Es evidente que Noruega necesita una nueva estrategia industrial. En un informe reciente, proponemos un modo de usar los recursos técnicos y financieros del sector petrolero para convertir a Noruega en un «gigante verde». Pero la transición de la extracción de petróleo a una economía más verde no será automática: demanda una acción audaz, pero muy bien calibrada, del sector público. El gobierno no puede microgestionar el proceso, porque asfixiaría la innovación, pero tampoco puede dejarlo enteramente en manos del mercado.

La solución es que los gobiernos muestren el rumbo con inversiones de alto riesgo en las primeras etapas, a las que luego se sumarán los actores privados, con recompensas para aquellos que estén dispuestos a invertir e innovar. En el caso de Noruega, se necesita una estrategia industrial que dirija los considerables recursos financieros del Estado hacia inversiones en la creación de una nueva base industrial centrada en la energía verde.

Noruega cuenta con el mayor fondo de pensiones soberano del mundo, pero todavía no canalizó sus recursos a inversiones en la transición verde, dentro o fuera del país. Por el contrario, el Statens Pensjonsfond Utland (SPU) noruego es uno de los principales financistas de algunos de los proyectos de combustibles fósiles más devastadores que hoy están en fase de planificación o desarrollo. Un informe reciente advierte que apenas doce de esos proyectos consumirán tres cuartas partes de lo que queda del presupuesto de carbono del mundo, lo que hará sumamente difícil limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

Según la normativa fiscal noruega actual, el SPU deposita los ingresos derivados del petróleo en un fondo destinado a la inversión en el extranjero. Todos los años Noruega transfiere a la economía nacional, en promedio, un 3% del valor del fondo, un ritmo de retiro sostenible, ya que coincide con la rentabilidad prevista del fondo.

Esta política ha resultado eficaz para limitar la presión inflacionaria derivada de la extracción de petróleo, al tiempo que proveyó una fuente de ingresos adicional al Estado. Pero hoy Noruega necesita un proceso de financiación paciente y duradero que haga posible la diversificación económica. Como la normativa fiscal actual permite mantener grandes inversiones públicas fuera del presupuesto normal del Estado, está agravando la enfermedad holandesa, al perpetuar una dependencia del pasado (o «path dependency») determinada por el petróleo.

Pero no tiene por qué ser así. Es posible convertir al SPU en un potente inversor con sentido de misión y presencia dentro y fuera del país. En vez de usar los ingresos derivados del petróleo para recapitalizar el fondo, se los puede dirigir a un nuevo banco público de inversión verde, que actúe en forma coordinada con otros fondos públicos y organismos dedicados a la transición verde.

El sistema nacional noruego de innovación se caracteriza por una importante participación estatal. En particular, el Estado noruego posee el 67% de la empresa insignia de la industria petrolera noruega, Equinor (antes llamada Statoil). Pero las empresas estatales noruegas que en otros tiempos fueron actores fundamentales para crear de la nada el ecosistema industrial petrolero no han tenido el mismo papel en la transición verde. En vez de reinvertir sus ganancias en fuentes de energía renovables, en 2019 Equinor anunció que de aquí a 2022 gastará cinco mil millones de dólares en la recompra de acciones propias.

El shock de la COVID‑19 puso de manifiesto los riesgos que supone una dependencia excesiva de los (volátiles) mercados energéticos. Mientras que la gigante energética danesa Ørsted atravesó la pandemia sin mayores inconvenientes y no detuvo el proceso de transición a las fuentes renovables que inició una década atrás, Equinor tuvo que reducir dividendos y endeudarse para mantener sus compromisos con los accionistas en un contexto de ingresos insuficientes.

Igual que su homóloga danesa, Equinor debe convertirse en una gigante de la energía con sentido de misión. Eso demanda liberar a sus directivos de la presión por la distribución de dividendos, devolviéndole la condición de empresa totalmente estatal centrada en el futuro económico del país.

Traducción: Esteban Flamini

Mariana Mazzucato, Professor in the Economics of Innovation and Public Value at University College London, is Founding Director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose. She is the author of The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, and, most recently, Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism.

Rainer Kattel is Deputy Director and Professor of Innovation and Public Governance at the UCL Institute for Innovation and Public Purpose.

Cuba por más actividad comercial del sector privado en agricultura

 

La Habana, 15 may (Prensa Latina) El sistema agrícola de Cuba impulsa el comercio del sector privado con la rúbrica de 78 contratos de exportaciones y 41 de importaciones por más de ocho millones de dólares, informaron hoy fuentes especializadas.

En el país existen 42 empresas autorizadas por el Consejo de Ministros desde el pasado año para brindar servicios de exportación e importación a las Formas de Gestión No Estatales (FGNE), según un informe del viceministro de la Agricultura Maury Hechavarría.

Hasta el momento, 11 de ellas exportaron, 17 importaron, tres realizaron ambas gestiones y las restantes aún no brindan ningún servicio, en tanto la gestión importación-exportación por empresa cuenta con un total de tres mil 847 intenciones y dos mil 299 contratos firmados, apuntó.

En el caso del sistema de la agricultura, las FGNE tienen una amplia y variada composición que incluye cuatro mil 812 Cooperativas Agropecuarias, dos mil 464 Cooperativas de Créditos y Servicios y 868 Cooperativas de Producción Agropecuaria.

Además, suman mil 485 Unidades Básicas de Producción Cooperativa, 405 mil 970 propietarios y usufructuarios de tierras y 35 mil 460 trabajadores por cuenta propia.

De acuerdo con el documento, este sistema logró hasta la fecha 78 contratos de exportaciones, de ellos 66 de bienes y 12 de servicios, por un valor de ocho millones 318 mil 396 dólares.

En el listado se encuentran productos como aguacate, lima persa, carbón vegetal, cúrcuma, ají picante, plátano vianda, mamey colorado, alimentos envasados y tabletas de maní.

Hechavarría subrayó que el sector tiene como objetivo fundamental potenciar el desarrollo de los polos exportadores, de los cuales siete están en funcionamiento y otros 11 se encuentran en proceso.

En cuanto a las importaciones se firmaron 41 contratos, de ellos 34 de consignación y siete de importación directa, por un monto de 273 mil 186 dólares.

Estos incluyen equipamiento para minindustria y carbón vegetal, máquinas briqueteadoras y para fabricar alambre-cerca perimetral, parafina gel, envases de vidrios y tapas, plaguicidas agrícolas, herbicidas y tractores.

Entre los principales problemas identificados en la gestión de estos servicios, el informe enumeró la falta de conocimiento de las FGNE y las empresas, demoras en los procesos de importación y exportación para recibir los pagos, los productores y en el desarrollo y consolidación de los polos exportadores.

También se detectó falta de intencionalidad en la producción agropecuaria de aquellos renglones exportables que tienen demanda insatisfecha y los productos con potencialidades que aún no poseen mercados identificados.

npg/lpn/gdc

Cuba pisa el acelerador de las reformas económicas

La Habana trata de contener la tormenta económica perfecta que amenaza a su economía con una transformación del modelo productivo

FRANCISCO DE ZÁRATE

Madrid - 15 MAY 2021 - 19:47 CDT

Plantación de tabaco en Viñales, al oeste de Cuba.YAMIL LAGE / AFP VIA GETTY IMAGES

Imagine que vive en un país cuyo principal socio comercial lleva cinco años en caída libre. Imagine que la nación más poderosa del mundo, con la que había logrado una tregua tras décadas de tensiones, vuelve a restringir el envío de dinero y turistas. Imagine ahora que una pandemia reduce aún más las remesas y cierra sus fronteras al turismo, dos de las tres principales fuentes de divisas del país. Y, por último, imagine que a diferencia de otros países, el suyo no puede acudir a los mercados financieros para suavizar el golpe.

Lo adivinó: el país es Cuba, el socio con dificultades para mantenerle el suministro de petróleo es Venezuela y el archienemigo, el Gobierno de Estados Unidos, demasiado ocupado con sus problemas como para dedicarle un segundo a los entuertos provocados en La Habana por el anterior ocupante de la Casa Blanca. Con un descenso del PIB en 2020 que el Gobierno cubano estimó en el 11%, con artículos de consumo básico multiplicando su precio hasta por cinco; y con colas de horas para adquirirlos, la isla vive lo más parecido que hay en economía a una tormenta perfecta.

Cuando nadie te da crédito —Cuba incumplió en 2020 el segundo pago de intereses por los 30 millones de euros que debe a los acreedores del Club de París—, una caída en las fuentes de ingresos implica casi automáticamente una caída del consumo. A menos, claro, que dentro del país haya margen para mejoras que aumenten la producción local. De ahí que a todos esos cambios fuera de la isla haya que sumarle el gigantesco “reordenamiento” de la economía que el Gobierno cubano llevaba retrasando desde 2006, cuando Raúl Castro asumió la presidencia.

Retirada paulatina de subsidios a empresas estatales y servicios públicos, fin de la doble moneda, y más espacio para el cuentapropismo, como se llama en la isla a la actividad privada. A muy grandes rasgos, así podrían resumirse los tres pilares con que los mandatarios locales están tratando de levantar, a base de mejoras en la oferta, un rompeolas que enfrente el temporal. Como dice el economista Ricardo Torres, del Centro de Estudios de la Economía Cubana en La Habana, “a diferencia de España, donde el mercado está dominado por el consumidor, en Cuba las empresas saben que todo lo que producen se va a vender”. En mercados oligopólicos y monopólicos las empresas sobreviven aunque se incurra en grandes ineficiencias. Por eso, Torres entiende la necesidad de reformular las empresas estatales para hacerlas verdaderamente autónomas, con menos subvenciones, pero también menos intervención, donde las autoridades no puedan “llevarse el dinero cada vez que lo necesitan para otra cosa”. “Si el Gobierno quisiera actuar en serio tendría que aceptar que va a tener un sector de empresas estatales mucho menor“, dice Torres, y dar paso a las mejoras en eficiencia que puede producir la llegada de competencia privada.

Uno de los problemas es que antes hay que pasar por el mal trago de una inflación impulsada por el nuevo precio de los artículos que venden las empresas estatales (obligadas a encarecerlos por la retirada de subsidios); por la subida salarial decretada el 1 de enero; y por las nuevas tarifas de los servicios públicos, donde el apoyo estatal también se redujo.

La otra gran fuente de presión inflacionaria ha sido el fin de un sistema de doble moneda que ha obligado a las empresas estatales a terminar con la ficción de una contabilidad de costes donde un peso cubano convertible (que desapareció el 1 de enero) era equivalente al llamado “peso cubano en moneda nacional” (único que queda en vigor), cuando su valor verdadero era 24 veces superior.

Tras el shock inicial, el mecanismo para evitar espirales inflacionarias como las de Argentina y Venezuela ha sido imponer precios máximos, una herramienta más viable en un país con un control férreo sobre producción y mercados. Y las consecuencias, esperables, han sido una ampliación del mercado negro y del desabastecimiento que recuerda a las peores épocas del período especial en los años noventa, cuando la disolución del bloque soviético sobre el que descansaba la economía caribeña provocó la pérdida de una tercera parte del PIB. En cualquier caso, el Gobierno parece estar eligiendo colas antes que precios absolutamente prohibitivos para gran parte de la población.

Según el economista cubano y profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, Carmelo Mesa Lago, las medidas van en la dirección correcta, pero debían haber llegado antes y no durante “una crisis tan aguda como la actual”. En su opinión, lo que sí habría que hacer cuanto antes es una reforma agrícola “al estilo de la de Vietnam”, dando más libertad a los agricultores para elegir qué plantar y a quién vender la cosecha. Eso les aliviaría del corsé de un sistema de acopio estatal que no está generando los alimentos suficientes y multiplicaría la tan necesaria producción local (entre el 70% y el 80% de los alimentos que se consumen hoy en Cuba son importados), prosigue.

“Yo no estoy tan segura de que centrarse en ser autosuficiente en la producción de alimentos sea un buen objetivo para una economía insular”, dice Emily Morris, especialista en economía latinoamericana del University College London. “Por supuesto que hay que cultivar todo lo que sea posible, pero no hay que olvidar que estamos hablando de una isla tropical donde hay sequías, inundaciones, suelos agotados... Las cosas siempre son un poco más complejas”.

Donde no parece haber diferencias de apreciación es en el peso que los economistas consultados atribuyen al boicot de EE UU contra la economía cubana. Óscar Fernández, profesor de la Universidad de La Habana, dice que tan cierto es “que el bloqueo y la persecución de las transacciones que se hace desde EE UU hace imposible una gestión económica racional”, como que ese bloqueo es lo “que impide que el Gobierno de Cuba cometa sus propios errores sin posibilidad de atribuírselos a otro”.

DIVERSIFICAR LAS FUENTES DE INGRESOS

La pandemia del coronavirus se terminará, volverán los aviones repletos de turistas a aterrizar y, tal vez, Joe Biden dé marcha atrás con las restricciones de Donald Trump. ¿Qué pasará entonces con la economía cubana? Para el economista Óscar Fernández, el derrumbe del turismo en 2020 es una demostración de los riesgos que conlleva apostar a un solo “caballo ganador”. Una vía de desarrollo en la que ya se ha avanzado es la exportación de servicios profesionales, que hoy representa la primera fuente de divisas (por los médicos y profesores cubanos en otros países), y tiene margen de crecimiento en servicios informáticos y farmacéuticos, especialmente tras la publicidad que está recibiendo Cuba por su vacuna para la covid. Otro motivo para el optimismo es el cambio de regulación para las inversiones extranjeras. Según Fernández, antes sólo se buscaba a grandes inversores, pero el mercado cubano es demasiado pequeño para ellos y el estadounidense les está vedado, mientras que “ahora se permite a los gobiernos locales aprobar proyectos de inversión extranjera más pequeños y eso es un cambio conceptual muy importante”.