Mientras el gobierno impulsa nuevas formas de asociación con capital extranjero, muchas de estas empresas enfrentan un contexto marcado por desigualdades estructurales.
En la pasada Asamblea Nacional del Poder Popular, realizada a mediados de julio de 2025, los principales dirigentes cubanos se refirieron a la necesidad de buscar cualquier variante para potenciar los ingresos en divisas del país, entre ellas la inversión extranjera.
Es bien conocida esta necesidad para Cuba. Sin embargo, el crecimiento de la inversión extranjera no avanza al ritmo de las expectativas, y mucho menos al que exige la realidad nacional.
Recientemente se han constituido algunas empresas mixtas que llaman la atención por ciertos aspectos:Muchas de ellas pertenecen al sector del comercio (mayorista y minorista) y al de la transportación. No se trata de cuestionar la existencia de empresas mixtas en estos sectores, sino de señalar que parece más difícil captar inversión extranjera en los sectores productivos, que son precisamente los que el país necesita hacer crecer.
Hasta hace poco no se permitía la inversión extranjera en el comercio ni en la transportación, con el objetivo de preservar el monopolio estatal. Sin embargo, la escasa disponibilidad de recursos ha dejado a las empresas estatales del comercio desabastecidas, lo que ha obligado a replantear esta postura.
El monopolio estatal del comercio se ha ido perdiendo, a medida que las mipymes han ocupado los espacios abandonados por las empresas públicas. En este contexto, cabe preguntarse si la reciente apertura a la inversión extranjera en el comercio busca competir con los empresarios privados nacionales. Resulta curioso que no se promoviera antes, cuando todo el comercio era controlado por el Estado. ¿Se sigue prefiriendo que inversores extranjeros ocupen cuotas de mercado que podrían ocupar cubanos, solo para evitar que las ganancias terminen en manos privadas nacionales? Las empresas mixtas suelen gozar de ventajas que no están al alcance de las mipymes, como vender en divisas y no tener que convertir CUP a monedas extranjeras.
A menudo, para justificar estas inversiones ante los decisores que las aprueban, se menciona que estas empresas desarrollarán actividades de exportación. Sin embargo, si no producen bienes materiales, sino que se dedican a comercializar y transportar, ¿qué tipo de exportación podrían realizar que no pudieran hacer directamente los productores?
Además, no se observa que los socios extranjeros de estas empresas minoristas sean firmas ampliamente reconocidas como actores en el comercio minorista en sus países de origen. Difícilmente, entonces, aportarían un conocimiento profundo del know how del sector. Lo más probable es que comiencen a aprender en Cuba, al igual que lo hacen las mipymes nacionales, y que no cuenten con una red de proveedores amplia ni con capacidad de negociación para obtener mejores precios.
¿Será tan difícil atraer socios de países como México, Brasil, España, Francia o Alemania, donde existen cadenas minoristas consolidadas y con alcance internacional? Estas sí contarían con experiencia, capacidad de compra y acceso a diversos fabricantes. Tal vez sí resulte difícil atraerlas, no solo por la presión de EE.UU., sino también porque muchas de estas empresas no estarían dispuestas a operar en medio de las condiciones y dificultades que tienen que enfrentar los inversionistas extranjeros en la isla.
Profundicemos un poco más en el funcionamiento de estas empresas minoristas.
Su objetivo principal es la comercialización mayorista y minorista de productos alimenticios y no alimenticios, así como de materias primas, además de ofrecer servicios logísticos de transportación de mercancías.
Durante la ceremonia de firma, reportada por la televisión cubana, un directivo de la empresa brasileña aseguró que las operaciones estarían orientadas a satisfacer la demanda del mercado cubano, con productos vendidos a precios más bajos y accesibles para la población.
“Estoy haciendo realidad un sueño: que no falten productos en las mesas de los cubanos. Nosotros vamos a esforzarnos para que los cubanos puedan tener en sus hogares alimentos de calidad y a precios accesibles, para que la estructura del país mejore”.
Por supuesto, estas afirmaciones grandilocuentes —frecuentes en inauguraciones, campañas de marketing y otros actos similares— deben siempre contrastarse con la realidad.
El contexto donde va a operar
Supongamos que el directivo hablaba con plena honestidad y tras haber evaluado las capacidades reales de su empresa. Sin embargo, también es posible que desconozca aspectos fundamentales del contexto donde va a operar: esas “distorsiones” que, con cierta indulgencia, usamos para nombrar las complejidades de la economía cubana.
Quizás el directivo comparó los precios minoristas del mercado nacional y concluyó, como muchos otros, que podría establecer en Cuba una empresa exitosa, capaz de ofrecer productos a precios significativamente más bajos. Una conclusión así solo evidenciaría un desconocimiento profundo de la realidad económica del país.
Primero, estas empresas deberán definir en qué moneda venderán. Si solo operan en línea o si solo aceptan tarjetas internacionales (Visa, Mastercard), asegurarán sus cobros en el exterior y podrán reabastecerse, pero tendrán una base de clientes muy limitada.
Si venden en efectivo en USD o mediante tarjetas nacionales en divisas (como las Clásicas), llegarán a más personas, pero seguirán siendo inaccesibles para la mayoría de la población, que no percibe ingresos en moneda extranjera ni tiene posibilidad de adquirir divisas extranjeras en un mercado oficial.
Foto: Ernesto Mastrascusa/EFE.
Si venden en moneda nacional, como están obligadas a hacer las mipymes, luego no tendrían forma de convertir los CUP en divisas —al menos hasta ahora— ni de transferir fondos al exterior para pagar deudas y reaprovisionar sus negocios.
Supongamos que optan por vender en efectivo en USD y mediante tarjetas Clásicas, lo que conlleva menos riesgos que vender en CUP, y permite además una base de clientes más amplia. Supongamos también que no encuentran obstáculos para transferir al exterior los ingresos y que logran adquirir productos a precios que les permiten establecer márgenes de venta lo suficientemente holgados como para ofrecer precios más bajos que las cadenas Panamericana, CIMEX y TRD, todas pertenecientes al GAE (Grupo de Administración de Empresas S.A).
¿Podrán estas empresas mixtas fijar los precios de sus productos para competir en el mercado con las cadenas estatales y beneficiar a la población con mejores precios? ¿Quién define los precios?
Estos directivos extranjeros podrían estar pasando por alto que existe un Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), que no solo determina los precios de las empresas estatales, sino también los precios minoristas de las empresas mixtas cubanas. En la actualidad los directivos empresariales no tienen la potestad de fijar libremente los precios de venta al público.
Ya se están flexibilizando las políticas para aprobar empresas mixtas en el sector minorista, pero ¿se modificará también esta realidad respecto a la aprobación de precios?
La política de precios, restrictiva en muchas ocasiones, ha llegado incluso a situaciones absurdas. Cuando una empresa mixta enfrenta incrementos en los precios de sus materias primas, le resulta muy difícil lograr una actualización de los precios previamente aprobados por el MFP, “para no afectar a la población”, lo que la obliga a vender con márgenes comerciales considerablemente más bajos.
Para que se aprueben nuevos precios, han debido recurrir a variantes como modificar el tamaño del envase, lanzar un nuevo nombre comercial para un “nuevo producto” (aunque su contenido sea el mismo), o introducir un ligero cambio en el producto anterior, sin que haya razones técnicas que lo justifiquen. ¿Otra distorsión?
La política de precios en divisas también busca que el margen comercial no solo cubra los costos de importación y distribución, además de la ganancia de la cadena de tiendas, sino que genere un excedente en divisas para financiar programas sociales y otras necesidades del Estado.
Es el conocido coeficiente de 2,4 sobre los costos (un margen del 140 %), o incluso superior para algunos productos, o más bajo para productos de primera necesidad, según los objetivos definidos.
¿Se aprobaría que una empresa mixta minorista ofrezca precios más bajos que las cadenas estatales en divisas, poniendo en riesgo la aplicación de ese coeficiente en dichas cadenas y, por ende, la posibilidad de obtener ingresos para otras prioridades del Estado?
Varias opciones
Dado que las cadenas estatales enfrentan hoy múltiples dificultades para surtir sus tiendas de forma amplia, lo que afecta los ingresos en divisas respecto a tiempos anteriores, es posible que incluso estén dispuestas a aceptar esa competencia de precios con las empresas mixtas. Pero, ¿se ha valorado cómo garantizar igualmente los beneficios al Estado, por otras vías, o este tema ha dejado de ser prioritario?
Como en tantos aspectos de la vida, hay varias opciones para elegir.
Una variante sería mantener el esquema actual: el Estado percibe los impuestos habituales (sobre utilidades, ventas, etc.), así como la parte de las ganancias correspondiente al socio cubano, que normalmente aporta locales o derechos de usufructo. Y se mantendría la aprobación de precios en manos del MFP, como hasta ahora.
La otra opción es otorgar mayor autonomía a las empresas mixtas para que puedan fijar libremente los precios de sus mercancías. Pero, para que el Estado no perciba ingresos únicamente por los conceptos mencionados, habría que establecer o ajustar un impuesto sobre ventas, aplicable exclusivamente a la comercialización minorista en divisas.
Independientemente del modelo que se apruebe, si las empresas mixtas logran mayor eficiencia en compras, ahorros en gastos y un aumento del volumen de ventas por metro cuadrado de tienda, podrían generar mejores resultados tanto para los accionistas como para el Estado.
Un Impuesto Especial sobre ventas en divisas
Se trata, en definitiva, de dar mayor autonomía a las empresas a la hora de fijar precios, asegurando al Estado una participación adecuada en las ganancias por otras vías.
Aun cuando un Impuesto Especial sobre ventas en divisas —digamos del 40 %, o el que se establezca— pueda parecer elevado o superior al IVA de otros países, el objetivo es acercar la práctica empresarial cubana a los estándares internacionales, con menos injerencia estatal en decisiones propias del empresariado, como lo es la fijación de precios.
El control de precios podría ejercerse por vías fiscales —estimulantes o desincentivadoras—, como un Impuesto Especial. Incluso si las empresas mixtas pudieran fijar sus precios libremente, este impuesto podría generar un mayor aporte al Estado que el actual esquema regulado, y al mismo tiempo mejorar los precios para el consumidor final.
Por otra parte, si ya existen tiendas estatales y empresas mixtas que comercializan en divisas, no se entiende por qué aún no se autoriza a las mipymes a vender también en esas monedas. Máxime cuando la mano de obra en estas empresas es mejor pagada que la de las tiendas estatales y de las empresas mixtas, lo que eleva el nivel de vida de la población a partir del empleo, y no únicamente mediante remesas o ayudas del exterior. ¿Alguien podría explicarlo?
