El martes, los administradores del Seguro Social publicaron su último informe sobre las finanzas del sistema. Las cifras no variaron mucho: a menos que se tomen medidas, el programa de Seguro de Vejez, Supervivencia e Incapacidad (OASDI, por sus siglas en inglés), nombre oficial del Seguro Social, no podrá pagar la totalidad de las prestaciones a partir de 2032 o 2034, según algunos problemas técnicos. Esto no está lejos: si los administradores tienen razón, la perspectiva de una crisis del Seguro Social se cernirá sobre la próxima administración presidencial.
Es importante comprender, sin embargo, la naturaleza de la crisis que se avecina. No será una crisis económica. Ni siquiera será una crisis fiscal grave. Independientemente de lo que haya oído, la Seguridad Social no corre peligro de quiebra.
En cambio, nos enfrentamos a una posible crisis política. El Congreso y la Casa Blanca podrían tomar medidas fácilmente para mantener el sistema de pensiones estadounidense. Pero dada la situación política actual, no hay garantía de que lo hagan.
Existe un malentendido generalizado sobre el funcionamiento de la Seguridad Social. Si bien se diseñó para parecerse a un fondo de pensiones, no lo es. Un fondo de pensiones paga prestaciones con cargo a un patrimonio acumulado a lo largo del tiempo. En cambio, la Seguridad Social funciona como un programa de transferencias gubernamentales, similar a los cupones de alimentos o Medicaid.
Ahora bien, a diferencia de los cupones de alimentos —pero al igual que el fondo fiduciario para carreteras—, la Seguridad Social está financiada, al menos en teoría, por un impuesto específico, el impuesto sobre la nómina, que se destina a ese programa. Digo «al menos en teoría» porque, desde un punto de vista económico, asignar el impuesto sobre la nómina a la Seguridad Social es simplemente una convención contable. Lo que importa para la economía estadounidense es el equilibrio general entre el gasto y los ingresos públicos, no la diferencia entre un tipo de gasto y una fuente de ingresos. Por lo tanto, no tiene ninguna relevancia económica intrínseca el hecho de que para 2034 la recaudación del impuesto sobre la nómina sea insuficiente para cubrir las prestaciones prometidas.
Sin embargo, existe un problema legislativo. Mientras la Administración del Seguro Social pueda pagar las prestaciones con los impuestos sobre la nómina y su reserva de efectivo, no es necesario que el Congreso vote anualmente para autorizarlas; simplemente se seguirán pagando hasta nuevo aviso. No obstante, una vez que esos recursos resulten insuficientes, las prestaciones disminuirán —un 17%, según los administradores— a menos que el Congreso apruebe una nueva ley que refuerce las finanzas del Seguro Social.
Sin embargo, la actual administración y el Partido Republicano son tan extremistas que existe un riesgo real de que la Seguridad Social sea utilizada como rehén para lograr sus objetivos. Si esto ocurriera, quienes la utilizan como rehén alegarán que fortalecer la Seguridad Social es inasequible. Como era de esperar, Mike Johnson, el adulador presidente de la Cámara de Representantes, declaró el lunes que los programas de prestaciones sociales como la Seguridad Social "deben ajustarse y corregirse", y que los republicanos presentarán un plan al respecto el próximo año.
Pero esto es una estratagema, porque si bien el costo de mantener las prestaciones de la Seguridad Social al nivel prometido no es insignificante, de hecho es asequible. Según el informe de los administradores, el saldo actuarial del OASDI hasta 2050 —la cantidad de fondos adicionales que necesitaría para seguir pagando las prestaciones completas durante los próximos 25 años— es el 1,06 por ciento del PIB. Para poner esa cifra en perspectiva, la administración Trump propone aumentar el gasto militar el próximo año en 420 mil millones de dólares , equivalente a aproximadamente el 1,4 por ciento del PIB, sin ninguna discusión sobre si eso es asequible.
¿Pero cómo llegamos al punto en que será necesario complementar la Seguridad Social? La respuesta principal es que tenemos una población que envejece, con una proporción cada vez mayor de jubilados que reciben prestaciones en comparación con los trabajadores que cotizan al sistema:
Las políticas antiinmigratorias de Trump están empeorando este problema. Según el informe de los administradores, una menor inmigración agravará el déficit financiero de la Seguridad Social, ya que muchos inmigrantes son adultos en edad laboral que cotizarán al sistema durante décadas antes de recibir prestaciones. De hecho, este problema podría ser mucho mayor de lo que reconoce el informe: su supuesto base es que tendremos una inmigración neta de casi 1,2 millones de personas al año, e incluso el escenario más pesimista prevé 750 000 al año. Mientras tanto, la inmigración neta real ya se ha reducido muy por debajo de esa cifra, e incluso podría ser negativa.
Además, la Seguridad Social se ve perjudicada financieramente por la creciente desigualdad de ingresos en Estados Unidos. Los impuestos sobre la nómina se aplican únicamente a los salarios de hasta 184.500 dólares y no gravan las rentas del capital. A medida que la distribución de la renta se desplaza cada vez más del trabajo al capital, y se vuelve más desigual entre los asalariados, los ingresos procedentes del impuesto sobre la nómina de la Seguridad Social han disminuido como porcentaje de la renta nacional. Entre 1990 y 2024, descendieron del 5,02 % al 4,46 % de la renta nacional bruta.
Lo cual me lleva a la pregunta que, en estos tiempos, nos hacemos sobre todo: ¿Cómo podría verse afectada la Seguridad Social por la llegada de la IA?
En resumen: si, como muchos tememos, la IA acelera el aumento de la desigualdad de ingresos, reducirá aún más los ingresos por impuestos sobre la nómina que actualmente financian la Seguridad Social y pondrá aún más en peligro sus finanzas.
Por otro lado, si la IA, como prometen sus defensores, impulsa un crecimiento económico más rápido, aumentará la base impositiva potencial que podría y debería utilizarse para financiar la Seguridad Social y otros programas de protección social. Pero para aprovechar esa base impositiva más amplia, tendremos que tomarnos en serio la tributación de la riqueza y las rentas del capital.
¿Está en crisis la Seguridad Social? Sí, pero solo por la forma en que está estructurada su financiación actualmente: una estructura que ya no funciona bien debido a la profunda desigualdad que existe en nuestra sociedad y economía. Además, las políticas migratorias de Trump están agravando aún más su ya precaria situación financiera.
Así que no crean en las mentiras de los republicanos sobre la necesidad de recortar las prestaciones de la Seguridad Social. Para preservar la Seguridad Social, basta con la voluntad política de aumentar los impuestos a los ricos y una política migratoria sensata.
CODA MUSICAL
En realidad, 67 según la ley actual.
