Nuevas reglas del juego tienden a igualar los derechos y condiciones de operación de actores económicos estatales y privados en Cuba.
10 septiembre, 2026
Las reglas del juego aprobadas para las empresas estatales les otorgan mayor autonomía para decidir estrategias de producción, salariales y de inversiones, entre otras.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS
Casi una veintena de nuevas normas jurídicas flexibilizan regulaciones de los actores económicos privados y de las cooperativas en Cuba, a fin de acercarlos lo más posible a las condiciones de las empresas estatales. O a la inversa, según se le mire: acercar las estatales a sus rivales del ámbito privado.
Con los cambios que incorpora el paquete legislativo de este mes de septiembre, el gobierno busca estrechar alianzas entre los diversos sectores empresariales presentes en el país, estatales y privados, nacionales y extranjeros, a la par que intenta reposicionar la iniciativa local.
Es el recurso al que ha acudido para encontrar salida a una crisis económica que se ha intensificado este año con el brutal cerco energético y financiero de Estados Unidos a Cuba. La crisis se ha convertido en prioridad máxima por alzarse hoy, justamente, como el obstáculo mayor para cualquier proyecto empresarial.
Enfrentadas a ese círculo vicioso, las nuevas maniobras legislativas dan luz verde a cambios, que pueden ser significativos para el modelo económico cubano y polémicos para una parte del imaginario político de la nación.
De manera evidente, aproximan el tratamiento aplicado a las formas empresariales estatales, que son el soporte principal de la economía, y el de las formas privadas, en franca expansión desde hace varios años, entre las que se encuentran las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia.
Aunque persiste una estructura del sistema empresarial en que cada grupo, estatales y privados, dispone de leyes e institutos propios como el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales y el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, los signos coincidentes entre ambos aumentan ahora considerablemente.
El Estado ha legislado y fundado simultáneamente todas esas instituciones reguladoras, bajo patrones comunes y con matriz nueva, acorde al Programa de 176 Transformaciones Sociales y Económicas aprobado en junio último, diferente del control centralizador que los ministerios ejercían antes sobre la planificación y gestión de casi todas las empresas.
Privados en juego
Una de las normas recientes más comentadas, el Decreto-Ley 133, publicado el 2 de septiembre en la Gaceta Oficial de la República, introduce como novedad la figura de la “empresa privada con más de cien de trabajadores”. Rompe de esa manera el límite de empleados que tenían mipymes privadas y estatales, que entraron en escena en septiembre de 2021.
Desde la perspectiva de las dimensiones, empresas estatales y privadas quedan sujetas a un patrón similar. Igual ocurre en relaciones con la banca nacional y externa, los impuestos, las inversiones extranjeras, el comercio exterior y el comercio interno, minorista y mayorista.
Además de permitir que las empresas privadas y cooperativas cubanas se asocien con capital extranjero, el Decreto-Ley 133 legaliza la opción de que cubanos residentes en el exterior sean socios de mipymes o de empresas privadas y bendice también la posibilidad de que una persona natural sea socia de más de una empresa, lo que abre la puerta a grupos empresariales privados de mayor peso en la economía.
La presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara Mercedes López Acea, dijo en conferencia de prensa que el Decreto‑Ley 133 simplifica trámites y requisitos, reduce tiempos para la aprobación y otorgamiento de licencias y amplía las posibilidades de desarrollo de las formas de gestión no estatal.
A juicio de López Acea, estas novedades buscan consolidar un sistema empresarial único, donde actores estatales y privados participen de manera articulada en la solución de problemas locales y nacionales, a fin de fortalecer la economía cubana desde los municipios.
Esta nueva regulación, acompañada por sendas resoluciones del Banco Central de Cuba, del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, da continuación al Decreto 160, publicado en julio, que flexibilizó y amplió las actividades permitidas a las mipymes privadas, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia.
Estatales al tablero
La Gaceta Oficial publicó el mismo 2 de septiembre otra legislación muy esperada, el Decreto-Ley 120 “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano”, con el doble propósito de ratificar a esa empresa como “sujeto principal de la economía nacional” y garantizarle una más clara autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión.
Pospuesto sucesivamente año tras año por el parlamento unicameral, este decreto-ley se articula con el de las formas de gestión no estatal, para constituir la versión más próxima a la ley de empresas que tanto han solicitado especialistas y los propios empresarios.
Al Decreto-Ley 120 le acompañaron una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios sobre la gestión financiera y tributaria de las empresas estatales y otro trío de resoluciones del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, una institución creada en agosto para controlar las relaciones de esas formas empresariales con el Estado.
Los nuevos vínculos y regulaciones intentan limar subordinaciones a organismos sectoriales de la economía, que restaban autonomía a los actores económicos estatales, en contraste con las formas privadas.
Las nuevas normas incluyen modificaciones a la inversión extranjera, como por ejemplo, que ahora pueden contratar a su personal sin la criticada mediación obligada de empleadoras locales estatales.
Las nuevas normas incluyen modificaciones a la inversión extranjera, como por ejemplo, que ahora pueden contratar a su personal sin la criticada mediación obligada de empleadoras locales estatales.Y la inversión extranjera
Un día después se sumó a este paquete legislativo el Decreto-Ley 128 para modificar la Ley de Inversión Extranjera, junto con un número amplio de resoluciones que dan respuesta a insatisfacciones arrastradas durante años tanto por socios foráneos como por empresas cubanas.
Entre las novedades más notorias, deja a los inversionistas extranjeros en libertad para contratar personal en Cuba de manera directa, sin la intervención obligada de entidades estatales empleadoras, y les otorga independencia para gestionar cuentas bancarias en el exterior y créditos en el entorno financiero externo.
Muchos de los pasos legislativos recientes buscan reducir las diferencias de derechos, condiciones y reglas que unas veces ponían en ventaja a las empresas estatales frente a los privados, pero en otras oportunidades, no pocas, dejaban a las primeras en desventaja.
La emigración de fuerza de trabajo desde las formas estatales a las mipymes es una de las evidencias de tal desequilibrio y uno de los desafíos mayores que aguardan ahora por los cambios en ciernes. (2026)
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