La publicación del listado “inicial” (se aclara que podrá tener ajustes posteriormente) de las actividades prohibidas para el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia (TCP) ha sido reconocido por muchos, entre los que me incluyo, como un importante paso de avance en la intención de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas en el país.
Después de años de “abre y cierre”, de “congelación de otorgamiento de nuevas licencias”, que me han tenido en un stress constante, en que a veces no he estado claro, en términos beisboleros, “por donde viene la bola”, si es “si”, o si es “no”, o si es “si, pero no tanto”, al parecer las cosas van estando más claras.
No obstante, hay muchos comentarios que expresan incomprensiones y desacuerdos sobre la prohibición de algunas actividades profesionales. Todas están incluídas en la Sección “XIII-Actividades profesionales, científicas y técnicas”. Es lógico, entre las críticas que desde hace años se han planteado sobre el TCP, es que las actividades “autorizadas” han sido de baja calificación, con lo cual se ha limitado (realmente impedido) el aprovechamiento por este sector del potencial profesional que ha creado la Revolución.
Este enfoque, al parecer, se aplicó con la intención de no privar a las empresas estatales de personal calificado. Pero, ante los bajos salarios que se pagaban, en la práctica, lo que sucedió es que ingenieros, arquitectos, economistas, entre otros profesionales, se pusieron a trabajar en paladares, como taxistas, y otras actividades, es decir, salieron del sector estatal, pero el país no utilizó sus conocimientos, en los que invirtió tantos recursos.
Entre las actividades prohibidas de las que he leído más incomprensiones y desacuerdos están:
-Actividades jurídicas y de contabilidad.
-Actividades de arquitectura e ingeniería.
-Investigación científica y desarrollo.
-Otras actividades profesionales científicas y técnicas. (Es tan amplia, que puede ser “cualquier” actividad que se le ocurra a un inspector u a otro funcionario).
No voy a fundamentar la conveniencia de que esas actividades profesionales puedan realizarse por los TCP. Profesionales de esos perfiles lo han hecho de forma respetuosa, presentando argumentos y experiencias muy convincentes.
En lo que se refiere a “Investigación científica y desarrollo”, si tengo una experiencia de varias décadas y me parece que su “prohibición” es algo absurdo. ¿En qué momento y lugar surgen las ideas para una investigación?. ¿En una oficina?, ¿Y la escritura de artículos y libros?.
Me he preguntado ¿cuál es el “peligro”, o temor, de que esas actividades se realicen por TCP?. No puede ser porque dejen su trabajo en el sector estatal, que ya hemos visto las consecuencias que ha tenido. No soy especialista de esos perfiles pero, pensando en lo que pueden necesitar sus usuarios, los TCP no tendrían que trabajar tiempo completo, generalmente son actividades de consultoría o asesoría que son puntuales, no permanentes. Conozco muchos amigos que han hecho esas actividades los fines de semana, o fuera de sus horarios laborales.
El trabajo a distancia, que ahora ejercen muchos, no tiene un horario específico de presencia física. Lo tenemos que controlar por los resultados “medibles” que logren. Hay reservas importantes de mayor productividad en esta nueva modalidad.
No se me ocurre que sea por la preocupación de que se vayan a hacer ricos. Si fuera esto, tendríamos que decirles a nuestros músicos más valorados internacionalmente, que no sigan componiendo canciones, ni participando en conciertos internacionales, o a nuestros atletas olímpicos que no ganen más medallas, ni acepten premios en metálico que les entreguen. Sería absurdo.
No voy a comentar la reiteración de muchos economistas sobre la necesidad de crear las PYMEs, sólo algunas referencias. Hace unos años el General de Ejército Raúl Castro, dijo que sobraba un millón de trabajadores en el sector estatal, se dijeron fechas para su racionalización y tuvieron que posponerse. No sé si se mantiene esa cifra pero, lo que sí tenemos claro muchos es que, cuando las empresas estatales, impulsadas por el aumento de los costos de materias primas y salarios, tengan que empezar a racionalizar va a sobrar mucha…aaa gente.
Para asimilar eso no basta con la liberación del TCP. Nadie, individualmente, podrá darle empleo a numerosos trabajadores. Para esto, es necesario crear organizaciones, aseguramientos lógicos, generar mercados, identificar proveedores, en fin un trabajo gerencial.
En definitiva, esos empresarios privados, que no queremos reconocer, ya existen. Un paladar con 150 trabajadores, un criador de cerdos con 50 y muchos ejemplos más que todos conocemos, en estos momentos, son tan TCP como sus empleados.
Reconocerlos como lo que son, además de garantizar un mayor control (que es nuestra acción preferida, para sentirnos más tranquilos) sobre su actividad, posibilitaría más ingresos tributarios, facilitar más los encadenamientos productivos que estamos estimulando, promover mejor las exportaciones y las importaciones de ese sector, crear empresas mixtas estatales-privadas, que ya tenemos con extranjeros, entre otras iniciativas.
Recuerdo que, antes del triunfo de Chávez, impartíamos una maestría en varias ciudades de Venezuela. Conocimos que, en algunas profesiones, de mucho interés para instituciones estatales y para la población, les permitían a los profesionales el ejercicio privado, con la condición de que trabajaran todos los días un número determinado de horas en las instituciones del Estado. Esta es una alternativa que quizás podría analizarse.
Volviendo a los TCP, la realidad es muy TERCA y, cuando prohibimos cosas que no son nocivas para la sociedad, y son útiles y necesarias, lo que SUCEDE (aclaro bien, lo que sucede no lo que podría suceder) son dos cosas:
1-La realización de esas actividades pasa a la “clandestinidad” (como cuando toparon el precio del mamífero nacional en el 2019), con lo cual su precio se incrementa, por el “factor riesgo”.
2-Inspectores inescrupulosos se aprovechan de esa situación y “cierran los ojos”, cuando son debidamente “estimulados” para hacerlo.
Lo que sugiero son dos cosas:
1-Si existe(n) otra(s) razón para prohibir estas actividades para los TCP, que no sean las que he comentado, que las autoridades correspondientes se reúnan con representantes de esas profesiones y se las expliquen y, por supuesto, traten de convencerlos.
2-Si no existen otras razones, entonces rectificar, como están haciendo los dirigentes principales de estos procesos en nuestro país, con absoluta transparencia y valentía, lo que le ha dado a población la tranquilidad de que nadie quedará desamparado.
¿O preferimos enemistarnos con los profesionales de esos perfiles, que nos resultan tan necesarios para las empresas estatales, para los privados y cooperativas y la población en general?. Con licencia de mi socio Manolo, yo diría NO VALE LA PENA.
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