Regreso al tema de lo territorial y su nuevo rol en ese propósito del desarrollo económico y social en Cuba.
He tomado prestado esta frase de un colega, porque la lectura de un pequeño pero enjundioso escrito que nos hizo llegar me volvió a traer a un tema que traté hace muy poco, pero que sin dudas merece más espacio y más análisis. A riesgo de aburrir regreso al tema de lo territorial y su nuevo rol en ese propósito del desarrollo económico y social.
La descentralización es una de las palabras más repetidas hoy en discursos e intervenciones de diferentes dirigentes del país. Aun sin ponernos de acuerdo en cuanto a su definición conceptual y en cuanto a su alcance, ni tampoco acerca de la factibilidad de implementarla en las condiciones de la Cuba de hoy, es de los temas que han generado y generarán más polémicas, quizás por todo lo que implica más allá del concepto mismo. Lo cierto es que todos estamos de acuerdo en que es una necesidad ineludible y que los costos de oportunidad de no hacerlo, son mayores, mucho mayores que los de intentar llevarla a cabo.
Desde mi perspectiva, el intento más abarcador constatable hoy en Cuba está focalizado en el desarrollo territorial. Mientras aun andamos en una sumatoria de medidas para fomentar la autonomía de la empresa estatal —que lamentablemente ha tenido que esperar hasta el 2022 para ver la tan ansiada Ley de Empresas—, que pasa por la descentralización, en los territorios tenemos ya un marco institucional formulado, listo para ser utilizado, que reconoce, ampara y obliga a las autoridades locales para llevarla a efecto.
- MEP: POLÍTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO TERRITORIAL
- Decreto 33/2021: Para la Gestión Estratégica del Desarrollo territorial
- RESOLUCIÓN No. 29/2021: bases generales de la organización del sistema de trabajo para la gestión estratégica del desarrollo territorial, así como la gestión de la financiación del desarrollo local
- MFP, Resolución 114/2021; Financiamiento presupuestario del desarrollo territorial, Tratamiento tributario, de precios y contable de los proyectos de DT.
- BCC, resolución 147/2021; establece el procedimiento para el financiamiento de los PDL.
La estrategia de desarrollo territorial resulta como el eje conductor del desarrollo del país. En esa lógica, provincias y municipios tiene la obligación de formular sus propias estrategias de desarrollo teniendo en cuenta el plan de ordenamiento territorial y urbano, el plan de la economía, el presupuesto y otros que se reconozcan en el ordenamiento jurídico vigente.
El desarrollo territorial ha devenido en uno de los factores decisivos del desarrollo del país y los territorios están llamados /obligados a responder adecuadamente a ese nuevo rol que se les ha asignado.
En la Política para Impulsar el Desarrollo Territorial se define el desarrollo local como como un proceso esencialmente endógeno, participativo, innovador y de articulación de intereses entre actores, territorios y escalas.
Lograr materializar esa definición ya constituye un reto en sí mismo. Si bien es cierto que hay experiencias, aunque no muchas ni muy conocidas, lo cierto es que en la mayoría de los casos el desarrollo de los territorios se ha abordado de forma fraccionada, ha respondido más a demandas externas, la innovación no ha sido una de sus fortalezas y más que articular intereses entre actores han primado otros métodos e instrumentos para construir y materializar las estrategias. Desde la historia de estos procesos, siempre vienen a la mente la experiencia de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana y la de Yaguajay, bien cercanas a la definición del párrafo anterior.
En la actualidad, la experiencia que se desarrolla en Pinar del Rio es la más conocida, pueden existir otras, pero lamentablemente no las conozco.
La tarea que los decisores a nivel territorial y sus equipos tienen por delante es ardua, sin dudas difícil de instrumentar y requerirá conocimiento y aprendizaje, tiempo y esfuerzo, actitud y aptitud.
Cuando se delega la autoridad la responsabilidad se multiplica, también afirma mi colega. En el caso de los territorios esto es así. A las autoridades municipales se les han delegado múltiples responsabilidades en al menos dos direcciones esenciales: para con el estado y el gobierno del país y para con los habitantes de sus municipios, lo cual es siempre un reto porque a veces lo que es bueno para un municipio no tiene por qué serlo para el país y viceversa y no creo que pueda ser de otra forma. Ejemplos hay demasiados, recordemos a Antilla que un día se enteró que se convertiría en un polo turístico que demandaría más trabajadores que habitantes en condiciones de trabajar tiene el municipio. No es ni malo ni bueno, solo es una de esas experiencia donde el territorio llega después, como convidado de palo. O la Isla de la Juventud que vio crecer en la cayería cercana un polo turístico separado por el mar y por las mentes de su territorio mientras sus treinta y cinco playas, algunas tan buenas como las mejores, permanecían apartadas de los planes de desarrollo turístico internacional, teniendo una ciudad, un territorio con capacidades productivas, un puerto y un aeropuerto que con mínimas inversiones podría recibir aviones de mediano porte. Si algún territorio merecía haber sido un gran polo turístico era la Isla de la Juventud, pero no fue ni siquiera invitado.
Sobre las autoridades de los territorios (en es especial de los municipios) han sido depositadas un grupo de tareas/misiones/responsabilidades relativamente nuevas. La más importante es sin dudas, construir la estrategia de desarrollo del municipio, la cual debe cumplir con las reglas siguientes:
- La integración de los componentes económico, social, cultural, ambiental y político, para movilizar las potencialidades locales con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población que habita en el territorio y contribuir a su desarrollo y al del país.
- El respeto a la justicia social, la equidad, la igualdad, la participación popular, los derechos de las personas, el bienestar, la prosperidad individual y colectiva.
- La solidaridad, la coordinación, la colaboración y la autonomía municipal.
- La armonización de los intereses nacionales, sectoriales, y territoriales.
- La creación de una red de actores con capacidad de transformación en el corto, mediano y largo plazos.
- La alianza estratégica gobierno-universidad-entidades de ciencia, tecnología e innovación-empresa y sector presupuestado-comunidad.
- El fomento de la gestión del potencial humano, la ciencia, la innovación y el uso de tecnologías apropiadas.
- La planificación física como soporte de las estrategias de desarrollo territorial.
- La localización de los objetivos de desarrollo sostenibles y otros compromisos internacionales.
Para lo cual, dice el texto del decreto ley 33, el Consejo de la Administración Municipal y el Gobernador crean una estructura, profesional o no, que se les subordina, para la implementación de las respectivas estrategias de desarrollo, así como para asesorar técnica y metodológicamente a los órganos locales del Poder Popular correspondientes.
Si examináramos los cuatro documentos que norman hoy todo lo relacionado con la estrategia de desarrollo territorial podríamos encontrar otros muchos ejemplos como los anteriores, donde a las autoridades municipales se les delega autoridad y se les multiplican sus responsabilidades.
Poder cumplir con estas requiere de dos condiciones; de una parte, de un entorno adecuado que garantice la coherencia de las políticas públicas con lo que se demanda de los territorios y de otra, con lo más esencial y decisivo, las competencias de los servidores públicos a esos niveles, con las habilidades de sus equipos técnicos y con un liderazgo capaz de entenderlo.
Y esto lo último es de lo más difícil de lograr, mi colega Silvio Calves lo resume de esta manera: Las nuevas competencias que ahora necesitan esos cuadros y directivos en este escenario descentralizado son en parte diferentes a las que hasta ahora se han requerido en un sistema como el que ha prevalecido hasta el presente de muy alta centralización… El costo de aprender desde el cargo y no antes de ocuparlo lo pagan los ciudadanos o la empresa y también los colaboradores.
Sin dudas mi colega tiene razón, pero sin dudas Cuba también es uno de los países que más tiempo dedica a la capacitación de sus empresarios y cuadros y que menos resultados recoge de esa capacitación, quizás porque después les resulta muy difícil emplear una parte de la aprendido debido a otras restricciones. De otra parte, no es posible detener el proceso y esperar por completar el aprendizaje, habrá, al menos en parte, que conjugarlo con esa otra manera de aprender, la de aprender haciendo y sin dudas algunos costos se deberán pagar.
Pienso, no obstante, que al menos en el ámbito de los territorios hoy existen mejores condiciones que nunca antes para avanzar con prisas y sin pausas.
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