El presidente de EE UU, Joe Biden, el pasado enero.EFE
El estado en que se encuentra la política estadounidense es aterrador. Una campaña de mentiras en los medios de derechas —de la que se ha hecho eco cerca de la mitad de los senadores republicanos— ha convencido a casi dos tercios de los republicanos de que, de alguna manera, las elecciones presidenciales han sido un robo. Estas mentiras abonaron el terreno para el ataque al Capitolio del 6 de enero; pero la gran mayoría de los senadores republicanos parecen dispuestos a absolver a Donald Trump de su innegable papel como instigador de ese ataque.
A pesar de ello, los planes de Biden para rescatar la economía suscitan el apoyo abrumador de ambos partidos. Creo que el consenso entre la opinión pública favorable a las propuestas económicas de Biden ha pasado en gran medida inadvertido. Por supuesto, no estoy diciendo que la sorprendente unidad entre los votantes (no así los políticos) en materia de política económica compense el aterrador hecho de que uno de nuestros dos grandes partidos haya dejado de aceptar la legitimidad de las elecciones cuando pierde. Pero aun así, es importante para el futuro de Estados Unidos.
Es posible que pensaran que los planes demócratas de aprobar un gran paquete de rescate, cercano a los 1,9 billones de dólares como el que ha propuesto el Gobierno de Biden, suscitarían una reacción violenta a lo Tea Party. Pero un sondeo reciente de CBS News descubría que el 79% de los entrevistados cree que el paquete tiene el tamaño adecuado o es demasiado pequeño. Hay, por supuesto, diferencias entre partidos, pero incluso entre los republicanos, el 61% respalda un plan tan grande como el que se está elaborando, o mayor incluso.
Este amplio respaldo a la política económica de Biden resulta sorprendente, dada la profundidad de nuestras divisiones políticas. Es también muy distinto de lo que vimos en los primeros meses del Gobierno de Obama, durante la Gran Recesión. Biden obtiene una aprobación general un poco más baja y tasas de desaprobación mucho más altas que Barack Obama a estas alturas de su presidencia. Pero la popularidad personal de Obama no se tradujo en un respaldo fuerte a su plan de estímulos, apoyado solo por una estrecha mayoría. ¿Por qué es distinto esta vez? Yo sugeriría tres razones.
En primer lugar, el plan de Obama se vendió como estímulo: gasto deficitario para aumentar la demanda total. Era lo correcto, pero la teoría económica keynesiana que defiende el gasto deficitario durante las recesiones siempre ha resultado difícil de entender para muchos. Cuando John Boehner, el líder republicano de la Cámara de Representantes, se quejó de que “las familias estadounidenses están apretándose el cinturón, pero no ven que las Administraciones públicas hagan lo mismo”, estaba vendiendo ciencia económica basura, pero muchos votantes se identificaron con ella. El plan de Biden, en cambio, no es estímulo, aunque muchas noticias de los medios de comunicación sigan empleando ese término. Es ayuda para situaciones de desastre. Y en cierto sentido, creo que los votantes lo comprenden y apoyan que se ayude a quienes han sido golpeados por la pandemia.
En segundo lugar, el estímulo de Obama se mezclaba en la mente de la gente con otras políticas, como los rescates a Wall Street, profundamente impopulares. En concreto, el movimiento del Tea Party no fue principalmente, a pesar de lo que afirmen muchos analistas, una protesta contra los déficits presupuestarios. Comenzó con la indignación ante la idea de que los “perdedores” pudieran recibir condonaciones de deudas. Esta vez no hay nada comparable. La mayoría de los estadounidenses parece comprender que las personas que han perdido su empleo debido a la covid-19 no están sufriendo por culpa de su inutilidad.
Por último, los republicanos han perdido toda la credibilidad en materia fiscal. En 2009, muchos ciudadanos los creyeron cuando fingían preocuparse por los déficits presupuestarios. Desde entonces, tanto el hecho de que la crisis fiscal vaticinada tan a menudo no se materializase como el que el Partido Republicano impusiera un enorme recorte de impuestos sin financiamiento durante el mandato de Trump hacen más difícil que se tomen en serio ese postureo.
De hecho, las únicas objeciones coherentes al plan de Biden parecen ser las planteadas por algunos economistas de centro izquierda a quienes les preocupa que provoque un sobrecalentamiento de la economía. Muchos otros economistas, quizá la mayoría, yo incluido, disentimos, y es probable que el plan se apruebe más o menos como se ha propuesto. Pero resulta curioso que los políticos del Partido Republicano apenas intenten siquiera oponerse a los planes demócratas basándose en cuestiones de fondo. Este vacío intelectual no impedirá a los republicanos del Congreso votar contra el plan de Biden, muy posiblemente de manera unánime. Pero al hacerlo no solo irán contra la opinión pública en general, sino también contra la de muchos de sus propios votantes. Y es posible que eso sí importe.
En un mundo mejor, el continuo vasallaje del Partido Republicano a un expresidente que intentó revertir unas elecciones con mentiras y violencia produciría una reacción masiva de los votantes; en el Estados Unidos de 2021, no tanto. El bajo desempleo ayudó a los republicanos a obtener resultados mejores de los esperados en las elecciones de 2020; la promesa de cheques de ayuda permitió a los demócratas ganar la segunda vuelta en Georgia, y con ella el control del Senado. Lo cual es, por cierto, una de las razones por las que sería de tontos rebajar el gasto en ayudas porque a algunos economistas les parezca excesivo.
Esto significa que la negativa de los republicanos del Congreso a respaldar políticas económicas populares tal vez perjudique más al partido que su complicidad con un intento violento de revertir los resultados electorales. No es justo ni correcto; pero la rigidez ideológica de los republicanos en tiempos de crisis tal vez importe más, desde el punto de vista político, que su rechazo a la democracia y al sistema de derecho.
La ampliación del campo de acción del trabajo por cuenta propia (TCP) en 2021 crea, por primera vez, un potencial para extender notablemente el trabajo TCP en la esfera de la actividad transformativa, específicamente en el sector industrial.
Una parte sustantiva de las actividades incluidas en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE) corresponden a las descritas en la sección Industrias Manufactureras. Por ejemplo, si se toma como muestra solamente la elaboración de alimentos y de bebidas, el CNAE identifica 148 actividades, lo que equivale aproximadamente al 70% de las actividades autorizadas hasta ahora en el TCP. Ese potencial en apenas dos grupos entre las decenas de grupos que existen en las Industrias Manufactureras.
Una característica importante de las actividades industriales es que para que estas puedan ser desarrolladas de manera eficiente debe utilizarse el formato empresarial. Es decir, aunque un número de esas actividades ciertamente se pueden realizar de manera artesanal -con un formato de TCP- la productividad de la fuerza de trabajo es mayor y la contribución económica y social de esas actividades es superior cuando funcionan organizadas como empresas.
La extensión del TCP a la esfera industrial debería tener como corolario la legalización en un plazo breve de las pequeñas y medianas empresas privadas (PYME). Es lo aconsejable desde la perspectiva de la racionalidad económica.
El mismo razonamiento es aplicable a otras esferas (agropecuaria, construcción, transporte, comercio, etc.), pero esta nota concentra su atención en la industria.
He escrito anteriormente sobre la función de las PYMES en general, sobre propuestas para establecerlas, y acerca de las posibilidades que ofrece la actividad agropecuaria para utilizarla como “avanzada” de la expansión de las PYMES en Cuba. (1)
Lo que el turismo te dio la pandemia te lo quitó
El funcionamiento del TCP ha tenido hasta ahora una concentración relativamente elevada en actividades asociadas -directa o indirectamente- al turismo.
Las licencias de TCP correspondientes al arrendamiento de viviendas, la elaboración- venta de alimentos, y una parte de las licencias de transporte de pasajeros tienen una alta dependencia del turismo. Igual sucede con las licencias de los “contratados” porque una parte considerable de esas personas trabajan como empleados en negocios de los titulares de los primeros tres tipos de licencias, que en ocasiones funcionan como empresas de facto, aunque se utilice el eufemismo de TCP para identificarlas. Ver Gráfico 1.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba. (2)
La ventaja que había significado anteriormente la vinculación con una demanda externa originada en el turismo que contaba con una mayor dinámica que el mercado interno, se tradujo en la expansión y rentabilidad de esos grupos de licencias de TCP, pero cuando esa demanda externa colapsó en 2020, arrastró con ella al TCP. El proceso de contracción se agudizó debido al efecto negativo que tuvo la pandemia en la movilidad de las personas y en una concatenación de reducción de ingresos que puso en jaque a los emprendedores privados.
No existen datos suficientes y actualizados, pero la información disponible indica que el trabajo por cuenta propia (TCP) ha sido el segmento del mercado laboral cubano más fuertemente golpeado por la crisis económica asociada a la pandemia. Fue un golpe demoledor y súbito. Ver Gráfico 2.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (3)
En los dos primeros meses de la pandemia (hacia mediados de mayo de 2020) habían entrado en “suspensión temporal” de licencia 222,7 mil trabajadores TCP, un número mayor que los 212,4 mil empleos TCP que habían necesitado siete años para ser creados entre 2012 y 2019.
Recuperar el nivel anterior a la crisis implicaría tener que crecer en 54,3%, un salto imposible en las condiciones deprimidas de la economía, particularmente si de lo que se dispone es de una misma estructura de licencias que amplifica el efecto de la crisis.
Las cifras recientes pudieran ser algo distintas, pero no parecen existir razones para considerar que el TCP no se encuentra en medio de una profunda crisis.
La agencia consultora AUGE, que desde 2014 asesora la creación y gestión de negocios en Cuba, publicó un excelente informe sobre el tema a principios de la crisis: “El emprendimiento privado en Cuba. Un paciente positivo a la COVID-19”. (4)
¿Cuáles beneficios pudieran aportar en el corto plazo las actividades industriales del TCP?
Además de las solicitudes temporales de suspensión de licencias, otra respuesta del TCP fueron las modificaciones para adaptarse al nuevo entorno de crisis. Los mecanismos fueron disímiles, con diferentes grados de radicalidad en la transformación y con variados resultados. El proceso fue reportado muy temprano en la crisis por periodistas como Sandra Madiedo. (5)
Es precisamente esa necesidad de reacomodo del TCP la que pudiera beneficiarse inmediatamente ya que al proceso usual de adaptación “dentro” de una licencia, la ampliación de actividades incorpora el mecanismo adicional de adaptación “entre licencias”. Es decir, quienes tuviesen posibilidades de “abandonar” su licencia actual para emprender otras actividades pueden contar ahora con un rango de actividades mucho mayor para intentar una reinserción. Pudiera ser una opción importante para quienes estén en situación de licencias temporalmente suspendidas y que no tuviesen probabilidades de recuperación si se mantuviesen con las actuales licencias.
A nivel más amplio del sistema económico, la expansión de actividades permitiría una mayor sostenibilidad del sector TCP porque se produciría una diversificación del riesgo al contar con mayores opciones para colocar medios de producción y fuerza de trabajo, balanceando la dependencia de la demanda externa y la interna en la operación del TCP.
Al facilitar la recuperación inicial de los ingresos de una parte del TCP (los más exitosos en ocupar las nuevas licencias), se contribuiría a “cebar” la turbina del consumo interno, lo cual permitiría apoyar la actividad de un número creciente de negocios TCP.
¿Cuáles beneficios pudieran aportar en plazos mayores las actividades industriales del TCP?
Aunque no existen datos precisos, se ha mencionado que aproximadamente hay 300 mil trabajadores ubicados en empresas estatales que probablemente entrarían en situación de irrentabilidad como consecuencia del “ordenamiento”. No significa necesariamente que habría 300 mil desempleados estatales, pero indica claramente la necesidad de que el sector estatal de empresas cuente con la posibilidad de ofertas de empleo productivo en el sector no estatal, incluyendo en el TCP.
Una parte no especificada del “exceso de plantiilas” parecería estar asociado a las empresas industriales, probablemente el sector más devastado de la economía estatal cubana, con algunas ramas prácticamente “evaporadas”.
He explicado en otros artículos que ese desplazamiento de fuerza de trabajo estatal debería producirse hacia PYMES ya que estas en general proporcionan un mayor techo de productividad que el TCP. Por esa razón considero que cuando se rebasa el plano de análisis en el corto plazo, la medida actual de la expansión de actividades del TCP necesita ser consolidada mediante el avance rápido hacia las PYMES privadas.
El caso de la industria ofrece posibilidades de agregar un nuevo actor económico que facilite resolver el marasmo en que se encuentra la actividad industrial de Cuba.
Los siguientes tres gráficos ofrecen una visualización parcial de las oportunidades que representaría para la economía nacional la apertura masiva del sector industrial a las PYMES privadas.
Fuente: ONEI. Series Estadísticas Industria 1985- Enero-Diciembre 2018.
Existen seis grupos de la industria cubana (textiles, ropa, cuero, papel, caucho/plástico y productos metálicos) que generan menos de la cuarta parte de lo que llegaron a producir en 1989. Son actividades en franca decadencia y que a pesar de haber tenido una dinámica oscilante no logran recuperarse. De hecho, los datos más recientes de la serie estadística (2018) muestran una agudización del declive, algo que pudiera asumirse que ha continuado produciéndose desde entonces. Ver Gráfico 3.
Cada uno de esos grupos incluyen algunas actividades que exigen grandes escalas de producción y de inversión (textileras, producción de neumáticos, fábricas de papel,) pero existen muchas actividades en las que las PYMES pudieran operar.
Se trataría de actividades en las que el sector estatal produce a niveles muy inferiores en comparación con los que tuvo anteriormente y que por tanto ese “vacío” ofrece un amplio margen de crecimiento para las PYMES sin que las empresas estatales deban sentirse amenazadas por el hecho de que las PYMES ocupen un espacio vacío, una preocupación que a veces se expresa en intercambios sobre el tema. En realidad, hay muchas de esas actividades industriales de las que la empresa estatal no debería ocuparse.
Hay otros dos grupos de la industria (madera e impresión de grabaciones) en los que a pesar de que se produjo una rápida recuperación en años recientes, el índice físico de producción industrial no supera la mitad del nivel que tuvo en 1989, como se aprecia en el Gráfico 4.
Fuente: ONEI. Series Estadísticas Industria 1985- Enero-Diciembre 2018.
Ese es otro caso en el que el “vacío” sigue siendo tan grande que la expansión de las PYMES privadas en esas actividades no debería plantear problema de “riesgo” alguno para la empresa estatal.
Finalmente, existen tres grupos de la industria (muebles, alimentos y bebidas) que han tenido un crecimiento sostenido desde mediados de los 1990s y que sus índices de volumen físico son muy próximos o mayores que los que tuvieron en 1989. Ver Gráfico 5.
Fuente: ONEI. Series Estadísticas Industria 1985- Enero-Diciembre 2018.
Se trata de grupos de la industria que, como la elaboración de alimentos y de bebidas, incluyen muchas actividades con escalas y procesos en los que las PYMES pueden operar bien y en los que existe una demanda interna insatisfecha, a pesar del crecimiento que se ha registrado. Se trata de mercados crecientes que pudieran acomodar el funcionamiento de las PYMES.
Esos tres grupos de la industria también incluyen actividades en las que las PYMES pudieran aportar a la cartera de exportaciones del país. En el caso de los muebles -el grupo de la industria con mayor crecimiento- las PYMES permitirían satisfacer una demanda no satisfecha en el mercado interno y aportaría un entorno de competencia -especialmente en el mercado para el turismo- que contribuiría a incentivar a que la empresa estatal eleve su competitividad.
Resumiendo,
Aunque tiende a hablarse más de la “lista negativa”, la atención mayor la debería recibir la lista positiva, particularmente en el caso de las actividades industriales. Es ahí donde reside, al menos potencialmente, una posible modificación radical de la inserción de la actividad privada nacional en el modelo económico que intenta construirse en Cuba.
Por primera vez, además del agro, el sector privado podría funcionar no solamente como fuente de empleo sino como factor de recuperación de segmentos de la economía nacional que se encuentran en un estado deplorable. Pudieran contribuir a una tarea pendiente de la restructuración de la economía –reactivar la industria- que la empresa estatal no ha podido cumplir.
El esquema de TCP no tiene las condiciones para generar las escalas de inversión de producción y de productividad que se necesitarían para ese proceso. En cambio, las PYMES tendrían esas condiciones.
Obviamente, el funcionamiento de las PYMES requiere apoyo político, un marco jurídico que ofrezca garantías a la empresa privada, normas de funcionamiento que incluyan la competencia, los precios, el crédito, el acceso a la divisa, un mercado de bienes de capital, regulaciones laborales, facultades para importar y exportar directamente, asociación directa con inversionistas extranjeros y leyes de bancarrota, entre otros factores.
No queda claro cómo pudiera articularse todo lo anterior. Es un análisis amplio que rebasa el propósito de este texto que se ha concentrado en explorar el significado de una eventual expansión del sector privado hacia las actividades industriales.
Santiago de Cuba, 12 feb (ACN) La producción de alimentos a partir de alternativas en el uso de materia prima y energía se consolida en la provincia de Santiago de Cuba con los Polígonos industriales, que aportan diversidad, rapidez y cercanía a las comunidades.
Alfredo Foster, administrador general del Polígono Barquillo, en esta ciudad, destacó hoy a la Agencia Cubana de Noticias la utilidad del centro de Referencia nacional en la extensión de experiencias y capacitación al personal de otros territorios, para la elaboración de productos en las diferentes líneas y fabricación de equipos.
Con soluciones del Fórum de Ciencia y Técnica se crearon equipos que son factibles a las necesidades de producir y ahorrar, porque están preparados para el uso de fuentes renovables de energía que contribuyen al desarrollo sostenible en esa rama, subrayó el directivo.
Ser dependientes de los propios esfuerzos, para que el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos afecte lo menos posible, ése es el objetivo del trabajo, afirmó Foster, y mencionó un aerogenerador y sistema fotovoltaico que aportan kilowatts para alimentar el alumbrado público de la industria y punto de venta.
Barquillo es muestra fehaciente de la evolución de una instalación llamada a revolucionar la producción sostenible de alimentos y que tiene 11 centros de este tipo en la geografía santiaguera.
En esas minifábricas las autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno de la provincia exigen se respete y se cumpla el plan de producción, con diversificación de entregas y uso eficiente de la tecnología instalada, como parte de un sistema de trabajo que implica chequeo permanente de los parámetros económicos.
Inversiones tecnológicas permiten una cartera de 80 productos en las áreas de procesamiento de frutas y vegetales, de hornos tradicionales, panadería, dulcería y otros.
Adis León, secretaria general del buró sindical de Alimentos Santiago, aseguró que en los 34 talleres producen sin parar, en medio de la tensa situación epidemiológica, para satisfacer las necesidades de la población, incrementar la canasta básica normada y atender a las familias y personas vulnerables.
Son panaderías, dulcerías, fábricas de panqué, caramelos, vino, siropes y otras especialidades que se perfeccionan para elaborar con calidad y sustituir importaciones con mercancías que puedan compensar la demanda de sectores estratégicos, como el turismo, concluyó López.
La historia nos vuelve a ratificar que tenemos que desarrollarnos y resolver nuestros problemas por nosotros mismos, reflexionó el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el análisis de la labor del Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal) y del sistema empresarial del ramo en el año 2020, así como de las proyecciones para el año que avanza
El sistema productivo cubano, y dentro de él la industria alimentaria, tiene que ir hacia un desarrollo más sostenible, más estable. Foto:Estudios Revolución
La historia nos vuelve a ratificar que tenemos que desarrollarnos y resolver nuestros problemas por nosotros mismos, reflexionó el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el análisis de la labor del Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal) y del sistema empresarial del ramo en el año 2020, así como de las proyecciones para el año que avanza.
Ante la escasez de divisas, el incumplimiento de los planes productivos en el sector durante 2020 fue grande. Según un grupo de producciones seleccionadas, apenas pudieron cubrir poco más de la mitad de los rubros alimentarios previstos.
La reflexión de Díaz-Canel fue a propósito del difícil periodo económico vivido (y que continúa) como consecuencia de los efectos de la COVID-19 y la agudización del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de EE. UU. durante la administración de Trump, el que se agravó durante la pandemia.
El sistema productivo cubano, y dentro de él la industria alimentaria, tiene que ir hacia un desarrollo más sostenible, más estable, principios que están en la visión de nación que nos hemos dado, señaló el Jefe de Estado.
Para lograr estos objetivos –continuó exponiendo en las conclusiones del encuentro– necesitamos un pensamiento que rompa con la mentalidad importadora y se apropie de la exportadora.
El titular del Minal, Manuel Sobrino Martínez, informó que el bloqueo de ee. uu. generó, en 2020, pérdidas por 78 millones de dólares estadounidenses (USD), y la epidemia de la COVID-19 provocó afectaciones por 55 millones de usd.
Entre las prioridades del organismo para el presente año, está incrementar la producción industrial de alimentos, desarrollar procesos inversionistas, que permitan ir modernizando la industria, y el fortalecimiento de la política de cuadros.
Entre los principales problemas que enfrenta el ramo, su titular enunció la tendencia decreciente e inestable en las entregas de materias primas agrícolas; la falta de respaldo en moneda libremente convertible (MLC); el déficit en las balanzas de azúcar, mieles y alcohol; y una asignación de combustibles que no respalda los niveles de actividad.
LA TAREA ORDENAMIENTO NO FUE «PAN COMIDO»
La Tarea Ordenamiento fue punto crítico y criticado en el balance de trabajo del Minal. Sobrino Martínez reconoció la aplicación incorrecta de precios mayoristas centralizados por las empresas, con mayor incidencia en el área cárnica y pesquera de La Habana, Matanzas, Holguín y Santiago de Cuba.
También se aplicó, de forma generalizada, el llamado Índice máximo de la media de la clase, para formar los precios. Del cien por ciento de los precios revisados por esta causa –dijo– se ha rectificado, en el mes de enero, el 66 %.
El Ministro criticó problemas de calidad-precio en las producciones, fundamentalmente las destinadas a la canasta familiar normada, por lo que se revisan formulaciones y se mantiene un monitoreo al 100 % de estas.
La implementación exitosa de la Tarea Ordenamiento en la industria alimentaria fue limitada, además, por la no concreción de los contratos con el turismo y la cadena de tiendas (debido a inconformidades e interpretación en el método de formación de precios aprobado en la norma), y hubo demora en la aprobación del índice a aplicar a las producciones de las empresas mixtas, lo que se evalúa por los ministerios de Finanzas y Precios y del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
Y se reportaron afectaciones salariales –ya resueltas– a trabajadores de la actividad pesquera y de la descarga de buques, donde se aplicaban sistemas de estimulación en cuc con altas cuantías, que no se cubrían con los nuevos salarios.
MIRADA NUEVA
Este es el tercer proceso de balances anuales que encabeza el Presidente de la República (los anteriores fueron en 2019 y 2020). Al sentar las pautas, que guiarán la interacción de la dirección del país con los Organismos de la Administración Central del Estado para evaluar el trabajo de 2020 y las proyecciones para 2021, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, explicó que no será un análisis similar a anteriores.
Debido a la epidemia de la COVID-19, el año 2020 no tiene otros periodos de referencia, y 2021, por la implementación de la Tarea Ordenamiento, tampoco. Orientó concentrar las presentaciones y debates en las potencialidades que se tienen y no solo en datos comparativos. Serán reuniones cortas, para intercambiar, escuchar y discutir cómo vamos a enfrentar los desafíos que nos presenta el año 2021, enfatizó.
Marrero Cruz caracterizó el sector como muy importante, vital, por el impacto directo que tiene en la población. No estamos ajenos a las limitaciones, pero hay que revisar las prioridades y velar por la calidad en lo que se haga.
«La calidad –expresó– debe ser la bandera de los trabajadores de la industria alimentaria». Puso énfasis también en la inocuidad de los alimentos, la variedad, la sustitución de importaciones, las exportaciones, el desarrollo de la pesca y la acuicultura... «Tenemos que pensar en grande, aunque con los pies bien puestos en la tierra», los incentivó.
Ante la necesidad de rehabilitar la industria y de crear nuevas capacidades, el Primer Ministro llamó a buscar soluciones alternativas y a innovar. «Tenemos que pensar diferente».
LA PRIMERA PRIORIDAD ES IDEOLÓGICA
«Todo lo que afecta a la Revolución tiene que preocupar a los cuadros», señaló el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al reflexionar sobre los impactos negativos de la Tarea Ordenamiento en la población, debido a que muchos de los que tenían que implementarla, en los diferentes niveles, no se prepararon bien.
«Los cuadros tienen que asumir la complejidad de los procesos, estudiar todos los días». Y lo primero es su preparación ideológica y la de los colectivos laborales, señaló.
El Ordenamiento necesita un constante vínculo con la población, sensibilidad ante los problemas del pueblo e inquietud revolucionaria. No se trata de cumplir tareas. Si los nuevos precios eran altos –ejemplificó–, los cuadros tenían que alertarlo, no quedarse callados.
Nadie –agregó– tiene la verdad absoluta para resolver un problema. Es necesario crear consensos y aprovechar la inteligencia colectiva. La autoridad hay que ganársela trabajando bien. La primera prioridad, insistió Díaz-Canel, es ideológica; las categorías económicas solas no nos darán desarrollo.
Sobre el trabajo de la industria alimentaria en 2020, y las proyecciones para el presente año desde una perspectiva de gestión de gobierno, explicó que hay que seguir fortaleciendo la institucionalidad del país. Todo lo que se haga tiene que estar a tono con la Constitución de la República y con las leyes. Insistió, así, en el respeto a la autonomía empresarial y en potenciar la economía municipal.
El sistema empresarial de la Industria Alimentaria tiene que estremecerse, aprovechar las 43 medidas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista y sacarle el máximo partido a la Tarea Ordenamiento, reflexionó.
Díaz-Canel recordó los tres pilares de la gestión del gobierno: la innovación (aplicar la ciencia, la investigación, para ir a la innovación y resolver los problemas que tenemos), la informatización (potenciar el gobierno y el comercio electrónico) y la comunicación social. Sobre las proyecciones, indicó que el plan para 2021 es lo mínimo a cumplir, y hay que hacerlo en medio de la compleja situación actual.
Nosotros –concluyó– podemos hacer más: más producción, más eficiencia, más ofertas, mejores diseños, diferentes gamas de productos, mayor optimización de los procesos... Solo así podremos tener una mejor situación económica y financiera. Solo así las personas ganarán más y también estaremos mejor.
Santiago de Cuba, 12 feb (ACN) La Unidad 5 de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), de esta ciudad, casi concluye el periodo de prueba y puesta en marcha, luego de recibir un mantenimiento capital que la pone en mejores condiciones de generar con combustible nacional y así contribuir con el país a reducir las importaciones con ese fin.
En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, Raymundo González Guillén, director general de Renté, destacó que durante esos trabajos, con dos años de duración, asumieron volúmenes nunca antes ejecutados por el prolongado tiempo de operación, lo cual conllevó al desmontaje total de la turbina y luego su remontaje, cumpliendo estrictamente con las normas del fabricante.
Manifestó que hubo piezas de repuesto que no pudieron adquirir en el momento oportuno, debido a la persecución financiera por el gobierno de los Estados Unidos a proveedores internacionales, y fue necesario buscar soluciones dentro del país, como ocurrió con la reparación de elementos electrónicos y de equipos rotatorios.
En esas labores, precisó, participaron los talleres de la termoeléctrica y entidades como Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, Empresa de Ingeniería y Proyecto de la Electricidad, Empresa de Tecnología de la Información y la Automática, Empresa Mecánica del Níquel Comandante Gustavo Machín, Copextel y Fábrica de producciones mecánicas Palma Soriano, perteneciente al Grupo Azucarero Azcuba.
González Guillén encomió el esfuerzo de todos para enfrentar esa reparación en medio de la pandemia de COVID-19, cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias establecidas por la compleja situación epidemiológica.
Destacó que fueron muchas jornadas de esfuerzo colectivo, sin horario, para llevar a feliz término la tarea.
Esta es la primera unidad que sincroniza al Sistema Eletroenergético Nacional (SEN) de las tres que en el país se encuentran en mantenimiento capital e inversión de la Unión Eléctrica, informó el director.
El período de prueba y puesta en marcha de la Unidad 5 de Renté comenzó en diciembre último.
Están previstos mantenimientos ligeros en las tres unidades restantes de la termoeléctrica santiaguera, los cuales se harán progresivamente.
Fundada hace casi 55 años, Renté tiene una capacidad instalada de 400 megawatts, y cuenta además con un emplazamiento de grupo electrógeno de fuel oil con 24 motores.
La publicación del listado “inicial” (se aclara que podrá tener ajustes posteriormente) de las actividades prohibidas para el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia (TCP) ha sido reconocido por muchos, entre los que me incluyo, como un importante paso de avance en la intención de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas en el país.
Después de años de “abre y cierre”, de “congelación de otorgamiento de nuevas licencias”, que me han tenido en un stress constante, en que a veces no he estado claro, en términos beisboleros, “por donde viene la bola”, si es “si”, o si es “no”, o si es “si, pero no tanto”, al parecer las cosas van estando más claras.
No obstante, hay muchos comentarios que expresan incomprensiones y desacuerdos sobre la prohibición de algunas actividades profesionales. Todas están incluídas en la Sección “XIII-Actividades profesionales, científicas y técnicas”. Es lógico, entre las críticas que desde hace años se han planteado sobre el TCP, es que las actividades “autorizadas” han sido de baja calificación, con lo cual se ha limitado (realmente impedido) el aprovechamiento por este sector del potencial profesional que ha creado la Revolución.
Este enfoque, al parecer, se aplicó con la intención de no privar a las empresas estatales de personal calificado. Pero, ante los bajos salarios que se pagaban, en la práctica, lo que sucedió es que ingenieros, arquitectos, economistas, entre otros profesionales, se pusieron a trabajar en paladares, como taxistas, y otras actividades, es decir, salieron del sector estatal, pero el país no utilizó sus conocimientos, en los que invirtió tantos recursos.
Entre las actividades prohibidas de las que he leído más incomprensiones y desacuerdos están:
-Actividades jurídicas y de contabilidad.
-Actividades de arquitectura e ingeniería.
-Investigación científica y desarrollo.
-Otras actividades profesionales científicas y técnicas. (Es tan amplia, que puede ser “cualquier” actividad que se le ocurra a un inspector u a otro funcionario).
No voy a fundamentar la conveniencia de que esas actividades profesionales puedan realizarse por los TCP. Profesionales de esos perfiles lo han hecho de forma respetuosa, presentando argumentos y experiencias muy convincentes.
En lo que se refiere a “Investigación científica y desarrollo”, si tengo una experiencia de varias décadas y me parece que su “prohibición” es algo absurdo. ¿En qué momento y lugar surgen las ideas para una investigación?. ¿En una oficina?, ¿Y la escritura de artículos y libros?.
Me he preguntado ¿cuál es el “peligro”, o temor, de que esas actividades se realicen por TCP?. No puede ser porque dejen su trabajo en el sector estatal, que ya hemos visto las consecuencias que ha tenido. No soy especialista de esos perfiles pero, pensando en lo que pueden necesitar sus usuarios, los TCP no tendrían que trabajar tiempo completo, generalmente son actividades de consultoría o asesoría que son puntuales, no permanentes. Conozco muchos amigos que han hecho esas actividades los fines de semana, o fuera de sus horarios laborales.
El trabajo a distancia, que ahora ejercen muchos, no tiene un horario específico de presencia física. Lo tenemos que controlar por los resultados “medibles” que logren. Hay reservas importantes de mayor productividad en esta nueva modalidad.
No se me ocurre que sea por la preocupación de que se vayan a hacer ricos. Si fuera esto, tendríamos que decirles a nuestros músicos más valorados internacionalmente, que no sigan componiendo canciones, ni participando en conciertos internacionales, o a nuestros atletas olímpicos que no ganen más medallas, ni acepten premios en metálico que les entreguen. Sería absurdo.
No voy a comentar la reiteración de muchos economistas sobre la necesidad de crear las PYMEs, sólo algunas referencias. Hace unos años el General de Ejército Raúl Castro, dijo que sobraba un millón de trabajadores en el sector estatal, se dijeron fechas para su racionalización y tuvieron que posponerse. No sé si se mantiene esa cifra pero, lo que sí tenemos claro muchos es que, cuando las empresas estatales, impulsadas por el aumento de los costos de materias primas y salarios, tengan que empezar a racionalizar va a sobrar mucha…aaa gente.
Para asimilar eso no basta con la liberación del TCP. Nadie, individualmente, podrá darle empleo a numerosos trabajadores. Para esto, es necesario crear organizaciones, aseguramientos lógicos, generar mercados, identificar proveedores, en fin un trabajo gerencial.
En definitiva, esos empresarios privados, que no queremos reconocer, ya existen. Un paladar con 150 trabajadores, un criador de cerdos con 50 y muchos ejemplos más que todos conocemos, en estos momentos, son tan TCP como sus empleados.
Reconocerlos como lo que son, además de garantizar un mayor control (que es nuestra acción preferida, para sentirnos más tranquilos) sobre su actividad, posibilitaría más ingresos tributarios, facilitar más los encadenamientos productivos que estamos estimulando, promover mejor las exportaciones y las importaciones de ese sector, crear empresas mixtas estatales-privadas, que ya tenemos con extranjeros, entre otras iniciativas.
Recuerdo que, antes del triunfo de Chávez, impartíamos una maestría en varias ciudades de Venezuela. Conocimos que, en algunas profesiones, de mucho interés para instituciones estatales y para la población, les permitían a los profesionales el ejercicio privado, con la condición de que trabajaran todos los días un número determinado de horas en las instituciones del Estado. Esta es una alternativa que quizás podría analizarse.
Volviendo a los TCP, la realidad es muy TERCA y, cuando prohibimos cosas que no son nocivas para la sociedad, y son útiles y necesarias, lo que SUCEDE (aclaro bien, lo que sucede no lo que podría suceder) son dos cosas:
1-La realización de esas actividades pasa a la “clandestinidad” (como cuando toparon el precio del mamífero nacional en el 2019), con lo cual su precio se incrementa, por el “factor riesgo”.
2-Inspectores inescrupulosos se aprovechan de esa situación y “cierran los ojos”, cuando son debidamente “estimulados” para hacerlo.
Lo que sugiero son dos cosas:
1-Si existe(n) otra(s) razón para prohibir estas actividades para los TCP, que no sean las que he comentado, que las autoridades correspondientes se reúnan con representantes de esas profesiones y se las expliquen y, por supuesto, traten de convencerlos.
2-Si no existen otras razones, entonces rectificar, como están haciendo los dirigentes principales de estos procesos en nuestro país, con absoluta transparencia y valentía, lo que le ha dado a población la tranquilidad de que nadie quedará desamparado.
¿O preferimos enemistarnos con los profesionales de esos perfiles, que nos resultan tan necesarios para las empresas estatales, para los privados y cooperativas y la población en general?. Con licencia de mi socio Manolo, yo diría NO VALE LA PENA.
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