Por Lic. Pablo Fernández Domínguez
“No pretendas que las cosas cambien si siempre
actúas de la misma forma”
“Imposible lograr el éxito con las mismas lógicas
que condujeron al fracaso”
Albert Einstein
El tema de la
seguridad y la soberanía alimentaria constituye actualmente una prioridad ente
los objetivos de desarrollo aprobados para el 2030, así como dentro de la
agenda asociada a la implementación del nuevo modelo económico en la sociedad
cubana,aún en proceso de definición y regulación por parte de las instancias
estatales, donde se percibe la intención de que la gestión económica nacional
comience a guiarse por las leyes objetivas de la economía,en un escenario donde
deberán primar la eficiencia y la competitividad a partir de transversalizar
una verdadera y efectiva autonomía de los actores económicos y territorios,
creando nuevos espacios para emprendimientos y planes de negocios lo que
implica un profundo y trascendental cambio de mentalidad en todo el sistema
empresarial, actores sociales y “modus operandi” institucional.
Este propósito
se plantea de una manera explícita al otorgarle un papel preponderante a las
relaciones monetarias mercantiles a través del mercado bajo diferentes
modalidades operacionales como mecanismo central de regulación de la economía
nacional sin renunciar a la conducción estatal y la protección de la población,
en sustitución de los métodos administrativos y centralizados hasta entonces vigentes
con menoscabo de los resultados económicos y financieros.
Los profundos
cambios estructurales introducidos en los primeros años del proceso
revolucionario, sobre todo entre 1959 y 1961, que conllevaron una importante
redistribución del ingreso a favor de las capas más desposeídas de la
población,incrementó de manera súbita la demanda de alimentos, de acuerdo con
la elevada elasticidad ingreso del consumo de alimentos, lo que superó con
creces las capacidades endógenas de suplir los principales renglones
alimenticios, tales como los cárnicos, básicamente la carne bovina con una
fuerte tradición de consumo en la dieta cubana, la leche y otros rubros como
huevos, grasas, arroz y frijoles.
Ante estas
circunstancias, para evitar desajustes que pudieran restringir el acceso de la
población a los alimentos por impactos inflacionarios se tomó la decisión de
aprobar con carácter transitorio un sistema de distribución normada de
alimentos regenteado por el Estado [1]mediante
el cual se le garantizaba a la totalidad de la población un suministro estable
de alimentos básicos a precios asequibles en función de respaldar su seguridad
alimentaria, con lo cual se evidenciaba desde épocas tan tempranas la atención
dispensada por el naciente estado revolucionario al tema de la alimentación de
la población, preocupación que no ha sido preterida por parte de los organismos
involucrados en su garantía cotidiana durante las seis décadas transcurridas
desde entonces.
La
transitoriedad de este sistema regulado de distribución de alimentos estaba
condicionado a las expectativas asociadas a los primeros planes de desarrollo
agropecuario concebidos en esos años iniciales, a partir de la Primera Ley de
Reforma Agraria promulgada en 1959 como expresión de la voluntad política de
transformar el arcaico modelo semi feudal sustentado en el predominio de
latifundios imperante en el agro cubano, heredado de la etapa colonial,
reforzado durante la seudo república con el contubernio de los gobiernos que se
sucedieron entre 1902 y 1959.
A tales efectos
en 1961 se diseñó un primer plan de desarrollo de la producción agropecuaria
para el período 1961-1965 por parte del INRA, con la asesoría de la FAO, donde
se trazaron objetivos en aquel entonces asumidos como asequibles a tenor con
los niveles de actividad registrados en 1959 y las potencialidades adjudicadas
al emergente nuevo modelo agrario, dentro del cual el Estado asumiría la
conducción centralizada del proceso reproductivo del sector, con una
participación significativa en la tenencia de la tierra y otros activos
agropecuarios, posición patrimonial que se consolidó con la promulgación de la
segunda ley de reforma agraria en 1963.
Fue precisamente
a partir de estos cambios estructurales que comenzaron a definirse los rasgos
del nuevo modelo de gestión de la agricultura cubana para enfrentar el desafío
implícito, donde la modalidad organizacional preponderante sería la creación de
grandes empresas estatales con un elevado respaldo logístico y tecnológico con
fuerza de trabajo asalariada, en cuyo contexto la producción privada o no
estatal, se circunscribió a los pequeños y medianos campesinos que detentaban
la propiedad de una cuarta parte de la superficie agrícola y un 44 % del rebaño
bovino, históricamente principal patrimonio del sector agropecuario de la
nación, cuya participación en el uso del fondo agrícola nacional desde la etapa
colonial hasta nuestros días ha sido mayoritario, con un 60 % de la tierra
dedicada a la producción agropecuaria.
|
DISTRIBUCIÓN
DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA Y EL REBAÑO BOVINO POR SECTORES DE PROPIEDAD |
||||||
|
Año |
Sector
Estatal |
Sector
Privado |
Total |
|||
|
Área (Mha) |
Animales (M
cbz) |
Área (Mha) |
Animales (M
cbz) |
Área (Mha) |
Animales (M
cbz) |
|
|
1961 |
2229.9 |
1399.3 |
4450.9 |
4376.7 |
6680,8 |
5776.1 |
|
% |
33.4 |
24.2 |
66,5 |
75,8 |
100,0 |
100,0 |
|
1970 |
5168,0 |
3226,0 |
1632,0 |
2512,0 |
6800,0 |
2738,0 |
|
% |
76,0 |
56,2 |
24,0 |
43,8 |
100,0 |
100,0 |
Fuente: INRA (961); Minag (1989)
Este sesgo en el
modelo de gestión tradicional, sustentado hasta entonces en las relaciones
monetarias mercantiles, en un contexto socio económico donde coexistía la
propiedad latifundista con la mediana y pequeña propiedad, además de miles
campesinos sin tierra cuya reivindicación se materializó con la Primera Ley de
Reforma Agraria,incorporándolosa la categoría de propietarios bajo el principio
de que la tierra debía pertenecer a aquellos que la trabajan.
La
estatalización de la agricultura cubana, a partir de la segunda Ley de Reforma
Agraria, constituyo un profundo cambio estructural en la gestión económica y
patrimonial de este estratégico sector, sobre todo teniendo en cuenta la
característica predominantemente agroindustrial de la economía nacional.
De manera
progresiva la agricultura fue proletarizándose, es decir la mayor parte de los
ocupados en la agricultura dejaron de ser los campesinos, pasando a ser los
obreros agrícolas ocupados en las grandes empresas agropecuarias estatales,
cuyo sentido de pertenencia distaba mucho del prevaleciente en el sector
campesino.
En la práctica
la apuesta por desarrollar un poderoso sector estatal como principal actor
económico del sector agropecuario para dar respuesta a la creciente demanda
asociada a la seguridad alimentaria de la población y la obtención de ingresos
externos mediante las exportaciones agroindustriales, a partir de una concepción
que sustituyó las relaciones de mercado inherentes a la agricultura a escala
mundial por mecanismos administrativos a través de la planificación
centralizada, en cuyo contextolos instrumentos económicos y financieros fueron
relegados a un segundo plano, cuando no obviados, provocó que la gestión en la
agricultura cubana dejara de constituir un negocio basado en la eficiencia y
competitividad de los agentes económicos, para ser una actividad subsidiada por
el Presupuesto a imagen y semejanza de la educación y la salud pública, ante
las crecientes pérdidas de las empresas estatales, no obstante los ingentes
recursos financieros y materiales que fueron destinados al desarrollo de
ambiciosos planes en las diferentes ramas de este sector.
Sin embargo, las
metas trazadas respecto a las producciones nacionales quedaron muy a la zaga de
la demanda alimentaria de la población, lo que obligó a depender de manera
creciente de las importaciones de alimentos para complementar la oferta interna
restringida. Esta dependencia externa alcanza niveles significativos en la
actualidad en los renglones vinculados a los balances nacionales.
Esta tendencia en los resultados productivos y económicos, alcanzó su punto más crítico en 1993, cuando las pérdidas acumulados por los Ministerios Agroindustriales (MINAG y MINAZ) ascendió a unos 3000 MMP, lo cual se hizo insostenible de sufragar a través del Presupuesto, cuyo déficit alcanzó cotas nunca antes registradas.
Esta situación
conminó a la decisión de introducir importantes reformas estructurales en
materia de gestión del sector agropecuario, mediante la creación de las UBPC a
partir de la transferencia por medio de la venta de la mayor parte de los
activos estatales (instalaciones, equipos, rebaños, etc) a los colectivos de trabajadores
de las empresas y otorgamiento de la tierra en usufructo gratuito, para su
explotación bajo nuevas formas de propiedad cooperativa, proyecto que ha
confrontado no pocos problemas y dificultades desde su creación hasta la fecha,
sin que se hayan alcanzado los propósitos que motivaron su instauración.
Como una primera
aproximación, estos resultados pudieran explicarse al menos, por una sencilla
razón: la propiedad agraria en la agricultura parte de la tierra –principal
medio de producción-cuya posesión transita la mayoría de las veces por vía
familiar de una generación a otra, es decir el sentido de pertenencia está
indisolublemente asociado al sentimiento de propietario basado en vínculos y
tradiciones familiares.
Precisamente
unos de las particularidades que le diferencian medularmente de los restantes
sectores económicos es que la agricultura es el único sector que utiliza el
área de la tierra como un factor primordial de su función de producción, lo que
se hace evidente en la toma de decisiones y la estructura de la propiedad:
· La
agricultura es una sutil combinación de destreza artesanal y fuerza física. La forma en que se lleva a cabo la
producción está determinada por la motivación del trabajador y las decisiones
que éste adopta, más que por el ritmo y diseño del proceso de trabajo, como
puede ocurrir en una línea de montaje de la industria. Esto hace que cuando la tierra no es poseída por el trabajador, se hace
complejo estructurar un adecuado sistema de incentivos laborales.
· Por
otra parte, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la producción de
cemento, las decisiones de producción en la agricultura abarcan a un enorme
número de productores, a cada uno de los cuales hay que llegar con los
incentivos apropiados para que ejecuten las metas productivas a que se aspira.
Se sugiere que, en estas condiciones de
gran cantidad y dispersión de los productores, los métodos administrativos o
compulsivos tienen muchas menos posibilidades de éxito.
· La
forma de propiedad de la tierra puede determinar que la estructura de los
incentivos para el productor sea más o menos efectiva. En un proceso tan intensivo en cuanto al factor subjetivo, la
separación entre la propiedad y la administración tiene mayores costos y
dificultades que en otros sectores. Además, en el caso de los propietarios,
la familia del agricultor frecuentemente aporta su fuerza de trabajo, lo cual
es un elemento importante en la agricultura de muchos países.
· También
la forma en que se presenta la organización de la producción en la agricultura,
realza la importancia de las políticas públicas, tales como brindar un buen
nivel de educación general a los agricultores, proveer servicios de extensión,
y desarrollar la infraestructura rural para disminuir los costos del
intercambio de productos y de insumos; factores que resultan determinantes para
propiciar una aceleración en la introducción de la nueva tecnología agrícola.
· Lo
anterior no excluye ni disminuye la importancia del mercado para transmitir e
influir en cada uno de los productores, respecto a cambios en la estructura de
la producción agrícola y las ventajas económicas de las nuevas técnicas.
· Las
políticas de precios para los productos e insumos agrícolas constituyen una de
las formas más efectivas de intervención para las políticas públicas. En este
sentido, conocer la influencia de los precios relativos en el comportamiento de
los agricultores es un factor de extrema importancia.
Sobre el nuevo modelo de gestión en el sector
agropecuario
Desde el VI
Congreso del Partido efectuado en el 2011 se planteó la necesidad de
implementar un nuevo modelo de gestión en la agricultura cubana, lo quedó
explícito en los siguientes Lineamientos:
167. Adoptar un
nuevo modelo de gestión, a tenor con la mayor presencia de formas productivas
no estatales, que deberá sustentarse en una utilización más efectiva de las
relaciones monetario-mercantiles, delimitando las funciones estatales y las
empresariales, a fin de promover una mayor autonomía de los productores,
incrementar la eficiencia, así como posibilitar una gradual descentralización
hacia los gobiernos locales.
168. Adecuar la
legislación vigente, en correspondencia con las transformaciones en la base
productiva, para facilitar su funcionamiento eficiente y competitivo, y
descentralizar el sistema de gestión económica y financiera. Aplicar
instrumentos de control e información fiables.
169. Independizar
las distintas formas de cooperativa de la intermediación de las empresas
estatales, e introducir de forma gradual las cooperativas integrales de
servicios en la actividad agroindustrial a escalla local.
170. Adecuar la
producción agroalimentaria a la demanda y la transformación de la
comercialización, elevando la calidad y exigencia en los contratos, para que
las partes cumplan sus obligaciones, limitando la circulación centralizada para
aquellos renglones vinculados a los balances nacionales; otorgando un papel más
activo a los mecanismos de libre concurrencia para el resto de las
producciones.
171. Reestructurar
el actual sistema de comercialización de los insumos y equipamiento, en
correspondencia con el nuevo escenario de la actividad agroalimentaria y los
mecanismos financieros que se implantes, brindando acceso directo de las formas
productivas a estos recursos, a través de la red de establecimientos que
habiliten en los territorios.
172. Modificar
el sistema de acopio y comercialización de las producciones agropecuarias
mediante mecanismos de gestión más ágiles que contribuyan a reducir las
pérdidas en las cadenas productivas, al simplificar los vínculos entre la
producción primaria y el consumidor final e incrementar el beneficio para
mejorar la calidad de los productos que se oferten.
178. Prestar
atención especial al desarrollo del beneficio y de otras actividades que
incorporan valor al producto agropecuario, elevan su calidad y presentación,
ahorran transporte y gastos de distribución y conservación, integrando las
pequeñas procesadoras de alimentos a nivel local con la gran industria, con
vistas a potenciar la oferta de alimentos al mercado interno, incluyendo la
sustitución de importaciones y las exportaciones.
186. Garantizar
el servicio bancario especializado en la atención al sector agroindustrial, que
apoye a los productores, facilitando el otorgamiento de los financiamientos y
el control de su ejecución.
192. Aplicar
los sistemas de gestión de la calidad de los alimentos en correspondencia con
las normas establecidas y las exigencias de los clientes.
Sin lugar a
dudas, estos lineamientos permitían identificar con bastante precisión las
sendas por las cuales encauzar la nueva política para el sector agropecuario,
en el nuevo escenario signado por los profundos cambios estructurales en
materia de gestión al desplazarse hacia los actores no estatales el mayor peso
de la producción agropecuaria nacional, como resultado de las políticas que
desde los años noventa comenzaron a implementarse ante la inviabilidad del
modelo centralizado y altamente costosoque había predominado hasta entonces,
caracterizado por una elevada ineficiencia e incapacidad para garantizar tan
siquiera la reproducción simple, no obstante el respaldo logístico de que se
dispuso.
En el VII
Congreso efectuado en el 2016, se reafirmaron las mismas ideas del Congreso
precedente, muchas de ellas aún sin implementación o en proceso de estudio,
ralentizado los necesarios e ineludibles cambios en los métodos de dirección y
gestión:
147. Lograr que la producción agroindustrial
contribuya al desarrollo de la economía del país y se exprese en un aumento de
su participación en el Producto Interno Bruto, con una mayor oferta de
alimentos con destino al consumo interno, la disminución de importaciones y el
incremento de las exportaciones. Disminuir la alta dependencia de
financiamiento que hoy se cubre con los ingresos de otros sectores.
148. Continuar transformando el modelo de gestión,
en correspondencia con la mayor presencia de formas productivas no estatales,
en el que la empresa estatal agropecuaria se constituya en el gestor principal
del desarrollo tecnológico y de las estrategias de producción y
comercialización. Utilizar de manera efectiva las relaciones
monetario-mercantiles y consolidar la autonomía otorgada a los productores,
para incrementar la eficiencia y la competitividad.
149. Lograr que los productores agropecuarios cuenten
con un programa de desarrollo, en correspondencia con la estrategia del país.
Introducir de forma gradual las cooperativas de servicios en la actividad
agroindustrial.
150. Garantizar el servicio bancario especializado
al sector agroindustrial, que tenga en cuenta los ciclos de producción y el
nivel de riesgos. Fortalecer y ampliar la actividad de seguros agropecuarios,
propiciando una mayor eficacia en su aplicación.
151. Continuar la transformación del sistema de
comercialización de insumos, equipamientos y servicios, que garantice el acceso
directo de los productores al mercado, según su eficiencia y capacidad
financiera, asegurando la disponibilidad y oportunidad de los recursos con una
adecuada correspondencia entre la calidad y los precios.
152. Continuar la transformación de la
comercialización de productos agropecuarios que se está experimentando,
evaluando los resultados alcanzados y adoptando las medidas necesarias para
superar las dificultades que se presenten, en particular priorizar el pago a
los productores en los plazos establecidos; perfeccionar e integrar todos los
elementos del sistema —producción, acopio y comercialización—, para contribuir
a mejorar la oferta y la satisfacción de la población, en cuanto a precios,
calidad y estabilidad. Desarrollar progresivamente la oferta de servicios
complementarios.
153. Perfeccionar la acción reguladora del Estado y
los procedimientos en la formación del precio de acopio de los productos
agropecuarios, para estimular a los productores primarios. Se tendrá en cuenta
el comportamiento de los precios en el mercado internacional.
154. Desarrollar una política integral que estimule
la incorporación, permanencia y estabilidad de la fuerza laboral en el campo,
en especial de jóvenes y mujeres, así como la recuperación y desarrollo de las
comunidades agrícolas, para que simultáneamente con la introducción de las
nuevas tecnologías en la agricultura, garanticen el incremento de la producción
agropecuaria.
155. Diseñar y aplicar servicios de asistencia
técnica, capacitación y extensión agraria, para asimilar eficientemente las
nuevas tecnologías que contribuyan a una mejor organización de la fuerza
laboral, aseguren el aumento de la productividad y tengan en cuenta las
transformaciones ocurridas y proyectadas en el sector.
156. Desarrollar una agricultura sostenible
empleando una gestión integrada de ciencia, tecnología y medio ambiente,
aprovechando y fortaleciendo las capacidades disponibles en el país, además que
reconozca las diversas escalas productivas.
157. Priorizar la conservación, protección y
mejoramiento de los recursos naturales, entre ellos, el suelo, el agua y los
recursos zoo y fitogenéticos. Recuperar la producción de semillas de calidad,
la genética animal y vegetal; así como el empleo de productos biológicos
nacionales.
159. Asegurar un efectivo y sistemático control
estatal sobre la tenencia y el uso de la tierra, que contribuya a su
explotación eficiente y al incremento sostenido de las producciones. Continuar
la entrega de tierras en usufructo y la reducción de las áreas ociosas.
160. Continuar priorizando la producción de
alimentos que puedan ser obtenidos eficientemente en el país. Los recursos e
inversiones bajo el principio de encadenamientos productivos, necesarios para
ello, deberán destinarse a donde existan mejores condiciones para su empleo más
efectivo.
161. Continuar la reorganización y el desarrollo de
las actividades de riego, drenaje, abasto de agua a los animales y los
servicios de maquinaria agropecuaria con el objetivo de lograr el uso racional
del agua, de la infraestructura hidráulica y de los equipos agropecuarios,
contribuir al incremento de la productividad y al ahorro de fuerza de trabajo,
combinando el uso de la tracción animal con tecnologías de avanzada. Garantizar
los servicios de mantenimiento y reparaciones.
162. Organizar
la producción en los polos productivos agropecuarios encargados de abastecer
las grandes ciudades y la industria alimentaria, lograr una efectiva
sustitución de importaciones e incrementar las exportaciones, aplicando un
enfoque de cadena productiva de todos los eslabones que se articulan en torno
al complejo agroindustrial, con independencia a la organización empresarial a
la que se vinculen.
163. En la organización de la producción
agropecuaria, destinada fundamentalmente al consumo interno, deberá predominar
un enfoque territorial, integrándose con las mini-industrias, las que además
podrán vincularse a la industria, con el objetivo de lograr una mayor
eficiencia, aumentar la calidad y presentación; ahorrar transporte y gastos de
distribución.
164. Desarrollar la política ganadera, priorizando
las especies vacuna, porcina y avícola. La ganadería vacuna debe sustentarse en
el aprovechamiento del fondo de tierras, la recuperación de la infraestructura,
los pastos y los forrajes, así como el mejoramiento genético de los rebaños y
la elevación de los rendimientos, para incrementar la producción de leche y
carne, haciendo un uso eficiente de la mecanización. Perfeccionar el control de
la masa, asegurar el servicio veterinario, la producción de medicamentos y la
biotecnología reproductiva. Desarrollar el ganado menor en las regiones del
país con condiciones favorables para ello.
165. Incrementar la producción de viandas y
hortalizas con una adecuada estructura de cultivos, sobre la base de aumentar
los rendimientos y lograr una mejor utilización del balance de áreas de
cultivos varios.
166. Asegurar el cumplimiento de los programas de
producción de arroz, frijol, maíz y otros granos que garanticen el incremento
productivo, para contribuir a la reducción gradual de las importaciones de
estos productos y aumentar el consumo.
167. Impulsar el desarrollo de las actividades
tabacalera, cafetalera, apícola, del cacao y otros rubros, para contribuir a la
recuperación gradual de las exportaciones. En la producción tabacalera explotar
al máximo las posibilidades del mercado externo.
168. Reanimar la agroindustria citrícola. Continuar
el incremento y diversificación de la producción de frutales, asegurar el
acopio y comercialización eficiente de las frutas frescas e industrializadas en
los mercados nacional e internacional.
En el
8vo.Congreso llevado a cabo en el 2021, nuevamente se aborda el tema del nuevo
modelo de gestión, aún pendiente de concreción:
151. Perfeccionar el modelo de gestión del sector
agropecuario y forestal. Transformar su sistema empresarial, fundamentalmente
el papel de la empresa estatal, con el objetivo de incrementar de forma
sostenible la producción agropecuaria; crear mejores condiciones para el
desarrollo de las demás formas que integran la base productiva.
Como
puede apreciarse, no obstante contarse con directivas muy concretas como
expresión de la voluntad política de revertir las negativas tendencias
estructurales de la agricultura cubana, hasta el presente no se han logrado
respuestas efectivas y sostenibles a las demandas alimentarias de la población,
mostrando retrocesos en la mayoría de los renglones que tributan a los balances
nacionales, lo que ha obligado a incrementar significativamente las
importaciones de alimentos en un período de grandes restricciones financieras
externas, existiendo grandes reservas de productividad internas no explotadas
con un elevado potencial para reducir la dependencia externa y contribuir a la
soberanía alimentaria.
Han
transcurrido once años desde el VI Congreso, sin que se haya implementado el
nuevo modelo de gestión. Es cierto que dicha encomienda no es una tarea fácil
ni expedita, habida cuenta que el tránsito de un modelo centralizado, regido por
mecanismos administrativos y burocráticos, a un modelo guiado por leyes
económicas objetivas, descentralizado y de mayor autonomía de los actores
sociales, precisa un profundo cambio de mentalidad a todos los niveles, que no
se logra sino se superan la inercia y falta de objetividad en cuanto a
reconocer que la agricultura cubana actual dejo de ser lo que fue, cuando el
Estado era el principal actor económico, para ser una agricultura donde los
actores no estatales gestión algo más del 80 % de la producción agropecuaria nacional.
Recientemente,
en el 2021, se aprobó por el Ministerio de Agricultura el “Plan de acción
para la implementación de las 63 medidas para dinamizar la producción
agropecuaria” en el cual se plantean 654 acciones en siete grupos temáticos,
con el propósito de contribuir a las necesarias e inaplazables transformaciones
en el sistema de dirección y gestión, donde deberán primar la racionalidad
económica, la eficiencia y la competitividad, que de no implementarse en el más
breve plazo resultara imposible alcanzar los objetivos estratégicos aprobados
para el 2030.
En estas medidas se mantiene la concepción
centralizada del rol de la empresa estatal agropecuaria como eje central de la
gestión, por cuya recuperación se apuesta, aun cuando las 4/5 partes de la
producción se realiza por actores no estatales, aunque se esbozan algunas
intenciones descentralizadoras.
Algunas reflexiones finales sobre el modelo de gestión y la soberanía
alimentaria
Hoy el sector campesino, CCS y productores
individuales aportan más del 60 % de las producciones de alimentos y poseen no
más del 30 % de la superficie agrícola del país, con un limitado respaldo
logístico, con excepción de la papa, en comparación con el sector estatal y las
cooperativas más socializadas (UBPC y CPA).
Solo a modo de ejemplo de la importancia
del sentido de pertenencia, de la real y efectiva propiedad: en el caso de la
ganadería vacuna, principal patrimonio de la agricultura cubana desde la época
colonial hasta el presente, tienen la mayor participación en la tenencia de
ganado y en la producción sin que se haya dirigido una política por parte del
Estado con el propósito de propiciar este resultado, sino tal vez todo lo
contrario a la aplicación de estímulos económicos, dado que los nuevos precios
de acopio de la leche (7,00, 9,00 y ahora 20,00 PS/litro) se han aplicado a
partir del 2020. Los precios de la carne, ídem. En tanto los precios de los
insumos se incrementaron a niveles proporcionalmente superiores, hasta fecha
reciente en que se redujeron algunos renglones.
Una lectura adicional de estos resultados indica que en la perspectiva, si realmente se pretende sacar el sector agropecuario del “fondo del pozo” hay que apostar por la verdadera y máxima autonomía de los actores, incluyendo a las demás eslabones de las cadenas productivas, descentralizando hacia los municipios la responsabilidad de alcanzar la tan ansiada soberanía alimentaria a partir de los recursos endógenos, meta válida para la mayor parte de los municipios del país.
Las funciones del MINAG deben desplazarse
desde la administración centralizada, al diseño de políticas que apoyen y
estimulen el desempeño de la agricultura desde la base, en función de la
seguridad y soberanía alimentaria.
Que cada municipio con potencialidades y
activos agropecuarios suficientes asuma su propia responsabilidad con estos
propósitos En aquellos municipios que no cuenten con recursos suficientes
(urbanos y/o rurales) correspondería a las instancias provinciales lograr el
balance a partir de los excedentes provenientes de otros municipios, salvo en
el caso de los municipios capitalinos cuya solución deberá ser objeto de
atención institucionalmente a nivel nacional.
Tampoco puede pretenderse que la
agricultura cubana sea autofinanciada en su totalidad a partir de sus ingresos
en divisas tal como aconteció en el pasado siglo cuando las exportaciones de
azúcar a la URSS aportaban un superávit que permitía financiar las
importaciones de alimentos y el respaldo logístico de la producción nacional.
En el presente el aporte por exportaciones
se circunscribe a las ventas de tabaco como principal fuente de ingresos,
productos apícolas, algunos posibles renglones de frutales y otros; así como
las ventas al turismo y ZEDM, equivalente a exportaciones on shore. En la
perspectiva la principal fuente de ingresos se focaliza en la sustitución de
importaciones, sobre todo en las producciones que tributan a los balances
nacionales.
Por último no puede obviarse que en el mundo la agricultura es objeto de protección estatal a través de cuantiosos subsidios, precios y políticas fiscales, principalmente en los países desarrollados, muchos de los cuales son exportadores netos, como los EUA, algunos países europeos e incluso países de nuestra región.
[1] Periódico Revolución
(26/3/1962) Junta Nacional de Abastecimientos.
Estimados compañeros, amigos y colegas:
Hoy tengo el gusto de trasladar a Uds. un magnífico trabajo del Lic. Pablo Alberto Fernández Dominguez.
Rápidamente: nos conocimos y fuimos fraternales amigos hace 69 años, siendo ambos estudiantes del Inst. de Segunda Enseñanza de la Víbora; éste se formó como Economista, trabajó 45 años en JUCEPLAN (hoy MEP); allí volvimos a coincidir en los años 70, él se destacó convirtiéndose en un gran especialista en temas relacionados con la Agricultura y sin dejar su Organismo Central, fue un tiempo Asesor del MINAG; nos representó en la ANEC del Organismo y a nivel de la Asociación; conferencista, siempre que se necesitó de su experiencia y aporte, ha sido una gran carrera y un curricular mucho más amplio que le acredita.
Hoy Pablo se pronuncia esta vez mediante el trabajo adjunto como ... "Algunas reflexiones a propósito de los sesenta años de la instauración del sistema de distribución normada de alimentos, la seguridad y soberanía alimentaria".
Invito ver el adjunto, dejando a Uds. "sacar sus propias conclusiones".
Modestamente, las mías:
1) Dejemos en manos de los campesinos -sin ataduras, sin burocratismo e interferencias- la solución alimentaria del País. No podemos ver la Agricultura con la óptica, estructura y métodos que vemos la producción Industrial;
2) Propiciemos, que sea cierta y verdadera la "Alianza Obrero Campesina" que desde principios de la Revolución fue consigna;
3) Dejemos que surjan verdaderas "Granjas Campesinas", con todo el sentido de pertenencia real que caracteriza a sus actores;
4) Facilitémosle a ellos, los medios y recursos que atenúen las diferencias entre la ciudad y el campo para que exista asentamiento en el terruño.
Cordialmente
Lic. Dionisio Andrés Soto Arado
Economista - comunicador social - fundador del BANCEC-MINCEX-MINIL - miembro fundador de la ANEC - ACCS -ACRC - Combatiente de la LC - Jubilado de la Juceplan.
E-mail: asoto@cubarte.cult.cu / asoto091037@gmail.com
/ctt.reservehouses@gmail.com/
tlf. +53 7 637 7266 (CTT)/ +53 7 637 7103 / MÓVIL: 53 5 293 8721
Excelente artículo
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