BERKELEY – Catherine Rampell de The Washington Post recientemente recordó que cuando el presidente norteamericano, Donald Trump, llevó a cabo una sesión para ejecutivos y representantes sindicales de Harley-Davidson en la Casa Blanca en febrero de 2017, les agradeció “por fabricar cosas en Estados Unidos”. Trump luego predijo que la icónica compañía de motocicletas norteamericana se expandiría bajo su mandato. “Sé que a vuestro negocio hoy le está yendo muy bien”, observó, “y existe un fuerte espíritu hoy en el país de que no les estaba yendo tan bien en los últimos meses como les está yendo hoy”.
Cómo pueden cambiar las cosas en un año. Harley-Davidson hace poco anunció que trasladaría parte de sus operaciones a jurisdicciones que no se vean afectadas por las medidas que adoptó la Unión Europea en represalia por los aranceles de Trump al acero y al aluminio importados. Trump entonces recurrió a Twitter para decir que estaba “sorprendido de que Harley-Davidson, entre todas las empresas, fuera la primera en agitar la bandera blanca”. Luego hizo una promesa imposible de cumplir: “… en definitiva no pagarán aranceles si venden en la UE”.
Más tarde, en un tuit posterior, Trump declaró, erróneamente, que “a principios de este año Harley-Davidson dijo que trasladarían gran parte de sus operaciones de planta en Kansas City a Tailandia” y que “estaban simplemente utilizando los aranceles y la guerra comercial como excusa”. En verdad, cuando la compañía anunció el cierre de su planta en Kansas City, Misuri, dijo que trasladaría esas operaciones a York, Pennsylvania. Como sea, el argumento de Trump carece de sentido. Si las empresas están tomando medidas en anticipación a su propio anuncio de que está lanzando una guerra comercial, entonces su guerra comercial no es sólo una excusa.
En otro tuit, Trump recurrió a las amenazas y advirtió que “Harley debe saber que no podrá volver a vender en Estados Unidos sin pagar un impuesto enorme”. Pero, una vez más, no tiene sentido: el objetivo de que Harley-Davidson esté trasladando parte de su producción a países que no están afectados por los aranceles de la UE es venderles motocicletas libres de aranceles a los europeos.
En un último tuit, Trump decretó que “una Harley-Davidson nunca debería ser construida en otro país. ¡Nunca!”. Luego pasó a prometer la destrucción de la compañía y, así, los empleos de sus trabajadores: “Si se van, escúchenme bien, será el comienzo del fin –¡Se rindieron, se dieron por vencidos! ¡El aura habrá desaparecido y tendrán que pagar impuestos como nunca antes!”
No hace falta aclarar que nada de esto es normal. Las declaraciones de Trump exudan desprecio por el régimen de derecho. Y ninguna está a la altura de algo que se pudiera llamar política comercial, mucho menos gobernancia. Es como si hubiéramos regresado a los días de Enrique VIII, un monarca impulsivo y trastornado que estaba rodeado de una pandilla de plutócratas, lamebotas y aduladores, que intentaban progresar en sus carreras manteniendo al mismo tiempo a flote al barco del estado.
Trump es claramente incapaz de ejecutar de buena fe las obligaciones inherentes a su cargo. La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos ya deberían haberle hecho un juicio político y removido de la presidencia –por violaciones de la cláusula de compensaciones de la Constitución de Estados Unidos, cuando menos-. Y el vicepresidente Mike Pence hace mucho que debería haber invocado la Enmienda 25, que establece la destitución de un presidente a quien una mayoría del gabinete ha calificado como “incapaz para cumplir con los poderes y las obligaciones de su cargo”.
Sin embargo, ni el vocero de la Cámara, Paul Ryan, ni el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ni Pence se han atrevido a hacer algo respecto del ataque a la democracia norteamericana por parte de Trump. Los republicanos están paralizados por el miedo de que si enfrentan a Trump, que hoy cuenta con el apoyo de aproximadamente el 90% de la base partidaria, no les irá para nada bien en la elección parlamentaria de mitad de mandato en noviembre.
Es lindo pensar que la elección arreglará todo. Pero, como mínimo, el Partido Demócrata necesita una ventaja de seis puntos porcentuales para recuperar la Cámara de Representantes, debido a la manipulación republicana de los distritos parlamentarios. Los demócratas también tienen que superar un efecto de manipulación en el Senado. Hoy por hoy, los 49 senadores en la bancada de los demócratas representan a 181 millones de personas, mientras que los 51 senadores en la bancada de los republicanos representan sólo a 142 millones de personas.
Es más, Estados Unidos se caracteriza por la baja participación de los votantes en las elecciones de mitad de mandato, lo que tiende a afectar las perspectivas de los candidatos demócratas. Y Trump y los republicanos del Congreso han venido piloteando una economía relativamente fuerte, que heredaron del ex presidente Barack Obama, pero les gusta decir que esto es mérito propio.
Finalmente, no debemos descontar el factor miedo. Infinidad de norteamericanos suelen ser víctimas de campañas publicitarias en las redes sociales y en el cable que apelan a sus peores instintos. Podemos estar seguros de que en este ciclo electoral, como en el pasado, los votantes blancos de más edad recibirán una dieta constante de grandilocuencia sobre la amenaza planteada por los inmigrantes, la gente de color, los musulmanes y otros cucos para los votantes de Trump (es decir, cuando no les están vendiendo falsas curas para la diabetes y fondos de oro sobrevalorados).
Más allá de lo que suceda en noviembre, ya es evidente que el siglo norteamericano terminó el 8 de noviembre de 2016. Aquel día, Estados Unidos dejó de ser la principal superpotencia del mundo –el garante, con defectos pero, en definitiva, bienintencionado, de la paz, la prosperidad y los derechos humanos en todo el mundo-. Los días de hegemonía kindlebergiana de Estados Unidos hoy quedaron atrás. La credibilidad que se ha perdido a mano de los partidarios de Trump –instigados por Rusia y el Colegio Electoral de Estados Unidos- nunca se podrá recuperar.
J. BRADFORD DELONG is Professor of Economics at the University of California at Berkeley and a research associate at the National Bureau of Economic Research. He was Deputy Assistant US Treasury Secretary during the Clinton Administration, where he was heavily involved in budget and trade negotiations. His role in designing the bailout of Mexico during the 1994 peso crisis placed him at the forefront of Latin America’s transformation into a region of open economies, and cemented his stature as a leading voice in economic-policy debates.
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