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Personas que viven en condiciones de vulnerabilidad tienen en el otorgamiento de subsidios la vía para mejorar sus condiciones habitacionales. No pocos tropiezos en su ejecución enfrenta el más humano de los programas de la vivienda en territorios como Santiago de Cuba e Isla de la Juventud
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La Dirección de la Vivienda entrega recursos a los subsidiados a pie de obra. Autor: Roberto Díaz Martorell Publicado: 14/08/2021 | 07:20 pm
CUBA tiene en el otorgamiento de subsidios a personas vulnerables una de sus más evidentes expresiones humanistas para ayudar a quienes disponen de poca solvencia económica, son afectados por eventos meteorológicos o deciden tener familias numerosas.
Gracias a ese programa, diseñado desde la sensibilidad, desde enero hasta mayo de este año se solucionaron 2 867 afectaciones en viviendas en Cuba, según datos oficiales publicados en la prensa nacional.
Camagüey, Holguín y Villa Clara son las que más avanzan, pero aún cerca de 12 000 personas con subsidios aprobados y dinero en mano no consiguen terminar su célula básica habitacional (CBH). JR se acerca a esa realidad desde Santiago de Cuba e Isla de la Juventud.
Historias comunes
El santiaguero Juan Írsula Rosario es feliz mientras da los toques finales a su casita. Este octogenario vio cómo el huracán Sandy (2012) reducía a un montón de tablas su vivienda en el poblado de Boniato, y cuatro años más tarde se le otorgó un subsidio de casi 90 000 pesos para levantar una habitación, una sala amplia, un baño y una cocina de mampostería. «Nuevecitas y confortables», las describe.
«Desde 2012 hasta 2016 viví agregado —relata—. Después de que me dieron el dinero tuve la suerte de contar con un excelente albañil del barrio, serio, que trabaja con calidad. Siempre me mantuve al tanto de los materiales, y con la ayuda de las técnicas de Vivienda y del puesto de dirección (PD) que tiene cada consejo popular para atender esos temas, terminé sin problemas».
Una historia bien diferente es la de su coterránea Silvia Rojas Pérez, antigua trabajadora de la Empresa de Calzado, quien lleva más de diez años viviendo en condiciones de extrema precariedad, a pesar de que desde 2012 tiene aprobado un subsidio para mejorar su situación habitacional.
«Aunque te den el dinero, mi’jita, para mí sola es muy molesto construir», refiere con amargura. Por eso lo primero que recuerda es aquella brigada de cuentapropistas que se ofreció para levantar su CBH y terminaron estafándola. Por esas personas inescrupulosas perdió 45 000 pesos, casi la mitad del dinero otorgado.
A sus 95 años, Silvia siente que nunca verá su casa terminada, a pesar de que los factores de la comunidad unen fuerzas para apoyarla y el Gobierno prioriza su caso, como ratifica Griselia Duany Borrero, jefa del PD de su consejo popular.
«La historia de Silvia —detalla Duany— demuestra la importancia del acompañamiento que en todo momento necesitan estas personas vulnerables. Ella no tenía ningún familiar que la representara aquí, pero aun así decidimos que no le íbamos a cancelar el subsidio. El PD, con el delegado y los factores de la comunidad, asumimos la ejecución de su obra.
«Ya se acondicionó una habitación para mudarla, pues vivía en un pedacito donde se mojaba. Ahora nos limita la falta de algunos recursos, pero llevaremos de la mano su caso hasta que terminemos», expresó.
Transcurrido un año, todavía la vivienda de Edilda está a punto de cerramento. Fotos: Roberto Díaz Martorell
En Isla de la Juventud, Edilda Oro García también padeció los embates de un fenómeno natural (Gustav, 2008) y todavía vive en una facilidad temporal, en espera de que se termine su CBH con todas las condiciones «para sentirme más segura», dijo.
El subsidio fue aprobado en mayo de 2020, pero no apareció en el listado cuando fue a recoger la licencia. Esperó hasta septiembre otra convocatoria, y a casi un año de esa gestión su casa está a la altura de cerramento.
Tania Cárdenas Alonso se beneficiará en breve con la entrega de su CBH. Ella residía en una casa con serio peligro de derrumbe en el consejo popular Juan Delio Chacón.
«En agosto de 2020 comenzaron a levantar mi nueva casa y ya está casi terminada», explicó esta pinera embarazada y con un niño pequeño.
Atención necesaria
Estas historias ilustran la diversidad, complejidad y humanismo de un programa cuyo resultado depende de trabas objetivas y subjetivas, como apuntara el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, en reciente visita a ambos territorios, en las que se refirió a la urgencia de dar miradas más precisas sobre las potencialidades reales en cada localidad para construir con recursos propios.
Según datos aportados por la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV) en Santiago de Cuba, desde finales de 2010 se han aprobado 19 783 subsidios a personas naturales, de 47 018 solicitudes radicadas en sus oficinas.
Esa cifra —entre las más altas del país— incluye los cuatro tipos de acciones del programa: CBH de obra nueva, CBH de rehabilitación, y reparaciones mayores y menores. Del total aprobado ya se terminó el 81,5 por ciento, y aunque la cifra puede considerarse alta, no satisface las necesidades de un territorio donde el programa comenzó a mostrar sus potencialidades justo tras el azote de Sandy, que afectó el 50 por ciento del fondo habitacional.
Así lo enfoca la ingeniera Mariana Denis Rojas, directora de Vivienda en Santiago de Cuba. «El programa de subsidios se convirtió en una vía para atender a los damnificados más vulnerables, sobre todo en municipios como Palma Soriano, Contramaestre y Santiago de Cuba, con los mayores números».
Al otro lado del país, en Isla de la Juventud, su homólogo Roberto Fernández refirió que para el año en curso el plan constructivo general es de 311 viviendas: 95 con el Estado, 164 por esfuerzo propio y 52 por subsidios.
La especialista que atiende Subsidios en Isla de la Juventud explica los detalles del nuevo financiamiento a los beneficiados. Fotos: Roberto Díaz Martorell
«Al cierre del primer semestre el cumplimiento está muy por debajo de lo planificado, solo al 27 por ciento. La entrada de recursos es muy limitada, aunque no ha sido el motivo fundamental del atraso. Hoy se avanza en las obras civiles. La meta es adelantar mensualmente las que están en desarrollo y culminación».
Vianuska Puebla Pérez, jefa del departamento de Subsidios en la Dirección de Vivienda del Municipio Especial, informó que de los 80 subsidios activos, nueve están sin iniciar y el resto se encuentra en distintos niveles de avance.
Pero esos incumplimientos no son exclusivos de la tierra pinera. También la ingeniera santiaguera Denis Rojas asegura que no están conformes con lo logrado, pues todavía quedan pendientes 984 CBH nuevas: «Y tenemos siete de 2014 que no se han terminado y algunas de otros años en larga ejecución.
«Podemos hacer mucho más por los subsidiados, que necesitan una atención diferenciada; en especial del técnico de la Vivienda, que por ley tiene que visitarlo todos los meses y a veces no va; y del arquitecto de la comunidad, que debe hacer sus controles de autor y eso tampoco se materializa como debiera… Esas son deficiencias que tenemos que resolver».
Con ella coincide Gilberto Romero Saunder, coordinador de Programas de la Construcción del Gobierno santiaguero: «Cometimos errores en la aplicación de esta política. El subsidiado, además de tener baja solvencia económica, muchas veces tiene problemas sociales y de salud. De ahí que sea preciso acompañarlo, conducirlo, guiarlo… Ha faltado ese acompañamiento. Por eso ha habido casos que al contratar a la fuerza de trabajo los estafaron; otros vendieron los recursos, violaron el proyecto, se excedieron en lo que tenían que hacer, emplearon mal los materiales, se acabó el presupuesto y ahora no pueden terminar… En fin, una gama de situaciones que solo pueden encauzarse exitosamente si hay acompañamiento efectivo de todos los que deben velar por que el subsidiado ejecute las acciones aprobadas en el tiempo previsto».
Mairobis Benítez Quiala, técnica que atiende a los subsidios de Sierra Caballos, en Isla de la Juventud, alega que ellos no están al ciento por ciento en las obras porque atienden varios consejos populares y no dan abasto para controlar como debieran.
«La calidad se controla cuando vamos a pie de obra. Evaluamos el avance y señalamos los errores o chapucerías que deben arreglarse. Cada subsidiado tiene contrato con un cuentapropista. Algunos coinciden y otros no, pero son ellos (los subsidiados) quienes deciden cambiar el constructor por mora o mala calidad», asevera.
Soluciones a la insolvencia
A pesar del largo trecho que resta para una respuesta efectiva, Santiago exhibe su fórmula en la ejecución de este programa, que apuesta por el apoyo solidario como mejor recurso contra la insolvencia.
El acompañamiento, concepto promovido por la máxima dirección del Partido y el Gobierno en Santiago, tiene su núcleo en los PD, estructura creada por los Consejos de la Administración municipales en cada consejo popular para el seguimiento a damnificados por el huracán Sandy, que ha ampliado su espectro de atención a todos los subprogramas de la política de la Vivienda.
«La experiencia de los PD permitió avanzar en el programa porque visualizan una atención directa a cada subsidiado; allí tributan el técnico de la Vivienda, otros especialistas y factores de la comunidad. De ahí el 81,5 por ciento de solicitudes terminadas», reveló la Directora de Vivienda.
Otra idea es el apadrinamiento de entidades estatales y la comunidad. En un inicio incluía solo el respaldo para la transportación de materiales (una de las mayores dificultades ante la inestabilidad en su llegada). Hoy se amplía hasta la asignación de fuerza de trabajo y la construcción misma.
En consideración de la directiva, aunque los gobiernos municipales han ido encaminándose, «todavía debemos trabajar para lograr apoyo de la comunidad y apadrinamiento con empresas constructoras —la norma estipula que el subsidiado puede contratar a una persona jurídica—. Hay muchas iniciativas en los municipios de Santiago y Tercer Frente, pero con un mayor apoyo ya hubiésemos terminado ese 20 por ciento».
En tanto, en Isla de la Juventud, Puebla Pérez asegura que ya se aprobó la actualización del financiamiento para 19 subsidiados a partir de los nuevos acuerdos del Consejo de Ministros y las resoluciones de los ministerios de la Construcción y de Finanzas y Precios, atemperados al escenario de la unificación monetaria y cambiaria.
En el momento de la entrevista, la especialista entregaba la cubierta ligera a ocho subsidiados de CBH y aseguraba la asignación de 250 bloques, «para que puedan levantar y darle caída al cerramento y les quede con calidad», explicó.
Los acuerdos de mayo, publicados en la Gaceta Oficial número 57, tienen en cuenta las modificaciones monetarias en la actualización del reglamento para otorgar subsidios a personas naturales interesadas en realizar acciones constructivas en su hogar, y renuevan los procedimientos para la evaluación de la solvencia económica de los núcleos y los precios minoristas del Comercio Interior y del sistema presupuestado de la construcción.
El texto especifica que para la fabricación de una CBH de 25 metros cuadrados el monto es de 188 560 pesos, con sumas fijadas para las distintas actividades: compra de materiales, pagos por mano de obra, transportación, documentación… Establece también la ampliación de la política de asignación de viviendas a madres con varios hijos y la ayuda a parejas que desean procrear.
En ese contexto, mucho puede avanzarse desde la iniciativa y el aprovechamiento de las potencialidades locales. Danay Vega Andarsio, integrante del Consejo de la Administración Municipal pinero anunció la posibilidad de ofrecer a los subsidiados un módulo de 30 metros cuadrados y diez de enchapado de baño, más la meseta de cocina con revestimiento, todo del mármol que se produce en el territorio.
«Con esta solución local no solo se elimina el traslado de esos recursos desde La Habana, sino que damos la oportunidad a la Empresa del Mármol para vincularse con las necesidades del programa y se ahorra también acero, cemento y tiempo».
En el santiaguero poblado de Boniato, el excombatiente Juan Írsula está feliz de haber podido terminar su vivienda. Foto: Odalis Riquenes Cutiño
Desde el poblado de Boniato, el excombatiente Juan Írsula insiste en advertir que todo el que sube hasta su morada, un perfecto mirador en la cima de una colina, elogia la construcción. «Estoy contento y agradecido», dice con un regocijo que ni el nasobuco puede ocultar, mientras invita a recorrerla.
Desde Isla de la Juventud, Edilda reconoce que el programa es muy bueno: «Es un dinero que ninguno de nosotros teníamos. De hecho, con mi salario jamás hubiera podido hacer una casa como esta. Y sola, menos».
Tania se siente estimulada por el confort y calidad de la casa, que consta de portal, sala, cocina-comedor, baño, una habitación y cubierta rígida. Luego podrá ampliar, si lo desea.
De cara al futuro
Los subsidios no terminados en la provincia santiaguera están incluidos en el ambicioso plan de 5 331 viviendas previstas para 2021: «Al igual que en 2020, este primer semestre se afectó por la inestabilidad en el suministro de cemento, tanto para el plan estatal como para los subsidios; y recursos como el acero o los cables eléctricos, que no son de producción local, limitan las terminaciones», detalló la ingeniera Denis.
Según la Dirección de la Vivienda pinera, hasta la fecha no tienen establecido abrir nuevas convocatorias para la solicitud de subsidios este año. Ahora se actualiza el financiamiento para los 80 ya registrados, pues el monto para la documentación, transportación y mano de obra eleva hasta tres veces su valor, lo cual obliga a rescribir cada contrato. «En eso estamos concentrados ahora», acotaron los especialistas.
Los logros y tropiezos del otorgamiento de subsidios en la Isla y Santiago son solo dos botones de una sensible muestra. ¿Cómo se desarrolla el proceso en otros territorios? JR compartirá detalles en la segunda parte de este reporta
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Tras la publicación de la primera parte de este reportaje, varias personas contactaron con JR para expresar dudas por los «muros fracturados» que entorpecen el buen desempeño de un programa que estimula a construir o reparar viviendas con subsidio estatal, implementado desde 2012 y reajustado al escenario de la Tarea Ordenamiento en mayo pasado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. (Acuerdo 9072/21)
Sostener esa política no solo demanda una incuestionable voluntad gubernamental, financiamiento y recursos, sino también mucho compromiso para eliminar trabas, no siempre objetivas, que impiden reducir el déficit habitacional.
Varios lectores decían no tener claro a quién beneficia la ayuda para construir una célula básica habitacional (CBH) o qué diferencia a la nueva norma de la modificada en 2017. Otros se quejaban de falta de ética de algunos funcionarios, del poco tiempo para culminar la obra y de la complejidad de los pasos en un programa pensado para personas con poca comprensión de términos técnicos y legales.
Con esas inquietudes dialogamos con especialistas vinculados con el tema en Camagüey y la capital, quienes aseguran que el citado acuerdo toma en cuenta demandas surgidas en casi una década de vigencia del programa, además de elevar el monto cedido a las familias, no solo para contratar mano de obra y pagar los materiales y su transportación, sino también para cubrir los gastos por toda la documentación técnica que exige el proceso.
Historias inconclusas
Un sondeo realizado entre junio y julio en la cabecera provincial de Camagüey y los municipios de Esmeralda, Florida y Guáimaro reafirma la necesidad de transformar y atemperar este programa nacional en cada territorio.
En el poblado rural de El Jiquí (Esmeralda) vive Magalis Santovenia López, de 65 años, a quien el ciclón Irma dejó sin casa en 2017, por lo que el Consejo de Administración Municipal (CAM) decidió otorgarle un subsidio: «Me dieron casi 90 000 pesos y desde entonces estoy construyendo. Aún faltan algunos detallitos para concluir», dijo mientras mostraba su vivienda de 25 metros cuadrados.
En similar situación se encuentra Isela González, del reparto esmeraldense 8 de Octubre, quien recibió en 2018 la noticia de ser una de las beneficiadas: «Si no fuera por la demora de los materiales ya hubiera terminado. Falta el herraje del baño, las puertas y elementos eléctricos e hidráulicos».
En el mismo reparto vive Yanisleydi Rodríguez de la Cruz, joven madre con tres hijos, para quien las cosas no han marchado bien. Ya consumió todo el material y aun así la calidad del repello no es la mejor: «Como no sé nada de construcción, lo dejé todo en manos del albañil», expresó angustiada tras más de tres años de contrariedades.
Aleida Valdés Durán, de 58 años, vecina de la cooperativa Abel Santamaría, también en Florida, señaló que la demora de los materiales y su dispersión en varios puntos de venta atrasan: «Tuve que esperar 11 meses para iniciar. Ahora espero los bombillos y otros detalles para mudarme».
Su coterránea Lisandra Alfaro González, de 35 años y representante de su papá (que es el beneficiario, pero no puede encargarse personalmente), opina que se impone revisar la lista de materiales para que se ajusten a cada proyecto: «Mi casa requiere arena de resistencia y no está incluida en el módulo».
Martha Elena Vargas Vargas, de 81 años, opina: «Estoy agradecida por ver mi casita casi lista, pero creo que hay que mejorar el tiempo de los trámites. Me pasé más de un año para tenerlos en orden. También hacen falta albañiles confiables, alguien que no te robe y les puedas exigir hasta en los tribunales», propuso a partir de su experiencia. «Los constructores deben ser personas de buena trayectoria u obreros de entidades estatales, alguien que nos permita sentir tranquilidad, porque estamos muy viejos para estos problemas».
¿Uno para todo?
El programa de subsidios se concibió para avanzar por esfuerzo propio, pero en las visitas de comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular se confirma que muchos de los beneficiados que no cumplen los plazos no tenían conocimiento o condiciones físicas para asumir la obra y están a merced del albañil.
Esos casos requieren más atención de los técnicos integrales de Vivienda (TIV) a cargo de dar seguimiento sistemático al proceso y aclarar dudas. Pero todo no puede quedar en sus manos: «Diariamente surgen problemas a pie de obra que no son solo responsabilidad de quienes debemos controlar, sino también del subsidiado, y algunos no cuidan bien sus recursos materiales», apunta Naima Vázquez Otero, subdirectora técnica de Vivienda en Esmeralda.
El ingeniero civil Nelson García Pérez, TIV en la localidad de Florida, explica que está previsto tener un técnico en cada consejo popular para atender a cientos de familias con problemáticas diferentes. «Se impone analizar si esa plantilla responde a este gran encargo social», asegura.
Camagüey tiene 120 TIV y cien consejos populares con 871 circunscripciones, más otras 15 muy distantes. Y no solo trabajan con las CBH: deben velar por la calidad y control de recursos en obras del plan estatal de construcción de viviendas, las del plan de afectaciones meteorológicas y las de la Política demográfica, puntualiza Kirenia Peralta Díaz, directora de Vivienda en Esmeralda.
Su homólogo en Florida, Yosvany Hernández Acevedo, comenta: «Esta política de las CBH ha crecido como ninguna otra. Al inicio en esta ciudad se otorgaban entren diez y 15 al año. Ahora llegamos hasta 200, y seguimos con los mismos profesionales de cuando surgió la estrategia».
También en La Habana hay TIV que atienden más de un consejo popular porque no tienen completa la plantilla, reconoce el licenciado Elder Nápoles Ávila, jefe del Grupo de trámites y subsidios de la Dirección Provincial de la Vivienda en la capital. Esta ciudad contabilizaba hasta diciembre de 2020 unos 9 252 subsidios entregados sin terminación de la obra, mil de ellos de CBH, distribuidos en todos los municipios.
De cara al futuro, toca a los consejos de la administración municipal (CAM) ser más rigurosos al elegir los núcleos a favorecer y pensar alternativas para velar por los más vulnerables, no solo en el sentido económico; pero ahora hay que cerrar esos casos pendientes en el más breve plazo antes de destinar fondos a nuevas ayudas.
Ese es el propósito de la disposición especial única del acuerdo 9072/21: limpiar los listados de las obras aún en distintas fases constructivas o por empezar. Por eso este año no se adjudicarán nuevos subsidios, sino que se visitan todos los pendientes para recalcular cuánto más necesitan en función de lo que les falta por hacer, y recabar el compromiso de sellar la obra en el menor plazo posible.
La esmeraldense Isela González afirma: "Si no fuera por la demora de los materiales hubiera terminado hace rato".FOTO: Yahily Hernández Porto.
De principio a fin
Es innegable que de 2012 a la fecha las carreras para el papeleo se han simplificado, en lo cual influyen, al menos en La Habana, las 17 oficinas de trámites, donde confluyen TIV, arquitectos de la comunidad, juristas y técnicos de las direcciones municipales de Planificación Física (DMPF).
Pero hay pasos que no deben obviarse antes de iniciar la obra, como ha sucedido: obtener el Derecho perpetuo de superficie (para quienes construyen en terreno estatal), ajustarse a regulaciones urbanísticas y sacar licencia de construcción, una vez que se apruebe el proyecto.
Las DMPF también demandan más personal para agilizar la elaboración y entrega de documentación. José Julio Soler Espinosa, especialista en el Área de Inversión y Trámites de esa entidad en Camagüey, tiene cerca de 20 años en ese sector y es consciente de las quejas de la población por las demoras… y de los esfuerzos para minimizarlas.
Por ley, la persona subsidiada es responsable de solicitar y tramitar todo en la sede de esa entidad, pero en Camagüey se decidió implementar un método más acorde con las características de la población beneficiada: desde hace más de un año se visitan todos los casos, por muy distantes que estén, para orientar los pormenores de cada trámite.
Para la joven ingeniera Yadira Martínez Torres, jefa del Departamento de Inversiones y Trámites, reducir la cantidad de CBH ya terminadas sin Licencia sanitaria (certificado de habitable), demanda mayor esfuerzo colectivo: «No está reglamentada la visita, pero no podemos seguir pasivos si queremos reducir la cifra: 157 al cierre de julio».
Leonel del Risco Franco, director de Planificación Física en Camagüey, aseguró a JR que se trabaja para facilitar trámites a toda la población, no solo a beneficiados con una CBH, pero es necesario valorar cuánta fuerza de trabajo se requeriría para responder a ese propósito: la provincia tiene 494 asentamientos humanos y, como nunca antes, la gente está interesada en legalizar sus viviendas. Llegar a todos implicaría una nueva estructura.
«Este es un tema que se debe revisar en todo el país. Se requiere de un técnico nuestro por consejo popular que garantice celeridad y calidad en el seguimiento de casos». Un reciente diagnóstico corroboró que solo existe esa representación en 48 consejos populares.
En el municipio de Florida, Aleida Valdés Durán señaló que la dispersión en múltiples puntos de venta atrasa la construcción.
Futuro sostenible
Otro asunto preocupante es el plazo para terminar la obra. Antes era de 18 meses y la nueva norma lo reduce a seis para los nuevos subsidios a entregar. En el informe del Programa Nacional de la Vivienda con cierre de mayo último queda claro que todas las provincias incumplen su plan de construcción de CBH. Un acercamiento a ese complejo escenario lo ofrece Nadiezda Guerra Avello, directora de Vivienda en Camagüey.
«No todas las personas a las que se aprueba un subsidio llegan con el terreno identificado y la documentación necesaria, incluida la licencia de construcción. En ese proceso interviene el factor económico: los documentos se pagan en el banco, y si hablamos de personas de bajos ingresos, no tienen capacidad económica ni para legalizar el terreno que ocupan o adquirir uno nuevo. Ahí inicia el cuello de botella».
Parte de los beneficiados tienen que gestionar en la DMPF una parcela para levantar su vivienda, acuerdo que también depende del CAM. Cuando se les aprueba el subsidio, el valor de ese terreno está incluido, así como el pago del proyecto y la licencia constructiva.
Nápoles Ávila explica que la unidad de servicios del Arquitecto de la Comunidad tiene formalmente 30 días para entregar sus proyectos, pero está llamada a ser más ágil cuando se trata de un subsidio. Además aclara que el proyecto a pagar puede tener hasta 60 metros cuadrados, siempre que se señale el área de 25 metros cuadrados por los que empieza la acción constructiva, únicos que financia el Estado.
Esos pasos demoran, y si hay contratiempos atentan contra los seis meses de ejecución, admite la directiva agramontina. Las CBH necesitan dos meses efectivos por cada etapa constructiva: cimentación, estructura y terminación. Suponiendo que aparezca el obrero capaz de hacerlo todo y rápido, que los materiales estén disponibles en la medida en que se necesiten y el clima no tense el cronograma, levantar una casa en pocos meses es difícil, y si se les apura no hay garantía de calidad.
Por eso considera que sobre el programa gravitan disposiciones que en su momento fueron oportunas, pero deben ser revisadas para replantear estilos de trabajo que resten dígitos al incumplimiento e impacten positivamente en miles de familias.
«No hablo de ser radicales y que desaparezca el trabajador por cuenta propia (TCP), sino de involucrar a más empresas estatales. Tenemos algunas apoyando tareas constructivas, pero no son responsables directas de esa ejecución», explica Guerra Avello.
«La práctica demuestra que eso garantiza mano de obra calificada, transportación de materiales y más organización del proceso productivo. A través del sistema económico empresarial se pudiera controlar el destino de los recursos y ayudar al cumplimiento de los cronogramas de ejecución. Además, si fallan se les puede establecer reclamaciones.
«El aparato económico administrativo de la entidad estaría en la obligación de velar, de conjunto con nuestros técnicos, por la obra que se edifica, y a esos beneficios se suma que el dinero ingresa a una entidad estatal.
«Donde las empresas no puedan asumir esa demanda habrá que buscar alternativas. Tal vez sea oportuno crear, dada la apertura de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), una que agrupe a albañiles privados para transformar la dinámica constructiva en las localidades», pondera la directiva.
—¿Qué ha ocurrido con el sector privado?
—Existen contradicciones a pie de obra. Hubo que aplicar la estrategia de pagar por etapa terminada para evitar estafas y desvío de recursos. En algunos casos el beneficiado participó de esos actos irresponsables, al pagar todo por adelantado, sin ejecutarse la tarea.
«A veces un TCP era responsable de hasta diez subsidios en un territorio. Así era imposible avanzar y se afectaba la calidad, porque esta figura por lo general no posee una especialización, lo cual perjudica la calidad final. Estos albañiles en su mayoría poseen una formación empírica. Son útiles en la construcción civil, pero no en el acabado de la vivienda, por ejemplo, ni en la instalación hidráulica, sanitaria o eléctrica. Hay que acudir a otros obreros con conocimiento para la terminación», insiste la directiva.
En la capital, la mayoría de los municipios han optado por apadrinamiento del sector estatal, confirma Nápoles Ávila, y destaca el avance en Arroyo Naranjo y Regla, por ejemplo. Otros consideran que sus beneficiados pueden salir solos del bache, como Guanabacoa.
El jefe de grupo de trámites de la capital remarca la urgencia de que cada organismo haga lo que le corresponde para evitar manchas en este sensible programa. Si el banco detecta que un cuentapropista tiene demasiados contratos, es su deber alertar, y las direcciones de Trabajo pueden identificar a albañiles y obreros especializados que estén disponibles y proponerles entre sus ofertas el trabajo con los subsidiados.
Las personas que no han sido aún visitadas por el TIV de su consejo popular pueden acudir a las oficinas de trámites para actualizar su situación, confirma el entrevistado. Y si por razones justificadas un subsidiado necesita pedir prórroga, debe saber que esa es una decisión del CAM, no debe parar la obra por su cuenta.
Y enfatiza: «Quien gastó el dinero fuera de lo que estaba previsto no puede esperar que se le reponga. El Estado es benévolo, pero el beneficiado debe velar por sus intereses y actuar responsablemente».
Este programa busca estabilidad en la protección de personas vulnerables, y como los recursos que se destinan a mejorar el fondo habitacional no son infinitos, también se vela por los intereses colectivos. Por eso en los primeros 15 años de uso, las CBH no se deben vender, permutar o donar. Quien lo haga, devolverá al Estado el dinero empleado en la obra. Cuando ese freno no existía, muchas personas volvían a quedar sin vivienda y a pedir ayuda. «Como todo lo que inicia, esta política también ha tenido desaciertos que se han ido rectificando. El país no está estático y mucho menos de espaldas a las problemáticas», asegura Guerra Avello.
Puntos claves del otorgamiento de subsidios
El programa de subsidios está previsto para núcleos de bajos ingresos, protegidos o no por programas de la Asistencia Social, carentes de vivienda o necesitados de ampliar, reparar o rehabilitar la que poseen.
Se priorizan los afectados por catástrofes naturales; los que reporten obstrucciones y fugas hidrosanitarias; casos sociales críticos, y madres, padres o tutores con tres o más hijos menores de 17 años.
El Consejo de la Administración Municipal cuenta con una oficina de Atención a la Población en la que se puede pedir explicaciones y denunciar irregularidades.
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