NUEVA YORK – El huracán Harvey ha dejado en su estela vidas agobiadas y enormes daños materiales, estimados en unos 150 a 180 miles de millones de dólares. Sin embargo, la tormenta que azotó la costa de Texas durante casi una semana completa, también plantea preguntas profundas sobre el sistema económico y las políticas de Estados Unidos.
Es irónico, sin lugar a dudas, que un evento relacionado con el cambio climático haya ocurrido en un Estado que es el hogar de tantos que niegan la existencia del mismo – y donde la economía depende tan fuertemente de los combustibles fósiles que impulsan el calentamiento global. Por supuesto, ningún evento climático en particular puede ser directamente relacionado con el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. No obstante, los científicos han pronosticado que tales incrementos elevarían no sólo las temperaturas promedio, sino también la variabilidad del clima – y especialmente la aparición de eventos extremos como el huracán Harvey. Como determinó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático hace varios años, “existen pruebas de que algunas circunstancias han cambiado como resultado de influencias antropogénicas, incluyendo aumentos en las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero”. El astrofísico Adam Frank explicó sucintamente: “mayor calor significa más humedad en el aire lo que significa precipitaciones más fuertes”.
Evidentemente, Houston y Texas por su propia cuenta no hubiesen podido hacer mucho en cuanto al aumento de los gases de efecto invernadero, aunque sí hubiese sido posible que tomaran un papel más activo en cuanto a impulsar políticas climáticas fuertes. Además, las autoridades locales y estatales pudieron haberse preparado de mucha mejor manera para estos eventos, que golpean la zona con cierta frecuencia.
En lo que se refiere a la respuesta al huracán – y en cuanto a la financiación de algunas de las reparaciones posteriores – todos recurren al gobierno, tal como lo hicieron después de la crisis económica del año 2008. Una vez más, es irónico lo que ocurre en una parte del país donde las acciones de gobierno y las acciones colectiva se ven increpadas muy frecuentemente. No fue menos irónico cuando los titanes de la banca estadounidense, quienes habían predicado el evangelio neoliberal de la reducción del gobierno y la eliminación de las normativas que proscribieron algunas de sus actividades más peligrosas y antisociales, recurrieron al gobierno en su momento de necesidad.
Hay una lección obvia que aprender de tales episodios: los mercados por su propia cuenta son incapaces de proporcionar la protección que las sociedades necesitan. Cuando los mercados fallan, como suele suceder, la acción colectiva se torna en imperativa.
Y, al igual que ocurre con las crisis financieras, es necesaria una acción colectiva preventiva para mitigar el impacto del cambio climático. Esto significa garantizar que los edificios y la infraestructura estén construidos para soportar eventos extremos y que no estén ubicados en áreas que sean más vulnerables a daños severos. También significa proteger los sistemas ambientales, particularmente los humedales, que pueden desempeñar un papel importante en la absorción del impacto de las tormentas. Significa eliminar el riesgo de que un desastre natural pueda llevar a la descarga de sustancias químicas peligrosas, como sucedió en Houston. Y, significa establecer planes adecuados de respuesta, incluyendo planes para la evacuación.
Se necesitan inversiones gubernamentales eficaces y normativas fuertes para garantizar cada uno de estos resultados, independientemente de la cultura política predominante en Texas y en otros lugares. Sin una normativa adecuada, los individuos y las empresas no tienen ningún incentivo para tomar las precauciones adecuadas, porque saben que otros asumirán gran parte del costo de los eventos extremos. Sin una adecuada planificación y normativas públicas, incluyendo aquellas relativas al medio ambiente, las inundaciones serán peores. Sin una planificación para casos de desastres y una financiación adecuada, cualquier ciudad puede verse atrapada en el dilema en que Houston se encontró: si no ordena una evacuación, muchos morirán; pero, si se ordena una evacuación, las personas morirán en el caos y el tráfico enmarañado consiguiente, que evitarán que salgan las personas.
Estados Unidos y el mundo están pagando un alto precio por su devoción a una ideología extrema contra el gobierno, misma que abraza el presidente Donald Trump y el Partido Republicano. El mundo está pagando debido a que las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero de Estados Unidos son mayores que las de cualquier otro país. Incluso en la actualidad, Estados Unidos es uno de los líderes mundiales en emisiones per cápita de gases de efecto invernadero. Sin embargo, Estados Unidos, también, está pagando un alto precio: otros países, incluso los países en desarrollo pobres, como Haití y Ecuador, parecen haber aprendido (a menudo a gran costo y sólo después de algunas grandes calamidades) cómo manejar mejor los desastres naturales.
De manera posterior a la destrucción de Nueva Orleans causada por el huracán Katrina en el año 2005, el cierre de gran parte de Nueva York por el huracán Sandy en el año 2012, y ahora la devastación padecida en Texas por Harvey, Estados Unidos puede y debe actuar de mejor manera. El país cuenta con los recursos y habilidades para analizar estos eventos complejos y sus consecuencias, así como para formular e implementar normativas y programas de inversión que mitiguen los efectos perjudiciales que afectan vidas y bienes.
Lo que Estados Unidos no tiene es una visión coherente de lo que es el gobierno por parte de aquellos en la derecha del espectro político. Estos políticos trabajan a favor de grupos de intereses especiales que se benefician de sus políticas extremas, y a su vez estos políticos continúan expresando argumentos que son contradictorios entre sí. Antes de una crisis, ellos se resisten a las normativas y se oponen a la inversión y planificación por parte del gobierno; tras la crisis, demandan – y reciben – miles de millones de dólares para compensarlos por sus pérdidas, incluso por aquellas que fácilmente podrían haberse evitado.
Uno sólo puede guardar esperanzas que Estados Unidos, y otros países, no necesiten más persuasión natural antes de tomar a pecho las lecciones del huracán Harvey.
Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.
Joseph E. Stiglitz, recipient of the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 2001 and the John Bates Clark Medal in 1979, is University Professor at Columbia University, Co-Chair of the High-Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress at the OECD, and Chief Economist of the Roosevelt Institute. A former senior vice president and chief economist of the World Bank and chair of the US president’s Council of Economic Advisers under Bill Clinton, in 2000 he founded the Initiative for Policy Dialogue, a think tank on international development based at Columbia University. His most recent book is The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe.
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