Mipymes I: La mano del Estado

 Por: Ariel Terrero

Las micro, pequeñas y medianas empresas se van a disparar en Cuba en los próximos meses y, sobre todo, en el 2022. A pesar de los desafíos, amenazas y posibles frenos en un escenario cambiante, el impulso es previsible no solo porque más de un centenar hizo la solicitud en dos días, apenas activó el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) sus computadoras y teléfonos el 20 de septiembre.

El primer motivo para un buen despegue es que muchos emprendedores pueden estar locos por dejar ese refugio semántico -peligrosamente simbólico, diría Pierre Bourdieu-, para que les empiecen a llamar sin prejuicios ni eufemismos como lo que son: empresarios y empresarias -doblemente simbólico, añadiría Isabel Moya.

Desde los años 90 han actuado como tales, pese a carecer de personalidad jurídica y legitimidad política plena: en la gastronomía, el turismo, la construcción, las industrias, el transporte, la informática... Inscritos apenas como trabajadores por cuenta propia, muchos han creado marcas, logos, estrategias de marketing, códigos QR, sitios web corporativos y redes de servicios; tienen personal asalariado y clientela estatal.

Para almas emprendedoras

¿Cuántos subirán ahora de escalón, amparados por el Decreto-ley 46 del 2021? Ya nos enteraremos. Pero no deben ser pocos. Son tentadoras las ventajas crediticias que se derivan de una mejor determinación del patrimonio social de sus empresas, sin compromiso del patrimonio personal de los propietarios en caso de deudas, y la autoridad jurídica que ganan para hacer negocios -también con empresas extranjeras, por cierto. Otra buena razón para esperar una expansión rápida.

Ni siquiera creo que les frenen los resquemores por alguna rigidez en la abultada serie legislativa concebida para reordenar el trabajo por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias y las mipymes: seis decreto-leyes, un decreto, 15 resoluciones ministeriales y dos resoluciones del Banco Central de Cuba. La oreja peluda de la burocracia en que Max Weber retrató hace un siglo el apego al poder coactivo de la norma, reaparece en el Decreto-ley 44 al forzar el tránsito de un TCP a empresa para poder contratar a más de tres personas. Imposición quizás innecesaria, si el diseño político incluye ventajas que animarán por sí solas el salto de los privados con madera empresarial.

Pero estamos hablando de hombres y mujeres de negocios. Gente práctica, tercer motivo para prever que prueben fuerzas y amplíen planes, producciones y mercados. El ejercicio diletante se lo dejarán a otros. Las almas verdaderamente emprendedoras optarán por pedalear duro para escapar del nutrido pelotón cuentapropista y tomar luego la vanguardia en el no menos concurrido pelotón empresarial. Es lo que han hecho desde que los primeros salieron a la pista de la economía cubana en los años 90, cuando los obstáculos eran más empinados y la incertidumbre más desmovilizadora que hoy.

El nacimiento, o el rebautizo jurídico de estas empresas, puede ganar fluidez, además, a cuenta de los canales digitales creados para darles entrada en el Registro Mercantil a las nuevas sociedades de responsabilidad limitada.

Hacia un Estado proactivo

Después del primer salto, un segundo impulso, de previsión más atrevida, lo atisbo el próximo año a medida que queden atrás los momentos más cruentos de la pandemia y la economía cubana se enganche a la recuperación gradual del turismo y del comercio mundial. La razón para aguardar entonces empresas de nueva creación dependerá de la intensidad que mantenga la reforma económica en marcha hoy y de la fidelidad del programa a su denominación de origen: Perfeccionamiento de los actores económicos.

Las transformaciones económicas, que se han acelerado este año a escalas tangibles en medio del drama con sello Covid-19 en la producción, los servicios y el consumo, agregan abono en la disposición al riesgo de estos nuevos actores de la economía, una cualidad innata en cualquier emprendimiento empresarial.

Pero las condiciones favorables antes mencionadas son más bien de naturaleza ingénita o han surgido por lógica evolutiva. Del Estado han requerido poca mediación todavía, aunque los redactores del voluminoso paquete legislativo que entró en vigor el 20 de septiembre hayan sudado la tinta. El Estado ha intervenido básicamente para abrir las puertas y dejar pasar a las empresas privadas junto con las estatales, bajo el formato de micro, pequeñas y medianas empresas, como regula la Constitución.

Las autoridades tendrán que hacer mucho más para no ver el universo cubano de las mipymes reducido a los antecedentes inmediatos en la gestión privada. El trabajo por cuenta propia tuvo una expansión menor a la que previó y deseó en algún momento el propio gobierno. Aunque hace casi una década se habló de metas de un millón de cuentapropistas, la cifra escaló de 424 mil en 2013 a 540 mil en 2016. Desde entonces el crecimiento ha sido pálido: 618 mil en el año 2019, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). El impacto de la Covid-19 la llevó a 602 mil este año, a juzgar por datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Un giro más proactivo lo adoptó el Estado con pasos para flexibilizar las normas del cuentapropismo y crearle opciones comerciales inéditas -mercados mayoristas y la posibilidad de negociar con personas jurídicas, estatales y extranjeras, entre otras. Pero demoró. Las medidas más importantes se implementaron a partir del 2019, en vísperas de llegar el coronavirus desmovilizador. La contracción económica de la pandemia hizo mella en la iniciativa privada también.

De cualquier manera, el magro impacto que esas medidas han conseguido envía una señal sobre la necesidad de dar pasos más resueltos, sobre todo, para articular mejor a los productores privados y a las cooperativas con el resto de la economía, si las formas de gestión no estatal se han concebido como protagonistas del desarrollo y no como mero refugio de supervivencia.

Del rol pasivo de custodio que abre puertas, observa y controla, el Estado debe pasar al de calculador y creador de condiciones para el fomento de las mipymes. Tiene motivaciones para hacerlo. La que más reitera públicamente es la concepción de estas pequeñas estructuras empresariales como una importante fuente de empleo. “Lo que estamos haciendo hoy va en esa dirección, es generación de empleo, oportunidades, es construir un proyecto país con la participación de todos”, argumentó el ministro de Economía, Alejandro Gil, al presentar esta opción en la Mesa Redonda.

Potencial

Las estadísticas del mundo evidencian un potencial poco explotado en Cuba aún. A pesar de millones de puestos perdidos por la Covid-19, en los países latinoamericanos las micro, pequeñas y medianas empresas emplean al 67 por ciento de los trabajadores, de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Pero en Cuba, los trabajadores por cuenta propia apenas representan el 13 por ciento de todos los empleados y, si se suman las demás opciones no estatales -cooperativas y campesinos privados, fundamentalmente-, redondean 1,4 millones de personas, el 32 por ciento del total ocupado.

Otra razón para mirar con interés a las mipymes, abiertas en Cuba para formas estatales y privadas por igual, es el protagonismo que han ganado estas estructuras en la economía global. En la carrera por rebajar costos, las grandes empresas optan por reducir personal, mantienen líneas especializadas y cierran actividades complementarias, que subcontratan luego a terceras entidades, especializadas igualmente y de dimensiones pequeñas la mayoría de las veces. Este recurso les confiere flexibilidad para responder a las demandas del mercado, eficiencia económica y competitividad. ¿No son aspiraciones también de la reforma económica cubana en marcha?

Por conversión o simple rebautizo de trabajadores por cuenta propia, deben aparecer en breve numerosas mipymes. Alrededor de la quinta parte del personal registrado como cuentapropista está en realidad contratado por otros. Las cifras podrían multiplicarse -verdadero desafío-, si el Estado logra articular un escenario favorable para todos sus actores económicos. Quizás las mipymes, privadas y estatales, absorban entonces parte del personal que permanece subempleado en el limbo presupuestado o de la burocracia estatal y la Revolución resuelva definitivamente el viejo problema de las plantillas infladas.