La decisión de que el 1ro de enero de 2021,
fecha que marca el aniversario 62 del triunfo de la Revolución Cuba- ¡todo un
simbolismo!-, se inicie la llamada Tarea Ordenamiento monetario y cambiario,
con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por un dólar, trasluce lógica,
simbolismo y pragmatismo.
Cuando el pasado 10 de diciembre, el Presidente
de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hizo pública la medida a
través de los medios nacionales de prensa, acompañado del General de Ejército
Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista (CC
PCC), se puso de manifiesto el respaldo político del liderazgo histórico de la
Revolución a dicha decisión- también todo un simbolismo-, amén de que la misma
contara con el visto bueno del Buró Político del CC PCC, como se expresó.
Lo acordado se corresponde con la lógica del
Gobierno presidido por Díaz-Canel, desde su asunción como Primer Mandatario en
abril de 2017. En entrevista concedida a la multinacional Telesur, cuando
recién asumía la responsabilidad de ´´calzar´´ los ´´zapatos´´ de Fidel y Raúl,
expresó el ´´compromiso´´ de actuar ´´en función de lo grande y de lo pequeño,
de la estrategia, pero también del detalle´´, lo cual era parte de las
´´convicciones´´ impregnadas por ambos líderes.
En su agenda económica, el Gobierno se mueve en
la lógica de emplear instrumentos económico-financieros por mecanismos
administrativos, en aras de no administrar crisis; de ´´quitar trabas y
burocracia´´, con ´´más transparencia´´. De manera ´´que lo que se haga sea más
visible para la población.´´ Que se sepa qué ´´se está ´´haciendo, y cuáles son
las prioridades.´´
Con los pies y oídos sobre la tierra, con
obstáculos muy fuertes para la concreción de su agenda económica: bloqueo
norteamericano, deuda y falta de acceso a créditos; así como la falta de
liquidez, y no pocos factores subjetivos, el Gobierno situó en la mira del
ejecutivo sectores claves como turismo; producción de alimentos; industria
biotecnológica y farmacéutica; servicios profesionales en el exterior; sector
electroenergético y construcción.
La pandemia de la COVID-19 ralentizó aún más la
ya maltrecha economía nacional. De ahí que en junio y octubre de 2019 el
Gobierno siguió moviéndose en su lógica al aplicar, indistintamente, un
conjunto de medidas, y puso, como se dice, todos los huevos dentro de la
canasta. Al explicar a la opinión pública la toma de tales decisiones,
Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, dijo que se
trataba de ´´poner las cosas en la oportunidad que llevan.´´
Esto último evidencia también una cualidad
importante en la gestión del Gobierno: el pragmatismo, que está igualmente
presente en la decisión adoptada en la Tarea Ordenamiento monetaria y
cambiaria. El propio carácter de este último tema requiere una buena dosis de
tecnocracia, pues resulta obvio que se está en presencia de un asunto donde las
técnicas económico-financieras se hacen imprescindible.
El hecho de que se emitan alrededor de 110
normas jurídicas para implementar esta política relacionada con el ordenamiento
monetario y cambiario, habla del alcance de esta última, la cual implica un cambio
trascendente en la vida de los ciudadanos, y de todos los sectores del país.
Llevar adelante esta tarea no es cuestión de coser y cantar, y la lógica gubernamental deberá estar enfocada en la correcta aplicación de lo acordado, para evitar errores y desvaríos, que distorsionen una política que transversaliza toda la sociedad, y de que no lograr los objetivos propuestos, puede comprometer el consenso alcanzado en torno a la actualización del modelo económico-social, y peor aún, pudiera ocurrir que el dominó se tranque, en la urgente búsqueda de salidas hacia la prosperidad deseada.
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