Presupuesto del Estado cubano: incertidumbres

Jessica Domínguez Delgado • 27 de Junio, 2017

LA HABANA. El 27 de diciembre, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley 122 de Presupuesto del Estado Cubano para el año 2017. De esta manera, las decisiones fundamentales de la economía nacional, sus proyecciones de desarrollo y el respaldo financiero a la política social pasan por la mirada —a veces crítica— de los representantes populares.

Este documento de conjunto con el Decreto Ley No. 192, de la Administración Financiera del Estado, rige la actuación de las finanzas públicas.

El Presupuesto del Estado asegura el financiamiento de las actividades demandadas por la economía para el año y es la manera de garantizar bienes y servicios sociales. Por tanto, un aumento del gasto público puede ser indicador de acciones en beneficio colectivo.

Entonces, ¿cuál es el contenido de la Ley y cómo se planificó el Estado para este año?

Todos los indicadores del presupuesto se ofrecen en pesos cubanos. Sin embargo, sabemos que existe una dualidad monetaria y cambiaria que forma parte de la realidad económica del país de la que no da cuenta la Ley del Presupuesto. Es cierto que el cambio a pesos convertibles en el sector empresarial continúa a 1 CUP igual a 1 CUC, pero el país necesita divisas para el funcionamiento de las instituciones.

Por otra parte, en la explicación del Ministerio de Finanzas y Precios, del entonces anteproyecto 2017, y luego en la Ley aprobada y publicada quedan pendientes muchas nebulosas, pues no todos los indicadores están desagregados.

Para un ciudadano con conocimientos mínimos —e incluso para los especialistas— las informaciones están incompletas. De algunos aspectos solo se desglosa una parte del dinero, como es el caso de las inversiones de capital para sustituir importaciones, que tiene asignado un monto de 3 273.3 millones de pesos y solo explican 435 millones de pesos. En otras áreas ni siquiera se desagrega la información, como es el caso del subsidio a los precios minoristas. Tal parece que hay un criterio selectivo para determinar cuáles asuntos son de interés público.

Un análisis a consciencia deja más dudas que aclaraciones, por ejemplo: ¿los 1 275.4 millones para gastos financieros qué incluyen?, ¿por qué se contabilizan juntas la administración pública y la defensa?, ¿por qué los 1 054 millones de pesos de subsidios para personas de bajos ingresos con necesidad de acometer acciones constructivas en sus viviendas forma parte de la partida de administración pública y defensa?, en los acápites de educación, salud, cultura y deporte se hace referencia a todo lo que cubre el presupuesto, pero ¿cuánto se le asigna a cada elemento?, ¿qué sectores incluye la categoría “resto” en la actividad presupuestada y la categoría “otros” para referirse a las transferencias de capital? o ¿cuáles son las organizaciones y asociaciones que financia el presupuesto?

Con respecto a los ingresos también quedan vacíos. Los ingresos tributarios son los mejor explicados, incluso siendo el presupuesto un estimado, pero como ciudadana también me gustaría conocer cuáles son las instituciones que más aportan al presupuesto, cuáles son las deudoras y qué monto del PIB representa el rendimiento estatal, sobre todo por el peso de la empresa estatal socialista dentro del sistema económico cubano.

Además, a partir del análisis de la información se trasluce un elemento alarmante: para este año se planifican 45 millones de pesos para el Ministerio de la Agricultura por el tratamiento Financiero Especial a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), con el objetivo de que estas entidades amorticen pérdidas de años anteriores; 8 570 millones de pesos se utilizarán para financiar producciones alimentarias que aseguren pagos justos a las producciones nacionales que sustituyen importaciones y se destinan a la exportación; se destinarán 165 millones al reordenamiento de empresas agrícolas y avícolas; y otros 55 millones al Ministerio de Agricultura para financiar, con ingresos propios, deudas de períodos anteriores de las UBPC y las CPA. Los problemas del sector agrícola se arrastran, lo que recarga el presupuesto y no se logra una solución satisfactoria.

Lo plasmado en el documento de la Ley son números estimados, proyecciones; pero la primera mitad del 2017 casi acabó y durante medio año apenas hemos escuchado hablar de las cuentas públicas ni de la ejecución del Presupuesto del Estado. Esos datos los reserva el Ministerio de Finanzas y Precios solo para las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La economía es compleja —sus contrapesos, su terminología— pero el ejercicio del control ciudadano sobre el Estado, el ejercicio de la soberanía popular, pasa en primer lugar por tener acceso a la información. La transparencia y la claridad sobre estos temas al alcance de la mayoría —ausente— es una responsabilidad estatal.

El asunto medular no es cuál es la intención económica, ni en qué se planifica el Estado cubano el gasto público, sino cómo lo ejecuta progresivamente en diálogo con una ciudanía activa. Eso es, aún, una utopía.

Progreso Semanal/ Weekly autoriza la reproducción total o parcial de los artículos de nuestros periodistas siempre y cuando se identifique la fuente original y el autor.