Distorsiones laborales y salariales significativas
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación (ONEI, 2025f ), el empleo en Cuba cerró 2024 con señales de alarma. La tasa de participación económica fue de 49.9 %, un punto por debajo de la de 2022 (50.9 %) y muy inferior al promedio regional de 62.7 % (OIT, 2025), reflejo de que la mitad de la población de 15 años y más no trabajaba ni bus- caba empleo. Entre las causas se encuentran los estudios, la jubilación, la discapacidad, los escasos incentivos laborales y la migración. Las tasas más bajas se observaron en Hol- guín (43.7 %), Cienfuegos (48.1 %) y Las Tunas y Granma (48.5 %). La ocupación se situó en 49.1%, con una fuerte brecha de género: 61.8 % en hombres y 36.8 % en mujeres. Pre- dominaron los ocupados de 45 años o más, y el 49.9 % tenía nivel medio o superior. Los hombres se emplearon sobre todo en la agricultura (22.6 %) y las mujeres en educación (20.3 %). El sector estatal concentró al 68.5 % de los ocupados, en descenso respecto a 2022 (72.3 %), mientras el sector no estatal ascendió al 31.5 %. La informalidad afectó al 20.1 % del total, en su mayoría hombres (77.2 %), con mayor peso en el sector no estatal (cuentapropistas y contratados) y en la agricultura (24.4 %). Cuatro provincias concentraron casi la mitad de esta informalidad: La Habana (19.6 %), Santiago de Cuba (10.1 %), Holguín (8.9 %) y Camagüey (8.7 %). Aunque por debajo del promedio regional (47.6%; OIT, 2025), la informalidad en Cuba tiene rasgos propios: sus ingresos no siem- pre son más bajos y el acceso a salud y educación no depende del empleo. A diferencia de América Latina, en Cuba la informalidad es mayoritariamente masculina.
En el primer semestre de 2025 no se observó un cambio significativo en el mercado la- boral respecto a la tendencia descrita en 2024. En materia salarial, también se mantienen disparidades importantes. La brecha entre los sectores estatal y no estatal sigue siendo amplia. Según datos oficiales, el salario promedio mensual en el sector empresarial as- cendió a 7 264 CUP, mientras que en el sector presupuestado se situó en 5 860 CUP entre enero y mayo de 2025 (ONEI, 2025h). Estas cifras contrastan fuertemente con las re- muneraciones reportadas en el sector privado, particularmente en las MIPYMEs, donde estimaciones no oficiales —y no publicadas— sitúan los ingresos mensuales en torno a los 35 000 CUP. Esta segmentación refleja una creciente desconexión entre los ingre- sos del empleo formal estatal y las condiciones del mercado laboral emergente, lo cual plantea tensiones que necesitan ser corregidas en el corto plazo.
En cuanto al poder adquisitivo de los ingresos laborales, el salario medio en el sector estatal y presupuestado aumentó un 25 % en 2024 (ONEI, 2025g), igualando la inflación anual de 24.8 % (ONEI, 2024). Sin embargo, esta aparente estabilidad oculta una signi- ficativa heterogeneidad sectorial. En el sector presupuestado, los salarios crecieron un 33 % —impulsados fundamentalmente por los incrementos en salud pública (45 %) y educación (39 %) (ANPP, 2024; ONEI, 2025g)—, mientras que en el sector empresarial el alza fue de apenas 19 % (ONEI, 2025c), lo que supuso una pérdida real del ingreso medio. Dentro de este último, solo las ramas de “Construcción” (36 %) y “Suministro de electricidad, gas y agua” (32 %) lograron incrementos por encima de la inflación. Más allá del impacto directo sobre el poder de compra, estos resultados sugieren un leve reacomodo en la jerarquía salarial entre actividades. No obstante, esta actualización no debe interpretarse como una mejora sustancial: los salarios estatales y las pensio- nes han permanecido deprimidos en términos reales. El gráfico 11 muestra que entre diciembre de 2021 y mayo de 2025 los salarios crecieron aproximadamente un 75 % y las pensiones apenas un 25 %, frente a una inflación acumulada de tres dígitos en ese mismo período. En el primer semestre de 2025 se observan dos nuevas tendencias: por un lado, el salario medio del sector empresarial volvió a crecer por encima del presu- puestado, revirtiendo parcialmente la tendencia del año anterior; por otro, se anunció un incremento para las pensiones.
Gráfico 11. Crecimiento de los salarios, pensiones y precios seleccionados . Diciembre de 2021- mayo de 2025. El período base (diciembre de 2021 = 1) se selecciona para excluir el efecto anual del Ordenamiento Monetario sobre los precios en ese año. El“Cambio”se expresa en múl- tiplos (veces) e indica la variación acumulada desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2025. Las categorías se corresponden con divisiones seleccionadas del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con las siguientes equivalencias: Consumo fuera del hogar = “Restaurantes y hoteles”, Tarifas del hogar = “Servicios de la vivienda” y Alimentos = “Alimentos y bebidas no alcohó- licas”. El tipo de cambio informal se refiere a la tasa publicada por El Toque: 72 CUP/USD al 31 de diciembre de 2021 y 370 CUP/USD al 31 de mayo de 2025. Salarios representa el promedio mensual hasta abril de 2025 e incluye a los trabajadores de empresas estatales y entidades del sector presupuestado, excluyendo al sector privado. Pensiones corresponde al promedio men- sual hasta diciembre de 2024. Fuente: elaboración propia a partir de ONEI (2025). Seguridad Social. Indicadores seleccionados: enero–diciembre 2024, tabla 3. ONEI (2025). Indicadores se- leccionados del sistema empresarial y presupuestado: enero–abril 2025, tabla 6.2. ONEI (2025). Salario medio en cifras: enero–diciembre 2024, tabla 1. ONEI (2021–2025). Índices de Precios al Consumidor (IPC). El Toque. Tasa del mercado informal de divisas.
IV. PERSPECTIVA SOCIAL/ EMPLEO EQUIDAD E INCLUSIÓN
Ampliación normativa sin resultados tangibles: un semestre de contrastes sociales
El primer semestre de 2025 ha sido complejo en lo social, pese a que el gobierno des- tinó el 71% del presupuesto nacional a sectores clave como educación, salud y asis- tencia social (Paredes López, 2024). No obstante, en 2024 quedó sin ejecutar el 5 % del presupuesto previsto para políticas sociales (Fonseca Sosa y González Díaz, 2025b), lo cual refleja limitaciones en su ejecución efectiva. Uno de los factores críticos ha sido el deterioro progresivo de la infraestructura energética y la escasez de combustible, que provocó falta de transporte público, aumento del costo del transporte privado y pro- longados apagones. Estos afectan directamente el acceso al agua potable, la conserva- ción de alimentos y en general, la reproducción social de la vida.
En el ámbito normativo, se destacan avances como la aprobación del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, la Ley del Sistema Deportivo Cubano, el Perfeccionamiento de la política para la atención a personas con conducta deambulante, y servicios socia- les comunitarios como la teleasistencia, la asistencia social a domicilio y el apoyo a fa- milias que cuidan a personas con discapacidad severa e irreversible. También se creó un sistema de comisiones municipales para atender temas sensibles como salud, empleo y vivienda. Además, se aprobó un incremento a partir de septiembre en las pensiones para quienes reciben hasta 4.000 pesos mensuales por concepto de edad e invalidez, y quienes tienen pensión unificada.
Se reconoce a nivel político que la crisis económica que vive el país ha agudizado los problemas sociales (Fonseca Sosa y González Díaz, 2025d). Los indicadores sociales re- flejan retrocesos: la mortalidad infantil subió a 8,2 por cada 1.000 nacidos (frente a 7,4 en 2024), la mortalidad materna aumentó a 56,3 (Vázquez Hernández y Martínez Rivero, 2025c), y se evidenció mayor incidencia de enfermedades como tuberculosis, hepatitis A y VIH/SIDA (Vázquez y Martínez, 2025b), consideradas por estudios sobre determinan- tes sociales de la salud como indicadores de condiciones socioeconómicas adversas (León Cabrera et al., 2015), (Sosa Carabeo et al., 2025) (Sariol-Resik et al., 2022). El fondo habitacional creció solo un 0,1 %, con una demanda aún insatisfecha (Fuentes y Padrón, 2025). En abril del 2025 se observó una reducción del 5,8 % en el número total de perso- nas con empleo (Martínez y Anzardo, 2025). Aunque el salario medio mensual en el sector estatal de Cuba creció en un 15 % en comparación con el mismo mes del año 2024, se mantienen brechas entre el sector empresarial y el presupuestado, por tipo de actividad económica y entre territorios. Estas brechas no parecen estar asociadas directamente a la productividad.
Se reporta la identificación de 182 506 familias en situación de vulnerabilidad y más de 313 mil personas desvinculadas del estudio y trabajo, de las cuales aún permanecen más de 250 mil fuera de los sistemas de inserción. La profesionalización del trabajo social y el incremento de las plantillas de esta especialidad y su cobertura son dos de los procesos que pretenden apoyar la protección social para la atención a las problemáticas antes descritas.
De especial sensibilidad resultó el abordaje de la resolución que tipifica y establece el tratamiento a las personas con conducta deambulante. Un tratamiento superficial y poco empático sobre las personas en situación de calle, la pobreza y la mendicidad tuvo lugar durante el debate en Comisiones en el Parlamento. Aunque quienes participaron no expresaron disconformidad explícita ante ese juicio de valor, generó reacción popu- lar y motivó un análisis más profundo del tema en la siguiente sesión de la Comisión, que derivó en la renuncia de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social. El rechazo ciuda- dano se canalizó a través de redes sociales, lo que evidencia el poder del espacio digital como vía de presión social. Ejemplos recientes, como la protesta universitaria por el alza en los precios de ETECSA, confirman que los espacios virtuales se consolidan como me- canismos de participación popular y termómetro social.
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EN LA PRESENTE EDICIÓN
Anicia García Álvarez. Profesora titular de la Universidad de La Habana (2006). Ingeniera Economista (1979), Máster en Economía Internacional (2001) y Doctora en Ciencias Económicas (2004). Desde su trabajo en el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (1980-1998) y en el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), ha desarrollado investigaciones durante más de cuarenta años sobre el sector agroindustrial y el comercio exterior agropecuario cubano. Sus estudios han abordado la dependencia importadora de Cuba para la alimentación y la posible sustitución de importaciones, así como las trans- formaciones económicas en el sector agropecuario tras 1989. También ha explorado el vínculo entre desarrollo económico y desarrollo social. Se mantiene como profesora cola- boradora del CEEC y desde octubre de 2024 se desempeña como consultora del Programa Mundial de Alimentos.
Carlos Enrique González García. Licenciado en Economía (2005). Máster por la Universidad de La Habana y la Universidad de Santiago de Compostela (2008). Se desempeñó como profesor de la Facultad de Economía de 2004 a 2010; funcionario del Banco Central de Cuba en la Dirección de Política Monetaria de 2010 a 2022; y de 2023 a 2024 fue director de Macroeconomía del Ministerio de Economía y Planificación. En la actualidad es profesor del Centro de Estudios de la Economía Cubana y sus temas de investigación se concentran en las políticas macroeoconómicas en Cuba.
Julio Carranza Valdés. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana, profesor universitario invitado en varias universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos. Ex subdirector del Centro de Estudios sobre América (CEA) en La Habana, ex Consejero de la Unesco para las Ciencias Sociales y Humanas en América Latina y el Caribe desde la Oficina Regional de Montevideo. Ha sido Director y Representante de la UNESCO para Guatemala, los países de América Central y los países andinos. Autor de varios libros y artículos sobre Cuba, temas latinoamericanos, de política internacional y de ciencias sociales. Ha sido guionista de cine. Actualmente es profesor titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de la Habana.
Juan Alejandro Triana Barros. Economista y profesor de la Universidad de La Habana desde 2011. Desde 2023, es director del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. Ha impartido clases sobre Economía Cubana y Economía Política Marxista en diversas universidades, tanto en Cuba como en el extranjero. Su investigación se enfoca en la política económica hacia el sector privado nacional y el desarrollo de emprendimientos en Cuba. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales sobre emprendimientos sociales, el sector privado y la economía cubana en general. También ha sido profesor invitado en varias instituciones académicas y organizaciones económicas. Coordinador del Reporte sobre Economía Cubana.
Juan Publio Triana Cordoví. Profesor titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. Es Doctor en Ciencias Económicas (1999) y Máster en Estudios Cubanos y Latinoamericanos (1996). Ha recibido cinco Premios Nacionales en Ciencias Sociales del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (1996, 2013 y 2014) como coautor, así como el Premio Nacional de Economía (2002) de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba. Es coautor de más de veinte libros y autor de más de 40 artículos. Ha sido profesor invitado en di- versas universidades de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Además, actúa como consultor para varias empresas cubanas y extranjeras, y colabora con diversas instituciones cubanas. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Pensamiento Iberoamericano.
Ileana Díaz Fernández. Doctora en Ciencias Económicas (1988). Profesora Titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. Especialis- ta en temas empresariales. Miembro del Consejo Científico de la UH. Tiene publicados diversos artículos y capítulos de libros de los cuales seis han sido premiados por la Academia de Ciencias de Cuba. Coordinadora de cuatro libros sobre emprendimien- tos privados en Cuba. Coordinadora de la Red de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana.
Karina Cruz Simón. Licenciada en Economía (2014) y Máster en Economía (2021), am- bas por la Universidad de La Habana. También cuenta con un Diplomado en Economía y Gestión Bancaria por la Universidad de la República (2018). Entre 2014 y 2022 trabajó en el Banco Central de Cuba, en las áreas de Política Monetaria y Estudios Económicos. Posteriormente y hasta mediados de 2025 fue profesora e investigadora del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Actualmente se desempeña como Analista de Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con los temas de financiamiento, institucionalidad y políticas macroeconómicas.
Ricardo González Aguila. Profesor del Centro de Estudios de la Economía Cubana, Universidad de La Habana. Doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, España, y Máster en Economía por la Universidad de Queen Mary, Reino Unido. Su investigación se centra temas relacionados al crecimiento económico y la transformación productiva en Cuba, la mala asignación de recursos, las distorsiones de precios, de salarios y los subsidios.
En el XXXV aniversario de su fundación, el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), de la Universidad de La Habana, retoma la publicación de un análisis sobre el estado actual de la situación económica en el país, el Reporte CEEC sobre Economía Cubana, con una frecuencia semestral. El principal objetivo del material es trasladar a un público amplio y diverso la apreciación de los profesores e investigadores del CEEC-UH sobre los hechos económicos acontecidos en el país. El Reporte CEEC... se constituye en herramienta fundamental para la toma de decisiones de los principales funcionarios de las organizaciones de la administración central del Estado, así como para empresarios, emprendedores.


Con todo respeto, intenciones hay, no dudo que exista voluntad, pero las realidades no acompañan las palabras, lo cual tiene como efecto demoledor la merma de la confianza. Tal ocurre entre otras cosas con el entorno normativo que se menciona. Leyes aprobadas como es el caso de las Leyes de Ciudadanía y la Extranjeros han sido aprobadas por la Asamblea Nacional hace ya uno y medio años no se ha hecho público el texto que la propia ley fijaba poner en vigor en el término de 6 meses. Por otra parte aprobar normativas, perfeccionar políticas y crear comisiones oficiales no parece ser la solución a lo que se ha dado en llamar "vulnerables" o influir decididamente en otros temas. Lamentablemente las organizaciones sociales y de masas conocidas han perdido dinamismo quedando como simples estructuras cosechando méritos de otros tiempos. Quizás valdría la pena ampliar el ámbito de participación comprometiendo a otros factores. El incremento en las plantillas de trabajadores sociales debería partir de las numerosas vacantes existentes en la actualidad; invito a los profesores a indagar. La cifra de 182 506 "vulnerables" no dice nada si no se conocen los parámetros considerados. El crecimiento de los salarios y pensiones mencionados en el escrito, e incluso otros ingresos como el pago por utilidades en ningún modo se corresponde con las necesidades básicas de una familia. Me preocupa muchísimo tratar como una anécdota sin apenas importancia el silencio que acompañó al pronunciamiento de la Ministra en la comisión, así como que la ciudadanía tenga que acudir a las redes sociales para hacer público su descontento. Y el asunto se repite a diario. El método de señalar apenas con el pétalo de una rosa los problemas dice mucho sobre el entorno.
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