La política fiscal que se aplica desde hace años por el Ministerio de Finanzas y Precios, y su instrumentación práctica tendrá que modificarse radicalmente en las nuevas condiciones que se irán creando con la imprescindible reestructuración de las empresas estatales.
En las nuevas condiciones y para ser consecuentes con los acuerdos de los Congresos VI y VII del Partido, el Presupuesto del Estado no debería estar autorizado, salvo casos muy excepcionales que tendrían que ser aprobados nominalmente por la Asamblea Nacional, a financiar subsidios para las empresas con pérdidas.
Las Empresas estatales deben ser reestructuradas totalmente en la búsqueda de la máxima productividad posible, de acuerdo con la técnica que poseen. En los casos que se ponga en evidencia exceso de personal este debe ser declarado excedente y ponerlo a disposición del Ministerio de Trabajo para que sean subsidiados sin afectarle el último salario que vienen percibiendo, durante un año como máximo.
Los activos fijos (maquinarias, equipos e instalaciones) que no tengan utilización en los próximos dos años deben ser dados de baja y puestos a la venta para ser adquiridas por otras empresas estatales o no estatales. El precio a que se facturen esos activos debe ser el que tienen en la contabilidad, una vez descontada la amortización acumulada. Ni más ni menos. Los inventarios ociosos, entendiendo como tales aquellos activos circulantes que no van a tener utilización en el año corriente, deben ser puestos a la venta al precio que acuerden el comprador y el vendedor. Todas esas ventas, tanto el resultado financiero de la venta de los activos fijos, como de los inventarios, incrementa las utilidades de las empresas, según las regulaciones que le correspondería dictar al Ministerio de Finanzas. Esas ganancias extraordinarias pueden servir para financiar el salario durante un año como máximo del personal declarado excedente.
Una vez saneada la contabilidad de esas empresas se le presentan sus balances a una entidad auditora designada por la Contraloría General para que los certifique.
Llegado ese momento, sería necesario que el Banco Central haya fijado la tasa de cambio oficial para las empresas, que reflejaría la devaluación aprobada por el Gobierno para el Peso (CUP)
El balance certificado se le presenta por la empresa al Ministerio de Finanzas, al banco con el cual opera la empresa y al Ministerio de Economía. Una vez recibido, el Ministerio de Economía autoriza por escrito a la Empresa, que aplique a sus operaciones de compra de moneda extranjera para importar, a la nueva tasa oficial aprobada por el Banco Central. Asimismo, el banco con el cual opera, cuando reciba del exterior fondos transferidos con destino a esas empresas, se lo acredita a la cuenta de estas en moneda nacional (CUP) a la tasa oficial aprobada por el Banco Central.
Paralelamente el Ministerio del Trabajo debería elaborar una Escala Salarial para las Empresas Estatales, con un salario mínimo a aplicar a los trabajadores de toda la economía, sean estatales o no estatales y una tarifa máxima que tome en consideración el efecto que en las empresas estatales tenga la nueva tasa oficial de cambio. Esta Escala Salarial para las Empresas Estatales que realicen su reestructuración y puedan presentar sus balances auditados, deberían estar elaboradas y aprobadas por el Gobierno, durante el primer semestre del 2019. Para ello el Ministerio del Trabajo y la Central de Trabajadores de Cuba, podrían apoyarse, solicitando su colaboración, en especialistas de larga experiencia que laboran en entidades científicas, universitarias y otros que se encuentran ya disfrutando su jubilación. Para el resto de las actividades estatales como la educación, la salud, las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE), las entidades científicas no empresariales y del Gobierno, se podrían elaborar durante el segundo semestre del 2019 para ser introducidas en las cifras del Plan del 2020. Como la aplicación de esta escala salarial tendría un carácter coyuntural, el Ministerio de Trabajo y la Central de Trabajadores de Cuba, con la cooperación de otros especialistas, elaborarían una propuesta de Escala Salarial para el Sector estatal y del Gobierno con mayor fundamentación técnica, para ser aprobada con vistas a su aplicación durante el periodo hasta el año 2030.
Cada Empresa Estatal, una vez reestructurada, con su balance auditado y en condiciones de aplicar la nueva tasa de cambio oficial, debería ser autorizada a aplicar por sí misma, los salarios correspondientes de la Escala Salarial que se ajusten al volumen de su actividad económica. Los salarios correspondientes a cada trabajador, incluidos los de la dirección de la empresa, deberían ser acordados conjuntamente por el Consejo de Dirección y la Dirección del sindicato de la empresa. La única condición que habría que exigirles, sujeta a verificación y control por los órganos de Contraloría y a las sanciones administrativas que correspondan, es que los incrementos de productividad alcanzados por la reestructuración y saneamiento general de la empresa sean superiores al incremento de los salarios aplicados a la empresa. Si no se diera tal condición, una Comisión Estatal, conformada por el Ministerio de la rama, el Ministerio de Finanzas, el de Trabajo y el de Economía deberían decidir qué hacer, en dependencia de la importancia de sus producciones para la economía nacional y la necesidad estratégica de que continuara siendo una empresa estatal, en cuyo caso se le podría aprobar un subsidio que tendría que ser confirmado por el Consejo de Ministros.
Para resolver el problema de los Cobros y los Pagos sería necesario reestructurar todo el sistema financiero del país y esa es una responsabilidad en primer lugar del Ministerio de Finanzas y Precios y también del Banco Central de Cuba. Esas son las dos instituciones que deberían ser encargadas de regular la liquidez necesaria para que el proceso financiero fluya y para que el movimiento del dinero no se disocie del de las mercancías y los servicios.
El primer problema por resolver es el de la tasa oficial de cambio de las empresas estatales y que estas operen siempre en la moneda nacional (CUP) y que por tanto su contabilidad sea en una sola moneda. Cuba tiene una economía muy abierta, dependiente en grado muy alto del comercio exterior y su contabilidad tiene que reflejar en la moneda oficial, en todo momento, además de su relación con el comercio internacional, su relación entre los cobros y los pagos, o sea entre el activo circulante y el pasivo circulante.
De la diferencia entre uno y otro surge el capital de trabajo que es lo que permite que la empresa, si no tiene crédito, tenga dinero para comprar y pagar, y el capital de trabajo hay que planificarlo y controlarlo. En su planificación tiene que incluirse su ciclo de rotación. O sea, los cobros y los pagos hay que planificarlos y controlarlos. La empresa tiene que tener cobros para pagar no solo las compras de insumos y los salarios, que es algo muy importante en una empresa, sino también los créditos y los impuestos.
Como estos dos últimos, o sea los créditos y los impuestos, se los pueden cobrar directamente de su cuenta bancaria y si los salarios no los pagan, eso revienta la dirección. Ocurre que, si la empresa no cobra en tiempo todo lo que vendió, no tendrá dinero para pagar a sus acreedores. Y si no paga le crea ese problema a la otra empresa y de ahí surge y se alimenta el círculo de impago. Como en Cuba no existe aún Ley de Quiebra para las empresas estatales, las empresas quiebran en la práctica, siguen trabajando, pagando salarios y quebrando cada día más. Eso sin mencionar que compraron materias primas, materiales y equipos para todo el año, no los utilizó totalmente para producir en el año y se les acumuló, pero tuvieron que pagar, o lo deben, y así sucesivamente por lo que el país se va hundiendo económicamente. No tenemos recursos suficientes para comprar materias primas, pero el Ministro de Economía informó que las empresas tienen en sus almacenes 25 mil millones de pesos. Y como esos inventarios que se compraron hay que pagarlos, aunque no se haya producido nada con ellos, el país se endeuda para pagar, o deja de pagar, lo que con el tiempo le cierra el crédito también. Por cierto, la acumulación de inventarios es una de las fuentes más frecuentemente utilizadas para el robo, por parte de funcionarios corruptos y trabajadores delincuentes.
La administración financiera es una de las funciones más importantes que hay que realizar en una empresa. En rigor, la función de Planificación más importante, en el corto plazo, de las empresas debería ser la Financiera. El administrador financiero debe tener autoridad para detener las compras si no hay dinero para pagarlas, hasta que el Consejo de Administración de la empresa, con todos los elementos, decida la acción a tomar. El responsable de cobrar en una empresa las exportaciones, y también las ventas dentro del país, es el que las vendió. Y debe responder ante la dirección de la Empresa si no se cobran a tiempo. La función de vender lleva implícita la de cobrar, realizar la gestión correspondiente si el pago se demora y responder ante la empresa por la misma.
Si hay demoras en los cobros y hay que pagar a un proveedor, o los salarios, u otro pago importante, el administrador financiero debe gestionar el crédito correspondiente. La empresa no puede dejar de pagar sus deudas. Ese es un principio de ética comercial que las empresas estatales deben cumplir rigurosamente.
El modelo económico que hemos seguido durante años ha tenido entre sus premisas el de no asumir las deudas como una obligación que hay que cumplir rigurosamente. El país no puede continuar teniendo fama de no pagar. Eso equivale al suicidio. Cuando los proveedores saben que no van a cobrar a tiempo incrementan los precios y como todos o casi todos los proveedores nuestros en el mundo trabajan con crédito bancario, incrementan más los precios para cubrirse frente a los impagos. No ser un buen pagador puede ser el peor negocio que se pueda hacer.
Cuando las empresas del país paguen bien, porque además el Gobierno les exige que así sea, los proveedores competirán entre sí con mejores precios.
Hay que abandonar la práctica nociva y viciosa de que los proveedores extranjeros estén obligados a dar crédito comercial para poder vender. Hay experiencia suficiente de que cuando se obliga a un proveedor a dar crédito comercial a 360 días, incrementan el precio en no menos del 50%. Y eso es ruinoso para el país. Además de que no hay quien pueda exportar a precios internacionales competitivos cuando los costos internos de sus importaciones se incrementan por encima de los costos normales del crédito internacional. El Banco Central ha establecido una regla de que en el contrato se establece un límite del 7% de interés anual sobre los créditos, pero la mayoría de las empresas importadoras cubanas y sus proveedores se ponen de acuerdo en precios superiores que incluye el crédito que, en los casos de créditos a 360 días, casi siempre se sitúa por encima del 40 y 50%s de interés anual. Con el tiempo el precio de mercado en Cuba se fija con esa práctica y se hace histórico. Hay que salirse de esa práctica.
El Banco Central de Cuba tiene que responsabilizarse, para que los precios de las exportaciones cubanas sean competitivos y que el mercado interno y el mercedo del turismo puedan ofrecer precios comparables internacionalmente, encargándose de gestionar el crédito comercial para las importaciones cubanas. Tiene que gestionar que la banca internacional, principalmente en Euros, opere en Cuba o en la Zona Franca de Mariel, sola o en asociación con la banca cubana, ofreciendo créditos comerciales en condiciones adecuadas a nuestras condiciones, y con las debidas garantías, tanto a la empresa estatal como a la no estatal. Si trabajamos con el Euro, aunque parezca más caro, rompemos el bloqueo financiero y al final nos saldrá más barato y creamos mejores condiciones para defendernos del bloqueo financiero.
Organizar el crédito bancario para las importaciones, en beneficio de la economía nacional y de la competitividad de las exportaciones y del turismo, puede ser una de las actividades que más beneficios financieros aporten a la economía nacional en el mediano plazo.
Romper con inteligencia y eficacia el brutal bloqueo financiero que nos impone la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la utilización del dólar para nuestras importaciones, debería ser una de las tareas más importantes del sistema bancario nacional, encabezado por el Banco Central. Será muy difícil romperlo, o al menos amortiguarlo, pero no imposible. Utilizar la experiencia que se va acumulando, incluyendo la utilización de las criptomonedas, en países y bancos centrales, igualmente agredidos por acciones financieras adoptadas por Estados Unidos en apoyo a sus políticas imperialistas, debe ser un objetivo importante.
En el mediano plazo, el país no puede seguir comprando sus importaciones corrientes, en condiciones en que el crédito que solicita a los proveedores significa un costo mínimo del 18 o 20 % anual de interés. Con esas condiciones financieras y el alto componente importado que tienen nuestras producciones va a ser difícil lograr ser competitivos en nuestras exportaciones y en el turismo. Ese es un efecto extraordinariamente negativo del Bloqueo, en que será necesario realizar mayores acciones para romperlo. A la diplomacia, en este campo especialmente, habrá que apoyarla con acciones eficaces encabezadas por el Banco Central.
Las empresas tendrían que operar con total autonomía financiera para el cumplimiento de sus planes de producción y servicios. Diciéndolo claramente, tendrían que operar con autofinanciamiento total. Para ser consecuentes, tendrían también que asumir plena responsabilidad por sus resultados económicos, que incluyera prioritariamente, el pago riguroso y puntual de sus impuestos.
El Banco Central debería organizar diferenciadamente la atención a las empresas exportadoras y generadoras de divisas. Eso quiere decir, que el turismo integralmente, el níquel, el azúcar, la biotecnología, el tabaco, el ron y las empresas capaces de exportar más de 5,0 millones de pesos anuales, en términos de divisas, tendrían que tener un esquema bancario y financiero especializado que les garantice el financiamiento de sus inversiones y de sus importaciones.
Eso significaría que los requerimientos de divisas para que crezcan las exportaciones deben tener un tratamiento diferenciado de financiamiento, que no compita con las demás necesidades corrientes de la economía nacional. En síntesis, debe existir una Banca Financiera Internacional Cubana, que opere financieramente en negocios conjuntos, incluso, con Bancos y Financieras extranjeras, y que se ocupe de movilizar y de potenciar, en beneficio del país, los recursos que generen nuestras exportaciones. Por supuesto, tendría que tener una fuerte y calificada supervisión del Banco Central.
Las exportaciones de los Servicios de salud deberian tener un esquema específico de financiamiento que permita que el desarrollo de los servicios para la población en el país, este en correspondencia con el máximo desarrollo de las exportaciones en servicios. Dicho de otro modo, que los servicios exportables, sean la fuente principal de obtención de recursos financieros externos para los servicios sociales de salud y educación del país.
El resto del sistema empresarial estatal, autofinanciado, debe tener un esquema de dirección, de planificación financiera y de financiamiento en sí, que lo induzca a producir para cubrir cada vez más para el mercado interno, con productos que se vayan acercando paulatinamente a los del mercado internacional, mediante vínculos productivos estables con el sector privado nacional y con productores extranjeros que aporten capital. Por esa vía muchas producciones que vayan alcanzando calidades internacionales, se pueden convertir en mercancías para el turismo, que sustituyan importaciones y que generen exportaciones hacia nuestras áreas geográficas más cercanas que también tiene un mercado turístico que los obliga a importar. En un esquema como este, el papel de la Banca Comercial nacional, como soporte financiero de las empresas estatales cubanas en la búsqueda y solución de financiamiento externo para su desarrollo tiene un papel imprescindible. La empresa estatal nacional que produce para el mercado interno, para que sea eficiente y sustituya importaciones, tiene que ser apoyada con tecnología y financiamiento. Esto último debe ser una tarea de la que se encargue la Banca Comercial cubana.
NOTA SOBRE EL AUTOR:
Joaquín Benavides Rodríguez. Fue Ministro- Presidente del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (1980-1986) y Ministro de Gobierno y Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Dirección de la Economía (1986-1991).
