Justo como se anunció recientemente en el espacio televisivo Mesa Redonda, arribaron hoy a La Habana un total de 450 microbuses para reforzar el transporte público en la capital. Los carros, destinados en lo fundamental al servicio de taxi rutero, tienen capacidad para doce pasajeros.
“La llegada de estos vehículos responde a la política trazada en el país para fortalecer el sistema de transporte de pasajeros y de cargas. También se incluyen microbuses para garantizar otras actividades de la economía”, comentó Guillermo González Quintana, director de Ingeniería de Transporte Automotor, del Ministerio de Transporte, en la terminal portuaria Haiphon.
Los microbuses fabricados por la empresa rusa GAZ, cuentan con una moderna tecnología y alto confort que permitirá ofrecer un servicio de calidad a la población.
“El contrato también comprende todas las piezas de repuesto y el resto de la logística para ofrecer los servicios de mantenimiento y la sostenibilidad de estos medios”, agregó González Quintana.
Según estimados, en la capital se mueven diariamente un promedio de un millón 400 mil personas, de ellos un millón lo hacen mediante ómnibus estatales.
Desde finales de 2018 en La Habana se desarrolla un experimento a partir de un sistema de 26 piqueras y 23 rutas asociadas, como parte del reordenamiento del sector en el país.
Un lote de 450 microbuses de 12 plazas cada uno, llega a la terminal marítima Haiphong, en La Habana, Cuba, el 10 de enero de 2019. ACN FOTO/Omara GARCÍA MEDEROS/ogm
Un lote de 450 microbuses de 12 plazas cada uno, llega a la terminal marítima Haiphong, en La Habana, Cuba, el 10 de enero de 2019. ACN FOTO/Omara GARCÍA MEDEROS/ogm
Un lote de 450 microbuses de 12 plazas cada uno, llega a la terminal marítima Haiphong, en La Habana, Cuba, el 10 de enero de 2019. ACN FOTO/Omara GARCÍA MEDEROS/ogm
Un lote de 450 microbuses de 12 plazas cada uno, llega a la terminal marítima Haiphong, en La Habana, Cuba, el 10 de enero de 2019. ACN FOTO/Omara GARCÍA MEDEROS/ogm
Un lote de 450 microbuses de 12 plazas cada uno, llega a la terminal marítima Haiphong, en La Habana, Cuba, el 10 de enero de 2019. ACN FOTO/Omara GARCÍA MEDEROS/ogm
Un lote de 450 microbuses de 12 plazas cada uno, llega a la terminal marítima Haiphong, en La Habana, Cuba, el 10 de enero de 2019. ACN FOTO/Omara GARCÍA MEDEROS/ogm
Un lote de 450 microbuses de 12 plazas cada uno, llega a la terminal marítima Haiphong, en La Habana, Cuba, el 10 de enero de 2019. ACN FOTO/Omara GARCÍA MEDEROS/ogm
Un repaso al comportamiento de la economía durante los últimos 12 meses y al proceso de transformaciones en curso desde hace siete años.
La industria azucarera experimentó una contracción de 42,7 por ciento con relación a 2017
Foto: Tomada de La Demajagua
Desde 2011, el gobierno cubano puso en práctica el programade actualización del modelo económico y social cubanos, cuya plataforma rectora lo constituyen los Lineamientos aprobados en el 6to Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en 2011 y actualizados en el Séptimo Congreso celebrado en 2016.
El propósito fundamental del proceso era lograr la eficiencia económica en aras de emprender una senda de desarrollo y construir un socialismo próspero y sustentable. Algunas metas propuestas fueron alcanzar tasas de crecimiento como promedio anual del 5 por ciento, mejorar el balance financiero externo (expandir las exportaciones de bienes, sustituir importaciones), y ajustar los gastos sociales a las posibilidades reales de la economía.
Siete años después se constata un estancamiento del proceso que, a pesar de las múltiples medidas adoptadas, no ha logrado cumplimentar estas metas.
En términos de crecimiento económico, Cuba ha alcanzado tasas más bajas que en el período previo a la actualización. No se ha llegado tan siquiera a un 3 por ciento como promedio en estos años (ver gráfico 1). Ello compromete en buena medida el resto de los resultados previstos. En 2018, el PIB creció un 1,2 por ciento al igual que América Latina en su conjunto.
Gráfico 1. Tasas de crecimiento del PIB cubano, 2001-2018
Fuente: elaboración propia a partir de ONE y ONEi (varios años, Anuarios Estadísticos de Cuba)
Varios factores externos e internos han incidido en estas bajas tasas de crecimiento. Entre ellos cabe mencionar:
– La situación política desfavorable que ha enfrentado Venezuela, que es el principal socio comercial de Cuba.
Cuba exporta desde 2005, servicios médicos a Venezuela que, junto a la exportación de otros servicios profesionales de menor relevancia, constituyen la fuente fundamental de ingresos del país desde esa fecha. Parte de esos servicios se pagan con petróleo que contribuye a la satisfacción de buena parte de la demanda de ese bien en la economía cubana.
En 2017, Venezuela se mantenía como el primer socio en el intercambio de mercancías de Cuba con el resto del mundo, con 18 por ciento del total.
-Un retorno a la derecha en países de Latinoamérica que también son relevantes para Cuba, como Brasil y Argentina.
Cuba colabora con Brasil exportando servicios médicos para el programa “Más médicos” desde el año 2013. El nuevo gobierno de ese país ha obstaculizado la participación de los médicos cubanos yel Ministerio de salud Pública de Cuba decidió retirara todos los galenos que prestaban servicio en esa nación lo que va a repercutir directamente en los ingresos externos de Cuba.
Ambos países (Brasil y Argentina) representaron entre 5 y 6 porciento del intercambio total de mercancías en 2017.
–Fenómenos meteorológicos como la alternancia de abundantes lluvias y sequías; y el azote de huracanes como el Irma en 2017, el más reciente de todos, que de acuerdo a datos oficiales ocasionó pérdidas por un valor de $13,2miles de millones de dólares, y tormentas subtropicales, como Alberto en abril de 2018.
Todos estos fenómenos impactan particularmente al sector agropecuario. Por ejemplo, los daños del Irma al sector ascendieron a más de 4.000 millones de pesos, con afectaciones a centrales azucareros, naves avícolas y porcinas, los cultivos varios y la caña. Estos perjuicios tuvieron una repercusión en las metas a alcanzar en 2018.
–La contracción de las importaciones que tiene un impacto directo en el crecimiento.
Del total de las importaciones cubanas, el 72 por ciento corresponden a bienes intermedios como promedio entre 2011 y 2017, justamente porque la producción doméstica descansa en buena medida en materias primas y materiales de origen importado.Se constata un esfuerzo por disminuir su peso en las importaciones totales. Según el ministro de economía y planificación, Alejandro Gil (2018), el componente importado de la economía cubana fue de 0,17 USD por peso de PIB en 2017. Este indicador se había planificado en 0,22 para 2018, pero el estimado apunta a un valor similar al de 2017. El plan de 2019 considera un coeficiente importado de 0,19 como máximo. Gil explica que es posible lograrlo a partir de sostener el programa de sustitución de importaciones, del uso eficiente de los inventarios y del análisis integral y puntual de las importaciones.
–La no recuperación del sector agrícola, que se mantiene a un nivel equivalente al 64 por ciento del valor agregado que aportaba en 1989. Este sector ha crecido en un 1,8 por ciento como promedio anual entre 2011 y 2017, insuficiente para contribuir en mayor medida al consumo doméstico. Dentro de ello, el deficiente comportamiento de la agricultura cañera, que conlleva a una producción de azúcar que ronda el millón de toneladas -comparable a lo alcanzado a inicios del siglo XX- y reduce la capacidad importadora de Cuba al significar menores ingresos por exportaciones. La industria azucarera experimentó una contracción de 42,7 por ciento con relación a 2017, y el sector agropecuario en su conjunto, de 4,9 por ciento.
–El bajo y heterogéneo crecimiento industrial. Se trata de un sector que ha venido perdiendo peso en el PIB cubano: de alrededor de 18 por ciento a mediados de los 90, a 14 por ciento a mediados de la década del 2000 y en 2018 representaba apenas 12 ciento.
Las producciones de la industria manufacturera no azucarera que han presentado una mejor recuperación son las destinadas fundamentalmente a la exportación. Tal es el caso de las bebidas, los tabacos, los productos farmacéuticos e instrumentos médicos y las producciones del níquel.Estas últimas han sufrido una contracción en los años más recientes.También industrias que contribuyen a la sustitución de importaciones en el sector del turismo han tenido un comportamiento relativamente más favorable, como es el caso de la fabricación de muebles.
En 2018 se dio a conocer un nuevo programa de construcción de viviendas.
-La desaceleración del turismo, tras su momento de gloria bajo la administración estadounidense de Barack Obama (2009-2017). Después del 17 de diciembre de 2014 y aun a pesar de las restricciones todavía vigentes para los estadounidenses para viajar a Cuba, la dinámica de visitantes se disparó: de un crecimiento promedio de visitantes e ingresos para el período 2007-2014 de 3,9 y 1,9 por ciento, respectivamente, a 15,7 y 9,1 por ciento en el período 2015-2017. Este crecimiento no descansó únicamente en los visitantes provenientes de Estados Unidos, muchos otros orígenes alcanzaron dinámicas importantes, como son los casos de España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, México y Rusia.
Con el ascenso, en enero de 2017, a la presidencia estadounidense de Donald Trumpy su agresiva política hacia Cuba, la dinámica de crecimiento de las visitas cayó a 2,1 por ciento en 2018 con relación a 2017, y los ingresos por la actividad turística sufrieron una contracción cercana a los 250 millones de dólares.
-La baja tasa de inversión, que no supera el 12 por ciento como promedio en el período 2011-2018.Esta es otra limitación importante al crecimiento. Economistas estiman que para alcanzar un 5 por ciento de crecimiento anual, la tasa de inversión debería rondar entre el 25 y el 30 por ciento del PIB, aproximadamente. Por tal razón, y ante el convencimiento de que la capacidad doméstica de ahorro es insuficiente, se ha concebido la inversión extranjera directa como un factor clave en este empeño, dejando atrás la visión de “elemento complementario a los esfuerzos nacionales”. No obstante la prioridad concedida a la IED, la tasa de inversión en 2017 no rebasó el 15 por ciento y en 2018 se vuelve a mencionar al proceso inversionista como uno de los responsables de que no se haya logrado el crecimiento previsto, con un cumplimiento del plan de inversiones de 84,7 por ciento.
Por demás, la reciente renegociación de la deuda externa cubana implica que el país erogue montos significativos anuales, compromiso con el cual no debe incumplir. Estos montos se planificaron en base a un crecimiento del 5 por ciento del PIB como promedio. Al no alcanzarse tal tasa, el pago restringe la capacidad importadora de Cuba y, por ende, de crecimiento, generándose un círculo vicioso.El Ministro de Economía en su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 21 de diciembre de 2018 explicó que, aun cuando a partir de las políticas implementadas el crecimiento logrado tiene la virtud de no haber incrementado las obligaciones externas del país, todavía se mantiene un elevado nivel de endeudamiento externo y no se cumple con los pagos de la deuda reordenada.
Gil ha declarado que en 2019 las prioridades son tres: sustituir importaciones por producciones nacionales; cumplir los ingresos por exportaciones (azúcar, turismo, ron, tabaco, níquel y servicios) y lograr la eficiencia del proceso inversionista. Se planifica un crecimiento del 1,5 por ciento superior al del año 2018, sobre la base de los recursos de que dispone el país, sin incrementar el nivel del endeudamiento. Estas prioridades no son para nada novedosas, han estado en el centro de la política económica por más de dos décadas. Es preciso reflexionar porqué estas metas, aunque se retoman una y otra vez, no logran cumplimentarse.
Las cifras anuales de crecimiento del PIB poco explican a la población cubana lo que acontece en nuestra economía. Lo que se percibe es, como mínimo, una inercia en las condiciones de vida, cuando no su empeoramiento. Elementos esenciales como la alimentación, el transporte, la vivienda, el poder adquisitivo de los salarios para hacer frente a consumos esenciales, la oferta de bienes necesarios, se mantienen sin una mejoría relevante para la mayoría de los ciudadanos.
Con relación a la alimentación, según estimaciones brindadas por García y Anaya (2018), la población tiene un consumo aparente promedio de alimentos que cubre las recomendaciones nutricionales diarias. Sin embargo, existe una heterogeneidad significativa en el acceso a los alimentos que genera consumos diferenciados en la población cubana. El consumo normado garantiza una parte de los requerimientos de manera universal para toda la población. El resto del consumo debe ser cubierto en otros espacios disponibles con y sin subsidios. Dentro de los primeros se encuentran el autoconsumo (para aquellos que laboran en entidades con esta garantía), la alimentación pública y el consumo social. Componen los segundos los mercados agropecuarios y las tiendas en CUC (o su equivalente en pesos cubanos según la tasa oficial de Casas de Cambio (CADECA)). Los elevados precios de los alimentos que no cuentan con subsidios, restringen más aún el acceso a los alimentos (ver García y Anaya, 2018).
–Para el transporte público se diseñó un programa priorizado desde finales de la primera década del 2000. Con relación al transporte de pasajeros, se pusieron en explotación nuevos ómnibus importados desde China, para los servicios urbano e interprovincial. En 2010, con la reapertura del trabajo por cuenta propia, se incorporaron nuevos taxis a brindar servicios a la población y también se crearon cooperativas dedicadas a la transportación de pasajeros. Sin embargo, estas medidas siguen siendo insuficientes para brindar un servicio eficiente. Los precios se han diversificado. A las tarifas de 40 centavos de ómnibus metropolitanos (cada vez más insuficientes), se han añadido otras que oscilan entre 1 y 20 pesos, en dependencia del medio que se emplee. El acceso a este importante servicio también es diferenciado en función del poder adquisitivo con que se cuente. Las medidas tomadas en 2018 con relación a los trabajadores por cuenta propia dedicadas a esta actividad, han provocado la devolución de licencias y la contracción de la oferta. Todo ello ha incidido en un nivel mayor de malestar en la población cubana.
La vivienda sigue siendo un punto neurálgico en el país. El déficit habitacional es hoy superior al que existía a inicios de los 2000 (929.695 viviendas, según Vivian Rodríguez, cit. por Figueredo, 2018 vs. 600. 000 viviendas en 2004, según Rodríguez García, 2018). Esta situación se agudiza con el azote frecuente de huracanes que destruyen total o parcialmente parte de la infraestructura habitacional del país. En 2018 se dio a conocer un nuevo programa de construcción de viviendas, a través del cual se planifica recuperar el déficit actual en un período de 10 años y en base a la producción municipal de materiales de la construcción. Para ello se diseñó el Programa de Producción Local y Venta de Materiales de la Construcción (PLVMC), calificado como la “industria de materiales de los municipios” (Figueredo, 2018).
Según Vázquez (2018 cit. por Figueredo, 2018), director del programa: “Si el municipio no produce sus materiales, no se desarrollará, no sólo en la vivienda, sino en las obras sociales”. Resulta un poco peligroso hacer descansar un programa tan sensible para las condiciones de vida de la población cubana, en las posibilidades de los municipios. Como estas no son homogéneas, de seguro no todos podrán garantizar sus demandas. Las poblaciones de aquellos que no lo logren, ¿quedarán abandonadas a su fatalismo geográfico?; desde el punto de vista económico ¿resulta eficiente esta dispersión productiva? Por demás, la calidad de las construcciones que se acometen en los últimos años deja mucho que desear. Huelgan los reportajes televisivos y las quejas en la prensa que dan cuenta de esta situación. Vale también señalar que 10 años para recuperar el déficit, no es un tiempo breve para muchas personas que ya llevan años padeciendo esta carencia.
Algunos avances en las comunicaciones han facilitado la vida a parte de la población cubana.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS
A esta panorámica se añade que los salarios reales distan de recuperarse a pesar de los incrementos nominales que han tenido lugar a través de los años ya que los precios han crecido más rápidamente. Salarios y pensiones mínimos y medios, no son suficientes para cubrir una canasta básica de consumo.
Los servicios sociales básicos como educación y salud, aunque continúan brindándose de manera universal, muestran un deterioro evidente en términos de cobertura y calidad, que se agudiza en las zonas rurales, a causa de los reordenamientos que han experimentado ambos sectores en medio de la actualización.
Con relación a los bienes de consumo necesarios, se ha asistido en 2018 a un desabastecimiento bastante sostenido durante el año. A ello contribuye la situación de impago a proveedores externos de mercancías.
En términos de equidad, se aprecia una apertura de brechas de diverso tipo: de género, generacionales, económicas, territoriales, entre otras que ameritan una focalización efectiva de las políticas económicas y sociales.
En medio de este panorama, se observan avances en las comunicaciones que facilitan y distienden la vida a parte de la población cubana. La compañía telefónica ETECSA, única de su tipo en el país, ha diversificado su cartera de productos, de servicios y abaratado sus tarifas.
De tal modo, el panorama socioeconómico de Cuba resulta complejo en la actualidad. Siete años después del comienzo de la actualización, la nación caribeña dista de “actualizarse”. (2019).
Referencias:
-Gil, Alejandro (2018): Informe Económico Presentado a la Asamblea Nacional, diciembre.
-Rodríguez García, José Luis (2018):“Cuba y su economía: el 2017 recién concluido y un 2018 que apenas comienza”, Cubadebate, marzo.
– FigueredoReinaldo, Oscar (2018):“Política de construcción de viviendas: Cuba estima recuperar déficit habitacional en 10 años”, Cubadebate, noviembre.
Su aplicación es gradual y el fin no es recaudatorio, sino de regulación, en tanto pretende estimular la explotación de los suelos. Se revierte en beneficio del propio sector agropecuario
Este impuesto pretende estimular al productor para que ponga en explotación la tierra.Foto:Ronald Suárez Rivas
A las provincias de Artemisa, Mayabeque y Matanzas se extiende este año la aplicación del impuesto por la ociosidad de las tierras agrícolas y forestales, según se acordó en el segundo periodo ordinario de sesiones de la IX legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre último.
Esta decisión da continuidad a lo recogido en la Ley del Presupuesto de 2018, donde quedó aprobado, de forma experimental, comenzar por Pinar del Río y Cienfuegos el cobro de ese gravamen, uno de los establecidos en la Ley No. 113, «Del Sistema Tributario», en vigor desde hace un lustro.
Este impuesto no tiene vocación recaudatoria sino de regulación, pues lo que pretende es estimular al productor para que ponga en explotación la tierra, con el beneficio añadido de que lo recaudado se reinvierte en el propio sector agropecuario, según el artículo No. 182 de dicha norma jurídica, declaró a Granma Vladimir Regueiro Ale, director general de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).
Los impuestos no resultan la única vía para poner en explotación las tierras, pues complementan la política de entrega de estas en usufructo. Tampoco son sanciones y en este caso persiguen incidir en una conducta negativa que va en detrimento de la economía y la alimentación de la población, puntualizó.
En este punto recordó que cada año del presupuesto del Estado se dedican unos dos mil millones de pesos a la compra de alimentos en el exterior, y que un reto en el 2019 lo constituye reducir las importaciones y potenciar las producciones nacionales.
De ahí lo imperioso de que la mayor cantidad de tierras posibles de ser cultivadas den sus frutos, si bien reconoció la justeza de planteamientos de productores acerca de que carecen o demoran en poder adquirir los insumos dirigidos a la adecuada preparación de los suelos, por ejemplo, medios para desbrozarlos.
Pero precisamente el beneficio que deriva de reutilizar el impuesto en el propio sector define prioridades, entre ellas, dónde utilizar los recursos disponibles, no solo maquinaria, destacó.
Sin embargo, señaló que el mayor número de hectáreas ociosas no está en manos de los productores individuales, sino en las entidades estatales.
Asimismo, que el saneamiento de la tierra depende de financiamiento y también de técnica y voluntad, dadas las experiencias de usufructuarios que con pocos recursos las han recuperado y cultivado en poco tiempo.
INICIO DEL EXPERIMENTO EN 2018
- Pinar del Río más de 33 000 hectáreas identificadas como tierras ociosas.
- Cienfuegos 20 309 hectáreas identificadas como tierras ociosas.
- Dos millones 140 000 pesos potencial de tributo a pagar entre ambas provincias.
- 1,3 millones de pesos cobrados entre ambas provincias al cierre de diciembre.
- 4 717 personas naturales y jurídicas tenentes de esas tierras.
Regueiro Ale recordó que las tierras ociosas se dividen en cuatro categorías, y el impuesto a pagar por hectáreas es de 180, 135, 90 y 45 pesos, respectivamente.
COMPLEJIDADES
El Director General de Política Fiscal del MFP recalcó que la aplicación del impuesto por tierras ociosas constituye un proceso complejo, y que este año es que podrán obtenerse los primeros resultados productivos en los territorios iniciadores del experimento.
Con prioridad para aquellos, durante la mitad de 2018 se realizaron en todo el país más controles a tono con la información a recabar, lo cual significó ir más allá de la certificación de las formas productivas, y hacer una inspección detallada de las tierras, de conjunto con sus titulares, a fin de verificar el estado de explotación, pues este impuesto grava aquellas calificadas de ociosas, a partir de dos conceptos:
- no se explotan de acuerdo con su calidad técnico productiva, o
- están en desuso.
En cuanto a las primeras especificó que las de más calidad sin utilizar tienen mayor afectación para la economía y, en consecuencia, el gravamen para estos casos es superior.
Acerca de la forma progresiva en que se cobrará dicho impuesto precisó que son necesarias condiciones técnicas y organizativas, como la actualización de los registros de control de la tierra donde constan los poseedores, modalidades de propiedad y categorías de las tierras, elementos decisivos con vistas a definir la cuantía a pagar.
Y antes de ese último paso agregó, es menester introducir la información en bases de datos, para su uso por las direcciones territoriales y la sede central de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
Aclaró que la propia fuente del impuesto requiere la actualización anual de las cifras, en correspondencia con el balance de uso y explotación de la tierra, el cual elabora y certifica el Ministerio de la Agricultura (Minag).
Directivos de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ONAT y el MFP capacitaron a instituciones y a las formas productivas en las exigencias para implementar este tributo, cuya recaudación óptima, vista en términos económicos, sería el equivalente a cero, sinónimo de una explotación eficiente de las tierras, concluye nuestro entrevistado.
RESPUESTAS A DUDAS DURANTE LA CAPACITACIÓN
- Cuando existen varios propietarios de la tierra se emite el certificado contentivo de las generales de cada uno, y es exigible el pago del impuesto a cualquiera de ellos.
- Para elaborar el Balance Anual de Uso y Tenencia de la Tierra, que registra las tierras ociosas en el país y sus categorías, participan especialistas del Instituto de Suelos del Minag, quienes hacen las comprobaciones y definiciones pertinentes.
- El Certificado de Explotación es el documento oficial expedido por la oficina municipal de Control de la Tierra, y constituye la base para pagar el tributo.
- Lo aprueba el Delegado o Director municipal de Agricultura.
- En caso de trámite de venta de tierras declaradas ociosas, su propietario o tenente paga el impuesto hasta tanto formalice la negociación.
- Excepciones previstas por ley para el pago del impuesto:
a) Las tierras entregadas en concepto de usufructo, durante el término pactado en el contrato para ponerlas a producir;
b) las ubicadas en áreas declaradas protegidas o que se encuentran en proceso de declaración;
c) las que no puedan utilizarse para producciones agropecuarias, forestales y de frutales, debido a razones topográficas o de preservación del medioambiente y los recursos naturales;
d) las destinadas a la defensa del país o que se encuentren enclavadas en las zonas militares;
e) las que deban preservarse por su relación con hechos históricos o del patrimonio cultural;
f) las situadas dentro de los límites de la zona costera y la zona de protección
La China moderna que vivió intensamente la revolución nacionalista de Sun Yat-sen, lidió con el contradictorio desempeño del Kuomintang y Chiang Kai-shek, realizó la revolución socialista, fundó la Republica Popular (1949) y padeció la tormentosa relación con la Unión Soviética, Stalin, Kruzchov y Mao, fue de todos los países del socialismo real el que con más vehemencia se distanció del capitalismo.
Quien crea que, por auspiciar reformas que permiten utilizar los resortes del modo de producir y gestionar del capitalismo, China planea instalar ese modelo en el cual, por cierto, nunca vivió, no entiende nada.
Debido a que ha conservado el predominio del sector público de la economía, reforzado la estructura estatal y el sistema político encabezados por el Partido Comunista y realizado exitosas reformas económicas, China no solo ha preservado las conquistas sociales inherentes al socialismo, sino que las ha acrecentado. La combinación de propiedad estatal con elementos de mercado, capital extranjero y sector privado nacional, lejos de dañar al socialismo, lo han hecho viable.
El progreso de China no radica en la fidelidad a los dogmas, atribuidos a la Economía Política Marxista, sino a la ruptura con ellos, adoptando una práctica que trascendió la dicotomía de propiedad estatal versus privada y que, explotando el éxito, se adentra en la construcción de un modelo que, además de las empresas públicas y privadas, incluye una tercera estructura formada por las entidades mixtas en las cuales la propiedad se comparte entre privados nativos y el estado.
Como ocurrió en todos los países del socialismo real, en China predominan las empresas de propiedad estatal, con la diferencia que para lograr que sean eficientes y competitivas, se aplican diversas iniciativas, entre ellas la asociación con el capital nacional. A China le interesa más la eficiencia y la competitividad de su economía que la exclusividad de la propiedad que puede compartir sin dejar de ser lo que quiere ser.
Según Weng Jieming vicepresidente de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal del Consejo de Estado, el gobierno apoya el desarrollo de negocios privados en conjunto con empresas estatales. Según expertos chinos, la propiedad mixta mejora la eficiencia y la competitividad, tanto del sector privado como del estatal. El esquema incluye capital extranjero.
Al aportar capital y compartir la propiedad, obviamente los representantes del sector privado acceden a la gerencia. Varias grandes empresas chinas cuentan en su consejo de administración con representantes del capital privado que circunstancialmente, incluso siendo millonarios, también militan en el Partido Comunista. La otra noticia es que en ningún caso son mayoritarios.
No obstante, la doctrina económica china sigue considerando imprescindible el predominio del sector público de la economía, cuya presencia neutraliza los inevitables efectos negativos del sector privado.
El quid del asunto no radica en que unos pocos particulares posean riquezas superiores a la media, sino en su aporte a la prosperidad general. Lo importante es que las mayorías satisfagan sus necesidades básicas y que el país en su conjunto avance hacia la construcción de una sociedad socialista “moderadamente acomodada”.
Para Cuba que busca caminos, no se trata de imitar hechos y copiar estructuras o prácticas, sino apropiarse de una lógica pragmática que no es exclusivamente asiáticas. Allá nos vemos.
07/01/2019
………………………………………………………………..
Publicado por el diario ¡Por Esto! Al reproducirlo indicar la fuente.
El próximo 24 de febrero se llevará a cabo la
consulta popular encaminada a aprobar la nueva Constitución. Con seguridad que
más de un 90% de los votos serán afirmativos. También será muy elevada la
participación. En la práctica ya puede considerarse como válida la nueva Carta y
podemos dar por efectivos sus postulados[1].
Su artículo número 53expresa: Todas
las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz,
objetiva y oportuna. Como enmuchos otros,termina con la coletilla conforme
a las regulaciones establecidas o algo similar, que deja un escape legal para la negación de lo propuesto.
El no. 55 determinaque: El
Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los
medios de comunicación social. Peropreviamente, el Articulo numero 5, dispone que el Partido Comunista de
Cubaes la fuerza política dirigente
superior de la sociedad y del Estado.
La conclusión es que quien establece
las reglas del juego es el Partido y
no el Estado ni mucho menos el Gobierno que son legisladores y ejecutores,
respectivamente. El Estado administra los medios de comunicación social,
peroel Partido decide lo que se
publica. Es algo que la propia práctica evidencia.Los noticiosos radiados y televisados comunican exactamente lo mismo que la
prensa plana sin necesidad de leer. Los comunicadores
se rigen por directivas rígidas y en caso contrario no acceden a la Gran Escena.
Voy al grano. Acogiéndome a la
Constitución que viene, exijo el derecho a recibir información veraz sobre los
médicos cubanos en Brasil. Hace días cesaron las seudonoticias al respecto. En
su casi totalidad se limitaban a justificar la adecuada medida; aexaltar el altruismo y patriotismo internacionalista; a conmover; a
transmitir consignas de repertorio; a dar bombo a la llegada de los grupos,
etc.Bla, bla, bla. Toda una campaña
propagandística peor que la de la Coca Cola, que es más creativa. Es el llamado
Cuarto Poder en su función de generar
estados de opinión.
La última noticia, según mi registro
(quizás me haya perdido alguno posterior), se dio el pasado 9 de diciembre
cuandoel propio Raúl Castro y un grupo de altos funcionarios del Partido y el Estado, recibieron
al último grupo de galenos provenientes del país sud americano[2]
. Es lo que informa vía Internet un grupo llamado 14ymedio
que aprovecha la oportunidad para invitar a ingresar en su membrecía. Argumenta:
Juntos podemosseguir transformando el periodismo en Cuba. Desconozco
quienes son ni hacia donde apuntan sus miras, pero percibo un fuerte olor a
Miami. Según la propia fuente el último conteo en dicha fecha era de 5.853
internacionalistas regresados. El total, como es conocido, eran 8.300, lo que
significa la llegada de poco menos de las ¾ partes. También expresa que los cubanos recibían el 30% del salario en
Brasil y el resto era destinado a las autoridades de La Habana. Hace
referencia a la presencia de familiares de una doctora que tuvo durante tres
meses la compañía de su marido y su hijo. No queda claro si se trata de un
hecho esporádico o habitual.
En el SINE DIE no.8 del pasado
noviembre 25 (Médicos Cubanos en Brasil),
conjeturé que la retirada puede causar a Cuba una merma de unos US$ 312
millones anuales como flujo de caja. El Estado ingresaría unos US$ 208 después
de pagar al personal. Entre US$16 millones y US$ 26 millones pudieran ser
traídos a Cuba como ahorros personales, sin contar los aportes en especie. Las
cifras son más ilustrativas que los encomios y los términos comparativos y
superlativos.
La prensa cubana debe ofrecer testimonio
detallado en lugar de deshacerse en loaspatrioteras, en ceremonias de recibimiento y en discursos de ocasión.
Las deserciones son esperadas ¿Por qué ocultarlas?.
En 2008 unos 700 trabajadores cubanos de la
salud habían abandonado. Un total de 30.000 ofrecían en esa fecha colaboración en 70
países del mundo[3]. La situación actual ha empeorado. La
economía se ha estancado y ha crecido el ansia de emigrar. Es de esperar que las
deserciones en Brasil sean mayores. Las posibilidades de nivel de vida de ese
gran Estado son más atractivas que las de Cuba y los evadidos tienen la
alternativa de marchar a las ciudades y al extranjero.
Otra noticia de fuera habla de 800 desleales.
¿A quién creer? Las autoridades cubanas pueden y deben dar las cifras exactas
correspondientes: afectación económica para Cuba; el ingreso quepercibían; la cantidad que no regresó. etc.
Eso son noticias. Lo ofrecido hasta
ahora es pura propaganda, y mala. En términos crudos puede calificarse de
censura. La Constitución no la autoriza. Más que extremismo es torpeza que obliga
a buscar la verdad en dudosas fuentes del extranjero. Ojalá que las autoridades
pertinentes permitan a la prensa objetividad y una holguracercana a la libertad de expresión.
Termino repitiendo lo que ordena la
nueva Constitución en su artículo no. 53;Todas las personas tienen derecho
a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna. Quizás
no fue ese el sentido original que se dio a esta cláusula, pero las personas se
informan a través de la prensa que forma parte del Estado. El silencio oficial
es un pecado de lesa información.
Fin
[1] No pocos repiten lo establecido en la anterior y aun vigente
Constitución, aprobada el 24 de febrero de 1976 y reformada en 1978, 1992 y
2002.
[2] Quizás la presencia de Raúl motivo el criterio de que era el último
grupo. ¿Lo fue?
[3] Feinsilver, Julie M. Médicos por Petróleo. Versión
original en revista NUEVA SOCIEDAD No 216,julio-agosto de 2008<www.nuso.org. La autora es investigadora del
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown
(Washington, DC).
La presentación oficial del proyecto Ecovalor incorporando consideraciones ambientales múltiples y sus implicaciones económicas en el manejo de los paisajes, bosques y sectores productivos en Cuba, trascendió su alcance nacional al tratarse de la primera iniciativa de su tipo aprobada por el Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) en América Latina y el Caribe.
Con un Taller de Inicio del Proyecto, recién efectuado en el Hotel Nacional de Cuba, el país da cauce a una acción que cuenta con el apoyo financiero del GEF como socio de la cooperación, específicamente en las áreas de biodiversidad, degradación de tierras y manejo forestal sostenible; se implementa por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se ejecuta por el Centro Nacional de Aéreas Protegidas (CNAP).
La arquitecta Aylem Hernández Ávila, directora del proyecto que rectorea el CNAP, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), explicó a Opciones que el propósito es promover la generación de beneficios ambientales múltiples basados en la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos como herramienta para la toma de decisiones en diferentes niveles de gestión.
En esta ocasión se logra abarcar esas tres áreas esenciales y la participación de 158 instituciones de diferentes organismos que trazan la política económica y financiera del país, lo cual aumenta su complejidad.
“Se involucran en el plan cinco provincias, 30 municipios, 15 áreas protegidas, 10 polígonos de suelos, agua y bosque y siete forestales, además de tres establecimientos pesqueros, cuatro polos turísticos y dos empresas de hidrocarburos”, señaló.
En cuanto a los ministerios, están representados el de Finanzas y Precios, Economía y Planificación, el Banco Central de Cuba y entidades como la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el Instituto de Planificación Física, más otras que responden a sectores productivos: la agricultura en cuanto a la rama forestal y agropecuaria, la industria alimentaria con la pesca, el turismo, energía y minas en los hidrocarburos.
También se incluyen el Cuerpo de guardabosques, los Órganos Locales del Poder Popular, el Ministerio de Educación Superior y los temas de conservación con el CNAP, entre otros.
El proyecto tiene marcada su arrancada en este mes y debe concluir en diciembre de 2024, es decir, que debe implementarse durante seis años, con un monto que alcanza los 9,6 millones de dólares y abarca el ordenamiento territorial en las cinco provincias implicadas como son las áreas norte de Pinar del Río, Villa Clara, Las Tunas y Holguín.
También aparece Matanzas que se escogió de forma total como un modelo a seguir por su integralidad en lograr las valoraciones económicas de los bienes y servicios que brindan sus ecosistemas, para que sean una herramienta a incorporar en la toma de decisiones en diferentes niveles y escalas en pos de generar beneficios ambientales múltiples acorde con los planes de desarrollo socioeconómico del país hasta 2030.
La especialista reconoció en Ecovalor su estrecha vinculación con la Tarea Vida que emprende el país para enfrentar el cambio climático, pues el límite territorial del proyecto son los municipios costeros y se trabajará en temas relacionados con ese fenómeno y su influencia en sectores productivos como la agricultura y la pesca.
“Es un proyecto con importantes retos que trata de cambiar paradigmas e incorporar elementos de la economía al medio ambiente, la conservación y protección de esos recursos ecológicos que están implícitos en el plan del país hasta 2030 a partir de sus ejes estratégicos, que reconoce el equilibrio que debe existir entre el capital natural y financiero”, subrayó la especialista.
“Estaremos aportando también -dijo- un nivel relevante de capacitación pues se incorporan expertos de la academia con la inclusión de las universidades de esos cinco territorios, los institutos y centros de estudios ambientales a nivel local, y varias facultades de la Universidad de la Habana, además de los grupos de investigación de los entes productivos”.
Insistió en que se trata de englobar e integrar todos los saberes en función de aportar una herramienta para la toma de decisiones en los gobiernos a nivel local, provincial y los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), para estar a tono con la política de descentralización del país al darle más protagonismo in situ a los principales actores socioeconómicos.
En diferentes etapas se prevé que el proyecto contribuya al desarrollo ambiental económico y social del país a través de diferentes componentes, entre estos, el fortalecimiento de los marcos jurídicos, normativos e institucionales en sectores claves, al favorecer la optimización del flujo de bienes y servicios ecosistémicos con énfasis en la promoción de mecanismos económico-financieros.
También se tendrá en cuenta el diseño y validación de herramientas metodológicas que incluyen análisis de escenarios focalizados en apoyo a la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales y la implementación de experiencias pilotos que generan, validan y demuestran mecanismos para optimizar e internalizar los valores de los bienes y servicios de los ecosistemas en las localidades seleccionadas.
El compromiso va más allá de la parte regulatoria pues cuenta con un componente muy fuerte en el desarrollo de metodologías, estudios que validen resultados de la investigación para demostrar y generar a nivel de las localidades pilotos, sistemas de producción que apliquen las evaluaciones económicas en esos sitios, directamente con los productores, y lograr desarrollar buenas prácticas consecuentes con su entorno natural.
“No se trata de poner precio a los recursos medioambientales sino de buscar un equilibrio entre el capital natural y el financiero, y poder valorar económicamente lo que cuesta el mantenimiento y conservación de esos bienes y servicios aportados por los ecosistemas para que los sectores productivos los utilicen de manera sostenible mediante prácticas adecuadas. Es eso lo que el país necesita hoy”, concluyó Hernández Ávila.
Un proyecto trascendente e innovador
Soledad Bauza, representante residente adjunta del PNUD en Cuba, calificó a Ecovalor como un innovador proyecto, que tiene el desafío de continuar aproximando las áreas de economía y medio ambiente, en el ámbito de las actuales proyecciones de desarrollo del país.
Se refirió la funcionaria a los inicios de este camino que han recorrido juntos, desde el año 2013, cuando, a solicitud del Gobierno de Cuba, el PNUD inició el acompañamiento a las instituciones nacionales para el fortalecimiento de capacidades en la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos.
Durante este período se ha logrado la elaboración de la Guía metodológica para la valoración económica de Bienes y Servicios Ecosistémicos y daños ambientales y su más reciente actualización, además se han organizado múltiples actividades de entrenamiento a expertos cubanos del nivel nacional y provincial.
Citó a varios proyectos que contribuyen con el diseño de herramientas metodológicas y propuestas de soluciones financieras para fortalecer la dimensión económica en las decisiones relacionadas con el uso de la diversidad biológica y los recursos naturales.
“A mediados de 2014, con el inicio del ciclo GEF 6, Cuba y el PNUD acordaron preparar una propuesta de proyecto específica para estos temas, y surgió Ecovalor, la primera iniciativa de su tipo aprobada por ese Fondo en América Latina y el Caribe”, subrayó.
En paralelo, la Mayor de las Antillas se incorporó a la iniciativa global Biofin, dirigida a apoyar el Financiamiento para la Biodiversidad y también se avanzó en la identificación y logro de soluciones financieras para el Manejo Sostenible de Tierras.
Todos estos esfuerzos se suman a los 25 años de implementación de proyectos ambientales del PNUD en Cuba, lo cual permite que hoy Ecovalor comience sobre una plataforma articulada de instituciones nacionales y en condiciones más propicias para su ejecución, además de brindar herramientas metodológicas que perfeccionan la integración de la gestión sostenible de la diversidad biológica en los planes y estrategias de desarrollo.
“Se dará continuidad a alianzas establecidas entre los sectores ambiental y productivos y estamos seguros de que la capacidad de articulación interinstitucional, que de manera muy especial ocurre en Cuba, será un elemento clave para el logro de estos resultados.
“Este proyecto apoyará la implementación de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hacia el 2030. El objetivo específico 4 del Eje Estratégico Medio Ambiente y Recursos Naturales se centra en la “protección de la diversidad biológica y en la utilización de los bienes y servicios de los ecosistemas de forma sostenible”.
También se alude al objetivo específico 15 en la “sostenibilidad financiera en el uso y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, la lucha contra la contaminación, y el enfrentamiento al cambio climático”.
“Hemos identificado -comentó Bauza- que Ecovalor contribuye a la implementación en Cuba de 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 16 metas.”
“La Agenda 2030 de la ONU propone que trabajemos de conjunto hacia la prosperidad mundial, el bienestar del ser humano y la salud del planeta como ruta para fomentar el desarrollo sostenible”, argumentó.
