El Gobierno dice estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa de los “legítimos intereses” de las firmas presentes en la isla
La Ministra de Turismo de España, María Reyes Maroto Illera, a su llegada a un encuentro con empresarios españoles en La Habana (Cuba). EFE
El mensaje del Gobierno de Pedro Sánchez a Washington es rotundo: rechazo frontal a la aplicación de la Ley Helms-Burton y apoyo absoluto a las empresas españolas que ya comercian o invierten en la isla, y también a aquellas que están interesadas en hacer negocios por primera vez. Lo dijo la ministra de Industria y Turismo en funciones, Reyes Maroto, tras reunirse en La Habana con un centenar de empresarios con presencia en la isla caribeña.
Maroto advirtió de que el Gobierno está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa de los “legítimos intereses” de las compañías que han apostado por Cuba, aunque ello implique que se desate una guerra comercial entre la Unión Europea y EE UU”, escenario que espera que no se produzca.
“Indudablemente, eso no conviene a nadie. Pero desde España activaremos en la UE los diferentes mecanismos de protección que existen y tomaremos todas las medidas que sean necesarias para garantizar estos intereses”, afirmó, incluyendo una posible demanda ante la OMC y el acuerdo de bloqueo previsto en la legislación europea como antídoto a la ley Helms-Burton.
La norma, aprobada por el Ejecutivo de Estados Unidos en 1996, bajo el mandato de Bill Clinton, incluía sanciones económicas y en su título III permitía reclamar ante la justicia estadounidense propiedades nacionalizadas en la isla después de 1959. Ante la posibilidad de que provocara un alud de demandas contra Cuba y un enfrentamiento comercial con la UE, hasta ahora todos los Gobiernos estadounidenses habían dejado sin efecto -cada seis meses- el famoso título III. Así fue hasta hace unas semanas, cuando el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció que estrechaba el cerco sobre la economía cubana. Primero mantuvo la suspensión solo durante un mes para añadir más presión a las autoridades de La Habana, y finalmente el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, informó que la ley entraría en vigor con todas sus claúslas a partir del 2 de mayo.
Por si no fuera suficiente el mensaje que representa la presencia de Maroto en Cuba tan solo cuatro días después del comienzo de la aplicación del Título III, que ya ha permitido a los primeros reclamantes norteamericanos y cubanoamericanos interponer demandas ante tribunales de EE UU contra empresas extranjeras que supuestamente "trafican" con bienes expropiados, la ministra anunció otra medida: la apertura de un fondo de 375 millones de euros para apoyar las inversiones y operaciones comerciales de los empresarios españoles —el que existía, de 40 millones de dólares, ya se utilizó—. Además, dijo, se crearán dos puntos focales, en la Oficina Comercial de España en La Habana y en la Secretaría de Estado de Comercio, en Madrid, para informar a los empresarios españoles del alcance esta ley extraterritorial y de los mecanismos de protección al que pueden acogerse.
Maroto, que asiste a la Feria de Turismo de Cuba —este año dedicada a España— se reunió ayer con representantes de las principales cadenas hoteleras y empresas españolas de todos los sectores a, a los que transmitió el “acompañamiento” del Gobierno español y un mensaje de “esperanza, compromiso y futuro” en estos momentos de inquietud. “La incertidumbre no es buena”, dijo, admitiendo que “existe preocupación en el sector empresarial y en Gobierno español”, pero aseguró que la determinación es firme y que esto es una buena noticia. “Vamos a reforzar los lazos comerciales y la inversión, y no solo en el sector turístico, también en otros importantes, como el de las energías renovables, el transporte y la automoción”.
En el encuentro empresarial intervino el vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, que lanzó el mismo mensaje de tranquilidad: “Seguimos trabajando en Cuba con normalidad”. Meliá, la cadena extranjera líder en el sector turístico cubano, con 34 hoteles bajo su administración y casi 15.000 habitaciones, tiene previsto abrir cuatro hoteles más en los próximos dos años, además de remodelar y ampliar cuatro de los hoteles que posee en régimen de empresa mixta, el Melia Habana, en la capital, y el Sol Palmeras, Meliá Las Américas y Meliá Varadero, en el principal balneario turístico de Cuba, explicó Escarrer.
Pagar la deuda pendiente
El turismo es el sector más dinámico de la economía cubana y en el que la participación extranjera es más elevada. De las aproximadamente 75.000 habitaciones con que cuenta la planta hotelera cubana, aproximadamente el 70% son de categoría cuatro y cinco estrellas, y de estas prácticamente la totalidad (45.000 habitaciones) son gestionadas por cadenas extranjeras.
España es líder absoluto, ya que administra dos de cada tres de estas habitaciones, y de las 21 gerencias hoteleras a cargo de empresas extranjeras, 10 son españolas, e incluyen a grupos como Iberostar, Barceló, Blau o NH. El año pasado, además, las empresas españolas batieron su récord histórico de exportaciones a la isla, con 970 millones de euros.
Maroto abordó también con los empresarios el tema de los impagos acumulados por Cuba con los proveedores españoles, que cifró en unos 300 millones de euros, un asunto que, dijo, ha tratado y tratará con las autoridades cubanas. El objetivo es agilizar estos pagos y establecer un cronograma que de seguridad a los empresarios. Junto a ello, también pidió que la parte cubana elimine la burocracia excesiva que retrasa las negociaciones y los trámites para la realización de las nuevas inversiones.
Los planes diseñados por el Ministerio del Turismo muestran escenarios bien positivos, visibles en la 39 Edición de FIT Cuba, y enfrentan las recientes medidas anunciadas por el Gobierno de EE. UU. dirigidas a coartar a potenciales inversionistas y empresarios extranjeros...
La creciente hostilidad de la administración de Donald Trump hacia la Isla apunta, en vano intento de hacer diana, a cortar las vías de la reanimación de la economía: atemorizar y sancionar a potenciales inversionistas que intenten poner sus capitales en Cuba, y atacar así al sector del turismo, como puntero de los ingresos y del desarrollo insular.
A la severa restricción de los viajes se une la limitación a mil dólares por trimestre de las remesas a familiares en la isla, y la autorización de demandas a empresas extranjeras que operan en propiedades nacionalizadas tras la Revolución; estas son las tres medidas anunciadas por la actual administración norteamericana para noquear a su más cercano y contumaz enemigo.
El examen de cada licencia aprobada por el Departamento del Tesoro somete a una mayor tensión al ciudadano estadounidense que desea conocer los logros y bondades del país. Estos viajes son severamente restringidos bajo las Regulaciones del Control de Activos Cubanos, promulgadas como el “acto de comercializar con el enemigo”. Bajo estas regulaciones el gasto de dinero relacionado con viajes a Cuba está limitado y la persona que viaje deberá cumplir alguna de las 12 categorías aprobadas por dicho Departamento.
Las sanciones anunciadas por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y la reactivación del título III de la ley Helms Burton, buscan “provocar el miedo y la confusión”, declaró en su portal digital Collin Laverty, experto en relaciones Cuba-EE. UU. y presidente de Cuba Educational Travel, empresa dedicada a los intercambios académicos, culturales y sociales entre ambos países.
Una breve mirada a la industria de los viajes a Cuba —que renació en 1979 con los primeros vuelos desde Puerto Rico y Miami después de 1960— permite corroborar que con estas nuevas regulaciones de la administración imperial se instala un recrudecimiento de la política del bloqueo que busca coartar e impedir la entrada de divisas frescas al país.
Los viajes de familiares desde ambas orillas han sorteado todos los vaivenes que el bloqueo y las administraciones de turno han manipulado. Fueron de particular crudeza las medidas aplicadas por el presidente George W. Bush en el año 2004, cuando redefinió incluso la familia cubana en estos viajes y dejó fuera a tíos, primos y demás familiares más allá de padres, hijos y hermanos, que llevaron los vuelos directos entre ambos países a solo 10 % de los pasajeros en agosto de ese año, en relación con el año precedente.
Los cambios producidos bajo la administración de Obama permitieron la entrada de varias líneas aéreas regulares, de operaciones de Cruceros y de un mayor movimiento de turistas de ese país.
Numerosos conglomerados empresariales de la industria turística de Europa entre otros, mantienen actividades comerciales y de negocios con la isla, y ya han plantado cara con medidas antídoto al capítulo III y han hecho saber al gobierno de EE. UU. su denuncia ante la Organización Mundial de Comercio y blindarse con una protección jurídica que impida daños a sus empresas en Cuba.
Los primeros bombardeos ya se han dirigido hacia la Carnival Corporation, es la primera empresa estadounidense con relaciones con Cuba que ya está siendo revisada en sus operaciones. No han sido mencionadas represalias a empresas norteamericanas cercanas a la familia Trump o a sus allegados, como American Airlines y Marriot International. Tampoco se han mencionado a las otras dos grandes líneas cruceristas Royal Caribbean y Norwegian.
Ciertamente, cortar o limitar los acuerdos concebidos con estas empresas supondría un duro golpe al movimiento de los viajes desde y hacia Cuba y EE. UU. Sin embargo, mientras redactaba esta nota conocí del anuncio de la inauguración de un nuevo vuelo de América Airlines hacia Santiago de Cuba, lo que suman ya 28 vuelos semanales de esta compañía, que sigue sin temor sus operaciones comerciales, y se han sumado además nuevos charteadores.
Desde el sector turístico cubano se confía en poder explotar los resquicios de la nueva normativa, por ejemplo, mediante viajes en grupo que solo trabajen con el sector privado. Pero, en cualquier caso, las prohibiciones suponen un golpe al creciente negocio de empresas turísticas y aerolíneas estadounidenses con presencia en Cuba, que temen ahora un decrecimiento de clientes.
Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, ha querido pagar su deuda política con la ultraderecha cubanoamericana de la Florida aplicando un mandato para desmontar lo positivo alcanzado por Obama, hasta congelar las relaciones bilaterales.
Entre los 4 millones de extranjeros que visitaron Cuba el año pasado se cuentan más de 600 000 turistas estadounidenses, la mayoría a bordo de cruceros que atracan a las puertas del histórico centro urbano de La Habana Vieja.
El sector turístico cubano ha diversificado sus mercados emisores, lo que le permite afrontar las brutales regulaciones para el turismo estadounidense y sus impactos económicos y psicológicos en otros destinos.
El programa para lograr los 5 millones de visitantes es una muestra palpable del inmenso potencial turístico, cultural e histórico de la Isla, que ofrece un alto clima de hospitalidad y de seguridad para sus huéspedes. El crecimiento en el primer cuatrimestre de este 2019 en un 2,7 % en el arribo de turistas coloca la proyección en un marcaje positivo para llegar a la cifra propuesta.
A ello se une la presencia de importantes grupos hoteleros extranjeros que ofrecen un alto estándar en sus alojamientos y se espera la llegada en breve de cinco cadenas de alto nivel provenientes de Francia, España, Singapur e Indonesia.
La celebración de la 39 Edición de la Feria Internacional de Turismo de Cuba será un acontecimiento de singular impacto para el mercado internacional de los viajes y el ocio y contará con la presencia de 1200 expertos de 40 países, 150 espacios expositivos y 250 periodistas provenientes de todo el mundo. Una prueba contundente de que Cuba es un destino atractivo y diverso y que sus visitantes gozan de una alta seguridad. Dedicada a España como país invitado, y a los eventos e incentivos como producto, tiene la motivación de realizarse en La Habana para conmemorar los 500 años de su fundación.
De manera que la política de hostilidad, cerco económico, financiero y comercial contra la isla encuentra un valladar infranqueable en el sector del turismo, que se ha movido buscando alternativas, nuevos mercados y consolidando los ya tradicionales.
Sin dudas, Cuba recibe esta 39 Edición de FIT Cuba posicionada como un destino de preferencia en el mercado mundial de los viajes, desafiando con su proverbial hospitalidad y calidad de oferta turística la hostilidad del gobierno de Trump.
Subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental
Washington D. C.
26 de abril de 2019.
Gracias, Eric, y gracias al Consejo por recibirme hoy. Es un inmenso honor para mí estar aquí y hacer este primer discurso, como lo señaló Eric. Este es un diálogo que no podía ser más oportuno. Previamente este mes, acompañé al Secretario Pompeo en un viaje a Sudamérica, un provechoso viaje a Chile, Paraguay, Perú y Colombia, durante el cual reafirmamos nuestra alianza con estos países y nos enfocamos en abordar los desafíos comunes que enfrenta el hemisferio.
Fue un viaje histórico por muchos motivos, la quinta visita a América Latina del Secretario Pompeo en menos de un año en la función y la primera visita a Paraguay de un Secretario de Estado en ejercicio desde 1965, y eso refleja un momento único en Sudamérica y en las relaciones de EE.UU. con la región. En ningún otro lugar del mundo tenemos el privilegio de fortalecer nuestros lazos con una región en la cual los intereses de nuestros socios están tan estrechamente ligados a los nuestros. Al viajar de Santiago a Asunción, y de Lima a Cúcuta en la frontera de Colombia con Venezuela, sentí —y creo que todos también sintieron— la sinergia palpable entre Estados Unidos y estos cuatro firmes socios sudamericanos. Nos reunimos con cuatro jefes de Estado, y con cada uno advertimos que teníamos objetivos comunes. Todos consideramos al Hemisferio Occidental como un hemisferio de libertad. “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Esta es una cita tomada directamente de la Carta Democrática Interamericana, y nosotros trabajamos con estos y otros socios para hacer realidad esas palabras, pues todos sabemos que nuestros pueblos merecen democracia y la oportunidad de construir sus propios futuros de prosperidad.
Pudimos ver de primera mano cómo la Alianza del Pacífico y ProSur hacen realidad el compromiso de la región con la transparencia y las buenas prácticas comerciales, un compromiso que impulsará la prosperidad regional; y cómo Chile, que encabeza el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) este año, está llevando esta visión del Hemisferio Occidental sobre participación económica positiva a toda la región del Pacífico.
Advertimos que compartimos, absolutamente, un objetivo común al enfrentar juntos la destrucción de Venezuela por parte de Nicolás Maduro, y trabajamos juntos para ayudar al pueblo venezolano a hacer frente al cohorte ilegítimo, corrupto y criminal que rodea a Maduro y apara ayudarlo a restablecer la democracia en su país. Tenemos un objetivo común al enfrentar la nefasta crisis humanitaria y regional que Maduro ha infligido al pueblo venezolano y a casi todos los países de nuestro hemisferio.
También comprobamos que tenemos un objetivo común al conversar sobre el flagelo de la corrupción y sobre cómo el desprecio del Estado de derecho puede frustrar los esfuerzos de la región orientados a fortalecer sus economías y brindar seguridad a sus ciudadanos.
Nuestro mensaje para el hemisferio, el mensaje del Secretario durante sus últimos viajes, y durante su discurso en Santiago, y mi mensaje para ustedes hoy, es que Estados Unidos está profundizando su contacto con la región, y acompañando al resto del hemisferio en la creación de un motor de vitalidad económica, innovación y crecimiento.
Nuestros lazos económicos con los países de América Latina y el Caribe sirven de sustento a medios de vida en todo el hemisferio y reafirman los valores que compartimos. Muchos de ustedes saben que en esta región hay 12 de los 20 países con los cuales Estados Unidos mantiene acuerdos de libre comercio.
Seguimos comprometidos con un modelo de desarrollo económico impulsado por el mercado y el sector privado, y con el fortalecimiento de la prosperidad y la estabilidad en el largo plazo, y el Gobierno estadounidense está trabajando para apoyar esta visión, empleando herramientas de liderazgo económico, en alianza con empresas estadounidenses.
Quisiera darles algunos ejemplos de cómo apoyamos esta visión.
El año pasado, el presidente Trump firmó la Ley BUILD, que duplicará el volumen de financiamiento del desarrollo que ofrecemos en todo el mundo, a US$ 60 mil millones de dólares. Tenemos previsto optimizar este financiamiento en mercados clave de América Latina y el Caribe y fortalecer los lazos estadounidenses con estos importantes vecinos.
El programa América Crece del Gobierno procura catalizar las inversiones en energía e infraestructura del sector privado en América Latina y el Caribe. Desde agosto de 2018, hemos firmado Memorandos de Entendimiento con Panamá, Chile, Argentina y Jamaica en el marco de esta iniciativa, y están en curso otros acuerdos adicionales.
Nada de esto ocurrió aisladamente. Nuestras empresas, muchos de ustedes, están prontas a participar, pero necesitan condiciones equitativas.
Es por eso que seguimos presionando para que las empresas estadounidenses tengan acceso a mercados, y para que haya un comercio justo y recíproco. Es por eso que seguimos exigiendo que todos los actores económicos que operan aquí en las Américas adhieran a los más exigentes estándares de transparencia, anticorrupción, sostenibilidad del endeudamiento, derechos laborales y protección ambiental. Es por eso que apoyamos el fortalecimiento de regímenes legales y del estado de derecho, y apoyamos la gobernanza democrática.
Sin embargo, sabemos que no todos se rigen por las mismas reglas o respetan las mismas normas. El Secretario Pompeo se refirió a este problema cuando señaló en forma inequívoca que la participación económica de China en América Latina y el Caribe ha generado nuevos desafíos; y deseamos asegurarnos de que nuestros socios consideren los riesgos que conlleva tener lazos más estrechos con China. La estrategia de política exterior del Gobierno de Trump siempre se basará en una visión realista de qué sucede exactamente en el mundo.
Reconocemos lo evidente: China es y seguirá siendo un socio comercial importante para Estados Unidos y para muchos países de la región. El presidente Trump ha establecido como prioridad asegurar que haya un comercio justo y recíproco con China, y hemos visto que cuando China observa los estándares internacionales, puede ser importante para ayudar a los países a desarrollar su propio potencial. Sin embargo, en América Latina y el Caribe hemos visto que China, muy a menudo, se aparta de estos estándares internacionales, y cuando lo hace, sus prácticas poco transparentes favorecen la corrupción, erosionan la buena gobernanza y desafían la soberanía de los Estados.
Todos nos estamos recuperando de las consecuencias que dejó la corrupción a gran escala; entendemos cómo se queda con el dinero de los contribuyentes, distorsiona el gasto público, socava la confianza en la política y las instituciones públicas, y perjudica a los hombres y las mujeres que trabajan afanosamente y ganan honradamente su dinero. Perú tomó la delantera al hacer que ese fuera el mensaje de la Cumbre de las Américas del año pasado. Es un buen mensaje. Mientras trabajamos para erradicar la corrupción en las Américas, debemos tomar precauciones para que no ingrese desde el extranjero.
El Gobierno de China, y las empresas chinas, han incurrido en conductas en el hemisferio que socavan la soberanía y la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de los socios democráticos en las Américas.
Como lo indica la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) del Presidente: “Durante décadas, la política estadounidense se basó en la creencia de que apoyar el ascenso de China y su integración en el orden internacional de posguerra contribuiría a liberalizar a ese país. Contrariamente a nuestras esperanzas, China expandió su poder a costa de la soberanía de otros. China recaba y explota datos a una escala sin igual y propaga características de su sistema autoritario, como la corrupción y el uso de la vigilancia”.
Desde que China se sumó a la OMC en 2001, hemos estado esperando que suscribiera y cumpliera las mejores prácticas internacionales que favorecen la buena gobernanza, como nuestra Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act). Estas son normas que numerosas empresas y emprendedores en toda América Latina, con independencia del tamaño del mercado y de su participación en este, se esfuerzan por imitar.
Hemos visto, reiteradamente, que China incumplió esas expectativas. China ha impedido que otros países accedieran a sus mercados, incluso mientras procura expandirse en países de todo el mundo. El gobierno chino obliga a las empresas extranjeras que desean operar en China a compartir información de propiedad exclusiva y transferir tecnología.
Las empresas chinas se apropian de propiedad intelectual. Nuestro Departamento de Justicia recientemente ha revelado ejemplos de este comportamiento, incluidos funcionarios de Huawei que roban información de propiedad exclusiva a un importante proveedor de telecomunicaciones estadounidense.
Esta conducta persiste en la región, incluso mientras el arduo trabajo y las investigaciones de personas en nuestro país, y en todo el hemisferio, son robados, copiados y abusados. Estados Unidos pide a sus socios en las Américas que exijan que China y otros actores respondan por sus acciones y que no permitan que China imponga sus propias normas.
De lo contrario, sería como presentarse en un partido de fútbol y no hacer nada mientras el árbitro no para de sacar tarjetas amarillas y rojas a su equipo, y hace la vista gorda mientras el contrincante golpea a sus mejores jugadores.
El Gobierno chino abusa del debido proceso legal. Como si no fuera suficiente robar propiedad intelectual, cuando Estados Unidos intentó que los responsables de esos delitos respondieran y emitió una orden de detención internacional en el caso de la Sra. Meng, la reacción de China fue burlarse del derecho internacional y el debido proceso. Luego de que Canadá detuviera a la Sra. Meng ejecutando la orden correspondiente, China reaccionó deteniendo arbitrariamente a dos ciudadanos canadienses y volviendo a condenar a un tercero a la pena de muerte por cargos vinculados con drogas. Asimismo, procuró perjudicar la economía canadiense limitando las importaciones agrícolas, todo en un intento por presionar a Canadá para que liberara a la Sra. Meng. La comunidad internacional no puede ceder a esta manipulación, por la cual China aplica represalias por acciones legítimas de aplicación de la ley, deteniendo arbitrariamente y juzgando a nuestros ciudadanos. Podría ser un guión de cine mediocre, si no fuera totalmente real. EE.UU. ha prometido que la Sra. Meng gozará de todas las garantías y los derechos de debido proceso conforme a nuestras leyes, y tomará medidas para asegurarlo.
De cara a una economía mundial cada vez más digitalizada e interconectada, los intentos de explotar mercados económicos abiertos para el traspaso ilícito, recabar datos en una escala sin precedentes con fines de explotación y coerción o exportar el uso nocivo de tecnologías de vigilancia para reprimir los derechos humanos suponen una amenaza existencial para las libertades y para nuestras sociedades.
Nuestras economías dependen de la conectividad y del Internet de alta velocidad, así como del procesamiento sin paralelo de ingentes volúmenes de datos. Y con esta economía digital, el Gobierno ha puesto mucha atención en la próxima generación de tecnología, con énfasis en la seguridad nacional.
Considerando la naturaleza transformativa de la tecnología 5G, las decisiones relativas a contrataciones y emplazamiento que se tomen ahora tendrán un impacto generacional para la seguridad nacional, nuestras economías y nuestras sociedades. Por estos motivos, instamos a los socios —en este hemisferio y a nivel global— a que no se comprometan con un único sistema o proveedor hasta que puedan comparar y contrastar las tecnologías disponibles, y que tomen en cuenta cabalmente la seguridad y la seguridad nacional al tomar decisiones de contratación. Estados Unidos busca promover un ecosistema global de 5G que sustente nuestros intereses y valores comunes. Y nuestro Gobierno no es el único que tiene esta visión.
Australia, Nueva Zelandia, Japón y la República Checa han incorporado consideraciones de seguridad nacional al desarrollar reglamentaciones para preservar la integridad de sus redes de telecomunicaciones e infraestructura crítica. Canadá, un fiel aliado nuestro, está realizando una rigurosa revisión de seguridad de 5G. Sé que varios de nuestros socios en América Latina también están considerando implementar reglamentaciones o procesos de revisión similares en sus prácticas de contrataciones y evaluación de inversiones extrajeras directas. Valoramos esa iniciativa y Estados Unidos se pone a disposición para colaborar en lo que sea necesario.
La visión de China en materia de control gubernamental sobre redes y flujos de información difiere radicalmente de las tradiciones abiertas y democráticas de Estados Unidos y la mayoría de los países del Hemisferio Occidental, incluida la promoción y la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos.
Nos preocupan sustancialmente las relaciones íntimas entre los servicios de inteligencia de China y sus empresas. La Ley de Inteligencia Nacional de China dispone que “todas las organizaciones o ciudadanos deben apoyar, asistir y cooperar con tareas de inteligencia estatal en consonancia con la ley, y preservar el carácter secreto de todos los conocimientos de las tareas de inteligencia nacional”.
Quisiera reiterar esta cuestión. La ley de inteligencia nacional de China obliga a todas las empresas chinas a cooperar con los servicios de inteligencia de China. Sin ninguno de los sistemas de controles recíprocos que tienen los países como los nuestros: tribunales independientes, partidos opositores y una prensa libre. Esto implica que, por ley, todos los datos que pasan por China o son procesados por una empresa china podrían estar disponibles para el Gobierno chino, con carácter absolutamente secreto y sin limitaciones legales en cuanto a su recopilación o ulterior uso.
La totalidad de la identidad digital de los ciudadanos que viven en democracias en el Hemisferio Occidental podría quedar bajo el control y la vigilancia de un gobierno autoritario. Cuando las ciudades compran sistemas de TV de circuito cerrado y herramientas de vigilancia para mejorar el transporte y la seguridad, por ejemplo a través de la iniciativa Ciudades Inteligentes de China, la información podía estar disponible para el Gobierno chino. Otros gobiernos que dependen de esas mismas tecnologías, que traen aparejadas tantas condiciones, deben reconsiderar si desean que las empresas chinas y, de hecho, el Gobierno chino, repliquen algunas de esas mismas prácticas y, al hacerlo, menoscaben la protección de los derechos humanos en el hemisferio y exijan renunciar a la soberanía nacional.
A diferencia de la manipulación sistemática de datos y tráfico de Internet con fines estatales que realiza China, Estados Unidos promueve y defiende el modelo multisectorial de gobernanza de Internet frente a intentos, por parte de cualquier nación, de desarrollar modelos de gobernanza centrados en el Estado.
Asimismo, el financiamiento del desarrollo no debería generar endeudamiento insostenible. Pekín utiliza la diplomacia del endeudamiento para generar dependencias, algo que podría parecer irrelevante hoy pero que, tarde o temprano, constituirá una presión muy concreta sobre los gobiernos y las sociedades y supondrá un desafío para la soberanía de los Estados. Hemos visto que en otras regiones del mundo China presenta iniciativas destinadas a generar alternativas a los modelos occidentales de desarrollo y gobernanza.
En el Hemisferio Occidental, esperamos —y debemos exigir— que los proyectos de desarrollo de infraestructura tengan procesos de contratación transparentes, respeten las salvaguardas ambientales y sociales y fomenten el crecimiento inclusivo, en consonancia con los rigurosos estándares de las instituciones financieras internacionales.
Dado que somos un hemisferio de economías mayormente abiertas, y empresas libres impulsadas por el sector privado, es importante recordar que China no funciona de esa forma.
El Gobierno posee directamente muchas de las más grandes empresas y grupos de inversión de China. Incluso numerosas empresas chinas en general se alinean con las prioridades estatales, debido a que están obligadas a cumplir con políticas y leyes industriales nacionales que ofrecen incentivos para la consecución de los objetivos de política industrial definidos por el Estado. El Gobierno de China, y las empresas chinas, sencillamente operan conforme a normas e ideologías absolutamente diferentes a las de las Américas.
Cuando una empresa estadounidense está en el extranjero, los gobiernos saben que está alcanzadas por la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero. No aparecen con bolsas de efectivo y falsas promesas de grandes proyectos de infraestructura a bajo costo. Nuestros tribunales de justicia exigirían que los transgresores respondan por esas acciones. Tenemos sólidas instituciones, sólidos veedores y una sociedad civil que exige que los funcionarios y el sector privado rindan cuentas.
Las empresas chinas sencillamente no observan los mismos estándares de conducta.
Ustedes vieron esto claramente en la represa Coca Codo Sinclair en la selva ecuatoriana. La represa, construida por una empresa estatal china, debía solucionar las necesidades energéticas de Ecuador.
La represa ahora funciona a la mitad de su capacidad. El proyecto incluyó préstamos del Gobierno chino. China recibió además el 80% del petróleo de Ecuador a un precio de descuento, y luego lo revendió con ganancias.
Casi todos los máximos funcionarios ecuatorianos implicados en la construcción de la represa están encarcelados o han sido condenados por soborno en la justicia ecuatoriana. Ecuador ahora busca asistencia para cancelar o comprar la deuda china.
Celebramos las prontas medidas del gobierno del presidente Moreno para llevar ante la justicia a los responsables de haberse enriquecido a costa del pueblo. Confiamos en que otros sigan este ejemplo, para combatir la corrupción y la impunidad.
No sería apropiado que no mencione a Venezuela, sobre todo el modo en que las prácticas de China se están dando en ese país. Venezuela sigue atravesando una gravísima crisis humanitaria provocada por años de corrupción y mala gestión por parte del exrégimen de Maduro.
Estados Unidos y nuestros socios regionales, incluidos la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Lima, hemos declarado nuestra solidaridad con el presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano. En total, 54 países de todo el mundo apoyan a Juan Guaidó y una transición democrática en Venezuela.
Sin embargo, China sigue sosteniendo a Nicolás Maduro, pese a que no supo garantizar el bienestar del pueblo venezolano.
China es uno de los principales acreedores exteriores de Venezuela. Se estima que ha dado a Venezuela préstamos por más de US$ 60.000 millones desde 2007, eludiendo el control de la Asamblea Nacional venezolana. China hizo esos préstamos en un intento por conseguir acceso a recursos petroleros y contratos de construcción.
Venezuela se ha visto obligada a pagar gran parte de estos préstamos con envíos en especie de petróleo, lo cual agudizó su crisis de producción y restringió en mayor medida los recursos disponibles para ayudar al pueblo venezolano a salir de la actual catástrofe económica, provocada por el hombre, que atraviesa el país.
Las empresas chinas apoyan a Maduro de otras formas perniciosas no tan evidentes. Según ha trascendido en los medios, el gigante chino de las telecomunicaciones ZTE ayudó al régimen de Maduro a construir una base de datos y crear un sistema de pagos móviles para su uso como tarjeta de identificación de votantes. El “carnet de la patria” se ha convertido en una herramienta para que Maduro controle a los ciudadanos y asigne recursos escasos a sus adeptos.
El carnet de la patria muestra cómo China exporta conocimientos tecnológicos que pueden ayudar a gobiernos autoritarios a monitorear, premiar y castigar a ciudadanos a través de un sistema de vigilancia digital. El uso de una tarjeta de identidad en Venezuela como herramienta de control y represión se asemeja a la represión creciente de minorías étnicas y religiosas, incluidos los uigures en la provincia china de Sinkiang, por el Partido Comunista. Desde abril de 2017, un millón de musulmanes y miembros de minorías étnicas han sido detenidos en campamentos de confinamiento. Desde su fundación, el Partido Comunista ha mostrado hostilidad extrema hacia todos los credos. Hemos recibido señalamientos de muertes y de torturas en estos campamentos. Con el uso arbitrario y generalizado por parte de China de sistemas de vigilancia invasivos de alta tecnología, la recopilación de biodatos y la cantidad creciente de agentes de seguridad en la región, el Partido Comunista ha convertido a Sinkiang en un “estado policial”. Seguiremos señalando a quienes cometen violaciones de derechos humanos y exigiendo que respondan.
Mientras pregona la “no intervención”, China ha actuado con hipocresía al apoyar las prácticas comerciales corruptas y el nepotismo en Venezuela, y así ha precipitado y prolongado el padecimiento del pueblo venezolano. Mientras el pueblo venezolano exige cambios y el Grupo de Lima condena la intromisión china en Venezuela, China apoya a Maduro y a su cruenta banda de matones. Los préstamos chinos han contribuido a destruir lo que supo ser uno de los mayores éxitos económicos de la región. Esta debería ser una poderosa enseñanza para todos nosotros del poder corrosivo de los supuestos préstamos “sin condiciones” de China.
Quisiera concluir destacando que no todos los proyectos de inversión chinos son maliciosos o implican la pérdida de soberanía. Si las sociedades chinas operan en igualdad de condiciones con empresas extranjeras dentro de China o a nivel internacional, observando las normas, y respetan los estándares ambientales y laborales, no incurren en préstamos predatorios y fomentan una mayor –en vez de menor– estabilidad, nosotros, y creo que las Américas en general, veríamos con beneplácito la competencia leal con China. La mera promesa de “desarrollo de alta calidad” no servirá de nada si China tiene antecedentes tan deficientes.
Quisiera concluir hoy con un ejemplo positivo de cómo la región se está uniendo para impulsar objetivos comunes de prosperidad económica y buena gobernanza, y de cómo las Américas han dado a entender que esta región establecerá sus propias normas y forjará su propio futuro.
El mes pasado se realizaron dos importantes votaciones en el Banco Interamericano de Desarrollo: una para reconocer al representante del gobierno de Juan Guaidó de Venezuela y otra para insistir en que el representante tenga el derecho a participar libremente en su reunión anual.
Vimos a socios regionales e internacionales actuar en defensa de las normas democráticas internacionales y de la participación del representante de Guaidó. En vez de trabajar en consenso con el BID, China se negó a reconocer al representante de Guaidó. En respuesta, la región se unió y canceló la Asamblea anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo que estaba previsto que se realizara en Chengdu, China.
Afortunadamente, la próxima asamblea anual del BID tendrá lugar este verano aquí, en el Hemisferio Occidental, en Guayaquil, Ecuador. Apoyamos estos esfuerzos de nuestros socios en el hemisferio de cuidar sus intereses económicos a largo plazo.
Todos los gobiernos de la región tienen derecho a tomar decisiones sobre su propia prosperidad económica como naciones soberanas. Y tienen que tomar decisiones sobre los climas de inversiones que desean favorecer y la fortaleza que desean infundir a sus instituciones democráticas. Esas decisiones deben tomarlas ellos, sin interferencias extranjeras maliciosas.
Nuestra visión positiva es la de forjar y fortalecer alianzas que refuercen nuestros valores y objetivos comunes, haciendo que nuestra región sea más próspera, más segura y más democrática. Podemos y debemos aprovechar este momento positivo para favorecer el crecimiento de nuestras economías y hacer frente juntos a los desafíos regionales y globales.
Producción porcina en Artemisa. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
No es nada nuevo que la producción de carne porcina en Cuba experimentó un declive durante el último cuatrimestre de 2018 y el primer trimestre del actual año.
Tampoco es noticia que la disminución de los volúmenes –junto a la “intermitencia” de alimentos como el pollo y la salchicha en la red de tiendas del país–, han propiciado una demanda superior del cerdo en el mercado y, por consiguiente, un alza en los precios de las ofertas en las tablillas de los establecimientos agropecuarios.
En la capital cubana, por ejemplo, la libra de carne de cerdo ha llegado a la desorbitante cifra de 70 pesos.
En un primer acercamiento al tema, Cubadebate indagó sobre la producción y comercialización del cerdo en Villa Clara, una de las provincias mayores aportadoras al plan nacional y que posee una experiencia consolidada de trabajo e innovación a fin de incrementar sus entregas.
Como ya se conoce, no se arrancó con buen pie este año (ni se cerró con satisfacción el anterior) debido a la deuda estatal de alimento a los productores. El incumplimiento en las entregas de piensos esenciales a base de materias primas (soya y maíz), contratadas con proveedores internacionales,que “no llegaron en tiempo” o “nunca llegaron”, propiciaron el decrecimiento de la disponibilidad existente hoy, la cual no verá un despuntar hasta dentro de unos meses, si no se presentan otros contratiempos.
Fuentes oficiales aseguraron a Cubadebate que Brasil y Argentina decidieron no enviar los cargamentos contratados, aunque no esclarecieron los porqués de las fallas en ese eslabón tan importante para la cadena, y que está impactando perceptiblemente en la mesa de los cubanos.
Yasser Hamed Jassén Santiesteban, jefe de la División Tecnológica Porcina (DTP) del Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN), aseguró que en el caso de los retrasos, se debió “a los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos”, entre cuyas consecuencias está la obligación de adquirir las materias primas en otros países distantes geográficamente.
El alimento que se demoró…
Desde septiembre último, no se les entregaba alimento a las diferentes modalidades de convenios porcinos, situación revertida desde inicios de abril, cuando se comenzó a distribuir.
Existen trestipos de convenios porcinos:
Precebas al destete: La Empresa Porcina vende al productor (tenente legal de tierra) las precebas destetadas, pienso de preinicio o inicio y el resto del alimento conveniado (70%) y el productor retorna los cerdos con 90 kilogramos o más. Esta modalidad tributa el 60% de la carne al plan estatal.
El plan para este año era conveniar 1 millón 300 mil precebas (retornarían 106 mil toneladas de cerdo en pie). En el primer trimestre se dejaron de pactar 92 mil precebas a causa de las mortalidades y disminuciones de partos, perdiéndose por este concepto unas 18 mil toneladas.
De ceba con animales propios: Los cerdos provienen de la crianza del productor, la Empresa Porcina le garantiza una determinada cantidad de alimento y el productor le vende los cerdos.
De reproductoras: El pie de cría proviene del productor o de la venta por la Empresa Porcina, que le asegura el alimento conveniado y el productor le vende los cerdos.
Yasser Hamed Jassén Santiesteban, jefe de la División Tecnológica Porcina del Grupo Empresarial Ganadero. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
De acuerdo con Jassén Santiesteban, a las formas productivas contratadas se les garantizó subproductos nacionales –cuando hubo disponibilidad–, como el salvado de arroz y de trigo, además de la miel B, obtenida del proceso industrial azucarero.
Cuba cuenta con más de 14 mil productores porcinos pertenecientes al sector cooperativo y campesino: Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UPBC), que tributan el 92% de la carne del total de la demanda nacional. Además, existen productores independientes no asociados y entidades estatales con relaciones contractuales con la empresa porcina.
Los destinos principales de la carne son el Ministerio de la Industria Alimentaria, que obtiene el 92% para ser procesada (una parte significtiva se destina a sustituir importaciones de esta carne para el turismo). También el programa porcino, aunque en menores porcientos, dirige el alimento a las unidades de Comercio y Gastronomía, y a Acopio, encargado de llevarla hasta las tarimas de los mercados agropecuarios estatales, por ejemplo.
Según el jefe de la DTA, “la situación en el primer trimestre no fue favorable pues no se le distribuyó alimento a las modalidades de convenio de reproductoras ni al de animales propios, y a la preceba nada más se le pudo entregar el 44% de la comida”.
Esto trajo como consecuencia la conocida disminución de los aportes de carne a partir de esas fuentes en lo que va de 2019: para ser exactos, 56 mil toneladas; también incidió un deterioro del peso promedio de la preceba, pues la deficiente alimentación propició el nacimiento de cerdos bajo peso y el aumento de las mortalidades.
“Es evidente que no hay cerdo para llegarle al plan total de este año (198 mil toneladas, 180 mil para el programa estatal)”, reconoce el directivo del grupo perteneciente al Ministerio de la Agricultura.
Pese a las dificultades afrontadas el año anterior debido, también, a la escasa disponibilidad de alimento importado, se logró una producción total de 198 mil 974 toneladas, casi cuatro mil por encima de las previstas.
Esperanzado en una ligera recuperación a partir del segundo semestre del año, el GEGAN despliega en la actualidad una “ofensiva” para recontratar a todas las formas productivas del sector cooperativo campesino con potencialidad para criar, aunque sea, pocas cabezas de ganado porcino.
“Se les ha comenzado a entregar el alimento de manera estable a las tres modalidades de convenio; pero ese cerdo no nos va salir en un mes ni dos; se trata de un proceso de cinco o seis meses para recuperar esas fuentes, así como el peso promedio de la ceba para, con un mismo cerdo, se ganen más kilos”, sostiene Jassén Santiesteban.
En Artemisa, Yankiel Macate Hernández, director de Producción de la Empresa Porcina de la provincia, coincide en los impactos que trajo consigo la crisis de alimento.
“Nuestra empresa no estuvo exenta, pero se tomaron estrategias a nivel de país, de grupo, provincia y municipio, y se nos llamó a potenciar la masa básica que son las reproductoras, la fuente principal, porque si no hoy no tuviéramos de donde sacar ese puerquito”, sostiene.
Otra medida de cara a la “contingencia” fue apoyar a los productores, de ahí que se ofrecieron capacitaciones en cada municipio del occidental territorio.
“No todo el mundo tiene la misma integralidad ni le saca el máximo a sus producciones; por lo que se recurrió a un mejor empleo de alimentos alternativos como los yogures de yuca y de boniato, que salvaron cerdos en ese momento; también aliviaron la situación subproductos como el arroz y la soya, que no eran del aprecio o el conocimiento de muchos productores”, refiere Macate Hernández.
Preservar la masa reproductora, acertada decisión
Cría de cerdos en la finca “Los Sementales”, en el municipio Candelaria, Artemisa. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Una noticia positiva es que, pese a la escasez de alimento por más de seis meses, se protegió la genética y se conservó la masa básica porcina.
El jefe de la DTP asegura que “no hubo problemas con la reproducción, ni una alta propagación de bacterias en el programa porcino; si perdemos la masa básica que son las reproductoras, no se recupera hasta dentro de tres años”.
De acuerdo con Jassén Santiesteban, se reforzaron las medidas de bioseguridad y si se enfermaba una cría, inmediatamente era sacrificada para evitar la propagación de infecciones.
Cuba está en la élite de la genética mundial en lo que concierne a razas de cerdo, a la par de países como Canadá y Holanda. Cuenta con un pie de cría genético con animales de gran ganancia media diaria de peso por kilogramo de alimento consumido.
Impuesto, pago a productores y límite de cerdos
Si bien es cierto que la falta de alimento impactó en la producción de carne porcina –al menos en la que va al plato de los cubanos–, otros criterios apuntan a una “desestimulación” a causa del cobro de impuestos a los porcicultores sobre sus ingresos personales.
Con una escala progresiva que va desde el 10% para quienes obtienen ganancias de hasta 12 mil pesos, y termina en el 45% si el productor excede los 150 mil, la medida, a todas luces, causa polémica e incluso muchos la consideran inoportuna.
Impuesto por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales.
Impuesto sobre Utilidades a las Cooperativas de Créditos y Servicios.
Liquidación anual del Impuesto sobre los Ingresos Personales de los productores Individuales del Sector No Cañero, mediante la Declaración Jurada (DJ).
Por primera vez, no se exoneró a los productores del pago del impuesto por los ingresos personales, el cual ya debieron erogar en este primer trimestre.
Resulta un contrasentido para Denis Martínez, porcicultor villaclareño con casi cinco años de experiencia, que esta medida se aplique justo cuando escasea el pienso.
“Si el país llama constantemente a producir alimentos, no creo que este sea el mejor momento para aplicar este impuesto. Al menos se podría considerar una bonificación o disminuir un poco el tipo impositivo”, observó.
Por su parte, Yoandris González, porcicultor del municipio Candelaria, en Artemisa, lo considera “normal”.
“Muchos dicen que está mal, otros dicen que bien. Soy de los que piensa que está normal; yo no tenía nada, a mí me cedieron esta tierra por 20 años, el Porcino me da parte de la comida y me garantiza el cerdo”, argumenta.
Él ve el pago a la ONAT como la contribución con los servicios básicos de los que se beneficia el pueblo. “En realidad mis hijos van al hospital y no pagan la consulta. ¿Una operación en este país cuánto cuesta?”, razona.
“Entonces ¿cómo nos vamos a negar a pagar los impuestos? Pienso que quien se oponga está pensando mal, si lo vemos desde ese punto de vista”.
Foristas en este mismo sitio califican de errada la estrategia de aplicar impuestos a los productores, justamente cuando el país necesita aumentar los incentivos para que exista mayor disponibilidad y variedad de alimentos para la familia cubana.
Identificado como “Cr7”, un comentarista aduce que “desde que pusieron en vigor dicho impuesto, se desapareció la carne de puerco barata del Estado, pero los particulares la siguen teniendo”.
“Villa”, otro forista del sitio, opina que es necesario “que los productores aporten a la sociedad”, pero añade que resulta “injusto” el valor de los impuestos, máxime si la producción de cerdos es un trabajo de tanto sacrificio.
En busca de una opinión, Cubadebate contactó con el Ministerio de Finanzas y Precios; pero no hubo una respuesta concreta.
No obstante, encontramos que en la última sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la titular del ramo, Meisi Bolaños, particularizó ante la comisión de Asuntos Económicos que este año, por primera vez, los productores agropecuarios individuales comenzaron a tributar a través de la Declaración Jurada (DJ), a presentarse desde enero hasta el 30 de abril.
De acuerdo con la Ministra, ello estuvo antecedido por un “arduo proceso de preparación y comunicación a las bases productivas”; sin embargo, “han resultado insuficientes las acciones para facilitar el acceso a la DJ por los productores”. Añadió que del potencial identificado, menos de la mitad la había presentado hasta la fecha.
Insistió en ese marco que la presentación de la DJ “es un deber formal que transparenta los ingresos legalmente obtenidos por los productores individuales”.
Por otra parte, afloraron otras inquietudes relacionadas con el pago de la empresa porcina a los productores una vez que éstos entregan los cerdos con el peso óptimo, de acuerdo con lo estipulado en los convenios.
Yankiel Macate explica que 93 kilogramos es el peso que deben alcanzar los cerdos para cubrir lo pactado en los convenios, a partir de ahí, está establecido que 90 kilogramos se paguen a precio oficial (21,50 pesos por kilogramo), y los restantes a precio diferenciado (32.91 pesos por kilogramo), por animal en pie.
El director de Producción de la Empresa Porcina de Artemisa asegura que –al menos en su territorio–, siempre cuentan con el dinero para pagar a los productores. “Lo pactado son 30 días hábiles luego de efectuar la compra. Hoy nuestra empresa está pagando sobre el plazo de los 13-14 días aproximadamente”, añade.
“El convenio dura 180 días, desde el momento en que se le entregan los animales al productor. Al ser de mutuo acuerdo, el contrato puede prorrogarse en caso de que los animales no tengan el peso adecuado, aunque también es posible que los productores tengan los cerdos con el peso óptimo antes de cumplirse ese plazo”, según ejemplifica.
Ramón Domínguez Ortiz, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Comercializadora de la Empresa Porcina de Artemisa, corrobora que “no tienen deuda de dinero con ninguna forma productiva” y que no se excede el plazo de 30 días para efectuar los pagos.
“Incluso si algún campesino que no esté asociado a las modalidades de convenio tiene crianza de cerdos de traspatio y quiere venderlos, se lo compramos casi al mismo precio de la calle y a los siete días tiene el cheque para ir al banco a cobrarlo”, aclara.
En Artemisa puede que los pagos marchen bien, sin embargo, en la referida sesión de trabajo por comisiones del Parlamento cubano, la titular de Finanzas y Precios llamó la atención en las cadenas de impagos con los productores agropecuarios, a través de las empresas del OSDE ganadero.
“No vamos a permitir impagos a nuestros productores agropecuarios, y lo cierto es que hemos llegado a provincias con cuentas por pagar vencidas, donde ha tenido que intervenir el presupuesto estatal para solventar la situación”.
Dijo que aunque dicho problema está minimizado, aún no se resuelve del todo, y llamó a “transformar la situación con rigor y responsabilidad desde las unidades primarias, favoreciendo sistemas integrados de trabajo, gestión y control”.
¿Y qué pasa con el límite de cerdos que puede tener un productor en sus cochiqueras?
Producción porcina en Artemisa. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
El jefe de la DTP del Grupo Empresarial Ganadero explica que la Resolución 50, del presidente del GEGAN, estipula que quienes ya tenían una instalación con capacidad para 800 puercos o mil se mantienen, mientras cuenten con las condiciones óptimas para la actividad, y tierras que respalden las cabezas de ganado.
Yoelvis Rubén Andreu Horta, jefe de la Brigada Comercializadora Porcina del municipio Candelaria, asegura que de acuerdo con la documentación aprobada a nivel nacional, “en el caso de los productores que presenten los requerimientos adecuados, pueden ´montar´ más de 500 animales, cifra límite establecida en dicha documentación”.
No todo es negativo en esta historia
Yoandris González Cárdenas, productor de la CCS “Caridad Díaz Capetillo”. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Al cierre de marzo, en Artemisa había 369 productores con uno o más convenios con la Empresa Porcina, cuyo plan es aportar este año 14 mil 318 toneladas de carne al plan nacional.
Yoandris González Cárdenas, de la CCS “Caridad Díaz Capetillo”, localizada en el municipio de Candelaria, se dedica desde 2008 a la cría de ganado porcino en la modalidad de convenio.
En cinco naves debidamente acondicionadas y limpias, con capacidad para mil 200 cerdos, este campesino de 35 años agrupa a sus animales, luego de seleccionarlos según el peso cada uno.
“En estos momentos contamos con 700 porque una parte de las cochiqueras se encuentran en proceso de desinfección, ya que recientemente se sacó un grupo de cochinos”.
Este productor integral no solo cría cerdos, sino ganado ovino y equino. A la vez tiene cultivos varios para el abastecimiento de la población de su localidad, e incrementar ese 30% que –de acuerdo con el convenio– debe garantizar el productor para la alimentación de sus cerdos.
“Gracias a los alimentos alternativos pude sacar los mil 200 animales que tenía en el momento de escasez de los piensos destinados por el Estado; tuve que auxiliarme en la miel proteica, la yuca y el boniato, y ahora tengo preparadas 10 hectáreas para la siembra de maíz”, añade.
Este agricultor sostiene que no hay que “sentarse a esperar” por la comida que debe garantizar la empresa porcina, “si a ti te entregan la tierra es para ponerla a producir y en momentos de crisis tengas donde acudir”. Para él se trata de tener una reserva: “ese es mi armamento para tiempo de guerra”.
“Porcino me da parte del alimento, pero si por cualquier motivo eso no sucede, el cochino no puede esperar, porque come todos los días”, dice con naturalidad, al tiempo que muestra las tierras preparadas para comenzar a plantar maíz.
Este productor, uno de los más destacados de la Artemisa, tributa por concepto de convenio 200 toneladas de carne anualmente.
Para ello, adquiere mil 200 animales y está en proceso de incrementar esa masa a partir de la construcción de otra nave con capacidad para 30 reproductoras.
Finca perteneciente a la CCS “Caridad Díaz Capetillo”. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
“Yo tengo mis estrategias, ´monto´ los cochinos de manera escalonada. Primero pongo 600, y cuando estos tienen un mes y medio es que monto los otros 600”.
“Estos tienen cuatro meses, van bien, les faltan dos meses para entregarlos al porcino…estos otros también avanzan”, nos muestra Yoandris y se nota que todo está bien preparado para que su producción salga adelante sin contratiempos.
“Como puedes ver lleva trabajo, mucha limpieza, no es echarle comida al cochino y terminas, los corrales se deben desinfectar dos veces por semana”.
Yoandris aspira, además, a pactar un nuevo convenio experimental, con cerdos de raza ibérica, “de los que se crían en patios”, y que tributarían al abastecimiento del pueblo.
Llegar a las bases productivas
Una asignatura pendiente, según el criterio del director de la DTP, es llegar a las bases productivas y estar al tanto de cada una de sus inquietudes y problemas.
“Comenzamos por el Instituto de Investigaciones Porcinas, el mayor extensionista del programa, para la confección de manuales de capacitación que incluyen la producción de alimentos alternativos; la capacitación es otra de las aristas que se deben explotar más”, asegura.
“Un programa tan importante no puede depender de los barcos, tiene que sustentarse con otros componentes como el salvado del arroz, la miel proteica y el maíz nacional, además de rescatar las producciones de palmiche (fruto de la Palma Real), un alimento empleado en la rama de la ganadería porcina, y altamente codiciado por los cerdos criollos.
“Los productores hicieron un gran esfuerzo en el último cuatrimestre del pasado año y en este trimestre; hubo algunos que aportaron hasta el 50% del alimento; pero como mismo hubo algunos que garantizaron un porciento considerable, los hubo que sólo aseguraron el 15%, y ahí es donde tenemos que llegar”.
Para Yasser Hamed no se trata sólo de “exigirles”, sino de visitarlos y capacitarlos, pues en esa base es donde existen las mayores reservas y potencialidades.
Otra estrategia de la máxima entidad que guía la actividad porcina en el país es fomentar la cría de cerdos “al aire libre”.Candelaria, por ejemplo, es uno de los municipios seleccionados para la monta de los cotos criollos (de raza ibérica), para el autoconsumo.
Artemisa ya cuenta con una unidad especializada para obtener los pies de cría a entregar a los productores, precisó Ramón Domínguez Ortiz, director de la UEB Comercializadora de la Empresa Porcina de la provincia.
Otro aspecto relevante, según han expresado las autoridades del Ministerio de la Agricultura, es concretar la aspiración de garantizar a cada habitante la posibilidad de adquirir mensualmente cinco kilogramos de proteína animal. De ellos, dos serían aportados por el programa porcino.
Lograr el necesario encadenamiento para que no sólo sea producir, sino poner en las carnicerías y tarimas el demandado alimento, sin intermediarios, es la aspiración de quienes hoy conducen el programa porcino en Cuba. Mientras tanto, hay más por hacer que decir para que éste sea verdaderamente sostenible y eficiente.
En video, cubanos opinan sobre la venta de carne de cerdo
