Autor: Redacción Digital | internet@granma.cu
16 de noviembre de 2020 12:11:51
"La edificación de la nueva sociedad en el orden económico es también un trayecto hacia lo ignoto". RCR
Cuba junio noviembre 2020 . CESLA
A pesar de las adversidades, la exportación de miel de abeja cubana se mantiene estable. Foto: Yosdany Morejón Ortega/ Cubadebate.
En un escenario complejo, signado por la persecución comercial y financiera del bloqueo norteamericano y el impacto negativo de la COVID-19, la Empresa Apícola Cubana cumple con sus compromisos de exportación de miel de abeja en diferentes formatos, gracias al esfuerzo de los trabajadores.
Lázaro Bruno García Castro, director general de la mencionada entidad, explicó a Cubadebate que el reto es alto, incluso se suman afectaciones asociadas a la tormenta tropical Eta, pero se logra acopiar y beneficiar un producto de excelente calidad para los mercados tradicionales. Por ello el sector se encuentra en condiciones objetivas de incrementar su aporte a la economía nacional.
Tanto las tres plantas de procesamiento de la miel que hoy tiene el país, como la única planta de embasado, exhiben resultados estables.
“Todos sabemos que la apicultura es un renglón fuerte para la economía de la nación. En estos momentos el Ministerio de la Agricultura tiene tres rubros exportables que son fundamentales: el tabaco, el carbón y la miel de abeja. Te doy fe del esfuerzo realizado en estos últimos meses, pero lamentablemente varios factores adversos se unieron y nos impiden la materialización de algunas metas”, acotó el directivo.
Para 2021 la empresa tiene concebido ya su plan de desarrollo y se pretende incrementar la comercialización de abejas reinas, cajas de colmenas, láminas de cera estampada, herramientas, medios de protección, e insumos para la producción apícola.
Mención especial merece la planta de beneficio enclavada en Sancti Spíritus, la de mayor producción del país, sometida desde hace años a procesos inversionistas que hoy permiten optimizar, aumentar y diversificar los surtidos.
Al decir de Alberto Bravo Pérez, su director, las constantes transformaciones a las cuales se somete la industria, no solo han mejorado la infraestructura, sino que también agregan valor a la exportación del alimento porque se vende ya en varios formatos y gramajes.

Para el ingeniero Alberto Bravo Pérez, la miel cubana tiene un mercado seguro en Europa por su calidad. Foto: Yosdany Morejón Ortega/ Cubadebate.
En la central provincia cubana se puso en funcionamiento una línea para el envasado en minidosis (19 gramos) y en estos momentos se instala otra, capaz de envasar alrededor de 20 tipos de formatos, fundamentalmente en plástico y en cristal; tecnología parecida a la que se explota en el capitalino municipio de La Lisa, la cual abastece al sector turístico, las cadenas de tiendas recaudadoras y los aeropuertos.
Como parte de las inversiones es muy probable que antes de finalizar el 2020, la planta yayabera concluya la construcción de un moderno almacén con doble función: guardar bajo condiciones óptimas los insumos necesarios y con la inocuidad requerida, el producto acabado.
“La miel cubana tiene un mercado seguro por su calidad. Quiere esto decir que hemos conquistado con nuestros esfuerzos un mercado internacional del cual estamos complacidos. Me refiero a esto, no solamente por los precios, sino por los volúmenes que el país aspira a producir en los próximos años”, explicó el ingeniero y director de la unidad empresarial de base desde hace 10 años.
La micra es una unidad de longitud equivalente a la milésima parte de un milímetro y el proceso de filtraje que se sigue en este tipo de plantas es tal, que finaliza en 0.4 (micras), de ahí su limpieza y aceptación en el exterior.
El mercado europeo se caracteriza por la exigencia y elevados estándares de calidad, sin embargo, nos comenta Bravo Pérez, hasta el momento no se ha recibido queja alguna procedente de los clientes, lo cual habla a las claras de la aceptación y preferencia por la miel de abeja cubana.
La apicultura apuesta además por el desarrollo de derivados de la colmena como el veneno de abeja, los propóleos, fabricación de velas y cosméticos, entre otros. Dichos productos, buscando el financiamiento adecuado, pudieran incluirse en un futuro cercano dentro de los más importantes rublos exportables de la nación.
“Como es lógico esto requiere tecnología, pero sin temor a equivocarme, por la forma en la cual estamos trabajando, vamos a incrementar la producción y exportación de derivados de la colmena. De hecho ya existen experiencias positivas en el país y hemos dado pasos de avance. Ahora mismo mezclamos la miel con el polen, jalea real y propóleos; para enriquecerla aún más desde un punto de vista nutricional”, informó el espirituano.
De igual forma todas las provincias del país producen actualmente mieles ecológicas, elemento que va en ascenso dada su aceptación en el mercado internacional. El producto es más valorada y cotizado que la miel convencional; lo cual abre nuevas oportunidades de exportación.
Las potencialidades de la apicultura como motor impulsor de la economía cubana tampoco son innegables o despreciables. Con la mirada puesta en ese horizonte, se afanan los trabajadores del gremio.
Aunque muchos productos han visto afectado su precio en el mercado internacional, no ha sido el caso de la miel de abeja, cuyo valor se mantiene estable, en gran medida por sus efectos medicinales y curativos.

En Sancti Spíritus se habilitó una línea para el envasado en minidosis y se instala otra, capaz de envasar alrededor de 20 tipos de formatos. Foto: Yosdany Morejón Ortega/ Cubadebate.
La Habana, 16 nov (ACN) Recientemente fue aprobada una resolución que permite a los trabajadores tener una mayor flexibilidad en la contratación de personas durante los picos de cosechas u otras actividades que requieran de mayor fuerza de trabajo, iniciativa que ha sido bien acogida por las facilidades que ofrece.
La resolución 24 del año 2020 autoriza a todos los productores agropecuarios, individuales, que estén vinculados o no a Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), a Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) o de Crédito y Servicios (CSS), a contratar directamente a personas que no sean trabajadores por cuenta propia (TCP).
Adriana Ballester Hernández, directora de personal del Ministerio de la Agricultura (Minag), explicó en entrevista exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que se les autoriza a contratar a estas personas en picos de cosechas, labores de siembras y culturales y otras actividades que se realicen.
Parte de la flexibilidad es que la contratación se puede hacer de manera verbal, no tiene que mediar un documento escrito, ya que es una fuerza que se vincula eventualmente por un periodo que no excede los 90 días.
El límite de tiempo se esclarece, porque en la ley de cooperativas queda recogido que cuando un trabajador se vincula por un periodo mayor a los tres meses de forma estable puede llegar a ser cooperativista y tendría otras responsabilidades.
Al contratar a personas que no son TCP el productor tiene que cumplir con condiciones mínimas como que la jornada de trabajo no exceda las ocho horas, aunque puede agregar una hora adicional, siempre que no supere el límite de las 44 semanales.
También se estipula que la remuneración no puede ser inferior al salario mínimo aprobado por el país, y debe proveerse de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, resaltó Ballester Hernández.
Esta decisión ha sido bien acogida por los productores, porque les permite disponer de mayor libertad en la contratación de la fuerza de trabajo, además, constituye una opción para cualquier trabajador que tenga otro empleo, persona que en determinado momento quiera participar.
Una de las ventajas que conlleva este tipo de contratación es que la persona que se acoja a esta modalidad será remunerada sin pagar seguridad social, porque ya tiene un empleo por el que lo hace, y es por ello que se presenta como una oportunidad para que la población participe más abiertamente en la producción de alimentos y obtenga otros beneficios salariales.
La resolución tiene antecedente en una política que supervisa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con la colaboración del Minag, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y del sindicato de trabajadores agropecuarios y forestales, que estableció que a partir del 2016 surgiera una figura de TCP que podía asociarse con los productores, de forma tal que abonara un mínimo impuesto por este concepto y el pago de su seguridad social.
En la práctica esta figura, aun cuando se ha ido implementando, no ha tenido el impacto esperado, no siempre había una estabilidad en las personas que se vinculaban a los productores, considerando que hay quienes van solo a labores estacionales que pueden tener otros vínculos laborales, quienes quedaban en un estatus de ilegalidad, ya que no eran TCP.
A partir de los intercambios, de las preocupaciones de los productores, de las ilegalidades detectadas, el MTSS hizo un estudio de conjunto con el Minag de estos vínculos laborales, y se determinó flexibilizar la contratación que pueden hacer estos productores a esa fuerza de trabajo que se vincula de manera estacional con ellos.
Lo que no limita que un productor pueda vincular fuerza permanente durante periodos más extensos, y que sí sea TCP con garantía de su seguridad social y con el pago de los impuestos que se establecen ante estos efectos.
Estas transformaciones en el modelo económico hacen observar que emergen nuevas figuras, otras modalidades, pues la práctica es el mejor criterio de la verdad, y en este sentido se ha trabajado, con el acompañamiento del MTSS, aseguró la directiva.

Hilton auguró que el año que viene será el del mayor crecimiento interanual del RevPAR en su historia
Los participantes fueron Sébastien Bazin (Accor); Chris Nassetta (Hilton); Arne Sorenson (Marriott International); Keith Barr (InterContinental Hotels Group); Mark Hoplamazian (Hyatt Hotels), y David Kong (Best Western) (El mayor hotelero mundial augura que los viajes de trabajo volverán a máximos).
Arne Sorenson apuntó que, aunque en 2021 “tengamos una crisis económica antes que una sanitaria, sabemos cómo reconstruir desde eso”. “No sabemos si el gran rebote se producirá en mitad del año, en el segundo trimestre o en el tercero, pero en algún momento cundirá la sensación de que hemos dejado el Covid-19 atrás” (Marriott insufla esperanza: “No hay reemplazo virtual a la experiencia de viajar”).
Chris Nassetta auguró que 2021 será el año del mayor crecimiento interanual del RevPAR en la historia de la hotelera. David Kong vaticinó que la producción de la industria hotelera puede dispararse un 45 por ciento en 2021. Mark Hoplamazian apuntó que el próximo año será un “magnífico punto de inflexión que proporcionará un tremendo nivel de esperanza”.
Keith Barr aventuró que la recuperación se dará “en la segunda mitad del próximo año”. Sébastien Bazin pidió calma y aseguró que “todo va a volver”. Y en suma, los grandes de la hotelería mundial coincidieron en que al final no habrá tantos cambios en la demanda como se han estado vaticinando, y que el ‘business travel’ también acabará volviendo por sus fueros.
( Preferente)
Un elemento de notable importancia en el caso cubano es que a pesar del negativo impacto provocado por la pandemia y el endurecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, el país ha hecho todo lo posible por continuar las transformaciones económicas para hacer más eficiente la gestión económica y avanzar en el desarrollo.
Procediendo en consecuencia, el Consejo de Ministros anunció el 4 de mayo del 2020 el ajuste del Plan 2020 sobre la base de la reducción de los gastos, a lo que el ministro de Economía y Planificación añadió que se priorizarían las exportaciones, la producción de alimentos, los medicamentos y productos de aseo.
El pasado 9 de junio se dio a conocer que en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, se aprobaron las indicaciones para la elaboración de la estrategia económica a implementar para la etapa post COVID-19.
Esta estrategia se desarrollaría partiendo de la premisa de avanzar en la recuperación más inmediata de la actividad económica, compuesta a su vez de tres fases que se aplicarían gradualmente en función del control que se fuera logrando sobre la pandemia en el país, situando como primera prioridad la salud de la población.
Finalmente, el 16 de julio se dio a conocer la Estrategia Económica y Social para el Fortalecimiento de la Economía y el Enfrentamiento a la Crisis aprobada por el Consejo de Ministros, la que supone la aplicación de medidas de carácter coyuntural y estructural a desarrollar entre el 2020 y el 2021.[1]
Esta estrategia parte de aplicar los acuerdos recogidos en los documentos aprobados en el VI y VII Congresos del PCC, a lo que se añade continuar enfrentando las consecuencias de la Covid-19 y el bloqueo económico de EE.UU.
Ya en estos momentos se han dado a conocer medidas concretas que se están aplicando en este sentido. Así se ha flexibilizado la gestión del sector privado y el cooperativo implementando la posibilidad de exportar e importar directamente por los mismos; se ha anunciado una nueva definición más flexible de las actividades aprobadas para el sector no estatal: se dio a conocer la creación de un banco de fomento agrícola; la emisión de bonos de deuda pública que podrán ser adquiridos por empresas y personas naturales; se dieron a conocer 15 decisiones que otorgan mayores prerrogativas a las empresas estatales; se aprobaron un conjunto de medidas para mejorar el proceso de comercialización de la producción agropecuaria y se anunció el próximo inicio del proceso de reunificación monetaria y cambiaria, entre las medidas más importantes.
También se ha iniciado un programa de comparecencias públicas de ministros y otros dirigentes para exponer detalles de la política económica y la estrategia que se propone aplicar.
El desarrollo de la estrategia de recuperación deberá llevarse a cabo –como ya se dijo- en circunstancias sumamente complejas, por lo que la diferencia entre los problemas coyunturales –a corto plazo- y los estructurales –a mediano y largo plazos- no deben verse como fenómenos totalmente independientes.
Algunas ideas resultan muy importantes en este sentido, ya que para que exista el futuro tienen que resolverse urgentemente un grupo de problemas del presente y –a su vez- la solución de los mismos no puede entrar en contradicción con proyecciones de más largo alcance. En el análisis de las medidas coyunturales que merecen una atención especial a corto plazo hay tres temas centrales: la seguridad alimentaria, el incremento de los ingresos en divisas y en el crecimiento del monto y la eficiencia de las inversiones, los cuales se examinarán por separado más adelante en este trabajo.
Por otro lado en la actual coyuntura se ha decidido la aplicación -lo más inmediatamente posible- de una medida de carácter estratégico: la reunificación monetaria y cambiaria, designada ahora como la Tarea Ordenamiento, ya que su ejecución supone un proceso que va más allá de la esfera monetaria propiamente.
Al respecto es necesario recordar que este régimen monetario surgió en el verano de 1993, cuando –en el momento más difícil del Período especial- el país tuvo que enfrentar la acelerada depreciación de peso cubano[2] que estaba provocando un grave proceso de desmonetización[3] para lo cual había que adoptar un conjunto de decisiones, pero evitando una devaluación tan abrupta de la moneda nacional que terminara con su desaparición.
Fue así que se decidió segmentar la actividad económica estatal dividiendo el mercado en dos partes: una en la que operarían aquellas empresas capaces de gestionar de forma rentable su actividad en divisas[4] y otra parte constituida por aquellas entidades que funcionarían solo en pesos cubanos, manteniendo la tasa de cambio oficial que fijaba 1 CUP = 1 USD e igual a una nueva moneda denominada peso cubano convertible o CUC[5] la que sería respaldada por las reservas en dólares del país.
Por otra parte, para las personas naturales se fijo una tasa de cambio de 1 CUC = 1 USD = 35 CUP en 1995, la que respondía a la cotización vigente en el mercado y que operaría a través de casas de cambio (CADECA)[6] creadas por el Estado en 1995. Paralelamente se autorizó la entrada legal de remesas al país en moneda convertible, las que se recaudarían en buena medida por el Estado a través de tiendas – denominadas tiendas de recaudación de divisas TRD- que venderían en CUC o USD a precios que incluirían un impuesto sobre la venta.
Este sistema mantenía la venta a la población a precios subsidiados de productos racionados en moneda nacional a través de la libreta de abastecimientos.
Estas medidas permitieron frenar la depreciación de CUP, evitando su devaluación y tuvieron un impacto positivo en la inversión extranjera, que pudo operar directamente en divisas sin exponerse a una posible pérdida oficial de valor de la moneda nacional. Pero –por otro lado- la medición de la actividad económica sufrió fuertes distorsiones al operarse en dos monedas con tasas de cambio diferentes y el dinero no recuperó todas sus funciones. También la población enfrentó una mayor diferenciación de ingresos, especialmente por el impacto de las remesas -que ya en 1995 alcanzaron unos 537 millones de dólares- e igualmente sufrió un descenso del salario real producto del incremento de precios de esos años.
La dualidad monetaria y cambiaria se concibió como una medida temporal e inevitable hasta tanto la economía se recuperara y pudiera asumirse una devaluación del CUP sin una situación incontrolable. Ya en el V Congreso del PCC de 1997 se acordó iniciar un proceso que permitiera normalizar el sistema monetario cubano.
Sin embargo, por diversos motivos, no es hasta el 2013 que se vuelve a plantear la necesidad de reunificar el sistema monetario cubano, pero dejando establecido que ningún actor económico o la población debían ser afectados.
Esta premisa impuso un fuerte desafío, ya que la indiscutible necesidad de devaluar el CUP frente a la moneda extranjera implicaba un incremento en el costo de la producción y los servicios, afectados por el aumento del valor de los productos importados.
Para evitar un aumento indiscriminado de los precios sería necesario o bien introducir fuertes subsidios en el presupuesto, o incrementar los ingresos de la población. Pero en cualquier caso, de no venir acompañado este proceso de un aumento de la oferta de bienes y servicios, se podría desatar una significativa presión inflacionaria.
Durante los últimos siete años múltiples han sido los estudios realizados para proceder al ordenamiento monetario con el menor costo social y económico posible.
No obstante, se arriba a este 2020 sujetos a la presión de crear las condiciones para recuperar un ritmo de crecimiento apropiado e impulsar una estrategia económica que asegure las transformaciones estructurales que nos lleven finalmente a un desarrollo sostenible. Nada de esto es lograble realmente si no se procede a ajustar nuestro sistema monetario y cambiario.
De tal modo se ha previsto un proceso gradual que incluye: la desaparición del CUC, la devaluación del CUP, la eliminación de gratuidades y subsidios indebidos, el ajuste del sistema de precios y la realización de una reforma del sistema salarial y de pensiones.
Sin embargo, no puede pasarse por alto que nos encontramos en el peor momento posible de los últimos años para emprender esta tarea, debido al decrecimiento previsible del PIB este año y las afectaciones que todavía estarán presentes en el año 2021.
Es por eso muy importante que para enfrentar esta tarea se haya elaborado un pronóstico de comportamiento de las variables que intervienen en el proceso, lo que se ha realizado mediante una simulación matemática, pero la misma no puede garantizar que la realidad se comporte exactamente de acuerdo a lo previsto, por lo que hay que valorar los riesgos que se asumen frente a la incertidumbre. Adicionalmente debe resaltarse que los efectos señalados resultan transversales a toda la economía y toda la sociedad, a lo que se añade que una vez que se inicie este proceso el mismo no tiene retroceso.
De este modo, se impone repasar cuidadosamente los riesgos que el ordenamiento supone y cómo lidiar con ellos.
En primer término, un factor de riesgo se refiere a que en la percepción de la mayoría de la población se espera que con la reunificación monetaria y cambiaria se resuelven todos los problemas que causan hoy las escaseces, los altos precios y las insuficiencias en los ingresos, lo cual no se corresponde con la realidad. En verdad con esta medida se crean condiciones para que la economía funcione adecuadamente, incluyendo que se puedan aplicar regulaciones y estímulos que permitan estimular las exportaciones y restringir las importaciones, aumentar la producción, así como la retribución a los trabajadores, sobre la base de incrementar la eficiencia de la economía. Pero por sí mismo, el ordenamiento no crea un nuevo valor, aunque permite distribuir mejor lo creado.
En segundo lugar, la devaluación del CUP generará un incremento en el costo de los productos y servicios importados al ajustar el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en moneda nacional. Esto implica lo que se conoce como efecto de inflación que produce toda devaluación y que termina por elevar el precio de las producciones y servicios que se realizan en el país.
En este punto, si se establece que nadie resulte afectado, deberán incrementarse los salarios de los trabajadores y las pensiones de los jubilados. Para ello se parte de suponer un estimado de incremento de los precios, lo que –en nuestro caso- debe resultar inferior al aumento de los salario y pensiones, el que se ha calculado debe ser de 4,9 veces en los salarios y de 5 veces de las pensiones.
El riesgo aquí radica en que el aumento de los precios[7] sea mayor que lo previsto, especialmente en el caso del sector privado y cooperativo no estatal. Para evitar esto último se ha concebido realizar reducciones en el pago de impuestos de estos sectores y negociar que no se produzcan incrementos de precios más allá de lo calcularo. Como salvaguarda en relación al incremento de precios de las mercancías que vende el Estado se ha establecido un número de bienes y servicios que se consideran esenciales y cuyos precios serán fijados centralmente.
Si esto no bastara para compensar el aumento de precios, será necesario aumentar los ingresos de la población más allá de lo programado originalmente, o bien establecer otros mecanismos de regulación más efectivos en el caso del sector no estatal, pero evitando frenar su desarrollo racional.
En tercer lugar, existe el riesgo de que los aumentos salariales –aunque sean mayores que el incremento de los precios- no estimulen los crecimientos de la productividad del trabajo y la eficiencia económica, o lo hagan insuficientemente. Si esto se traduce en una mayor insuficiencia en la oferta de bienes y servicios, ello repercutiría en una mayor presión inflacionaria y por tanto en un deterioro del ingreso real de la población.
Por último, quedan sin resolver dos problemas que van a incidir en la solución de los problemas monetarios que presenta el país.
El primero, se refiere al mercado de venta de productos y servicios en USD. Por una parte y como se ha explicado, se trata de una medida inevitable para mantener un nivel de satisfacción de un conjunto de necesidades para un segmento de la población que recibe remesas u otros ingresos directamente en divisas y poder reabastecer ese mercado. Por otro lado, es preciso que la operación de ese mercado permita asegurar una mayor oferta de productos en CUP –una vez que avance el ordenamiento- para lograr la contrapartida con el incremento potencial de liquidez del resto de la población.
El segundo problema radica en que existe un segmento de la población que se plantea deberá enfrentar -sin compensación- la pérdida de poder adquisitivo de sus ahorros, que –según datos de la ONEI en 2018- alcanzaban 31 271 millones de pesos en la liquidez monetaria de la población, cifra que equivale al 91,6% de la retribución de los trabajadores de ese año.
En este sentido, se requiere un análisis más profundo que permita –como mínimo- una compensación parcial de ese impacto, al menos para el ahorro depositado en los bancos. Al respecto pudiera valorarse un incremento en la tasa de interés de esos depósitos a plazo fijo, indexado con el incremento del costo de la canasta básica; o una posible conversión de parte de ese volumen de dinero en fondos de inversión del país, que pudiera retribuirse en títulos de valor (acciones o bonos) u otra alternativa financiera factible.
De no adoptarse una decisión viable en este sentido, el impacto político de la situación planteada con el ahorro de la población puede repercutir muy negativamente en todo el proceso.
(Continuará).
Referencias bibliográficas
[1] Ver Díaz Canel (2020).
[2] Esa depreciación se reflejaba en la pérdida de valor del peso cubano frente al USD en la economía informal.
[3] Se conoce como desmonetización al proceso mediante el cual el dinero deja de funcionar en la economía y es sustituido por el trueque entre mercancías en las transacciones entre la población. Así entre 1993 y 1994 este fenómeno se generalizó en todo el país, junto con la extensión de la economía informal y la bolsa negra.
[4] Este sector comenzó a ser denominado como sector emergente de la economía y el mismo financiaría con divisas al sector que solo funcionaba en pesos cubanos.
[5] El peso cubano convertible se creó en diciembre de 1994 mediante la resolución Nº 367/94 del Banco Nacional de Cuba.
[6] Las CADECA comenzaron a operar en noviembre de 1995 y fueron creadas mediante la resolución Nº 327/95 del Banco Nacional de Cuba.
[7] Los precios aumentarán por el incremento del precio de las importaciones, pero también por el crecimiento de los salarios en el sector estatal.
[8] Ver Granma (2020a).