Vicenç Navarro, Público.es
Una de las percepciones más extendidas que existen sobre las causas del desempleo en España es la que asume que la introducción de nuevas tecnologías, como robots, está destruyendo un gran número de puestos de trabajo, pues lo que antes hacían seres humanos ahora lo hacen máquinas. De esta percepción se llega a concluir que en el futuro apenas habrá trabajo, pues los trabajadores serán sustituidos por robots. Es importante subrayar que esta creencia no es nueva y ha existido desde que se introdujeron máquinas que sustituían a trabajadores. En realidad, las hemerotecas están llenas de artículos que ya a finales del siglo XIX y principios del XX indicaban que lo que se llamaba “la revolución maquinista” terminaría con el trabajo. Se asumía que la introducción de cada nueva tecnología iría acompañada de un descenso de los puestos de trabajo.
La realidad, sin embargo, ha mostrado que tanto el número como el porcentaje de trabajadores en la mayoría de países capitalistas desarrollados han ido creciendo, no disminuyendo, desde entonces. Y la misma evidencia muestra que los vaivenes en el tamaño de la población activa (es decir, personas que están en el mercado laboral) dependen muy poco de la introducción de nuevas tecnologías. Estoy hablando de toda la población ocupada o que busca trabajo y no de sectores específicos en los que el tamaño de la población activa sí que puede variar según la densidad tecnológica del sector. Pero las variables más importantes para determinar el tamaño de la población activa son variables políticas, no variables tecnológicas. La evidencia científica acumulada a lo largo del siglo XX muestra claramente que el porcentaje de la población que trabaja en un país depende en gran manera del contexto político que configura las relaciones laborales en dicho país. En general, en Europa, a mayor fuerza de mundo del trabajo, mayor es el porcentaje de la población que trabaja, mayores son los salarios, mejores son las condiciones de trabajo y menores son las desigualdades de renta en un país.
La importancia del contexto político
No es, pues, la tecnología en sí, sino cómo se utiliza y para qué objetivos, lo que afecta al proceso del trabajo. Los robots, por ejemplo, pueden sustituir personas en trabajos altamente repetitivos, pero necesitarán siempre gestión y dirección humana, lo cual quiere decir que destruirán puestos de trabajo, en general de poca cualificación, requiriendo, sin embargo, otros de elevada cualificación, que generarán mejores salarios, que quiere decir mayor demanda doméstica, produciendo mayor actividad económica y mayor número de puestos de trabajo.
Por otra parte, el aumento de la productividad puede generar mayor rentabilidad en la inversión productiva, con un aumento de beneficios que, en lugar de destinarse a enriquecer a unos pocos, se puedan dedicar a inversión de nuevo para crear empleo. Que se cree empleo o no depende primordialmente de quién controla el uso de los beneficios, es decir, de quién es el que controla el capital. No es, pues, la tecnología –los robots-, sino quién los posee, es decir, quiénes son sus propietarios, lo que determinan a qué usos se asigna el capital producido. En realidad, el enorme incremento de la productividad que ha habido en los últimos cien años no ha producido un descenso del número de trabajadores, ni siquiera un descenso de las horas trabajadas. John Maynard Keynes, por cierto, creía que a principios del siglo XXI, es decir, ahora, la gente trabajaría solo dos días a la semana. El potencial –es decir, la riqueza creada- para que ello ocurriera está ahí, pero no se está utilizando para este fin.
Hay que insistir en que el tiempo de trabajo (así como las condiciones del trabajo) no dependen de la productividad, ni de la tecnología, sino de la fuerza política que tenga el mundo del trabajo, tanto en las instituciones políticas como en las financieras, económicas, sociales y culturales de un país. La historia del siglo XX muestra que cada reducción del tiempo de trabajo ha sido consecuencia primordialmente de decisiones políticas, derivadas de la presión del mundo del trabajo.
Las necesidades humanas desatendidas
Depende también de decisiones políticas la configuración no solo del número sino también del tipo de trabajo que se cree. Por ejemplo, España tiene solo un adulto de cada diez que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar (sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia y servicios domiciliarios, entre otros). Si tuviera alrededor de una de cada cuatro, como en Suecia, España tendría unos tres millones y medio más de puestos de trabajo, eliminando una parte muy importante del desempleo. El hecho de que España tenga tan poca gente en los servicios del Estado del Bienestar se debe precisamente a la enorme debilidad del mundo del trabajo. El mayor desarrollo del Estado del Bienestar en los países escandinavos se debe primordialmente a la mayor fuerza del movimiento obrero en aquellos países que no en el sur de Europa, donde históricamente el movimiento obrero ha sido débil y ha estado dividido.
En realidad, las necesidades humanas desatendidas en los países del sur de Europa son enormes, siendo los servicios del Estado del Bienestar una de las canteras más importantes de puestos de trabajo. El hecho de que exista un desempleo tan alto en estos países del sur de Europa –como en Grecia y en España- no tiene nada que ver (repito, nada que ver) con la introducción de la tecnología, sino única y exclusivamente con el enorme domino que las fuerzas conservadores y liberales han tenido sobre los aparatos del Estado, responsables de unas políticas tributarias y fiscales enormemente regresivas, y de un escaso gasto público social. España tiene la riqueza para desarrollar un buen Estado del Bienestar. Si su Estado no la tiene (y la evidencia de que no la tiene es abrumadora), se debe a que el Estado (a nivel central, autonómico y local) no la recoge. Los ingresos al Estado están entre los más bajos de la Unión Europea.
Cómo los tratados internacionales como el TPP y el TTIP empeorarán la situación
Como acabo de indicar, la variable más importante para conocer las consecuencias de expandir el contenido tecnológico en la creación de puestos de trabajo es quién controla tal contenido. Una de las consecuencias más claras de la aplicación de las políticas neoliberales iniciadas desde principios de los años ochenta (a raíz de la victoria del Presidente Reagan en EEUU y la Sra. Thatcher en el Reino Unido) a los dos lados del Atlántico Norte ha sido la enorme concentración de la riqueza, resultado de la enorme concentración de la propiedad de los medios que crean tal riqueza, incluyendo la tecnología. Las políticas neoliberales (que representan la victoria del mundo del Capital sobre el mundo del Trabajo) han reconfigurado la estructura de la economía de estos países. En realidad, el enorme crecimiento se ha producido en un sector, el financiero (a todas luces hipertrofiado en la mayoría de aquellos países), que es el que produce menos empleo y a la vez tiene mayor rentabilidad. Aunque el sector financiero representa alrededor de un 4% de todo el empleo en el promedio de los países capitalistas desarrollados, sus beneficios representan ya más del 30% de todos los beneficios producidos en la economía, beneficios que se concentran en menos de un 0,1% de toda la población. Y la situación está incluso empeorando debido a la continuación y expansión de tales políticas neoliberales, que se presentan como facilitadoras del libre comercio, cuando en realidad lo están dificultando, estimulando en su lugar la concentración de la propiedad de la tecnología. Un ejemplo claro de ello es lo que está ocurriendo con los nuevos tratados internacionales, como el TPP (asiático) y el proyectado TTIP (europeo). Estos tratados tienen como objetivo favorecer la concentración de la propiedad de la tecnología, lo cual creará mayor desempleo, pues tal propiedad en el contexto presente sirve solo a una función: la acumulación de capital, sin ninguna sensibilidad hacia el bienestar de la población y el empleo. Así, el derecho de propiedad en la creación de conocimiento (asegurado por las patentes) se incrementará de 55 años a 95 años en el nuevo tratado TPP. Esta situación, que ya es profundamente injusta ahora será todavía peor en el futuro (ver Dean Baker, “The Trade-Agreements-Are-Good-for-You Ideology”, The Hill, 20.05.15, y William I. Robinson “Global Capitalist Crisis and the North American Free Trade Agreement: Reflections 21 years ago”, Truthout, 04.06.15).
Y es profundamente injusta porque gran parte de las patentes en desarrollos tecnológicos están basadas en conocimiento financiado públicamente, cuya explotación ha sido utilizada por empresas privadas. Todas las nuevas tecnologías de comunicación, por ejemplo, han estado basadas en conocimiento básico generado con fondos públicos (en EEUU gran parte de este conocimiento ha sido generado por el Departamento de Defensa). Las grandes empresas de Comunicación, desde Apple hasta Google, han aplicado en el desarrollo de tales técnicas el conocimiento básico creado en instituciones públicas. El mito del gran emprendedor que comenzó su empresa en el sótano de su casa es eso, un mito. Como bien ha dicho Mark Weisbrot, si el Estado federal hubiera desarrollado el componente aplicado del conocimiento básico que generó, la sociedad se hubiera ahorrado miles de millones de dólares. Y habría creado millones de puestos de trabajo.
Consecuencias de lo dicho en Política Social
Todo lo dicho hasta ahora conduce a la necesidad de que se replantee la respuesta que se quiere dar a la situación dramática que existe en el sur de Europa, con intolerables niveles de desempleo. La visión de que el desempleo se debe a la introducción de nuevas tecnologías es profundamente errónea. Esta teoría de que los avances tecnológicos eliminarán todos los puestos de trabajo carece de credibilidad. Pero, por desgracia, fue, en parte, esta teoría la que generó las propuestas de que, a la luz de la imposibilidad de ofrecer empleo a toda la población que lo desea, se tenía que garantizar un mínimo de ingresos a todos los ciudadanos, independientemente de que trabaran o no. En realidad, las primeras voces que hicieron tales propuestas procedían del pensamiento liberal, como por ejemplo Friedman.
La socialdemocracia (cuando era socialdemocracia antes de que se convirtiera al liberalismo), sin embargo, nunca aceptó tal propuesta. Todo lo contrario, enfatizó la necesidad de crear empleo, y buen empleo, desarrollando políticas de pleno empleo que han sido altamente exitosas, como lo muestra el bajo desempleo y la baja pobreza en la mayoría de países escandinavos, donde la socialdemocracia ha gobernado durante más tiempo. El supuesto que guía tal propuesta es la creencia de que siempre se puede crear empleo para cubrir las enormes necesidades humanas que existen en cualquier sociedad. No es por casualidad que sean estos países los que tienen mejores indicadores de calidad de vida y que hayan sido, a su vez, gobernados por mayor número de años por partidos comprometidos con el objetivo de establecer el socialismo. En esta tradición, el socialismo no es un proceso que ocurre el año A, día D y hora H (siguiendo la toma del Palacio de Invierno), sino que se construye o destruye en cada momento según las políticas públicas que se lleven a cabo. Cada vez que se aplica una política pública que tiene como objetivo satisfacer las necesidades humanas, siendo estas financiadas con fondos adquiridos con políticas progresivas y redistributivas (según el principio básico del socialismo “a cada uno según su necesidad, y de cada uno según su habilidad”), se está construyendo el socialismo (sea cual sea el partido que lo aplique). Y las necesidades humanas son inmensas. Decir que no habrá trabajo es asumir que todas las necesidades humanas estarán satisfechas, lo que es imposible de alcanzar, pues en cada periodo de desarrollo humano hay una redefinición de tales necesidades. De ahí que debería enfatizarse la necesidad de incentivar y crear trabajo en las áreas hoy tan poco extendidas de servir a la población.
El debate Renta Garantizada o puestos de trabajo debería sustituirse por propuestas que incluyan a ambas
Una alternativa a esta vía ha sido la de dar dinero al ciudadano para que él o ella compren los servicios que necesiten. De ahí que una versión de renta ciudadana en EEUU proceda de la tradición ultraliberal. Fue el gran ideólogo liberal, Milton Friedman, el primero que propuso la renta individual universal. Pero debería ser obvio que ello es dramáticamente insuficiente para atender las necesidades humanas. De esta observación no se deriva (como maliciosamente se interpretará lo que digo por parte de algunos defensores de la renta universal) que los programas de rentas no sean necesarios. Todo lo contrario. Muchas de estas políticas (como la de rentas garantizadas) son necesarias, pero no pueden ser sustitutivas de las medidas citadas anteriormente, es decir, de la necesidad de incentivar y crear trabajo, y buen trabajo socialmente útil. En realidad, en la tradición socialdemócrata (la más eficaz que existe para reducir la pobreza) aquel que no puede trabajar recibe una cantidad que intenta alcanzar un nivel semejante al que adquiriría trabajando. Y es ahí donde creo que los programas de renta garantizada deberían orientarse.
¿Cómo se pagaría todo esto?
Es característico que, al llegar a este punto, voces bien o mal intencionadas, pregunten ¿y cómo se paga todo esto? Por regla general, el que hace tal pregunta, señala que el coste de dichas medidas puede alcanzar varios puntos del PIB. Creo que estos cálculos son necesarios. Pero el punto que las fuerzas progresistas deben remarcar es que España tiene los recursos suficientes para alcanzar los niveles de calidad de vida y bienestar que existen en otros países que gozan de mejores indicadores que España. Los números están ahí para el que quiera verlos. Ya antes de la crisis, si España se hubiera gastado en las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar lo que debía gastarse por su nivel de riqueza, hubiera tenido casi 70.000 millones de euros más cada año. España se ha gastado casi 100.000 millones en rescatar un sector bancario que –como he indicado anteriormente- está claramente hipertrofiado y cuyo tamaño es a todas luces innecesario. El argumento de que España no tiene fondos carece de credibilidad. Y hay que llevar la lucha política a este nivel de cuestionar las prioridades del Estado español, poco influenciado por las clases populares. ¿Por qué el Presidente Zapatero congeló las pensiones públicas para conseguir 1.200 millones de euros, en lugar de mantener el impuesto de patrimonio? ¿Por qué el Presidente Rajoy recortó 6.000 millones de euros de la sanidad pública en lugar de revertir la bajada del impuesto de sociedades a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan el 0,12% de todas las empresas)? (ver Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, de Juan Torres, Alberto Garzón y yo). Y ahí está la gran urgencia de centrar el debate en este punto. Uno de los elementos más importantes de las demandas del movimiento 15-M fue precisamente exigir cambios (“no nos representan”) en el sistema mal llamado democrático para hacerlo auténticamente representativo, a fin de cambiar profundamente las prioridades de tal Estado, consecuencia de una participación ciudadana a través no solo de fórums representativos, sino también de democracia directa, exigiendo el derecho a decidir en todo. Fue un motivo de gran satisfacción que en algunas de las primeras manifestaciones del movimiento 15-M se mostrara aquel libro, como señalando que sí que se podían hacer tales cambios. Es imperativo que, por el bien del país, se hagan pronto. El 20 de diciembre debería ser un paso en esta dirección.
