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"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz

miércoles, 4 de septiembre de 2024

NUEVAS INDICACIONES Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA CONTRATACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL Y TABACALERA PARA EL AÑO 2025 (+Gaceta Oficial)

 Por: Dirección Jurídica y Dirección de Comercialización del MINAG


4 de septiembre 2024


En el territorio nacional, compete al Ministerio de la Agricultura dirigir y controlar la comercialización de bienes y servicios agropecuarios y forestales. En tal sentido, en aras de contextualizar este procedimiento de contratación con el escenario actual existente en el país, es necesario su perfeccionamiento, lo cual se constata con los resultados del ejercicio de control a la posesión, uso y legalidad de la tierra, investigación especial de la ganadería y control de la contratación a todos los productores agropecuarios del país.

Por ello, se dispuso la adecuación de la contratación de la producción agropecuaria, forestal y tabacalera a las condiciones actuales para respaldar el Plan de la Economía a través de un proceso objetivo, que se origine en correspondencia con las potencialidades de los productores y permita incrementar la oferta a todos los destinos por la vía estatal, así como vincular la producción con el proceso de comercialización, en aras de ofrecer seguridad, trazabilidad, eficiencia y satisfacción a su demanda en los destinos finales, a través de la Resolución 275 de 7 de agosto de 2024 emitida por el Ministro de la Agricultura.

La referida Resolución 275 de 2024 contiene, por ende, las indicaciones, los sujetos y los procedimientos generales y específicos para la contratación y comercialización de la producción agropecuaria, forestal y tabacalera para el año 2025, la que se publica hoy en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Estas indicaciones y procedimientos tienen como objetivo general alcanzar el respaldo al Plan de la Economía, a través de un proceso de contratación que tenga como punto de partida las potencialidades de los productores y permita incrementar la oferta a todos los destinos por la vía estatal, en implementación de lo dispuesto en la Ley 148 de 2022 “Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.” Asimismo, tienen como objetivos específicos:

a) Lograr la participación de todos los actores que intervienen en el proceso, en correspondencia con las potencialidades existentes;
b) respaldar con la contratación las cifras del plan de la economía previstas para el año 2025;
c) fortalecer el funcionamiento de la empresa estatal socialista;
d) fortalecer el papel de las cooperativas agropecuarias en la realización del proceso de contratación;
e) potenciar la diversificación de la producción, para obtener una oferta variada de productos agropecuarios;
f) garantizar la satisfacción de los diferentes destinos, a través de la producción local como fuente de suministro fundamental;
g) incorporar en el proceso de contratación a los nuevos actores económicos que realicen actividades productivas, transformadoras o comercializadoras de productos agropecuarios, forestales y tabacaleros; y
h) potenciar el proceso de bancarización de todas las operaciones, lo cual debe quedar consignado en el contrato a concertar, como una de las formas de pago.

Dentro de los aspectos más novedosos de esta norma jurídica, que entra en vigor el 4 de septiembre del presente año, se encuentran las siguientes disposiciones:

– Definir las personas naturales y jurídicas partes de la contratación de forma precisa, especificando los sujetos objeto de estas indicaciones.

– Realizar el procedimiento de contratación orientado a la satisfacción de las demandas basada en el diagnóstico con enfoque nutricional, en correspondencia con el plan de acción para alcanzar la soberanía alimentaria y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, aprobado por las asambleas municipales del Poder Popular, lo anterior en coherencia con la Ley SSAN.

– Reconocer al sector cooperativo como un actor esencial para el desarrollo de la contratación, en correspondencia con el Decreto-Ley 76/2023 y sus regulaciones en cuanto al robustecimiento de la autonomía de las mismas y el enaltecimiento de relaciones contractuales en plano de igualdad con los demás actores de la economía para la producción y comercialización de productos agropecuarios, forestales y tabacaleros

– Potenciar el proceso de bancarización de todas las operaciones, lo cual debe quedar consignado en el contrato a concertar, como una de las formas de pago.

– Definir las indicaciones para la contratación de las producciones agropecuarias, forestales y tabacaleras que constituyen rublos exportables.

En el caso de las producciones agropecuarias, forestales y tabacaleras que no constituyen rubros exportables, que no tienen destino a la industria y al balance alimentario municipal o las de arroz, frijoles, maíz, café, cacao, coco, leche, carne, plantas medicinales, flores y plantas ornamentales; se contrata no menos del 80 % del plan de acuerdo con los rendimientos agrícolas e indicadores productivos de referencia de cada localidad, las tecnologías empleadas y las especificaciones de calidad e inocuidad, según los documentos normativos para la compraventa mayorista o minorista, de estos productos para su comercialización en los diferentes destinos.

Con la implementación de esta normativa se pretende un impacto positivo en lo que respecta a la disponibilidad y acceso de productos agropecuarios, forestales y tabacaleros, dada la mejora del procedimiento de contratación, su dirección y control, teniendo en cuenta las experiencias adquiridas en los procesos de años anteriores.

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En el fondo. Hay un problema cultural

Por  Dr. Silvio Calves Hernández



Es indudable que en nuestra sociedad los problemas crecen a mayor velocidad que la que se tiene para generar soluciones y que alguna de ellas generan nuevos problemas. Tienen ritmos y dinámicas diferentes. 

Ni la ley de Murphy ha sido tan explicita antes (Edward Murphy,  la ley de Murphy: “si algo puede salir mal, saldrá mal”).

Las cosas que salen mal cuestan demasiado sin producir dividendos.

Hay que equilibrar ambos ritmos. En nuestra modesta opinión los problemas que afrontamos o que ya hemos padecido en los últimos años tienen su origen en errores e insuficiencias de diseño,  instrumentación y aplicación,  retroalimentación y control.

¿Por qué se puede afirmar esto?

Las políticas y decisiones tomadas parecen tomadas ante coyunturas pero no se evidencia un análisis del contexto ni de los posibles escenarios,  todo es para el aquí y ahora y no se mira adelante ni se evalúan los impacto de posibles escenarios en un entorno de alta incertidumbre. Sin escenarios plausibles, como nos señalara y recomendara estudiar y leer en el curso de Oxford el tempranamente fallecido Ciaran McGuinley, el diseño de las politicas públicas y empresariales tienen un alto por ciento de fracasos.    

Eso se aprecia en la forma en que son transmitidas y argumentadas las políticas y medidas.

No hay mejor ejemplo de esto que el propio Ordenamiento e igual ha ocurrido con otras medidas.

Estábamos acostumbrados a otra dinámica y cultura de gestión pública.  Teníamos a alguien que iba al futuro y regresaba con la información del escenario que se enfrentaría y si se hacían consultas para tomar decisiones estas no tenían que pasar por tantos tamises ni ser tan lentas. Institucionalización no puede ser sinónimo de lentitud  burocrstismo y corrupción, en medio de un contexto tan difícil y dinámico e impredecible. El burocratismo y la corrupción son directamente proporcionales. El burocratismo es una provocación a la corrupción y ambos decepcionan a los ciudadanos y dañan la confianza de  estos en los servidores públicos, que es el único capital honesto de cualquier gobierno o institución pública 

Otro elemento de diseño de las políticas  que parece no tenerse en cuenta es de que se tienen que hacer para sistemas, no para ramas ni sectores o áreas de gestión Las políticas públicas aunque se pretendan para desarrollar un sector , una rama o una actividad en específico tiene que ser analizada y resuelta transdisciplinariamente pues sus elementos e impactos trascienden cualquier estructura de sector o rama económica y llega hasta el ciudadano. Atraviesan la estructura pública y social.

Varias de las medidas tomadas para un sector implican acciones y resultados de otro para lo cual no está preparado ni creadas las condiciones. De esto todos los dias hay ejemplo. Por eso parece contradictorio con tener una gestión pública de sistema el que tengamos tantas fincas separadas, o sea, tantos Ministerios diferentes que tienen la difícil tarea de lograr 4 objetivos. 

1- Elevar la calidad de vida de los Ciudadanos,

2- Lograr el desarrollo económico, 

3- Garantizar la seguridad ciudadana y

4- Preservar la soberanía del país.

Nuestra estructura de gobierno es descomunalmente grande.

Hay que ver el tamaño del salón y la cantidad de personas cuando se reúnen y transmiten por TV, parece un estadio. Tampoco hemos visto que en las rendiciones de cuentas a la Asamblea Nacional se exija a ministros y gobernadores por esos cuatro objetivos de la administración pública.

 En definitiva, tras estas apreciaciones de un observador comprometido con su país, hay un problema de cultura y comportamiento en servidores públicos y en su modo de hacer.



Reinvento empresarial en el empeño de subsistir

 La Empresa Cañera Cándido González logró recuperarse de las pérdidas que condenaban su desarrollo


Camagüey y Cuba necesitan recuperar la tradición por la caña. Foto: Alejandro Rodríguez Leiva

Surgió en condiciones muy difíciles. Era una de las 19 en el país aprobadas con pérdidas y, además, con la particularidad de no tener la parte industrial, muchas veces tabla de salvación en este sector. Contaba solamente con dos fuentes de ingresos: la granja de producciones agropecuarias y la prestación de servicios. Así tuvo que salir al mundo la Empresa Cañera Cándido González, única de su tipo en el país, creada en septiembre de 2021, como parte de la reestructuración del sector azucarero.

Nació de la unidad empresarial de base (UEB) de Atención a Productores Cándido González y sin ningún ingenio, netamente cañera. En esa circunstancia, cualquiera pensaría que estaba condenada a la extinción.

«Se lanzó en un entorno marcado por las limitaciones de recursos y el impacto social de 20 años sin producir azúcar en este sitio, desde que se desmontaron los ingenios. Sufrimos la migración de la fuerza de trabajo calificada y agrícola. Actualmente enfrentamos las mismas dificultades del resto del sistema empresarial cubano, sin neumáticos, sin gomas, sin baterías…», explicó a Granma, Rolando Castro Reyes, director de la empresa cañera.

NO RESIGNARSE A UNA SENTENCIA  

En 2021 la empresa cerró con 14 000 000 de pesos de pérdidas, en 2022 descendieron las cifras rojas a 11 000 000, en 2023 a 9 000 000 y, en marzo de 2024, por primera vez alcanzaron números positivos.      

Para lograrlo diversificaron las producciones y pusieron en marcha cinco líneas de desarrollo, entre ellas la producción de caña estatal y la diversificación de las producciones. Para sobrevivir han tenido que ir hasta la comercialización y obtener mejores dividendos, al menos por esa vía.

Por varias causas, el plan de siembra de caña –que es su actividad fundamental– no supera el 50 %. Tampoco se les prioriza en la entrega de recursos, principalmente del combustible que se asigna a los centros de acopio más cercanos a los ingenios, lo que hace doblemente difícil cambiar lo que parece una sentencia de muerte.         

El bloque San Antonio cuenta con un fondo de tierra de mil hectáreas cuadradas, con más de 400 destinadas a cultivos varios. «Eran tierras en desuso de una ubpc que pertenecía al central Jesús Suárez Gayol, con marabú de más de 20 años. El objetivo allí es sembrar y vender la caña y que reporte ingresos a la empresa porque son tierras suyas. Ya esa estrategia aporta resultados, pues en 54 hectáreas de ese bloque se obtuvieron los mejores rendimientos de la provincia.               

«Respondiendo a la intención de diversificar nuestras producciones, potenciamos la granja agropecuaria que ya tenía dos máquinas de riego y un enrollador, le sumamos una cochiquera y un centro para la producción ovina. Lo más difícil ha sido mantener la fuerza de trabajo que, por la falta de combustible y la imposibilidad de producir, se ha ido para las rentables labores del carbón.

«A partir de las posibilidades que nos dan las 43 medidas aprobadas para fortalecer la empresa estatal socialista en Cuba, tenemos una producción cooperada con productores élites del territorio, en la que –desde el contrato– conveniamos precios y destinos de las producciones. Aspiramos, cuando mejoren las condiciones, a poder seguir prestando servicios y generar ingresos a partir de esa vía», añadió Castro Reyes.

La falta de combustible, aseguró el directivo, tensa mucho las condiciones en las que se desenvuelve la entidad santacruceña. «Nos impide obtener ganancias por concepto de prestación de servicios, tanto que las pérdidas se concentran –fundamentalmente– en esa UEB. A veces se nos dificulta hasta cosechar y comercializar los cultivos varios.

En junio, recordó, solo les llegó el 30 % del planificado, pero hay veces que no tiene asignación ni combustible físico, lo que genera pérdidas considerables, porque la empresa tiene que seguir pagando a los trabajadores y los gastos fijos, prácticamente sin producir.

«En salarios solamente, pagamos 1,2 millones de pesos en zafra y 800 000 pesos el resto del año. Los 400 000 los ahorramos reubicando el personal y sin dañar mucho aquellos puestos claves que no se forman en poco tiempo y hay que protegerlos. Sin embargo, esta empresa tiene cerca de 30 puestos de trabajo dedicados a una función estatal de supervisión a las unidades productivas que ganan salarios, generan gastos de cerca de 200 000 pesos y no aportan un centavo», dijo el Director.     

Lo más preocupante es que bajo la responsabilidad de la Cañera hay entre 400 y 500 trabajadores estatales –en zafra aumentan–, y en sus bases productivas se agrupan más de 600 trabajadores no estatales, que si la empresa no genera ganancias también están siendo condenados a no tener ingresos suficientes.

Una de esas unidades básicas de producción es la Seguidores del Che, que busca diversificarse y, además de caña, siembra cultivos varios y arroz. Su presidente, Yoandri Denis Basulto, afirmó que el plan es llegar a la caballería de yuca y de plátano para aportar al autoabastecimiento de sus trabajadores y de la comunidad.

«Respecto a la caña tenemos estimadas más de 7 000 toneladas para la zafra y mantenemos la limpia y resiembra. No hemos llegado al plan de nuevas plantaciones, fundamentalmente, por la humedad y la falta de combustible, pero aspiramos en la campaña de frío completar las 90 hectáreas previstas en el año. Tenemos garantizada la semilla, está cerca y no tenemos que comprarla. Esto nos ha permitido con alrededor del 15 % del combustible acercarnos al 50 % del plan», puntualizó.    

SOBREVIVENCIA Y SOLUCIONES A LA CRISIS

En lo que era el almacén de piezas del ingenio surge una minindustria como un proyecto de desarrollo local, con el objetivo de cerrar el ciclo y procesar las producciones del territorio.

«Cuando estudiamos las minindustrias nos dimos cuenta de que siempre existe una parada, porque trabajan por campañas. Nos acercamos a la ciencia y buscamos asesoría con el Instituto de la Industria Alimentaria, a fin de diseñar una que no fuera solamente para pulpas de frutas. Incluimos una línea de troceado, una para jugos, sirope y guarapo embotellado, y otra línea para raspaduras y panela.

«Queremos hacer un doble turno para llegar a los niveles productivos instalados, porque ya hay intereses fuera de Cuba (sobre la panela). Lo presentamos en la Feria Internacional de la Habana y llamó la atención de varios empresarios, incluyendo uno que tiene intenciones de invertir en el empaquetado y etiquetado. Pretendemos llegar a 700 kilogramos diarios en un doble turno. Al valor actual que tiene en el mercado internacional, un contenedor de 20 toneladas reportaría ingresos entre 55 000 y 60 000 dólares».

Arnel Benítez Cedeño, jefe de brigada de la futura minindustria, ya trabaja en la construcción de los tachos y su conexión a la caldera: «En este lugar procesaremos las frutas y haremos los troceados, las mermeladas, los purés, la panela y tenemos los moldes para sacar 300 raspaduras en dos horas».

Además, dijo, está la guarapera de cuatro masas por la que se pasa dos veces la caña, y cada 20 minutos puede producir 60 litros de guarapo que será procesado y embotellado. «Como esta tenemos otras cuatro para vender guarapo en las comunidades y buscar ingresos». Ellos piensan en todas las variantes y, por si falla la caldera, tienen listo un fogón de leña como alternativa.       

Un segundo proyecto de desarrollo local apuesta a producciones no alimentarias. Pretenden elaborar materiales para la construcción de viviendas, usar una carpintería que ya está en funcionamiento, y una bloquera con capacidad para 300 bloques diarios, además de una fábrica de pintura.

«Otra línea de la empresa es la comercialización y beneficio de carbón con destino a la exportación. Este es un producto que se va del territorio, pero, a pesar de la competencia, hemos logrado detener algo esa fuga, dándoles derecho a los productores a recibir una parte de la divisa del rubro exportable», abundó Rolando Castro.

Bienvenidas sean todas estas iniciativas que demuestran los marcos cada vez más amplios de la empresa estatal socialista. Pero resulta difícil de entender cómo estas actividades secundarias son mucho más rentables que la misión para la que fue fundada la empresa, la siembra de caña y luego su entrega a la industria azucarera, cuyos porcientos pudieran ser mejores.

Esto requiere una atención diferenciada, desde el Grupo Azucarero, a la única empresa de su tipo en el país, que no puede ser la última carta de la baraja. Camagüey y Cuba necesitan recuperar la tradición por la caña, y en ello la Cándido González tiene mucho que aportar, antes de que sea demasiado tarde.

China se opone abiertamente a la injerencia de EEUU en América Latina

  by  

NICK CORBISHLEY, INVESTIGADOR DE “CAPITALISMO AL DESNUDO”

El pasado 29 de agosto el Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondió finalmente a una nueva forma de «monroísmo» instando a Washington a abandonar sus políticas intervencionistas en América Latina.

“En 1823, Estados Unidos hizo de América Latina su patio trasero al prohibir a las antiguas potencias coloniales europeas interferir allí. Siguieron dos siglos de interferencia estadounidense y daños terribles a los latinos. Hoy, cuando China se ha convertido en un socio importante en la región, Estados Unidos parece tentado a rehabilitar abiertamente la Doctrina Monroe. Un intento probablemente condenado al fracaso, pero que podría traer consecuencias… “

El 26 de agosto, Beijing denunció la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. En particular, Washington había difundido información errónea sobre las recientes elecciones. Tres días después, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino criticó el intervencionismo estadounidense en toda América Latina. En respuesta a una pregunta del diario Global Times, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, afirmó: » es posible que Estados Unidos haya anunciado el fin de la Doctrina Monroe, pero lo cierto es que, desde hace más de 200 años, el hegemonismo y la política de dominación , que son intrínsecos a esta doctrina han estado lejos de ser abandonados ”.

Esta es la transcripción de  la conferencia de prensa de Lin Jian publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China:

“Recientemente, varios países latinoamericanos han expresado su descontento y protestado contra la interferencia de Estados Unidos en sus asuntos internos. En respuesta a comentarios inapropiados del embajador de Estados Unidos en México sobre la reforma judicial mexicana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha declarado que México «no era colonia de ninguna nación extranjera» y que Estados Unidos debe «aprender a respetar la soberanía de México». «

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, condenó a Estados Unidos y dijo que su “interferencia e intervencionismo violan el derecho internacional”. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo en las redes sociales que “Cuba es muy consciente de las actividades desestabilizadoras de la NED bajo el disfraz de valores democráticos”. Por otra parte, Venezuela ha criticado a Estados Unidos por su interferencia en las elecciones. Y Bolivia reveló que estuvo bajo presión de la “gran potencia del norte” después de expresar interés en unirse a los BRICS. ¿Cuál es su comentario?

Lin Jian: Hemos tomado nota de los informes sobre este asunto. Puede que Estados Unidos haya anunciado el fin de la Doctrina Monroe, pero lo cierto es que, durante más de 200 años, el hegemonismo y la política de dominación, intrínsecos a la doctrina, han estado lejos de ser abandonados.

China apoya firmemente la posición justa de los países latinoamericanos al oponerse a la interferencia extranjera y defender la soberanía de sus naciones. Estados Unidos no debe permanecer sordo a las preocupaciones legítimas y al justo atractivo de los países latinoamericanos mientras hace lo que le parece conveniente. Instamos a los Estados Unidos a abandonar la Doctrina Monroe y el intervencionismo lo antes posible, poner fin a las acciones unilaterales de intimidación, coerción, sanciones y bloqueo, y desarrollar relaciones de cooperación mutuamente beneficiosas con los países de la región sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y no injerencia en los asuntos internos de cada uno.

El hegemonismo y las políticas de dominación estadounidenses van en contra de la inevitable tendencia histórica de los países latinoamericanos a permanecer independientes y obtener más fuerza a través de la unidad.

Las políticas injerencistas estadounidenses quedarán relegados al basurero de la historia. Podemos esperar que esto ocurra en vista por el enorme daño que el “monroísmo” ha infligido a América Latina. Pero antes de que eso suceda, Washington parece decidido a seguir sembrando discordia en su vecindario inmediato.

Una respuesta muy esperada.

Washington está luchando desesperadamente ante su retroceso en América Latina, mientras que China se ha consolidado como un actor importante en la región, superando a Estados Unidos y la Unión Europea para convertirse en el principal socio económico de América del Sur. Un número creciente de países de la región han trasladado sus relaciones diplomáticas de Taiwán a China y han firmado acuerdos comerciales y de inversión con Beijing.

Aunque China ya es el mayor socio comercial de América del Sur, Estados Unidos todavía tiene control sobre Centroamérica y sigue siendo el mayor socio comercial de la región en su conjunto. Pero esto se debe principalmente a sus gigantescos flujos comerciales con México, que representan el 71% de todo el comercio entre Estados Unidos y América Latina.

Como informó Reuters en junio, si se excluye a México de la ecuación, China ya ha superado a Estados Unidos como el mayor socio comercial de América Latina. Excluyendo a México, los flujos comerciales totales –es decir, importaciones y exportaciones– entre China y América Latina alcanzaron los 247 mil millones de dólares el año pasado, mucho más que los 173 mil millones de dólares estadounidenses.

Estados Unidos está ahora inmerso en una carrera desesperada y peligrosa para hacer retroceder el tiempo. Para ello, están renovando la Doctrina Monroe, una estrategia de política exterior estadounidense de 200 años de antigüedad que se opuso al colonialismo europeo en el continente americano. Según esta doctrina, cualquier intervención de potencias extranjeras en los asuntos políticos de las Américas constituye un acto potencialmente hostil contra Estados Unidos. Hoy, Estados Unidos aplica esta doctrina a China y Rusia.

El general Richardson [comandante del Comando Sur] explicó detalladamente cómo Washington, con el apoyo de SOUTHCOM, está negociando activamente en el triángulo del litio la venta de este mineral a empresas estadounidenses a través de sus embajadas, con el objetivo de “bloquear” a sus competidores.

Se puede suponer que este proceso de «bloqueo» se aplica no sólo al litio, sino también a todos los minerales y activos estratégicos de América Latina, como las tierras raras, el oro, el petróleo, el gas natural, el «crudo ligero» (cuyos enormes depósitos fueron descubierto frente a la costa de Guyana), el cobre, los abundantes cultivos alimentarios y el agua dulce, todas materias básicas codiciada por el gobierno y el ejército de Estados Unidos, así como por las empresas cuyos intereses defienden.

El pasado 29 de agosto el Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondió finalmente a esta nueva forma de «monroísmo» instando a Washington a abandonar sus políticas intervencionistas en América Latina. Este mensaje llegó el mismo día que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa insistiendo que “ Nicolás Maduro y sus representantes falsificaron los resultados electorales, reclamaron falsamente la victoria y llevaron a cabo una represión a gran escala para mantenerse en el poder” .

China ha invertido mucho en la Venezuela del gobierno chavista, un gobierno que Estados Unidos ha estado tratando de derrocar durante más de veinte años. Y Beijing está decidido a proteger sus inversiones. Así, en septiembre de 2023, China elevó sus relaciones con Venezuela al nivel diplomático más importante al designar a este país latinoamericano como “socio estratégico para todos los tiempos”. Por otra parte, junto con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente chino Xi Jinping fue uno de los primeros líderes mundiales en felicitar a Nicolás Maduro después de que se anunciaran los resultados de las elecciones hace más de un mes.

Venezuela es una de las dos naciones sudamericanas ricas en recursos que solicitaron ser miembros del BRICS en los últimos meses; la otra es Bolivia, cuyo gobierno fue recientemente objeto de un intento de golpe de estado. Si se aceptan las solicitudes, los BRICS podrán contar en sus filas con el país con las mayores reservas de petróleo del mundo (Venezuela) así como con el país con los mayores depósitos de litio del mundo (Bolivia).

La intervención en México

En las últimas semanas, los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México han intentado descarrilar las reformas judiciales del gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esto fue apenas unos meses después de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos ventilara acusaciones no probadas que supuestamente AMLO estaba a sueldo de los cárteles de la droga mexicanos.

La sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum, obtuvo una victoria histórica. AMLO respondió “perturbando” las relaciones de México con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. Esta medida, aunque en gran medida simbólica, al menos ha puesto fin, por el momento, a las falsas denuncias contra las reformas de Lopez Obrador.

Venezuela: Sabotaje eléctrico

Mientras tanto, en Venezuela, la interferencia estadounidense continúa intensificándose. El país sudamericano experimentó el viernes un corte de energía generalizado que el gobierno de Maduro atribuyó a un “sabotaje eléctrico”. Como muchas cosas que suceden en Venezuela en este momento, es difícil corroborar la autoría del sabotaje. Pero la idea que Estados Unidos estuvo detrás de esta acción  terrorista está lejos de ser descabellada. El lunes, Estados Unidos se apoderó del avión presidencial venezolano y lo llevó desde República Dominicana a Florida, tras dictaminar que su compra violaba sus sanciones.

El coraje de Honduras

También está el caso de Honduras. El jueves pasado, la presidenta Xiomara Castro rompió un tratado de extradición centenario con Estados Unidos luego de que la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, criticara la reciente visita del secretario de Defensa de Honduras, Manuel Zelaya, a Venezuela. Allí se reunió con el ministro de Defensa Venezolano, Vladimir Padrino López. La embajadora estadounidense había acusado a Manuel Zelaya de ser un “narcotraficante”. Precisemos que Zelaya es el marido de Xiomara Castro pero también el ex presidente de Honduras derrocado por un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos en 2009.

Xiomara Castro denunció la intervención de Laura Dogu como una flagrante violación de su papel como embajadora en Honduras. Al día siguiente, Castro advirtió que se estaba preparando un golpe contra su gobierno utilizando las fuerzas armadas del país.  Xiomara Castro declaró :

“Ya hemos vivido un golpe de estado de este tipo. Ya hemos vivido lo que esto implica: violencia, destierro, persecución y violaciones de derechos humanos. Quiero prometerle al pueblo hondureño que no habrá más golpes de estado. Y no permitiré que el instrumento de extradición sea utilizado para intimidar o chantajear a las fuerzas armadas de Honduras.

La injerencia y el intervencionismo de Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, son intolerables. Atacan, ignoran y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional que aseguran el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. »

Aunque las acusaciones de golpe no están confirmadas, no es difícil ver por qué Estados Unidos y la élite compradora de Honduras podrían querer derrocar al gobierno de Xiomara Castro, tal como lo hicieron con su marido.

Xiomara Castro es uno de los pocos líderes elegidos democráticamente en América Latina que ha reconocido la presunta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela. Su gobierno también está en el proceso de prohibir en  Honduras,  las Zonas Económicas Especiales que son controvertidas porque están exentas de ciertas leyes e impuestos nacionales. Además, tomó medidas para abandonar el organismo de arbitraje CIADI del Banco Mundial, que está evaluando una disputa entre inversionistas y Estados sobre una zona autónoma que busca 10.800 millones de dólares en compensación por presuntos daños.

Cuando se difundió la noticia de que Honduras se retiraba del tribunal CIADI, un grupo de 85 economistas internacionales, publicaron una carta en Progressive International «felicitando a la Presidente Castro y al pueblo de Honduras» y alentando a «otros los países a seguir su ejemplo hacia un sistema de comercio más justo y democrático”. Este no es el tipo de ejemplo que los inversionistas internacionales y las multinacionales quieren que dé un país pequeño como Honduras.

Pero el gobierno de Honduras parece tener ahora un fuerte aliado a su lado: Beijing.

Una doctrina demasiada contaminada

Los funcionarios estadounidenses pueden preocuparse todo lo que quieran por la creciente huella de China en su «patio trasero»; Sin embargo, como señala un artículo del Latin American Post , la realidad es que «para muchos países latinoamericanos, China ofrece una alternativa [o contrapeso] bienvenida a Estados Unidos, brindando oportunidades de desarrollo y crecimiento sin las condiciones vinculadas a la inversión estadounidense. »

Esta es la razón por la que más de 20 gobiernos de la región, algunos estrechamente alineados con Estados Unidos, se han sumado hasta ahora a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China, y Brasil es miembro fundador de los BRICS:

El atractivo del modelo chino es particularmente fuerte en una región que durante mucho tiempo ha luchado contra el subdesarrollo y la desigualdad. Para muchos líderes latinoamericanos, el ascenso de China representa una oportunidad para escapar del ciclo de dependencia y afirmar una mayor autonomía en sus políticas exteriores y económicas. Este hecho es emblemático en la geopolítica global, en el que potencias emergentes como China desafían el dominio tradicional de Estados Unidos en regiones como América Latina.

Como señala un lector de Naked Capitalism hay muchas otras razones por las que el modelo de desarrollo de China continúa encontrando seguidores en la región, incluidas razones económicas (BRICS), tecnológicas (el fuerte apoyo de China al desarrollo digital) y energéticas. sin mencionar, por supuesto, la creciente frustración con un orden basado en reglas impuestas por los estadounidenses . Incluso la revista Foreign Policy publicó un artículo el año pasado admitiendo que “el monroísmo–tanto de nombre como su paradigma político implícito– está condenado al fracaso”:

Por su nombre, la “Doctrina Monroe” está demasiado contaminada para salvarla. Invocar esta expresión en las relaciones interamericanas hoy es contraproducente. La doctrina no puede deshacerse de dos siglos de vínculos con el unilateralismo, el paternalismo y el intervencionismo.

Asimismo, llamar a la Doctrina Monroe por otro nombre no oculta su hedor…

Y ahí es donde radica el problema. Cualquiera que sea la opinión de los formuladores de políticas sobre la Doctrina Monroe, su acción arroja dudas sobre si los países latinoamericanos pueden trazar su propio rumbo en el mundo. Hasta que la política exterior estadounidense se deshaga de esta idea, seguirá siendo prisionera de la Doctrina Monroe.

El problema es que ni los demócratas ni los republicanos en Washington parecen haber recibido la “noticia”. Por lo tanto, es probable que la carrera por la injerencia y los recursos en América Latina continúe intensificándose.

La compleja situación del abasto de agua afecta a más de 600 000 clientes en el país

A pesar de los contratiempos se buscan soluciones para mejorar el servicio como una prioridad establecida por la dirección del país


3 de septiembre de 2024 22:09:19




Los arranques y las paradas bruscas producen averías colaterales como fallas en las conductoras. Foto: Juvenal Balán


Más de 600 000 personas en el país sufren afectaciones con el abasto de agua, reconoció José Antonio Hernández Álvarez, presidente del Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento, perteneciente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, al explicar a la prensa el complejo panorama del suministro de este líquido vital en Cuba.

Según detalló, algunas provincias presentan una cifra superior a 30 000 clientes sin servicio, como Pinar del Río, Artemisa, Santiago de Cuba, Granma, Villa Clara, Cienfuegos y Holguín, mientras La Habana rebasa los 130 000.

Confluyen dos causas fundamentales de la problemática: la rotura de una cantidad significativa de equipos de bombeo y la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), resaltó.

Sobre el segundo motivo explicó cómo, al margen de la voluntad de la Unión Eléctrica, en ocasiones la disponibilidad de la generación o la inestabilidad del SEN impiden proteger los circuitos que albergan los equipos de abasto.

Además, los arranques y las paradas bruscas, así como las variaciones de voltaje y frecuencia de los sistemas energéticos producen averías colaterales, agregó Hernández Álvarez.

Cuando finaliza un apagón, ilustró, a diferencia del restablecimiento instantáneo del fluido eléctrico, el agua demora hasta tres o cuatro horas en retornar porque los sistemas necesitan presurizarse para llegar a su destino y, sobre todo, a los puntos más críticos.

Los daños en La Habana empezaron por averías en un grupo de dispositivos importantes de la Cuenca Sur, que beneficia a los municipios Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana Vieja, Diez de Octubre y una parte de Boyeros, «pero hemos ido saliendo». Ya funcionan 16 de los 19 equipos necesarios en esa zona, recalcó.

Sin embargo, tras el mejoramiento paulatino en esa área, ahora las mayores dificultades se trasladan al oeste de la urbe, puntualizó. Fallaron tres equipos en Ariguanabo y también queda uno de peso en Cosculluela, con la misión de brindar el servicio en el municipio Marianao y parte de Playa.

San Miguel de Padrón contó durante mucho tiempo con solo tres, e incluso, dos de sus cuatro dispositivos, pero ya todos están restablecidos. Además, una reparación de conductora, el viernes pasado, posibilitó recuperar presión y caudal, señaló.

Entre tanto –continuó– en Villa Clara el principal problema reside en el municipio Caibarién, y ya se trabaja en el montaje de un equipo para resolverlo en gran medida. Los dispositivos en el norte de Holguín, a pesar de reparaciones, prosiguen con interrupciones y los especialistas revisan las causas.

La estrategia para revertir esta realidad está trazada en atención a las prioridades, de acuerdo con la mayor cantidad de población asociada a los lugares con equipos averiados.

Tras la entrada de un grupo de recursos para recuperar y enrollar los motores, Aguas de La Habana concentra en un taller los de mayor porte, emplazados en la capital, informó el presidente del Grupo Empresarial.

Los de menor porte terminan en el taller nacional de San José de Las Lajas, aunque también están habilitados otros locales de este tipo en Jovellanos, Matanzas y en Camagüey, para responder lo más rápido posible a las demandas.

Asimismo, la capital de la Mayor de las Antillas cuenta con el respaldo de brigadas de diferentes provincias como Mayabeque, Pinar del Río y Matanzas, subrayó Hernández Álvarez.

A pesar de los contratiempos, «la población puede tener tranquilidad de que no se para de trabajar ni siquiera sábados y domingos, y tenemos el apoyo del país, el Gobierno central prioriza la actividad y ofrece soluciones financieras en la medida en que la situación lo permite».

martes, 3 de septiembre de 2024

Pasarelas ignoradas

Por: Lourdes Pichs, Jorge Fernández

 


|A montones tienen de este tipo de código QR en uno de los quioscos de un trabajador por cuenta propia de la céntrica intersección de las calles Frexes y Mártires. Ninguno de los tres puestos que allí se ubican posee el QR indicado. Foto: Ahora

“Establecer como requisito para los establecimientos comerciales objeto de inscripción en el Registro Central Comercial de manera temporal o permanente, poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor”.

De tal manera se lee en la Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior, promulgada a finales del pasado año, para respaldar la obligatoriedad del empleo de las pasarelas electrónicas de pago o terminales de punto de venta (POS), como una alternativa para garantizar la comercialización de bienes y servicios a la población.

En aquel momento, se dio un determinado plazo para su puesta en vigor, el cual se ha ido postergando, a raíz de la morosidad de algunos actores de la economía, recelosos de operar a través de un Código QR, a pesar de que esa disposición legal es de aplicación para todas aquellas personas naturales y jurídicas que realizan actividades comerciales.

Si bien la provincia de Holguín se ha insertado, de manera progresiva, en el proceso de bancarización de la sociedad, aún resultan persistentes las quejas de la población sobre limitaciones afrontadas a la hora de pagar por una vía electrónica y ante la ausencia del descuento del monto total, si no se opera por la pasarela indicada.

¿Hay falta de control, exigencia o inconsciencia colectiva? Usuarios de redes sociales testifican las más diversas, y poco agradables anécdotas sobre el tema en cuestión, mientras argumentos expuestos por autoridades correspondientes contradicen lo que alegan muchos de los nuevos actores económicos, algunas empresas estatales y la población.

Unos que sí, otros que no…



En un recorrido por el centro de la ciudad, por donde pasan muchos de los encargados de fiscalizar el cumplimiento de la Resolución 93 / 2023, solo en el Punto de Venta Sala 3D y el local de la Mipyme Obra real, localizado en lacalle Aricochea, utilizan el código QR a través de Enzona, aunque en este último no está a la vista. Foto: Ahora

Como bien alertaron funcionarios del Mincin en un programa reciente de la Mesa Redonda, se dispone de dos plazos: el primero, de 30 días para los nuevos establecimientos que soliciten inscribirse en el Registro Central Comercial; y el segundo, de hasta 60 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la normativa, para que los ya inscritos garanticen las facilidades de liquidación de cuentas.

Sin embargo, al preguntar sobre el pago en línea a quienes realizan comercio mayorista, ventas de mercancías, servicios gastronómicos y de alimentación social, o prestan servicios comerciales y técnicos de uso personal y doméstico, dicen que “estamos en trámites”, “el Banco no me acaba de dar la cuenta fiscal” y otros, para salvarse del trance o de una multa, ofrecen un número de cuenta personal o apelan a extender el QR de la propia cuenta, que sí facilita la transferencia de dinero, pero no beneficia con el seis por ciento de descuento.

Varias son las vivencias que ofrecieron los holguineros; por ejemplo, Víctor Aguilera Nonell afirmó que “es un problema extendido y, aunque se diga, los decisores e inspectores no muestran ningún tipo de accionar. En las mypimes que están en la céntrica esquina céntrica de Frexes y Mártires dan mil pretextos para no aceptar el pago electrónico”; mientras Mario Martínez opinó que “existen negocios que multan a uno como cliente con el 10 por ciento, pero en aumento del precio al pago digital. Lo que se debe hacer es cerrarles definitivo esos puntos de expendio”.

En tanto, Liuska Bao es del criterio que “una gran parte de los establecimientos violan lo establecido por esas formas de pago. En algunos, solo lo aceptan de lunes a viernes, como es el caso de la mipyme de San Rafael; en otras, como la que se encuentra en la calle Aricochea, no aceptan pago por transferencia; en la “Hermanos Rey” el pago se hace por Enzona, pero luego de un mecanismo diabólico establecido por ellos, de modo que el cliente, obstinado, paga en efectivo o se marcha. También está el caso de la mipyme ubicada en áreas aledañas a la Taberna Pancho, el restaurante Rancho Bella, donde solo aceptan transferencias si el consumo es de más de 5 mil pesos. Se supone que todo estas artimañas son para enmascarar sus reales ganancias y evitar impuestos”.

Un dueño de un lugar de prestación de servicios confiesa que, desde su entrada a la actividad, “tengo mi código puesto y brindo hasta servicio de caja extra”, pero no entiende que “al cliente le dan un seis por ciento de bonificación y a nosotros nos llega el pago del cliente con 1,5 por ciento menos, porque, según leí en el documento que me entregaron, ese 1,5 se reparte entre la Empresa de Servicios Informáticos Especializados (GET), Bandec y Etecsa, por lo cual estimo esta sea una de las causas de que algunos no den el QR”.

En tanto, Olga Beatriz Aguilera dijo: “no son solo las mipymes ni los TCP los que no desean cumplir las leyes: por indicaciones de Comercio, la última venta de cigarrillos en las bodegas, se exigió el efectivo”.

Por su parte, Fabio Ochoa señaló que “cuando he podido pagar a no estatales por QR es transferencia y no pago en línea, mediante el cual es el banco el que bonifica con un por ciento equivalente a un "descuento" que en nada afecta al comerciante; pero para el pago en línea el vendedor debe solicitar la activación a su banco y contratar el servicio, que se opera mediante su cuenta fiscal y es ahí donde está el inconveniente, porque todos los pagos cargan los ingresos registrados del comerciante, de modo que la variante del pago como transferencia es una modalidad de evasión fiscal”.

En la fachada de la mipyme localizada detrás del IPU Luz Palomares García, lo más que se leen son carteles sobre horarios, cómo el cliente debe llevar el dinero clasificado por denominaciones y hasta etcétera, pero en ninguno se lee nada de pasarelas de pago, por lo cual al preguntar llega la respuesta salomónica: a un número de tarjeta y solo hasta 5 mil pesos. Por citar, hay decenas de casos, lo cual ratifica, lo informado a medios nacionales por Mirurgia Ramírez Santana, directora de Regulación del Mercado y Mercadotecnia del Mincin: hasta el mes de marzo, Holguín estaba entre las dos provincias con MENOS ACCIONES DE CONTROL (Cienfuegos y Holguín solo el 1,4 %, y el 2,6 % de lo muestreado).

Sin embargo, en el perfil institucional de la Dirección Estatal de Comercio (DEC), en Facebook, se lee: “A partir del próximo lunes, 1ro de abril de 2024, la DEC, la Dirección de Inspección Provincial, BPA, BANDEC, la ONAT y otros factores, incrementarán las acciones de control para hacer cumplir esta política”, pero, hasta la fecha, no se aprecian los resultados esperados.

Acciones de control



|En el punto de venta ubicado en portal de la calle Máximo Gómez, esquina Martí, enseñaron este QR plastificado. Ante la solicitud de la explicación del jefe, las dependientas respondieron que debíamos esperar al lunes. Ese día era martes, en la mañana…Foto: Ahora

Según la DEC, como rectora de la política de Comercio en la provincia, han desarrollado diferentes acciones encaminadas al trabajo con los actores económicos, tanto estatales como no estatales, las cuales han sido respaldadas por los cuerpos de inspecciones de los municipios.

“Cuando salió la Resolución 93, visitamos las diferentes entidades para capacitar y orientar, siempre dejando claro que, llegados a un punto, se tomarían medidas con quienes se negaran a cumplir con lo establecido”, explicó Yomaris Muguercia García, máxima representante de la DEC en Holguín.

Argumentó que, a partir de que el Registro Central Comercial autoriza a un ciudadano a ejercer determinada actividad, este debe solicitar por su cuenta bancaria la implementación de alguna forma de pago en línea y especificarla a través de la divulgación adecuada en el establecimiento.

“En las visitas a los establecimientos solicitamos al titular que nos muestre la inscripción en el registro, la cuenta fiscal y el Código QR”, complementó la directiva.

A pesar de no ser una información conocida por un amplio segmento poblacional, en el municipio de Holguín, donde más se intencionan los controles, semanalmente, se visitan 100 actores económicos. Hasta la fecha, se han cancelado 33 proyectos, es decir, trabajadores por cuenta propia, y cuatro puntos de ventas de mipymes.

“Sucede, por ejemplo, que llegamos al establecimiento donde radica la mipyme y todo está en orden, pero en uno de sus puntos de venta no ofrecen el comercio electrónico como forma de pago. En esa situación, cerramos el punto de venta, no la mipyme”, aclaró Muguercia García.

De los proyectos cancelados, algunos han reabierto nuevamente, alegando desconocimiento sobre la normativa, pero aún permanecen cerrados 17 actores económicos no estatales y uno estatal, por no atemperar su forma de cobro a lo recogido en la 93.

En tanto que Yanetxi Rodríguez, directora de desarrollo del Grupo Empresarial de Comercio, alegó que “en nuestro sector, desde el 2021, se comenzó aplicar el comercio electrónico y la utilización de los diferentes canales de pago, por estar inmerso en un proceso de perfeccionamiento, pues uno de los requisitos era aplicar los canales electrónicos, lo que permitió que antes de comenzar la bancarización trabajáramos en función de aplicar este sistema”.

Por eso, “de la totalidad de los establecimientos activos de Comercio y la Gastronomía, de un potencial de 2 mil 200, solo 77 no pueden utilizar este sistema por estar certificadas por Etecsa que se encuentran en zonas de silencio, los 2 mil 123 restantes deben contar con, al menos, una de estas pasarelas de pago. Todas las bodegas están utilizado uno de los canales electrónicos”.

Aunque reconoció: “Hoy afrontamos los mayores problemas en los locales arrendados, pero les estamos exigiendo con una fecha a cumplir. Las principales incidencias están en los municipios de Cacocum y Banes, así como algunas en ¨Calixto García¨, con situaciones en los códigos, por lo cual hemos estado tramitando esta actividad con los organismos correspondientes”.

Asimismo destacó el impacto positivo alcanzado con el servicio de Caja Extra (CE), fundamentalmente en el municipio cabecera. “El año pasado, por ese concepto se cerró con más de 394 millones de pesos y ya contabilizamos más de 250 millones, en lo que va de este”.

También este equipo contactó con Iliana Ávila Pérez, jefa del Registro Central Comercial (RCC) Filial Holguín, organismo rector de la 93 del RCC, que está aprobado por el Mincin y que, como su nombre indica, tiene el encargo de reconocer y fiscalizar todas las actividades dirigidas por este ministerio.

No obstante, la funcionaria aclaró que es la DEC con su equipo de inspección el encargado de chequear y hacer cumplir la R 93/2023, lo cual no quiere decir que ellos no indaguen y hasta visiten los establecimientos. Asumió que “Holguín tiene problemas. No está al ciento por ciento ni lo va estar por un buen tiempo. Acá vienen muchos clientes por trámites demorados”. “Estamos muy atrasados, por ejemplo, en visitas realizadas todavía algunos alegan desconocer la R 93, aunque se ha divulgado por varias vías, a lo cual les recordamos que el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento”.

Al respecto, abundó que si no aplica esta resolución puede declarársele el cese de la actividad o, a través del decreto Ley 155, se decomisa la mercancía, pero en la provincia solo se ha dado un caso, con la Policía de actuante.

Sobre el uso del QR, señaló que hay muy mala práctica. “Con la 111 del Banco se dio una prórroga hasta abril, para poder terminar con las cuentas fiscales, pues para poder anexar la 93 y utilizar la pasarela de pago debe tener la cuenta fiscal, porque de otra manera lo estaría poniendo en la personal y el banco no puede saber realmente lo que se está ingresando, es decir, está evadiendo el fisco”.

En tal sentido, Alberto Manuel Leyva Rojas, coordinador de programas y objetivos del Gobierno en el territorio, aclaró que “las mipymes o trabajadores por cuenta propia no se aprueban sin que no medie su cuenta fiscal (CF) en el expediente”, por lo cual es de obligatorio cumplimiento que los nuevos actores económicos hagan uso correcto de la pasarelas de pago. Leyva Rojas informó que, hasta mediados de abril, habían más de 6 mil cuentas de TCP inutilizadas, por distintas razones, por lo cual están en el análisis una a una, mientras que la de otro grupo dispone de dinero; sin embargo, no la utilizan.

Responsabilidades compartidas



Tal como se observa en la mipyme Garlimpsa S.R.L, el Código QR debe estar a la vista de la población. Foto: Ahora

“La responsabilidad del Banco con la activación y conformación de los Códigos QR es, en un primer momento, informativa, con el propósito de que los actores económicos conozcan que deben tener una pasarela de pago en línea asociada a una cuenta fiscal”, dijo Hilda María Mora Vidal, jefa del departamento de banca electrónica en el Banco Popular de Ahorro de Holguín.

Explicó, además, que las instituciones bancarias son las responsables de dar el número de la cuenta que respaldará sus ingresos. En cuanto a las bonificaciones por el uso de las pasarelas, precisó que es algo contextual y sujeto a cambios.

“La bonificación al cliente al ejecutar un pago en línea no es permanente. Esta es asumida por el banco y, en ocasiones, por las entidades, previo acuerdo y organización. No son todos los organismos los que bonifican, cada banco tiene un grupo de instituciones que lo realizan, por lo que varía”, acotó.

Respecto al pago de las comisiones por el uso de las plataformas, refirió que puede revertirse con la prestación del servicio de Caja Extra. “El banco paga un 0,5 por ciento del total del monto prestado y un peso por cada operación, pues los individuos se convierten en agentes no bancarios”, complementó. Por su parte, Fermín Ochoa Rodríguez, coordinador de Transfermóvil en Holguín, explicó que Etecsa buscó una vía para que los clientes pudieran realizar la contratación del Código QR, eliminando los trámites presenciales, a través de la página web www.transfermovil.etecsa.cu.

Estas páginas tienen un control de la cantidad de usuarios que se registran y por ahí vamos viendo el número de establecimientos físicos con el Código, que en la provincia suman alrededor de 3 mil”, dijo Ochoa Rodríguez. Según argumentó, dentro de los datos que inserta el cliente al rellenar el formulario se encuentran el carné de identidad, el correo electrónico y un número de teléfono móvil. Por esas tres vías llega un anexo del contrato de manera digital y la entrega de una contraseña.

“Cuando lo reciben, deben dirigirse a Joven Club, un aliado de nuestra empresa para la implementación y capacitación sobre el empleo de la plataforma Transfermóvil”, añadió el coordinador.

Refirió que las solicitudes de Código tienen un término de un mes para hacerse efectivas; sin embargo, a día de hoy el plazo es mucho menor y, por lo general, no sobrepasa las 24 horas.

Asimismo, Félix Moreno Casanova, director de la División Territorial de Xetid en la provincia, explicó que para tramitar el código QR de la plataforma Enzona existen dos variantes: hacerlo a través de su sitio web oficial www.enzona.net, donde las personas pueden realizar la solicitud de forma directa de su código QR, o acercarse a la entidad para obtener los contratos de servicios y los de términos y condiciones con el banco, y, una vez concluidos los trámites, generar el código QR con la cuenta fiscal. También en la página de Enzona se puede solicitar la entrega de la cuenta fiscal para el negocio. Además, señala que en el caso de los TCP no se necesitan contratos, solo presentar los documentos oficiales y se realiza el servicio, con su respectivo pago, al momento.

Según datos ofrecidos por Moreno Casanova, existen en la provincia 2 mil 978 actores de la economía con esa pasarela de pago activa, de ellos la mayor cantidad se concentra en el municipio cabecera, con un total de mil 219. “Mantenemos convenios con Joven Club para la instalación de Enzona a personas naturales y Xetid los atiende también los martes y jueves en el horario de la mañana. En el caso de los actores económicos, nosotros mismos los asesoramos. Después de firmado el contrato, se hace efectiva su activación en la plataforma, en alrededor de 24 horas”, explicó el directivo. Los Joven Club de Computación y Electrónica han desempeñado un papel activo en tiempos de bancarización y comercio electrónico, sin dejar de lado su amplio número de servicios tradicionales.

“A través del servicio de asesoría e implementación, hemos desarrollado acciones para capacitar a nuestros clientes en todo lo referente al pago en línea y el empleo de las pasarelas electrónicas de pago”, dijo Jeilys Palacio García, subdirectora de informatización de Joven Club (JC) en la provincia. Reiteró que el papel de esa red de instalaciones se basa en colaborar en la implementación del Código QR, por cualquiera de las pasarelas disponibles; sin embargo, varios ciudadanos, que no han dado los primeros pasos para la solicitud, acuden a los especialistas de los diferentes municipios en busca de acompañamiento para adentrarse en el universo tecnológico.

“Hay que aclarar que el proceso consta de diferentes etapas, que van desde la solicitud en línea para la contratación del Código QR, hasta la activación de la cuenta bancaria. Una vez que transcurren las distintas fases, intervenimos nosotros”, acotó la directiva.

Sin medias tintas

Como en un trabajo similar, publicado a principios de año, reiteramos que las pasarelas electrónicas de pago deben estar al alcance de todo el que quiera valerse de sus ventajas, para “desfilar” rumbo a la modernización de los sistemas económicos de nuestro país.

Pero este proceso requiere de fiscalización y hacer valer lo establecido por Resolución, pues es obligación de las entidades, mipymes y trabajadores por cuenta propia asegurar a los consumidores el acceso y uso de los canales electrónicos, tanto por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta, para la comercialización de bienes y prestación de servicios, en un contexto donde el efectivo no sobra en las manos holguineras.

Las quejas reiterativas de la población sobre la violación flagrante de la Resolución 93 denotan que no se ha sido todo lo consecuente en hacer valer lo que está previsto, a pesar de las varias prórrogas otorgadas, tomadas por algunos para hacer florecer su desdeñables artimañas.



(Tomado de ¡Ahora!)