Cuba: del abarrotamiento a la escasez

Daniel Valero • 27 de julio, 2015

CAMAGÜEY. Los primeros días Yariel perseveró en la costumbre de llegar hasta el punto de venta y preguntar por si había entrado este o aquel material, o hasta dejarle sus números de teléfono a alguna persona de confianza. Incluso estaba pendiente de las nuevas arribadas de productos que cada cierto tiempo abastecían el lugar y para los cuales siempre parecían haber muchos clientes con una prioridad mayor a la suya.

Así, cuando conseguía bloques le faltaban la piedra o la arena, y sobre sus planes se mantenía latente la amenaza de no poder encontrar el cemento –o como le sucediera en una ocasión– comprarlo y más tarde haber estado a punto de perderlo, por las dificultades para darle uso.

Por suerte, con el tiempo Yariel aprendió a tocar las puertas adecuadas. Lo primero fue entender que “con el Estado” solo podría resolver por casualidad, o aquellas cosas que nadie o casi nadie quería. Para lo demás tendría que “morir” en los particulares… y a veces ni por esa vía.

“Para construir en Cuba no te basta con el dinero o la mano de obra; también hay que contar con un montón de suerte y de paciencia, porque cuando menos lo imaginas tienes que pararte por una cosa tan insólita como el alambre para los encabillados y si andas con mal pie puedes meterte en esa ‘gracia’ par de meses”.

La insuficiente producción de materiales, y el acaparamiento y la reventa por parte de los intermediarios (que incrementan de forma exponencial los precios), son algunos de los obstáculos que hoy jalonan el camino de los cubanos abocados a la difícil tarea de construir.

Pero lo más insólito es que en muchas ocasiones los productos duermen el sueño de los justos en algún almacén, entorpeciendo el ciclo fabril de las industrias que los elaboran, lastrando el salario de cientos o miles de trabajadores, y aumentando las dificultades de potenciales consumidores que pudieran aprovecharlos.

La construcción es tal vez el sector más afectado por tales prácticas. Durante años se ha hecho habitual que varias de las fábricas de cemento del país funcionen a intervalos debido a la insuficiente comercialización de sus producciones. Sin ir muy lejos, en junio pasado el diario Granma alertaba cómo la industria de este tipo ubicada en el municipio artemiseño del Mariel se mantenía trabajando a un 80% de sus potencialidades debido al abarrotamiento de los silos. “La venta no ha estado acorde con lo planificado para la etapa pues no todos los organismos han acudido. El molino tiene una capacidad de 3 200 toneladas diarias, y la extracción en igual periodo se comporta en alrededor de las 1 200”, reconocía Edilson Ávila, vicegerente general en funciones de la entidad. Lo más preocupante es que no se trata de un hecho aislado sino de la tónica dominante en las instancias del sector estatal.

En primer lugar, por la estricta centralización que sigue caracterizando al modelo de gestión cubano. “No solo la centralización en sí misma, sino además la manera en que se ha diseñado esa centralización”, apuntaba recientemente el economista Juan Triana, en una entrevista donde abordaba los reducidos márgenes de competitividad que caracterizan a la empresa nacional de cara al mercado exterior. “Más que todo por la necesidad de requerir permisos constantemente. Esa excesiva centralización ha generado como uno de nuestros padecimientos actuales, nuestra poca capacidad para exportar”.

Detalles más o menos, las mismas coordenadas sirven para orientarse en el mercado interno de la Isla, que periódicamente sufre ciclos de desabastecimiento, tanto por las insuficientes compras en el exterior como por las ineficiencias de los productores criollos y sus sistemas de distribución y comercialización.

La memoria colectiva recoge casos recientes como los de los artículos de aseo (virtualmente desaparecidos durante buena parte de los años 2013 y 2014), una amplia gama de equipos electrodomésticos y los propios materiales de la construcción, que no logran una presencia estable dentro de la red comercial.

A ello contribuyen las reducciones en los planes productivos de muchas ramas, con particular preponderancia para las manufacturas destinadas al consumo directo de la población, las cuales –de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información– durante 2014 presentaron saldos negativos en más de la mitad de sus indicadores.

Para completar la ecuación es necesario poner sobre la mesa el complejo sistema de instituciones supervisoras, distribuidoras y de otro cariz similar que conforman el entramado empresarial de la Isla; por solo poner un ejemplo, artículos tan necesarios como los de herrajería deben transitar de los productores a las entidades comercializadoras “centrales” (Almacenes Universales u otros), de ahí a las dependencias locales de Comercio, y por último a los puntos de ventas, tiendas o similares. Súmele al proceso las habituales demoras burocráticas, problemas de transportación y sucesivos almacenamientos, y no sorprenderá que a nivel de país los montos de artículos “inmovilizados” se cifren en cientos de millones de pesos.

El problema no ha sido resuelto siquiera con la promulgación del Decreto 315 (de noviembre de 2013, para comercialización de “artículos de lento movimiento”), pues por un lado siguen sin crearse los mercados mayoristas y por el otro, muchas instituciones ven en sus reservas un pasivo con el cual enfrentar coyunturas adversas, o no cuentan con los mecanismos o la suficiente motivación material para deshacerse de ellos.

Almacenes llenos, en no pocas ocasiones abarrotados, constituyen un camino bastante inusual hacia el desarrollo. Y más cuando la mayoría de la demanda nacional sigue sin ser atendida, con independencia del ramo que se escoja.

Sobran ejemplos para comprobarlo, pero basta con uno que en este año se ha hecho moneda corriente hacia el nororiente de la provincia de Camagüey. Allí, la “Revolución de Octubre”, una de las mayores fábricas de fertilizantes del país labora a cuentagotas a causa de la insuficiente salida de sus producciones terminadas. “Cada día pudiéramos elaborar unas 350 toneladas de nitrato de amonio, pero no podemos hacerlo porque Ferrocarriles y Transcar, las empresas transportadoras, solo se llevan en ese lapso unas 160 toneladas. Hasta no hace mucho el sobrante iba a nuestros almacenes, pero ya no tenemos donde seguir acumulándolo porque están abarrotados”, explicaba en junio pasado Benito Jiménez Ibáñez, jefe de Produción de dicha industria, que en los primeros cinco meses de 2015 había tenido que detener en tres ocasiones sus máquinas por el mismo motivo.

Lo más “curioso” del asunto es que a menos de cincuenta kilómetros de allí, en la zona de Camalote, los agricultores pagan bien caros los abonos y más de uno se lamenta de lo difícil que resulta conseguirlos, incluso con “el dinero en la mano”. “Todos los que me traigan”, afirmó un tomatero ante la pregunta de si compraría fertilizantes para su finca. Por desgracia, no es uno de los clientes a los que la “Revolución de Octubre” puede venderle.

Progreso Semanal/ Weekly autoriza la reproducción total o parcial de los artículos de nuestros periodistas siempre y cuando se identifique la fuente y el autor.