Los negociadores y ministros de Estados Unidos y otros 11 países de la cuenca del Pacífico se reúnen en Atlanta en un esfuerzo por ultimar los detalles del nuevo Trans-Pacific Partnership (TPP, Partenariado Trans-Pacifico), y es necesario un análisis sobrio de su contenido. El mayor acuerdo de comercio e inversión regional de la historia no es lo que parece.
Se ha hablado mucho sobre la importancia del TPP para el “libre comercio”. En realidad se trata de un acuerdo para gestionar las relaciones comerciales y las inversiones de sus miembros. Y hacerlo en nombre de los grupos de presión empresariales más poderosos de cada país. No nos equivoquemos: es evidente por la naturaleza de las principales cuestiones pendientes, sobre las que los negociadores siguen regateando, que el TPP no tiene que ver con el "libre" comercio.
Nueva Zelanda ha amenazado con retirarse del acuerdo por la manera en que Canadá y los EE.UU. controlan el comercio de productos lácteos. Australia no está contenta con la forma en que los EE.UU. y México regulan el comercio de azúcar. Y los EE.UU. no están contentos con la forma en que Japón gestiona el comercio del arroz. Estas industrias están respaldadas por bloques de votantes importantes en sus respectivos países. Y estos temas representan sólo la punta del iceberg en términos de cómo el TPP impondrá una agenda que en realidad va en contra del libre comercio.
Para empezar, tenga en cuenta los efectos de un acuerdo que amplia los derechos de propiedad intelectual de las grandes compañías farmacéuticas, como hemos conocido gracias a las versiones filtradas del texto de negociación. La investigación económica demuestra claramente que tales derechos de propiedad intelectual no sirven para promover la investigación, en el mejor de los casos. De hecho, hay pruebas de lo contrario: cuando el Tribunal Supremo invalidó la patente de Myriad sobre el gen BRCA, se produjo una explosión de innovaciones que se tradujeron en mejores pruebas menos caras. En efecto, las disposiciones del TPP restringirán la competencia abierta y aumentarán los precios para los consumidores en los EE.UU. y en todo el mundo: anatema para el libre comercio.
El TPP regulará el comercio de productos farmacéuticos a través de una serie de cambios de unas reglas aparentemente arcanas sobre temas como "la vinculación de patentes", la "exclusividad de datos", y datos “biométricos". El resultado real es que se permitirá expandir a las empresas farmacéuticas - a veces casi por tiempo indefinido - sus monopolios sobre los medicamentos patentados, excluir a medicamentos genéricos más baratos del mercado, e impedir a competidores "biosimilares" la introducción de nuevos medicamentos durante años. Así es como el TPP regulará el comercio de la industria farmacéutica, si los EE.UU. se salen con la suya.
Del mismo modo, considere cómo los EE.UU. esperan utilizar el TPP para regular el comercio de la industria del tabaco. Durante décadas, las empresas tabacaleras estadounidenses han utilizado mecanismos de defensa para los inversores extranjeros creados por acuerdos similares al TPP para luchar contra regulaciones destinadas a frenar el flagelo para la salud pública que es el consumo de tabaco. Bajo estos sistemas de resolución de controversias inversores-Estado (ISDS), los inversores extranjeros adquieren nuevos derechos para demandar a los gobiernos nacionales ante mecanismos de arbitraje privados por reglamentos que consideren una amenaza para la rentabilidad esperada de sus inversiones.
Los intereses empresariales internacionales consideran imprescindibles los ISDS para proteger los derechos de propiedad donde no existen el imperio de la ley y tribunales creíbles. Pero este argumento no tiene sentido. Los EE.UU. están exigiendo el mismo mecanismo en un mega-acuerdo similar con la Unión Europea, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), a pesar de que no hay duda sobre la calidad de los sistemas jurídicos y los tribunales de Europa.
Todo el mundo está de acuerdo, los inversores - cualquiera que sea su domicilio fiscal - merecen ser protegidos contra expropiaciones o regulaciones discriminatorias. Pero los ISDS van mucho más allá: imponen la obligación de compensar a los inversores por las pérdidas de beneficios esperados y podría ser invocados incluso cuando las reglas no son discriminatorias y los beneficios se obtienen causando daño a la sociedad.
Actualmente Philip Morris International ha llevado a los tribunales a Australia y Uruguay (que no es socio del TPP) por exigir que los cigarrillos lleven etiquetas que adviertan de su peligro para la salud. Canadá, bajo amenaza de una demanda similar, se echó atrás de introducir una etiqueta de advertencia igualmente eficaz hace unos años.
Dado el velo de secreto que rodea a las negociaciones del TPP, no está claro si el tabaco será excluido parcialmente de los ISDS. De cualquier manera, la cuestión más amplia sigue estando ahí: estas disposiciones hacen que sea difícil a los gobiernos ejercer sus funciones básicas: la protección de la salud y la seguridad de sus ciudadanos, garantizar la estabilidad económica y la protección del medio ambiente.
Imagínese lo que habría ocurrido si esas disposiciones hubieran estado en vigor cuando se descubrieron los efectos letales del amianto. En lugar de cerrar las fabricas y obligar a los fabricantes a indemnizar a los perjudicados, bajo los ISDS, los gobiernos hubieran tenido que indemnizar a los fabricantes por no matar a sus ciudadanos. Los contribuyentes habrían pagado dos veces: primero por el daño causado a su salud por el amianto, y luego para compensar a los fabricantes por sus ganancias perdidas cuando el gobierno intervino para regular un producto peligroso.
No debe sorprender a nadie que los acuerdos internacionales de los Estados Unidos regulen, en vez de liberalizar, el comercio. Es lo que sucede cuando el proceso de decisión de las distintas políticas se cierra a las partes interesadas no empresariales; por no hablar de los representantes elegidos por el pueblo en el Congreso de los EE.UU..
premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia, fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton y Vicepresidente Adjunto y Economista Jefe del Banco Mundial.
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