Las acciones de noviembre y las protestas de julio -a
diferencia de las manifestaciones del 5 agosto
de 1994- se inscriben en la doctrina de Guerra No Convencional, enarbolada por el gobierno estadounidense, que tiene entre
sus propósitos hacer que en esta Isla del Caribe estalle una revolución
de colores que ponga fin al proceso de
transformaciones iniciado en 1959. La
coyuntura escogida no podía ser más afín a estos planes, en medio de una crisis económica
agravada por los impactos de la pandemia
de COVID-19 y del recrudecido bloqueo económico, comercial
y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra
Cuba.
Estos lamentables acontecimientos deben ser objeto de un profundo análisis que aporte elementos para mejorar el proyecto cubano
de desarrollo socialista, en defensa de nuestra independencia y soberanía nacional porque como alertara en su
momento José Martí: “es la hora de los hornos, en que no se ha de ver más que la luz”1. No podemos ni debemos dejar el
camino libre a discursos oportunistas y malintencionados de quienes asumen
posiciones anexionistas y mercenarias.
Es por ello que el Consejo Científico de la Sociedad
Económica de Amigos del País se dio a la tarea de elaborar este texto -resultado de las contribuciones de su membresía- para reflexionar
acerca de las causas de los sucesos iniciados el 11 de julio, así como referir medidas y acciones que pudieran enriquecer
el caudal de opciones que está considerando la
dirección del Estado y el Gobierno. El presente documento, aprobado por el pleno del Consejo Científico, se entregará a la Presidenta de la SEAP para su consideración y remisión a las instancias correspondientes.
Sobre las causas
Un paso inicial
importante para emprender
un programa de acciones viable
y efectivo consiste en esclarecer las causas que
condujeron a que grupos de ciudadanos recurrieran a este medio de expresión, no habitual -aunque constitucionalmente
reconocido2- en más de sesenta
años de práctica política, para hacerse escuchar.
Lo ocurrido fue resultado de la conjugación de múltiples
factores asociados a la compleja coyuntura
por la que atraviesa el país, pero también a contradicciones no resueltas, y
otras nuevas, en la estructura y
funcionamiento del sistema económico, social y político cubano actual.
En medio de este panorama es imprescindible reiterar que la campaña de manipulación y descrédito del gobierno de la Isla, desatada a través de las redes digitales, sirvió de percutor para provocar acciones subversivas y de desestabilización interna. En tanto los impactos económicos, sociales y psicológicos que han tenido en la vida cotidiana de la familia cubana la pandemia de COVID-19 y el arreciado bloqueo fueron empleados como catalizadores del descontento popular.
Sin embargo, obtener el cuadro lo más acabado posible de las causas sistémicas que provocaron tales efectos requiere de una indagación más detenida y profunda, que seguramente encontrará en las investigaciones realizadas por las ciencias sociales y humanísticas cubanas un valioso material. Considerando la inmediatez del análisis al que nos convocamos, la búsqueda de los ¿por qué? la ubicamos en tres procesos estratégicos:
Tarea Ordenamiento
La implementación del ordenamiento monetario constituye una
de las acciones de mayor impacto para
el perfeccionamiento de la economía
nacional, en particular de la empresa estatal
socialista. No obstante, después de una demora en años, el momento escogido
para hacerlo -enero 2021-, los procedimientos seguidos
y las consecuencias de medidas
adoptadas han agravado algunas de las irregularidades existentes en su
funcionamiento, generando en la población
incertidumbre y malestar.
Cuando se emprende
un cambio sistémico, se deben valorar todos los
factores, en tanto una reforma monetaria y salarial necesariamente implica la introducción de nuevas y
revolucionarias reglas para la banca y el mercado, lo que puede hacer emerger
al mercado sumergido
y semisumergido. Con el avance de la Tarea Ordenamiento, este
mercado ilegal ha cobrado fuerza, se ha extendido y diversificado, debido a regulaciones y limitaciones a que está
sometido el mercado legal, y a los fenómenos
de especulación y corrupción, que se están entronizando en la sociedad.
Precisamente en la inestabilidad provocada
por la incontrolable inflación, el galopante aumento de los precios de productos
básicos -en especial de los alimentos-, la segmentación del mercado interno
con la apertura desmedida de tiendas en MLC -desconociendo lo informado
oficialmente por los ministerios involucrados-, el desabastecimiento, la
clausura de comercios en CUP para la venta de insumos
necesarios -plomería, electricidad, entre otros-, el fortalecimiento de la economía
sumergida, la tendencia
a la dolarización, los especuladores, las colas agotadoras, la
creciente desigualdad, se encierran muchas de las causas del descontento.
La trayectoria de la Tarea Ordenamiento demuestra que las decisiones que involucren el futuro del país tienen que ser consultadas y socializadas de manera más efectiva, para evitar -como ha ocurrido- los frecuentes ajustes por decisiones técnicas, que no utilizan adecuadamente la satisfacción social como indicador de validez. Esta es, entre muchas, una de las enseñanzas que trasciende del colapso de los experimentos socialistas en Europa del Este y la URSS, en el siglo XX.
Dirección política y administrativa de la sociedad
Este es un proceso abarcador en el que un papel central le
corresponde a la nueva dirección política
del país, encargada de dar continuidad a la obra fundada por la generación
histórica, con estilos y métodos propios que le permita llevar adelante
la actividad política
cotidiana.
En esta esfera existe un acumulado de experiencias favorables, pero también de insuficiencias y problemas que urgen resolver, entre los que están:
Ø la inoperancia de las instituciones del Poder Popular y de Organismos de la Administración Central del Estado en brindar soluciones a los problemas más acuciantes de comunidades y barrios, lo que se puso en evidencia recientemente.
Ø el
insuficiente conocimiento, por parte de dirigentes comunitarios y provinciales,
de las características históricas, culturales y sociales
del territorio, donde gobiernan o administran, lo que limita la efectividad y eficiencia en el despliegue de sus funciones.
Ø el deterioro
de competencias y sensibilidad de no pocos cuadros -con particular impacto en provincias y municipios-,
quienes se concentran más en las tareas que les "bajan" que, en hacer política en sus territorios y
ser reconocidos como líderes por los dirigidos.
Ø la insuficiente vinculación de algunos
dirigentes políticos y administrativos con el pueblo para conocer
sus necesidades e intereses, así como desarrollar la labor educativa, de información y comunicación inherente
a su responsabilidad.
Ø la inercia
y pasividad de las organizaciones de masas (FMC y CDR) ante los problemas
reales de las comunidades y los barrios.
Ø la
realización de visitas que se anuncian previamente, donde se muestra siempre lo mejor y se encubren las posibles insuficiencias y problemas.
Ø la
disminución a todos los niveles -aun antes de la pandemia- de las rendiciones
de cuentas, su frecuencia, exigencia y efectividad.
Ø la
demora o ausencia de respuesta de los que dirigen las entidades públicas ante
las demandas y problemas planteados por la
población.
Por otra parte, la dinámica política que se observa
actualmente en los territorios indica que la
delegación de autoridad
y mandato a los municipios no garantiza el éxito de la descentralización de las funciones
estatales y gubernamentales a ese nivel. Esa transformación, relevante para la vida cotidiana de la sociedad,
entraña importantes retos,
que demandan, entre otras acciones, una intensa e integral preparación
de los profesionales que asumirán
las diferentes responsabilidades, unido a su conducta ética y ejemplaridad.
Además, las asambleas de circunscripción deben transformarse en espacios de intercambio de ideas, de compromisos, formulación de propuestas y toma de decisiones sobre la distribución y utilización de los recursos, que contribuya a erradicar la práctica del asistencialismo como método para solucionar los problemas.
Comunicación social y participación ciudadana
La comunicación social constituye uno de los pilares básicos en el funcionamiento democrático de la sociedad. En este ámbito, no obstante las políticas, planes y acciones encaminadas, no se logra consolidar la estrategia trazada para la comunicación social, que sigue siendo poco eficaz.
Ø En las actuales circunstancias, por ejemplo, las reuniones y noticias se divulgan en todos los medios, pero se carece de especialización, de la necesaria interacción y retroalimentación del emisor con los públicos, de los dirigentes y los dirigidos.
Ø A la prensa cubana le sigue faltando la imprescindible inmediatez, que provoca que el ciudadano acuda a las redes y fuentes extranjeras para informarse sobre asuntos de su realidad nacional.
En materia de comunicación conocemos que el Presidente de la República mantiene un diálogo franco y abierto con representantes de diferentes sectores de la sociedad cubana. Además, ha convocado a los intercambios con colectivos laborales, vecinos de comunidades y barrios, grupos de estudiantes, artistas, los que están en la agenda de trabajo de dirigentes políticos y administrativos durante las visitas que realizan a diferentes territorios y colectivos del país. No obstante, esta debe ser una práctica sistemática, inherente al funcionamiento de las diferentes instituciones del sistema político en todos sus niveles, lo que permitiría ensanchar y fortalecer los canales para la participación de todos los que, aun cuando difieran en determinados enfoques, se sientan comprometidos con el proyecto de país que defiende la Revolución.
Ø Enfrentar el bloqueo con una actitud
proactiva, preventiva, resiliente y adaptativa (blindaje) de sus impactos e impulsar y
consolidar, sin dilaciones innecesarias, todo
aquello que no pueda impedir,
promoviendo la productividad y la eficiencia.
Ø Denunciar
sin descanso las violaciones flagrantes de las normas internacionales y las implicaciones extraterritoriales de
la política de bloqueo.
Ø Documentar eficazmente ante nuestra sociedad,
los hechos que evidencian al bloqueo y sus
nefastos impactos.
Ø Identificar,
prever y reducir o eliminar las vulnerabilidades y riesgos que aún existen en el enfrentamiento a la pandemia de
COVID-19, y que permita estar preparados para
afrontar similares situaciones epidemiológicas en el futuro.
Ø Diagnosticar
y enfrentar crítica y valientemente las problemáticas existentes en los sistemas
de salud y educación (prestar
atención particular a la enseñanza de la historia y a la formación cívica de los estudiantes).
Ø Trabajar
con urgencia por la excelencia en la educación e instrucción, tarea de toda la sociedad,
la familia y la escuela.
Dignificar al maestro
y al profesor resulta imprescindible.
Ø Continuar y perfeccionar la educación para adultos, la capacitación de obreros y campesinos,
así como del personal técnico en todas las esferas de la economía y la sociedad.
Ø Impulsar
el diálogo político con todos los componentes de la sociedad, en intercambio franco y abierto de criterios, ideas y propuestas
de soluciones.
Ø Promover
las sinergias del desarrollo de Cuba, desde cada territorio, con una profunda transformación de los actores económicos y
de las capacidades productivas de cada rincón
del país.
Ø Potenciar al sector empresarial público y privado, para que transite por los caminos de la ciencia y la innovación tecnológica, haciendo realidad el potencial creativo de la obra educacional y cultural de la Revolución, con marcado énfasis en la productividad y la eficiencia, con aportes concretos al desarrollo del país y al bienestar de la población.
Ø Renovar
y actualizar el lenguaje de comunicación, sobre todo hacia los más jóvenes. Sistematizar los mensajes individuales de artistas, trabajadores por cuenta propia,
científicos y otros sobre las afectaciones y los impactos
del bloqueo.
Ø Transformar
el papel de los Delegados y los Diputados, con una mayor sensibilidad y actividad hacia los ciudadanos y desde las
comunidades y barrios, con más resultados útiles y mayor eficacia
en su trabajo.
Ø Revitalizar
y fortalecer el movimiento de los trabajadores sociales, asignándoles tareas concretas en las comunidades, que estén en
correspondencia con sus capacidades y posibilidades.
Ø Brindar
una mayor atención, prioridad y sistematicidad a la situación de la vivienda,
en particular lo referente a la
eliminación definitiva de los albergues o lugares de tránsito, donde se producen manifestaciones de
ilegalidad, alteraciones sociales, proliferan las malas actitudes y los comportamientos indecentes.
Ø Lograr
que la informatización de la sociedad llegue
a los barrios y a los hogares, acercar
la información a las personas, empleando diversas vías de divulgación como carteles,
llamadas telefónicas, mensajes
a través de los CDR y
la FMC.
Ø Destacar
los logros de la obra de la Revolución, mediante estudios comparativos con otros países y entre las diferentes etapas de nuestro
proceso, en materia
de educación, salud, cultura,
ciencia, deportes, medio ambiente, seguridad social y otras esferas.
Ø Implementar formas creativas de contacto e intercambio con los electores
y la población por parte de los Diputados, Delegados
y dirigentes de base de las organizaciones de masas, tomando en
consideración las actuales circunstancias de la pandemia y el necesario distanciamiento físico
y social.
Ø Promover
la solidaridad, el amor, el respeto, la decencia, la educación formal, entre todos en las comunidades y barrios. Al mismo tiempo
combatir los valores
negativos de egoísmo,
vanidad, desidia, oportunismo y otros.
Ø Transmitir,
sin fallos, ni dogmas, de forma
científica, atractiva, efectiva y a la medida
de la cultura y diversidad
del pueblo cubano, las verdades profundas, las
ideas justas y las ventajas
esenciales del socialismo próspero y sostenible que pretendemos construir.
Ø Completar, profundizar y perfeccionar los cambios que se vienen realizando en el país a
partir de la aprobación de la nueva constitución: descentralización del
gobierno y la economía, el
fortalecimiento del poder judicial, la creación de empresas diversas, la separación conceptual de la propiedad y la gestión
en las entidades civiles de producción y servicios, el ordenamiento monetario, la inserción del conocimiento científico innovador en el
centro de la conducción del país en todas
las esferas y niveles.
Ø Implementar un sistema de planificación renovado y realista, dando valor libre a un mercado abarcador que, aunque esté semisumergido, inevitablemente existe en el país para todos los intercambios de valor entre los ciudadanos. Solo así puede convertirse en transparente para poder interactuar con él, regularlo y reducir al mínimo la corrupción hoy campeante.
Ø Basar la gestión estatal en herramientas fiscales modernas, a partir de un dinero con capacidad liberatoria ilimitada, incluyendo su cambio con divisas extranjeras.
Ø Reducir
o incluso eliminar la “formación de precios” artificial en cualquier nivel de
la economía, lo cual debe ser excepcional cuando se justifique en muy contados
renglones estratégicos.
Ø Promover
que la designación de un dirigente gestor y decisor en cualquier escenario de interés público y político tenga en
cuenta primordialmente su liderazgo, cultura,
capacidad de innovación, iniciativa y su historial
de promoción del éxito.
Ø Hacer sentir a los ciudadanos, mediante
acciones y hechos concretos, que sus reclamos son escuchados y se atienden
consecuente y sistemáticamente, en lo que puede
contribuir, la utilización de la satisfacción ciudadana como criterio de
efectividad de la gestión de los servidores públicos.
31 de
agosto de 2021
1 Carta dirigida a su amigo José Dolores Poyo, desde Nueva York, firmada el 5 de diciembre de 1891.
2 En el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba, aprobada en referendo el 24 de febrero de 2019 se plantea: Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.
Mucho que opinar como para hacer otro artículo.
ResponderEliminarQuisiera saber cómo se puede ser miembro de la sociedad amigos del país.
Rogelio Castro Muñiz
Estimado Rogelio , no lo sé , pero en su pagina web dice " Si ud. desea contactar con los responsables de las publicaciones puede hacerlo escribiendo a: seapcuba@ceniai.inf.cu, manuel.bosch@accs.co.cu a Tatiana
Eliminar¿Cómo es posible que el Consejo Científico de una Sociedad haga público una declaración sin haberla consensuada con sus miembros, y nada menos que de la Sociedad Cubana de Amigos del País, la más vieja sociedad existente en nuestro país? La pregunta de Rogelio y la aclaración de HHC ponen de manifiesto que esta sociedad es semiclandestina, entre las decenas de recomendaciones no hay una dedicada a esta sociedad para que sea del conocimiento público su composición, la manera de llegar a ser un socio de la misma y sobre todo en que contribuye al desarrollo de nuestra sociedad, si entre las muchas proposiciones (no aprobadas por la sociedad) no aparece ninguna que les involucre directamente a ellos como una sociedad de carácter económico nacional, sabiendo, aunque la declaración no le reconoce, con la importancia de sus consecuencias para el desarrollo de las manifestaciones pacíficas y es precisamente el pésimo desempeño de la economía del país, algo que han reconocido todos los gobernantes designados por el PGE. Por lo que considero que, en alguna medida, esa importante deficiencia le corresponde a la Sociedad Económica de Amigos del País. Por el contenido de esta declaración sería mejor cambiarle el nombre por el de "Sociedad Económica de Amigos del PGE". Si los organizadores de la manifestación del próximo 15 de noviembre fueran "agentes de la CIA", "mercenarios pagados por el imperialismo", con “planes para derrocar al PGE”, muy mal estarían trabajando los servicios de la Seguridad del Estado que ninguno de ellos está detenido, ni a ninguno de los que ya están condenados o en espera de ser condenados tampoco les han demostrado esos delitos, por lo que considero una calumnia de quienes redactaron este documento y lo hacen público sin la aprobación de la Sociedad que dicen representar. Al parecer a estos señores les parecen pocos los más de 30 deficiencias que ellos recomiendan atender y algunas que olvidaron, por ejemplo, no señalaron la corrupción ampliamente existente a casi todos los niveles del PGE, principalmente en empresas estatales y municipios.
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