Fidel


"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz

miércoles, 15 de julio de 2026

El gran mito del mercado


Por Giandomenico Scarpelli, Doppiozero

Naomi Oreskes y Erik M. Conway, profesores de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard y la Universidad de Purdue (West Lafayette, Indiana), respectivamente, alcanzaron gran renombre con su libro publicado en 2010, Merchants of Doubt (Merchants of Doubt - How a handful of scientist hid the truth, from smoking to global warming). En este libro, ambos investigadores documentaron cómo algunos científicos —no muchos, pero de alto nivel— negaron o minimizaron el cambio climático antropogénico durante décadas. La reconocida experiencia de estos científicos permitió a ciertos actores (representantes corporativos, políticos) sembrar dudas en la opinión pública sobre la verdadera gravedad del problema, desafiando el conocimiento científico establecido. De hecho, para cuando se publicó Merchants of Doubt, la gran mayoría de los expertos ya había llegado a un amplio consenso sobre la grave causa del cambio climático provocada por las emisiones de gases de efecto invernadero.

Oreskes y Conway también ilustraron cómo otros científicos negaron o restaron importancia a los riesgos para la salud derivados del tabaquismo, así como a la existencia y los efectos de la lluvia ácida, la capa de ozono y la contaminación por DDT.

El éxito de Merchants of Doubt fue tal que en 2014 se adaptó a un documental dirigido por Robert Kenner.

En 2023, Naomi Oreskes y Eric Conway publicaron otro libro que invita a la reflexión sobre la génesis de ideas muy extendidas y profundamente arraigadas en Estados Unidos. Como ellos mismos escribieron, este nuevo libro «no es una secuela de Merchants of Doubt , sino una precuela» (p. 588). El libro se titula The Big Myth: How American Business Taught Us to Loathe Government and Love the Free Market. Este libro también fue publicado en Italia por Edizioni Ambiente, traducido por Marco Moro (quien incluyó breves y útiles notas explicativas en el texto) y titulado The Big Myth - How Business Created the Legend of the Free Market and Taught Us to Hate Government . El volumen incluye un prefacio de Massimo Polidoro (profesor universitario, presentador de televisión y secretario del Comité Italiano para el Control de Afirmaciones sobre Pseudociencia - CICAP) y un breve ensayo de Gianfranco Bologna (Presidente Honorario de la Comunidad Científica de WWF Italia).

El Gran Mito reconstruye, con gran detalle, "cómo los capitanes de la industria y los intelectuales conservadores han trabajado durante más de un siglo para construir un mito que, en los últimos 40 años, ha llegado a dominar el pensamiento y el debate público estadounidense", a saber, "la leyenda de que los mercados son eficientes y los gobiernos son ineficientes; que los mercados funcionan y las políticas públicas fracasan" (págs. 574-5); y que, por lo tanto, los controles sobre las empresas, sobre lo que producen y cómo lo producen son inútiles y perjudiciales.

Como todos los mitos, el mito del mercado tiene algo de verdad: el mercado tiene sus ventajas, que muy pocos niegan hoy en día; pero la teoría económica ha demostrado desde hace tiempo que las condiciones que permiten al mercado alcanzar la situación "óptima" son extremadamente restrictivas y nunca se dan en la realidad; y la historia económica, a su vez, ha demostrado que siempre que se ha dado rienda suelta a los mercados, las consecuencias han sido desastrosas.

Sin embargo, la evidencia de la ciencia económica y la historia ha sido negada, ocultada y manipulada, hasta que "la idea de que los mercados funcionan mejor cuando se les deja completamente libres de restricciones se ha convertido, con el tiempo, casi en una fe religiosa" (p. 13), como escribió Polidoro en el prefacio. Una fe religiosa fuertemente interconectada con la política: periodistas, escritores, políticos y economistas, debidamente "sensibilizados" (a menudo con dólares) por magnates , comenzaron a repetir la tesis de la indivisibilidad entre libertad económica y libertad política ya a mediados del siglo XIX: el estribillo , todavía repetido con frecuencia, es que si no hay plena libertad económica, tampoco hay plena libertad política, o, si la hay, está destinada a desaparecer pronto porque los controles gubernamentales y las actividades económicas del Estado colocan a la sociedad en una pendiente resbaladiza que conduce al fin de toda libertad. Así, desde el siglo XIX, cualquier obstáculo a la libertad empresarial ha sido considerado por muchos como un ataque no solo al capitalismo, sino también a la libertad en general, algo "antiamericano" que conduce al socialismo (que precisamente se considera la negación de toda libertad).

Los primeros "obstáculos" que Oreskes y Conway abordan en El Gran Mito —en el capítulo 1, titulado significativamente Los Costes Sociales del Capitalismo— son las regulaciones que se propusieron para prevenir accidentes laborales y compensar a las víctimas, así como para limitar o abolir el trabajo infantil.

El comienzo es impactante: «El capitalismo estadounidense a finales del siglo XIX era un asunto letal» (p. 51). Miles de estadounidenses, a menudo menores de edad, murieron o resultaron gravemente heridos, y no existían programas estatales para atender las necesidades de viudas, huérfanos y discapacitados, ni las industrias estaban obligadas a pagar indemnización alguna. Los autores relatan con detalle cómo, durante décadas, muchos empresarios y políticos estadounidenses libraron batallas épicas para impedir la promulgación de leyes que protegieran a los trabajadores y a los menores.

Según escriben Oreskes y Conway, las cosas empezaron a cambiar recién en 1907 con la presidencia de Theodore Roosevelt, cuando se introdujeron las primeras regulaciones para proteger a los trabajadores; pero la implementación de estas reformas fue lenta y estuvo plagada de dificultades, ya que los empresarios insistían en que obstaculizarían el funcionamiento del mercado y dañarían sus industrias, arriesgándose a la ruina.

También se llevó a cabo una importante movilización de organizaciones empresariales, con panfletos, artículos de prensa y conferencias, en particular por parte de la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM), para impedir la electrificación gubernamental de las zonas rurales de Estados Unidos. De hecho, estas zonas no contaban con servicio eléctrico privado: «en la década de 1920, casi el 70% de los agricultores del norte de Europa tenían electricidad, mientras que menos del 10% de los de Estados Unidos la tenían» (p. 80). Además, los pocos que sí la tenían pagaban tarifas elevadas, que muchos agricultores no podían permitirse. Se trataba de un caso clásico de «fallo de mercado», ya que existía una demanda insatisfecha debido a las estrategias de las compañías eléctricas, que no consideraban rentable ajustar su oferta llevando electricidad al campo.

Oreskes y Conway relatan en el capítulo 2 que, cuando surgió la intervención gubernamental para satisfacer la demanda de electricidad, se produjo una fuerte oposición por parte de grupos de presión que consideraban que la intervención estatal en el sector era un ataque a la libertad y una traición a la historia estadounidense. Una oposición similar se produjo cuando se aprobó una ley de protección de la competencia en 1890; esta ley, conocida como la Ley Sherman, fue necesaria porque la formación de gigantescos monopolios y cárteles había llevado a la quiebra a muchas pequeñas empresas e impuesto precios desfavorables para los consumidores (una vívida descripción del problema se puede encontrar en la extraordinaria novela de Jack London, El talón de hierro, de 1908).

Sin embargo, el mercado financiero permaneció prácticamente sin control, lo que provocó el crac de Wall Street de 1929 y la Gran Depresión de la década de 1930. En aquel entonces, los economistas ortodoxos, incluyendo figuras de gran renombre como Joseph Schumpeter y Lionel Robbins, no tuvieron más remedio que recomendar al gobierno estadounidense que no interviniera: el mercado recuperaría su equilibrio por sí solo y todo se solucionaría. Debido a esta política, implementada por el presidente Herbert Hoover y su administración, cuando Franklin Delano Roosevelt llegó a la Casa Blanca en marzo de 1933, la economía estaba en colapso, el desempleo era generalizado y casi todos los bancos habían cerrado.

En el capítulo 3 del libro, los autores resumen las medidas del New Deal y las reacciones de las asociaciones industriales, los grupos de expertos ultraliberales y los líderes republicanos: «Mientras Estados Unidos construía un sistema regulatorio y una red de seguridad social para evitar otra Gran Depresión, el New Deal y sus aliados gastaron enormes sumas tratando de prevenirla. Llegaron a decenas de millones de estadounidenses... con vallas publicitarias, panfletos, conferencias, películas y programas de radio que ensalzaban la "libre empresa", denigraban al gobierno e insistían en que las leyes diseñadas para regular la industria o ayudar a los desempleados eran un paso hacia el socialismo, sin término medio» (p. 183).

Incluso durante la Segunda Guerra Mundial y en los primeros años de la posguerra —un período que se examina en la segunda parte de El Gran Mito— los ultraliberales continuaron su «bombardeo mediático» por diversos medios: por ejemplo, se distribuyeron miles de publicaciones gratuitas en escuelas y oficinas que negaban el papel del Estado federal en el progreso económico (que, por el contrario, fue decisivo: piénsese en la construcción de los ferrocarriles y el proteccionismo; y ha seguido siéndolo: véase Mariana Mazzucato, Lo Stato innovatore , Laterza, 2014) e incluso se organizó un «Tren de la Libertad» , una especie de museo itinerante que transportaba documentos e imágenes de propaganda «promercado».

Los ultraliberales también impulsaron la fundación, en 1947, de la Sociedad Mont Pelerin, un foro aún activo de economistas, empresarios e intelectuales que, como se indica en la página web de la organización, consideran peligrosa la expansión de la intervención estatal y el poder de los sindicatos. El primer presidente de la Sociedad fue el economista austriaco Friedrich von Hayek, quien desempeñó un papel clave en el auge del neoliberalismo en Estados Unidos.

La poderosa propaganda ultraliberal de las décadas de 1940 y 1950 también llegó al mundo religioso, financiando y promoviendo la publicación de revistas que ensalzaban el capitalismo y consideraban a un poderoso Estado central "anticristiano". El cine de Hollywood no se libró: en la década de 1930, las películas solían contar historias de los desfavorecidos, presentando a los ricos y poderosos bajo una luz negativa; piénsese en películas como Las uvas de la ira de John Ford (basada libremente en la obra maestra de Steinbeck) y Nuestro pan de cada día de King Vidor . En pocos años, la situación se revirtió como resultado de la presión ejercida sobre directores, guionistas y productores. Entre otras cosas, se elaboró una Guía de Cine para Estadounidenses, una especie de manual que ayudó a reducir la proporción de películas que abordaban temas sociales en el total de películas producidas, del 20% en 1947 al 8% en 1953.

De gran interés, especialmente para los estudiosos de la historia del pensamiento económico, son los capítulos 9 y 10 de El Gran Mito , que relatan la formación y el surgimiento de la llamada Escuela de Chicago, que con el tiempo se convirtió en el bastión académico del neoliberalismo y el monetarismo. Oreskes y Conway analizan la manipulación que un exponente de esta Escuela, George Stigler, llevó a cabo sobre la famosa obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, para convertirla en precursora del neoliberalismo, y realizan una extensa crítica del libro de Milton Friedman, Capitalismo y libertad (1962), que se convirtió en la obra cumbre de la Escuela de Chicago.

“Friedman”, escriben Oreskes y Conway, demostró “un desprecio temerario por los hechos, haciendo una afirmación sorprendentemente incorrecta tras otra” (p. 386). Capitalismo y libertad era una especie de manifiesto que ensalzaba acríticamente el mercado y la iniciativa privada y despreciaba cualquier intervención estatal en la esfera económica: los impuestos no se veían como una forma de financiar servicios útiles para la comunidad, sino más bien como una negación de la libertad del individuo para gastar su propio dinero como mejor le pareciera (en la Italia actual esta idea se ha reformulado como 'impuestos = dinero de protección estatal'); los casos de contaminación del aire, el agua y el suelo no se consideraban fallos del mercado que limitaran el bienestar de los afectados, sino más bien “efectos vecinales” irrelevantes; las intervenciones gubernamentales para eliminar estas deseconomías se veían como una limitación a la libertad de los gerentes para dirigir las empresas a su antojo.

A pesar de las limitaciones del libro de Friedman, la gran repercusión mediática que tuvo hizo que se vendiera muy bien y que su autor se convirtiera en una verdadera estrella , llegando incluso a ganar el Premio Nobel de Economía en 1976.

Tras décadas de preparación del terreno, el fundamentalismo de mercado se afianzó tras la crisis del keynesianismo, provocada por la turbulencia que siguió al fin del sistema de Bretton Woods en 1971, la crisis energética de 1973-1975 y la consiguiente estancación inflacionaria. Los grupos de expertos de derecha , las fundaciones "filantrópicas" y las instituciones de investigación económica inspiradas por economistas de Chicago, todas ellas financiadas en gran medida por industriales, atribuyeron la crisis económica estadounidense a la excesiva regulación y allanaron el camino para la victoria de Ronald Reagan en las elecciones presidenciales de noviembre de 1980. El recién elegido presidente declaró célebremente: "El gobierno no es la solución a nuestro problema. El gobierno es EL problema". La tesis de la indivisibilidad entre libertad económica y libertad política, y la "magia del mercado" fueron los mantras que Reagan inculcó a los estadounidenses durante su presidencia.

En la tercera parte de El Gran Mito, los autores reconstruyen las etapas clave de la política económica estadounidense desde finales de la década de 1970 en adelante para destacar el auge del neoliberalismo. Esta sección del libro ofrece muchas ideas que merecen ser mencionadas y comentadas. Me limitaré a dos aspectos: la política fiscal y la desregulación.

En cuanto a la política fiscal, "desde la década de 1980, el tema más constante en el catecismo del Partido Republicano ha sido la centralidad de las reducciones de impuestos" (p. 475), basado en la idea de que dicha política puede estimular la economía sin causar déficits presupuestarios (según el aforismo, "las reducciones de impuestos se autofinancian"). Esta política, desde Reagan hasta Trump, en realidad ha causado un alarmante aumento tanto del déficit federal como de la desigualdad de ingresos y riqueza entre los estadounidenses, cuyos efectos económicos y sociales son negativos

Numerosos análisis han puesto de relieve este punto. A pesar de ello, incluso hoy Trump y prácticamente todos los demás políticos de derecha del mundo, tanto en el gobierno como en la oposición, siguen argumentando que la reducción de impuestos a los ricos genera un mayor crecimiento económico, lo cual, según ellos, beneficia a todos. Oreskes y Conway rebaten esta idea afirmando que «la idea de que la prosperidad se genera reduciendo los impuestos a los ricos no solo es inmoral, sino también falsa» (p. 550).

El segundo aspecto al que quisiera llamar la atención es que, como recuerdan Oreskes y Conway, la desregulación promovida por Reagan fue iniciada por el demócrata Carter y llevada a cabo por el demócrata Clinton, quien en 1996 declaró: "La era del gran gobierno ha terminado", confirmando que el dogma neoliberal se había arraigado incluso entre los progresistas (o los llamados progresistas).

La desregulación se aplicó en los sectores de la energía, las telecomunicaciones y el transporte, lo que casi siempre no se tradujo en los beneficios anunciados para los consumidores, sino en la formación de grandes conglomerados de empresas o incluso monopolios.

Pero fue en el sector financiero donde las consecuencias de la desregulación fueron catastróficas. Los efectos del desmantelamiento —por parte de la demócrata Clinton y algunos congresistas republicanos— de las regulaciones que datan de la época del New Deal y que garantizaban el orden en el mercado financiero y la protección de los ahorradores son, lamentablemente, bien conocidos: la quiebra de Lehman Brothers, el caos en el mercado, los 500.000 millones de dólares gastados por los contribuyentes para rescatar bancos e instituciones financieras, los ahorros esfumados, miles de viviendas embargadas y la economía real en recesión. Como escribió el premio Nobel Joseph Stiglitz: «La creencia de que los mercados son capaces de autorregularse y, por lo tanto, que el Estado no debe interferir, ha llevado a una intervención gubernamental en el mercado sin precedentes en la historia» ( Bankruptcy – The Global Economy in Free Fall, Einaudi, 2010, p. 204).

En el ámbito medioambiental, el apoyo popular a las regulaciones anticontaminación era fuerte, por lo que, en lugar de proceder con derogaciones que habrían generado una fuerte reacción mediática, la administración Reagan, y en parte las posteriores, presionadas por sus patrocinadores políticos, adoptaron una estrategia destinada a debilitar a las agencias públicas responsables de la protección ambiental, además de fomentar una constante protesta mediática con un discurso negacionista. En 2023, Donald Trump declaró ante la ONU que el cambio climático es "la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo".

Este negacionismo se basa en mentiras: «La deshonestidad y la negación de la evidencia son quizás los elementos que aparecen con mayor frecuencia en la historia que hemos contado», escriben Oreskes y Conway en las últimas páginas del volumen (p. 558). Y se basa en el desprecio de la evidencia científica consolidada, que ha sido ocultada y desacreditada para defender la libertad de ciertos individuos y empresas para hacer lo que les plazca. El gran mito ilustra cómo esto ha sucedido no solo con el cambio climático, sino también con la pandemia de Covid-19 (con la negativa de algunos gobernadores estatales estadounidenses a exigir el uso de mascarillas) y con el uso de opioides, que permaneció sin regular, lo que permitió a los fabricantes afirmar falsamente que era «poco probable que fueran adictivos» (p. 546). El efecto ha sido devastador.

“Hasta 500.000 muertes por opioides, más de un millón de personas desaparecidas por COVID-19, desigualdades masivas, ansiedad e infelicidad desenfrenadas, y el bienestar de todos nosotros amenazado por el cambio climático: estos son los verdaderos costos del mercado ‘libre’” (p. 567).

El Gran Mito constituye una historia verídica de la formación, el auge y la consolidación del fundamentalismo de mercado y sus consecuencias, arrojando luz sobre cómo se forjó la mentalidad estadounidense. También nos invita a reflexionar sobre el concepto de «libertad» (sobre el cual resulta útil el reciente libro de Stiglitz, El camino a la libertad, Einaudi, 2024). Para Nam, para la escritora ultraliberal Ayn Rand, para Milton Friedman y para muchos otros intelectuales y políticos estadounidenses, «Esta palabra… significaba la libertad de expropiar tierras indígenas, de explotar a los niños, de mantener lugares de trabajo inseguros, de pagar a los trabajadores lo mínimo posible, de contaminar con impunidad, de incurrir en prácticas anticompetitivas. Significaba, sobre todo, el derecho absoluto a la propiedad» (p. 557).

Aunque es un libro bastante extenso (casi 600 páginas), El Gran Mito se lee con facilidad gracias a su lenguaje accesible. Mi única crítica es que Naomi Oreskes y Erik Conway se extendieron demasiado en tres o cuatro temas (como las novelas de Laura Ingalls Wilder) que quizás merecían un tratamiento más conciso. Sin embargo, este es un detalle menor que no le resta valor al libro.

martes, 14 de julio de 2026

Inflación en 2026: ¿entra Cuba en una nueva fase?

 La inflación es uno de los principales desafíos económicos de Cuba hoy, un grave problema que pudiera entrar en una nueva fase durante la segunda mitad de este año.






Los datos disponibles hasta mayo de 2026 sugieren que la inflación está creciendo por encima de lo que podía esperarse a partir de las tendencias observadas durante los años anteriores en Cuba.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

La inflación es uno de los problemas económicos que más preocupa hoy a la población cubana. Antes de que comenzara 2026, Cuba era ya una economía con una inflación elevada. En 2025, el índice de precios al consumidor (IPC) cerró en torno al 15%, muy por encima de los niveles que suelen considerarse compatibles con la estabilidad de precios.

Durante los últimos años, la explicación a este fenómeno parecía relativamente clara. Se debía, entre muchas causas, a los desequilibrios monetarios acumulados, la persistencia de déficits fiscales elevados, las dificultades del sistema financiero para recuperar la confianza de la población tras el Ordenamiento Monetario y unas reformas insuficientes que no lograron acelerar el crecimiento económico.

A pesar de estos problemas, la inflación había mostrado una tendencia descendente desde 2021: los precios seguían creciendo, pero lo hacían cada vez a menor velocidad.

En 2026 esa historia comenzó a cambiar. La economía cubana empezó a enfrentar nuevas sanciones energéticas, financieras y comerciales que están alimentando desequilibrios ya existentes. Los datos disponibles hasta mayo sugieren que la inflación está creciendo por encima de lo esperado. Y lo más importante: existen razones para pensar que una parte de las presiones inflacionarias que hoy enfrenta la economía todavía no se ha trasladado plenamente a los precios.

Para el segundo semestre de este año, las medidas económicas aprobadas por el parlamento cubano el 18 de junio introducen una nueva dimensión al análisis: la forma y velocidad con que se implementen estas transformaciones influirá sobre una dinámica de precios que ya muestra señales de cambio. 

Una economía que ya venía inflacionada

Desde enero de 2021, con la implementación del Ordenamiento Monetario (programa de ajuste monetario y cambiario), las y los cubanos hemos vivido de forma permanente en una economía inflacionaria. Incluso descontando las limitaciones metodológicas del IPC oficial, el aumento acumulado de los precios durante los últimos años ha sido significativo.

Para el infográfico Índice de Precios al Consumidor en Cuba y España. Trayectorias acumuladas 2021-2025, ambas series fueron reescaladas a una base común (enero de 2021=100) con el objetivo de comparar la trayectoria acumulada de los precios en cada país. El gráfico no debe interpretarse como una comparación directa de niveles de precios o costo de vida, ya que los índices de precios al consumidor se construyen a partir de canastas, ponderaciones y metodologías estadísticas diferentes. En el caso cubano, además, la existencia de mercados segmentados, escasez y precios informales implica que el IPC oficial puede no reflejar plenamente todas las presiones inflacionarias presentes en la economía.



La comparación con España no tiene un significado especial más allá de servir como referencia visual de una economía con inflación relativamente baja y estable. No pretende contrastar niveles de precios o costo de vida, ya que ambos índices se construyen utilizando metodologías y canastas diferentes. Su objetivo es ilustrar cuán distinta ha sido la trayectoria acumulada de los precios en Cuba durante los últimos cinco años.

Mientras España logró mantener una inflación relativamente contenida incluso después de la crisis internacional de precios de 2022, Cuba acumuló incrementos mucho mayores y más persistentes. La economía llegó a 2026 con una inflación elevada, aunque mostrando señales de desaceleración respecto a los años inmediatamente posteriores al Ordenamiento. La pregunta es si esa desaceleración continúa existiendo. 

¿Qué cambió en 2026?

A diferencia de años anteriores, 2026 ha estado marcado por la aparición simultánea de varios factores de incidencia.

En los primeros meses del año, la economía cubana enfrentó nuevas sanciones energéticas, financieras y comerciales de una magnitud poco habitual incluso para los estándares recientes del país.

Entre ellas, destacan el bloqueo de Estados Unidos al suministro de combustibles (29/1/2026), las amenazas sobre inversionistas extranjeros (1/05/2026), el aumento del riesgo de una escalada militar, las dificultades para realizar pagos internacionales tras la salida de Visa y MasterCard (5/06/2026), la interrupción de operaciones de navieras (15/05/2026) y la paralización o retirada de inversionistas extranjeros en sectores estratégicos como el turismo, los vuelos internacionales, la minería y la energía. Cada uno de estos acontecimientos tendría capacidad para afectar la inflación por separado. Lo excepcional es que todos estén ocurriendo casi al unísono.

Las consecuencias potenciales son conocidas y operan a través de diferentes canales. Menos combustible implica mayores costos de transporte y producción. Menos financiamiento externo reduce la capacidad para sostener importaciones y presiona sobre el mercado cambiario. Más dificultades para realizar pagos internacionales encarecen operaciones comerciales. Una menor inversión extranjera limita la generación futura de divisas.

Y un entorno de incertidumbre creciente suele terminar reflejándose en las decisiones de consumidores, empresas e inversionistas. La combinación de estos factores presiona al alza los precios domésticos. 

¿Se están expresando las sanciones del primer semestre de 2026 sobre la inflación?

La respuesta es sí, pero no podemos saber con exactitud en cuánto: una parte importante de los aumentos de precios observados hoy son el reflejo de desequilibrios acumulados durante años anteriores. Eso quiere decir que, incluso si ninguna de las sanciones recientes hubiese ocurrido, los precios probablemente habrían continuado creciendo.

Por esa razón, comparar simplemente la inflación de 2026 con la de 2025 dice poco a la hora de determinar si las sanciones están induciendo presiones inflacionarias adicionales.

El verdadero desafío consiste en separar, al menos parcialmente, la inflación que ya venía incorporada en la dinámica de la economía cubana de aquella que podría estar asociada a los nuevos acontecimientos del año en curso. Como no podemos observar qué habría ocurrido en una Cuba donde estas sanciones no existieran, la única alternativa es aproximarnos a ese escenario de forma indirecta.

Con ese objetivo se construyó una trayectoria esperada de la inflación utilizando únicamente la información cuantitativa disponible hasta diciembre de 2025. La idea fue estimar mediante un modelo de predicción cómo habría evolucionado el IPC en 2026 si se hubiesen mantenido las condiciones prevalecientes a finales del año anterior. Asumiendo cierta similitud en las causas internas de la inflación entre 2025 y 2026, la diferencia entre esa trayectoria esperada (predicción) y la inflación efectivamente observada ofrece una primera aproximación al posible efecto de las nuevas sanciones sobre los precios.

Una cuestión central en este esfuerzo es contar con una herramienta capaz de reproducir el comportamiento histórico de la inflación. Como muestra el infográfico Inflación observada y su trayectoria esperada en Cuba (2021-enero 2026), la trayectoria estimada por el modelo sigue con bastante precisión la evolución observada del IPC entre 2021 y 2025. Esto sugiere que captura adecuadamente los principales patrones de la inflación cubana durante ese período y permite utilizarlo como referencia para evaluar si en 2026 comenzó a ocurrir algo distinto.


La línea roja muestra el ajuste del modelo a los datos observados durante el período utilizado para la estimación (marzo de 2021-diciembre de 2025). La línea verde representa la trayectoria esperada del IPC a partir de enero de 2026, proyectada utilizando exclusivamente la información disponible hasta diciembre de 2025. La línea gris con marcadores corresponde a los valores observados del IPC reportados por la Onei. La línea vertical discontinua indica el inicio del período de pronóstico fuera de muestra.

El modelo proyectaba una inflación de aproximadamente 11,8% en diciembre de 2026. Una inflación elevada, pero inferior al 15% registrado en 2025 y consistente con la desaceleración gradual observada durante los años previos. A estas alturas puede afirmarse que ese escenario difícilmente se materializará, pues solo hasta mayo de 2026 el IPC acumulado alcanzaba ya 9,16%. 

Cuando la inflación comenzó a desviarse en 2026

Durante enero y febrero, la inflación observada siguió una trayectoria muy similar a la esperada, se ubicaba dentro de los márgenes de confianza de la predicción.

Sin embargo, a partir de marzo comenzó a abrirse una brecha que se amplió en abril y mayo, como se muestra en el infográdico Inflación observada y su trayectoria esperada en Cuba (enero 2025-diciembre 2026). La línea verde representa la trayectoria esperada del IPC utilizando exclusivamente la información disponible hasta diciembre de 2025. La línea gris con marcadores corresponde a los valores observados del IPC reportados por la Onei. Las líneas rojas discontinuas son intervalos de confianza del pronóstico al 95%.


Hasta mayo de 2026 la inflación acumulada alcanzó 9,16 %. De acuerdo con la trayectoria esperada, debía haber sido aproximadamente 6,2 %. La diferencia -casi tres puntos porcentuales- constituye una señal de que nuevas presiones inflacionarias comenzaron a manifestarse durante el primer semestre. Aunque no puede establecerse una relación causal concluyente, parece evidente que esas presiones vienen en gran medida determinadas por las nuevas sanciones.

Otro elemento relevante es la persistencia de la brecha. Los precios no sólo crecieron más rápido de lo esperado, sino que la diferencia respecto a la trayectoria proyectada se mantuvo y amplió durante varios meses consecutivos.

Resumiendo, los resultados sugieren que la inflación observada entre marzo y mayo ya no puede explicarse completamente a partir de las tendencias heredadas de los años anteriores. Bajo las condiciones prevalecientes hasta finales de 2025, una trayectoria como la observada durante el primer semestre resultaba poco probable. La coincidencia temporal entre esta desviación y la aparición de nuevas restricciones energéticas, financieras y comerciales es consistente con la hipótesis de que estos choques comenzaron a trasladarse gradualmente a los precios internos. 

La inflación que todavía no aparece completamente en los datos

Aunque el comportamiento futuro del IPC habrá que seguir monitoreándolo, existen motivos para anticipar un segundo semestre particularmente complejo en materia inflacionaria. Los resultados anteriores sugieren que nuevas presiones comenzaron a manifestarse durante la primera parte del año, pero esto podría ser solo el comienzo de una espiral que se expresará con mayor énfasis en el segundo semestre del año. .

Al menos cuatro mecanismos apuntan en esa dirección:

  • Depreciación del tipo de cambio informal. Entre el 21 de mayo y el 15 de junio de 2026, el dólar estadounidense pasó de aproximadamente 550 CUP a 660 CUP, una depreciación cercana al 20 % en menos de un mes (El Toque, 2026). Este movimiento resulta especialmente importante porque el mercado cambiario informal funciona como referencia para una parte significativa del sector privado y para numerosos mecanismos de formación de precios dentro de la economía. No existen razones evidentes para pensar que esta depreciación sea un fenómeno puramente transitorio. Por el contrario, parece reflejar el deterioro simultáneo de fundamentos económicos: menores ingresos de divisas, dificultades crecientes para acceder a financiamiento externo, interrupciones en actividades exportadoras y un aumento general de la incertidumbre. En estas condiciones, es razonable esperar que una parte de esa depreciación continúe trasladándose gradualmente hacia los precios internos durante los próximos meses.
  • Aumento continuo de los costos de producción y distribución. Los costos de producción continúan aumentando como resultado de las interrupciones energéticas, las dificultades logísticas, el encarecimiento del transporte, el mayor costo financiero y las restricciones para acceder a insumos importados. En muchos casos existe un desfase temporal entre el momento en que estos costos aumentan y el momento en que terminan reflejándose en los mercados de consumo. La agricultura constituye probablemente el ejemplo más evidente. Una parte importante de la producción agropecuaria que llegará a los mercados durante el último trimestre del año se está produciendo actualmente a mayores costos. Por ello, es posible que una parte de las presiones inflacionarias asociadas a estos factores todavía no se encuentre plenamente incorporada a los precios observados.
  • Deterioro de las cuentas fiscales y monetarias. Con una economía estatal sometida a crecientes dificultades operativas, es razonable anticipar una caída drástica de los ingresos públicos y, como consecuencia, una ampliación considerable del déficit fiscal. A diferencia de años anteriores, la posibilidad de reducir significativamente el gasto público resulta limitada porque los servicios básicos ya están sujetos a tensiones extraordinarias. Esto aumenta el riesgo de que se multipliquen los desequilibrios monetarios y como consecuencia la inflación.
  • Expectativas e incertidumbre. La economía cubana enfrenta hoy un escenario de elevada incertidumbre, marcado por la posibilidad de nuevas sanciones, una escalada de las tensiones con Estados Unidos -que incluyen posibles acciones de naturaleza militar- así como eventos climáticos o sanitarios imprevistos. En algún momento, estos acontecimientos podrían desanclar las expectativas de hogares y empresas. Cuando las personas comienzan a anticipar mayores aumentos de precios, tienden a adelantar compras, demandar más divisas o ajustar preventivamente sus precios y salarios. Estos comportamientos pueden convertirse en una fuente adicional de inflación, incluso antes de que los choques reales se reflejen plenamente en la economía. 
¿Impactará el nuevo programa económico sobre la inflación del año?

Para completar el panorama, el 18 de junio de 2026 el parlamento cubano aprobó un programa de transformaciones económicas basado en 176 medidas que modifican los fundamentos tradicionales del modelo económico. Aunque, a largo plazo, este programa tiene el potencial de colocar a la economía cubana en una senda de crecimiento más dinámica, sus efectos de corto plazo podrían resultar económicamente y políticamente desestabilizadores.

Una parte importante de las medidas propuestas descansa sobre la desregulación de precios y costos en el sector estatal -salarios, tarifas, tipo de cambio y tasas de interés, entre otros- y su transición hacia mecanismos de mercado. La experiencia internacional muestra que este tipo de transformaciones suele ser una condición necesaria para mejorar la eficiencia y estimular el crecimiento.

Sin embargo, también demuestra que los procesos de liberalización de precios suelen generar tensiones macroeconómicas y distributivas significativas durante las primeras etapas de implementación.

La magnitud de este impacto sobre la inflación dependerá, naturalmente, de la velocidad y profundidad con que avance el programa. En determinados escenarios, este canal podría llegar a tener efectos incluso más importantes que los descritos anteriormente. No obstante, dadas las actuales condiciones económicas y geopolíticas, parece poco probable que el gobierno opte por una implementación particularmente acelerada.

Las tensiones externas, la fragilidad de la situación interna y los elevados costos sociales asociados a un ajuste rápido constituyen incentivos poderosos para avanzar de forma más gradual. 

¿Entramos realmente en una nueva fase inflacionaria?

Es altamente probable que así sea. Los datos disponibles sugieren que la trayectoria de desaceleración observada durante los últimos años podría haber comenzado a interrumpirse.

Esta posible ruptura ocurre en un contexto excepcional: una economía que ya arrastraba importantes desequilibrios internos enfrenta ahora sanciones energéticas, financieras y comerciales de una magnitud poco habitual. Además, previsiblemente, el segundo semestre será clave en el despliegue de un programa de transformaciones económicas que podría generar nuevas presiones sobre los precios en el corto plazo.

La inflación que observamos hoy parece ser apenas la primera manifestación de tendencias económicas que todavía se encuentran en pleno despliegue. Si esta lectura es correcta, el principal desafío ya no será explicar lo ocurrido durante el primer semestre, sino comprender cuánto de lo que está por venir ya comenzó a gestarse.

También obligará a revisar algunas ideas establecidas sobre las causas de la inflación en Cuba y, por extensión, sobre las políticas más adecuadas para enfrentarla. (2026)

lunes, 13 de julio de 2026

23 veces no: Vía crucis del (no) efectivo en Cuba

 

Por: Aniela Dumas Rojas



El acceso a los productos básicos de la dieta diaria y las frutas de estación representa uno de los ejes centrales en el presupuesto de la familia cubana actual.

Mientras en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional se aprobaron medidas urgentes para “modernizar el sistema bancario” y “eliminar la carrera de obstáculos” que sufrimos los cubanos, en Alamar la realidad sigue dictando sus propias leyes.

Marcia lleva la cuenta. Tiene anotadas veintitrés fechas. Veintitrés días en los que ha intentado comprar algo en algún negocio de Alamar por transferencia. Veintitrés veces le han dicho que no. La última fue ayer. La penúltima, anteayer. La del viernes pasado, también.

Llevo más de dos meses haciendo lo mismo que ella. Visitando puntos de venta. Preguntando. Escuchando las respuestas. Un año atrás, las negativas eran casos aislados. Ahora son la norma.

He visitado más de veinte lugares en las zonas 6, 7 y 8 de Alamar, Habana del Este, entre agromercados y Mipymes, los mismos que, según las estadísticas oficiales, concentran el mayor volumen de ventas minoristas del país. En cada uno pregunto lo mismo: “Buenas, ¿puedo pagar por transferencia?”

Ha sido una cadena de negativas, una acumulación de excusas.

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Apenas unas semanas previas de la publicación de este reportaje, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció que el país necesita bancos “más ágiles, más digitales, más cercanos a la gente” para que gestionar dinero no sea “una carrera de obstáculos”.

El diagnóstico es certero, pero la calle ya ha edificado su propio sistema financiero paralelo. Por tanto, este trabajo no deja de ser urgente.

Las caras de la negativa

La negativa a aceptar transferencias no es monolítica. Los comerciantes en Alamar han desarrollado un repertorio de excusas, todas igual de efectivas para dejar al consumidor sin opciones.

“La tarjeta está llena” es la excusa técnica por excelencia. Ese argumento no tiene sustento real porque las tarjetas magnéticas no almacenan dinero; solo guardan información para identificar la cuenta bancaria, donde el banco registra el saldo. Es una forma de decir “no quiero”.

“Es que el dueño dijo que solo hasta 1 000 pesos por cliente”. No hay forma de negociar, porque el dueño, casualmente, nunca está presente. Esta limitación convierte lo que debía ser una herramienta de inclusión financiera en un obstáculo. Si el tope es 1 000 pesos, ¿cómo pagar una compra que casi siempre supera esa cifra?

“No tenemos electricidad”. Con la crisis energética que vive el país, esta excusa tiene poder de convicción. Es real hasta cierto punto: los cortes afectan la conectividad necesaria para las transferencias. Pero incluso cuando hay electricidad, la excusa persiste. Se ha convertido en un recurso cómodo, difícil de refutar porque los apagones son cotidianos.

Horarios limitados: “solo por la mañana”, “hasta las 12 del día”. A veces, a las 10 de la mañana ya se encontraron con “el tope”. ¿Cuál es el tope? La justificación es que las transferencias colapsan, que el sistema se satura, que el banco impone límites. La realidad es menos técnica: los comerciantes temen acumular saldo digital porque después no pueden convertirlo en efectivo.

“Mi proveedor no recibe transferencia”. Este es el argumento más revelador del problema estructural. Los mayoristas, los distribuidores, se mueven en efectivo. Mientras eso no cambie, el comerciante minorista estará atrapado.

A principios de agosto de 2023, el Banco Central de Cuba (BCC) argumentaba que la bancarización buscaba proporcionar acceso y uso de servicios bancarios y financieros —pagos, ahorro, crédito— mediante canales electrónicos, en lugar de depender del efectivo.

“Ningún comercio se puede atribuir el derecho de no aceptar el pago por la vía que el cliente decida”, dijo Alberto Quiñones Betancourt, vicepresidente del BCC, en el podcast Desde La Presidencia, publicado el 20 de junio de 2024.

A casi dos años de la resolución, se presumía que los problemas de falta de efectivo en sucursales y cajeros se aliviarían. En la práctica, el tiro ha salido por la culata.

La visión del que emprende: ¿Por qué el efectivo sigue mandando?


Fernando Rodríguez es dueño de una Mipyme con tres meses de actividad en La Habana Vieja.

“Yo acepto transferencias para todo”, dice. “En mi caso, como mi venta no es tan grande, cuando voy a comprar, me libro de todo lo que tengo en la cuenta.

Pero esa posibilidad, explica, no existe para todos los productos. “Solo en los líquidos: refrescos, cerveza, agua, jugo. Ahí es donde único puedo pagar por transferencia.

El problema de fondo, según Fernando, está en la cadena de suministro. “Los proveedores mayoristas tienen almacenes con contenedores enteros. Ellos no aceptan transferencia porque compran en dólares. ¿Cómo van a pagar a otro país por transferencia en CUP? No pueden. Tienen que comprar en dólares para traer el contenedor.

Y el círculo se cierra cuando el minorista intenta convertir su saldo digital en efectivo. “El banco no te deja sacar lo que necesitas. Una Mipyme tiene una cuenta fiscal, pero el límite de extracción es el mismo que el de una cuenta natural. No importa que seas un negocio, te permiten sacar lo mismo que a cualquier persona”.

Fernando confirma que muchos códigos QR que aparecen en los negocios no son de cuentas fiscales, sino personales. “Nadie usa la cuenta de la ONAT. Todo el mundo usa su cuenta personal. Eso se llama evasión de impuestos, pero nadie lo controla”. Y admite que la declaración de impuestos es una ficción: “Tú declaras lo que quieres. Puedes declarar 10 mil pesos en un mes, y ya. Nadie sabe cuánto vendiste realmente. Nadie controla la venta que tienes en un día”.

“Yo no soy el enemigo”, insiste. “Si acepto todo por transferencia, luego no puedo sacar el efectivo para pagar a mis proveedores. Estamos todos atrapados en un ciclo”.

Por otra parte, Raúl Bejerano, dueño de otra Mipyme en la zona 8, acepta transferencias pero solo hasta cierto 1 000 pesos.

“Yo no soy el enemigo. También soy un trabajador. Pero si acepto transferencia por todo, el banco me limita cuánto puedo sacar, y luego no puedo pagar a mis proveedores. Eso no es culpa mía”, comenta.

Para él, la solución no es solo multar. Es también crear condiciones para aceptar el pago electrónico. Eso significa:

●Eliminar o reducir las comisiones por extracción de efectivo.

●Aumentar el límite de extracción para los TCP que demuestren necesidad comercial.

●Obligar a los proveedores mayoristas a aceptar transferencias.

La cadena de suministro que abastece a estos comercios se mueve en efectivo. ¿Quién pone esa regla? ¿Quién exige que el dinero salga en billetes y no por un código QR? ¿Quién es el último eslabón de esa cadena que, sin decirlo, obliga al Mipymero a decirle "no" al ciudadano?

¿Qué dice el Banco Central de Cuba?

Ahora bien, en busca de respuestas acerca de los actores económicos no estatales, este medio envió un cuestionario directo al Banco Central de Cuba. Las interrogantes ponían el foco en:

●​¿Cuál es el límite real de extracción diaria para un TCP?

●¿Ese límite está desfasado con los precios actuales?

●​¿Existen beneficios para un TCP al extraer el efectivo en el banco?

●¿Cómo funciona la comisión fiscal?

La institución dijo que, como parte del programa de gobierno, ya se han tomado un conjunto amplio de decisiones que implican de forma directa al sector bancario y a los particulares. Aunque las normativas actuales siguen vigentes, las autoridades bancarias instaron a mantener la expectativa, ya que en los próximos días se harán públicas nuevas disposiciones que reconfigurarán las decisiones vigentes para este sector.

Cifras de una desbancarización de facto

En 2019, la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) reportaba una circulación monetaria en manos de la población de cerca de 59 493 millones de pesos. En el año 2020, el efectivo en circulación representaba el 57,66% del dinero total del país, mientras el resto permanecía en depósitos bancarios.

En 2022, esa cifra alcanzó los 287 319 millones. Las alarmas se encendieron en el bienio 2020-2022, cuando el promedio escaló al 64 % anual.

Para el cierre de 2024 el efectivo circulante saltó de 56 606 millones a 336 701 millones de pesos. Es decir, que de 2020 a 2024, apenas cuatro años, el papel moneda en la calle se multiplicó por casi seis veces, devorando el terreno virtual y pasando a concentrar el 72,62% de toda la liquidez nacional.

A pesar de los decretos, la economía cubana ha vivido un proceso acelerado de desbancarización de facto.

Por tanto, al ver limitado el acceso a sus propios fondos legales dentro del banco, los comerciantes se ven obligados a saltarse el canal digital. Para poder subsistir, operar y reaprovisionarse en un mercado mayorista que se mueve exclusivamente en billetes, necesitan retener el efectivo antes de que cruce la ventanilla bancaria.



Todo este engranaje opera, además, bajo la presión constante del Índice de Precios al Consumidor. Con una variación mensual sostenida del 2.19% y una variación interanual del 13.42%, la inflación exige volúmenes de billetes cada vez más densos para adquirir la misma canasta de bienes.

Los cambios estructuralesde los que se habló en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional  llevan tiempo. La cultura del billete físico, forjada en décadas de desconfianza bancaria y reforzada por la inflación galopante, no se desmonta en semanas. Obligar a los mayoristas a aceptar transferencias requiere reconfigurar toda la cadena de suministro. Mientras ese engranaje macroeconómico se pone en marcha, el ciudadano de a pie seguirá topándose con el cartel de “solo efectivo”.

La liquidez bancaria, ese oxígeno que los TCP (trabajadores por cuenta propia) necesitan para extraer sus fondos, se resuelve con divisas y transformaciones profundas que tomarán meses. Por eso, aunque el diagnóstico del presidente sea esperanzador, la espera para una solución definitiva puede ser larga.

En redes sociales, la frustración de la población es el termómetro de esa insuficiencia: “¿Cada cuánto revisan que los negocios acepten transferencias? ¿Dónde están los inspectores? ¿Dónde están las multas?”, reclamaba una usuaria en Facebook.

En Alamar, el ecosistema comercial es vasto, pero la presencia del control es residual. El trabajador estatal o el pensionado que recibe su salario íntegro en una tarjeta magnética no tiene capacidad de negociación; no puede importar un contenedor ni pactar con un proveedor mayorista. Es el eslabón más vulnerable de la cadena: el que se queda sin el pan, sin el pollo, sin el arroz.

Por ello, el anuncio gubernamental de dotar a las nuevas medidas de “responsables, plazos e indicadores” se vuelve una urgencia humanísima. No basta con diseñar políticas a mediano plazo; se requiere un control inmediato, sorpresivo y disuasorio en la acera que impida que el minorista traslade su asfixia financiera al plato del consumidor.

Alamar es un nombre, una coordenada


Alamar es un nombre, una coordenada, la excusa para no decir los otros lugares. Porque el fenómeno ya está en el Cerro, en Marianao, en Diez de Octubre, en Guanabacoa. Está en Santiago, en Camagüey, en Holguín. En todo el país. La negativa viaja con las mismas palabras y el mismo tono.

Tomemos Alamar, entonces, como se toma una muestra. Como se señala un síntoma.

Cuba atraviesa las horas más complejas de su historia reciente. Desatar los nudos de la crisis energética, contener la inflación y reconfigurar una cadena de suministros que hoy se mueve en billetes físicos obligará al país a un ejercicio de transformación profunda, lento y complejo.

Sin embargo, mientras el nuevo sistema financiero aprende a caminar, la prioridad de la fiscalización tiene que ser proteger al que está abajo, asegurando que el trabajador pueda comprar sus productos básicos hoy con el dinero de su cuenta, en lo que llega la solución definitiva.

 

(**Este reportaje es el resultado de más de dos meses de trabajo de campo en Alamar, con visitas a más de veinte establecimientos comerciales, entrevistas a trabajadores estatales, comerciantes privados y ciudadanos.)