John Saxe-Fernández
El rechazo de la ciudadanía griega a la guerra de clase que se presenta como programa de austeridad y de reformas estructurales (saqueo de bienes y servicios públicos) resonó sobre una humanidad por tres décadas sometida a una mayor voracidad del alto capital que desde entonces acompaña a la crisis estructural, ambiental y de recursos que afecta sus cimientos. Elaborado por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ente de estado que junto al Banco Mundial (BM) y BID opera bajo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (DT) y la Casa Blanca, el recetario de austeridad y apropiación de la riqueza a favor del uno por ciento es el de siempre en centro y periferia: los resultados en términos de desigualdad, miseria y sufrimiento son desastrosos y alarmantes.
Están a la vista: Nicholas Hildyard, analista de The Corner House(thecornerhouse.org.uk), en un bien sustentado estudio presentado a la Escuela de Negocios Manchester (31/7/14) sobre mecanismos de extracción de riqueza como las Asociaciones Público/Privadas (APP) del BM, que se aplica en México y en 134 países de la periferia, encuadra su trabajo con datos esenciales sobre la desigualdad: según Credit Suisse las 3 mil 200 millones de personas más pobres (69 por ciento de la población mundial) tienen una riqueza individual promedio valorada en menos de 10 mil dólares y en conjunto poseen menos de 3 por ciento de los activos mundiales. En contraste, 32 millones de personas, menos de uno por ciento de la población adulta del mundo, tienen una riqueza estimada en 98.7 billones (trillions) de dólares, 41 por ciento de la riqueza mundial. Con datos de la ONG Oxfam publicados por The Guardian, apunta que los 85 más ricos del mundo, en su mayoría residentes de Estados Unidos y Europa, caben en un autobús de dos pisos y acumulan tanta riqueza como la mitad de la población mundial más pobre. Y los programas del BM no han hecho más que acentuar este proceso de inequidad, despojo y agresión a los más pobres, en su mayoría en la periferia capitalista.
Ya el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en inglés) ha denunciado las prácticas abusivas e inadmisibles de los préstamos del BM, ilustrándolas con casos de Etiopía, Kenya y Perú y hay más sobre Kosovo, India y Honduras. Se trata, sólo en la década pasada, del desplazamiento de 3.4 millones de personas para realizar proyectos del BM, gente lanzada de su hogar, de su tierra comunal, a las calles de las ciudades, sin protección, víctimas de abusos de derechos humanos según llamada de atención de Oxfam. Esa ONG denuncia los desplazamientos, agresiones y muertes, así como la opacidad del manejo de préstamos por parte de la International Finance Corporation (IFC) parte del Grupo BM, y deja manifiesto su rechazo ante el uso de intermediarios que neutralizalas salvaguardas sociales y ambientales del BM. ¿Cuáles salvaguardas? El BM mira al otro lado mientras la IFC hace lo suyo, que son los negocios de las corporaciones. Es el caso de un préstamo a la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura para una represa en Santa Cruz, Guatemala, que generó gran indignación y oposición de parte de la población local, incluidos maltratos y represión contra la resistencia por parte de la fuerza pública, declarándose un estado de emergencia en la región. Ante la crítica de Oxfam, avalada con casos concretos, la IFC se mantiene impertérrita, es decir, en BAU, (“business as usual”) y, en apariencia los dueños del BM –el Tesoro de Estados Unidos–, también: que siga el festín privatizador, como acá con el agua, la electricidad, el petróleo, el gas y la tierra indígena y campesina. Oxfam, que trabaja cerca del BM, luego de hecha la crítica, en verdad puntual y severa, pese a todo, se manifiesta a favor de los préstamos al sector privado de la IFC, por serimportantes para el desarrollo (sic).
La profundización de la guerra de clase inherente a la explotación capitalista y a su despliegue global imperialista, fenómeno de importancia mayor a toda reflexión sobre la inequidad, se explicita en un estudio sobre las APP como mecanismo de saqueo de lo público y comunal. Hildyard acude ahttp://therulesblog.org/money, movimiento que se manifiesta contra la inequidad, para recordar que “(D)urante el periodo colonial, la brecha entre los países más ricos y los más pobres, aumentó de 3:1 a 35:1, conforme las potencias europeas extraían cantidades masivas de riqueza y recursos de sus colonias. En la post-independencia la brecha no ha disminuido. Aumentó: hoy es de 80:1“ (Ibid).
Como en nuestra América, revirtamos aquí lo que es un incalificable desastre humano. En palabras de Yanis Varoufakis, ministro de Finanza griego que denunció el terrorismo fiscal y buitre contra Grecia y renunció al cargo por presión de latroika, “el esfuerzo sobrehumano de honrar al gran pueblo de Grecia y su famoso oxi (no) que otorgó a los demócratas del mundo entero, apenas comienza”.
En su valioso estudio sobre Las Asociaciones Público Privadas (APP), la extracción financiera y el crecimiento en la brecha de la riqueza (thecornerhouse.org.uk), Nicholas Hildyard muestra los vericuetos a los que recurren el FMI y el Grupo Banco Mundial (BM) para poner en marcha el traspaso a privados de activos, recursos fiscales y servicios públicos. Más que gimnasia linguística, las múltiples modalidades de diseños de contratos en torno a las APP semejan el conjunto de trucos, distracciones y habilidades asociados a la prestidigitación para invisibilizar esa extracción de riqueza hacia el uno por ciento. Según se deriva de los escasos estudios de evaluación del BM, no hay evidencia dura de derrame hacia la población, de bienestar y empleo. Con la financiarización capitalista los proyectos de infraestructura tipo APP van a gran escala, pero además van por el resto de lo público: infraestructura social” (salud, hospitales, educación, seguridad, etc).
Hildyard muestra la gran variación de arreglos o contratos de APP sobre quién diseña, construye, financia, es dueño, desarrolla, opera o administra, sea un activo, empresas públicas, concesiones de recursos naturales (petróleo, gas, minerales, agua, foresta) añadiéndose amplia gama de servicios públicos vitales a la población como los mencionados, más los de asesoría en asuntos tan centrales a lo público como seguridad, logística militar, vigilancia del espacio aéreo y marino, explotación del régimen carcelario. Las APP primero se orientaron a grandes proyectos de infraestructura, por lo que sus promotores dicen que son para distribuir la riqueza hacia los de menor ingreso (downwards) y que están para ayudar a eliminar la pobreza por medio del involucramiento del sector privado en la infraestructura. Las evaluaciones del BM ofrecidas por Hildyard muestran que las modalidades de APP tienen algo en común: otorgan a las empresas privadas derechos contractuales sobre flujos de dinero público o el monopolio de flujos de ingresos por servicios en los que el público depende de manera crítica, como el abastecimiento de agua u hospitalarios, o el uso clasista de infraestructura vial en espacios públicos concesionados a privados. “Para nosotros –dice el vocero de una firma de inversión– la infraestructura es una fuente estable de flujo de caja, con garantía contractual, de largo plazo”. Es el tipo de flujo diario de efectivo que disfrutan los dueños de la Supervía que va de Santa Fe al sur del Distrito Federal, por lo visto con tarifas que pueden variar al alza ¿según arreglos entre las firmas y la autoridad que las regula?
Hildyard llama la atención a la importancia de los derechos contractuales de las APP porque “…a diferencia de los subsidios, como las exenciones de impuestos, los derechos contractuales no pueden ser cancelados a discreción gubernamental. Una vez formalizados, deben cumplirse por el período asignado, que usualmente son varios años, o varias décadas” (ibid, p 7). El asunto no es menor porque las APP ofrecen a las firmas gravámenes sobre el estado con garantía contractual de largo plazo, es decir derechos legales de explotar la infraestructura hasta que el estado haya saldado sus deudas con las empresas. Y en algunas APP, si no hay suficientes usuarios, el estado subsidia las firmas en su expectativa de ganancia. Es lo típico de las APP: lo público en función de la ganancia privada.
El estudio de Hildyard es oportuno y relevante ante dos tendencias: por un lado la invalidación de los sistemas judiciales de los Estados nación en centro y periferia capitalista, un asunto discutido desde estas páginas gracias a las fugas de información sobre los ultra-secretos Acuerdo TransPacífico (TPP en inglés) y el de Servicios (TISA en inglés) obtenidas por Public Citizen y Wikileaks, avecinándose el manejo empresarial y discrecional de tribunales internacionales a modo, para la relación de las corporaciones y los estados firmantes que implica la neutralización de derechos sindicales, de protección al consumidor, a la salud y al medio ambiente y cancelar la urgente regulación de las emisiones de gases con efecto invernadero.
Los de infraestructura son diseños a gran escala en energía (liderada por combustibles fósiles) agua, alimentos con aumentos históricos (60-70 billones –trillions– de dólares en 15 años). Es inversión de los grandes bancosmultilaterales y privados como Citigroup, recién multado con 700 millones de dólares por prácticas comerciales engañosas (BBC), Goldman Sachs, Morgan Stanley et al acompañados de hedge funds, fondos soberanos, fondos de pensión y no hay evidencia de que la financiarización de las APP, no socializará los costos y privatizará los beneficios. Enfrentamos a una tanática plutocracia que especula con una acelerada expansión capitalista: un 0.01 por ciento que actúa como si los límites planetarios (biológicos, de recursos, atmosféricos, climáticos) a la acumulación capitalista, no existieran.
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