Por Dr.C Juan Triana Cordoví
Foto: Osbel Concepción.
Motivado por las discusiones en torno a las ponencias presentadas en el Seminario Anual del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de la Habana, que durante más de 20 años ese centro ha realizado año tras año y esta vez con el estímulo adicional de celebrar sus treinta años de fundado, es que he escrito esta columna. Coincide además con los primeros treinta años del inicio de la crisis que llamamos Período Especial. Cuba sobrevivió a esa crisis, incrementada por ese “pequeño escollo” que es el bloqueo norteamericano. Pero sobrevivir a la crisis no es desarrollarse.
Han sido treinta años tremendos, de hechos trascendentales, de marchas y contramarchas casi constantes.
En los inicios de aquel Período… se introdujeron cambios que promovieron una mayor descentralización en el sector empresarial estatal en la búsqueda de mayor eficiencia. Se identificó a la inversión extranjera como un elemento positivo –aunque no deseado– para nuestra golpeada economía; se otorgó una mayor apertura al trabajo por cuenta propia –es cierto que a regañadientes–; y se introdujo el dólar en la circulación nacional de monedas, para crear de facto la dualidad cambiaria y monetaria en la que ya ha nacido y vivido una generación de cubanos.
Luego asistimos a una primera contramarcha que condujo a restricciones al trabajo por cuenta propia; la ralentización de los proyectos de inversión extranjera, con nuevas exigencias y requerimientos a los mismos; la no renegociación para la continuidad de algunos y el cierre de otros junto a una fuerte ofensiva para reducir las sucursales comerciales de empresas extranjeras en Cuba. Además fue decretada la salida del dólar de las operaciones corrientes para ser sustituido por el CUC y se creó la cuenta única que entre otros efectos motivó que la economía comenzara a padecer un proceso de devaluación real del CUC. Esto nos ha traído hasta el famoso CL y la compleja situación financiera que debe solucionar hoy el país.
A partir del 2007, el presidente Raúl Castro tomó un grupo de medidas que significaban una apertura como nunca antes se había experimentado. En sus propias palabras se reconoció el carácter estratégico de la necesidad de emprender una reforma del sistema empresarial estatal, hizo explícito el apoyo del liderazgo político al trabajo por cuenta propia, introdujo y defendió las cooperativas no agropecuarias y elevó a necesidad estratégica la atracción y utilización de inversión extranjera directa: se aprobó una nueva ley y una política asociada a la misma y la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Cambió además la ley migratoria y por primera vez en casi sesenta años los cubanos pudimos optar por una visa para cualquier país sin tener que encomendarse a nadie.
Pero nuevamente aparecieron las contramarchas. La creación de la Organización Superior de Dirección Empresaria que lejos de conseguir más autonomía para la empresa estatal generó mayor centralización y burocracia, alejando las decisiones del lugar donde deben ser tomadas, y convirtiendo a aquellas en émulos enanos de sus propios ministerios: un sistema parasitario del sistema empresarial estatal. También se “revisó” la política hacia el trabajo por cuenta propia con más restricciones. Y todavía esperamos mayores facilidades hacia la inversión extranjera que le permitan al país reducir los tiempos que toma aprobar nuevos negocios y lograr procesos burocráticos más ligeros que faciliten su establecimiento. Mientras, la aprobación de nuevas cooperativas parece un proceso sumergido en algún glacial perdido del Himalaya. Es cierto también que en estos últimos meses hemos asistido, por suerte, a cierta rectificación de los decretos de agosto del 2018 sobre el trabajo por cuenta propia. También hay que decir que las nuevas medidas anunciadas recientemente sobre el este significan una mayor apertura.
Si todos estamos de acuerdo, ¿por qué no sucede lo que debe ocurrir?, se pregunta mi amigo Goyo.
Desde la economía institucional quizás podamos encontrar algunas respuestas.
Asumiendo un determinado entorno internacional, la gráfica ilustra la idea básica de la economía institucional de que el comportamiento de los principales agentes económicos de cualquier país (esto es, las familias, el Estado y las empresas) así como las políticas puestas en práctica, se encuentran determinados por la calidad de las reglas de juego (las instituciones) y que estas a su vez son generadas y están condicionadas desde y por el sistema político, la cultura, la ideología, la capacidad burocrática, administrativa y el sistema judicial. Son ellos los que generan y a la vez deben cumplir las políticas de todo tipo que definen los incentivos bajo los cuales operan esos tres agentes.
Ellos trabajan dentro de un entorno conformado por las condiciones de la economía y política internacional y por la políticas y condiciones nacionales. Sobre las primeras poco se puede hacer excepto ejercer una buena capacidad de adaptación y negociación. Sobre las segundas se puede hacer casi todo.
Las políticas nacionales deben permitir hacer realidad las estrategias al menor costo posible, facilitando y estimulando esas transacciones entre los tres agentes.
La coherencia de las políticas, de los programas, de los planes, dependerá en mucho de que esos sistemas estén alineados y produzcan reglas del juego COHERENTES con los objetivos de cada país; esto es, incentivos adecuados a esas realidades y propósitos.
Ocurre, no obstante, que existe un relativo grado de independencia, retraso y baja capacidad de reacción de cada uno de esos cinco sistemas. De ahí la gran dificultad de lograr la coherencia deseada.
La cultura aprendida, la ideología profesada, las preferencias políticas, los intereses creados, la capacidad para facilitar o entorpecer leyes y decretos emitidos, tienen algún grado de influencia en esas reglas de juego.
Pasa en todos los países, pero el hecho de que pase en todos con un determinado grado de impacto mayor o menor no puede servir de consuelo, sino solo como referencia.
Lo ilustro con hechos de nuestro día a día:
Foto: Osbel Concepción.
Motivado por las discusiones en torno a las ponencias presentadas en el Seminario Anual del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de la Habana, que durante más de 20 años ese centro ha realizado año tras año y esta vez con el estímulo adicional de celebrar sus treinta años de fundado, es que he escrito esta columna. Coincide además con los primeros treinta años del inicio de la crisis que llamamos Período Especial. Cuba sobrevivió a esa crisis, incrementada por ese “pequeño escollo” que es el bloqueo norteamericano. Pero sobrevivir a la crisis no es desarrollarse.
Han sido treinta años tremendos, de hechos trascendentales, de marchas y contramarchas casi constantes.
En los inicios de aquel Período… se introdujeron cambios que promovieron una mayor descentralización en el sector empresarial estatal en la búsqueda de mayor eficiencia. Se identificó a la inversión extranjera como un elemento positivo –aunque no deseado– para nuestra golpeada economía; se otorgó una mayor apertura al trabajo por cuenta propia –es cierto que a regañadientes–; y se introdujo el dólar en la circulación nacional de monedas, para crear de facto la dualidad cambiaria y monetaria en la que ya ha nacido y vivido una generación de cubanos.
Luego asistimos a una primera contramarcha que condujo a restricciones al trabajo por cuenta propia; la ralentización de los proyectos de inversión extranjera, con nuevas exigencias y requerimientos a los mismos; la no renegociación para la continuidad de algunos y el cierre de otros junto a una fuerte ofensiva para reducir las sucursales comerciales de empresas extranjeras en Cuba. Además fue decretada la salida del dólar de las operaciones corrientes para ser sustituido por el CUC y se creó la cuenta única que entre otros efectos motivó que la economía comenzara a padecer un proceso de devaluación real del CUC. Esto nos ha traído hasta el famoso CL y la compleja situación financiera que debe solucionar hoy el país.
A partir del 2007, el presidente Raúl Castro tomó un grupo de medidas que significaban una apertura como nunca antes se había experimentado. En sus propias palabras se reconoció el carácter estratégico de la necesidad de emprender una reforma del sistema empresarial estatal, hizo explícito el apoyo del liderazgo político al trabajo por cuenta propia, introdujo y defendió las cooperativas no agropecuarias y elevó a necesidad estratégica la atracción y utilización de inversión extranjera directa: se aprobó una nueva ley y una política asociada a la misma y la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Cambió además la ley migratoria y por primera vez en casi sesenta años los cubanos pudimos optar por una visa para cualquier país sin tener que encomendarse a nadie.
Pero nuevamente aparecieron las contramarchas. La creación de la Organización Superior de Dirección Empresaria que lejos de conseguir más autonomía para la empresa estatal generó mayor centralización y burocracia, alejando las decisiones del lugar donde deben ser tomadas, y convirtiendo a aquellas en émulos enanos de sus propios ministerios: un sistema parasitario del sistema empresarial estatal. También se “revisó” la política hacia el trabajo por cuenta propia con más restricciones. Y todavía esperamos mayores facilidades hacia la inversión extranjera que le permitan al país reducir los tiempos que toma aprobar nuevos negocios y lograr procesos burocráticos más ligeros que faciliten su establecimiento. Mientras, la aprobación de nuevas cooperativas parece un proceso sumergido en algún glacial perdido del Himalaya. Es cierto también que en estos últimos meses hemos asistido, por suerte, a cierta rectificación de los decretos de agosto del 2018 sobre el trabajo por cuenta propia. También hay que decir que las nuevas medidas anunciadas recientemente sobre el este significan una mayor apertura.
Pero la lista y el billete siguen sin cuadrar. A pesar de que tanto Raúl Castro Ruz como Miguel Díaz-Canel Bermúdez han hecho énfasis en la necesidad de vencer las resistencias, de cambiar las mentes anquilosadas, de lograr la coherencia entre las políticas promulgadas, la realidad y los documentos programáticos aprobados por todo el pueblo de Cuba, incluyendo la nueva Constitución de la República que será proclamada en apenas unos días.
Si todos estamos de acuerdo, ¿por qué no sucede lo que debe ocurrir?, se pregunta mi amigo Goyo.
Reducir esas razones a caprichos, a mala voluntad, a incompetencia, a desidia e indolencia de algunos, sería adoptar una posición demasiado simplificadora, aunque también podemos encontrar un poco de todo eso. Sin embargo, prefiero utilizar otras herramientas para intentar comprender, al menos en parte, esta gran contradicción y la complejidad de los procesos que enfrenta Cuba.
Desde la economía institucional quizás podamos encontrar algunas respuestas.
Asumiendo un determinado entorno internacional, la gráfica ilustra la idea básica de la economía institucional de que el comportamiento de los principales agentes económicos de cualquier país (esto es, las familias, el Estado y las empresas) así como las políticas puestas en práctica, se encuentran determinados por la calidad de las reglas de juego (las instituciones) y que estas a su vez son generadas y están condicionadas desde y por el sistema político, la cultura, la ideología, la capacidad burocrática, administrativa y el sistema judicial. Son ellos los que generan y a la vez deben cumplir las políticas de todo tipo que definen los incentivos bajo los cuales operan esos tres agentes.
Ellos trabajan dentro de un entorno conformado por las condiciones de la economía y política internacional y por la políticas y condiciones nacionales. Sobre las primeras poco se puede hacer excepto ejercer una buena capacidad de adaptación y negociación. Sobre las segundas se puede hacer casi todo.
Las políticas nacionales deben permitir hacer realidad las estrategias al menor costo posible, facilitando y estimulando esas transacciones entre los tres agentes.
La coherencia de las políticas, de los programas, de los planes, dependerá en mucho de que esos sistemas estén alineados y produzcan reglas del juego COHERENTES con los objetivos de cada país; esto es, incentivos adecuados a esas realidades y propósitos.
Ocurre, no obstante, que existe un relativo grado de independencia, retraso y baja capacidad de reacción de cada uno de esos cinco sistemas. De ahí la gran dificultad de lograr la coherencia deseada.
La cultura aprendida, la ideología profesada, las preferencias políticas, los intereses creados, la capacidad para facilitar o entorpecer leyes y decretos emitidos, tienen algún grado de influencia en esas reglas de juego.
Pasa en todos los países, pero el hecho de que pase en todos con un determinado grado de impacto mayor o menor no puede servir de consuelo, sino solo como referencia.
Lo ilustro con hechos de nuestro día a día:
- Aspiramos a tener empresas estatales más eficientes, pero la concepción del plan no deja espacio suficiente a esas empresas para buscar esa eficiencia.
- Escuchamos que los resultados de las empresas estatales han mejorado pero los efectos de esa mejora no se plasman en el crecimiento de la economía.
- Aspiramos a que las empresas estatales inviertan más pero el “aporte” que están obligadas a entregar conspira contra ese propósito y es parte de las razones de su descapitalización.
- Deseamos mejorar y crecer en exportaciones, pero tenemos “incentivos negativos” suficientes (tasa de cambio, salarios, exceso de restricciones) que entorpecen ese propósito.
- Necesitamos empresas estatales innovadoras, pero la manera en que se concibe el “plan” y las regulaciones para la formación de los salarios y la distribución de utilidades son contradictorias con ese propósito, de la misma forma que no se promueve la cultura del riesgo y la competencia.
- Declaramos que el “sector no estatal” es más que un compañero de viaje en el propósito de un socialismo próspero y sostenible, pero mantenemos un listado positivo de empleos y no se acaba de emitir una ley de cooperativas ni tampoco una ley de pequeña y mediana empresa.
- Deseamos conservar nuestra fuerza de trabajo de alta calificación pero los salarios que se pagan estimulan la emigración hacia otros sectores u otros países y no se permite a los profesionales ejercer “por cuenta propia” en sus propias profesiones.
- Necesitamos elevar la tasa de inversión, pero no incentivamos la movilización de los recursos nacionales “no estatales” hacia ese propósito.
- Pensamos primero en controlar antes que en promover.
- Estamos mejor entrenados en identificar amenazas que en aprovechar oportunidades.
Las razones por las cuales estas contradicciones nos acompañan y nos han acompañado tienen que ver, en buena parte, con lo que intenté ilustrar más arriba. Con la existencia de culturas políticas e ideológicas resistentes a “actualizarse”, con comportamientos incluso personales marcadas por aprendizajes anteriores, con prejuicios, con legislaciones muchas veces obsoletas, pero aun vigentes, con espacios grises que permiten “interpretaciones personales” y que condicionan, dificultan, retrasan los mejores propósitos que un país pueda tener y hacen extraordinariamente difícil alcanzar la coherencia deseada y con intereses personales creados difíciles de renunciar.
Los “costos de transacción” son enormes. Son difíciles de medir. Muchas veces son intangibles, pero sin dudas participan de forma importante en buena parte de los problemas que Cuba enfrenta hoy, entre los cuales están:
- bajas tasas de crecimiento económico,
- balanza comercial de bienes negativa,
- elevada dependencia comercial y
- elevada concentración del comercio exterior en mercados y productos,
- costos financieros elevados,
- desaprovechamiento de la alta instrucción de nuestra fuerza de trabajo,
- alta tasa de emigración de jóvenes con instrucción media y alta,
- dependencia tecnológica elevada,
- bajos flujos de capital extranjero, etcétera, etcétera.
No es para cruzarse de brazos. No es para pensar que nada puede hacerse, todo lo contrario. Es para entender que el futuro se gana todos los días, en una difícil lucha con una realidad multicompleja y que todos los días hay que trabajar por esa coherencia necesaria a la que todos a veces contribuimos no de la mejor forma.
Esos no son procesos del tipo ganar-ganar. Por el contrario casi todos son procesos ganar-perder. Ninguno está libre de costos, pero con buenos diseños institucionales –con reglas de juego coherentes– esos costos pueden hacerse los menores posibles.
Tenemos todo lo que hace falta para lograr cambiar esa realidad; una visión de país, un plan de desarrollo a largo plazo en construcción, una Constitución concertada más cercana a nuestras realidades de hoy que será proclamada en breve y sobre todo, lo más importante, un pueblo como pocos hay.
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