domingo, 18 de septiembre de 2016

Libro " La Gran Brecha" Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Parte VIII

Por Joseph Stiglizt


SEGUNDA PARTE

REFLEXIONES PERSONALES

Los dos artículos que componen esta breve parte repasan mi juventud desde la perspectiva actual. El primero lo escribí con ocasión del 50.º aniversario de la Marcha a Washington por el Trabajo y la Libertad, el 28 de agosto de 1963. Fue allí, en el Washington Mall, donde el reverendo Martin Luther King pronunció su memorable discurso de «Tengo un sueño». Yo tuve la fortuna de estar presente. Por supuesto, no fue mera casualidad: como tantos de mis condiscípulos, intervenía activamente en la lucha por la igualdad racial. La discriminación era una cicatriz en nuestro cuerpo político. De niño, había visto a mi alrededor cómo destruía vidas. Estaba en contra de todo lo que me habían enseñado que representaba Estados Unidos. Sin embargo, el país vivía con ese veneno desde antes de su fundación.


Más adelante preguntaría (junto a otros economistas) si la discriminación podía persistir en una economía de mercado. Era fácil demostrar que la respuesta era sí; cómo no iba a poder, viendo que era una característica constante de las economías de mercado en todo el mundo. Pese a ello, algunos especialistas habían tratado de alegar lo contrario. En «La influencia de Martin Luther King en mis ideas económicas» hago una breve alusión a esos trabajos, una muestra (como los ensayos de macroeconomía que decían que no podía haber crisis) de lo mucho que pueden llegar a alejarse de la realidad ciertos modelos económicos.[37]


Por el contrario, «El mito de la Edad de Oro de Estados Unidos» lo escribí después de leer la obra de Thomas Piketty El capital en el sigloXXI y reflexionar sobre mi juventud. Piketty describía aquella época como la era dorada del capitalismo, el periodo en el que este no había estado caracterizado por unas desigualdades extremas. Mis recuerdos eran distintos: de joven, en la América sucia e industrial, con enormes niveles de discriminación, desigualdad, conflictos laborales, desempleo esporádico, no me parecía que fuera ninguna edad dorada. El presidente Kennedy había dicho que «una marea que sube eleva todos los barcos»; puede que la frase contuviera algo de verdad cuando la pronunció en los años sesenta,[38] pero desde luego no era así medio siglo después.


Lo que me inquietó más de la reacción del Gobierno de Obama ante la crisis económica fue que también parecía adherirse al principio de la economía de goteo: si damos suficiente dinero a los bancos, la economía se recuperará. Yo había defendido la necesidad de activar más bien la economía de filtración, de abajo a arriba: si dábamos dinero a los propietarios de viviendas, de los cuales millones estaban perdiendo sus casas, eso sí ayudaría a la economía. Ayudaría a los propios bancos, por las consecuencias positivas para el mercado inmobiliario, la disminución de los impagos de las hipotecas y el reforzamiento de la economía en general.


«El mito de la Edad de Oro de Estados Unidos» lo escribí también poco después de la publicación del libro escrito por el exsecretario del Tesoro Timothy Geitner, Stress Test, en el que intentaba defender, con mérito pero en mi opinión sin lograrlo, sus políticas y las del Gobierno durante la crisis. Según él, les preocupó que ayudar a los propietarios de viviendas en dificultades fuera injusto para los que habían administrado bien su dinero y no necesitaban ayuda. Podía hacer que los dueños de viviendas, en el futuro, no sintieran la necesidad de ser prudentes: el «problema del riesgo moral», tan conocido por los economistas.


Nunca entendí cómo él y tantos otros en la banca pudieron adoptar ese doble rasero. De acuerdo con esa lógica, rescatar a los bancos malos no sólo era injusto para los demás bancos, sino también para los millones de estadounidenses que estaban sufriendo por los errores de aquellos. Era ayudar al culpable y abandonar a las víctimas a su suerte. Si alguna vez habían sido necesarias pruebas de la relevancia del riesgo moral, los banqueros las habían dado: el rescate de las cajas de ahorros y los rescates en México, Corea, Tailandia e Indonesia, que en realidad fueron, todos ellos, rescates de instituciones financieras occidentales. Aun así, ahí estábamos de nuevo rescatándolos. En cambio, los propietarios de viviendas, en general, se habían visto engañados por los empleados del sector financiero que les habían aconsejado que firmaran hipotecas inmensas, por encima de su capacidad de pago. Habían aprendido la lección y no parecía que fueran a repetirlo. Además, entre las propuestas para resolver el enorme número de ejecuciones hipotecarias, estaban algunas que preveían la reestructuración de la deuda, pero que exigían a los propietarios renunciar a gran parte del valor de sus casas. Nada que ver con el todo gratis que el Gobierno había proporcionado a los bancos.


LA INFLUENCIA DE MARTIN LUTHER KING EN MIS IDEAS ECONÓMICAS[12*]


Tuve la buena suerte de formar parte de la multitud que escuchó en Washington al reverendo Martin Luther King pronunciar su emocionante discurso de «Tengo un sueño» el 28 de agosto de 1963. Yo tenía veinte años y acababa de terminar la carrera. Un par de semanas después iba a comenzar mis estudios de posgrado sobre economía en el Massachusetts Institute of Technology.


La noche anterior a la Marcha a Washington por el Trabajo y la Libertad había dormido en casa de un compañero de universidad cuyo padre, Arthur J. Goldberg, era magistrado asociado del Tribunal Supremo y tenía el empeño de lograr la justicia económica. ¿Quién iba a imaginar que cincuenta años después esa misma institución, que en otro tiempo parecía decidida a engendrar un país más justo e integrador, se convertiría en el instrumento para preservar las desigualdades?, ¿que permitiría un gasto casi ilimitado de las empresas para influir en las campañas políticas, actuaría como si hubiera dejado de existir la discriminación en el voto y restringiría los derechos de los trabajadores y otros demandantes a querellarse contra sus jefes y sus empresas por mala conducta?


Oír hablar al doctor King me provocó muchas emociones. A pesar de ser joven y llevar una vida protegida, formaba parte de una generación que veía las desigualdades heredadas del pasado, y estaba decidido a corregir esos males. Había nacido durante la Segunda Guerra Mundial y había llegado a la mayoría de edad al tiempo que la sociedad estadounidense se inundaba de unos cambios discretos pero inconfundibles.


En Amherst College, como presidente del consejo estudiantil, había ido con un grupo de alumnos al sur del país para ayudar en la campaña por la integración racial. No podíamos comprender la violencia de quienes querían conservar el viejo sistema segregacionista. Cuando visitamos una universidad sólo para negros, nos provocó una profunda impresión la diferencia de oportunidades educativas que tenían allí los estudiantes en comparación con las que nosotros habíamos recibido en nuestro centro privilegiado y enclaustrado. No tenían las mismas condiciones, y la situación era completamente injusta. Era una realidad que tergiversaba la idea del sueño americano con la que habíamos crecido y en la que creíamos.


Porque confiaba en que se pudiera hacer algo para resolver este problema y otros que había visto con gran claridad cuando era niño en Gary, Indiana —la pobreza, el desempleo esporádico y persistente, la interminable discriminación contra los afroamericanos—, fue por lo que decidí ser economista y apartarme de mi intención original, que era dedicarme a la física teórica. Pronto descubrí que me había unido a una extraña tribu. Aunque había algunos especialistas (entre ellos, varios de mis profesores) a los que les preocupaban mucho los problemas que me habían llevado a aquellos estudios, a la mayoría no le interesaban las desigualdades; la escuela dominante tenía como ídolo a (un mal comprendido) Adam Smith, el milagro de la eficiencia de la economía de mercado. Yo pensaba que, si aquello era lo mejor posible, tenía que construir otra realidad distinta para vivir en ella.


En el peculiar mundo de la economía, el desempleo (cuando existía) era culpa de los trabajadores. Un economista de la Escuela de Chicago, el premio Nobel Robert E. Lucas Jr., escribiría más adelante: «De las tendencias dañinas para una economía saneada, la más seductora y, en mi opinión, la más peligrosa, es la obsesión por la distribución». Otro premio Nobel de la Escuela de Chicago, Gary S. Becker, trató de demostrar que, en los mercados de trabajo verdaderamente competitivos, no podía existir la discriminación. Aunque varios escribimos numerosos ensayos en los que explicábamos que su razonamiento era un sofisma, sus argumentos tuvieron buena acogida.


Como tanta gente al repasar los últimos cincuenta años, no puede sino asombrarme la diferencia entre las aspiraciones que teníamos entonces y lo que hemos logrado.


Desde luego, hay un «techo de cristal» que se ha roto: tenemos un presidente afroamericano.Pero Martin Luther King comprendía que la lucha por la justicia social era un combate muy amplio, no sólo contra la segregación y la discriminación racial, sino para obtener más igualdad económica y justicia para todos los estadounidenses. Por algo los organizadores de la manifestación, Bayard Rustin y A. Philip Randolph, la habían llamado Marcha a Washington por el Trabajo y la Libertad.


En muchos aspectos, los avances en las relaciones entre las razas se han frenado, e incluso invertido, debido a las dificultades económicas que afligen cada vez más a nuestro país.


Por desgracia, la batalla contra la discriminación abierta no se ha terminado: cincuenta años después de la Marcha, y cuarenta y cinco años después de que se aprobara la Ley de Vivienda Equitativa, grandes bancos estadounidenses como Wells Fargo siguen discriminando por motivos de raza y atacando a nuestros ciudadanos más vulnerables con sus préstamos abusivos. La discriminación en el mercado de trabajo es profunda y generalizada. Los estudios indican que los solicitantes con nombres que suenan a afroamericanos reciben menos llamadas para acudir a entrevistas. La discriminación adopta formas nuevas; la selección racial sigue siendo muy frecuente en muchas ciudades, por ejemplo en la política de identificación y registro habitual en Nueva York. Nuestra tasa de ocupación carcelaria es la más alta del mundo, aunque parece, por fin, que los estados con problemas presupuestarios están empezando a ver que es una locura —ya que no ven que es inhumano— derrochar tanto capital humano en prisiones abarrotadas. Casi el 40 por ciento de los presos son negros. Es una tragedia de la que han ofrecido pruebas documentales Michelle Alexander y otros expertos legales.


Las cifras son muy elocuentes: en Estados Unidos, en los últimos treinta años, no se han reducido las diferencias entre las rentas de los afroamericanos (y los hispanos) y los blancos. En 2011, la renta media de las familias negras fue de 40 495 dólares, el 58 por ciento de la renta media de las familias blancas.


Si pasamos de las rentas al patrimonio, también se observan desigualdades abismales. En 2009, la riqueza media de los blancos era veinte veces la de los negros. La Gran Recesión de 2007-2009 golpeó especialmente a los afroamericanos (como suele golpear a quienes ocupan el fondo del espectro socioeconómico). Su riqueza media cayó entre 2005 y 2009 un 53 por ciento, más del triple que la de los blancos: una diferencia sin precedentes. Y la supuesta recuperación ha sido poco más que una fantasía: más del 100 por ciento de las ganancias han ido a parar al 1 por ciento más rico, un grupo en el que, por supuesto, no figuran muchos negros.


¿Quién sabe cómo se habría desarrollado la vida del doctor King si la bala de un asesino no la hubiera cortado de golpe? Tenía 39 años cuando murió; hoy tendría 84. Aunque probablemente se habría sumado a los esfuerzos del presidente Obama para reformar nuestro sistema de salud y defender la red de protección social para los ancianos, los pobres y los discapacitados, es difícil imaginar que alguien con una visión moral tan aguda pudiera ver el país actual más que con desesperación.


A pesar de la retórica sobre la tierra de las oportunidades, las perspectivas de vida de una persona joven en Estados Unidos dependen más de los ingresos y la educación de sus padres que casi en cualquier otro país avanzado. Y así se perpetúa el legado de discriminación y falta de oportunidades educativas y laborales de una generación a otra.


Con esta falta de movilidad, el hecho de que, todavía hoy, el 65 por ciento de los niños afroamericanos vivan en familias de rentas bajas no presagia nada bueno para su futuro ni el del país.


Los ingresos reales de los varones que no tienen más que un título de bachillerato han sufrido enormes caídas en los últimos veinte años, y ese declive ha afectado de forma desproporcionada a los afroamericanos.


A pesar de que la segregación racial en las escuelas está oficialmente prohibida, en la práctica, la segregación educativa ha empeorado en los últimos decenios, según demuestran Gary Orfield y otros estudiosos.


Una de las razones es que el país padece más segregación económica. Los niños negros pobres tienen más probabilidades de vivir en comunidades con concentración de pobreza; es el caso de alrededor del 45 por ciento, frente al 12 por ciento de los niños blancos pobres, según ha señalado el Instituto de Política Económica.


Este año he cumplido 70. He dedicado gran parte de mi trabajo académico y en el servicio público durante los últimos decenios —incluida mi pertenencia al Consejo de Asesores Económicos durante el mandato de Clinton, y después en el Banco Mundial— a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Confío en haber respondido al llamamiento que hizo Martin Luther King hace medio siglo.


Tenía razón cuando dijo que estas divisiones persistentes son un cáncer en nuestra sociedad, erosionan nuestra democracia y debilitan nuestra economía. Su mensaje era que las injusticias del pasado no eran inevitables. Pero sabía también que no bastaba con soñar.

EL MITO DE LA EDAD DE ORO DE ESTADOS UNIDOS[13*]


Cuando era niño y vivía en Gary, Indiana, una ciudad industrial en la orilla sur del lago Michigan, asolada por la discriminación, la pobreza y los brotes de grave desempleo, no me di cuenta de que estaba viviendo en la edad de oro del capitalismo. Era una ciudad en la que todos trabajaban en lo mismo, que recibía su nombre del presidente del consejo de U. S. Steel. Tenía la mayor fábrica integrada de acero del mundo y un sistema de escuelas progresista, pensado para convertir Gary en un crisol de culturas alimentado por inmigrantes de toda Europa. Sin embargo, cuando yo nací, en 1943, ya estaban empezando a aparecer grietas en el crisol. Para romper las huelgas —para garantizar que los trabajadores no se beneficiaran debidamente de las mejoras en la productividad que permitía la tecnología moderna—, las grandes empresas del acero llevaban desde el sur a trabajadores afroamericanos que vivían en barrios aislados y más pobres.


Las chimeneas expulsaban veneno a la atmósfera. Los despidos periódicos dejaban a multitud de familias viviendo en la precariedad. Ya de niño tuve claro que el libre mercado tal como lo conocíamos no era una fórmula que pudiera sostener una sociedad próspera, sana y feliz.


Por eso, cuando fui a la universidad a estudiar Económicas, me asombró lo que empecé a leer. Los textos tradicionales de la época parecían no tener nada que ver con la realidad que yo había visto en Gary. Decían que el desempleo no debería existir y que el mercado producía el mejor de los mundos posibles. Si aquello era verdad, pensaba yo, prefería vivir en otro mundo. Mientras otros economistas se obsesionaban con ensalzar las virtudes de la economía de mercado, yo trabajé mucho para saber por qué fracasan los mercados, y dediqué gran parte de mi tesis doctoral en el MIT a comprender las causas de la desigualdad.


Casi medio siglo después, el problema de las desigualdades ha alcanzado dimensiones de crisis. John F. Kennedy, en el espíritu de optimismo predominante durante mi época de universitario, declaró en una ocasión que una marea que sube eleva todos los barcos. Hoy resulta que estamos casi todos en el mismo barco, el que contiene al 99 por ciento menos rico. Es un barco muy diferente —caracterizado por más pobreza en el fondo y un vaciado de la clase media— del que ocupa el 1 por ciento de la cima.


Lo más preocupante es comprender que el sueño americano —la idea de que vivimos en la tierra de las oportunidades— es un mito. Las posibilidades que va a tener un niño estadounidense en su vida dependen hoy más de las rentas y la educación de sus padres que en muchos otros países avanzados, incluida la «vieja Europa».


Y ahora llega Thomas Piketty, que nos advierte en su reciente libro merecidamente elogiado, El capital en el sigloXXI, que las cosas van a empeorar. Sobre todo, dice que el estado natural del capitalismo parece ser de gran desigualdad. Cuando hice mis estudios de posgrado, nos enseñaban todo lo contrario. El economista Simon Kuznets escribió, lleno de optimismo, que después de un periodo inicial de desarrollo en el que aumentarían las desigualdades, estas empezarían a desaparecer. Aunque entonces los datos eran escasos, tal vez fuera verdad cuando lo escribió: daba la impresión de que las desigualdades del siglo XIX y principios del XX estaban disminuyendo. Su conclusión pareció confirmarse durante el periodo entre la Segunda Guerra Mundial y 1980, en el que las fortunas de los ricos y la clase media mejoraron en paralelo.


Pero los acontecimientos del último tercio de siglo indican que aquel periodo fue una anomalía. Fue una época de solidaridad derivada de la guerra en la que el Gobierno garantizaba la igualdad de oportunidades, y la Ley de Derechos de los Soldados y otros avances posteriores en los derechos civiles eran la prueba de que el sueño americano era una realidad. Hoy, las desigualdades están volviendo a aumentar de manera espectacular, y los últimos treinta años han demostrado sin lugar a dudas que uno de los principales culpables es la economía de goteo: la idea de que el Estado puede mantenerse al margen y, si los ricos se enriquecen aún más y utilizan su talento y sus recursos para crear empleo, todo el mundo saldrá beneficiado. No es verdad; los datos históricos lo dejan bien claro.


Pero nos ha costado demasiado tiempo, como país, ser conscientes de este peligro. Los cambios en la distribución de las rentas y la riqueza se producen con lentitud, y por eso es necesaria una amplia perspectiva histórica como la que proporciona Piketty para tener una idea de lo que está ocurriendo.


Resulta irónico que la prueba definitiva que desacredita esta idea tan republicana del goteo económico la haya dado un Gobierno demócrata. La estrategia del presidente Barack Obama de salvar primero a los bancos para evitar que Estados Unidos cayera en otra Gran Depresión se basaba en que, al dar dinero a los bancos (y no a los propietarios de viviendas de quienes los bancos habían abusado), se salvaría la economía. La administración derramó miles de millones sobre unas instituciones que habían llevado al país al borde de la ruina sin fijar ninguna condición a cambio. Cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial emprenden un rescate, casi siempre exigen unos requisitos para asegurarse de que se le da al dinero el uso deseado. En nuestro caso, el Gobierno expresó su confianza en que los bancos iban a mantener la circulación del crédito, la savia de la economía. Y los bancos redujeron sus préstamos y pagaron primas asombrosas a sus directivos, a pesar de que habían estado a punto de destruir sus empresas. Ya entonces sabíamos que habían obtenido gran parte de sus beneficios no mediante el aumento de la eficiencia de la economía, sino mediante la explotación: préstamos abusivos, malas prácticas en el uso de las tarjetas de crédito y precios monopolísticos. La dimensión total de sus fechorías —por ejemplo, la manipulación ilegal de los tipos de interés y los tipos de cambio, que tenían repercusiones de cientos de billones de dólares en los derivados y las hipotecas— no había hecho más que empezar a asomar.


Obama prometió acabar con estos abusos, pero hasta ahora no hay más que un banquero que haya ido a la cárcel (junto con unos cuantos empleados de nivel medio y bajo). El antiguo secretario del Tesoro del presidente, Timothy Geithner, hace un intento meritorio pero infructuoso de defender las medidas del Gobierno en su reciente libro Stress Test, en el que dice que no había alternativas. Pero está claro que a Geithner le preocupaba demasiado el «peligro moral» de ayudar a los propietarios de casas en dificultades —en otras palabras, fomentar unos hábitos descuidados de endeudamiento— y mucho menos el de ayudar a los bancos y la responsabilidad de estos últimos por haber facilitado ese endeudamiento excesivo y haber vendido hipotecas que representaban un riesgo inasumible para las clases pobres y medias.


De hecho, los intentos de Geithner de justificar lo que hizo el Gobierno refuerzan todavía más mi convicción de que el sistema está marcado. Si quienes están a cargo de tomar las decisiones fundamentales tienen la mente tan capturada por el 1 por ciento, por los banqueros, que creen que la única alternativa es dar a los causantes de la crisis cientos de miles de millones de dólares y dejar en la cuneta a los trabajadores y los propietarios de casas, el sistema es injusto.


Esta estrategia agudizó también uno de los problemas más acuciantes del país: el aumento de las desigualdades. La economía sólo puede recobrarse por completo y crecer más deprisa con una clase media vibrante. Cuantas más desigualdades haya, más lento será el crecimiento, una conclusión que respalda ya el propio FMI. Como los menos ricos gastan una proporción mayor de sus rentas que los ricos, cuando tienen más ingresos hacen que aumente la demanda. Cuando aumenta la demanda, se crean puestos de trabajo. En este sentido, los verdaderos creadores de empleo son los ciudadanos corrientes. Es decir, el coste de las desigualdades es muy alto: una economía más débil, caracterizada por menor crecimiento y más inestabilidad. No es tan complicado.


Ahora bien, ninguna de estas cosas es consecuencia de unas fuerzas económicas inexorables; son resultado de unas políticas y unas estrategias, de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Si nuestra política genera un sistema tributario que favorece a los que obtienen sus rentas del capital, un sistema educativo en el que los hijos de los ricos tienen acceso a las mejores escuelas y los hijos de los pobres van a las mediocres, y un acceso exclusivo de los ricos a los mejores abogados fiscales y centros financieros en el extranjero que les permiten evadir una buena parte de los impuestos, no es extraño que haya un enorme grado de desigualdad y muy pocas oportunidades. Y la situación va a empeorar.


Con cautela y demasiado tarde, con seis años de retraso, el Gobierno de Obama ha empezado a revisar sus opiniones sobre la Gran Recesión. El propio Geithner, en su libro, está de acuerdo en que se debería haber hecho más. Pero claro, los recursos escaseaban, y había que poner el dinero donde iba a ser más rentable. Esa es la cuestión: si hizo caso a los banqueros, no es extraño que les diera el dinero a ellos. Ya antes de que Obama tomara posesión, reclamé que se diera más importancia a los propietarios de viviendas, que, por lo menos, combináramos la economía de goteo con un poco de economía de filtración hacia arriba. Pero a los que opinábamos así nos hicieron poco caso porque el Gobierno pidió consejo a grupos que tenían determinados intereses en el sector financiero.


Y hoy no cabe ya duda de que el alto grado de desigualdad económica se ha traducido en nuevas formas de desigualdad política, hasta el punto de que es más apropiado calificar nuestro sistema político como «un dólar, un voto» que como «una persona, un voto». La decisión del Tribunal Supremo sobre Citizens United en enero de 2010 dio más derecho a influir en la política a las empresas que a los individuos, sin que ni ellos ni sus directivos tengan que responder de nada. La decisión de este año sobre el caso McCutcheon ha eliminado los límites totales a las aportaciones que puede hacer una persona a los candidatos y partidos nacionales. En otras palabras, hoy, cuanto más rico es uno, más capacidad tiene de influir en el proceso político y las decisiones económicas derivadas de él, y manipular todo en favor del 1 por ciento. ¿A alguien le asombra que los ricos sean cada vez más ricos?


Los obamitas parecen asombrados de que el país no esté más agradecido a su Gobierno por haber evitado otra Gran Depresión. Rescataron los bancos y, con ello, salvaron la economía de una tormenta histórica. Y destacan con orgullo que todo el dinero que se entregó al sector financiero se ha recuperado con creces. Pero cuando dicen esas cosas ignoran varios hechos cruciales: aquello no fue algo que sucedió, sin más. Fue resultado de un comportamiento irresponsable, la consecuencia previsible y prevista de la desregulación y el insuficiente cumplimiento de las normas que quedaron en vigor, de haber asumido la mentalidad del 1 por ciento y los banqueros, algo de lo que Geithner y su mentor, el antiguo asesor económico de la Casa Blanca Larry Summers, tuvieron no poca responsabilidad. Fue como si, después de un accidente causado por un conductor borracho, al que la última copa se la hubiera servido el policía de servicio, hubieran vuelto a dejar conducir al culpable y hubieran llevado su coche al taller, mientras la víctima languidecía en el lugar del delito.


La propia devolución del dinero es, al menos en parte, resultado de un juego que enorgullecería a cualquier estafador. El Gobierno, bajo los auspicios de la Reserva Federal, presta dinero al banco con un tipo de interés de casi cero. El banco se lo presta a su vez al Gobierno al 2 o 3 por ciento de interés, y el «beneficio» se le devuelve al Gobierno en pago de la «inversión» que había hecho. Mientras tanto, los responsables del banco obtienen una prima por los enormes rendimientos que han «ganado», en una operación que habría podido hacer un niño de doce años. ¿Eso es capitalismo? En un verdadero mundo regido por el derecho, el conductor borracho debería haber pagado no sólo sus propios costes de reparación sino también los daños causados; en este caso, la pérdida acumulada de PIB, que asciende ya a más de ocho billones de dólares y sigue aumentando a un ritmo de dos billones anuales. Los bancos se recuperan mientras la renta del estadounidense medio desciende a los niveles más bajos desde hace dos decenios. Se comprende que exista cierta indignación en el cuerpo político.


Lo que ha pasado no es un fallo de comunicación, como querrían hacernos pensar desde el Gobierno. El problema fue que los estadounidenses sabían lo que estaban haciendo. En el país hubo un encendido debate sobre otras posibles vías de actuación, antes, durante y después de los rescates. Si críticos como Sheila Bair, Elizabeth Warren, Neil Barofsky, Simon Johnson, Paul Krugman y otros (de la derecha, la izquierda y el centro) se impusieron —al menos en el debate intelectual y la batalla por la percepción pública—, no fue porque fueran mejores comunicadores. Fue porque tenían un mensaje más convincente: había formas alternativas de rescatar la economía, más justas y que la habrían fortalecido. Por el contrario, nuestra política y nuestra economía están encerradas hoy en un círculo vicioso: la desigualdad económica lleva a la desigualdad política, y esa desigualdad política lleva a reescribir las reglas para aumentar el nivel de desigualdad económica todavía más, y así sucesivamente. El resultado es que nuestra democracia provoca una desilusión cada vez mayor.


Las cosas pueden empeorar. Las últimas investigaciones han revelado muchos otros círculos viciosos. Las trampas de pobreza hacen que los que están en el fondo permanezcan en él. El destino de un hijo de padres pobres que es muy buen estudiante es más sombrío que el de un hijo de padres ricos que es mucho peor. En Estados Unidos, alrededor de la cuarta parte de los estudiantes de primer curso de universidad procedentes de la mitad inferior de la escala de rentas han acabado la carrera a los 24 años, frente al 90 por ciento de la cuarta parte superior. Y dado que los sueldos de los que sólo han terminado el bachillerato son un 62 por ciento de los sueldos de los titulados universitarios —en 1965 la relación era del 81 por ciento—, la perspectiva es que van a ser más pobres que sus padres.


Mientras tanto, la bajada de impuestos sobre el capital y sobre las transmisiones permite la acumulación de riqueza heredada; en la práctica, la creación de una nueva plutocracia. Incluso es posible, como indiqué hace mucho tiempo en mi tesis doctoral y como ha subrayado Piketty, que la riqueza se concentre cada vez más en manos de unos pocos selectos. La prosperidad repartida que caracterizó al país en aquella época dorada de mi juventud —en la que todos los grupos aumentaron sus rentas pero los de abajo las aumentaron más deprisa— desapareció hace mucho.


Sin embargo, soy lo bastante ingenuo, tal vez, como para creer que la culpa no es sólo del capitalismo: es también, quizá incluso más, de la parálisis de nuestra política y la desaparición de toda idea progresista de un debate que aún sostiene que el principal problema es el Gobierno. He dedicado mi vida como economista a cuestionar los mercados, demostrar sus imperfecciones, y, sin embargo, los mercados pueden ser una potente fuerza que eleva el nivel de vida de todo el mundo. Pero necesitamos un equilibrio como el que alcanzamos a mediados del siglo XX, cuando dimos un papel progresista al Gobierno. Si no, me temo que tendremos una cicatriz permanente por el sistema económico y político manipulado que tanto ha contribuido ya a crear las desigualdades actuales.


Cuando era niño en Gary, durante su propia y asfixiante «edad de oro», era imposible saber hacia dónde se encaminaba la ciudad. No sabíamos, o no hablábamos, de la desindustrialización de Estados Unidos, que estaba a punto de comenzar. En otras palabras, no sabía que la sombría realidad que estaba dejando atrás era la mejor que iba a experimentar Gary en toda su historia.

Me preocupa que Estados Unidos pueda estar hoy en esa misma situación.


TERCERA PARTE


DIMENSIONES DE LA DESIGUALDAD

La desigualdad —tanto en Estados Unidos como en otros países— tiene muchas dimensiones.


Cada una con su propia historia. Algunos países están peor en un aspecto, y mejor en otros. Hay desigualdades en la cima —la proporción de rentas en manos del 1 por ciento o del 0,1 por ciento— y desigualdades en el escalón más bajo, el número de personas que viven en la pobreza, y en qué grado de pobreza. Hay desigualdades en la sanidad y en el acceso a la educación, en la voz política y en la inseguridad. Hay desigualdades de género y carencias infantiles. Y lo más importante, tal vez, es la igualdad de oportunidades.


Las desigualdades, por supuesto, están relacionadas: las carencias en la infancia y la desigualdad en el acceso a la educación y la sanidad garantizan, a la hora de la verdad, que no haya igualdad de oportunidades. Las pruebas, cada vez más numerosas, de que los países (o las regiones) en los que hay más desigualdad de rentas tienen menos igualdad de oportunidades nos ayudan a comprender por qué Estados Unidos, con el mayor nivel de desigualdad de rentas entre los países avanzados, es hoy uno de los que tiene menos igualdad de oportunidades. Las perspectivas de vida de un joven estadounidense dependen más de las rentas y la educación de sus padres que las de los jóvenes en otros países avanzados.


Los artículos que forman esta parte del libro ofrecen un análisis selectivo de varias facetas clave de esas desigualdades, empezando por «Igualdad de oportunidades, nuestro mito nacional». Muchos aspectos de la cuestión señalados en este texto reaparecen en ensayos posteriores. Por ejemplo, las carencias infantiles nos parecen tal perversidad moral porque es imposible achacar a los niños ninguna responsabilidad por su situación; y no podremos remediar nuestra falta de igualdad de oportunidades mientras no solucionemos ese problema. Sin embargo, como indico en un artículo sobre UNICEF, escrito en conmemoración del 25.º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, uno de cada cinco niños en Estados Unidos vive en situación de pobreza.


«La deuda de los estudiantes y el fin del sueño americano» aborda una de las desigualdades más graves de nuestro país: el acceso a la enseñanza superior. A su vez, esa desigualdad es una de las razones de que Estados Unidos haya dejado de ser la tierra de las oportunidades. En contraste con otros tiempos, en los que solía ser el país en el que una mayor proporción de la población lograba un título universitario, hoy ocupa un lugar muy inferior en esa lista. Todavía más desolador es ver hasta qué punto perpetúa las ventajas y las desventajas: entre los estadounidenses nacidos alrededor de 1980, sólo el 9 por ciento de los pertenecientes a la franja inferior de la escala de rentas posee un título universitario.


Uno de los motivos es el coste de la enseñanza superior. Otros países ofrecen educación gratuita o muy subvencionada. La situación ya era mala antes de 2008, pero la crisis la ha empeorado más aún. A medida que las rentas disminuían, los estados recortaron las ayudas y las universidades se vieron obligadas a subir las matrículas. Justo cuando los estadounidenses empezaban a tener financiaciones excesivas para la compra de vivienda, empezaron también a endeudarse demasiado para pagar la educación; el dinero que deben los estudiantes sobrepasa con creces el billón de dólares, y el estudiante medio se gradúa con una deuda de casi 30 000 dólares. Las consecuencias macroeconómicas de esta tendencia las analizaremos más adelante, ya que condiciona a los jóvenes a la hora de decidirse a comprar un coche o una casa o incluso a casarse. Pero las microconsecuencias se ven en todas partes: la presión que sufren los jóvenes que se sienten atrapados, conscientes de que, si no hacen estudios superiores, sus perspectivas son malas, pero, si los hacen, al terminar tendrán una deuda insoportable.


En este breve ensayo no toco una cuestión evidente: ¿existe alguna alternativa, sobre todo en un país que afronta serias restricciones presupuestarias? Hay dos formas de enfocar el asunto. Otros países mucho más pobres que Estados Unidos han decidido que la educación universal es una prioridad y proporcionan enseñanza universitaria gratuita (o mucho más subvencionada). Un ejemplo es la iniciativa adoptada por el presidente Obama en 2015 de hacer que los colegios universitarios públicos (community colleges) sean gratuitos para los estudiantes que cumplan determinados requisitos. Este fue un aspecto muy importante en el referéndum escocés de 2014 sobre la independencia: mientras Inglaterra ha seguido el modelo de Estados Unidos y desde hace quince años ha aumentado enormemente el precio de las matrículas, Escocia ofrece educación gratuita a los jóvenes. La otra manera de abordar la cuestión es la de Australia. Allí, el Gobierno presta dinero a bajo interés a los estudiantes, que luego lo devuelven en función de sus ingresos. Los que tienen mayores ingresos devuelven más. Con ello no sólo se evita la enorme presión a que el sistema estadounidense —y el aprovechamiento de los prestamistas privados— somete a los jóvenes, sino que les permite escoger una profesión que encaje con sus intereses y capacidades. Pueden dedicarse a la administración o a la enseñanza sin preocuparse por sus deudas. Los estudiantes de derecho pueden dedicarse al derecho de interés público en lugar del de sociedades. Están claros los beneficios que obtiene la sociedad.


«Justicia para algunos» trata un aspecto especialmente desagradable de la desigualdad en Estados Unidos, la falta de acceso equitativo a la justicia. Los jóvenes estadounidenses comienzan la jornada con la promesa de lealtad a la bandera. Una de las cosas que dicen es «con justicia para todos». Sin embargo, Estados Unidos es cada vez más un país que ofrece «justicia para quienes pueden pagársela». Donde mejor se comprueba esta situación es en nuestro sistema de justicia penal. Estados Unidos tiene más proporción de sus ciudadanos en la cárcel que ningún otro país, incluida China: posee el 5 por ciento de la población mundial, pero el 25 por ciento de los presos. Ahora bien, son los pobres y los afroamericanos los que más probabilidades tienen de pasar su juventud en prisión, y no en la escuela.[39]

El artículo aborda el problema en el contexto de la crisis de la vivienda, en particular uno de sus aspectos: la «crisis de las firmas automáticas». En sus prisas por emitir hipotecas abusivas, los bancos no estaban atentos a archivar bien los documentos. Cuando llegó la inevitable crisis y hubo que empezar a echar a la gente de unas casas para las que los bancos habían prestado dinero con sumo gusto unos años antes, los papeles de las instituciones sobre quién había pagado qué eran caóticos. Muchos estados disponen de un sistema que permite que los bancos se limiten a firmar una declaración jurada diciendo que han examinado los expedientes y que el individuo al que se está aplicando la ejecución hipotecaria debe el dinero que se le atribuye. El pobre acusado puede gastarse su dinero para tratar de defenderse, pero eso es lo malo de ser pobre en Estados Unidos: obtener justicia es caro. Los bancos mintieron a los tribunales, repetidas veces. Expulsaron de sus hogares a personas que no debían dinero. Mi artículo plantea una pregunta preocupante: los estadounidenses creen que una de las virtudes de su país consiste en que es un Estado de derecho, pero ¿lo es verdaderamente? Se supone que el Estado de derecho debe defender al débil contra el fuerte. Se supone que la ley se aplica de manera imparcial. Tenemos leyes contra el perjurio. Tenemos leyes concebidas para proteger a la gente contra quienes se apoderan injustamente de su propiedad. Sin embargo, no utilizamos la ley contra los banqueros; ninguno de ellos acabó encarcelado por hacer mal uso de la justicia. Podríamos haber evitado la crisis de las hipotecas si hubiéramos aplicado con más eficacia unas leyes que ya estaban escritas sobre los préstamos abusivos y discriminatorios y si la Reserva Federal hubiera cumplido con sus responsabilidades e impuesto unos criterios para llevar a cabo préstamos en el mercado hipotecario.


«La única solución que queda para el problema de la vivienda», escrito en colaboración con Mark Zandi, economista jefe de Moody’s, sostiene que existían formas alternativas de gestionar la crisis de la vivienda cuando se produjo, aprovechando una idea que había funcionado en la Gran Depresión y que no le habría costado nada al Gobierno. El senador Jeff Merkley, de Oregón, presentó un proyecto de ley, «La reconstrucción de la propiedad de viviendas en Estados Unidos», que lo habría hecho posible. E incluso existía una estrategia para logarlo sin salirse de las limitaciones políticas existentes en ese momento. Pero no conseguimos que la administración de Obama se sumara al esfuerzo.


Más tarde, la administración reconoció que no haber hecho más por la vivienda era uno de sus errores fundamentales tanto desde el punto de vista económico como político. Se estaba regalando dinero a los bancos mientras no se hacía prácticamente nada por los ciudadanos corrientes que estaban perdiendo sus casas. Hubo algunos programas menores, de unos cuantos miles de millones de dólares, que se anunciaron con gran bombo y después resultaron decepcionantes. Se rescató a pocos propietarios de viviendas. El Gobierno nunca explicó bien por qué no había apoyado esta propuesta ni otras alternativas que habíamos defendido algunos.[40] Quizá fue porque nunca calcularon la profundidad de la crisis que se nos venía encima; tal vez porque estaban tan obsesionados por rescatar a los bancos que pensaron que desviar la atención —y el dinero— hacia cualquier otro lado sería un error; quizá porque hicieron demasiado caso a los banqueros, que eran más propensos a echar la culpa a los prestatarios que a sus propias prácticas de préstamo; tal vez porque muchas propuestas (pero no esta) exigían que los bancos reconocieran sus pérdidas; o tal vez porque los banqueros confiaban en poder seguir explotando a los propietarios de viviendas, y la propuesta habría limitado su capacidad de hacerlo al darles la opción de refinanciar.


Los dos últimos artículos de esta parte tratan de dos de los aspectos más inquietantes de las desigualdades en Estados Unidos: la pobreza entre los niños y las desigualdades en la atención sanitaria. La pobreza infantil en nuestro país, una de las peores en los países avanzados, tiene consecuencias durante toda la vida. Y como una gran parte de los ciudadanos no pueden desarrollar todo su potencial, también tiene consecuencias importantes para el comportamiento de la economía en su conjunto. Los niños han resultado especialmente afectados por las desigualdades crecientes entre los adultos y la eliminación de programas públicos que proporcionan no sólo una red de seguridad sino una serie de beneficios de los que dependen los ciudadanos corrientes. La situación es tan mala que, si se preguntara a una persona hipotética que aún no haya nacido —sin saber dónde iba a hacerlo, arriba o abajo, hijo de un millonario, un fontanero o un maestro— en qué lugar tendría más posibilidades, sólo con mirar las estadísticas, no escogería Estados Unidos. Sí lo elegiría, por supuesto, si supiera que iba a ser hijo de una familia rica y educada, si tuviera garantizado entrar en la refriega desde arriba. En cualquier otro caso, no.


El último artículo de esta sección lo escribí en plena propagación de la epidemia de ébola en África occidental, cuando cundió el temor a que se extendiera a Estados Unidos. Había dos elementos fundamentales: el primero, que la enfermedad se afianzó en una zona de gran pobreza y servicios de salud limitados. Y el segundo, que, cuando surge una crisis así, queremos que la gestione el Gobierno, no el sector privado; pero la falta de financiación de los organismos públicos nacionales e internacionales ha debilitado su capacidad de hacerlo. El artículo afirma que estamos pagando un precio muy caro por nuestro compromiso ideológico con la sanidad de gestión y financiación privada y por no haber hecho lo suficiente para reducir las desigualdades sanitarias.


Antes de pasar a otro apartado, debo subrayar que no he tocado más que unas cuantas de las muchas dimensiones que tiene la gran brecha en Estados Unidos. En particular, no he escrito sobre la brecha racial ni de género; aunque las desigualdades entre los sexos han disminuido, siguen siendo grandes, y, en cuanto a las raciales, las mejoras han sido decepcionantes. Desde luego, hay triunfos simbólicos, algunos directivos de empresas y el propio presidente Obama. Pero las disparidades de rentas entre los blancos y los afroamericanos han empeorado, y las diferencias de riqueza han aumentado, sobre todo tras la Gran Recesión. Tampoco he descrito la aniquilación de la clase media estadounidense.


Los ensayos que forman esta parte del libro preparan el terreno para los de la siguiente, en la que examinamos las causas de este aumento de las desigualdades.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NUESTRO MITO NACIONAL[14*]


El discurso que pronunció el presidente Obama en la inauguración de su segundo mandato empleó un lenguaje enardecedor para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con el sueño de la igualdad de oportunidades: «Somos fieles a nuestro credo cuando una niña nacida en la más abyecta pobreza sabe que tiene las mismas probabilidades de triunfar que cualquier otra persona, porque es estadounidense; es libre y es igual, no sólo a ojos de Dios sino también a los nuestros».


La distancia entre aspiración y realidad no puede ser mayor. Hoy, Estados Unidos tiene menos igualdad de oportunidades que casi cualquier otro país industrial avanzado. Sucesivos estudios han denunciado el mito de que nuestro país es una tierra de oportunidades. Resulta especialmente trágico: los estadounidenses pueden discrepar sobre si es deseable una igualdad de resultados, pero existe un consenso casi universal en que la falta de igualdad de oportunidades es indefendible. El Pew Research Center ha descubierto que alrededor del 90 por ciento de los ciudadanos creen que el Gobierno debe hacer todo lo posible para garantizar la igualdad de oportunidades. Tal vez hace cien años, Estados Unidos habría podido presumir con razón de ser la tierra de las oportunidades, o al menos una tierra en la que había más oportunidades que en otras. Pero hace al menos un cuarto de siglo que dejó de ser así. Los relatos de Horatio Alger sobre personajes que pasan de la miseria a la riqueza no eran ningún engaño deliberado, pero, dado que nos han arrastrado a un falso sentimiento de satisfacción, es como si lo fueran.


No es que la movilidad social sea imposible, pero los casos de gente que asciende en la sociedad están convirtiéndose en una rareza estadística. Según los estudios de la Brookings Institution, sólo el 58 por ciento de los estadounidenses nacidos en el 20 por ciento inferior de la escala de rentas consiguen salir de esa categoría, y sólo el 6 por ciento llega hasta la cima. La movilidad económica es menor en Estados Unidos que en la mayor parte de Europa y en toda Escandinavia.


Otra forma de abordar la igualdad de oportunidades es preguntar hasta qué punto dependen las perspectivas de un niño de la educación y las rentas de sus padres. ¿Hay las mismas probabilidades de que un niño de padres pobres y con escasa educación obtenga una buena formación y ascienda a la clase media que en el caso de un hijo de padres de clase media y con títulos universitarios? Incluso en una sociedad más igualitaria, la respuesta sería no. Pero las perspectivas de vida de un estadounidense dependen más de las rentas y la educación de sus padres que casi en cualquier otro país avanzado del que existen datos.


¿Cómo se explica esto? En parte, tiene que ver con la discriminación que aún existe. Los hispanos y los afroamericanos siguen cobrando salarios inferiores a los de los blancos, y las mujeres siguen cobrando menos que los hombres, a pesar de que en los últimos tiempos han superado a los hombres en el número de títulos superiores. Aunque las diferencias de género en el lugar de trabajo son menores que antes, todavía existe un techo de cristal: las mujeres están muy mal representadas en los puestos directivos de las empresas y constituyen una proporción minúscula de los consejeros delegados.


No obstante, la discriminación no es más que una mínima parte de la situación. Seguramente el motivo más importante de la falta de igualdad de oportunidades es la educación, en cantidad y en calidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa hizo un gran esfuerzo para democratizar sus sistemas educativos. Nosotros también, con la Ley de Derechos de los Soldados, que puso la enseñanza superior al alcance de los estadounidenses de todo el espectro económico.


Pero entonces cambiamos en varios sentidos. Aunque la segregación racial disminuyó, la segregación económica aumentó. A partir de 1980, los pobres fueron cada vez más pobres, la clase media se estancó y a los ricos les fue cada vez mejor. Aumentaron las diferencias entre quienes vivían en lugares pobres y quienes vivían en barrios acomodados, o eran lo bastante ricos como para poder enviar a sus hijos a colegios privados. El resultado fue una brecha educativa cada vez mayor: la diferencia entre el rendimiento escolar de los niños ricos y los niños pobres nacidos en 2001 era entre un 30 y un 40 por ciento mayor que entre los nacidos veinticinco años antes, según los hallazgos del sociólogo de Stanford Sean F. Reardon.


Existen otros factores, por supuesto, algunos de los cuales se remontan a antes del nacimiento. Los hijos de familias ricas tienen más contacto con la lectura y sufren menos riesgos medioambientales. Sus familias pueden permitirse experiencias enriquecedoras como las clases de música y los campamentos de verano. Reciben mejor nutrición y mejor sanidad, que mejoran directa e indirectamente su capacidad de aprender.


Si las tendencias actuales en educación no se invierten, la situación empeorará. En algunos casos, parece como si el objetivo político hubiera sido reducir las oportunidades: en las últimas décadas, y sobre todo en los últimos años, ha ido desapareciendo la ayuda del Gobierno a muchos colegios públicos. Mientras tanto, los estudiantes viven abrumados por inmensas deudas contraídas para pagar las matrículas que son casi imposibles de liquidar, incluso en bancarrota. Y todo eso ocurre precisamente cuando la educación universitaria es más importante que nunca para obtener un buen puesto de trabajo.


Los jóvenes de familias con medios modestos se enfrentan a una situación imposible: sin título universitario, están condenados a una vida con escasas perspectivas de futuro; con título universitario, pueden acabar condenados a una vida al borde de la bancarrota. Y cada vez es más necesario algo más que un título de grado; hace falta bien un posgrado, bien una serie de contratos de prácticas (muchas veces no remuneradas). Los que proceden de lo alto de la escala tienen las relaciones y el capital social necesarios para obtener las oportunidades. Los de en medio y los de abajo, no. Nadie puede salir adelante por sí solo. Y los de arriba cuentan con más ayuda de sus familias que los demás. De modo que el Gobierno debería tratar de igualar la situación.


Los estadounidenses están empezando a darse cuenta de que la entrañable historia de la movilidad social y económica es un mito. Las mentiras de esta magnitud son difíciles de sostener durante mucho tiempo, y el país ya ha estado engañándose durante una veintena de años.


Si no se llevan a cabo cambios políticos sustanciales, la imagen que tenemos de nosotros mismos y la que proyectamos al mundo se debilitarán, y con ellas nuestro prestigio económico y nuestra estabilidad. La falta de igualdad de resultados y la falta de igualdad de oportunidades se alimentan mutuamente y contribuyen a la debilidad económica, como destaca Alan B. Krueger, economista de Princeton y presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Salvar el sueño americano nos interesa no sólo desde el punto de vista moral, sino también económico.


Las políticas para promover la igualdad de oportunidades deben centrarse en los más jóvenes. En primer lugar, debemos asegurarnos de que las madres no estén expuestas a riesgos medioambientales y obtengan una atención prenatal adecuada. Después tenemos que revocar los perniciosos recortes en educación preescolar, un tema que Obama destacó el martes pasado. Debemos garantizar que todos los niños tengan la nutrición y la atención sanitaria debidas; no sólo proporcionando los recursos sino, en caso necesario, ofreciendo incentivos a los padres, formándoles, entrenándoles o incluso compensándoles por cuidar bien de sus hijos. La derecha dice que el dinero no es la solución. Han perseguido reformas como las escuelas concertadas y los vales para colegios privados, pero los resultados de estos esfuerzos han sido, en su mayoría, ambiguos. Dar más dinero a las escuelas pobres sería positivo. También lo sería crear programas de verano y de actividades extraescolares que complementen las habilidades de los alumnos de rentas bajas.


Es inadmisible que un país rico como Estados Unidos haya puesto el acceso a la enseñanza superior tan difícil para los que proceden de la parte media y el fondo de la escala social. Existen muchas formas alternativas de proporcionar acceso universal a la educación universitaria, desde el programa de préstamos en función de las rentas en Australia hasta el sistema de universidades casi gratis en Europa. Una población más educada produce más innovación, una economía robusta y rentas más elevadas, que redundan en una base tributaria más alta. Esas son las razones por las que tenemos, desde hace mucho, educación pública y gratuita hasta el final del bachillerato. Pero si ese nivel educativo podía ser suficiente hace un siglo, hoy no basta. Sin embargo, no hemos adaptado nuestro sistema a la realidad contemporánea.


Las medidas que he esbozado no sólo son posibles sino obligatorias. Pero lo más importante es que no podemos permitirnos el lujo de dejar que nuestro país siga alejándose de los ideales que comparte la inmensa mayoría de sus ciudadanos. Nunca conseguiremos hacer realidad la visión de la que hablaba Obama, de una niña pobre que tiene exactamente las mismas oportunidades que una niña rica. Pero podemos estar mucho mejor de lo que estamos, y no debemos descansar hasta que lo logremos.

Notas

[37]   Entre mis obras teóricas sobre este tema están «Approaches to the Economics of Discrimination», American Economic Review 62, núm. 2 (mayo 1973), 287-295, y «Theories of Discrimination and Economic Policy», en Patterns of Racial Discrimination, ed. de G. von Furstenberg et al., Lexington, Massachusetts, Lexington Books, 1974, pp. 5-26. Los trabajos con Andy Weiss establecieron las bases teóricas de la práctica de las líneas rojas, la costumbre de los bancos de negar préstamos a quienes viven en ciertos lugares. Ver J. E. Stiglitz y A. Weiss, «Credit Rationing in Markets with Imperfect Information», American Economic Review 71, núm. 3 (junio 1981), 393-410. La obra esencial que propuso la perspectiva alternativa, es decir, que las fuerzas del mercado lucharían contra la discriminación, fue la del difunto economista y premio Nobel Gary Becker, en su libro The Economics of Discrimination, 2.ª ed., Chicago, University of Chicago Press, 1971. Como es natural, mi artículo le molestó y me envió un correo electrónico para decírmelo. <<

[38]           En realidad, Kennedy lo dijo en más de una ocasión, por ejemplo en 1960, al elogiar la construcción del canal de San Lorenzo. <<

[39]             Algunos sugieren que esto no es casual, sino más bien el resultado de las políticas discriminatorias que han asolado a Estados Unidos durante mucho tiempo. Ver, en particular, Michelle Alexander, The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, ed.
rev., Nueva York, New Press, 2012. <<



Continuará

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