La empresa estatal detenta el papel protagónico del modelo económico cubano como parte de un tejido empresarial mucho más diverso y heterogéneo que hace una década atrás. Fabrica de calzado Nguyen Van Troi.
Foto: Randy Rodríguez Pages_Archivo IPS
Este producto periodístico forma parte de la cobertura especial Nuevos actores económicos y desarrollo local en Cuba (2023-2025).
El año 2022 y lo transcurrido de 2023 han estado llenos de tensiones en el desempeño de la economía cubana, con su consiguiente reflejo negativo en el nivel y calidad de vida de la población, no sólo por circunstancias externas adversas harto conocidas, sino también por los problemas estructurales acumulados que requieren solución.
Junto con la necesaria estabilización macroeconómica, el manejo de la deuda externa y el incremento de la captación de divisas, urge transformar lo relativo al fomento e interacción de los actores económicos y con ello aumentar su contribución al crecimiento, la productividad y el bienestar de la sociedad.
Sin dejar de incluir algunas valoraciones sobre las cooperativas, se hará énfasis en abordar el desempeño de la empresa estatal, como actor económico principal y en el «actor del momento», a saber: las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes).
El reparto actoral: mipymes, cooperativas…
La empresa estatal detenta el papel protagónico del modelo económico cubano como parte de un tejido empresarial -dígase un «reparto de actores»- mucho más diverso y heterogéneo que hace una década atrás. Al respecto, baste señalar:
El Estado detenta aproximadamente 80% de la superficie agrícola del país, aunque solo gestiona poco más del 30 % de dicha superficie.
Según cifras divulgadas por el ministro de Comercio Exterior en las sesiones de julio pasado del parlamento cubano, hay 327 negocios con capital extranjero (de ellos, 106 empresas mixtas), en actividades como el turismo, la minería, la producción y comercialización de rones, productos de aseo, higiene y la industria alimentaria, entre otros. Si bien no trascendieron detalles en cuanto a sus aportes a los principales indicadores económicos del país, es presumible suponer que sean relevantes.
Los actores privados y cooperativos son predominantes en cultivos como la caña de azúcar, frijoles, viandas y hortalizas.
El surgimiento de entidades de interfaz entre el sector productivo y del conocimiento, más los proyectos de desarrollo local, constituyen espacios donde hoy se despliegan iniciativas empresariales no estatales en diversos sectores, incluyendo empresas de base tecnológica.
El sector turístico y la presencia de la actividad privada con ofertas de alojamiento, restauración y recreativas.
El cambio de enfoque respecto a las actividades autorizadas a ejercer en el Trabajo por Cuenta Propia (TCP) y la posterior aprobación de las mipymes, han diversificado la participación del actor económico privado en sectores donde la hegemonía de la empresa estatal era casi absoluta.
En la siguiente infografía, se muestra la composición de las entidades empresariales de los sectores estatal y no estatal hasta marzo de este año, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba.
Como puede apreciarse en la tabla anterior, las organizaciones empresariales del sector no estatal rebasan el 80% del total de entidades, principalmente a partir del crecimiento de las mipymes privadas que constituyen más del 40% de dicho total. En el sector estatal, como era de esperar, siguen predominando las empresas «clásicas», con poco más del 14%.
Las mipymes estatales (que son menos del uno %) no muestran la misma dinámica de sus pares privadas, a pesar de las ventajas que técnicamente suponen en términos de autonomía y velocidad de actuación ante oportunidades y cambios del entorno. Ha surgido la figura de las empresas filiales para paliar, en parte, las consecuencias de la conversión inadecuada de varias empresas a
Unidades Empresariales de Base (UEB).
En cuanto a las cooperativas, se aprecia una disminución entre 2018 y 2022, con un ligero crecimiento de las no agropecuarias a partir de su relanzamiento en 2021. Sin embargo, este crecimiento no compensa la reducción de las agropecuarias en sus tres modalidades (producción, créditos y servicios y, sobre todo, las unidades básicas de producción cooperativa). La siguiente infografía ilustra ese comportamiento:
En el caso particular de las CNA, su relanzamiento y la promulgación del Decreto Ley 47 en 2021 apuntaron a dejar atrás el dilatado carácter experimental que se les confirió a estas entidades y el congelamiento ocurrido en su aprobación, así como algunas restricciones impuestas como la limitación en su ámbito territorial de actuación.
Otros factores desfavorables fueron, en su momento, la cooperativización forzosa ocurrida en la gastronomía estatal −ajena a los valores y cultura de esta forma empresarial− y la irrupción de supuestas cooperativas, como forma de evadir un contexto regulatorio donde no se había aprobado aún la creación de mipymes privadas y se mantenía el enfoque de enmarcar como trabajadores por cuenta propia a quienes realmente no lo eran.
Ahora este resurgir al parecer «compite» en desventaja con la creación de mipymes privadas, lo que puede contribuir a explicar que su crecimiento sea discreto. Ha ocurrido que algunas entidades cooperativas se han reconvertido a mipymes, al amparo del
Decreto Ley 46 del 2021, que norma estas últimas y contempla la posibilidad de dicha reconversión, mientras que el caso contrario, o sea, pasar de mipyme a cooperativa, no está previsto en el
Decreto Ley 47.
Planteamientos de especialistas en este sector, reiterados en un encuentro sobre cooperativas celebrado en julio pasado en la Sociedad Económica de Amigos del País, apuntan hacia falta de motivación para asociarse en esta figura empresarial, además de aspectos que todavía no han sido llevados a la práctica, como la constitución de cooperativas de segundo grado y el fomento de otras formas de colaboración entre cooperativas.
Asimismo, se necesita aplicar políticas más resueltas para incentivarlas y apoyarlas, incluyendo la creación de una institución especializada en este actor económico y la formulación de un nuevo y único marco regulatorio que conceda mayor autonomía de gestión a estas entidades. La actual obligatoriedad de vincularse a una empresa estatal azucarera o agropecuaria que tienen las cooperativas del sector es un ejemplo de algo que debiera eliminarse.
Algunos datos sobre el actor principal
El peso de los servicios empresariales, inmobiliarias y alquiler, asociados fundamentalmente a la edificación de hoteles es uno de los asuntos que mayor polémica concita entre especialistas y la población, dada la baja ocupación de las instalaciones existentes y el costo de construir una habitación hotelera. Foto: Jorge Luis Baños_IPS
A continuación se muestra la composición por actividades económicas del sector empresarial estatal, sobre la cual se comentarán algunas aristas.
El predominio de empresas estatales del sector comercio (que también incluye gastronomía y reparación de efectos personales) en el total de entidades, ha sido característico de esta estructura por actividades en los últimos años. En cambio, la dinámica de algunos indicadores clave en este sector, como la productividad y sobre todo la oferta total de mercancías (producción nacional e importaciones), muestran resultados desfavorables sostenidos.
También llama la atención el peso de los servicios empresariales de inmobiliarias y alquiler, asociados fundamentalmente a la edificación de hoteles, otro de los asuntos que mayor polémica concita entre especialistas y la población, dada la baja ocupación de las instalaciones existentes y el alto costo de construir una habitación hotelera.
Esta última actividad representa la mayor parte de la inversión estatal, como se muestra a continuación:
Aunque se aprecia un descenso respecto al 2021, donde representó más de 40%, solo la inversión en actividad inmobiliaria (casi un 34%) supera a la suma de las actividades incluidas por separado en la tabla anterior, desde comercio hasta hoteles y restaurantes. En contraste, sectores como la construcción y la agricultura reciben porcientos muy modestos, y la industria manufacturera, aunque eleva su peso respecto al 2021, es apenas poco más de la mitad de lo destinado a la actividad inmobiliaria.
Según recientes intervenciones de funcionarios del Ministerio de Economía, otros datos muestran una muy alta concentración de las utilidades y las exportaciones en un número reducido de entidades empresariales estatales. Así, solo 12 entidades son responsables del 80% de las exportaciones del país, mientras que 80% de las utilidades se concentra en apenas 56 empresas.
El número de empresas con pérdidas se ha reducido, de más de 400 a 285 (una parte de ellas, hay que decirlo, por decisiones de protección de precios finales al consumo). Pero si se incluye el total de entidades empresariales clasificadas de muy baja utilidad, un total de 638 empresas estatales presentan una situación precaria.
Por otro lado, el número de unidades presupuestadas asciende a 2 415, superando al total de entidades empresariales estatales (2 337). Una mirada retrospectiva a esta evolución arroja un comportamiento similar:
En los años 2021 y 2022, la aparición ya mencionada de las empresas filiales y las mipymes estatales han reducido la «brecha» con las unidades presupuestadas (UP) y determinado un mayor crecimiento de las empresas estatales en todo el periodo que abarca la infografía Evolución de las Cooperativas (2018-2022).
No se trata de prescribir acá ni una cantidad ni una proporción «óptima» entre ambos tipos de entidades, obviamente.
A falta de otros datos y análisis que arrojen más luz, el momento crítico actual de la economía cubana (elevado déficit fiscal, nivel de exportaciones que no asegura los ingresos en divisas necesarios para la reproducción ampliada, bajo crecimiento de las inversiones y la producción en sectores claves, el estado general de la infraestructura), y sobre todo las posibilidades reales de revertir tal situación a corto plazo, apuntan a que el sector presupuestado requiere de una reestructuración en busca de mayor eficiencia y reducción de gastos.
La capacidad empresarial del país debe incrementarse aún más, no sólo por la vía de las mipymes privadas.
Las mipymes, actores del momento
En cuanto a las mipymes, legitimadas a partir del Decreto Ley 46 del 2021, me haré eco de reflexiones de varios colegas publicadas en este y otros medios. Por mi parte, reitero mi tesis de que son parte de la solución, no la única y milagrosa
solución a los problemas de la economía cubana.
La polémica desatada alrededor de su funcionamiento y la culpabilidad que se les confiere respecto a la inflación ameritan, una vez más, referirse a algunos puntos y fijar posiciones sobre este actor económico.
De acuerdo con estos datos, un 75% de las mipymes privadas se concentra en tres actividades: manufactura, construcción, hoteles y restaurantes, en ese orden. Comercio, que en la narrativa al uso se identifica prácticamente como lo único a lo que se dedican las mipymes, figura en cuarto lugar, bastante alejado de la tercera. Esta estructura, en perspectiva, resulta un hecho positivo si se tiene en cuenta el deterioro de la producción estatal en los sectores industria y construcción, aunque los volúmenes de producción de las mipymes privadas están lejos de constituir mayoría en cuanto a su aporte al producto. Se estima que el aporte al PIB de las cooperativas y las mipymes constituye solamente 13%.
El cambio de enfoque respecto a las actividades autorizadas a ejercer el Trabajo por Cuenta Propia y la posterior aprobación de las mipymes, han diversificado la participación privada, irrumpiendo en sectores donde la hegemonía de la empresa estatal era casi absoluta.»
En cuanto al empleo, el sector no estatal constituye la fuente más dinámica de empleo en el tejido empresarial del país, que hoy supera a quienes laboran en el sistema empresarial estatal, 1.6 y 1.3 millones, respectivamente. Las mipymes privadas, en particular, emplean a unas 225 000 personas. Una cifra todavía baja en relación con el resto de las fuentes.
Respecto a la inflación, hay que insistir en su carácter multicausal. Analizar el fenómeno inflacionario requiere considerar variables externas al país además de las propias, todas relacionadas con la oferta, la demanda y los costos empresariales. Vale recordar que una parte de la inflación es importada, habida cuenta de lo que ocurre en el exterior, pero en nuestras condiciones de alta dependencia de las importaciones agravada en temas de superviviencia como las carencias crecientes de la producción nacional para garantizar la canasta básica de alimentos que se distribuye de forma normada.
Explicar la
inflación, incluso, implica incursionar también en otro factor tan subjetivo, pero legítimo como las expectativas de las personas sobre el futuro y las razones que desde sus percepciones individuales (es su derecho) asumen para construir esas expectativas. Y sobre todo, la influencia de las acciones que emprenden como resultado de esas expectativas suelen tener efecto inercial: se mantienen aún cuando las circunstancias que desataron las acciones hayan cambiado.
Toda esa complejidad determina que no se puede reducir la inflación a una sola causa, sea cual fuere, ni personificarla en el comportamiento de un actor en particular.
Las mipymes no son ni ángeles ni demonios. Son actores económicos legitimados en los documentos rectores del Partido Comunista de Cuba y en la Constitución, como parte de nuestro modelo socialista de desarrollo.
Durante mucho tiempo, las mipymes no fueron reconocidas legalmente y estuvieron sumergidas bajo el status de TCP, aunque se sabía que en la vida real eso no era más que un eufemismo. Hoy proporcionan bienes escasos o inexistentes en los comercios estatales, ya sea los que operan en moneda nacional o los basados en una moneda a la que una parte de la población no puede acceder.
Además de la alta vulnerabilidad intrínseca a este tipo de empresas en todo el mundo, se une en el caso cubano que no pueden acceder con normalidad a un mercado cambiario y que operan con una moneda nacional que se sigue devaluando.
Las mipymes esperan por mercados mayoristas de insumos y otros bienes que aún no se crean, carecen de incentivos reales para exportar (por ejemplo, ¿qué pueden hacer con los MLC que les depositen?), pagan elevados impuestos sobre las ventas y las utilidades, y se les eliminó -en el caso de las que surgen nuevas- la exención de impuestos en su primer año. A diferencia de sus pares estatales, no son subsidiadas en caso de pérdidas.
Para finalizar
Después de algunos años de anunciada, se espera que este año se discuta en el parlamento el proyecto de
Ley de la Empresa Estatal. Una alta expectativa ha despertado el dotarla de un nuevo marco jurídico que reemplace e integre la legislación vigente, desde el Decreto Ley 252 y su Decreto 281, que hoy están desactualizados.
Se espera que esa ley establezca una tipología de las empresas estatales, donde se diferencien aquellas que han de constituir monopolios de aquellas que deberán competir (la gran mayoría) y de las que -por razones de interés social- debieran ser subsidiadas. Esta clasificación determinaría las especificidades de las relaciones del Estado con sus empresas, en otras palabras, ejercer una regulación diferenciada, en un ambiente de restricciones financieras «duras». También deberán sumarse como parte del subsistema regulador, otras normativas que prescriban asuntos como la quiebra y la protección de la competencia.
Debe legitimarse de una vez la autonomía, también de forma diferenciada según la clasificación de empresas que se realice, en temas como el comercio exterior, selección de clientes y proveedores, acceso a los recursos, gestión de la fuerza de trabajo, la formación de precios, el manejo de las finanzas empresariales y decisiones de inversión, en un sistema de planificación donde el enfoque de asignaciones centralizadas de recursos críticos ceda espacios a una mayor presencia de relaciones de mercado.
También deberán continuarse los trabajos relacionados con las funciones, atribuciones y composición de las actuales juntas de gobierno, y los órganos de relación y control del Estado para con sus empresas nacionales y locales que dejen atrás el solapamiento aún vigente entre funciones estatales y empresariales y permitan diferenciar los roles del Estado como regulador de la economía y representante del dueño, el pueblo.
Se debe acometer la reestructuración organizativa y financiera de las empresas existentes −las irrentables en primer lugar− con objetivos de mejora claros y medibles a lograr en breve plazo, en aquellos casos donde sea factible una revitalización. Las agrupaciones empresariales vigentes deben ser reformuladas, especialmente en lo relacionado con las
OSDE y sus funciones en las agrupaciones.
Las empresas deberán formular agendas de desarrollo donde además de estrategias de crecimiento, cooperación, competitivas y otras, aparezcan temas como la transformación digital, la innovación, el intraemprendimiento, la infraestructura física y tecnológica, el capital humano, y sus sistemas integrados de gestión. La planeación estratégica de las empresas debe ocupar el papel rector que le corresponde en la gestión empresarial.
Y las mipymes ¿qué?
Un 75 % de las mipymes privadas del país se concentra en tres actividades: manufactura, construcción, hoteles y restaurantes. Foto: Jorge Luis Baños_IPS
En lo tocante a
las mipymes, en lo inmediato deberá ocurrir una revisión y reformulación del Decreto Ley 46 que las regula, luego transcurridos dos años de su promulgación.
Las mipymes orientadas a la producción de bienes y las de base tecnológica debieran ser objeto de políticas e incentivos diferenciados para fomentar su aporte al mercado doméstico y a las exportaciones.»
Esta pudiera ser una buena oportunidad para favorecer transformaciones en aras del fomento de estos actores y es de esperar que su nuevo contenido realice cambios en asuntos como el régimen impositivo, la extensión del ámbito de actuación a servicios profesionales hoy prohibidos y la posibilidad de que pueda efectuar operaciones de comercio exterior no necesariamente a través de una empresa estatal.
A la espera de un nuevo Código de Trabajo que refleje los cambios ocurridos en el panorama laboral cubano, se necesita establecer una mayor protección de los empleados en este sector, y también disponer que los procedimientos de control que ejerzan las instituciones a las que corresponda sobre las mipymes, se formulen de acuerdo con sus características particulares. En cuanto a los criterios para clasificarlas, debe mantenerse la idea de incorporar en un futuro otros indicadores además del vigente hoy (número de empleados) e incluso considerar las diferencias entre ramas para fijar los indicadores.
Las mipymes orientadas a la producción de bienes y las de base tecnológica debieran ser objeto de políticas e incentivos diferenciados para fomentar su aporte al mercado doméstico y a las exportaciones. En la medida que se creen más empresas, incluidas las comerciales, podrán aminorarse prácticas monopólicas y de posible colusión entre participantes, en otras palabras, bajar precios (como ha estado ocurriendo con algunos bienes) mediante la entrada de nuevos competidores.
Ni con descalificaciones, ni con llamados, ni con generalizaciones a ultranza sin basamento en datos, se resolverán los complejísimos problemas que atraviesa nuestra economía. Bien se sabe −de hecho se anunció nuevamente en el parlamento− que lo que procede es hacer una transformación estructural, con políticas económicas articuladas que respondan a objetivos y acciones que puedan supervisarse, con indicadores medibles y verificables, y con un soporte institucional que asegure la implementación efectiva de lo que se acuerde. Políticas económicas que deben ir de la mano con las políticas sociales y ambientales.
Algo por cierto, muy difícil de lograr, en cualquier latitud de este planeta. En ese empeño, para Cuba subdesarrollada y además bloqueada, todo actor económico cuentan, desde la empresa estatal hasta la mipyme privada. (2023)
Foto: Kaloian.
